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Español (source)Contrario a lo argumentado por el Tribunal, esta Sala estima que debió analizarse la pericia judicial, pues rindió su informe ajustado a lo que le solicitó, por lo que el denegarse a examinarlo, implica o conlleva, sin lugar a dudas, la transgresión a su derecho de defensa. Asimismo, en criterio de esta Sala, el vicio estructural indicado coloca en una difícil situación a la entidad municipal a efecto de combatir la sentencia, pues no consignó las razones por las cuales un peritaje le merece mayor valor que el otro.
En mérito de lo expuesto, al encontrarse en el fallo el quebranto del debido proceso, se impone acoger el recurso por razones procesales, anular la sentencia impugnada y, ordenar el reenvío al Tribunal Procesal Contencioso Administrativo, a fin de que la dicte de nuevo conforme a derecho (cardinal 150 inciso 1) del CPCA).
English (translation)Contrary to the Tribunal’s arguments, this Chamber considers that the judicial expertise should have been examined, since its report was submitted in accordance with what was requested; therefore, the refusal to examine it undoubtedly entails a violation of the right to defense. Likewise, in this Chamber’s opinion, the indicated structural defect places the municipal entity in a difficult situation for contesting the judgment, as it did not state the reasons why one expert opinion deserved greater weight than the other.
Accordingly, since the judgment violates due process, the appeal on procedural grounds must be upheld, the challenged judgment annulled, and the case remanded to the Administrative Litigation Court to issue a new decision in accordance with the law (Article 150(1) of the CPCA).
Granted
Grande Normal Pequeña Sala Primera de la Corte Resolución Nº 01871 - 2024 Fecha de la Resolución: 19 de Diciembre del 2024 a las 10:02 Expediente: 15-006020-1027-CA Redactado por: Iris Rocío Rojas Morales Clase de asunto: CONOCIMIENTO Analizado por: SALA PRIMERA Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Recurso de casación Subtemas: Casación por razones procesales. Tema: Debido proceso Subtemas: Derecho de defensa. Contrario a lo argumentado por el Tribunal, esta Sala estima que debió analizar una pericia judicial, pues rindió su informe ajustado a lo que se le solicitó, por lo que el denegarse a examinarlo conlleva la transgresión al derecho de defensa (indefensión) de la actora. Asimismo, este vicio estructural le coloca en una difícil situación a efecto de combatir la sentencia, pues no consignó las razones por las cuales un peritaje le merece mayor valor que el otro (voto 1871-F-2024). Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Recurso de casación Subtemas: Reenvío. Se acoge el recurso de casación por razones procesales al quebrantar el fallo el debido proceso. Se anula la sentencia impugnada y se ordena el reenvío al Tribunal a fin de que la dicte de nuevo conforme a derecho (cardinal 150.1 Código Procesal Contencioso Administrativo) (voto 1871-F-2024). Citas de Legislación y Doctrina Texto de la resolución Exp: 15-006020-1027-CA Res. 001871-F-S1-2024 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas dos minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veinticuatro . Proceso de conocimiento establecido por Gilberto Monge Pizarro, mayor, soltero, abogado, vecino de Ciudad Colón y portador de la cédula de identidad número 1-0734-0348, en su calidad de ALCALDE MUNICIPAL DE MORA, contra el Estado representado por la Procuradora Heilyn Sáenz Calderón. Según se aprecia a imagen 553 del expediente judicial digital, el Alcalde Municipal de Mora desde marzo de 2020 lo es el señor Alfonso Jiménez Cascante. Funge como apoderada especial judicial de la Municipalidad la abogada Cindy Gabriela Monge Soto. La parte actora presenta recurso de casación contra la sentencia 99-2020-V, dictada a las catorce horas tres minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veinte, por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Quinta. Redacta la magistrada Rojas Morales; CONSIDERANDO I.- Tal y como se extrae de los autos, el Tribunal Ambiental Administrativo (en adelante TAA o Tribunal Ambiental) recibió una queja sobre una explotación masiva de material en una propiedad privada, sin que se cuente con el permiso de tajo. Con ocasión de la queja planteada, el TAA, por resolución N° 1608-09-TAA de las 9:30 horas del 10 de diciembre de 2009, solicitó: A la Dirección de Geología y Minas una inspección del lugar; al Alcalde de Mora indicar si ha usado materiales que se indican en la queja y según fotografías aportadas por el quejoso, y a la oficina subregional de Puriscal del SINAC realizar inspección y emitir un informe de valoración económica del daño ambiental ocasionado, conteniendo las medidas de reparación y mitigación necesarios. El 12 de febrero de 2010, el Alcalde Municipal de Mora contestó al TAA mediante oficio DAM-011-2009 aportando un informe de la Unidad Técnica de Gestión Vial y solicitando el archivo del expediente al considerar que no existe un daño al ambiente. El Presidente y la Secretaria de la Asociación de Desarrollo Integral de Piedras Negras de Mora, el 18 de febrero de 2010, solicitaron permiso a la empresa Vargas Amaya S.A. para la extracción de material y paso de maquinaria en su propiedad para ser usado para el lastreado de los caminos entre la comunidad de Piedras Negras y Dantas. El 2 de marzo de 2010, la empresa manifestó su anuencia condicionado a conseguir los permisos correspondientes. Mediante oficio N° ACOPAC-OSRP-535-10 FECHADO 11 de agosto de 2010, el ingeniero Ronald Mora Vargas de la Subregional de Puriscal del SINAC, entregó al Tribunal Ambiental el informe de valoración del daño pedido. Mediante resolución del Tribunal Ambiental N° 536-11-TAA de las 10:50 horas del 24 de junio de 2011, se dio la apertura del procedimiento administrativo expediente 380-09-02-TAA, contra la empresa Inversiones Vargas Amaya S.A. imputándole la explotación de un tajo sin los permisos necesarios y el daño ambiental valorado en ¢9.604.000.00. En su defensa, la empresa expresó que quien extrajo el material fue la Municipalidad de Mora. En resolución N° 696-13-TAA 7:52 horas del cinco de agosto de 2013, el Tribunal Ambiental resolvió la gestión del representante de la empresa denunciada, por lo que redirigió el procedimiento administrativo contra la Asociación de Desarrollo Integral de Piedras Negras y el Alcalde de la Municipalidad de Mora, imputándoles la explotación de un tajo y aprovechamiento de materiales sin contar con los permisos y la valoración económica del daño ambiental de ¢9.604.000.00. Se realizaron las audiencias debidas y mediante resolución N° 655-13-TAA de las 11:52 horas del 11 de agosto de 2014 resolvió sobre la queja planteada, disponiendo la responsabilidad de la Municipalidad de Mora de ocasionar daño ambiental negativo significativo en perjuicio de los recursos naturales por la extracción de materiales y la afectación al recurso suelo, sin los permisos de la Dirección de Geología y Minas del MINAET y la Secretaria Técnica Ambiental, imponiéndole como indemnización compensatoria la suma de ¢9.604.000.00 por concepto de daño ambiental y costo social por la extracción de materiales de una propiedad ubicada en el distrito de Piedras Negras del cantón de Mora. Además, intimó por primera vez el pago de la sanción impuesta a la Municipalidad de Mora. El 13 de octubre de 2014 el ente municipal presentó recurso de revocatoria contra la resolución antes indicada, la cual fue rechazada por extemporáneo por fallo N° 881-14-TAA de las 8:45 horas del 21 de octubre de 2014. El 24 de octubre de 2014, la representación de la municipalidad de Mora planteó "Recurso de adición y aclaración y régimen de nulidades" contra la resolución del Tribunal Ambiental N° 881-14-TAA, por lo que por resolución N° 004-2015-TAA de las 14:30 minutos del 13 de enero de 2015, el Tribunal Ambiental acogió la adición y aclaración, pero rechazó el recurso de revocatoria confirmando en todos sus extremos lo resuelto en el caso. II.- Lo anterior motivó a la Municipalidad a plantear demanda pretendiendo lo siguiente: “1) La nulidad del informe ACOPAC OSPR-535-10. 2) La nulidad de la resolución número 655-13-TAA. 3) La nulidad de la resolución número 004-2015-TAA del Tribunal. 4) Se establezca la cuantificación real de los daños ambientales causados por la Municipalidad, mediante informe que lleve a cabo un perito idóneo, ello por la solicitud de la nulidad del informe ACOPAC OSPR-535-10. 5) Condenar al Estado, al pago de las costas personales y procesales del presente asunto.". Conferida la audiencia de Ley el Estado contestó la demanda planteando la excepción de Falta de Derecho. En resolución de las 11:34 horas del primero de agosto de dos mil dieciséis, la Jueza de Trámite nombró al perito Javier Andrés Oviedo González, quien aceptó el cargo. Su primer informe lo rindió en octubre de 2016. De este se dio audiencia a las partes en resolución de las 15:44 horas del once de octubre de dos mil dieciséis, mostrando su oposición la representación del Estado. Ante manifestaciones esgrimidas por la representación de la Municipalidad actora respecto del peritaje, el Tribunal mediante resolución de las 15:40 horas del cuatro de mayo de dos mil dieciocho dejó sin efecto el señalamiento a juicio y ordenó la devolución del expediente a la fase de trámite para lo que correspondiera. La Jueza de Trámite del despacho en resolución de las 10:43 horas del 9 de mayo de dos mil dieciocho, le ordenó al perito reformular su informe para que el mismo cumpliera con lo ordenado en la Audiencia Preliminar. En resolución del despacho de las 13:57 horas del doce de octubre de dos mil veinte, se debió suspender la celebración de la Audiencia de Juicio Programado, por la pandemia de Covid que afecta al país y de conformidad con las directrices emitidas tanto por el Ministerio de Salud, como de la Corte Plena del Poder Judicial. Se instó a las partes a prescindir de la prueba testimonial y pericial para convertir el asunto a Puro Derecho, respecto de lo cual mostraron su anuencia. Por fallo 99-2020-V, dictado a las catorce horas tres minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veinte, por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Quinta, integrado por las personas juzgadoras Juan Luis Giusti Soto, Marianella Álvarez Molina y Sergio Mena García se dispuso: “Se acoge la defensa de Falta de Derecho. Se declara SIN LUGAR la demanda incoada por la Municipalidad de Mora contra el Estado. Son ambas costas de esta acción a cargo de la actora, así como los eventuales intereses que pudieren generarse sobre las mismas, una vez que sean determinados y exigibles sus montos.” Disconforme, la parte actora presenta recurso de casación planteando un motivo de orden procesal. MOTIVOS DE FORMA III.- Único: Acusa, el artículo 82 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece que la prueba que se recabe dentro del proceso judicial debe ser en miras a la determinación de la verdad real de los hechos y que además tenga carácter de relevancia en el proceso. Dichas pruebas, serán apreciadas por el Tribunal de conformidad con las reglas de la sana Critica. Agrega, la jurisprudencia ha sido conteste en afirmar que el régimen probatorio busca como meta esencial, la máxima aproximación a la verdad real o material en cuanto a los hechos, menciona un extracto del fallo de esta Sala 287-F-S1-2009 de las 10:45 horas del 19 de marzo de 2009. Estima, es claro que la separación de parte de los juzgadores a la prueba traída al proceso, podría hacerse únicamente si el elemento probatorio no se ajusta a lo que las reglas de la ciencia, la lógica y la experiencia que lo dicten. Explica, en el caso de marras, el Tribunal se separó del criterio del perito judicial Javier Andrés Oviedo González, no obstante el informe pericial es claro en justificar técnica, científica y jurídicamente que la evaluación realizada por el Ingeniero Forestal Ronald Mora Vargas, según documento N° ACOPAC-OSPR-535-10, presenta errores de forma, idoneidad, metodología de evaluación y carece de fundamento sustentable para determinar daño ecológico por extracción ilegal de material pétreo, es por esta razón que el motivo en el cual se sustentó el Tribunal Ambiental Administrativo para emitir el acto número 655-13-TAA, es carente del elemento sustancial (motivo) que debe contener toda manifestación de la administración pública. Transcribe parte de las conclusiones a las que arribó el perito judicial Oviedo González para resaltar que el peritaje evidencia que el informe técnico N° ACOPAC-OSRP-53510, carece de toda credibilidad pues bien no solo el señor Ronald Mora Vargas no goza de la formación académica para emitir un criterio al respecto, elemento que fue comprobado por el informe del señor Perito Oviedo González, y no fue valorado por el Tribunal, pues señalaron los señores juzgadores la falta idoneidad como un hecho no probado, cuando contrario sensu el informe pericial lo detalla con claridad y certeza. Además, arguye, la metodología utilizada por el Ing Mora Vargas para medir el daño ambiental no fue la correcta de acuerdo a la normativa vigente (Reglamento del Colegio de Geólogos de Costa Rica), aspecto también probado con el informe pericial aportados en los autos. Resalta el informe N° ACOPAC-OSRP-535-10, fue el sustento técnico que utilizó el TAA para condenar a la Municipalidad por la suma de ¢9.604.000.00, sin embargo, como se determina del informe pericial judicial dicho motivo carece de idoneidad, sin embargo, el Tribunal restó toda la credibilidad a la prueba tras considerar que el perito nunca entendió el objeto y fin de la pericia que se le asignó, por lo que no analizó la prueba, la cual no solo se refiere a las inconsistencias que ostentaba el informe del señor Ing. Ronald Mora Vargas, sino además indicó en su conclusión número siete que no es posible fijar la valoración del daño ambiental con una observación del sitio como lo realizo el Ing. Mora Vargas. Finaliza, se le hizo ver al Tribunal, que el dicho informe (ACOPAC-535-10) contenía omisiones e inconsistencias, y el perito judicial seleccionado no solo se pronunció al respecto, sino además indicó que no es posible poder cuantificar la afectación del daño ambiental pretensión cuarta del Municipio, no obstante, no fue atendido por los miembros del Tribunal e indicaron que la pericial no cumplió su cometido, dejando a toda luz a este gobierno local en estado de indefensión total pues no conoce las razones por las cuales se le restó valor a la prueba por se rindió en el proceso y de esa manera tampoco se consignó por el Tribunal las razones que formaron parte de la apreciación de los elementos de convicción acorde a las reglas de la sana crítica -inciso 4) del canon 82 del Código Procesal Contencioso Administrativo. IV.- Precisa en primera instancia analizar lo dispuesto por el Tribunal respecto la pericia. De esa forma tal y como se extrae del fallo, argumentaron los jueces: " Por otra parte, se alega falta de rigor técnico y que se omitieron variables en el informe impugnado, sin que para ello se determinaran a cuáles se referían. Ahora bien, en la Audiencia Preliminar celebrada el veintisiete de junio de dos mil dieciséis (Imagen 369 del expediente judicial digital), fue admitido por la jueza tramitadora de este despacho, la petición de la parte actora del nombramiento de un perito geólogo para que: "...realice un informe conforme a al (sic) pretensión N° 4, detallada anteriormente, con la documentación que consta en el expediente", determinación con la cual la parte actora representada por su apoderado especial judicial en dicho acto estuvo conforme. Hay que recordar que en esa misma audiencia, la parte actora modificó sus pretensiones, y como numerada cuarta se determinó: "4) Se establezca la cuantificación real de los daños ambientales causados por la Municipalidad, mediante informe que lleve a cabo un perito idóneo, ello por la solicitud de la nulidad del informe ACOPAC OSPR-535-10." (El subrayado no es del original). De lo cual se extrae que como parte de las probanzas que consideró la municipalidad necesarias para dar sustento a su modificada pretensión y tipo de proceso, debía contar con un peritaje que estableciera la "cuantificación real de los daños ambientales" haciendo referencia al informe que se ha pedido anular y que en este apartado de la presente sentencia estamos analizando. Luego del nombramiento del perito Javier Andrés Oviedo González (ver resolución de las 11:34 horas del 1 de agosto de 2016 visible a imagen 375 del expediente judicial digital), dicho profesional presentó al despacho su "Informe Pericial Geológico" (imagen 390 del expediente judicial digital), del cual se dio audiencia a las partes en resolución de las 15:44 horas del once de octubre de dos mil dieciséis (Imagen 420 del expediente judicial), siendo la representación del Estado la que se refirió al mismo en escrito de imagen 462 formulando su oposición. Posteriormente, la representación de la Municipalidad actora realizó manifestaciones respecto de su prueba pericial, en especial aludiendo a que la misma no se había realizado conforme a lo admitido (Imagen 485 del expediente judicial), razón por la cual el asunto fue regresado a la etapa de trámite para que la jueza correspondiente resolviera al respecto, la que en resolución de las 10:43 horas del 9 de mayo de dos mil dieciocho, le ordenó al perito reformular su informe para que el mismo cumpliera con lo ordenado en la Audiencia Preliminar (Imagen 493 del expediente judicial). Siendo que el perito presentó su nuevo informe visible a partir de la imagen 503 del expediente judicial digital, también denominado "Informe Pericial Geológico" nótese que en ese sentido, el título escogido en ambos peritajes, no reflejaba en sí lo pedido y admitido. Ahora, analizado su contenido, el perito geólogo básicamente lo que hizo fue estudiar y referirse a los aspectos que consideró no estaban bien del Informe del SINAC, sea que, ese peritaje se centró a un estudio y reproche de aquél informe, ya que incluso concluyó que ese era poco preciso, indicando que la metodología usada si bien no era incorrecta, el error radicaba en los factores evaluados e indicó que: "...La estimación del daño ecológico (Ing. Mora, informe ACOPAC-OSRP-535-10) no se considera acertada en términos de la evaluación realizada, por lo tanto se recomienda desestimar dicho monto" y además manifestó que: "Dado que la solicitud de este peritaje indica que base (sic) solamente en la información del expediente y del informe ACOPAC-OSRP-53510, no es posible dar un nuevo valor del daño ambiental utilizando la evaluación realizada por el Ing. Mora, debido a las inconsistencias del informe antes citado", asimismo realizó ciertas recomendaciones que él consideró debían ser tomadas en cuenta para poder evaluar los hechos y establecer una nueva valoración del daño ambiental. Debido a lo anterior, este Tribunal considera que el perito nunca entendió el objeto y fin de la pericia que se le asignó, ya que, desde un inicio, si tenía alguna duda debió consultar, pero lo que hizo fue atacar el informe del SINAC en ambas pericias (Original y la reformulación pedida), tanto que, de su contenido se extrae que su norte fue siempre la de determinar las "falencias o errores" del otro informe, sin enfocarse en lo que realmente debía realizar, sea la cuantificación real de los daños ambientales en el presente caso, ello ligado a que la misma municipalidad, aun en esta demanda, ha aceptado que ellos extrajeron y usaron el material, pero no en la cantidad que se indica en el informe del SINAC y que fuese usado para imponerle la sanción por el daño ambiental determinado en sede administrativa. Así las cosas, si la parte actora, ante el cambio de giro de su demanda original, sea de un proceso de lesividad a uno de conocimiento de nulidad, al establecer sus nuevas pretensiones y querer un peritaje que sirviera a sus fines, debió pedir claramente un análisis del contenido del informe del SINAC y no la determinación de una nueva valoración del daño ambiental, que fue lo admitido y no logrado mediante la pericia recibida. Situación por la cual, el peritaje que ahora se analiza como parte de la prueba allegada a este proceso, no cumplió su cometido, por lo que tampoco llevaría a la nulidad que se pretende, pues a lo sumo, lo que se denota del contenido del mismo es una discrepancia de criterios entre profesionales, sin que se haya determinado, que no era su fin, motivos para la nulidad del informe adjunto al oficio N° ACOPAC-OSRP-535-10.” V.- De lo anteriormente transcrito, esta Cámara colige que la sentencia cuestionada padece de un problema en su estructura que conculca el derecho de defensa de la parte actora. El Tribunal estima para efectos de no valorar la pericia, que esta no se apegó a lo que debía realizar que era el cálculo del daño al ambiente y que por el contrario se ciñó en los aspectos que consideró no estaban bien del Informe del SINAC. Interesa resaltar que cuando se le solicitó al ingeniero reformular su informe ajustándose a lo indicado en la audiencia preliminar del veintisiete de junio del año dos mil dieciséis, se le informó que lo realizara conforme a la pretensión N°4, con la documentación que consta en el expediente únicamente y sin necesidad de inspecciones al lugar. Esto evidentemente limitó la experticia a lo constante en el expediente y más concretamente a lo indicado en el informe elaborado por el otro perito. De ahí que resulte sorpresivo para esta Sala que el Tribunal estime que el perito nunca entendió el objeto y fin de la pericia que se le asignó, pues hizo lo que se le pidió, concluyendo, tal y como el mismo Tribunal transcribe, que contando “…solamente en la información del expediente y del informe ACOPAC-OSRP-53510, no es posible dar un nuevo valor del daño ambiental utilizando la evaluación realizada por el Ing. Mora, debido a las inconsistencias del informe antes citado"”. Es evidente, que los jueces no analizaron la experticia, bajo la consideración de que se apartó de lo solicitado y en criterio de esta Cámara, esto colocó en estado de indefensión a la Municipalidad. Contrario a lo argumentado por el Tribunal, esta Sala estima que debió analizarse la pericia judicial, pues rindió su informe ajustado a lo que le solicitó, por lo que el denegarse a examinarlo, implica o conlleva, sin lugar a dudas, la transgresión a su derecho de defensa. Asimismo, en criterio de esta Sala, el vicio estructural indicado coloca en una difícil situación a la entidad municipal a efecto de combatir la sentencia, pues no consignó las razones por las cuales un peritaje le merece mayor valor que el otro. VI.- En mérito de lo expuesto, al encontrarse en el fallo el quebranto del debido proceso, se impone acoger el recurso por razones procesales, anular la sentencia impugnada y, ordenar el reenvío al Tribunal Procesal Contencioso Administrativo, a fin de que la dicte de nuevo conforme a derecho (cardinal 150 inciso 1) del CPCA). Por innecesario se omitirá pronunciamiento respecto de los restantes agravios formulados. Son las costas a cargo de la accionante. POR TANTO Se declara con lugar el recurso de casación por razones procesales. Se anula el fallo recurrido. Se ordena el reenvío del expediente al despacho de origen, para que se dicte nueva sentencia conforme a derecho (artículo 150 inciso 1) del CPCA). De conformidad con el canon 193 ibídem, sin especial condenatoria en costas. Luis Guillermo Rivas Loaiciga Rocío Rojas Morales Damaris Vargas Vásquez Jorge Leiva Poveda Carlos Guillermo Zamora Campos Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- HPFST43QOTU461 Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected] Clasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:44:48. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Large Normal Small First Chamber of the Court Resolution No. 01871 - 2024 Date of Resolution: December 19, 2024 at 10:02 a.m. Expediente: 15-006020-1027-CA Drafted by: Iris Rocío Rojas Morales Type of matter: COGNIZANCE Analyzed by: SALA PRIMERA Content of Interest: Type of content: Unanimous vote Branch of Law: Administrative Litigation Topic: Cassation appeal Subtopics: Cassation for procedural reasons. Topic: Due process Subtopics: Right of defense. Contrary to what was argued by the Court, this Chamber considers that it should have analyzed a judicial expert opinion, since it rendered its report adjusted to what was requested; therefore, refusing to examine it entails a violation of the right of defense (lack of defense) of the plaintiff. Likewise, this structural defect places it in a difficult situation in order to challenge the judgment, since it did not set forth the reasons why one expert report deserves greater value than the other (vote 1871-F-2024). Content of Interest: Type of content: Unanimous vote Branch of Law: Administrative Litigation Topic: Cassation appeal Subtopics: Remand. The cassation appeal for procedural reasons is upheld, as the ruling violates due process. The appealed judgment is annulled and remand is ordered to the Court so that it renders a new one in accordance with the law (cardinal 150.1 of the Code of Administrative Litigation Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo)) (vote 1871-F-2024). Citations of Legislation and Doctrine Text of the resolution Exp: 15-006020-1027-CA Res. 001871-F-S1-2024 FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at ten hours and two minutes on the nineteenth of December of two thousand twenty-four. Cognizance proceeding established by Gilberto Monge Pizarro, of legal age, single, attorney, resident of Ciudad Colón and bearer of identity card number 1-0734-0348, in his capacity as MUNICIPAL MAYOR OF MORA, against the State represented by Procuradora Heilyn Sáenz Calderón. As can be seen at image 553 of the digital judicial file, the Municipal Mayor of Mora since March 2020 is Mr. Alfonso Jiménez Cascante. Attorney Cindy Gabriela Monge Soto acts as the special judicial representative of the Municipality. The plaintiff files a cassation appeal against judgment 99-2020-V, delivered at fourteen hours three minutes on the twenty-sixth of November of two thousand twenty, by the Administrative Litigation and Civil Treasury Court, Fifth Section. Drafted by Judge Rojas Morales; WHEREAS I.- As extracted from the case records, the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo, hereinafter TAA or Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental)) received a complaint about a massive exploitation of material on private property, without having a quarry permit. On the occasion of the complaint filed, the TAA, by resolution No. 1608-09-TAA at 9:30 a.m. on December 10, 2009, requested: From the Directorate of Geology and Mines an inspection of the site; from the Mayor of Mora to indicate if he has used materials indicated in the complaint and according to photographs provided by the complainant, and from the Puriscal subregional office of SINAC to carry out an inspection and issue an economic valuation report on the environmental damage caused, containing the necessary repair and mitigation measures. On February 12, 2010, the Municipal Mayor of Mora responded to the TAA through official letter DAM-011-2009, providing a report from the Technical Unit for Road Management and requesting the archiving of the file, considering that there is no damage to the environment. The President and the Secretary of the Integral Development Association of Piedras Negras de Mora, on February 18, 2010, requested permission from the company Vargas Amaya S.A. for the extraction of material and the passage of machinery on its property to be used for the graveling of roads between the community of Piedras Negras and Dantas. On March 2, 2010, the company expressed its consent conditioned on obtaining the corresponding permits. Through official letter No. ACOPAC-OSRP-535-10 DATED August 11, 2010, engineer Ronald Mora Vargas from the Puriscal Subregional office of SINAC, delivered to the Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental) the requested damage valuation report. Through resolution of the Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental) No. 536-11-TAA at 10:50 a.m. on June 24, 2011, the opening of administrative proceeding file 380-09-02-TAA was ordered against the company Inversiones Vargas Amaya S.A., accusing it of operating a quarry without the necessary permits and of environmental damage valued at ¢9,604,000.00. In its defense, the company stated that the one who extracted the material was the Municipality of Mora. In resolution No. 696-13-TAA at 7:52 a.m. on August 5, 2013, the Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental) resolved the request of the representative of the accused company, for which it redirected the administrative proceeding against the Integral Development Association of Piedras Negras and the Mayor of the Municipality of Mora, accusing them of operating a quarry and exploiting materials without having the permits and the economic valuation of environmental damage of ¢9,604,000.00. The due hearings were held, and through resolution No. 655-13-TAA at 11:52 a.m. on August 11, 2014, it resolved on the complaint filed, finding the responsibility of the Municipality of Mora for causing significant negative environmental damage to the detriment of natural resources due to the extraction of materials and the impact on the soil resource, without the permits from the Directorate of Geology and Mines of MINAET and the Environmental Technical Secretariat, imposing as compensatory indemnification the sum of ¢9,604,000.00 for environmental damage and social cost for the extraction of materials from a property located in the district of Piedras Negras, canton of Mora. Additionally, it demanded for the first time the payment of the sanction imposed on the Municipality of Mora. On October 13, 2014, the municipal entity filed an appeal for revocation against the aforementioned resolution, which was rejected as untimely by ruling No. 881-14-TAA at 8:45 a.m. on October 21, 2014. On October 24, 2014, the representation of the municipality of Mora filed an "Appeal for addition and clarification and nullity regime" against the resolution of the Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental) No. 881-14-TAA, for which, by resolution No. 004-2015-TAA at 2:30 p.m. on January 13, 2015, the Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental) upheld the addition and clarification, but rejected the appeal for revocation, confirming in all its aspects what was resolved in the case. II.- The foregoing motivated the Municipality to file a lawsuit seeking the following: “1) The nullity of report ACOPAC OSPR-535-10. 2) The nullity of resolution number 655-13-TAA. 3) The nullity of resolution number 004-2015-TAA of the Tribunal. 4) That the real quantification of the environmental damages caused by the Municipality be established, through a report carried out by a suitable expert, this due to the request for nullity of report ACOPAC OSPR-535-10. 5) Order the State to pay the personal and procedural costs of this matter.”. Once the legal hearing was granted, the State answered the lawsuit, raising the defense of Lack of Right. In a resolution at 11:34 a.m. on August 1, two thousand sixteen, the Pre-trial Judge appointed expert Javier Andrés Oviedo González, who accepted the appointment. He rendered his first report in October 2016. The parties were granted a hearing on this in a resolution at 3:44 p.m. on October 11, two thousand sixteen, with the State's representation showing its opposition. Given statements made by the representation of the plaintiff Municipality regarding the expert report, the Court, through a resolution at 3:40 p.m. on May 4, two thousand eighteen, annulled the trial setting and ordered the file's return to the procedural phase for what was appropriate. The Pre-trial Judge of the office, in a resolution at 10:43 a.m. on May 9, two thousand eighteen, ordered the expert to reformulate his report so that it would comply with what was ordered at the Preliminary Hearing. In an office resolution at 1:57 p.m. on October 12, two thousand twenty, the holding of the Scheduled Trial Hearing had to be suspended due to the Covid pandemic affecting the country and in accordance with the directives issued by both the Ministry of Health and the Full Court of the Judicial Branch. The parties were urged to dispense with the testimonial and expert evidence to convert the matter into a matter of Pure Law, to which they showed their consent. By ruling 99-2020-V, delivered at fourteen hours three minutes on November 26, two thousand twenty, by the Administrative Litigation and Civil Treasury Court, Fifth Section, composed of judges Juan Luis Giusti Soto, Marianella Álvarez Molina, and Sergio Mena García, it was ordered: “The defense of Lack of Right is upheld. The lawsuit brought by the Municipality of Mora against the State is declared WITHOUT MERIT. Both costs of this action are borne by the plaintiff, as well as any possible interest that may be generated on them, once their amounts are determined and payable.” Disagreeing, the plaintiff files a cassation appeal raising a ground of a procedural nature. GROUNDS OF FORM III.- Sole: It accuses that Article 82 of the Code of Administrative Litigation Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo) establishes that the evidence gathered within the judicial process must be in view of determining the real truth of the facts and that it also must be relevant in the process. Said evidence shall be assessed by the Court in accordance with the rules of sound criticism. It adds that jurisprudence has been consistent in affirming that the evidentiary system seeks as an essential goal the maximum approximation to the real or material truth regarding the facts; it mentions an excerpt from ruling 287-F-S1-2009 of this Chamber at 10:45 a.m. on March 19, 2009. It considers it is clear that the judges' departure from the evidence brought to the process could only be done if the evidentiary element does not conform to what the rules of science, logic, and experience dictate. It explains that, in the case at hand, the Court departed from the criterion of judicial expert Javier Andrés Oviedo González, despite the expert report being clear in technically, scientifically, and legally justifying that the evaluation carried out by Forestry Engineer Ronald Mora Vargas, according to document No. ACOPAC-OSPR-535-10, presents errors of form, suitability, evaluation methodology, and lacks a sustainable basis to determine ecological damage due to illegal extraction of stone material; it is for this reason that the ground on which the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) relied to issue act number 655-13-TAA lacks the substantial element (ground) that every manifestation of the public administration must contain. It transcribes part of the conclusions reached by judicial expert Oviedo González to highlight that the expert report shows that technical report No. ACOPAC-OSRP-53510 lacks all credibility because not only does Mr. Ronald Mora Vargas lack the academic training to issue a criterion in this regard—an element that was proven by the report of Mr. Expert Oviedo González, and was not assessed by the Court, since the judges pointed out the lack of suitability as an unproven fact, when, on the contrary, the expert report details it with clarity and certainty. Furthermore, it argues that the methodology used by Eng. Mora Vargas to measure the environmental damage was not the correct one according to current regulations (Regulations of the College of Geologists of Costa Rica), an aspect also proven with the expert report provided in the records. It highlights that report No. ACOPAC-OSRP-535-10 was the technical support used by the TAA to condemn the Municipality for the sum of ¢9,604,000.00; however, as determined from the judicial expert report, said ground lacks suitability; however, the Court completely discredited the evidence after considering that the expert never understood the object and purpose of the expert report that was assigned to him, so it did not analyze the evidence, which not only refers to the inconsistencies held by the report of Mr. Eng. Ronald Mora Vargas, but also indicated in its conclusion number seven that it is not possible to set the valuation of environmental damage with a site observation as performed by Eng. Mora Vargas. It concludes that it was pointed out to the Court that said report (ACOPAC-535-10) contained omissions and inconsistencies, and the selected judicial expert not only pronounced on this, but also indicated that it is not possible to quantify the impact of environmental damage—the fourth claim of the Municipality—nevertheless, it was not heeded by the members of the Court, and they indicated that the expert report did not fulfill its purpose, leaving this local government clearly in a state of total lack of defense because it does not know the reasons why the evidence rendered in the process was devalued, and in that way, the Court also failed to set forth the reasons that formed part of the assessment of the elements of conviction according to the rules of sound criticism - subsection 4) of canon 82 of the Code of Administrative Litigation Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo). IV.- It is necessary first to analyze what was ordered by the Court regarding the expert report. Thus, as extracted from the ruling, the judges argued: "On the other hand, a lack of technical rigor is alleged and that variables were omitted in the contested report, without it being determined which ones were referred to. Now, at the Preliminary Hearing held on June 27, two thousand sixteen (Image 369 of the digital judicial file), the request by the plaintiff for the appointment of a geologist expert was admitted by the pre-trial judge of this office, so that: '...conduct a report in accordance with claim No. 4, detailed above, with the documentation contained in the file', a determination with which the plaintiff represented by its special judicial representative at said proceeding agreed. It must be remembered that at that same hearing, the plaintiff modified its claims, and as number four was determined: '4) That the real quantification of the environmental damages caused by the Municipality be established, through a report carried out by a suitable expert, this due to the request for nullity of report ACOPAC OSPR-535-10.' (The underlining is not from the original). From which it is extracted that as part of the evidence that the municipality considered necessary to support its modified claim and type of process, it had to have an expert report that established the 'real quantification of the environmental damages' referring to the report that has been requested to be annulled and that we are analyzing in this part of this judgment. After the appointment of expert Javier Andrés Oviedo González (see resolution at 11:34 a.m. on August 1, 2016, visible at image 375 of the digital judicial file), said professional presented to the office his 'Geological Expert Report' (image 390 of the digital judicial file), on which the parties were granted a hearing in a resolution at 3:44 p.m. on October 11, two thousand sixteen (Image 420 of the judicial file), with the State's representation being the one that referred to it in a brief at image 462, formulating its opposition. Subsequently, the representation of the plaintiff Municipality made statements regarding its expert evidence, especially alluding to the fact that it had not been carried out in accordance with what was admitted (Image 485 of the judicial file), which is why the matter was returned to the procedural stage so that the corresponding judge would resolve it, who in a resolution at 10:43 a.m. on May 9, two thousand eighteen, ordered the expert to reformulate his report so that it would comply with what was ordered at the Preliminary Hearing (Image 493 of the judicial file). Given that the expert presented his new report visible from image 503 of the digital judicial file, also called 'Geological Expert Report,' note that in that sense, the title chosen in both expert reports did not reflect what was requested and admitted. Now, having analyzed its content, what the geologist expert basically did was to study and refer to the aspects of the SINAC Report that he considered were not correct; that is, that expert report focused on a study and reproach of that report, since it even concluded that it was inaccurate, indicating that the methodology used, while not incorrect, the error lay in the factors evaluated, and it indicated that: '...The estimation of ecological damage (Eng. Mora, report ACOPAC-OSRP-535-10) is not considered accurate in terms of the evaluation performed; therefore, it is recommended to disregard said amount' and it also stated that: 'Given that the request for this expert report indicates that it is based solely on the information in the file and the report ACOPAC-OSRP-53510, it is not possible to give a new value for the environmental damage using the evaluation performed by Eng. Mora, due to the inconsistencies of the aforementioned report.' It likewise made certain recommendations that it considered should be taken into account in order to evaluate the facts and establish a new valuation of the environmental damage. Due to the foregoing, this Court considers that the expert never understood the object and purpose of the expert report assigned to him, since, from the outset, if he had any doubt he should have consulted, but what he did was attack the SINAC report in both expert opinions (Original and the requested reformulation), so much so that from its content, it is extracted that his focus was always to determine the 'shortcomings or errors' of the other report, without focusing on what he really had to do, namely, the real quantification of the environmental damages in this case, this linked to the fact that the municipality itself, even in this lawsuit, has accepted that they extracted and used the material, but not in the quantity indicated in the SINAC report and that was used to impose the sanction for the environmental damage determined in the administrative venue. Thus, if the plaintiff, faced with the change of direction of its original lawsuit, namely, from a lesivity proceeding to one of cognizance of nullity, when establishing its new claims and wanting an expert report that served its purposes, it should have clearly requested an analysis of the content of the SINAC report and not the determination of a new valuation of the environmental damage, which was what was admitted and not achieved through the expert report received. A situation for which the expert report now being analyzed as part of the evidence gathered in this process did not fulfill its purpose, so it would also not lead to the nullity sought, since at most, what is denoted from its content is a discrepancy of criteria among professionals, without it having been determined—which was not its purpose—grounds for the nullity of the report attached to official letter No. ACOPAC-OSRP-535-10.” V.- From the foregoing transcription, this Chamber infers that the questioned judgment suffers from a structural problem that violates the right of defense of the plaintiff. The Court considers, for the purposes of not assessing the expert report, that it did not adhere to what it had to do, which was the calculation of the environmental damage, and that, on the contrary, it focused on the aspects of the SINAC Report that it considered were not correct. It is important to highlight that when the engineer was requested to reformulate his report in accordance with what was indicated at the preliminary hearing of June 27, two thousand sixteen, he was informed that he should do so in accordance with Claim No. 4, with the documentation contained in the file only and without the need for inspections on site. This evidently limited the expert analysis to what is recorded in the file and more specifically to what is indicated in the report prepared by the other expert. Hence, it is surprising to this Chamber that the Court considers that the expert never understood the object and purpose of the expert report assigned to him, since he did what he was asked, concluding, as the Court itself transcribes, that having “…only the information in the file and the report ACOPAC-OSRP-53510, it is not possible to give a new value for the environmental damage using the evaluation performed by Eng. Mora, due to the inconsistencies of the aforementioned report." It is evident that the judges did not analyze the expert analysis, under the consideration that it departed from what was requested, and in the opinion of this Chamber, this placed the Municipality in a state of defenselessness. Contrary to what was argued by the Court, this Chamber considers that the judicial expert opinion should have been analyzed, since it rendered its report adjusted to what was requested; therefore, refusing to examine it implies or entails, without a doubt, the violation of its right of defense. Likewise, in the opinion of this Chamber, the indicated structural defect places the municipal entity in a difficult situation in order to challenge the judgment, since it did not set forth the reasons why one expert report deserves greater value than the other. VI.- Pursuant to the foregoing, since the ruling violates due process, it is necessary to uphold the appeal for procedural reasons, annul the contested judgment, and order the remand to the Administrative Litigation Procedural Court, so that it renders a new one in accordance with the law (cardinal 150 subsection 1) of the CPCA). As it is unnecessary, a ruling on the remaining grievances formulated is omitted. Costs are borne by the plaintiff. THEREFORE The cassation appeal for procedural reasons is declared with merit. The appealed ruling is annulled. The remand of the file to the court of origin is ordered, so that a new judgment be rendered in accordance with the law (article 150 subsection 1) of the CPCA). In accordance with canon 193 ibidem, without special order as to costs. Luis Guillermo Rivas Loaiciga Rocío Rojas Morales Damaris Vargas Vásquez Jorge Leiva Poveda Carlos Guillermo Zamora Campos Digitally Signed Document -- Verification code -- HPFST43QOTU461 Telephones: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email [email protected] Classification prepared by the FIRST CHAMBER of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited. It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 13:44:48. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República