Res. 01857-2024 Sala Primera de la Corte — Conditional environmental viability and property certificationViabilidad ambiental condicionada a certificación de propiedad

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Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 01857 - 2024

Fecha de la Resolución: 19 de Diciembre del 2024 a las 09:00

Expediente: 19-002915-1027-CA

Redactado por: Iris Rocío Rojas Morales

Clase de asunto: CONOCIMIENTO

Analizado por: SALA PRIMERA





Texto de la resolución

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Exp. 19-002915-1027-CA

Res.  001857-F-S1-2024

 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas del diecinueve de diciembre de dos mil veinticuatro.

Proceso de conocimiento incoado ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por ECO PROYECCIONES DEL NUEVO MILENIO S.A., representado por Sergio Artavia Barrantes, contra el ESTADO representado por la Procuradora Yannia Salas Víquez. La parte actora presenta recurso de casación contra la resolución Nro. 113-2020-VII de las 08 horas con 30 minutos del 20 de octubre del 2020, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Séptima.

Redacta la magistrada Rojas Morales.

CONSIDERANDO

I.- La parte actora interpuso proceso de conocimiento en contra del Estado, en el cual pretende lo siguiente: “1.- Se declaren absolutamente nulas y disconformes con el ordenamiento jurídico las siguientes resoluciones: a) SETENA No. 1274-2014 de las 11 horas de 26 de junio de 2014, b) Dirección de Geología y Minas No. 645 de 30 de junio, c) SETENA No. 1187-2015-SETENA de las 11:55 hrs. de 25 de mayo de 2015, d) SETENA No. 1611-2015-SETENA de 14 de julio de 2015; e) Ministro de Ambiente y Energía R-275-MINAE de 21 de septiembre de 2015; f) Dirección de Geología y Minas No. 385-2017 de las 14:30 hrs. de 21 de noviembre de 2017, g); (sic) g) Dirección de Geología y Minas No. 92-2018 de las 14 hrs. de 16 de abril de 2108 (sic) y h) Ministerio de Ambiente y Energía R-127-2018MINAE de las 9:35 hrs. de 25 de abril de 2018. 2.- Se declare y reconozca que Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., cédula jurídica No. 3-101-395645, es la titular legítima e indiscutida de una concesión de explotación de cantera (Tajo Asunción) y de los derechos reales administrativos inherentes que derivan de la misma, otorgada por Resolución No. R-577-2013-MINAE de 2 de diciembre de 2013. 3.- Se declare y reconozca que, a Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., cédula jurídica No. 3-101-395645, mediante resolución de la SETENA No. 1836-2013-SETENA de las 11:45 hrs. de 10 de julio de 2013 se le otorgó la licencia de viabilidad ambiental respecto de esa explotación (Tajo Asunción). 4.- Se le ordene a la Dirección de Geología y Minas, a la SETENA y al Ministerio de Ambiente y Energía, se abstengan de perturbar a Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., cédula jurídica No. 3-101-395645, en el goce y ejercicio de la titularidad de la concesión de explotación de cantera y de los derechos reales derivados de ésta, por todo el plazo que le fue originalmente concedido. 5.- Se condene al Estado al pago de los daños y perjuicios provocados a Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., cédula jurídica No. 3-101-395645, derivados de las actuaciones y resoluciones ilegales antes indicadas, por no haber podido extraer, explotar, comercializar el yacimiento y ejercido los derechos reales inherentes a la concesión, hasta la fecha y hasta tanto no se disponga por medida cautelar que continúe y se haga efectiva la extracción y explotación o se declare, en firme, la nulidad absoluta de las resoluciones indicadas en el punto 1, para que el Tajo entre en funcionamiento efectivo. 6.- Se condene al Estado, una vez convertida la obligación de valor de condena al resarcimiento de los daños y perjuicios irrogados en obligación dineraria, al reajuste o indexación de las sumas debidas hasta su pago efectivo. 7.- Se condene al Estado al pago de las costas personales y procesales”. Por su parte, el demandado contestó de forma negativa la demanda, y en términos generales, opuso la excepción de caducidad, falta de interés actual y de falta de derecho. El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Séptima, integrada por los jueces Francisco Hidalgo Rueda, Karla Madriz Martínez y Carlos Zamora Campos, mediante resolución Nro. 113-2020-VII de las 08 horas con 30 minutos del 20 de octubre del 2020, rechazaron la defensa de caducidad, admitieron parcialmente la excepción de falta de interés actual (respecto a las resoluciones impugnadas en los apartes a) y b) de las pretensiones), y acogieron la excepción de falta de derecho respecto al resto de pretensiones esgrimidas. Consecuentemente, declararon sin lugar en todos sus extremos la demanda incoada, condenando a la parte accionante al pago de las costas procesales y personales a favor del Estado. Inconforme, la parte demandante formuló recurso de casación, el cual fue admitido por esta Sala.

Recurso de casación por violación a normas procesales.

II.- El recurrente alega dos motivos de casación, el primero de ellos, aduce, incongruencia por extra-petita y consecuentemente citra/mínima petita. Expone, el Tribunal dejó de resolver sobre la ilegalidad de 2 actos administrativos incluidos en las pretensiones de la demanda. Estos actos son la Nro. 1274-2014-SETENA, y Núm. 645 de la Dirección de Geología y Minas, los cuales suspenden los efectos de la Viabilidad Ambiental y la Concesión (pretensión Nro. 1 puntos a) y b)). Señala la importancia de analizar estas conductas administrativas, las cuales imposibilitaron los derechos de explotación, y son a su vez los que permiten justificar el cobro de los daños y perjuicios ocasionados. Como segundo agravio, indica, falta de motivación. Informa que el Tribunal convalidó la supresión de los actos declarativos de derechos, los cuales se dieron sin el respectivo proceso de lesividad o de nulidad absoluta contemplado en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP). Desconoce porqué el Tribunal simplemente señaló que la Viabilidad Ambiental nunca desplegó sus efectos. Considera que el Tribunal dejó de resolver sobre la ilegalidad de los actos, así como de sus argumentos expuestos en el escrito de demanda y ampliación de fundamentos del día 26 de agosto de 2019. Insiste, lo que han pretendido en este proceso, es la declaración de disconformidad de los actos con el ordenamiento jurídico, con la eventual indemnización por los daños y perjuicios ocasionados desde la emisión de los mismos. Afirma, la Viabilidad Ambiental no tuvo efectos suspendidos, y de ser así, la misma resolución indica que su plazo era de 1 año, pero únicamente como recomendación (artículo 9 del Código de Minería). Agrega no conocer las razones del Tribunal para concluir que la Viabilidad otorgada estaba condicionada, lo cual no comparte en razón del comportamiento posterior de la parte accionada y de las propias, la interpretación correcta a las normas jurídicas administrativas, así como el lenguaje de las propias resoluciones que otorgaron la Viabilidad Ambiental. También estima, los juzgadores dejaron de considerar el artículo 9 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (RGPEIA), y la posibilidad de conceder la viabilidad ambiental sobre bienes no inscritos.

Recurso de casación por violación a normas sustantivas.

III.- Primer motivo, aduce, violación directa a ley, entre ellas, el numeral 9 del RGPEIA. Resalta, esa norma autoriza al Desarrollador no propietario registral del inmueble, ejecutar el proyecto en dicha propiedad. En este caso en concreto, los derechos de posesión fueron cedidos desde los años treinta. En todo caso, la presunción legal de que estos pertenezcan al Estado, lo hizo solicitar a los Órganos Públicos competentes, la respectiva concesión, la cual fue otorgada. Lo anterior, señala, no fue considerado por el Tribunal, y da por sentado que el Desarrollador debe ser el propietario. A su vez existe falta de aplicación de los artículos 6, 303, 199 párrafo 2 de la LGAP, y numeral 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Recalca, existe una jerarquía de normas que el Tribunal omitió, ya que existe ley especial que regula la materia de concesiones de explotación de canteras (Código de Minería), el cual no prevé como requisito para el otorgamiento de una concesión, ser el propietario del inmueble. El Código está por encima del Reglamento de SETENA, y, además, existe un criterio de la Procuraduría General de la República (PGR) que así lo señala, siendo ese dictamen vinculante para toda la Administración Pública. De igual manera, existe una falta de aplicación de los ordinales 486 del Código Civil, 11 de la Ley de Tierras y Colonización, numeral primero del Código de Minería, y el artículo 1 de la Ley de Informaciones Posesorias. Estima, de un análisis armonioso a esa normativa, se logra extraer que los terrenos no inscritos a nombre de particulares, por presunción legal le pertenecen al Estado, el cual puede darlo en concesión, lo cual sucedió en el presente proceso. Luego, resulta imposible la imposición de presentar certificación de propiedad que se exige. Posteriormente, apunta, existe una vulneración al artículo 132 párrafo 4 de la LGAP por indebida aplicación, pues la sentencia debatida incurre en contradicción al indicar que la Viabilidad Ambiental se encontraba sujeta a una condición suspensiva, afirmando que la parte accionante tenía un plazo fijo y determinado, lo cual refleja desconocimiento sobre las condiciones suspensivas, ya que estas están sujetas a actos o acontecimientos futuros e inciertos, y no como lo recalca el Tribunal, un requerimiento que el ordenamiento jurídico no exige (certificación de propiedad). Posteriormente aduce violación de los artículos 49 párrafo 2 de la Constitución Política, 131.1, 132, 133, 145, 158.1, 166, 173, 199, 303 de la LGAP, 1.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), y 2 de la Ley Orgánica de la PGR. Al señalarse la existencia de una condición suspensiva como se ha dicho -agrega-, existe una clara desviación de poder consistente en apartarse tanto el SETENA como la Dirección de Geología y Minas del dictamen de la PGR. También, alega violación a los artículos 67, 129, 131, 132, 133 de la LGAP, 49 Constitucional, 1 del CPCA, 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, 67 del Código de Minería, 6 inciso 8 del Reglamento al Código de Minería. Añade, la Dirección de Geología y Minas no era el órgano competente para determinar si un proyecto cuenta o no con viabilidad ambiental, sino, es resorte de SETENA (artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente). En igual sentido, el órgano competente para cancelar una concesión, es el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), de modo que la Dirección de Geologías y Minas usurpó las competencias propias de otro órgano administrativo (artículo 6 inciso 8 del Reglamento al Código de Minería). Posteriormente, argumenta, el numeral 67 del Código de Minería establece el debido proceso para los supuestos en que procede la cancelación de una concesión, señala que “las condiciones para el otorgamiento de una concesión, deben estar expresamente contempladas en una norma, de lo contrario, no existiría condición por cumplir”. Además, considera no se le dio el respectivo procedimiento que informa la norma. Advierte, la resolución de otorgamiento de concesión (Nro. R-577-2013-MINAE del 02 de diciembre de 2013), nunca hizo referencia al requerimiento de presentar certificación registral o permiso del propietario del inmueble donde se explotaría el yacimiento. Todo lo anterior, menciona, trasgrede los elementos de motivo y fin de los actos administrativos impugnados. Segundo motivo de casación, expone, indebida valoración probatoria, así como hechos probados o indemostrados en contradicción con la prueba que consta en el proceso. Agrega, de una lectura cuidadosa a los acuerdos que concedieron el impacto ambiental, así como la viabilidad ambiental, se observa que estas fueron aprobadas y otorgadas sin condición suspensiva alguna. Lo anterior se comprueba en el tanto, una vez otorgada la viabilidad ambiental, el proyecto se empezó a ejecutar de forma inmediata. Adiciona que, por distintas razones, no se han logrado aprobar las diligencias de información posesoria, y obtener la inscripción en el Registro Público de la Propiedad. Agrega, de admitirse dicha condición, esta no se ha incumplido, por cuanto al día de hoy no se ha podido inscribir el terreno a nombre de la accionante. Por ello, la cancelación de la concesión sustentada en la falta de cumplimiento de la condición suspensiva ya mencionada, resultaría nula. Posteriormente, menciona, el Tribunal no analizó la literalidad de las resoluciones Nro. 1836-2013-SETENA y 577-2013-MINAE, ya que, en la primera resolución, SETENA reconoce que la finca se está tratando de inscribir mediante diligencias de información posesoria. Insiste, no se puede confundir jurídicamente “recomendar” con “condicionar” como lo hacen los juzgadores, pues son dos conceptos abiertamente distintos. Incluso, la resolución Núm. 577-2013-MINAE señala en su resultando 3 y 6, que hay otorgamiento de la viabilidad ambiental, quedando abierta la etapa de gestión ambiental, es decir, el inicio de actividades, obras o proyectos. Luego, señala, en todo caso el plazo de inicio de esa condición suspensiva inexistente, sería a partir de la inscripción del terreno en el Registro Público, plazo con el que contaría la parte para presentar la certificación (10 días). Finaliza solicitando se señale fecha y hora para la celebración de una audiencia oral.

IV.- En lo de interés, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, señaló: “…la empresa Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. solicitó ante la SETENA la correspondiente viabilidad ambiental para desarrollar en un terreno sin inscribir, la explotación del Proyecto Tajo Asunción, aportando para tales efectos, el plano catastrado número L-186399-1994. Fue así como, en atención de la solicitud presentada por la citada compañía, la SETENA le previno primero, mediante resolución 2135-2011-SETENA del día 06 de setiembre del 2011, la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, y luego, mediante resolución R-2198-2012-SETENA del 24 de agosto del 2012, que aportara, en un plazo máximo de seis meses, la presentación de varios requisitos, entre ellos, la certificación registral de la propiedad donde se realizaría la actividad, obra o proyecto. Precisamente ante esta última prevención realizada, y en virtud de que la empresa no contaba con la inscripción del inmueble y por ende, no podía aportar la certificación prevenida (…) Como se desprende de lo anterior, el criterio legal de la SETENA confirmó la obligatoriedad de contarse con la certificación de titularidad del inmueble, para poder otorgarse una viabilidad ambiental válida y eficaz que le confiriera un derecho al solicitante (…) De lo transcrito anteriormente, deduce este Tribunal con claridad meridiana, que la resolución de viabilidad ambiental otorgada a la empresa, desde un inicio estuvo condicionada, incluso por petición expresa de su propio representante legal, entre otras cosas, y la más importante para los efectos de lo que aquí se discute, a la presentación de la certificación de propiedad del inmueble donde se desarrollaría la actividad. Sin tela de duda, repetimos, en la citada resolución N° 1836-2013-SETENA, la Administración le confirió la requerida viabilidad ambiental al proyecto de la empresa Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., pero bajo una condición suspensiva, con la reserva de que en el plazo de un año se sirviera aportar la certificación de propiedad referente al inmueble cuyo plano catastrado correspondía al L-186399-94, previniéndole claramente que en caso de incumplimiento, podría ser acreedor de las sanciones normativas, e incluso el archivo del expediente (…) De igual manera, en el artículo 9 inciso 4 del Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación Ambiental, Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, como parte de la documentación que debe adjuntarse por el gestionante, la presentación de una certificación de propiedad del inmueble en que se desarrollaría la actividad, obra o proyecto, lo cual, insistimos, era de pleno conocimiento de la representación de la empresa Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., lo cual no cumplió ni en el momento de presentar su solicitud inicial, ni dentro del plazo prevenido. Y aquí ha de destacarse también, tal y como lo precisó el Tribunal en los hechos probados, que la empresa realizó al menos dos solicitudes de prórroga del plazo conferido para los efectos de aportar la certificación requerida, una en fecha 25 de junio del 2014 y otra el día 05 de mayo del 2015, aceptando con ello la obligatoriedad que tenía de cumplir con un requisito normativo sine qua non, que aún hoy día, al momento del dictado de esta sentencia no ha logrado acreditar. En virtud de lo anterior, es criterio de esta Cámara, que la supra citada resolución N° 1836-2013-SETENA, siempre estuvo condicionada, por lo que pese a ser válida, no llegó a cumplir el requisito de eficacia para lograr la perfección del acto y desplegar sus efectos jurídicos, lo que implica que tampoco le pudo llegar a conferir un verdadero derecho subjetivo a la empresa demandante, sino tan solo una mera expectativa, que para poder consolidarse dependía exclusivamente de ella misma, con tan solo aportar el requisito que su propio representante se comprometió a cumplir, sea, la certificación de propiedad del inmueble (…) En consecuencia, detectando la Administración en un ejercicio que hasta podría considerarse de mera constatación, que una vez conferido el plazo en la viabilidad ambiental conferida de manera condicionada, a fin de dar cumplimiento a una obligación establecida en el ordenamiento jurídico que rige la materia ambiental, como lo es la presentación de la certificación de propiedad del inmueble donde la desarrolladora Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. pretendía operar, y no lograr su acreditación ni siquiera al momento del dictado de esta sentencia, la consecuencia lógica resultante era dejar sin efecto el acto otorgado por la SETENA ante la inacción de la propia interesada, incumplimiento que al tenerse por demostrado, no dejó más opción que dejar sin efecto el acto de viabilidad sujeto a condición y archivar el expediente, al igual que el relativo a la concesión, al no ser factible su operación y explotación sin la condición de viabilidad ambiental otorgada por la SETENA, situación que fue debidamente resuelta, mediante actos administrativos apegados a derecho”. –

V.- Sobre los agravios procesales, el casacionista alega incongruencia (extra-petita y citra/mínima petita), pues estima que el Tribunal dejó de analizar dos actuaciones administrativas de las cuales ha pretendido su nulidad (resoluciones Nro. 1274-2014-SETENA y Núm. 645 de la Dirección de Geología y Minas). Por su parte, la sentencia impugnada señaló lo siguiente: “…es criterio de este Tribunal, que las resoluciones impugnadas se encuentran ajustadas a derecho, siendo que incluso algunas de ellas, como se dirá infra, fueron suprimidas por la propia Administración, como por ejemplo la N° 1274-2014-SETENA de las 11:00 horas del 26 de junio del 2014, identificada con la letra a) en el elenco petitorio principal de la parte actora y la N° 645 de las 14:00 horas del 30 de junio del 2014, dictada por la Dirección de Geología y Minas, Registro Nacional Minero, precisada con la letra b) en el cuadro petitorio de la demanda, mediante las cuales en su momento se había dispuesto cautelarmente la suspensión del acto de otorgamiento de la viabilidad ambiental y de labores de destape, de extracción de materiales y quebrado de los mismos, las cuales fueron luego dejadas sin efecto, en virtud del dictado de resoluciones ulteriores de la SETENA y de la misma Dirección de Geología y Minas, por lo que carece de interés emitir pronunciamiento alguno respecto de ellas”. Efectuando el contraste debido, se verifica que el Tribunal sí analizó las conductas administrativas alegadas, considerando la existencia de una falta de interés, pues dichas resoluciones fueron suprimidas por resoluciones administrativas posteriores, por lo que resultaba estéril emitir pronunciamiento alguno sobre esas conductas que desaparecieron del mundo jurídico. Por lo anterior, el Tribunal no recae en la omisión alegada, y el recurrente lo que hace es recriminar que la sentencia denegó su pretensión anulatoria. En razón de lo anterior, se rechaza el agravio.

VI.- Segundo motivo procesal, observó una falta de motivación. Señaló, el Tribunal convalidó la supresión de los actos administrativos que otorgaron la viabilidad ambiental, sin haberse dado el proceso de lesividad o de nulidad absoluta contemplado en el numeral 173 de la LGAP. Advierte desconocer el razonamiento del Tribunal para avalar dicha supresión. Como bien se sabe, esta causal procesal responde como aquella indefensión que le impide a la parte afectada, conocer las razones por las cuales se resolvió el asunto, imposibilitándole alegar y a su vez comprobar ante el superior, lo opuesto a los razonamientos dados por el juzgador en su sentencia. En otras palabras, la falta de motivación analiza la ausencia total de fundamentación, o bien, existiendo, la misma sea gravemente confusa o abiertamente contradictoria. Ahora bien, para este Órgano Colegiado, la sentencia ha sido clara al señalar lo siguiente: “…no hubo tampoco violación al debido proceso, pues lo que hizo la Administración fue realizar un ejercicio de mera constatación; al no cumplirse el requisito, simplemente se dejó sin efecto la viabilidad ambiental. Por ello, estimamos que no se requería realizar ningún procedimiento de nulidad ni tramitar declaratoria de lesividad alguna, al estar en presencia de un acto sujeto a condición suspensiva. Y aquí merece la pena aclarar, que el Dictamen C-043-2015 rendido en su momento por la Procuraduría General de la República, estaba relacionado con el requerimiento de nulidad de la resolución R-577-2013-MINAE, pero no de la viabilidad ambiental, disponiendo más bien el Órgano Procurador, que debería la Administración valorar la existencia de alguna nulidad que ameritara la declaratoria de lesividad de la resolución que otorgó la concesión o de cualquier otro acto administrativo firme declaratorio de derechos. Justamente esa valoración fue realizada, concluyendo la SETENA que al haberse dado la viabilidad ambiental de manera condicionada y detectado que la empresa no cumplió el requisito faltante, lo procedente era dejar sin efecto el acto dictado bajo condición”. La intangibilidad de los actos propios, es una regla que responde a aquella posibilidad de revisar un acto declarativo de derechos, lo cual no sucede en este caso. No estima este Órgano que estemos en presencia de un acto que otorgó derechos subjetivos al haberse dictado el mismo sujeto a una condición de simple constatación que no se dio. Al entenderlo y analizarlo de ese modo, no se produce el vicio alegado y lo que plantea la parte es inconformidad con lo resuelto, lo que impide quebrar el fallo. No se observa que se rebata el razonamiento del Tribunal en cuanto a que los actos no surten efectos jurídicos y su análisis por ello carece de interés actual. Al no observarse una ausencia en la motivación, o bien, que la misma fuese confusa o contradictoria, se rechaza el motivo planteado.

VII.- En cuanto a las razones sustantivas, en síntesis, el recurrente indica que el numeral 9 del RGPEIA autoriza la ejecución de los Proyectos en inmuebles que no son propiedad de los Desarrolladores. Lo anterior, considera, no fue valorado por el Tribunal, quien da por sentado que el Desarrollador debe ser el propietario del inmueble. Además, ese razonamiento trasgrede el Código de Minería como norma especial de concesiones y explotación de canteras, pues dicha ley no establece ese requisito. Lo anterior, señaló, fue dictaminado por la misma PGR, lo cual resulta vinculante para toda la Administración Pública. Luego, advirtió, existe un total desconocimiento por parte de los juzgadores sobre la naturaleza de las condiciones suspensivas de los actos, ya que estas se encuentran sujetas a situaciones futuras e inciertas, lo que no se asemeja a que se exija un requisito que el ordenamiento jurídico no exige. En primer lugar, el acto administrativo que concede la viabilidad ambiental de forma suspensiva, es la resolución administrativa Nro. 1836-2013-SETENA de las 11:45 horas del 10 de julio de 2013, la cual, de interés, señaló: “PRIMERO: Aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), la información complementaria aportada, y Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, sometido a evaluación por el desarrollador. SEGUNDO: Ordenar al señor Gerardo Enrique Arias Cruz (…) representante legal de la sociedad Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. (…) Debe aportar certificación de propiedad del área del proyecto, conforme al principio de proporcionalidad y razonabilidad para cumplir dicha condición, se recomienda otorgar un plazo de un año para la presentación del requisito, mismo que puede ser prorrogado si se cumple con lo dispuesto en el artículo 258 de la ley (sic) General de la Administración Pública. Lo anterior para evitar mantener un expediente abierto por plazo indefinido. En el mismo orden de ideas, se recomienda que una vez obtenida la Inscripción en el registro (sic) Público, se otorgue un plazo de diez días hábiles para la presentación a esta Secretaría de la certificación de propiedad. Todo lo anterior bajo la pena de archivarse el expediente si no se cumple con los plazos y prevenciones aquí señaladas (…) CUARTO: El incumplimiento de los requerimientos de esta Secretaría, así como de cualquiera de las obligaciones contraídas en el Estudio de Impacto Ambiental, la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales y las medidas ambientales en el Formulario D1; podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente, así como la demás legislación vigente. QUINTO: Comunicar al interesado que, de conformidad con los artículos 17, 18 y 18 de la Ley Orgánica del Ambiente, se ha cumplido con el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto (…) Por lo que se le otorga la VIABILIDAD AMBIENTAL al proyecto, quedando abierta la etapa de Gestión Ambiental (…)”. Lo anterior, amparado en el artículo 9 del Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual destaca lo siguiente: “Artículo 9º- Documentos de Evaluación Ambiental: (…) Documentación que debe adjuntarse al D1: (…) 4) Una certificación de propiedad o inmueble donde se desarrollará la actividad, obra o proyecto, o en su lugar, una copia con el original, para que sea confrontada ante el funcionario de la SETENA que tiene fe pública. En el caso en que el desarrollador no sea el propietario del inmueble, debe adjuntar, además, una carta de autorización del propietario al desarrollador, cuya firma deberá venir autenticada por notario público o en caso contrario, presentarse el propietario con su cédula de identidad, a las oficinas de la SETENA a firmar frente al funcionario público designado, para que éste de fe de la autenticidad de su firma. Exceptúese del requisito de presentación de la Certificación de Propiedad Inmueble establecido en el párrafo anterior a los Proyectos de Desarrollo de Infraestructura de Telecomunicaciones que atienden a los objetivos de Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad incluidos en el Plan Anual de Programas y Proyectos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones en concordancia con las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que se implementen en áreas de fincas que no se han inscrito en el Registro de Bienes Inmuebles del Registro Nacional, pero sus poseedores se encuentran en el supuesto contenido en el artículo 307 del Código Civil, Ley N° 63 de fecha 28 de setiembre de 1887”. Tal y como se logra observar, para esta Sala, el acto administrativo impugnado sí contiene una condición suspensiva para su eficacia, es decir, el cumplimiento de un requisito establecido en la norma como lo es la presentación de la certificación de propiedad donde se realizaría el proyecto. Para el caso en concreto, la eficacia estuvo referida al requisito establecido en el ordenamiento jurídico (Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental) para que dichas actuaciones administrativas pudiesen producir los efectos programados. Por ello, concuerda esta Cámara con la sentencia impugnada, quien señala que la eficacia del acto administrativo quedó supeditada a la presentación de la certificación registral, y hasta tanto no se cumpliera con ese requisito, no podían cobran eficacia los actos administrativos citados. Ese contenido suspensivo derivó indiscutiblemente de la necesidad de cumplir con el requisito de eficacia establecido en la norma ya transcrita (numeral 9 del Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental). Como se puede observar, la anterior norma autoriza la ejecución de los proyectos en inmuebles que no son propiedad de los Desarrolladores, sin embargo, lo admite bajo el cumplimiento de una serie de condiciones ya citados, que no son las de la recurrente. En síntesis, al no cumplir la condición suspensiva, el acto condicionado no podía surtir efectos. Por su parte, la Ley Orgánica del Ambiente, en su numeral 17, señala que toda actividad humana que genere un impacto al ambiente, o genere residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requieren de evaluaciones y certificaciones de impacto ambiental por parte del SETENA. Por otra parte, no existe indebida valoración probatoria en relación con los acuerdos Nro. 054-2013 del 09 de julio de 2013 de la Comisión Plenaria de SETENA, y la resolución Núm. 1836-2013-SETENA del 10 de julio de 2013, de los que se logra extraer que la viabilidad ambiental fue otorgada de manera condicionada como ya se indicó. Incluso, lleva razón la sentencia rebatida al señalar que la misma parte accionante consiente esos actos administrativos (hechos no refutados en el recurso de casación), al advertir administrativamente lo siguiente: “…el señor Gerardo Enrique Arias Cruz en calidad de representante legal presentó ante la SETENA una nota el día 19 de marzo del 2013, donde solicitó la aprobación de la evaluación ambiental del proyecto promovido, manifestando expresamente en relación con el requisito establecido en el artículo 9 del Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental que prevé el aporte de una certificación de propiedad o inmueble donde se desarrollará la actividad, obra o proyecto que: “(…) Este requisito lo estaremos adjuntando prontamente al expediente de concesión en cuanto nos sea posible.- No obstante lo anterior y al tenor lo que se establece en el artículo 145 de la Ley General de la Administración Pública, LA APROBACIÓN AMBIENTAL que solicitamos dictar, PUEDE SER DICTADA CON SUJECIÓN AL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO EN LO SUCESIVO como bien lo acepta y consagra nuestra normativa vigente. Vemos aquí entonces, el primer aspecto de relevancia para lo que habrá de resolverse, el cual consiste en que fue la propia empresa que ahora acciona, la que solicitó a la SETENA, motu proprio, el otorgamiento de la aprobación ambiental condicionada, al manifestar voluntariamente que la misma podía ser dictada con sujeción al cumplimiento del requisito que establecía el artículo 9 del Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual conocía y que cumpliría con el requisito faltante, sea la certificación de propiedad, en cuanto le fuera posible (…) Posteriormente, se tiene también acreditado, que en fecha 13 de junio del 2013, el señor Arias Cruz como apoderado de la compañía presentó una declaración jurada, donde entre otras cosas se comprometió a cumplir todos y cada uno de los compromisos ambientales adquiridos durante el proceso de evaluación de impacto ambiental, los estudios técnicos complementarios y demás información anexa del proyecto presentado, manifestando expresamente el conocimiento de los términos y alcances de la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 y del Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, declarando expresamente, para lo que aquí interesa que: “(…) el incumplimiento de éstos (sic) compromisos por parte del desarrollador me hará responsable directo del daño ambiental producido y acreedor a las sanciones que establece la normativa vigente (…)”. Nuevamente vemos entonces, una manifestación de voluntad libre y espontánea del personero de la empresa, haciéndose responsable de los incumplimientos de su representada y aceptando las sanciones que la normativa vigente establece, la cual, claro está, abarca tanto las legales como las reglamentarias”. En otras palabras, la parte actora no emitió oposición alguna a los requisitos solicitados por la Administración Pública, constituyendo su consentimiento expreso al comprometerse adjuntar la certificación requerida, y aceptando además las sanciones reglamentarias por omitir dicho requisito, lo que refuerza el hecho de que efectivamente la viabilidad ambiental estaba condicionada, por lo que tampoco resulta de recibo los alegatos en cuanto si el terreno pertenecía o no al Estado, pues la parte accionante conocía muy bien su gestión ante SETENA, así como la carga documental a lo que se obligaba. En razón de lo expuesto, se rechazan los agravios.

VIII.- Sobre los argumentos esbozados en cuanto a la nulidad de los actos por carecer estos de competencia, concuerda esta Sala con lo dicho por el Tribunal, quien señala reiteradamente que, más allá del cumplimiento de la validez de los actos, es decir, sean estos conforme o no a derecho, lo cierto del caso es que no lograron surtir efectos en sede administrativa como ya se ha indicado. Por ello, el combate del casacionista en torno a los elementos esenciales de los actos administrativos dictados resulta estéril, pues estos nunca produjeron efectos jurídicos (eficacia), por lo que nunca alcanzaron su perfección, es decir, la validez más su eficacia para producir consecuencias jurídicas.

IX.- En cuanto a la solicitud de celebrar una audiencia oral, tal y como lo contempla el precepto 142 del CPCA, esta Sala estima que, para el caso en concreto, no se aprecia que dicho trámite sea pertinente tomando en consideración la forma en que se resuelve, y además que el fundamento del recurso fue expresado al momento de interponerse. Así las cosas, siendo que el Código de rito dispone que el señalamiento para audiencia oral es facultativo del órgano que conoce del recurso de casación, se rechazará la solicitud.

X.- En mérito de lo expuesto, procede rechazar el recurso de casación, con sus costas a cargo de la promovente (mandato 150 inciso 3) del CPCA).

POR TANTO

 Se declara sin lugar el recurso planteado. Son las costas a cargo de la promovente.

 

	


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LUIS GUILLERMO RIVAS LOAICIGA - MAGISTRADO/A

	

 





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IRIS ROCIO ROJAS MORALES - MAGISTRADO/A

	

 

	


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DAMARIS MARIA VARGAS VASQUEZ - MAGISTRADO/A





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IGNACIO JOSE MONGE DOBLES - MAGISTRADO/A

	

 

	


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JORGE LEIVA POVEDA - MAGISTRADO/A

 

Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected]

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:46:05.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.** San José, at nine o'clock on the nineteenth of December, two thousand twenty-four.

Proceedings for a declaratory judgment (*proceso de conocimiento*) filed before the *Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda* by ECO PROYECCIONES DEL NUEVO MILENIO S.A., represented by Sergio Artavia Barrantes, against the STATE (*ESTADO*), represented by Procuradora Yannia Salas Víquez. The plaintiff files a cassation appeal against resolution No. 113-2020-VII of 08:30 a.m. on October 20, 2020, issued by the *Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda*, Seventh Section.

Magistrate Rojas Morales writes.

**CONSIDERANDO**

**I.-** The plaintiff filed declaratory judgment proceedings (*proceso de conocimiento*) against the State (*Estado*), seeking the following: "1.- The absolute nullity and non-conformity with the legal system of the following resolutions be declared: a) SETENA No. 1274-2014 of 11:00 a.m. on June 26, 2014, b) *Dirección de Geología y Minas* No. 645 of June 30, c) SETENA No. 1187-2015-SETENA of 11:55 a.m. on May 25, 2015, d) SETENA No. 1611-2015-SETENA of July 14, 2015; e) Minister of Environment and Energy (*Ministro de Ambiente y Energía*) R-275-MINAE of September 21, 2015; f) *Dirección de Geología y Minas* No. 385-2017 of 2:30 p.m. on November 21, 2017, g); (sic) g) *Dirección de Geología y Minas* No. 92-2018 of 2:00 p.m. on April 16, 2018 (sic) and h) Ministry of Environment and Energy (*Ministerio de Ambiente y Energía*) R-127-2018MINAE of 9:35 a.m. on April 25, 2018. 2.- It be declared and recognized that Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., legal ID number 3-101-395645, is the legitimate and undisputed holder of a quarry exploitation concession (*concesión de explotación de cantera*) (Tajo Asunción) and of the inherent administrative real rights deriving therefrom, granted by Resolution No. R-577-2013-MINAE of December 2, 2013. 3.- It be declared and recognized that, through SETENA resolution No. 1836-2013-SETENA of 11:45 a.m. on July 10, 2013, Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., legal ID number 3-101-395645, was granted the environmental viability license (*licencia de viabilidad ambiental*) for said exploitation (Tajo Asunción). 4.- The *Dirección de Geología y Minas*, SETENA, and the Ministry of Environment and Energy (*Ministerio de Ambiente y Energía*) be ordered to refrain from disturbing Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., legal ID number 3-101-395645, in the enjoyment and exercise of the ownership of the quarry exploitation concession (*concesión de explotación de cantera*) and the real rights deriving from it, for the entire term originally granted. 5.- The State (*Estado*) be ordered to pay the damages caused to Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., legal ID number 3-101-395645, arising from the illegal actions and resolutions indicated above, for having been unable to extract, exploit, and market the deposit and exercise the real rights inherent to the concession, until the present date and until such time as it is ordered by a precautionary measure that the extraction and exploitation continue and be effective, or the absolute nullity of the resolutions indicated in point 1 is declared with final effect, so that the pit (*Tajo*) may effectively begin operations. 6.- The State (*Estado*) be ordered, once the obligation of value to compensate for the damages incurred is converted into a monetary obligation, to adjust or index the sums owed until their effective payment. 7.- The State (*Estado*) be ordered to pay personal and procedural costs." For its part, the defendant answered the lawsuit in the negative, and in general terms, raised the defenses of expiration (*caducidad*), lack of current interest (*falta de interés actual*), and lack of right (*falta de derecho*). The *Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda*, Seventh Section, composed of judges Francisco Hidalgo Rueda, Karla Madriz Martínez, and Carlos Zamora Campos, through resolution No. 113-2020-VII of 08:30 a.m. on October 20, 2020, rejected the defense of expiration (*caducidad*), partially admitted the defense of lack of current interest (*falta de interés actual*) (regarding the resolutions challenged in items a) and b) of the claims), and upheld the defense of lack of right (*falta de derecho*) regarding the rest of the claims put forward. Consequently, they dismissed the lawsuit filed in its entirety, ordering the plaintiff to pay the procedural and personal costs in favor of the State (*Estado*). Disagreeing, the plaintiff filed a cassation appeal, which was admitted by this Chamber.

**Cassation appeal for violation of procedural rules.**

**II.-** The appellant alleges two grounds for cassation, the first of which, he argues, is incongruence due to extra petita and consequently citra/minima petita. He states that the Court failed to rule on the illegality of two administrative acts included in the claims of the lawsuit. These acts are No. 1274-2014-SETENA, and No. 645 of the *Dirección de Geología y Minas*, which suspend the effects of the Environmental Viability (*Viabilidad Ambiental*) and the Concession (*Concesión*) (Claim No. 1 points a) and b)). He points out the importance of analyzing these administrative actions, which made the exploitation rights impossible, and which in turn allow for justifying the recovery of the damages caused. As a second grievance, he indicates, lack of reasoning. He reports that the Court validated the suppression of the acts declaring rights, which occurred without the respective lesivity (*lesividad*) or absolute nullity process contemplated in Article 173 of the *Ley General de la Administración Pública* (LGAP). He does not know why the Court simply stated that the Environmental Viability (*Viabilidad Ambiental*) never deployed its effects. He considers that the Court failed to rule on the illegality of the acts, as well as on the arguments set forth in the lawsuit and the amplification of grounds dated August 26, 2019. He insists that what they have sought in this proceeding is the declaration of non-conformity of the acts with the legal system, with the eventual compensation for damages caused since their issuance. He affirms that the Environmental Viability (*Viabilidad Ambiental*) did not have suspended effects, and even if it did, the same resolution indicates that its term was 1 year, but only as a recommendation (Article 9 of the *Código de Minería*). He adds that he does not know the Court's reasons for concluding that the Viability (*Viabilidad*) granted was conditioned, which he does not share due to the subsequent behavior of the defendant party and its own, the correct interpretation of the administrative legal rules, as well as the language of the resolutions themselves that granted the Environmental Viability (*Viabilidad Ambiental*). He also believes that the judges failed to consider Article 9 of the *Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental* (RGPEIA), and the possibility of granting environmental viability over unregistered properties.

**Cassation appeal for violation of substantive rules.**

**III.-** First ground, he alleges, direct violation of law, among them, numeral 9 of the RGPEIA. He highlights that this rule authorizes the Developer who is not the registered owner of the property to execute the project on said property. In this specific case, the possession rights were transferred since the 1930s. In any case, the legal presumption that these belong to the State (*Estado*) prompted him to request the respective concession (*concesión*) from the competent Public Bodies, which was granted. The foregoing, he points out, was not considered by the Court, and it takes for granted that the Developer must be the owner. In turn, there is a lack of application of Articles 6, 303, 199 paragraph 2 of the LGAP, and numeral 2 of the *Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República*. He emphasizes that there is a hierarchy of norms that the Court omitted, since there is a special law that regulates the matter of quarry exploitation concessions (concesiones de explotación de canteras) (*Código de Minería*), which does not require being the owner of the property as a condition for granting a concession (*concesión*). The Code (*Código*) is above the SETENA Regulation (*Reglamento de SETENA*), and, in addition, there is a criterion from the *Procuraduría General de la República* (PGR) that so states, with that opinion being binding for the entire Public Administration. Likewise, there is a lack of application of ordinal numbers 486 of the Civil Code (*Código Civil*), 11 of the *Ley de Tierras y Colonización*, first numeral of the *Código de Minería*, and Article 1 of the *Ley de Informaciones Posesorias*. He believes that from a harmonious analysis of those regulations, it can be extracted that land not registered under the name of individuals, by legal presumption belongs to the State (*Estado*), which can grant it in concession (*concesión*), which happened in the present proceeding. Therefore, the imposition of presenting the certification of ownership that is required is impossible. Subsequently, he points out that there is a violation of Article 132 paragraph 4 of the LGAP due to improper application, as the debated judgment incurs a contradiction by indicating that the Environmental Viability (*Viabilidad Ambiental*) was subject to a suspensive condition, affirming that the plaintiff had a fixed and determined term, which reflects ignorance about suspensive conditions, since these are subject to future and uncertain acts or events, and not, as the Court emphasizes, a requirement that the legal system does not demand (certification of ownership). Subsequently, he alleges violation of Articles 49 paragraph 2 of the Political Constitution (*Constitución Política*), 131.1, 132, 133, 145, 158.1, 166, 173, 199, 303 of the LGAP, 1.1 of the *Código Procesal Contencioso Administrativo* (CPCA), and 2 of the *Ley Orgánica de la PGR*. By pointing out the existence of a suspensive condition as has been said -he adds-, there is a clear deviation of power consisting of both SETENA and the *Dirección de Geología y Minas* deviating from the PGR's opinion. Also, he alleges violation of Articles 67, 129, 131, 132, 133 of the LGAP, 49 of the Constitution (*Constitucional*), 1 of the CPCA, 17 of the *Ley Orgánica del Ambiente*, 67 of the *Código de Minería*, 6 section 8 of the *Reglamento al Código de Minería*. He adds that the *Dirección de Geología y Minas* was not the competent body to determine whether a project has or does not have environmental viability, rather, it is the responsibility of SETENA (Article 17 of the *Ley Orgánica del Ambiente*). In the same sense, the competent body to cancel a concession (*concesión*) is the Ministry of Economy, Industry, and Commerce (*Ministerio de Economía, Industria y Comercio*, MEIC), so the *Dirección de Geología y Minas* usurped the powers proper to another administrative body (Article 6 section 8 of the *Reglamento al Código de Minería*). Subsequently, he argues that numeral 67 of the *Código de Minería* establishes the due process for cases in which the cancellation of a concession (*concesión*) proceeds, stating that "the conditions for granting a concession (*concesión*) must be expressly contemplated in a rule, otherwise, there would be no condition to fulfill." Furthermore, he considers that he was not given the respective procedure that the rule provides. He warns that the resolution granting the concession (*concesión*) (No. R-577-2013-MINAE of December 2, 2013) never made reference to the requirement to present a registration certification or permit from the owner of the property where the deposit would be exploited. All of the foregoing, he mentions, violates the elements of purpose and motive of the challenged administrative acts. Second ground for cassation, he sets forth, improper evidentiary assessment, as well as proven or unproven facts in contradiction with the evidence appearing in the proceeding. He adds that from a careful reading of the agreements that granted environmental impact and environmental viability, it is observed that these were approved and granted without any suspensive condition. The foregoing is verified insofar as, once the environmental viability was granted, the project immediately began to be executed. He adds that, for various reasons, the possessory information proceedings (*diligencias de información posesoria*) have not been successfully approved, nor has registration in the Public Property Registry (*Registro Público de la Propiedad*) been obtained. He further states that, even if such a condition were admitted, it has not been breached, since to this day the land has not been able to be registered under the plaintiff's name. Therefore, the cancellation of the concession (*concesión*) based on the failure to fulfill the aforementioned suspensive condition would be null. Subsequently, he mentions that the Court did not analyze the literal text of resolutions No. 1836-2013-SETENA and 577-2013-MINAE, since, in the first resolution, SETENA recognizes that the property is being attempted to be registered through possessory information proceedings (*diligencias de información posesoria*). He insists that "recommending" cannot be legally confused with "conditioning" as the judges do, as they are two openly different concepts. Even resolution No. 577-2013-MINAE indicates in its results 3 and 6 that the environmental viability is granted, leaving the environmental management stage open, that is, the commencement of activities, works, or projects. Then, he points out, in any case, the commencement term for that non-existent suspensive condition would be from the registration of the land in the Public Registry (*Registro Público*), a term within which the party would have to present the certification (10 days). He concludes by requesting that a date and time be set for an oral hearing.

**IV.-** In relevant part, the *Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda* stated: "...the company Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. requested from SETENA the corresponding environmental viability to develop the Tajo Asunción Project on an unregistered land, providing, for such purposes, the cadastral map number L-186399-1994. It was thus that, in response to the request filed by the mentioned company, SETENA first required it, through resolution 2135-2011-SETENA of September 6, 2011, to submit an Environmental Impact Study (*Estudio de Impacto Ambiental*), and then, through resolution R-2198-2012-SETENA of August 24, 2012, to provide, within a maximum period of six months, the presentation of several requirements, among them, the registration certification of the property where the activity, work, or project would be carried out. Precisely due to this last requirement made, and by virtue of the fact that the company did not have the registration of the property and therefore, could not provide the requested certification (...) As can be deduced from the foregoing, SETENA's legal criterion confirmed the mandatory nature of having the certification of ownership of the property in order to grant a valid and effective environmental viability that would confer a right to the applicant (...) From the foregoing transcription, this Court deduces with absolute clarity that the resolution of environmental viability granted to the company was conditioned from the very beginning, even by express request of its own legal representative, among other things, and most importantly for the purposes of what is discussed here, on the presentation of the certification of ownership of the property where the activity would be developed. Without any doubt, we repeat, in the cited resolution No. 1836-2013-SETENA, the Administration conferred the required environmental viability on the project of the company Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., but under a suspensive condition, with the reservation that within a period of one year it should provide the certification of ownership regarding the property whose cadastral map corresponded to L-186399-94, clearly warning it that in case of non-compliance, it could be subject to normative sanctions, and even the archiving of the file (...) Likewise, in Article 9 section 4 of the *Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación Ambiental*, Executive Decree (*Decreto Ejecutivo*) No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, as part of the documentation that must be attached by the applicant, is the presentation of a certification of ownership of the property where the activity, work, or project would be developed, which, we insist, was fully known by the representation of the company Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., which it did not fulfill either at the time of presenting its initial request, or within the required term. And it must also be highlighted here, as the Court specified in the proven facts, that the company made at least two requests for extension of the granted term for the purpose of providing the required certification, one on June 25, 2014, and another on May 5, 2015, thereby accepting the obligation it had to fulfill a sine qua non regulatory requirement, which even today, at the time of issuing this judgment, it has not managed to prove. By virtue of the foregoing, it is the criterion of this Chamber that the above-cited resolution No. 1836-2013-SETENA was always conditional, so that despite being valid, it did not fulfill the effectiveness requirement to achieve the perfection of the act and deploy its legal effects, which implies that it could not ultimately confer a true subjective right on the plaintiff company, but only a mere expectation, which in order to be consolidated depended exclusively on the company itself, by simply providing the requirement that its own representative committed to fulfill, that is, the certification of ownership of the property (...) Consequently, detecting the Administration, in an exercise that could even be considered one of mere verification, that once the term was granted in the environmental viability conferred conditionally, in order to comply with an obligation established in the legal system that governs environmental matters, such as the presentation of the certification of ownership of the property where the developer Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. intended to operate, and not achieving its proof even at the time of issuing this judgment, the logical consequential result was to render without effect the act granted by SETENA due to the inaction of the interested party itself, non-compliance which, being taken as proven, left no other option but to render without effect the act of viability subject to condition and archive the file, as well as the one related to the concession (*concesión*), as its operation and exploitation was not feasible without the environmental viability condition granted by SETENA, a situation that was duly resolved through administrative acts in accordance with the law." –

**V.-** Regarding the procedural grievances, the cassation appellant alleges incongruence (extra-petita and citra/minima petita), as he considers that the Court failed to analyze two administrative actions for which he has sought their nullity (resolutions No. 1274-2014-SETENA and No. 645 of the *Dirección de Geología y Minas*). For its part, the challenged judgment stated the following: "...it is the criterion of this Court that the challenged resolutions are in accordance with the law, and indeed some of them, as will be discussed infra, were suppressed by the Administration itself, such as for example No. 1274-2014-SETENA of 11:00 a.m. on June 26, 2014, identified with the letter a) in the main list of claims of the plaintiff and No. 645 of 2:00 p.m. on June 30, 2014, issued by the *Dirección de Geología y Minas*, *Registro Nacional Minero*, specified with the letter b) in the list of claims of the lawsuit, through which at the time the suspension of the act granting environmental viability and of clearing works, material extraction, and breaking thereof had been precautionarily ordered, which were later rendered without effect by virtue of the issuance of subsequent resolutions by SETENA and the same *Dirección de Geología y Minas*, so there is a lack of interest in issuing any pronouncement regarding them." Carrying out the respective comparison, it is verified that the Court did analyze the alleged administrative actions, considering the existence of a lack of interest, since said resolutions were suppressed by subsequent administrative resolutions, making it pointless to issue any pronouncement on those actions that disappeared from the legal world. For this reason, the Court does not incur the alleged omission, and what the appellant does is reproach that the judgment denied his annulment claim. For this reason, the grievance is rejected.

**VI.-** Second procedural ground, he noted a lack of reasoning. He stated that the Court validated the suppression of the administrative acts that granted environmental viability, without the substance of the lesivity (*lesividad*) or absolute nullity process contemplated in numeral 173 of the LGAP having occurred. He warns that he does not understand the Court's reasoning to endorse said suppression. As is well known, this procedural cause corresponds to that defenselessness that prevents the affected party from knowing the reasons why the matter was resolved, making it impossible for them to allege and, in turn, prove before the superior court, the opposite of the reasoning given by the judge in their judgment. In other words, a lack of reasoning analyzes the total absence of grounds, or, if grounds exist, that they are seriously confusing or openly contradictory. However, for this Collegiate Body, the judgment has been clear in stating the following: "...there was also no violation of due process, since what the Administration did was to carry out an exercise of mere verification; upon the requirement not being fulfilled, the environmental viability was simply rendered without effect. Therefore, we consider that no nullity procedure was required nor was any declaration of lesivity (*lesividad*) needed to be processed, being in the presence of an act subject to a suspensive condition. And here it is worth clarifying that Opinion C-043-2015 issued at the time by the *Procuraduría General de la República*, was related to the requirement for nullity of resolution R-577-2013-MINAE, but not of the environmental viability, with the Procuracy Body (*Órgano Procurador*) rather ordering that the Administration should assess the existence of any nullity that would warrant the declaration of lesivity (*lesividad*) of the resolution that granted the concession (*concesión*) or of any other final administrative act declaring rights. Precisely that assessment was carried out, with SETENA concluding that since the environmental viability had been granted conditionally and it was detected that the company did not fulfill the missing requirement, the appropriate action was to render without effect the act issued under a condition." The intangibility of one's own acts is a rule that responds to the possibility of reviewing an act declaring rights, which is not the case here. This Body does not consider that we are in the presence of an act that granted subjective rights, as it was issued subject to a condition of simple verification that did not occur. By understanding and analyzing it in that way, the alleged defect does not occur, and what the party raises is disagreement with the resolution, which prevents breaking the ruling. It is not observed that the Court's reasoning, regarding the acts not having legal effects and their analysis therefore lacking current interest, is rebutted. As no absence of reasoning is observed, or that it was confusing or contradictory, the ground raised is rejected.

**VII.-** Regarding the substantive reasons, in summary, the appellant indicates that numeral 9 of the RGPEIA authorizes the execution of Projects on properties that are not owned by the Developers. The foregoing, he considers, was not assessed by the Court, which takes it for granted that the Developer must be the owner of the property. Furthermore, that reasoning violates the *Código de Minería* as a special law on concessions and quarry exploitation, because said law does not establish that requirement. The foregoing, he stated, was opined by the PGR itself, which is binding for the entire Public Administration. Then, he warned that there is a total lack of knowledge on the part of the judges regarding the nature of the suspensive conditions of acts, since these are subject to future and uncertain situations, which does not resemble demanding a requirement that the legal system does not demand. In the first place, the administrative act that grants environmental viability in a suspensive manner is administrative resolution No. 1836-2013-SETENA of 11:45 a.m. on July 10, 2013, which, relevantly, stated: "FIRST: Approve the Environmental Impact Study (EsIA), the complementary information provided, and the Sworn Statement of Environmental Commitments (*Declaración Jurada de Compromisos Ambientales*), submitted for evaluation by the developer. SECOND: Order Mr. Gerardo Enrique Arias Cruz (...) legal representative of the company Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. (...) You must provide certification of ownership of the project area, in accordance with the principle of proportionality and reasonableness to fulfill said condition, it is recommended to grant a period of one year for the presentation of the requirement, which may be extended if the provisions of Article 258 of the *Ley General de la Administración Pública* are complied with. The foregoing to avoid keeping a file open for an indefinite term. In the same vein, it is recommended that once Registration in the Public Registry (*Registro Público*) is obtained, a period of ten business days be granted for the presentation to this Secretariat of the certification of ownership. All the foregoing under penalty of the file being archived if the terms and requirements indicated herein are not met (...) FOURTH: Failure to comply with the requirements of this Secretariat, as well as with any of the obligations contracted in the Environmental Impact Study, the Sworn Statement of Environmental Commitments, and the environmental measures in Form D1; may be sanctioned in accordance with the provisions of Article 99 of the *Ley Orgánica del Ambiente*, as well as other current legislation. FIFTH: Inform the interested party that, in accordance with Articles 17, 18 and 18 of the *Ley Orgánica del Ambiente*, the environmental evaluation procedure for the project has been completed (...) Therefore, ENVIRONMENTAL VIABILITY is granted to the project, initiating the Environmental Management stage (...)". The foregoing, protected by Article 9 of the *Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental*, which highlights the following: "Article 9– Environmental Assessment Documents: (...) Documentation to be attached to D1: (...) 4) A certification of ownership or property where the activity, work, or project will be developed, or in its place, a copy with the original, to be verified before the SETENA official who has public faith. In the event that the developer is not the owner of the property, they must also attach a letter of authorization from the owner to the developer, whose signature must be authenticated by a notary public, or otherwise, the owner must appear with their identity card at the SETENA offices to sign before the designated public official, so that they attest to the authenticity of their signature. Exempt from the requirement to present the Certification of Property Ownership established in the preceding paragraph are Telecommunications Infrastructure Development Projects that address the objectives of Universal Access, Universal Service, and Solidarity included in the Annual Plan of Programs and Projects of the *Fondo Nacional de Telecomunicaciones* in accordance with the goals established in the *Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones*, which are implemented in areas of properties that have not been registered in the *Registro de Bienes Inmuebles* of the *Registro Nacional*, but whose possessors fall under the scenario contained in Article 307 of the *Código Civil*, Law No. 63 of September 28, 1887". As can be observed, for this Chamber, the challenged administrative act does contain a suspensive condition for its legal effectiveness (*eficacia*), that is, the fulfillment of a requirement established in the regulation, such as the presentation of the certification of ownership of the property where the project would be carried out. In the specific case, the effectiveness was referred to the requirement established in the legal system (*Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental*) so that said administrative actions could produce the intended effects. Therefore, this Chamber agrees with the challenged judgment, which states that the legal effectiveness (*eficacia*) of the administrative act was subject to the presentation of the registration certification, and until that requirement was fulfilled, the cited administrative acts could not become effective. That suspensive content derived indisputably from the need to comply with the effectiveness requirement established in the aforementioned regulation (numeral 9 of the *Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental*). As can be observed, the foregoing regulation authorizes the execution of projects on properties not owned by the Developers, however, it admits it under the fulfillment of a series of conditions already cited, which are not those of the appellant. In summary, as the suspensive condition was not fulfilled, the conditioned act could not produce effects.

For its part, the Organic Law of the Environment, in its numeral 17, indicates that any human activity that generates an impact on the environment, or generates waste, toxic or hazardous materials, requires environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental) and certifications by SETENA. Moreover, there is no improper evidentiary assessment in relation to agreements No. 054-2013 of July 9, 2013, of the Plenary Commission of SETENA, and resolution No. 1836-2013-SETENA of July 10, 2013, from which it can be extracted that the environmental viability (viabilidad ambiental) was granted conditionally as already indicated. In fact, the contested judgment is correct in pointing out that the plaintiff itself consented to those administrative acts (facts not refuted in the cassation appeal), by noting the following administratively: "…Mr. Gerardo Enrique Arias Cruz, in his capacity as legal representative, presented a note to SETENA on March 19, 2013, where he requested the approval of the environmental assessment (evaluación ambiental) of the promoted project, expressly stating, in relation to the requirement established in Article 9 of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental) that provides for the submission of a certification of ownership or property where the activity, work, or project will be developed, that: '(…) We will be attaching this requirement promptly to the concession file as soon as it is possible for us.- Notwithstanding the foregoing and in accordance with the provisions of Article 145 of the General Law of Public Administration, THE ENVIRONMENTAL APPROVAL that we request to be issued, MAY BE ISSUED SUBJECT TO THE SUBSEQUENT FULFILLMENT OF THIS REQUIREMENT as our current regulations well accept and enshrine. We see here, then, the first aspect of relevance for what will have to be resolved, which is that it was the very company now suing, which requested SETENA, motu proprio, the granting of the conditional environmental approval, by voluntarily stating that it could be issued subject to the fulfillment of the requirement established by Article 9 of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures, which it knew and that it would fulfill the missing requirement, i.e., the certification of ownership, as soon as it was possible (…) Subsequently, it is also accredited, that on June 13, 2013, Mr. Arias Cruz as attorney-in-fact of the company presented a sworn statement, where among other things he undertook to comply with each and every one of the environmental commitments (compromisos ambientales) acquired during the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) process, the complementary technical studies, and other annex information of the presented project, expressly stating knowledge of the terms and scope of the Organic Law of the Environment No. 7554 and of Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures, expressly declaring, for what matters here, that: "(…) the failure to comply with these (sic) commitments on the part of the developer shall make me directly responsible for the environmental damage produced and liable for the sanctions established by the current regulations (…)". We see again, then, a free and spontaneous declaration of will by the company's representative, taking responsibility for the breaches of his principal and accepting the sanctions that the current regulations establish, which, of course, encompass both the legal and the regulatory ones." In other words, the plaintiff did not issue any opposition to the requirements requested by the Public Administration, its express consent being constituted by undertaking to attach the required certification, and also accepting the regulatory sanctions for omitting said requirement, which reinforces the fact that the environmental viability (viabilidad ambiental) was effectively conditional, so the allegations regarding whether or not the land belonged to the State are also not receivable, since the plaintiff knew very well its procedure before SETENA, as well as the documentary burden it was obligating itself to. Based on the foregoing, the grievances are rejected.

VIII.- Regarding the arguments outlined concerning the nullity of the acts for them lacking competence, this Chamber agrees with what was said by the Tribunal, which repeatedly points out that, beyond the compliance with the validity of the acts, that is, whether they are lawful or not, the truth of the matter is that they failed to produce effects in the administrative venue as has already been indicated. Therefore, the appellant's challenge regarding the essential elements of the issued administrative acts is sterile, since these never produced legal effects (efficacy), and therefore never attained their perfection, that is, validity plus efficacy to produce legal consequences.

IX.- Regarding the request to hold an oral hearing, as contemplated by precept 142 of the CPCA, this Chamber considers that, for the specific case, it is not deemed that said process is pertinent taking into consideration the manner in which it is resolved, and also that the basis of the appeal was expressed at the time of filing. This being so, since the procedural Code provides that the scheduling of an oral hearing is discretionary for the body hearing the cassation appeal, the request shall be rejected.

X.- By virtue of the foregoing, it is appropriate to reject the cassation appeal, with its costs to be borne by the appellant (mandate 150 subsection 3) of the CPCA).

POR TANTO

The appeal filed is declared without merit. Costs are to be borne by the appellant.

 

	


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LUIS GUILLERMO RIVAS LOAICIGA - MAGISTRADO/A

	

 






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IRIS ROCIO ROJAS MORALES - MAGISTRADO/A

	

 

	


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DAMARIS MARIA VARGAS VASQUEZ - MAGISTRADO/A





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IGNACIO JOSE MONGE DOBLES - MAGISTRADO/A

	

 

	


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JORGE LEIVA POVEDA - MAGISTRADO/A

 

Telephones: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email [email protected]

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SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República