Res. 00239-2025 Sala Primera de la Corte — Enforcement of constitutional ruling for environmental harm — state liability for failure to enforce sanitary orderEjecución de sentencia constitucional por daño ambiental — responsabilidad del Estado por omisión en hacer cumplir orden sanitaria

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Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 00239 - 2025

Fecha de la Resolución: 20 de Febrero del 2025 a las 11:44

Expediente: 20-000779-1028-CA

Redactado por: Carlos Guillermo Zamora Campos

Clase de asunto: Proceso de ejecución de sentencia

Analizado por: SALA PRIMERA



Sentencias del mismo expediente


Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Contencioso Administrativo

Tema: Contaminación

Subtemas:

Daño ambiental.

La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo en contra del Ministerio de Salud y una Municipalidad, ordenándoles atender la situación generadora de contaminación ambiental grave (desfogue de aguas residuales de una urbanización en la propiedad colindante); así como el pago de los daños y perjuicios causados a favor de la amparada. Por su parte, el Juzgado Contencioso Administrativo declaró parcialmente con lugar la ejecución de la sentencia constitucional. Esta Sala descarta la alegada vulneración a la valoración de la prueba pericial, por cuanto el Tribunal se ha servido de la misma para sustentar técnicamente la magnitud y dimensión del daño ocasionado, mientras la comprobación de la responsabilidad del Estado en esa situación está dada por otros medios: sentencia ejecutada de la Sala Constitucional y una orden sanitaria (voto 239-F-2025).

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Contencioso Administrativo

Tema: Legitimación

Subtemas:

Ejecución de sentencia.

Tema: Ejecución de sentencia

Subtemas:

Legitimación.

Esta Sala comparte el criterio del A Quo de rechazar la falta de legitimación pasiva del Estado, en tanto esa legitimación viene desde la responsabilidad establecida en la sentencia constitucional, donde se estableció la falta de medidas necesarias y suficientes para materializar o darle cumplimiento a una orden sanitaria (voto 239-F-2025).

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Contencioso Administrativo

Tema: Recurso de casación

Subtemas:

Costas.

Se declara sin lugar el recurso, debiendo su promovente asumir las costas causadas con su ejercicio (voto 239-F-2025).

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Texto de la resolución

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Exp. 20-000779-1028-CA

Res. 000239-F-S1-2025

 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas cuarenta y cuatro minutos del veinte de febrero de dos mil veinticinco .

 En el proceso de ejecución de sentencia constitucional, establecido por EL GAVILÁN MURILLO Y VARGAS, SOCIEDAD ANÓNIMA por medio de su Presidente con Facultades de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma, Miguel Ángel Murillo Elizondo, contra la MUNICIPALIDAD DE CAÑAS (en lo sucesivo, la municipalidad o el municipio), por medio de su Alcalde, Alexander Elizondo Duarte, y anteriormente en la misma calidad por Luis Fernando Mendoza Jiménez, y el ESTADO por medio de su Procuradora, Berta Eugenia Marín González, fue admitido el recurso de casación interpuesto por este último demandado contra la sentencia número 1629-2023 de las 11:04 horas del 9 de agosto de 2023, dictada por la Jueza Nancy Allen Umaña del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. La parte actora comparece representada por su Apoderado Especial Judicial, abogado Rubén Hernández Valle y anteriormente, en la misma calidad, el abogado Gerardo Mora Protti. Por su parte, el Municipio es representado por su Apoderado Especial Judicial, abogado Rafael Francisco Coto Ramírez y anteriormente por el abogado Carlos Espinoza Salas.

Redacta el magistrado Zamora Campos

CONSIDERANDO

 I.- La sociedad actora formuló su demanda alegando, en resumen, ser dueña de una finca ubicada en distrito de Cañas, cantón del mismo nombre, provincia de Guanacaste, inscrita registralmente con matrícula de Folio Real número 53076, con un área de 297.127,13 metros cuadrados; lo anterior, según plano catastrado número G-22401-1973. Esta finca colinda con un inmueble en el que se levantó la Urbanización Carolina, desarrollo de interés social donde la municipalidad cavó un canal para evacuar aguas residuales de esa urbanización, las cuales, desfogan directamente sobre el inmueble propiedad de la accionante atravesándole totalmente siendo consumidas por el ganado también propiedad de esa sociedad, lo cual, ha afectado su salud. Por tal motivo, la accionante procedió a realizar análisis de laboratorios ratificando la contaminación de esas aguas, lo cual, fue confirmado por el Ministerio de Salud en oficio CH-ARS-CÑ-343-18 emitido el 6 de septiembre de 2018, mismo que generó la orden sanitaria número RCHA.R.S.-CÑ-ERS-P.M.E-OS-51-2018 de 7 de septiembre de 2018. Añade «… [q]ue a la fecha se continúa el tránsito de las aguas residuales que se generan en la Urbanización Carolina sobre el inmueble de mi representada, provocando con ello la pérdida de terreno útil de dicha finca producto de la contaminación generada por dichas aguas sobre el terreno.». Así, dado el actuar abusivo de la municipalidad y el Ministerio de Salud en cuanto a hacer cumplir la orden sanitaria, procedió a interponer un recurso de amparo contra ambos, el cual fue resuelto mediante sentencia número 2019011274 de las 9:30 horas del 21 de junio de 2019 declarándolo con lugar y ordenándoles atender la situación generadora de contaminación ambiental grave, sumado a la cancelación de los daños y perjuicios causados a favor de la amparada. Sin embargo, a la fecha de presentación de la ejecución de sentencia, ni la municipalidad ni el Ministerio de Salud habían dado cumplimiento a lo ordenado por la Sala Constitucional generando aun la gravísima contaminación ambiental y la pérdida del terreno propiedad de la ejecutante sobre el cual cursan libremente las aguas residuales.

II.- Con fundamento en lo anterior, en la demanda de ejecución se solicitó condenar solidariamente a la Municipalidad de Cañas y al Estado al pago del daño moral objetivo, perjuicio material y honorarios del recurso de amparo, los intereses sobre las sumas adeudadas desde la fecha de la sentencia del recurso de amparo y hasta su efectivo pago, así como las costas de la ejecución, sumado a la indexación sobre todas las sumas adeudadas; rubros estimados en la misma demanda. A su respecto, ambos demandados contestaron la demanda de forma negativa: por su parte, el Municipio opuso la excepción de falta de derecho, mientras, el Estado opuso falta de legitimación pasiva. En sentencia número 1629-2023 de las 11:04 horas del 9 de agosto de 2023, la Juzgadora Nancy Allen Umaña del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda declaró parcialmente con lugar la ejecución. Así, en resumen, condenó a los accionados a pagar a favor de la sociedad ejecutante los siguientes rubros: ₡91.125.000,00 por concepto de daño material debiendo pagar cada uno la suma de ₡45.562.500,00; por costas del recurso de amparo, ₡150.000,00 debiendo cancelar cada uno ₡75.000,00; los intereses sobre las sumas aquí concedidas a partir de la firmeza de la sentencia y hasta su efectivo pago sumado al pago de ambas costas del proceso de ejecución de sentencia. Adicionalmente, sobre el monto a aprobar por costas otorgó los intereses legales a partir de la firmeza de la resolución que la conceda hasta el efectivo pago. Finalmente, el monto a fijar por costas será divisible entre los demandados conforme lo determina el artículo 73.3 del Código Procesal Civil. Inconforme, la representación estatal recurre en casación, cuyos motivos impugnativos son resumidos y analizados como a continuación se expone.

Recurso por razones sustantivas

III.- Con fundamento en el artículo 138 inciso a) en relación con el 82 inciso 4), ambos del CPCA y 41.5 del Código Procesal Civil (en lo sucesivo CPC), alega error de hecho en la valoración de la prueba pericial rendida por el Ingeniero Gabriel Madrigal González, toda vez que dicho peritaje señala: «En cuanto al valor de los daños; se puede determinar que la disminución de terrero derivado de la erosión del canal es de aproximadamente 490 metros…» (transcripción así consignada en el recurso de casación) realizando un detalle de la trayectoria del agua del alcantarillado pluvial de la Urbanización Carolina hasta interceptar la propiedad del actor. En relación con ello, apunta, al contestar la demanda y oponerse al peritaje, la representación estatal señaló la inexistencia de prueba sobre que, el daño a causa del canal cavado por la Municipalidad de Cañas, sea producto de la actuación del Ministerio de Salud por la infracción al principio de eficiencia de los servicios públicos por no tomar las medidas necesarias para que se cumpliera la orden sanitaria emitida contra la Municipalidad de Cañas y por no conformar la comisión interinstitucional recomendada, por cuanto, la parte actora únicamente alega que el daño emergente es consecuencia de las aguas que atraviesan su propiedad producto del canal cavado por el ente municipal, como quedó demostrado con el citado peritaje donde se detalla el trayecto de dichas aguas desde la Urbanización Carolina hasta la propiedad de la parte actora, sin concluir que el daño emergente sea producto de la actuación del Ministerio de Salud. Asimismo, en la audiencia de juicio, al oponerse al peritaje señaló la falta de legitimación pasiva del Estado (Ministerio de Salud) en relación al daño emergente, por cuanto, la municipalidad es un ente con personalidad y capacidad jurídica plena para ejecutar todo tipo de actos y contratos y cuenta con patrimonio propio, por ende, la misma debe ser quien responda por los daños causados con su accionar en el ejercicio de sus funciones y competencias propias y no el Estado, consecuentemente, en caso de considerarse el reconocimiento de ese daño, el ente municipal debe responder por ello al ser producto de la actuación municipal la realización del canal, por lo que existe una falta de legitimación pasiva del Estado en relación a la pretensión de daños materiales (daño emergente); así, solicitó el rechazo en relación al Ministerio de Salud. Seguidamente, añade, en cuanto a la aplicación del principio de univocidad de las costas señalado en el artículo 73.3 del Código Procesal Civil, esa Representación indicó su aplicación para el caso de reconocerse las costas del proceso de ejecución. Reprocha de la A Quo un error al valorar la prueba pericial, por cuanto, determina que el monto del daño emergente solicitado por la actora debe ser pagado en partes iguales por el Estado y la Municipalidad de Cañas, ya que en relación al Ministerio de Salud no adoptó las medidas correspondientes para que se dé el cumplimiento de la orden sanitaria emitida como resultado de la denuncia interpuesta por la ejecutante ante el problema de agua que pasa por su propiedad y que provienen de la urbanización Carolina, y al ser ambos condenados en sede Constitucional, el monto del daño emergente debe dividirse en partes iguales, no obstante, reitera la indebida valoración de la prueba pericial al ser inexistente el nexo causal entre el daño emergente señalado en el peritaje y la actuación del Ministerio de Salud, por cuanto, dicho peritaje detalla que el daño es por las aguas que atraviesan la propiedad producto de la erosión del canal cavado, pero sin concluir que el daño se deba a las actuaciones realizadas por el Ministerio de Salud; por ende, no existe prueba que permita demostrarlo, sumado a la falta de legitimación pasiva del Estado, por lo que, el municipio resulta como único responsable por el daño emergente causado a la propiedad de la parte actora debiendo rechazarse en su totalidad con relación al Ministerio de Salud y no reconocerse a pagar en partes iguales, por cuanto, si bien el Estado señaló el principio de univocidad de las costas, claramente señaló que era para el caso en que se reconociera al ejecutante el pago de las costas del recurso de amparo, y no para la totalidad de los montos que se llegaren a conceder en sentencia, por lo que no debe ser de aplicación en el daño emergente. En su criterio, la valoración de la prueba acorde con las normas establecidas en el ordenamiento jurídico, en especial bajo las reglas de la sana crítica tal y como manda el artículo 82 inciso 4 del CPCA y el 41.5 del Código Procesal Civil en aplicación supletoria del 220 del CPCA llevan a concluir que el daño emergente sufrido en la propiedad de la actora es producto de las aguas que atraviesan la propiedad producto de la erosión del canal que cavó el Ente Municipal, y no por la actuación del Ministerio de Salud al no tomar las medidas necesarias para que se cumpliera con la orden sanitaria RCH-A.R.SCÑ-ERS-P.M.E.-OS-51-2018 contra el señor alcalde municipal donde se le ordenó que: «... todos los proyectos de bien social por construir deben contar con sistemas de disposición de agua negras y servidas de acuerdo a la legislación aplicable vigente con alternativas de manejo; donde lo más recomendable es que tales proyectos dispongan de las aguas negras y servidas mediante alcantarillado sanitario pues su defecto de la instalación de plantas de tratamiento; de forma tal que se evite que los residentes se vean en la necesidad de proceder a la descarga de aguas servidas alcantarillado pluvial. 2. Designar un funcionario con las competencias y poder de decisión necesarias para que integran (sic) la Comisión interinstitucional para el manejo de aguas residuales en el cantón de Cañas.» (transcripción así consignada en el recurso de casación). Así, reitera, no hay un nexo de causalidad con la actuación del Ministerio de Salud y el daño emergente, lo que impone rechazar el daño emergente a su respecto y sea la municipalidad quien responda con su patrimonio por los daños que cause en el ejercicio de sus funciones, configurándose así una falta de legitimación pasiva del Estado.

IV.- Resolución del planteamiento recursivo. En su pronunciamiento sobre la responsabilidad del Estado en el presente caso, se observa una amplia fundamentación por parte del Juez A Quo, en ese sentido, posterior a su lectura y comprensión integral, se consignan los siguientes apartados concretos de interés a la solución de los extremos puntualmente impugnados: «… IV. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO: En el presente asunto, nos encontramos ante la ejecución de una Sentencia emanada de la Sala Constitucional de un Recurso de Amparo, en la cual se determinó la vulneración al principio de eficiencia de los servicios públicos, ya que se tuvo por probado que desde el 29 de febrero de 2016, la parte actora presentó en la oficina del Área de Salud de Cañas, Guanacaste, una denuncia por la afectación de su propiedad por las aguas residuales que se generan de la Urbanización Carolina y sectores aledaños, por lo que el 2 de marzo de 2016, producto de la investigación, la autoridad de salud determinó que en la propiedad de la actora están ingresando aguas servidas que provienen del inmueble donde se encuentra ubicada la Área Rectora de Salud de Cañas, Guanacaste, pues determinaron además, que en esa urbanización se habían construido solamente tres viviendas, el cual dispone de un sistema de alcantarillado pluvial con pendiente hacia el sector que colinda con la propiedad del actor. Luego el 7 de septiembre de 2018, se emitió la orden sanitaria número RCH-A.R.S-CÑ-ERS-P.M.E.- OS-51-2018 contra el señor alcalde municipal donde se le ordenó lo siguiente: “ … todos los proyectos de bien social por construir deben contar con sistemas de disposición de agua negras y servidas de acuerdo a la legislación aplicable vigente con alternativas de manejo; donde lo más recomendable es que tales proyectos dispongan de las aguas negras y servidas mediante alcantarillado sanitario pues su defecto de la instalación de plantas de tratamiento; de forma tal que se evite que los residentes se vean en la necesidad de proceder a la descarga de aguas servidas alcantarillado pluvial. 2. Designar un funcionario con las competencias y poder de decisión necesarias para que integran la Comisión interinstitucional para el manejo de aguas residuales en el cantón de Cañas.”. Posteriormente, el 10 de septiembre de 2018, la Dirección del Área Rectora de Salud de Cañas recibe el oficio OFC-ALC-375-2018 suscrito por el Alcalde Municipal Cañas, donde informa que designa por parte de la Municipalidad de Cañas a la ingeniera Angie Díaz Espinosa, para integrar una comisión interinstitucional para el manejo de aguas residuales del control de cambios, que propone se conforme el Área Rectora de Salud. Teniendo claro los hechos, el Tribunal Constitucional, respecto a la falta de respuesta por parte del Área de Salud de Cañas, de la denuncia presentada por la parte actora, alegado al presentar el recurso de amparo, como violatoria a los derechos fundamentales, citaron que el Director del Área Rectora de Salud del Ministerio de Salud en Cañas, Guanacaste, admite que los hechos expuestos por la parte han sido del conocimiento de ese Ministerio desde el mes de febrero del 2016, lo cual afirmaron que han venido tomando una serie de acciones, sin embargo, los magistrados mencionaron que dichas acciones son insuficientes, ya que prevalece la falta de planificación al momento de desarrollar proyectos de vivienda, lo que requiere acciones interinstitucionales del Ministerio de Salud, la Municipalidad de Cañas y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que es el llamado a decidir el manejo de sistema alcantarillados sanitarios. El Ministerio de Salud, informó que como medida precautoria, ordenó a la Municipalidad, que los proyectos de vivienda deben necesariamente prever los sistemas para el tratamiento de aguas residuales, de tal manera que los usuarios no utilicen el cordón y caño como medio para depositar las aguas servidas, que en el presente caso están originando la problemática denunciada, sin embargo, a criterio de la Sala Constitucional, se menciona que, si bien a la parte actora por oficio ARSCN-O F-LAE-007-2016 del 15 de marzo de 2016, se le indicó sobre algunas acciones realizadas en relación a su denuncia, lo cierto es que no se desprende que se haya adoptado las medidas necesarias y suficientes, ni para que se cumpla la orden sanitaria emitida en el año 2018 a la Municipalidad de Cañas, ni para que se integre la comisión que se propone entre el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Cañas y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a fin de buscar una solución integral a los problemas que se originan por la deficiente disposición final de aguas residuales, por lo que, al no haberse resuelto y comunicado la denuncia y tampoco haberse adoptado las medidas correspondientes para que se dé el cumplimiento efectivo a las órdenes sanitarias emitidas, con ocasión de la denuncia número 041-2016, presentada por el actor, por la problemática de las aguas que pasan a su finca, proveniente de la Urbanización Carolina en Cañas, Guanacaste, declararon con lugar el recurso de amparo en contra del Ministerio de Salud, por lo que se dispuso de manera directa, que debían de realizar todas las acciones necesarias y pertinentes a fin de que se ejecute por parte de la Municipalidad recurrida, lo dispuesto en la orden sanitaria RCH-A.R.S-CÑ-ERS-P.M.E.- OS-51-2018 (…) La parte actora al referirse sobre el informe rendido por el perito judicial, el ingeniero Gabriel Madrigal González, manifestó estar al 100% conforme con lo dispuesto por el perito y la representación estatal, se opone al indicar que el daño emergente ahí mencionado no guarda una relación de causalidad con la actuación del Estado, ya que la parte ejecutante señala que se le ha causado un daño material que corresponde al daño emergente producto de la pérdida del valor de su terreno, el cual alega en el escrito de demanda que las aguas que pasan por su propiedad son producto del canal cavado por la Municipalidad de Cañas, de manera que el daño emergente señalado en dicho peritaje no es causado por una actuación del Ministerio de Salud al dictar la orden sanitaria RCH-A.R.SCÑ-ERSP. M.E.- OS-51-2018, que la Municipalidad de Cañas es un ente administrativo con personalidad y capacidad jurídica plena para ejecutar todo tipo de actos y contratos, que cuenta con patrimonio propio, por lo que debe ser la Municipalidad de Cañas quien responda por los daños que cause su accionar y no el Estado, por lo que los daños materiales (daño emergente) que alega el ejecutante que fue causado a su propiedad, no son producto de la actuación del Ministerio de Salud, por lo que interpone una falta de legitimación pasiva del Estado en relación a la pretensión de daños materiales, por lo que solicita que sea rechazado. En la audiencia mencionó como pretensión subsidiaria, que, si se admite algún monto, debe ser condenado por partes iguales. La Municipalidad de Cañas, a pesar de estar debidamente notificado de todo lo actuado en el proceso, no hizo manifestación alguna en cuando al informe realizado por el perito judicial. Estudiando el informe pericial de ingeniero Gabriel Madrigal González y el voto de la Sala Constitucional, base de este proceso, quedó por acreditado por medio de la inspección que realizó funcionarios del Ministerio de Salud de la localidad, que efectivamente las aguas servidas que vienen de la Urbanización Carolina ingresan a la propiedad de la parte actora, que se dispone de un alcantarillado pluvial con pendiente hacia el sector que colinda con la propiedad, que incluso como medida tomada por parte del Ministerio de Salud, se ordenó a la Municipalidad, que los proyectos de vivienda, deben de prever los sistemas para el tratamiento de aguas residuales de manera que no se utilice el cordón, ni caño como medio para depositar las mismas, lo cual estaba generando el problema denunciado por el actor en sede administrativa, en su propiedad. Ahora tomando en consideración las manifestaciones de la Firmado digital de: Municipalidad de Cañas al presentar la contestación, sobre la construcción del canal, si bien es cierto, ni en el voto de la Sala Constitucional, ni en el informe rendido por el perito judicial, se menciona o comprueba de que el canal realizado en la propiedad del actor, fue realizado por funcionarios de la Municipalidad, sí consta que las aguas residuales de las viviendas de la Urbanización Carolina, se descargan en la propiedad de la parte actora y al no resolver el problema dicha corporación, tomando las medidas u acciones pertinentes para que cada vivienda cuente con un sistema de disposición de aguas negras y servidas de acuerdo a la legislación con alternativas de manejo, para evitar que los residentes se vean en la necesidad de proceder a descargar las aguas servidas en el alcantarillado pluvial con pendiente hacia el sector que colinda con la propiedad del actor, es responsable de la afectación sufrida por la parte actora. Por otro lado, de lo indicado por la representación del Estado, de que no son responsables por no haber sido funcionarios del Ministerio de Salud los que hicieron el canal, debo reiterar que también fue condenado por el Tribunal Constitucional, por el hecho de que se mencionó, que no han realizado lo necesario para buscar solución integral a los problemas que se originaron por la deficiente disposición final de aguas residuales. No tomó medidas eficientes para que se diera el cumplimiento de la orden sanitaria, para resolver el problema de las aguas servidas que pasan por la finca del actor provenientes de la Urbanización citada. Por lo anterior, ambas instituciones son responsables de la afectación sufrida por el actor, que es una pérdida de porción de tierra, que ya no es útil, generando un daño emergente…». Como puede observarse, el A Quo realizó una amplia fundamentación sobre sus razones para establecer el daño ocasionado, a cargo del Estado (Ministerio de Salud), cuya responsabilidad viene dada desde la sentencia de la propia Sala Constitucional, quien echó de menos la adopción de medidas necesarias y suficientes para dar cumplimiento a la orden sanitaria emitida en el año 2018 a la Alcaldía ahí recurrida, ni para que se integrara la comisión propuesta entre ese Ministerio el gobierno local y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para buscar una solución integral a los problemas originados por la deficiente disposición final de aguas residuales. En ese sentido, puntualizó, al no haberse resuelto y comunicado la denuncia y tampoco haberse adoptado las medidas correspondientes para el cumplimento efectivo a las órdenes sanitarias emitidas con ocasión de la denuncia número 41-2016 presentada por la problemática de aguas que pasan por la finca del recurrente, provenientes de la Urbanización Carolina, estimó procedente acoger el recurso dirigido contra el Área de Salud de Cañas. En relación con lo anterior, el resultado del informe pericial representa la expresión técnica del daño ocasionado por las aguas que desembocan en la finca de la ahora ejecutante, y el hecho de no mencionarse la actuación del Ministerio de Salud no implica su falta de responsabilidad, cuando está plenamente probado que su conducta omisiva al procurar la materialización de la orden sanitaria ha propiciado la continuación del daño ocasionado. En ese sentido, se descarta la alegada vulneración a la valoración de la prueba pericial, por cuanto, el Tribunal se ha servido de la misma para sustentar técnicamente la magnitud y dimensión del daño ocasionado, mientras, la comprobación de la responsabilidad del Estado en esa situación está dada por otros medios: sentencia ejecutada de la Sala Constitucional y la orden sanitaria emitida cuyo seguimiento se ha echado de menos en la especie. Seguidamente, la Sala también comparte el criterio del A Quo de rechazar la falta de legitimación pasiva del Estado, en tanto, esa legitimación también viene desde la responsabilidad establecida en la sentencia constitucional, donde se estableció la falta de medidas necesarias y suficientes para materializar o darle cumplimiento a la orden sanitaria dictada en el año 2018. Por lo anterior, el reparo así formulado deviene improcedente.

V.- Corolario, en lo expresamente impugnado el recurso ha de declararse sin lugar debiendo su promovente asumir las costas causadas con su ejercicio.

POR TANTO

En lo impugnado, se declara sin lugar el recurso. Las costas causadas con su ejercicio corren a cargo de quien lo promovió. ERAMIREZCA

 

 

	

Rocío Rojas Morales

	

 




Damaris Vargas Vásquez

	

 

	

Jorge Leiva Poveda




Carlos Guillermo Zamora Campos

	

 

	

Ignacio Jose Monge Dobles

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 LDJSW9439D43O61

1

 

Clasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 08:38:10.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

FIRST DIVISION OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at eleven hours forty-four minutes on the twentieth of February of two thousand twenty-five.

In the constitutional judgment execution proceeding, brought by EL GAVILÁN MURILLO Y VARGAS, SOCIEDAD ANÓNIMA through its President with Powers of Unlimited General Attorney-in-Fact, Miguel Ángel Murillo Elizondo, against the MUNICIPALITY OF CAÑAS (hereinafter, the municipality), through its Mayor, Alexander Elizondo Duarte, and previously in the same capacity by Luis Fernando Mendoza Jiménez, and the STATE through its Procuradora, Berta Eugenia Marín González, the cassation appeal filed by this latter defendant against judgment number 1629-2023 of 11:04 a.m. on August 9, 2023, issued by Judge Nancy Allen Umaña of the Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, was admitted. The plaintiff party appears represented by its Special Judicial Attorney-in-Fact, attorney Rubén Hernández Valle, and previously, in the same capacity, attorney Gerardo Mora Protti. For its part, the Municipality is represented by its Special Judicial Attorney-in-Fact, attorney Rafael Francisco Coto Ramírez, and previously by attorney Carlos Espinoza Salas.

Drafted by Magistrate Zamora Campos

CONSIDERING

I.- The plaintiff corporation filed its lawsuit, alleging, in summary, that it is the owner of a property located in the district of Cañas, canton of the same name, province of Guanacaste, registered with Folio Real number 53076, with an area of 297,127.13 square meters; the foregoing, according to cadastral plan number G-22401-1973. This property borders a real estate on which the Urbanización Carolina was built, a social-interest development where the municipality dug a channel to evacuate wastewater from that development, which discharges directly onto the property owned by the plaintiff, traversing it entirely and being consumed by the cattle also owned by that corporation, which has affected their health. For this reason, the plaintiff proceeded to conduct laboratory analyses, ratifying the contamination of those waters, which was confirmed by the Ministry of Health in official communication CH-ARS-CÑ-343-18 issued on September 6, 2018, which generated the sanitary order number RCHA.R.S.-CÑ-ERS-P.M.E-OS-51-2018 of September 7, 2018. It adds "... that to date, the transit of wastewater generated in the Urbanización Carolina continues over my client's real estate, thereby causing the loss of usable land from said property as a result of the contamination generated by said waters on the land." Thus, given the abusive actions of the municipality and the Ministry of Health in terms of enforcing the sanitary order, it proceeded to file an amparo appeal against both, which was resolved by judgment number 2019011274 of 9:30 a.m. on June 21, 2019, declaring it with merit and ordering them to address the situation generating serious environmental pollution, in addition to the payment of damages and losses caused in favor of the amparo petitioner. However, as of the filing date of the judgment execution, neither the municipality nor the Ministry of Health had complied with what was ordered by the Sala Constitucional, still generating the extremely serious environmental contamination and the loss of land owned by the executing party over which the wastewater freely flows.

II.- Based on the foregoing, the execution lawsuit requested that the Municipality of Cañas and the State be jointly and severally ordered to pay objective moral damages, material loss, and the attorney's fees for the amparo appeal, interest on the sums owed from the date of the amparo appeal judgment until its effective payment, as well as the costs of the execution, in addition to indexation on all sums owed; items estimated in the same lawsuit. Regarding this, both defendants answered the lawsuit negatively: for its part, the Municipality raised the defense of lack of right, while the State raised the defense of lack of passive standing. In judgment number 1629-2023 of 11:04 a.m. on August 9, 2023, Judge Nancy Allen Umaña of the Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda partially granted the execution. Thus, in summary, she ordered the defendants to pay in favor of the executing corporation the following items: ₡91,125,000.00 for material damage, with each one having to pay the sum of ₡45,562,500.00; for costs of the amparo appeal, ₡150,000.00, with each one having to pay ₡75,000.00; interest on the sums granted herein from the finality of the judgment until its effective payment, in addition to the payment of both costs of the judgment execution proceeding. Additionally, on the amount to be approved for costs, she granted legal interest from the finality of the resolution granting it until effective payment. Finally, the amount to be set for costs shall be divisible among the defendants as determined by Article 73.3 of the Código Procesal Civil. Disagreeing, the State representation appeals in cassation, whose grounds for appeal are summarized and analyzed as set forth below.

Appeal for substantive reasons

III.- Based on Article 138, subsection a) in relation to Article 82, subsection 4), both of the CPCA, and Article 41.5 of the Código Procesal Civil (hereinafter CPC), it alleges an error of fact in the evaluation of the expert evidence rendered by Engineer Gabriel Madrigal González, since said expert report states: "Regarding the value of the damages; it can be determined that the decrease in land resulting from the erosion of the channel is approximately 490 meters..." (transcription as recorded in the cassation appeal), providing a detail of the trajectory of the water from the storm sewer of Urbanización Carolina until it intercepts the plaintiff's property. In relation to this, it points out, when answering the lawsuit and opposing the expert report, the State representation pointed out the lack of evidence that the damage caused by the channel dug by the Municipality of Cañas is a product of the Ministry of Health's action due to the violation of the principle of efficiency of public services by not taking the necessary measures to ensure compliance with the sanitary order issued against the Municipality of Cañas and by not forming the recommended inter-institutional commission, since the plaintiff party only alleges that the direct damage (daño emergente) is a consequence of the waters that cross its property as a product of the channel dug by the municipal entity, as was demonstrated with the aforementioned expert report detailing the path of said waters from the Urbanización Carolina to the property of the plaintiff party, without concluding that the direct damage is a product of the Ministry of Health's action. Likewise, at the trial hearing, when opposing the expert report, it pointed out the lack of passive standing of the State (Ministry of Health) in relation to the direct damage, since the municipality is an entity with full legal personality and capacity to execute all types of acts and contracts and has its own assets, therefore, the same must be the one to answer for damages caused by its actions in the exercise of its own functions and competencies, and not the State; consequently, if the recognition of that damage is considered, the municipal entity must answer for it as the construction of the channel was a product of the municipal action, so there is a lack of passive standing of the State in relation to the claim for material damages (direct damage); thus, it requested the rejection in relation to the Ministry of Health. Next, it adds, regarding the application of the principle of univocity of costs indicated in Article 73.3 of the Código Procesal Civil, that Representation indicated its application in the event that the costs of the execution proceeding were recognized. It reproaches the lower court judge for an error in evaluating the expert evidence, since she determined that the amount of direct damage requested by the plaintiff must be paid in equal parts by the State and the Municipality of Cañas, given that, in relation to the Ministry of Health, it did not adopt the corresponding measures to ensure compliance with the sanitary order issued as a result of the complaint filed by the executing party regarding the problem of water passing through its property and coming from the Urbanización Carolina, and since both were convicted in the Constitutional Court, the amount of direct damage must be divided into equal parts; however, it reiterates the improper evaluation of the expert evidence as the causal link between the direct damage indicated in the expert report and the Ministry of Health's action is nonexistent, given that said expert report details that the damage is due to the waters crossing the property as a product of the erosion of the dug channel, but without concluding that the damage is due to actions taken by the Ministry of Health; therefore, there is no evidence to demonstrate it, in addition to the lack of passive standing of the State, such that the municipality is the only responsible party for the direct damage caused to the plaintiff party's property, and it must be rejected in its entirety regarding the Ministry of Health and not recognized as payable in equal parts, given that, although the State indicated the principle of univocity of costs, it clearly indicated that this was for the event that the executing party was recognized the payment of the costs of the amparo appeal, and not for the entirety of the amounts that might be granted in the judgment, so it should not be applied to the direct damage. In its view, the evaluation of the evidence in accordance with the rules established in the legal system, especially under the rules of sound criticism as mandated by Article 82, subsection 4 of the CPCA and Article 41.5 of the Código Procesal Civil, in supplementary application of Article 220 of the CPCA, leads to the conclusion that the direct damage suffered on the plaintiff's property is a product of the waters crossing the property due to the erosion of the channel that the Municipal Entity dug, and not due to the Ministry of Health's action in failing to take the necessary measures to ensure compliance with sanitary order RCH-A.R.SCÑ-ERS-P.M.E.-OS-51-2018 against the municipal mayor, where he was ordered to: "... all social welfare projects to be built must have black and gray water disposal systems in accordance with the applicable legislation in force with management alternatives; where it is most advisable that such projects dispose of black and gray water by means of a sanitary sewer system, failing that, the installation of treatment plants; in such a way as to prevent residents from finding themselves in the need to discharge gray water into the storm sewer. 2. Designate an official with the necessary competencies and decision-making power to integrate the Inter-institutional Commission for the management of wastewater in the canton of Cañas." (transcription as recorded in the cassation appeal). Thus, it reiterates, there is no causal link with the Ministry of Health's action and the direct damage, which requires rejecting the direct damage with respect to it, and it is the municipality that should answer with its assets for the damages it causes in the exercise of its functions, thus configuring a lack of passive standing of the State.

IV.- Resolution of the appeal arguments. In her pronouncement on the State's responsibility in the present case, a broad reasoning by the lower court judge is observed; in that sense, after its comprehensive reading and understanding, the following specific sections of interest for the resolution of the specifically challenged points are recorded: "... IV. ON THE MERITS OF THE CASE: In the present matter, we are faced with the execution of a Judgment emanating from the Sala Constitucional on an Amparo Appeal, in which the violation of the principle of efficiency of public services was determined, since it was proven that since February 29, 2016, the plaintiff party filed a complaint at the office of the Health Area of Cañas, Guanacaste, regarding the affectation of its property by the wastewater generated from the Urbanización Carolina and surrounding sectors, so on March 2, 2016, as a product of the investigation, the health authority determined that gray water is entering the plaintiff's property which comes from the real estate where the Health Governing Area of Cañas, Guanacaste is located, since they also determined that in that development only three homes had been built, which has a storm sewer system with a slope towards the sector bordering the plaintiff's property. Then, on September 7, 2018, sanitary order number RCH-A.R.S-CÑ-ERS-P.M.E.- OS-51-2018 was issued against the municipal mayor, where he was ordered the following: '... all social welfare projects to be built must have black and gray water disposal systems in accordance with the applicable legislation in force with management alternatives; where it is most advisable that such projects dispose of black and gray water by means of a sanitary sewer system, failing that, the installation of treatment plants; in such a way as to prevent residents from finding themselves in the need to discharge gray water into the storm sewer. 2. Designate an official with the necessary competencies and decision-making power to integrate the Inter-institutional Commission for the management of wastewater in the canton of Cañas.' Subsequently, on September 10, 2018, the Directorate of the Health Governing Area of Cañas received official communication OFC-ALC-375-2018 signed by the Municipal Mayor of Cañas, where he informs that he designates, on behalf of the Municipality of Cañas, engineer Angie Díaz Espinosa, to integrate an inter-institutional commission for the management of wastewater from change control, which he proposes be formed by the Health Governing Area. Having clarified the facts, the Constitutional Court, regarding the lack of response from the Health Area of Cañas to the complaint filed by the plaintiff party, alleged when filing the amparo appeal as violating fundamental rights, cited that the Director of the Health Governing Area of the Ministry of Health in Cañas, Guanacaste, admits that the facts set forth by the party have been known to that Ministry since February 2016, which they affirmed they have been taking a series of actions; however, the magistrates mentioned that said actions are insufficient, since the lack of planning at the moment of developing housing projects prevails, which requires inter-institutional actions from the Ministry of Health, the Municipality of Cañas, and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, which is the entity called upon to decide the management of the sanitary sewer system. The Ministry of Health reported that as a precautionary measure, it ordered the Municipality that housing projects must necessarily provide for systems for the treatment of wastewater, in such a way that users do not use the curb and gutter as a means to deposit gray water, which in the present case is causing the denounced problem; however, in the opinion of the Constitutional Chamber, it is mentioned that, although the plaintiff party was informed by official communication ARSCN-O F-LAE-007-2016 of March 15, 2016, about some actions taken in relation to their complaint, the truth is that it cannot be inferred that the necessary and sufficient measures had been adopted, neither to ensure compliance with the sanitary order issued in 2018 to the Municipality of Cañas, nor to integrate the proposed commission among the Ministry of Health, the Municipality of Cañas, and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, in order to seek a comprehensive solution to the problems caused by the deficient final disposal of wastewater; therefore, since the complaint had not been resolved and communicated, nor had the corresponding measures been adopted to ensure effective compliance with the sanitary orders issued on the occasion of complaint number 041-2016, filed by the plaintiff regarding the problem of the waters that pass through his property, coming from the Urbanización Carolina in Cañas, Guanacaste, they declared the amparo appeal with merit against the Ministry of Health, such that it was directly ordered that they must take all necessary and pertinent actions so that the respondent Municipality executes what is set forth in sanitary order RCH-A.R.S-CÑ-ERS-P.M.E.- OS-51-2018 (...) When referring to the report rendered by the judicial expert, engineer Gabriel Madrigal González, the plaintiff party stated being 100% in agreement with what was set forth by the expert, and the State representation opposes, indicating that the direct damage mentioned therein does not bear a causal relationship with the State's action, since the executing party points out that it has suffered material damage corresponding to the direct damage resulting from the loss of value of its land, which it alleges in the lawsuit that the waters passing through its property are a product of the channel dug by the Municipality of Cañas, such that the direct damage indicated in said expert report is not caused by an action of the Ministry of Health in issuing sanitary order RCH-A.R.SCÑ-ERSP. M.E.- OS-51-2018, that the Municipality of Cañas is an administrative entity with full legal personality and capacity to execute all types of acts and contracts, which has its own assets, so it must be the Municipality of Cañas that answers for the damages caused by its actions and not the State; therefore, the material damages (direct damage) that the executing party alleges were caused to its property are not a product of the Ministry of Health's action, so it raises a lack of passive standing of the State in relation to the claim for material damages, for which reason it requests that it be rejected. At the hearing, it mentioned as a subsidiary claim that, if any amount is admitted, it must be ordered in equal parts. The Municipality of Cañas, despite being duly notified of all actions taken in the proceeding, made no statement regarding the report made by the judicial expert. Studying the expert report of engineer Gabriel Madrigal González and the ruling of the Constitutional Chamber, the basis of this proceeding, it was accredited by means of the inspection carried out by officials of the local Ministry of Health, that indeed the gray water coming from the Urbanización Carolina enters the property of the plaintiff party, that there is a storm sewer with a slope towards the sector bordering the property, that even as a measure taken by the Ministry of Health, the Municipality was ordered that housing projects must provide systems for the treatment of wastewater so that the curb and gutter are not used as a means to deposit the same, which was generating the problem denounced by the plaintiff in the administrative venue, on its property. Now, taking into consideration the statements of the digitally signed Municipality of Cañas when filing its answer, regarding the construction of the channel, although it is true that neither in the ruling of the Constitutional Chamber nor in the report rendered by the judicial expert is it mentioned or verified that the channel made on the plaintiff's property was made by officials of the Municipality, it is indeed recorded that the wastewater from the homes of Urbanización Carolina is discharged onto the plaintiff party's property; and by not resolving the problem, said corporation, taking the pertinent measures or actions so that each home has a black and gray water disposal system in accordance with the legislation, with management alternatives, to prevent residents from needing to discharge gray water into the storm sewer with a slope towards the sector bordering the plaintiff's property, is responsible for the affectation suffered by the plaintiff party. On the other hand, from what was indicated by the State's representation, that they are not responsible because it was not officials of the Ministry of Health who made the channel, I must reiterate that it was also convicted by the Constitutional Court, for the fact that it was mentioned that they have not done what is necessary to seek a comprehensive solution to the problems caused by the deficient final disposal of wastewater. It did not take efficient measures to ensure compliance with the sanitary order, to resolve the problem of the gray water passing through the plaintiff's property coming from the cited Urbanization. Therefore, both institutions are responsible for the affectation suffered by the plaintiff, which is a loss of a portion of land that is no longer useful, generating direct damage...". As can be observed, the lower court judge provided a broad reasoning for her grounds to establish the damage caused, at the charge of the State (Ministry of Health), whose responsibility derives from the judgment of the Sala Constitucional itself, which found the lack of adoption of necessary and sufficient measures to ensure compliance with the sanitary order issued in 2018 to the Mayor's Office therein appealed, nor to integrate the proposed commission between that Ministry, the local government, and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to seek a comprehensive solution to the problems caused by the deficient final disposal of wastewater. In that sense, it pointed out, since the complaint had not been resolved and communicated, nor had the corresponding measures been adopted for effective compliance with the sanitary orders issued on the occasion of complaint number 41-2016, filed due to the problem of waters passing through the appellant's property from the Urbanización Carolina, it deemed it appropriate to grant the appeal filed against the Health Area of Cañas. In relation to the foregoing, the result of the expert report represents the technical expression of the damage caused by the waters that flow into the property of the now executing party, and the fact that the Ministry of Health's action is not mentioned does not imply its lack of responsibility, when it is fully proven that its omission in procuring the materialization of the sanitary order has led to the continuation of the damage caused. In that sense, the alleged violation of the evaluation of the expert evidence is dismissed, since the Court has used it to technically support the magnitude and dimension of the damage caused, while the verification of the State's responsibility in that situation is provided by other means: the executed judgment of the Constitutional Chamber and the sanitary order issued whose follow-up has been lacking in this instance. Next, the Division also shares the lower court judge's criterion of rejecting the State's lack of passive standing, insofar as that standing also derives from the responsibility established in the constitutional judgment, where the lack of necessary and sufficient measures to materialize or comply with the sanitary order issued in the year 2018 was established. Therefore, the objection thus formulated is without merit.

V.- Corollary, in what has been expressly challenged, the appeal must be declared without merit, and its promoter must assume the costs caused by its exercise.

THEREFORE

In what has been challenged, the appeal is declared without merit. The costs caused by its exercise shall be borne by the party who promoted it. ERAMIREZCA