Res. 00389-2025 Sala Primera de la Corte — Jurisdiction for Collection of TAA Environmental IndemnityCompetencia para cobro de indemnización ambiental del TAA

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Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 00389 - 2025

Fecha de la Resolución: 07 de Marzo del 2025 a las 08:50

Expediente: 24-000824-1763-CJ

Redactado por: Luis Guillermo Rivas Loáiciga

Clase de asunto: MONITORIO DINERARIO

Analizado por: SALA PRIMERA





Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Cobro Judicial

Tema: Conflicto de competencia

Subtemas:

Cobro.
Competencia por territorio.
Proceso monitorio.

El objeto del presente proceso consiste en el cobro de un monto líquido establecido en una certificación emitida por el presidente del Tribunal Ambiental Administrativo del Ministerio de Ambiente y Energía, con fundamento en el artículo 111.c de la Ley Orgánica del Ambiente. Según los artículos 110.1.1 del Código Procesal Civil, 204 y 210 de la Ley General de la Administración Pública, este caso se debe dilucidar mediante el procedimiento de cobro. Al estarse dilucidando el cobro de obligaciones líquidas y exigibles, fundada en documento público o privado, con o sin fuerza ejecutiva, el presente asunto deberá tramitarse mediante un proceso monitorio dinerario. Conforme el ordinal 8.3.3 del Código Procesal Civil, la competencia la tiene el juzgado del lugar donde queda el domicilio de los demandados, que en este caso es Curridabat; siendo competente en razón de la materia y el territorio el Juzgado Especializado de Cobro del Segundo Circuito Judicial de San José (sesión n° 40-18 celebrada el 27/08/2018 y publicada en circular de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia n° 117-18 del 17/09/2018, así como el numeral 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) (voto 389-C-2025).

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Citas de Legislación y Doctrina
Texto de la resolución

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Exp. 24-000824-1763-CJ

Res. 000389-C-S1-2025

 

 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las ocho horas cincuenta minutos del siete de marzo de dos mil veinticinco .-

 En proceso monitorio dinerario del ESTADO, representado por el licenciado Luis Felipe Solano Ramirez, en calidad de procurador A, contra las señoras JOHANNA VILLEGAS SALAS, MARLENE ESQUIVEL SEGURA y el señor HUGO MESÉN RODRÍGUEZ, el Juzgado Especializado de Cobro del Segundo Circuito Judicial de San José, sección primera, de oficio, se declaró incompetente por razón de la materia para conocer el presente asunto. La parte actora disconforme presentó recurso de apelación que fue conocido por el Tribunal Primero de Apelación Civil de San José que ordenó la remisión del asunto en consulta ante esta Sala.

CONSIDERANDO

 I.- Según escrito de demanda inicial presentado, por resolución número 1303-2019-TAA de las once horas con treinta y cinco minutos del día treinta y uno de julo del año dos mii diecinueve, el Tribunal Ambiental Administrativo declaró a todos los demandados responsables de ocasionar un daño ambiental, resolución que fue notificada en forma automática el día el día 31 de julio de 2019. En dicha resolución se le impuso la obligación de pagar a favor del Estado la suma de ¢2.210.000,00 por concepto de indemnización compensatoria de acuerdo con el artículo 99 inciso c de la Ley 7554, razón por la que el estado interpuso proceso monitorio dinerario para que en sentencia se declare lo siguiente: "PETITORIA. 1-Solicito se condene a las partes demandadas al pago de capital adeudado ¢2.210.000,00 más los intereses generados por tal suma desde el desde el 23 de octubre del 2020 (fecha de firmeza de la segunda intimación y exigibilidad de la deuda) al 09 de abril 2024, por un monto de ¢392.524,86. Cálculo realizado, de acuerdo con la tasa básica pasiva del Banco Nacional de Costa Rica, Intereses calculados: ₡392.524,86 Total calculado ₡2.602.524,86. 2- Igualmente, condénesele a los demandados, al pago de los intereses que se generen a futuro hasta la efectiva cancelación de la totalidad del adeudo, así como al pago de ambas costas de la presente acción. 3- Pido que se despache ejecución en contra de la parte accionada por la suma indicada por concepto de principal e intereses más el cincuenta por ciento de ley, y se decrete embargo de conformidad con lo estipulado en el artículo 86 del Código Procesal Civil vigente y se decrete embargo sobre cajas de seguridad, depósitos, cuentas corrientes y de ahorro que tenga en los Bancos que conforman el Sistema Bancario Nacional, incluyendo la Banca Privada: BANCO BAC SAN JOSÉ S.A. Apartado 5445-1000, BANCO CATHAY DE COSTA RICA S.A, Apartado 425-1000, BANCO DE COSTA RICA, Apdo. 10.035-1000 San José, BANCO DAVIVIENDA S.A. Apartado 7983-1000, LAFISE S.A. Apartado 5099-1000, BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, Apdo. 10.015-1000 San José, BANCO PROMÉRICA DE COSTA RICA S.A., Apartado 1289-1200, SCOTIABANK DE COSTA RICA S.A., Apartado 5395-1000, GRUPO MUTUAL ALAJUELA, LA VIVIENDA AHORRO Y PRÉSTAMO, Apdo. 533-4050, MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRÉSTAMO, Apdo. 268-750, BANCO IMPROSA S.A., apartad0 4-2300, BANCO BCT S.A., apanado 7698-10000, BANCO GENERAL (COSTA RICA S.A.), Escazú Urbanización Trejos Montealegre contiguo al Centro Corporativo El Cedral, BANCO POPULAR Apdo. 10.190-1000 San José. Estimo el proceso en la suma de ¢2.602.524,86 cantidad que abarca principal e intereses a la fecha de esta demanda.". (Según expediente electrónico: escrito de demanda inicial 10/04/2024).

 II.- El Juzgado Especializado de Cobro del Segundo Circuito Judicial de San José, mediante resolución número 2024003077 de las once horas dieciséis minutos del veintinueve de abril de dos mil veinticuatro, de oficio, se declaró incompetente por razón de la materia para conocer el presente asunto, consideró en lo medular: “La competencia de los tribunales civiles de primera instancia es asignada por los artículos 95, 95 bis y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como el artículo 711 del Código Procesal Civil ley número 7130 para la materia concursal. También corresponde a Juzgados de Cobro Judicial el trámite de pretensiones de cobro de obligaciones de dinero, por así disponerlo la Corte Suprema de Justicia, dada la autorización legal que le conceden los artículos 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 185 del Código Procesal Civil vigente. La (s) pretensión (es) establecida (s) en este proceso en relación con los hechos narrados en la demanda o gestión inicial, comprende lo siguiente: materia correspondiente a CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, ejecución de resolución final del Tribunal Ambiental Administrativo por daño ambiental. De lo anterior se infiere que el tema jurídico objeto del proceso es regulado por el derecho contencioso administrativo, el cual cuenta con tribunales por razón de esa materia. En consecuencia, este tribunal de justicia se declara incompetente para conocer el asunto. Se ordena su envío al Juzgado Contencioso Administrativo del II Circuito Judicial de San José, para que continúe con su conocimiento, quien deberá continuar con el trámite de este asunto hasta su terminación.". La parte actora inconforme con la resolución anterior presentó recurso de revocatoria con apelación subsidiaria en el que alegó: “RAZONES DE DISCONFORMIDAD. En la resolución impugnada el Despacho indicó lo siguiente: “…La competencia de los tribunales civiles de primera instancia es asignada por los artículos 95, 95 bis y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como el artículo 711 del Código Procesal Civil ley número 7130 para la materia concursal. También corresponde a Juzgados de Cobro Judicial el trámite de pretensiones de cobro de obligaciones de dinero, por así disponerlo la Corte Suprema de Justicia, dada la autorización legal que le conceden los artículos 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 185 del Código Procesal Civil vigente. La (s) pretensión establecida (s) en este proceso en relación con los hechos narrados en la demanda o gestión inicial, comprende lo siguiente: materia correspondiente a CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, ejecución de resolución final del Tribunal Ambiental Administrativo por daño ambiental …”. Lo anterior resulta contrario a derecho, por cuanto la Corte Suprema de Justicia mediante Circular número 96 del 14 de agosto del 2018, denominada: Normas prácticas para la aplicación del Nuevo Código Procesal Civil”, en el capítulo Tercero sobre Competencias Especializadas en el numeral 3.3 indicó: 3.3. Especialización en materia cobratoria. Los Juzgados de Cobro Judicial especializados serán competentes para el conocimiento de los siguientes procesos, aun cuando intervenga como parte el Estado, un ente o empresa públicos: 3.3.1. Monitorios dinerarios. 3.3.2. Ejecuciones hipotecarias. 3.3.3. Ejecuciones prendarias. 3.3.4. Ejecuciones de garantías mobiliarias. 3.3.5. Reposesiones de garantías mobiliarias. 3.3.6. Pruebas anticipadas, medidas cautelares y actividades preparatorias que por disposición de ley sean preparatorios o accesorios de los indicados. En cuanto al Primer, Segundo y Tercer Circuito Judicial de San José, los procesos cobratorios en que sea parte el Estado, entes o empresas públicas, serán competencia del Juzgado de Cobro Judicial del Segundo Circuito Judicial de San José. Aquellos en que sean parte sujetos de derecho privado, serán competencia de los Juzgados de Cobro Judicial del Primer Circuito Judicial de San José que por turno corresponda, según el tipo de proceso. Por lo anterior dicho proceso cobratorio es de competencia del Juzgado Especializado de Cobro del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicochea en acatamiento a la Circular antes citada, además la interposición del presente proceso monitorio dinerario se base en los numerales 111.1 y 111.2.7, que establecen lo siguiente: ARTÍCULO 111.- Monitorio dinerario 111.1 Documento. El documento en el que se funde un proceso monitorio dinerario deberá ser original, copia firmada o estar contenido en un soporte en el que aparezca como indubitable quién es el deudor mediante su firma o cualquier otra señal equivalente. 111.2 Títulos ejecutivos. Son títulos ejecutivos, siempre que en ellos conste la existencia de una obligación dineraria líquida y exigible: 7. Toda clase de documentos que, por leyes especiales, tengan fuerza ejecutiva. En esta categoría se incluyen los títulos que se emiten al amparo de lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública- artículos 149 y 203, 210- y de aquellos que emanan de diferentes instituciones del Estado, y que se dictan al amparo de una ley expresa. En el caso concreto el título puesto al cobro es una certificación de adeudo, emitido por la master Adriana Bejarano Alfaro en su condición de presidente del Tribunal Ambiental Administrativo del Ministerio de Ambiente y Energía, con fundamento en el artículo 111 inciso c) de la Ley Orgánica del Ambiente el cual indica lo siguiente: Artículo 111.- Competencia del Tribunal. El Tribunal Ambiental Administrativo será competente para: c) Establecer, en vía administrativa, las indemnizaciones que puedan originarse en relación con los daños producidos por violaciones de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales. Tal y como indica para ser considerado un documento título ejecutivo, debe existir disposición expresa de la ley que le otorgue tal condición, es materia "reserva de ley". En otras palabras, no pueden ser creados por las partes ni por interpretación judicial. Es decir, su naturaleza jurídica viene dada por la misma ley, el legislador es quien le da esas características a determinados documentos con el fin de que sean ejecutables en una vía jurisdiccional más expedita, de manera que el deudor no tenga oportunidad de maniobrar su patrimonio en perjuicio del acreedor, disponiendo de sus bienes y burlando su deuda y la vía correspondiente es la vía del proceso monitorio dinerario. Aparte del reconocimiento legal expreso, el documento puesto al cobro en el caso concreto cumple con los presupuestos básicos, por cuanto se trate de una obligación dineraria, líquida y exigible, requisito este último que guarda relación directa con el vencimiento de la obligación, la entrada en mora por parte del deudor y la viabilidad del cobro, todo lo cual tuvo como origen el procedimiento ordinario administrativo expediente número 218-06-01TAA contra los demandados. Dicho título, resulta suficiente para ejecutarse en esta sede monitoria ante el Juzgado Especializado de Cobro del Segundo Circuito Judicial de San José, Sede Goicochea, por cuanto el mismo cumple el artículo 111.2.7 del Código Procesal Civil, señala los documentos que tienen carácter de ejecutivos, particularmente indica: "Toda clase de documentos que, por ley especial tengan fuerza ejecutiva"… Por ello, no lleva razón el Despacho en declararse incompetente por cuanto omite la valoración del título ejecutivo puesto al cobro acompañado como prueba documental cuya deuda se encuentra líquida y exigible de pago a la fecha y se ha acreditado que existió un procedimiento administrativo tramitado bajo el número de expediente 218-06-01TAA -el cual consta en autos- en el que culminó con la interposición del monto adeudado, por declararse responsable de la afectación por concepto de daño ambiental la cual se ejecuta en esta vía judicial y en el Despacho correspondiente. Por lo anterior, está claramente establecido que la deuda que se ha puesto al cobro es exigible al estar vencida, al no estar desvirtuada la fuerza ejecutiva del adeudo puesto al cobro, y al existir la morosidad de la demandada, por ende le asiste al Estado el derecho y legitimación en sus dos vertientes e interés para demandar el pago y establecer el proceso de marras en contra del aquí demandado en la sede del Juzgado Especializado de Cobro de San José, Sede Goicoechea por cuanto el domicilio de los demandados corresponde a la jurisdicción de dicho Despacho.”. El caso fue remitido al Tribunal Primero de Apelación Civil de San José que, por no ser el superior del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, ordenó la remisión en consulta ante esta Cámara. Razón por la que el seis de febrero de dos mil veinticinco ingresó el asunto en consulta ante esta Sala.

III.- En este caso en particular, se discute si el asunto lo debe conocer la jurisdicción Contenciosa Administrativa y Civil de Hacienda o la de Cobro. Al analizar de manera exhaustiva la demanda, las pretensiones y los motivos en que se da el conflicto de competencia en razón de materia y para dilucidar el punto, hay que establecer la naturaleza de la pretensión principal que la parte actora promueve en el proceso. En este caso, el objeto en general del presente proceso consiste en el cobro de un monto líquido establecido en certificación emitida por la master Adriana Bejarano Alfaro en su condición de presidente del Tribunal Ambiental Administrativo del Ministerio de Ambiente y Energía, con fundamento en el artículo 111 inciso c) de la Ley Orgánica del Ambiente. Según el artículo 110.1.1 y numerales 204 y 210 de la Ley General de la Administración Pública, este caso se debe dilucidar mediante el procedimiento de cobro por ello, al estarse dilucidando el cobro de obligaciones líquidas y exigibles, fundada en documento público o privado, con o sin fuerza ejecutiva, el presente asunto deberá tramitarse mediante un proceso monitorio dinerario y de conformidad con el ordinal 8.3.3 del Código Procesal Civil, establece que la competencia la tiene el juzgado del lugar donde queda el domicilio los demandados que en este caso es el cantón de Curridabat. Acorde a la sesión número 40-18 celebrada el 27 de agosto de 2018 y publicada en circular de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia Núm. 117-18, del 17 de setiembre de 2018, así como el numeral 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, este asunto resulta de competencia de los Juzgados Especializados de Cobro Judicial. Consecuentemente se impone establecer que la competencia en razón de materia y territorio de este asunto corresponde al Juzgado Especializado de Cobro del Segundo Circuito Judicial de San José.

POR TANTO

Se declara que el conocimiento del presente proceso corresponde al Juzgado Especializado de Cobro del Segundo Circuito Judicial de San José. jorozcof

 

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 




Damaris Vargas Vásquez

	

 

	

Jorge Leiva Poveda




Carlos Guillermo Zamora Campos

	

 

	

Ignacio Jose Monge Dobles

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 OU14TUKXILO61

Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected]

Clasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:16:54.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at eight hours fifty minutes on the seventh of March two thousand twenty-five.-

In monetary payment order (monitorio dinerario) proceedings brought by the STATE, represented by attorney Luis Felipe Solano Ramirez, in his capacity as procurador A, against Ms. JOHANNA VILLEGAS SALAS, Ms. MARLENE ESQUIVEL SEGURA, and Mr. HUGO MESÉN RODRÍGUEZ, the Specialized Judicial Collections Court of the Second Judicial Circuit of San José, first section, sua sponte, declared itself incompetent by reason of subject matter to hear this case. The plaintiff, disagreeing, filed an appeal that was heard by the First Civil Appeals Court of San José, which ordered the matter sent in consultation before this Chamber.

CONSIDERING

I.- According to the initial complaint filed, by resolution number 1303-2019-TAA at eleven hours thirty-five minutes on the thirty-first day of July of the year two thousand nineteen, the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) declared all defendants responsible for causing environmental damage, a resolution that was notified automatically on the day of July 31, 2019. In said resolution, an obligation was imposed to pay the State the sum of ¢2,210,000.00 as compensatory indemnification in accordance with article 99, subsection c of Law 7554, which is why the state filed monetary payment order proceedings so that the judgment declares the following: "PRAYER FOR RELIEF. 1-I request that the defendants be ordered to pay the principal owed of ¢2,210,000.00 plus interest generated on that sum from October 23, 2020 (the date the second demand for payment became final and the debt became exigible) to April 9, 2024, in the amount of ¢392,524.86. Calculation performed in accordance with the passive base rate of the Banco Nacional de Costa Rica, Calculated interest: ₡392,524.86 Total calculated ₡2,602,524.86. 2- Likewise, order the defendants to pay interest generated in the future until the total debt is effectively cancelled, as well as to pay both sets of costs of this action. 3- I request that execution be ordered against the defendants for the indicated sum for principal and interest plus the fifty percent mandated by law, and that an embargo be decreed in accordance with article 86 of the current Código Procesal Civil and that an embargo be decreed on safe deposit boxes, deposits, checking and savings accounts they may have in the Banks that make up the National Banking System, including Private Banking: BANCO BAC SAN JOSÉ S.A. Apartado 5445-1000, BANCO CATHAY DE COSTA RICA S.A, Apartado 425-1000, BANCO DE COSTA RICA, Apdo. 10,035-1000 San José, BANCO DAVIVIENDA S.A. Apartado 7983-1000, LAFISE S.A. Apartado 5099-1000, BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, Apdo. 10,015-1000 San José, BANCO PROMÉRICA DE COSTA RICA S.A., Apartado 1289-1200, SCOTIABANK DE COSTA RICA S.A., Apartado 5395-1000, GRUPO MUTUAL ALAJUELA, LA VIVIENDA AHORRO Y PRÉSTAMO, Apdo. 533-4050, MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRÉSTAMO, Apdo. 268-750, BANCO IMPROSA S.A., apartad0 4-2300, BANCO BCT S.A., apanado 7698-10000, BANCO GENERAL (COSTA RICA S.A.), Escazú Urbanización Trejos Montealegre next to the Centro Corporativo El Cedral, BANCO POPULAR Apdo. 10,190-1000 San José. I value the proceedings at the sum of ¢2,602,524.86, an amount covering principal and interest to the date of this complaint.". (According to the electronic file: initial complaint 10/04/2024).

II.- The Specialized Judicial Collections Court of the Second Judicial Circuit of San José, through resolution number 2024003077 at eleven hours sixteen minutes on the twenty-ninth of April two thousand twenty-four, sua sponte, declared itself incompetent by reason of subject matter to hear this case, considering in essence: “The competence of first instance civil courts is assigned by articles 95, 95 bis and 105 of the Ley Orgánica del Poder Judicial, as well as article 711 of the Código Procesal Civil law number 7130 for bankruptcy matters. The hearing of claims for the collection of monetary obligations also corresponds to Judicial Collection Courts, as so ordered by the Supreme Court of Justice, given the legal authorization granted by articles 59 of the Ley Orgánica del Poder Judicial and 185 of the current Código Procesal Civil. The claim(s) established in this proceeding in relation to the facts narrated in the initial complaint or filing, comprises the following: a matter corresponding to CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE, enforcement of the final resolution of the Administrative Environmental Tribunal for environmental damage. From the above, it is inferred that the legal matter subject to the proceedings is regulated by contentious-administrative law, which has courts by reason of that subject matter. Consequently, this court of justice declares itself incompetent to hear the matter. Its referral is ordered to the Contencioso Administrativo Court of the Second Judicial Circuit of San José, so that it may continue hearing it, which must continue processing this matter until its conclusion.”. The plaintiff, disagreeing with the prior resolution, filed a motion for revocation with a subsidiary appeal in which it alleged: “REASONS FOR DISAGREEMENT. In the challenged resolution, the Court indicated the following: “…The competence of first instance civil courts is assigned by articles 95, 95 bis and 105 of the Ley Orgánica del Poder Judicial, as well as article 711 of the Código Procesal Civil law number 7130 for bankruptcy matters. The hearing of claims for the collection of monetary obligations also corresponds to Judicial Collection Courts, as so ordered by the Supreme Court of Justice, given the legal authorization granted by articles 59 of the Ley Orgánica del Poder Judicial and 185 of the current Código Procesal Civil. The claim established in this proceeding in relation to the facts narrated in the initial complaint or filing, comprises the following: matter corresponding to CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE, enforcement of the final resolution of the Administrative Environmental Tribunal for environmental damage …”. The foregoing is contrary to law, because the Supreme Court of Justice, through Circular number 96 of August 14, 2018, called: Practical Norms for the Application of the New Código Procesal Civil”, in Chapter Three on Specialized Competences in numeral 3.3 indicated: 3.3. Specialization in collection matters. The specialized Judicial Collection Courts shall be competent to hear the following proceedings, even when the State, a public entity or public enterprise is a party: 3.3.1. Monetary payment orders (Monitorios dinerarios). 3.3.2. Mortgage enforcements. 3.3.3. Pledge enforcements. 3.3.4. Enforcements of movable guarantees. 3.3.5. Repossessions of movable guarantees. 3.3.6. Anticipated evidence, precautionary measures and preparatory activities that by provision of law are preparatory or accessory to the indicated ones. Regarding the First, Second and Third Judicial Circuits of San José, collection proceedings in which the State, public entities or public enterprises are a party, shall be the competence of the Judicial Collection Court of the Second Judicial Circuit of San José. Those in which private law subjects are parties, shall be the competence of the Judicial Collection Courts of the First Judicial Circuit of San José that corresponds by turn, according to the type of proceeding. Therefore, said collection proceeding is within the competence of the Specialized Judicial Collection Court of the Second Judicial Circuit of San José, Goicochea in compliance with the aforementioned Circular, furthermore, the filing of this monetary payment order proceeding is based on numerals 111.1 and 111.2.7, which establish the following: ARTICLE 111.- Monetary payment order (Monitorio dinerario) 111.1 Document. The document upon which a monetary payment order proceeding is based must be an original, a signed copy, or be contained in a medium in which it appears indubitable who the debtor is by means of their signature or any other equivalent signal. 111.2 Enforceable instruments. The following are enforceable instruments, provided that they show the existence of a liquid and exigible monetary obligation: 7. All kinds of documents that, by special laws, have enforceability. Included in this category are instruments issued under the provisions of the Ley General de la Administración Pública - articles 149 and 203, 210 - and those emanating from different State institutions, issued under an express law. In the specific case, the instrument submitted for collection is a certification of debt, issued by master Adriana Bejarano Alfaro in her capacity as president of the Administrative Environmental Tribunal of the Ministry of Environment and Energy, based on article 111, subsection c) of the Ley Orgánica del Ambiente, which indicates the following: Article 111.- Competence of the Tribunal. The Administrative Environmental Tribunal shall be competent to: c) Establish, in the administrative channel (vía administrativa), the indemnifications that may arise in relation to damages produced by violations of legislation protecting the environment and natural resources. As indicated, for a document to be considered an enforceable instrument, there must be an express legal provision granting it that condition, it is a matter of 'legal reserve' (reserva de ley). In other words, they cannot be created by the parties or by judicial interpretation. That is, its legal nature comes from the law itself; the legislator is the one who gives those characteristics to certain documents so that they are enforceable in a more expeditious jurisdictional channel, so that the debtor has no opportunity to maneuver their assets to the detriment of the creditor, disposing of their goods and evading their debt, and the corresponding channel is the monetary payment order proceeding. Apart from the express legal recognition, the document submitted for collection in this specific case meets the basic prerequisites, because it concerns a monetary obligation, liquid and exigible, this last requirement being directly related to the maturity of the obligation, the debtor's entry into default and the viability of collection, all of which originated from the ordinary administrative proceeding file number 218-06-01TAA against the defendants. Said instrument is sufficient to be enforced in this payment order venue before the Specialized Judicial Collection Court of the Second Judicial Circuit of San José, Goicochea Seat, as it complies with article 111.2.7 of the Código Procesal Civil, which indicates the documents that have the character of enforceable instruments, particularly indicating: "All kinds of documents that, by special law have enforceability"… Therefore, the Court is incorrect in declaring itself incompetent because it omits the assessment of the enforceable instrument submitted for collection, attached as documentary evidence, whose debt is liquid and exigible for payment as of the date, and it has been proven that an administrative proceeding existed, processed under file number 218-06-01TAA - which appears in the record - in which the imposition of the amount owed culminated, for being declared responsible for the impact by way of environmental damage which is enforced in this judicial channel and in the corresponding Court. Therefore, it is clearly established that the debt submitted for collection is exigible as it is past due, as the enforceability of the debt submitted for collection has not been refuted, and given the defendant's default, the State thus has the right and standing in its two aspects, and the interest to demand payment and establish the proceedings in question against the defendant here before the Specialized Judicial Collection Court of San José, Goicochea Seat, as the domicile of the defendants corresponds to the jurisdiction of said Court.”. The case was sent to the First Civil Appeals Court of San José, which, not being the superior of the Contencioso Administrativo and Civil Hacienda Court, ordered the referral in consultation before this Chamber. This is why on February sixth, two thousand twenty-five, the matter came before this Chamber on consultation.

III.- In this particular case, the dispute is whether the matter should be heard by the Contencioso Administrativa and Civil Hacienda jurisdiction or the Collection jurisdiction. Upon exhaustively analyzing the complaint, the claims, and the grounds on which the conflict of competence by reason of subject matter arises, and to elucidate the point, the nature of the principal claim that the plaintiff brings in the proceedings must be established. In this case, the general subject matter of these proceedings consists of the collection of a liquid amount established in a certification issued by master Adriana Bejarano Alfaro in her capacity as president of the Administrative Environmental Tribunal of the Ministry of Environment and Energy, based on article 111, subsection c) of the Ley Orgánica del Ambiente. According to article 110.1.1 and numerals 204 and 210 of the Ley General de la Administración Pública, this case must be elucidated through the collection procedure; therefore, as the collection of liquid and exigible obligations is being elucidated, based on a public or private document, with or without enforceability, this matter must be processed through a monetary payment order proceeding and, in accordance with ordinal 8.3.3 of the Código Procesal Civil, it establishes that competence lies with the court of the place of the defendants' domicile, which in this case is the canton of Curridabat. According to session number 40-18 held on August 27, 2018, and published in circular of the Secretariat of the Supreme Court of Justice No. 117-18, of September 17, 2018, as well as numeral 105 of the Ley Orgánica del Poder Judicial, this matter falls under the competence of the Specialized Judicial Collection Courts. Consequently, it is necessary to establish that competence by reason of subject matter and territory for this matter corresponds to the Specialized Judicial Collection Court of the Second Judicial Circuit of San José.

THEREFORE

It is declared that the hearing of the present proceedings corresponds to the Specialized Judicial Collection Court of the Second Judicial Circuit of San José. jorozcof

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

Damaris Vargas Vásquez

Jorge Leiva Poveda

Carlos Guillermo Zamora Campos

Ignacio Jose Monge Dobles

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