Res. 00329-2025 Sala Primera de la Corte — Cassation of judgment for evidentiary flaws regarding possession in Golfo Dulce Forest ReserveAnulación de sentencia por defectos en la valoración probatoria de posesión en Reserva Forestal Golfo Dulce

Grande
Normal
Pequeña
Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 00329 - 2025

Fecha de la Resolución: 07 de Marzo del 2025 a las 07:50

Expediente: 15-005599-1027-CA

Redactado por: Jorge Leiva Poveda

Clase de asunto: CONOCIMIENTO

Analizado por: SALA PRIMERA





Texto de la resolución



Exp. 15-005599-1027-CA

Res. 000329-F-S1-2025

 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las siete horas cincuenta minutos del siete de marzo de dos mil veinticinco .

En proceso de conocimiento establecido por MIGUEL FERNÁNDEZ JIMÉNEZ y MARÍA CECILIA OVARES VILLALOBOS contra el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), el ESTADO, el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), ERAIDA MUÑOZ PICADO y SÉRVULO SANDOVAL MATA; el Estado y el INDER formulan sendos recursos de casación contra la sentencia no. 08-2022-V dictada por la Sección V del Tribunal Contencioso Administrativo a las ocho horas del treinta y uno de enero de dos mil veintidós y su adición no. 08-2022-V-BIS de las 13 horas 30 minutos del 30 de marzo de 2022. En este asunto figuran, como abogados de las partes,  Norman Matamoros Sandí (actores), Susana Fallas Cubero (Estado), Guillermo Goyenaga Calvo (INDER) y Gidgett Ramírez Hernández (SINAC).

Magistrado ponente Jorge Leiva Poveda

CONSIDERANDO

 I. Miguel Fernández Jiménez y María Cecilia Ovares Villalobos formularon proceso de conocimiento, planteado inicialmente contra el Estado y el INDER, al que luego se integró al SINAC, en el que pretenden se declare: 1. La nulidad del acuerdo de la Junta Directiva del INDER no. 35, sesión 040-2007 del 10 de noviembre del 2007, porque derogó el acuerdo no. 39 sesión 44-05 del 14 de noviembre del 2005 en el cual se les reconocía, al 10 de mayo de 2006, 68 años de posesión en la parcela no. 26,  sector 6, del Asentamiento Osa. 2. “El Instituto de Desarrollo Agrario reconoció como BENEFICIARIOS del Instituto, y con una posesión de 68 años en forma quieta, pacífica, sin interrupción, por sí y sumada la posesión de sus transmitentes, con más de 68 años según OSO-192- 06, de más de 10 años antes de crearse la Reserva Forestal Golfo Dulce, a (…) MIGUEL FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, (…) y a MARÍA DELIA conocida como CECILIA OVARES VILLALOBOS, (…). Dicho reconocimiento de la posesión (…) fue en el Asentamiento Campesino Osa, dentro de la finca inscrita a nombre del IDA (…) matrícula de folio real 6-39334 secuencia 000, situada en la Península de Osa.”  3. Que según el acuerdo de la Junta Directiva del INDER no. 39, sesión 44-05, del 14 de noviembre de 2005, tienen derecho a la entrega de las escrituras sobre la parcela 26-6, que tiene una medida de 77 hectáreas 4704,75 metros cuadrados, terreno que registra como ocupantes anteriores a Bernarda Morales Osando con una posesión de 10 años, Lísímaco Marín Madrigal con una posesión de 20 años, Fernando Rivas -sin segundo apellido indicado- con una posesión de 15 años, para un total de posesión de 68 años, parcela que tiene el plano catastrado P529961-98, a nombre de Miguel Fernández Jiménez, con una medida de 77 hectáreas 4704.75 m2. 4. Que el acuerdo no. 39 de la sesión 44-05 de la Junta Directiva del IDA creó un procedimiento administrativo para entregar títulos de propiedad, sin restricciones ni reservas, a quienes la institución declaró como beneficiarios de la finca 6-39334-000 del Asentamiento Campesino Osa, situación en la que se encuentran. 5. Que el Estado, el INDER y el SINAC deben indemnizarles conforme establece el Decreto no. 8498 del 20 de abril de 1978, creador de la Reserva Golfo Dulce, lo que se reitera en el Decreto no. 9388-A del 30 de noviembre de 1978, reconocimiento que obra en el artículo 39 de la sesión de Junta Directiva del -entonces- IDA del 14 de noviembre de 2005, que reguló un procedimiento administrativo para reconocer los derechos de los usucapientes con 10 años de antelación a la declaratoria de reserva forestal, según ratificó la sentencia 97-2457 de la Sala Constitucional. 6. Los codemandados -y subsidiariamente el Estado- deben indemnizarles en la vía de ejecución por concepto de daños y perjuicios por las limitaciones impuestas a partir de 1979, derivadas de la creación de la Reserva Golfo Dulce que afectó las fincas al régimen forestal. 7. Los codemandados y, subsidiariamente, el Estado, deben pagarles por concepto de daño moral el monto de ₡50 000 000 derivados del sufrimiento de 40 años de no encontrar solución a la situación de la finca. En forma subsidiaria peticionan que, en caso de no condenarse al IDA a la entrega de títulos de propiedad, se indemnicen sus derechos “como compraventa” sobre la parcela en la que el INDER les declaró beneficiarios del Asentamiento, a razón de ₡10 000 000 por hectárea. Finalmente piden que se impongan las costas a los demandados. Luego del traslado de rigor, el INDER, el Estado y el SINAC se opusieron, e invocaron las defensas de falta de derecho, legitimación y “sine actione agit”. Por decisión del juez tramitador, al proceso fueron integrados Eraida Muñoz Picado y Sérvulo Sandoval Mata, quienes manifestaron no tener interés en participar en ningún juicio contra los actores. Al resolver el fondo de la controversia, el Tribunal, integrado por las juzgadoras Ileana Sánchez Navarro, Marianella Álvarez Molina y Sergio Mena García, tuvo por demostrados los siguientes hechos. “1. Que el señor Miguel Fernández Jiménez y la señora María Cecilia Ovares Villalobos han ejercido la posesión por más de sesenta y ocho años de un inmueble ubicado en el sector Estero Guerra de Drake, Distrito Sierpe, Cantón Osa, de la Provincia de Puntarenas (…) plano catastrado P-529961-95, con una medida según dicho plano de 77 hectáreas, 4704.75m2, y han sido reconocidos como adjudicatarios y beneficiarios por parte del IDA, acuerdo tomado por la Junta Directiva del ITCO en el artículo XVI de la Sesión N°2401, celebrada el 18 de agosto de 1980, según el cual "Con base en las recomendaciones de la Sección de Ordenamiento de Tierras, acordó "adjudicar los siguientes lotes, por reunir los adjudicatarios las condiciones y requisitos legales para que se les extienda el correspondiente título supletorio de dominio" a las siguientes personas: ... Miguel Fernández Jiménez" (...), declaración jurada (…) a nombre de Miguel Fernández Jiménez, con el N°169-07-PMMC, constancias OSO-140-03, emitida el 21 de abril del 2003, OSO-191-06 del 19 de marzo del 2006 y OSO-192-06, de 10 de marzo del 2006, suscritas por el Jefe de la Oficina Subregional del IDA en Osa, señor Mario Jiménez Quirós, en las cuales se indicó: “OSO-140-03 (…) según nuestra Base de Datos, censos y archivos el señor Miguel Fernández Jiménez (…) y Cecilia Ovares Villalobos (…) aparecen registrados como Beneficiarios del IDA en calidad de ocupantes por más de 35 años de la parcela #26, Sector 6, Asentamiento Campesino Osa, sito en estero Guerra de Drake, Distrito Sierpe, Cantón Osa, Provincia de Puntarenas, mide 77 Has.4.704.75m2, plano Catastrado P-529961-95 (...) OSO-191-06 (…) según nuestra Base de Datos, censos y archivos el señor Miguel Fernández Jiménez (…) y Cecilia Ovares Villalobos (…) aparecen registrados como Beneficiarios del IDA en calidad de ocupantes de la parcela N°26, Sector 6, Asentamiento Campesino Osa, según plano catastrado P/529961-1998 mide 77-Ha 4704.75m2, sito en el sector Estero Guerra de Drake, Distrito Sierpe, Cantón Osa, Provincia de Puntarenas (...) OSO-192-06 según nuestra Base de Datos, censos y archivos la parcela N°26, Sector 6, Asentamiento Osa, ha estado en posesión del señor Miguel Fernández Jiménez (…) y Cecilia Ovares Villalobos (…) por más de 23 años. Asimismo, esta propiedad registra como ocupantes anteriores a los señores Bernarda Morales Obando (…) con una posesión de 10 años; Lisímaco Marín Madrigal (…) con una posesión de 20 años; Fernando Rivas (no registra número de cédula ni segundo apellido), con una posesión de 15 años, lo que demuestra una posesión total de 68 años" (…), así como de las declaraciones de los testigos Miguel Herra Miranda, quien es técnico del INDER y manifestó que conocía a los actores desde 1983, cuando estuvo realizando el censo y Mario Obando González, quien fue uno de los ocupantes del Asentamiento Osa, y le expresó al Tribunal que tenía muchos años de conocer a los actores, que éstos tenían su vivienda en Guerra de Drake, que conocía la ubicación de la parcela 26, y que el actor tenía cerca de cuarenta años de vivir en el lugar, declaraciones que constan en el expediente judicial, en archivo adjunto.”.  2. Según el informe contenido en el oficio INDER-GG-DRT-RDBROTOS-0574-2021, de 26 de noviembre del 2021, el plano catastrado P-529961-1998 (sic) permite determinar “ (…) que dicho terreno corresponde a la parcela 26 del Asentamiento Osa, Sector 6, la cual es parte de la finca madre folio real 6-39334-000 propiedad del Instituto de Desarrollo Rural” terreno que se ubica, en su mayoría, dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, pues  únicamente 5 hectáreas se ubican fuera de esa reserva. 3. El 20 de noviembre de 1974, Osa Productos Forestales S.A. y el ITCO firmaron un convenio preliminar de arreglo, orientado a traspasar, al segundo, las fincas propiedad de la primera, a fin de dotar de tierras a los ocupantes que calificaran como poseedores en precario. 4. Mediante Decreto Ejecutivo 8494-A del 28 de abril de 1978, en vigencia desde el 01 de junio de ese año, se creó la Reserva Forestal Golfo Dulce. 5. Por Decreto no. 10088.G-H del 02 de mayo de 1979 fueron expropiadas tres fincas pertenecientes a Osa Productos Forestales S.A. para cumplir con el plan de asentamientos campesinos desarrollados por el ITCO. 6. Las fincas de esa sociedad fueron reunidas en 1980, dando lugar a la finca 3934-000, propiedad del INDER, en la que se ubica el Asentamiento Campesino Osa. 7. La parcela 26 descrita en el plano P-529961-98 a nombre de Miguel Fernández Jiménez forma parte de esa finca 39334. 8. En acuerdo tomado en el artículo XVI de la sesión 2401 del 18 de agosto de 1980, el ITCO acordó adjudicar una serie de lotes “por reunir los adjudicatarios las condiciones y requisitos legales para que se les extienda el correspondiente título supletorio de dominio” entre otros, al señor Miguel Fernández Jiménez. La Sala Constitucional, en sentencia 2456-1997 del 02 de mayo de 1997, le ordenó al Ministerio de Ambiente y Energía que, por intermedio de la Dirección General Forestal o la Dirección del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, cumpliera: “con lo establecido en los Decretos Ejecutivos 8494-A, 9388-A y 10142-A e iniciar las diligencias de expropiación (…) elaborar conjuntamente con aquellos recurrentes que resulten del censo ser propietarios o poseedores legítimos, un plan de explotación de la tierra acorde con el Régimen a que están sometidos los terrenos y que le permita a los propietarios o poseedores legítimos su sustento y subsistencia mientras dure el trámite expropiatorio.”  10. El 28 de abril de 2003 el MINAE  informó a la Sala Constitucional que, en cumplimiento de lo ordenado por esa Sala en sentencia 202-10276, se realizó un censo y dentro de las personas censadas por esa dependencia se encuentra Miguel Fernández Jiménez con el plano P-529961-98. 11. La Junta Directiva del actual INDER, en acuerdo no. 39 aprobado en sesión ordinaria 44-05 del 14 de noviembre de 2005, reguló un procedimiento especial para entregar títulos de propiedad a favor de los ocupantes del Asentamiento Campesino Osa que demostraren posesión desde, por lo menos, diez años antes al 01 de junio de 1978, fecha de creación de la Reserva Forestal Golfo Dulce y dispuso los requisitos a cumplir, luego de lo cual se haría una inspección y se emitiría un criterio que, en caso positivo, recomendaría la segregación y traspaso. 12. El acuerdo 35 de la sesión 40-07 del 19 de diciembre de 2007 dispuso revocar el acuerdo 39 de la sesión 44-05 del 14 de noviembre de 2005, supra mencionado, referente a la titulación en la Reserva Forestal Golfo Dulce, pues la constitución de la Reserva impedía otorgar títulos de propiedad. 13. Dado ese último hecho, aunque la Oficina Subregional de Osa inició los trámites para la titulación de las parcelas del Asentamiento Osa, los suspendió. Ahora bien, el Tribunal tuvo por indemostrado que los actores se hayan visto imposibilitados para aprovechar la parcela 26-6 y, además, “ 3) Que se haya dejado sin efecto el acuerdo tomado en el artículo XVI de la Sesión N°2401, celebrada el 18 de agosto de 1980 por la Junta Directiva del IDA (no consta en el expediente).” Luego de esta definición, el fallo se ocupa de examinar las pretensiones de la demanda. Al efecto, descartó la nulidad del acuerdo 35 de la sesión 40-2007 en el cual se revocó el acuerdo 39 de la sesión 39-2005, pues consideró que este último no supuso ningún reconocimiento de derechos subjetivos a favor de los actores, sino que tan sólo regulaba un procedimiento para la entrega de títulos de propiedad en la finca 39344-000, que culminaría en un acto favorable si se autorizaba la segregación y el traspaso, pero en el caso de los actores ello nunca ocurrió, en virtud de la revocatoria de ese procedimiento, dispuesta en el acuerdo 35 de la sesión 40-2007, revocatoria que estimó legítima, pues no requería de un trámite especial a seguir. Señaló además que la revocatoria se basó en el criterio técnico DAJ-1013-07 del 31 de octubre de 2007, emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos del -entonces- IDA, según el cual era imposible titular el terreno en cuestión pues formaba parte de la Reserva Forestal Golfo Dulce. Con base en lo anterior rechazó las pretensiones 1, 3 y 4 de la demanda. En relación con la pretensión de que se declare que los actores son beneficiarios del -entonces- IDA, en virtud de una posesión acumulada de 68 años, indicó la existencia del acuerdo XVI, sesión 2401 del 18 de agosto de 1980, tomado por la Junta Directiva del ITCO, así como diversas constancias emitidas por el INDER de conformidad con las cuales a los actores correspondía otorgarles “título supletorio de dominio”, pues en las bases de datos institucionales se encontraban registrados como beneficiarios en calidad de ocupantes de la parcela 26 del sector 6 del Asentamiento Campesino Osa, por más de 35 años, parcela con una medida de 77 Has.4.704.75 m2, según plano P-529961-95 y señaló la cadena de poseedores previos a los actores y el periodo en el que ostentaron tal estatus.  Este análisis lo reforzó con prueba testimonial. Añadió también que el acuerdo tomado en el artículo XVI, sesión 2401, del 18 de agosto de 1980, en el que la Junta Directiva del IDA, fundándose en las recomendaciones de la Sección de Ordenamiento de Tierras, acordó adjudicar a Miguel Fernández Jiménez una parcela en el Asentamiento Osa, continuaba surtiendo efectos, pues no constaba su anulación, todo lo cual daba lugar a que debiera acogerse la segunda pretensión. Precisó además que los terrenos se ubican dentro de una finca que, desde noviembre de 1974, Osa Productos Forestales se comprometió a traspasar al ITCO a fin de dotar de terrenos explotables a los ocupantes que calificaran como poseedores en precario, lo que se concretó mediante el Decreto Ejecutivo 10088-G-H del 02 de mayo de 1979, que expropió una serie de fincas pertenecientes a esa empresa. En 1980 esas fincas fueron reunidas dando lugar a la heredad 39334-000 en la que se ubica el Asentamiento Campesino Osa, inscrito a nombre del -otrora- IDA. Pero abonó que la Reserva Forestal Golfo Dulce fue creada en 1978, mientras que el año siguiente se emitió el Decreto Ejecutivo no. 10088-G-H con la finalidad de expropiar las tierras y crear el asentamiento, así como el acuerdo 39 de la sesión 44-05 del 14 de noviembre de 2005 que establece el procedimiento de titulación. Según el fallo, todo esto evidencia que desde antes de que el IDA adquiriese, ya había ocupantes en el sitio y la Administración tuvo la intención de crear el asentamiento, pero luego estableció la Reserva Forestal, lo que generó un actuar errático sobre los ocupantes del asentamiento y a lo largo de muchos años -desde 1978 y hasta el 2007- el INDER sostuvo la tesis de que era posible titular, por lo que los ocupantes, de acuerdo al principio de confianza legítima, continuaron poseyendo y realizando acciones -presentación de documentos- orientados a tal finalidad, sin embargo, ello nunca ocurrió pues el área se ubica dentro de la Reserva Forestal, obstáculo que nunca informó a los ocupantes, de modo que llevaban razón los actores en tanto reclamaban que el INDER les reconoció como adjudicatarios y beneficiarios de la parcela 26-6, con una posesión de 68 años.  Luego refirió que los numerales 8 a 11 del Decreto 8494-A del 28 de abril de 1978, además de crear la Reserva Forestal Golfo Dulce, se ocupan de dar tratamiento a la situación de ocupación de las zonas que quedaron comprendidas en la Reserva, para lo cual se dispuso que la Dirección Forestal gestionaría la compra directa o explotación de los terrenos reducidos a dominio particular y esa dependencia, junto con el ITCO, deberían trasladar y reasentar a los ocupantes. De modo que debía indemnizarse a los poseedores o propietarios que no se acogieran voluntariamente al Régimen Forestal, por expropiación o compra directa. Acto seguido hizo referencia al voto 2456-97 de la Sala Constitucional, según el cual el Decreto Ejecutivo 8494-A contempla un trámite expropiatorio oficioso. También afirma el fallo que a ambos actores les fue reconocida su condición de adjudicatarios y beneficiarios en calidad de usucapientes de la parcela 26-6, con más de 68 años de posesión, por lo que tienen derecho, según el Decreto Ejevutivo 8494-A, a que se les pague, a título de expropiación, el justo precio de la parcela y dado que esas obligaciones recaen en el Poder Ejecutivo, correspondía acoger la pretensión principal 5 y la subsidiaria, a fin de que se proceda a pagar ese terreno comprendido en la parcela 26-6, para lo cual deberían utilizarse los parámetros previstos en la Ley de Expropiaciones y considerar las mejoras introducidas según el oficio INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, del 26 de noviembre del 2021, que es el informe de inspección de esa parcela. También precisó que debería levantarse un nuevo plano que corrija las inconsistencias fijadas en ese mismo oficio, lo que correría por cuenta de la parte actora. En relación con la pretensión de que los demandados indemnicen por los daños y perjuicios derivados de las limitaciones introducidas con ocasión de la creación de la Reserva Forestal, descartó la existencia de limitaciones porque el terreno de los actores se encontraba en explotación. En relación con el daño moral subjetivo concluyó la existencia de una conducta omisiva por parte del Estado y el INDER al no dar cumplimiento a las disposiciones del Decreto 8494-A y lo ordenado por el voto 2456-97 de la Sala Constitucional, que tenían efecto vinculante para las partes involucradas en la aplicación del Decreto Ejecutivo 9494-A, por lo que impuso al Estado y al INDER el deber de indemnizar, en forma solidaria, a cada uno de los actores, con ₡2 000 000. Finalmente, al pronunciarse sobre las excepciones, declaró la falta de legitimación del SINAC en tanto las pretensiones no impugnaban ninguna conducta u omisión administrativa suya. No encontrando conformidad con lo decidido, la representante del Estado y el del INDER acudieron a la Sala, formulando sendos recursos de casación, en el que invocan razones procesales y de fondo. La revisión de las censuras adjetivas planteadas en ellos permite colegir que el primer motivo del Estado, así como los tres iniciales y parte del cuarto de los reproches del INDER, comparten el mismo eje temático. En consecuencia, se procederá a su síntesis conjunta para su resolución posterior. 

 RECURSOS DE CASACIÓN DEL ESTADO Y EL INDER

 MOTIVOS PROCESALES

 II. El Estado, en su primer reparo procesal, alega un problema de motivación de conformidad con las siguientes razones. La sentencia tiene por demostrada la posesión de los actores sobre el terreno descrito en el plano P-529961-98, de más de 68 años y lo hace a partir de los oficios OSO-140-03, OSO-191-06 y OSO-192-06, así como del acuerdo de adjudicación de la Junta Directiva del ITCO, tomado en el artículo XVI de la sesión 2401 del 18 de agosto de 1980. Con base en lo anterior, considera que los actores fueron calificados como “beneficiarios en calidad de usucapientes” de la parcela 26-6 del Asentamiento Campesino Osa. Sin embargo, no hay nexo entre esa adjudicación acordada por el ITCO, que se refiere a la parcela 4-80, con la parcela objeto de este proceso que es la 26-6. La parcela 4-80, adjudicada en 1980, tiene una media de 3 hectáreas 2945.50 m2 y está ubicada en otro sector, mientras que la parcela 26-6 se basa en el plano P-529961-95 y tiene una cabida superior a 77 hectáreas. Es incongruente afirmar que la adjudicación de la parcela 4-80 de 1980 generó derechos sobre la parcela 26-6. Además, el levantamiento topográfico de la parcela 26-6,  que consta en el expediente administrativo, tiene una cabida de 61 hectáreas 6208.15 m2, pero el fallo dispone el pago de un inmueble superior a 77 hectáreas, sin analizar el origen de esa diferencia. El primer hecho probado cita la declaración jurada del 11 de enero de 2008, pero ésta se refiere a un terreno de 59 hectáreas, indicado en el plano catastrado P-293607-95, sin que se establezca la relación con el plano P-529961-95 que refleja un terreno de 77 hectáreas 4704.75 m, por lo que hay una diferencia de más de 18 hectáreas, lo que da cuenta de la falta de certeza sobre el área en que los actores ejercieron la posesión. La sentencia no identifica el acto administrativo que reconoció a los actores como “beneficiarios en calidad de usucapientes” sobre la parcela 26-6. La condición de “poseedor” difiere de la de “usucapiente” y no hay acto administrativo que les reconozca ese último carácter. El fallo no identificó si la usucapión era civil o agraria, ni describió sucintamente las condiciones que estimó para tenerla configurada. La sentencia no indica las razones por las que, en su criterio, los actores cumplían las condiciones de posesión apta para usucapir un terreno que incluye el área contigua a las quebradas, protegida por los artículos 33 inciso b) y 34 de la Ley Forestal, lo que resultaba de trascendencia porque el informe INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, admitido como prueba para mejor resolver, indicó:  “8. Un aspecto importante de valorar es que la parcela 26 la atraviesa de Sur a Norte una quebrada bastante exuberante y en un trayecto de más de un kilómetro, a la cual no se le han respetado las áreas de protección que establece el Artículo 33, Inciso b de la Ley Forestal N°7575 del 5 de febrero de 1996.”  El fallo tuvo por probada una posesión de más de 68 años sobre un área de 77 hectáreas, sin análisis respecto de la identidad del objeto y la cadena posesoria. En sentido similar, el INDER alega falta de determinación clara y precisa de los hechos probados y no probados con base en lo siguiente. Primero. El Tribunal transcribió de manera incompleta y sesgada el acuerdo de Junta Directiva del ITCO correspondiente al artículo XVI de la sesión no. 2401 celebrada el 18 de agosto de 1980, pues el bien inmueble objeto del proceso es la parcela 26 del sector 6, de 77 hectáreas 4704.75 m2, terreno distinto del descrito en el artículo XVI de la sesión 2401 del 18 de agosto de 1980, que adjudicó el lote 4-80 a Miguel Fernández Jiménez, con una medida de 3 hectáreas 2945 m2, acuerdo en el que no figura María Cecilia Ovares Villalobos. Ese acuerdo no tiene relación con la parcela 26-6, por lo que el fallo, de forma errónea, sigue señalándolo como generador de derechos sobre la parcela en disputa. También hay diferencias en el área, pues la parcela 26-6 posee mayor cabida que la parcela 4-80 y ésta última sólo le fue adjudicada a Miguel Fernández Jiménez. Segundo. El Tribunal determinó que los actores ejercieron posesión y fueron reconocidos como adjudicatarios y beneficiarios del IDA según acuerdo reflejado en el artículo XVI de la Sesión 2401 del 18 de agosto de 1980 de la Junta Directiva, pero ese acuerdo no se refiere a la parcela 26-6 que es la pretendida por los actores, por lo que la decisión del Tribunal le provoca indefensión. En etapa de conclusiones alegó que no había un acto que otorgara derechos subjetivos sobre la parcela 26-6 y este aspecto no fue tomado en cuenta en el fallo. Tercero. El fallo es confuso porque se fundamenta en un acuerdo de la Junta Directiva que no otorga derechos sobre la parcela 26 sector 6 y utiliza un acuerdo que se refiere a la parcela 4-80, por lo que se trata de dos bienes distintos. Los testigos aportados por el INDER indicaron que no existe acuerdo de la Junta Directiva del INDER en relación con la parcela 26-6. Cuarto (en parte). El Tribunal incurre en contradicción al utilizar las constancias OSO-140-03 del 21 de abril de 2003, OSO-191-06 del 19 de marzo de 2006 y OSO-192-06 del 10 de marzo de 2006 y ligarlos con el acuerdo XVI de la sesión 2401 del 18 de agosto de 1980 emitido por la Junta Directiva, porque carecen de relación en tanto “son” parcelas distintas, lo que es contradictorio y confuso. Esos oficios se usan para probar la posesión, lo que es contradictorio pues no son actos administrativos declaratorios de derechos. Luego transcribe un muy extenso extracto de, al parecer, sus conclusiones (acápites 4, 5, 5, 7 y 16). Si se analiza la prueba que consta en el expediente, los alegatos de conclusiones y lo fallado, se constatará la violación de lo establecido en el artículo 137 inciso 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo, porque el fallo no es claro ni conciso en los hechos acreditados, incurrió en inobservancia de las reglas de redacción, carece de motivación, le provocó indefensión y genera incongruencia.

 III. Así, en resumen, los planteamientos del Estado y el INDER se ciñen a endilgar una serie de defectos procesales en tanto, en lo medular, falta de certeza sobre el área en que los actores ejercieron la posesión porque: a) la prueba con base en la cual se tuvo por demostrado que fueron declarados “beneficiarios en calidad de usucapientes” de la parcela 26-6 del Asentamiento Campesino Osa -acuerdo tomado en el artículo XVI de la sesión 2401 del 18 de agosto de 1980 del ITCO-, en realidad se refiere a la parcela 4-80, que tiene un área muy inferior y tan sólo dispone tal situación en beneficio de uno de los actores, b) el levantamiento topográfico de la parcela 26-6 que consta en el expediente administrativo da cuenta de un terreno de 61 hectáreas, pero el reclamado es de 77 hectáreas, c) la declaración jurada que se usa como elemento de prueba se refiere a un terreno de 59 hectáreas del plano P-293607-95, sin relación con el plano P-529961-95, d) los oficios en los que la parte actora fundó su derecho no declaran ninguno a su favor.

 IV. Para dilucidar la primera cuestión, precisa considerar lo siguiente. Según se dijo, los actores alegaron ser poseedores de un área localizada en una finca perteneciente al -actual- INDER, en la que se ubica el Asentamiento Campesino Osa y que corresponde a la parcela 26-6 reflejada en el plano P529961-95, con un área de 77 hectáreas 4704.75 metros cuadrados, respecto de la cual se les declaró beneficiarios, terreno que forma parte de la Reserva Forestal Golfo Dulce, pero que ellos poseían desde 10 años antes a la creación de la Reserva. En sus pretensiones solicitaron, en lo fundamental; 1. la nulidad del acuerdo no. 35 sesión 040-2007 del 10 de noviembre del 2007 que derogó el acuerdo no. 39 sesión 44-05 del 14 de noviembre del 2005 y -en lo de interés para resolver estos reparos- 2. se declare que el oficio OSO-192-06 el Instituto de Desarrollo Agrario les reconoció como beneficiarios con una posesión en el Asentamiento Campesino Osa -por sí mismos y sumada a la de sus transmitentes- de 68 años, que tenía más de 10 años antes de crearse la Reserva Forestal Golfo Dulce, dentro de la finca del INDER matrícula 6-39334-000 de la Península de Osa, por lo que tienen derecho a la entrega de las escrituras sobre la parcela 26-6, con una medida de 77 hectáreas 4704,75 metros cuadrados, parcela que tiene el plano catastrado P529961-95 a nombre de Miguel Fernández Jiménez. Luego de la revisión minuciosa de la demanda -hechos y pretensiones- pudo corroborarse que los actores no presentaron alegato o mención alguna en torno a lo definido por la Junta Directiva del -entonces- ITCO en su artículo XVI de la sesión 2401 del 18 de agosto de 1980. Es decir, no fundaron los derechos que alegaban en ese acuerdo, que ni siquiera invocaron como antecedente.  El INDER, al contestar la demanda, tampoco fincó su defensa en ese acuerdo de 1980, pues ni siquiera lo mencionó y su oposición se orientó en que la afectación de los terrenos, dada la creación de la Reserva Golfo Dulce, le imposibilitaba otorgar títulos de propiedad y no había un acto que declarara el derecho reclamado por los actores. El Estado, al contestar la demanda, y en lo de interés para resolver el cargo, señaló que al señor Fernández Jiménez se le había adjudicado una parcela de 3 hectáreas 2945.50 metros cuadrados -sin citar la fuente de sustento de esa afirmación- e indicó que los actores no eran propietarios de los terrenos afectados con la declaratoria de Reserva Forestal Golfo Dulce, por lo que carecían de legitimación. Si bien no se encuentra una referencia, de ninguna de las partes, en torno al acuerdo tomado por el -entonces- ITCO en su artículo XVI de la sesión 2401 del 18 de agosto de 1980, el Tribunal se asienta en él en varios de los hechos probados del fallo. En el primero indica: “1) Que el señor Miguel Fernández Jiménez y la señora María Cecilia Ovares Villalobos, han ejercido la posesión por más de sesenta y ocho años, de un inmueble ubicado en el sector Estero Guerra de Drake, Distrito Sierpe, Cantón Osa, de la Provincia de Puntarenas, cuya naturaleza es área de montaña, potrero y agricultura, plano catastrado P-529961-95, con una medida según dicho plano de 77 hectáreas, 4704.75m2, y han sido reconocidos como adjudicatarios y beneficiarios por parte del IDA (Acuerdo tomado por la Junta Directiva del ITCO en el artículo XVI de la Sesión N°2401, celebrada el 18 de agosto de 1980, según el cual "Con base en las recomendaciones de la Sección de Ordenamiento de Tierras, acordó "adjudicar los siguientes lotes, por reunir los adjudicatarios las condiciones y requisitos legales para que se les extienda el correspondiente título supletorio de dominio" a las siguientes personas: ... Miguel Fernández Jiménez", visible a imágenes 71 a 78 del expediente judicial), declaración jurada visible a folios 13 a 10 del expediente administrativo identificado a nombre de Miguel Fernández Jiménez, con el N°169-07-PMMC, constancias OSO-140-03, emitida el 21 de abril del 2003, OSO-191-06 del 19 de marzo del 2006 y OSO-192-06, de 10 de marzo del 2006, suscritas por el Jefe de la Oficina Subregional del IDA en Osa (…)”. (El subrayado se suple). En el octavo reitera: “8) Que la Junta Directiva del ITCO, por acuerdo tomado en el artículo XVI de la Sesión N°2401, celebrada el 18 de agosto de 1980, "Con base en las recomendaciones de la Sección de Ordenamiento de Tierras, acordó "adjudicar los siguientes lotes, por reunir los adjudicatarios las condiciones y requisitos legales para que se les extienda el correspondiente título supletorio de dominio" a las siguientes personas: ... Miguel Fernández Jiménez" (ver acuerdo a imágenes 71 a 78 del expediente judicial)” .  A su vez, en el tercer hecho no probado señaló carente de prueba: “3) Que se haya dejado sin efecto el acuerdo tomado en el artículo XVI de la Sesión N°2401, celebrada el 18 de agosto de 1980 por la Junta Directiva del IDA (no consta en el expediente)”.  Luego, al examinar la pretensión de reconocer a los actores como beneficiarios del IDA, con una posesión acumulada de 68 años (segunda pretensión de la demanda), el Tribunal mencionó el acuerdo tomado en el artículo XVI de la sesión 2401 del 18 de agosto de 1980 de la Junta Directiva y una serie de constancias que permitían tener por demostrado que los actores eran poseedores de la parcela 26 del sector 6 del Asentamiento Osa, con una posesión acumulada de 68 años. Al efecto afirmó: “(…) el Tribunal logra corroborar no solo que efectivamente el señor Miguel Fernández Jiménez y la señora María Cecilia Ovares Villalobos, han ejercido la posesión por más de sesenta y ocho años (por transmisión alrededor de treinta de esos años), de un inmueble ubicado en el sector Estero Guerra de Drake, Distrito Sierpe, Cantón Osa, de la Provincia de Puntarenas, cuya naturaleza es área de montaña, potrero y agricultura, plano catastrado P-529961-95, con una medida de 77-Ha 4704.75m2, sino que además, fueron reconocidos como adjudicatarios y beneficiarios de esos terrenos por parte del IDA mediante el acuerdo tomado en el artículo XVI de la Sesión N°2401, celebrada el 18 de agosto de 1980; constancia OSO-140-03, emitida el 21 de abril del 2003, constancia OSO-191-06 del 19 de marzo del 2006 y constancia OSO-192-06, de 10 de marzo del 2006, estos últimos emitidos por el Jefe de la Oficina Subregional del IDA en Osa, señor Mario Jiménez Quirós (…) . Así mismo, el acuerdo tomado en el artículo XVI de la Sesión N°2401, celebrada el 18 de agosto de 1980 por la Junta Directiva del IDA, "Con base en las recomendaciones de la Sección de Ordenamiento de Tierras", acordó adjudicar al señor Miguel Fernández Jiménez un parcela en el Asentamiento Osa, también continúa surtiendo sus efectos, pues no consta en el expediente su anulación a través de los procedimientos establecidos por el ordenamiento para anular actos declaratorios de derechos subjetivos. Luego, la pretensión principal identificada como la número 2 debe acogerse, pues de la prueba que consta en el expediente se ha logrado acreditar la existencia de manifestaciones emanadas de la Administración, concretamente del IDA, en las que resolvió adjudicar en un primer momento una parcela del Asentamiento Campesino Osa al señor Miguel Fernández Jiménez, y posteriormente, en tres ocasiones lo ratificó, tanto a éste como a la señora Ovares Villalobos, como beneficiarios de la parcela descrita en el plano catastrado P-529961-95 (…) lo procedente es acoger la pretensión principal N°2, en lo que se refiere a que el IDA (hoy INDER), y reconoció a los actores como adjudicatarios y beneficiarios de la parcela N°26-6, con una posesión de sesenta y ocho años.”  (El énfasis se añade). Luego, al examinar las pretensiones indemnizatorias refirió: “Según se indicó en el considerando anterior, el ITCO, por acuerdo tomado en el artículo XVI de la Sesión N°2401, celebrada el 18 de agosto de 1980, "Con base en las recomendaciones de la Sección de Ordenamiento de Tierras, acordó "adjudicar los siguientes lotes, por reunir los adjudicatarios las condiciones y requisitos legales para que se les extienda el correspondiente título supletorio de dominio" a las siguientes personas: ... Miguel Fernández Jiménez" . Asimismo, en las certificaciones OSO-140-03, emitida el 21 de abril del 2003, OSO-191-06 del 19 de marzo del 2006 y OSO-192-06, de 10 de marzo del 2006, suscritas por el Jefe de la Oficina Subregional del IDA en Osa, señor Mario Jiménez Quirós, se reconoció la condición como Beneficiarios del IDA en calidad de ocupantes por más de 35 años de la parcela #26, Sector 6, Asentamiento Campesino Osa (…) Así, al haber corroborado el Tribunal que tanto al señor Fernández Jiménez como a la señora Ovares Villalobos, les fue reconocida su condición de adjudicatarios y beneficiarios en calidad de usucapientes en los términos del artículo 8 del Decreto Ejecutivo 8494-A, respecto de la parcela 26-6 del Asentamiento Campesino Osa calidad, con más de sesenta y ocho años de posesión, es evidente que tienen derecho a que se les pague a título de expropiación el justo precio de esa parcela” (…) . Así, en resumen, uno de los pilares sobre los que se asienta el fallo, es tener por demostrado que los actores (ambos) fueron declarados beneficiarios de la parcela 26 del sector 6, lo que se hace fundamentalmente a partir del acuerdo de la Junta Directiva del -entonces- ITCO, contenido en el artículo XVI de la Sesión no. 2401, celebrada el 18 de agosto de 1980, declaración que se reiteró en constancias posteriores que incluyó a la coactora. Ahora bien, en primer punto de los recursos a dilucidar, según se dijo, estriba en que, según el Estado y el INDER, la prueba con base en la que se tuvo por demostrado que los actores fueron declarados “beneficiarios en calidad de usucapientes” de la parcela 26 del sector 6, que es ese acuerdo tomado en el artículo XVI de la sesión 2401 del 18 de agosto de 1980 del ITCO, en realidad se refiere a la parcela 4-80, que tiene un área muy inferior y tan sólo dispone tal situación en beneficio de uno de los actores. En efecto, la revisión directa del medio de prueba citado por los recurrentes permite tener por corroborado que el acuerdo del actual INDER -entonces ITCO- al que se arribó en ese acuerdo, no declara ningún derecho de los actores a la parcela 26-6 -de poco más de 77 hectáreas-, sino que adjudica el lote 40 del sector 8 del Asentamiento, con una medida ligeramente inferior a cuatro hectáreas, a Miguel Fernández Jiménez. La consideración oficiosa de este antecedente que, se reitera, figura dentro de los hechos probados 2, 8 y el tercer hecho indemostrado, si bien pudiera parecer inocua, o improbable de generar una vulneración al derecho de defensa, lo cierto es que sí la provoca, pues se refiere a una adjudicación de un lote no reclamado en este asunto por los aquí actores, que sirve como elemento de prueba fundamental para acoger la segunda pretensión de la demanda, así como, en buena medida, el reclamo indemnizatorio. De este modo, el Tribunal incluye un antecedente no invocado por ninguna de las partes (acuerdo del ITCO tomado en el artículo XVI de la Sesión no. 2401 celebrada el 18 de agosto de 1980) y lo hace para sustentar un hecho que no se deriva de él (declaratoria del derecho de posesión de ambos actores sobre la parcela 26 del sector 6), el cual, a su vez, sirve de base para que se acojan pretensiones medulares de la demanda. Estos defectos tan particulares, en criterio de este órgano, invalidan el fallo, en tanto, como bien refieren los recurrentes, les provocan indefensión, amén de una potencial indebida aplicación del derecho de fondo. Además, no podría este órgano simplemente eliminar ese medio probatorio como sustento de los hechos probados 2, 8 y del hecho indemostrado 3, porque debería revisar, en única instancia, si las pretensiones otorgadas pueden acogerse -o no-, vulnerando el derecho de ambas partes de acudir, al respecto, a una instancia revisora del extremo. Así las cosas,  deberá acogerse el recurso de casación por motivos procesales formulado por ambos recurrentes, a raíz de lo cual deberá anularse el fallo dictado por el Tribunal de instancia y disponer el reenvío del asunto para la emisión de un nuevo pronunciamiento de fondo, ajustado a derecho, en los términos regulados por el artículo 150 acápite 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Por innecesario, se omite el análisis de los demás reparos -adjetivos y sustantivos- formulados por las partes recurrentes, pendientes de análisis, en vista de que pierden interés dada la invalidez del fallo dispuesta como resultado de las censuras examinadas. 

POR TANTO

 Se declaran con lugar los recursos de casación por razones procesales promovidos por el Estado y el INDER. En consecuencia, se anulan las sentencias no. 08-2022-V de las ocho horas del 31 de enero de 2022 y su adición no. 08-2022-V-BIS de las 13 horas 30 minutos del 30 de marzo de 2022, dictadas por la Sección V del Tribunal Contencioso Administrativo. Se ordena el reenvío para la emisión de un nuevo pronunciamiento de fondo, ajustado a derecho.  Rgonzalezu

 

 

 

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 




Damaris Vargas Vásquez

	

 

	

Jorge Leiva Poveda




Carlos Guillermo Zamora Campos

	

 

	

Ignacio Jose Monge Dobles

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 VZ7WDJKATEG61

Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected]

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 04:51:14.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Grande
Normal
Pequeña
First Chamber of the Court

Resolution No. 00329 - 2025

Date of Resolution: March 7, 2025 at 07:50

Case File: 15-005599-1027-CA

Drafted by: Jorge Leiva Poveda

Type of matter: COGNIZANCE

Analyzed by: FIRST CHAMBER





Text of the resolution



Exp. 15-005599-1027-CA

Res. 000329-F-S1-2025

 FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at seven hours fifty minutes on March seven, two thousand twenty-five.

In the cognizance proceeding brought by MIGUEL FERNÁNDEZ JIMÉNEZ and MARÍA CECILIA OVARES VILLALOBOS against the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), the STATE, the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), ERAIDA MUÑOZ PICADO, and SÉRVULO SANDOVAL MATA; the State and INDER each file cassation appeals against judgment no. 08-2022-V issued by Section V of the Administrative Contentious Tribunal at eight hours on January thirty-first, two thousand twenty-two, and its addendum no. 08-2022-V-BIS at 13 hours 30 minutes on March 30, 2022. Appearing as attorneys for the parties in this matter are Norman Matamoros Sandí (plaintiffs), Susana Fallas Cubero (State), Guillermo Goyenaga Calvo (INDER), and Gidgett Ramírez Hernández (SINAC).

Reporting Magistrate Jorge Leiva Poveda

CONSIDERANDO

 I. Miguel Fernández Jiménez and María Cecilia Ovares Villalobos brought a cognizance proceeding, initially filed against the State and INDER, to which SINAC was later joined, in which they seek a declaration of: 1. The nullity of INDER Board of Directors agreement no. 35, session 040-2007 of November 10, 2007, because it repealed agreement no. 39 session 44-05 of November 14, 2005, in which they were recognized, as of May 10, 2006, with 68 years of possession of parcel no. 26, sector 6, of the Asentamiento Osa. 2. “The Instituto de Desarrollo Agrario recognized MIGUEL FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, (…) and MARÍA DELIA, known as CECILIA OVARES VILLALOBOS, (…) as BENEFICIARIES of the Institute, with 68 years of quiet, peaceful, uninterrupted possession, personally and combined with the possession of their transferors, totaling more than 68 years according to OSO-192-06, more than 10 years before the creation of the Reserva Forestal Golfo Dulce. Said recognition of possession (…) was within the Asentamiento Campesino Osa, within the property registered in the name of the IDA (…) real folio registration 6-39334 sequence 000, located on the Península de Osa.”  3. That according to INDER Board of Directors agreement no. 39, session 44-05, of November 14, 2005, they have the right to the delivery of the deeds for parcel 26-6, which measures 77 hectares 4704.75 square meters, a property that records previous occupants as Bernarda Morales Osando with 10 years of possession, Lísímaco Marín Madrigal with 20 years of possession, Fernando Rivas -second surname not indicated- with 15 years of possession, for a total possession of 68 years, a parcel which has cadastral map P529961-98, in the name of Miguel Fernández Jiménez, measuring 77 hectares 4704.75 m2. 4. That agreement no. 39 of session 44-05 of the IDA Board of Directors created an administrative procedure to deliver property titles, without restrictions or reservations, to those declared by the institution as beneficiaries of property 6-39334-000 of the Asentamiento Campesino Osa, a situation in which they find themselves. 5. That the State, INDER, and SINAC must compensate them as established by Decreto no. 8498 of April 20, 1978, which created the Reserva Golfo Dulce, as reiterated in Decreto no. 9388-A of November 30, 1978, a recognition contained in article 39 of the Board of Directors session of the then-IDA of November 14, 2005, which regulated an administrative procedure to recognize the rights of adverse possessors (usucapientes) with 10 years prior to the declaration of the forest reserve (reserva forestal), as ratified by judgment 97-2457 of the Constitutional Chamber. 6. The co-defendants—and subsidiarily the State—must compensate them in enforcement proceedings for damages (daños y perjuicios) arising from the limitations imposed starting in 1979, derived from the creation of the Reserva Golfo Dulce which subjected the properties to the forest regime. 7. The co-defendants and, subsidiarily, the State, must pay them for non-pecuniary damage (daño moral) the amount of ₡50,000,000 derived from 40 years of suffering in not finding a solution to the property's situation. Subsidiarily, they petition that, should IDA not be ordered to deliver property titles, their rights be compensated “as a sale” (compraventa) over the parcel on which INDER declared them beneficiaries of the Settlement, at a rate of ₡10,000,000 per hectare. Finally, they request that costs be imposed on the defendants. After the mandatory response, INDER, the State, and SINAC opposed, invoking the defenses of lack of right, standing, and “sine actione agit”. By decision of the processing judge, Eraida Muñoz Picado and Sérvulo Sandoval Mata were joined to the proceeding, who stated they had no interest in participating in any lawsuit against the plaintiffs. Upon resolving the merits of the controversy, the Tribunal, comprised of judges Ileana Sánchez Navarro, Marianella Álvarez Molina, and Sergio Mena García, deemed the following facts as proven. “1. That Mr. Miguel Fernández Jiménez and Mrs. María Cecilia Ovares Villalobos have exercised possession for more than sixty-eight years of a property located in the Estero Guerra de Drake sector, Distrito Sierpe, Cantón Osa, in the Provincia de Puntarenas (…) cadastral map P-529961-95, measuring, according to said map, 77 hectares, 4704.75m2, and have been recognized as allottees (adjudicatarios) and beneficiaries by the IDA, in an agreement made by the ITCO Board of Directors in Article XVI of Session No. 2401, held on August 18, 1980, according to which "Based on the recommendations of the Land Management Section, it agreed to 'allocate the following lots, as the allottees meet the legal conditions and requirements for the corresponding possessory title (título supletorio de dominio) to be issued to them' to the following persons: ... Miguel Fernández Jiménez" (...), sworn statement (declaración jurada) (…) in the name of Miguel Fernández Jiménez, No. 169-07-PMMC, certificates OSO-140-03, issued April 21, 2003, OSO-191-06 of March 19, 2006, and OSO-192-06, of March 10, 2006, signed by the Head of the IDA Subregional Office in Osa, Mr. Mario Jiménez Quirós, in which it was stated: “OSO-140-03 (…) according to our Database, censuses, and files, Mr. Miguel Fernández Jiménez (…) and Cecilia Ovares Villalobos (…) appear registered as IDA Beneficiaries in their capacity as occupants for more than 35 years of parcel #26, Sector 6, Asentamiento Campesino Osa, located in estero Guerra de Drake, Distrito Sierpe, Cantón Osa, Provincia de Puntarenas, measuring 77 Has. 4,704.75m2, cadastral map P-529961-95 (...) OSO-191-06 (…) according to our Database, censuses, and files, Mr. Miguel Fernández Jiménez (…) and Cecilia Ovares Villalobos (…) appear registered as IDA Beneficiaries in their capacity as occupants of parcel No. 26, Sector 6, Asentamiento Campesino Osa, according to cadastral map P/529961-1998 measuring 77-Ha 4704.75m2, located in the Estero Guerra de Drake sector, Distrito Sierpe, Cantón Osa, Provincia de Puntarenas (...) OSO-192-06 according to our Database, censuses, and files, parcel No. 26, Sector 6, Asentamiento Osa, has been in possession of Mr. Miguel Fernández Jiménez (…) and Cecilia Ovares Villalobos (…) for more than 23 years. Likewise, this property records previous occupants as Mr. Bernarda Morales Obando (…) with 10 years of possession; Lisímaco Marín Madrigal (…) with 20 years of possession; Fernando Rivas (no ID number or second surname recorded), with 15 years of possession, which shows a total possession of 68 years" (…), as well as from the statements of witnesses Miguel Herra Miranda, who is an INDER technician and stated he knew the plaintiffs since 1983, when he was conducting the census, and Mario Obando González, who was one of the occupants of the Asentamiento Osa, and told the Tribunal he had known the plaintiffs for many years, that they had their dwelling in Guerra de Drake, that he knew the location of parcel 26, and that the male plaintiff had been living in the place for about forty years, statements that appear in the judicial file, in an attached file.”. 2. According to the report contained in official communication INDER-GG-DRT-RDBROTOS-0574-2021, of November 26, 2021, cadastral map P-529961-1998 (sic) allows determination “ (…) that said land corresponds to parcel 26 of the Asentamiento Osa, Sector 6, which is part of the parent property, real folio 6-39334-000, owned by the Instituto de Desarrollo Rural,” a property located, for the most part, within the Reserva Forestal Golfo Dulce, since only 5 hectares are located outside that reserve. 3. On November 20, 1974, Osa Productos Forestales S.A. and ITCO signed a preliminary settlement agreement aimed at transferring the properties owned by the former to the latter, in order to provide land to occupants who qualified as precarious possessors (poseedores en precario). 4. By Decreto Ejecutivo 8494-A of April 28, 1978, effective June 1 of that year, the Reserva Forestal Golfo Dulce was created. 5. By Decreto no. 10088.G-H of May 2, 1979, three properties belonging to Osa Productos Forestales S.A. were expropriated to fulfill the peasant settlement plan developed by ITCO. 6. The properties of that company were consolidated in 1980, creating property 3934-000, owned by INDER, where the Asentamiento Campesino Osa is located. 7. Parcel 26 described in map P-529961-98 in the name of Miguel Fernández Jiménez is part of that property 39334. 8. In an agreement taken in Article XVI of session 2401 of August 18, 1980, ITCO agreed to allocate a series of lots “as the allottees meet the legal conditions and requirements for the corresponding possessory title (título supletorio de dominio) to be issued to them,” among others, to Mr. Miguel Fernández Jiménez. The Constitutional Chamber, in judgment 2456-1997 of May 2, 1997, ordered the Ministerio de Ambiente y Energía that, through the Dirección General Forestal or the Dirección del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, it comply: “with the provisions established in Decretos Ejecutivos 8494-A, 9388-A, and 10142-A and initiate the expropriation proceedings (…) to jointly develop with those petitioners resulting from the census who are owners or legitimate possessors, a land exploitation plan in accordance with the Regime to which the lands are subjected and that allows the legitimate owners or possessors their sustenance and subsistence while the expropriation proceeding lasts.”  10. On April 28, 2003, MINAE informed the Constitutional Chamber that, in compliance with what was ordered by that Chamber in judgment 202-10276, a census was conducted and among the persons censused by that unit is Miguel Fernández Jiménez with map P-529961-98. 11. The Board of Directors of the current INDER, in agreement no. 39 approved in ordinary session 44-05 of November 14, 2005, regulated a special procedure to deliver property titles in favor of the occupants of the Asentamiento Campesino Osa who could prove possession since at least ten years before June 1, 1978, the date of creation of the Reserva Forestal Golfo Dulce, and established the requirements to be met, after which an inspection would be conducted and an opinion issued that, if positive, would recommend segregation and transfer. 12. Agreement 35 of session 40-07 of December 19, 2007, ordered the revocation of agreement 39 of session 44-05 of November 14, 2005, above-mentioned, regarding titling in the Reserva Forestal Golfo Dulce, since the constitution of the Reserve prevented granting property titles. 13. Given this last fact, although the Osa Subregional Office began the proceedings for the titling of the parcels of the Asentamiento Osa, it suspended them. Now, the Tribunal deemed it unproven that the plaintiffs have been unable to use parcel 26-6 and, additionally, “ 3) That the agreement taken in Article XVI of Session No. 2401, held on August 18, 1980 by the IDA Board of Directors has been nullified (not on file).” After this definition, the judgment proceeds to examine the claims of the complaint. To this end, it dismissed the nullity of agreement 35 of session 40-2007, which revoked agreement 39 of session 39-2005, as it considered that the latter did not imply any recognition of individual rights in favor of the plaintiffs, but rather only regulated a procedure for the delivery of property titles on property 39344-000, which would culminate in a favorable act if segregation and transfer were authorized, but in the plaintiffs' case, this never occurred, by virtue of the revocation of that procedure, ordered in agreement 35 of session 40-2007, a revocation it deemed legitimate, as it did not require a special procedure to be followed. It further noted that the revocation was based on technical opinion DAJ-1013-07 of October 31, 2007, issued by the Legal Affairs Directorate of the then-IDA, according to which it was impossible to title the land in question because it was part of the Reserva Forestal Golfo Dulce. Based on the foregoing, it rejected claims 1, 3, and 4 of the complaint. In relation to the claim seeking a declaration that the plaintiffs are beneficiaries of the then-IDA, by virtue of an accumulated possession of 68 years, it indicated the existence of agreement XVI, session 2401 of August 18, 1980, taken by the ITCO Board of Directors, as well as various certificates issued by INDER, according to which the plaintiffs should be granted a “possessory title (título supletorio de dominio)”, since in the institutional databases they were registered as beneficiaries in their capacity as occupants of parcel 26 of sector 6 of the Asentamiento Campesino Osa for more than 35 years, a parcel measuring 77 Has. 4,704.75 m2, according to map P-529961-95, and it pointed out the chain of possessors prior to the plaintiffs and the period in which they held such status. It reinforced this analysis with testimonial evidence. It also added that the agreement taken in Article XVI, session 2401, of August 18, 1980, in which the IDA Board of Directors, based on the recommendations of the Land Management Section, agreed to allocate a parcel in the Asentamiento Osa to Miguel Fernández Jiménez, continued to have effect, as its annulment was not on record, all of which gave rise to upholding the second claim. It further specified that the lands are located within a property that, starting November 1974, Osa Productos Forestales committed to transfer to ITCO in order to provide exploitable lands to occupants who qualified as precarious possessors, which materialized through Decreto Ejecutivo 10088-G-H of May 2, 1979, which expropriated a series of properties belonging to that company. In 1980, those properties were consolidated, creating estate 39334-000 where the Asentamiento Campesino Osa is located, registered in the name of the former IDA. But it added that the Reserva Forestal Golfo Dulce was created in 1978, while the following year Decreto Ejecutivo no. 10088-G-H was issued with the purpose of expropriating the lands and creating the settlement, as well as agreement 39 of session 44-05 of November 14, 2005, which establishes the titling procedure. According to the judgment, all this shows that before the IDA acquired the land, there were already occupants on the site, and the Administration intended to create the settlement, but later established the Forest Reserve, generating erratic conduct regarding the settlement's occupants, and over many years—from 1978 until 2007—INDER maintained the thesis that titling was possible, so the occupants, in accordance with the principle of legitimate expectations (confianza legítima), continued to possess and take actions—submission of documents—aimed at that end, however, this never occurred because the area is located within the Forest Reserve, an obstacle that was never informed to the occupants, so the plaintiffs were correct in claiming that INDER recognized them as allottees and beneficiaries of parcel 26-6, with 68 years of possession. It then referred that numerals 8 to 11 of Decreto 8494-A of April 28, 1978, in addition to creating the Reserva Forestal Golfo Dulce, deal with addressing the occupation situation of the areas included in the Reserve, for which it was ordered that the Dirección Forestal would manage the direct purchase or exploitation of lands reduced to private domain, and that unit, together with ITCO, should relocate and resettle the occupants. Thus, possessors or owners who did not voluntarily accept the Forest Regime should be compensated through expropriation or direct purchase. It immediately referred to vote 2456-97 of the Constitutional Chamber, according to which Decreto Ejecutivo 8494-A provides for an ex officio expropriation proceeding. The judgment also states that both plaintiffs were recognized as allottees and beneficiaries in their capacity as adverse possessors (usucapientes) of parcel 26-6, with more than 68 years of possession, and therefore have the right, according to Decreto Ejecutivo 8494-A, to be paid, as expropriation, the fair price of the parcel, and given that these obligations fall on the Executive Branch, it was appropriate to uphold principal claim 5 and the subsidiary claim, so that payment for said land comprised in parcel 26-6 should proceed, for which the parameters provided in the Expropriations Law should be used, and improvements made should be considered according to official communication INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, of November 26, 2021, which is the inspection report for that parcel. It also specified that a new map should be prepared to correct the inconsistencies noted in that same communication, at the expense of the plaintiffs. Regarding the claim that the defendants should compensate for damages (daños y perjuicios) derived from the limitations introduced upon the creation of the Forest Reserve, it dismissed the existence of limitations because the plaintiffs' land was under exploitation. Regarding subjective non-pecuniary damage (daño moral subjetivo), it concluded the existence of an omission by the State and INDER in failing to comply with the provisions of Decreto 8494-A and what was ordered by vote 2456-97 of the Constitutional Chamber, which had binding effect for the parties involved in the application of Decreto Ejecutivo 9494-A, and therefore imposed on the State and INDER the duty to jointly compensate each of the plaintiffs with ₡2,000,000. Finally, when ruling on the defenses, it declared SINAC's lack of standing since the claims did not challenge any of its administrative conduct or omission. Finding no conformity with what was decided, the State's representative and INDER's representative appealed to the Chamber, filing respective cassation appeals, in which they invoke procedural and substantive reasons. The review of the procedural objections raised in them allows one to infer that the State's first ground, as well as the initial three and part of the fourth of INDER's reproaches, share the same thematic axis. Consequently, a joint summary will be made for their subsequent resolution.

 CASSATION APPEALS OF THE STATE AND INDER

 PROCEDURAL GROUNDS

 II. The State, in its first procedural objection, alleges a problem of reasoning (motivación) in accordance with the following reasons. The judgment deems proven the plaintiffs' possession over the land described in map P-529961-98 for more than 68 years, and does so based on official communications OSO-140-03, OSO-191-06, and OSO-192-06, as well as on the allocation agreement of the ITCO Board of Directors, taken in Article XVI of session 2401 of August 18, 1980. Based on the foregoing, it considers that the plaintiffs were qualified as “beneficiaries in their capacity as adverse possessors” of parcel 26-6 of the Asentamiento Campesino Osa. However, there is no link between that allocation agreed by ITCO, which refers to parcel 4-80, and the parcel that is the subject of this proceeding, which is 26-6. Parcel 4-80, allocated in 1980, measures 3 hectares 2945.50 m2 and is located in another sector, while parcel 26-6 is based on map P-529961-95 and has an area exceeding 77 hectares. It is incongruent to state that the 1980 allocation of parcel 4-80 generated rights over parcel 26-6. Furthermore, the topographical survey of parcel 26-6, which appears in the administrative file, has an area of 61 hectares 6208.15 m2, but the judgment orders payment for a property exceeding 77 hectares, without analyzing the origin of that discrepancy. The first proven fact cites the sworn statement of January 11, 2008, but this refers to a land of 59 hectares, indicated in cadastral map P-293607-95, without establishing the relationship with map P-529961-95, which reflects a land of 77 hectares 4704.75 m, so there is a difference of more than 18 hectares, demonstrating a lack of certainty about the area over which the plaintiffs exercised possession. The judgment does not identify the administrative act that recognized the plaintiffs as “beneficiaries in their capacity as adverse possessors” over parcel 26-6. The condition of “possessor” (poseedor) differs from that of “adverse possessor” (usucapiente), and there is no administrative act recognizing them in that latter character. The judgment did not identify whether the adverse possession (usucapión) was civil or agrarian, nor did it succinctly describe the conditions it deemed met for its configuration. The judgment does not indicate the reasons why, in its view, the plaintiffs met the conditions of possession suitable for acquiring by adverse possession (usucapir) a terrain that includes the area adjacent to streams, protected by articles 33 subsection b) and 34 of the Ley Forestal, which was significant because report INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, admitted as evidence for better resolution, indicated: “8. An important aspect to assess is that parcel 26 is crossed from South to North by a quite lush stream, over a stretch of more than one kilometer, for which the protection areas established by Article 33, Subsection b of Ley Forestal No. 7575 of February 5, 1996 have not been respected.” The judgment deemed proven a possession of more than 68 years over an area of 77 hectares, without analysis regarding the identity of the object and the chain of possession. In a similar vein, INDER alleges a lack of clear and precise determination of the proven and unproven facts based on the following. First. The Tribunal transcribed incompletely and in a biased manner the ITCO Board of Directors agreement corresponding to Article XVI of session no. 2401 held on August 18, 1980, since the real property subject to the proceeding is parcel 26 of sector 6, measuring 77 hectares 4704.75 m2, a land different from the one described in Article XVI of session 2401 of August 18, 1980, which allocated lot 4-80 to Miguel Fernández Jiménez, measuring 3 hectares 2945 m2, an agreement in which María Cecilia Ovares Villalobos does not appear. That agreement has no relationship with parcel 26-6, so the judgment erroneously continues to point to it as generating rights over the parcel in dispute. There are also differences in area, since parcel 26-6 has a larger area than parcel 4-80, and the latter was only allocated to Miguel Fernández Jiménez. Second. The Tribunal determined that the plaintiffs exercised possession and were recognized as allottees and beneficiaries of the IDA according to the agreement reflected in Article XVI of Session 2401 of August 18, 1980 of the Board of Directors, but that agreement does not refer to parcel 26-6, which is the one claimed by the plaintiffs, so the Tribunal's decision leaves it defenseless. In the conclusions stage, it argued there was no act granting individual rights over parcel 26-6, and this aspect was not considered in the judgment. Third. The judgment is confusing because it is based on a Board of Directors agreement that does not grant rights over parcel 26, sector 6, and uses an agreement that refers to parcel 4-80, so they are two different properties. The witnesses provided by INDER stated that there is no INDER Board of Directors agreement concerning parcel 26-6. Fourth (in part). The Tribunal incurs in contradiction by using certificates OSO-140-03 of April 21, 2003, OSO-191-06 of March 19, 2006, and OSO-192-06 of March 10, 2006, and linking them with agreement XVI of session 2401 of August 18, 1980 issued by the Board of Directors, because they lack any relationship since they “are” different parcels, which is contradictory and confusing. Those official communications are used to prove possession, which is contradictory because they are not administrative acts declaring rights. It then transcribes a very extensive excerpt from, apparently, its conclusions (sections 4, 5, 5, 7, and 16). If the evidence in the case file, the closing arguments, and the ruling are analyzed, a violation of what is established in article 137 subsection 1 of the Administrative Contentious Procedural Code will be found, because the judgment is not clear or concise in the facts proven, it failed to observe drafting rules, lacks reasoning, caused defenselessness, and generates incongruence.

 III. Thus, in summary, the arguments of the State and INDER are limited to accusing a series of procedural defects insofar as, in essence, a lack of certainty about the area over which the plaintiffs exercised possession, because: a) the evidence based on which it was deemed proven that they were declared “beneficiaries in their capacity as adverse possessors” of parcel 26-6 of the Asentamiento Campesino Osa—agreement taken in Article XVI of session 2401 of August 18, 1980 of ITCO—actually refers to parcel 4-80, which has a much smaller area and only provides such a situation for the benefit of one of the plaintiffs, b) the topographical survey of parcel 26-6 in the administrative file accounts for a land of 61 hectares, but the claimed one is 77 hectares, c) the sworn statement used as evidence refers to a land of 59 hectares from map P-293607-95, unrelated to map P-529961-95, d) the official communications on which the plaintiffs based their right do not declare any right in their favor.

 IV. To elucidate the first question, the following must be considered. As stated, the plaintiffs claimed to be possessors of an area located on a property belonging to the current INDER, where the Asentamiento Campesino Osa is located, and which corresponds to parcel 26-6 reflected in map P529961-95, with an area of 77 hectares 4704.75 square meters, regarding which they were declared beneficiaries, a land that is part of the Reserva Forestal Golfo Dulce, but which they had possessed since 10 years before the creation of the Reserve. In their claims, they fundamentally requested: 1. the nullity of agreement no. 35 session 040-2007 of November 10, 2007, which repealed agreement no. 39 session 44-05 of November 14, 2005, and—in what is of interest for resolving these objections—2. a declaration that through official communication OSO-192-06, the Instituto de Desarrollo Agrario recognized them as beneficiaries with a possession of 68 years in the Asentamiento Campesino Osa—personally and combined with that of their transferors—which existed more than 10 years before the creation of the Reserva Forestal Golfo Dulce, within INDER property registration 6-39334-000 on the Península de Osa, and therefore they have the right to the delivery of the deeds for parcel 26-6, measuring 77 hectares 4704.75 square meters, a parcel which has cadastral map P529961-95 in the name of Miguel Fernández Jiménez. After a thorough review of the complaint—facts and claims—it could be corroborated that the plaintiffs did not present any argument or mention regarding what was defined by the then-ITCO Board of Directors in its Article XVI of session 2401 of August 18, 1980. That is, they did not base the rights they alleged on that agreement, which they did not even invoke as an antecedent. INDER, when answering the complaint, also did not base its defense on that 1980 agreement, as it did not even mention it, and its opposition was oriented toward the fact that the encumbrance of the lands, given the creation of the Reserva Golfo Dulce, made it impossible to grant property titles, and there was no act declaring the right claimed by the plaintiffs. The State, when answering the complaint, and in what is of interest for resolving the charge, noted that Mr. Fernández Jiménez had been allocated a parcel of 3 hectares 2945.50 square meters—without citing the supporting source for that assertion—and indicated that the plaintiffs were not owners of the lands affected by the declaration of the Reserva Forestal Golfo Dulce, and therefore they lacked standing.

Although no reference is found from either party regarding the agreement made by the then‑ITCO in Article XVI of session 2401 of August 18, 1980, the Court relies on it in several of the proven facts of the judgment. In the first it states: “1) That Mr. Miguel Fernández Jiménez and Mrs. María Cecilia Ovares Villalobos have exercised possession for more than sixty‑eight years of a property located in the Estero Guerra de Drake sector, Sierpe District, Osa Canton, Puntarenas Province, whose nature is mountain area, pastureland, and agriculture, cadastral map P‑529961‑95, with an area according to said map of 77 hectares, 4704.75 m², and have been recognized as adjudicatees and beneficiaries by the IDA (Agreement made by the Board of Directors of ITCO in Article XVI of Session No. 2401, held on August 18, 1980, whereby “Based on the recommendations of the Land Regulation Section, it agreed to ‘adjudicate the following lots, as the adjudicatees meet the legal conditions and requirements for the corresponding supletorio domain title to be issued to them’ to the following persons: … Miguel Fernández Jiménez”, visible at images 71 to 78 of the judicial file), sworn statement visible at folios 13 to 10 of the administrative file identified under the name of Miguel Fernández Jiménez, with No. 169‑07‑PMMC, certifications OSO‑140‑03, issued on April 21, 2003, OSO‑191‑06 of March 19, 2006, and OSO‑192‑06, of March 10, 2006, signed by the Head of the IDA Subregional Office in Osa (…)”. (The underlining is supplied). In the eighth it reiterates: “8) That the Board of Directors of ITCO, by agreement made in Article XVI of Session No. 2401, held on August 18, 1980, ‘Based on the recommendations of the Land Regulation Section, agreed to ‘adjudicate the following lots, as the adjudicatees meet the legal conditions and requirements for the corresponding supletorio domain title to be issued to them’ to the following persons: … Miguel Fernández Jiménez’ (see agreement at images 71 to 78 of the judicial file)”. In turn, in the third unproven fact it stated as lacking proof: “3) That the agreement made in Article XVI of Session No. 2401, held on August 18, 1980, by the Board of Directors of the IDA has been rendered without effect (it does not appear in the file)”. Subsequently, when examining the claim to recognize the plaintiffs as beneficiaries of the IDA, with an accumulated possession of 68 years (second claim of the complaint), the Court mentioned the agreement made in Article XVI of session 2401 of August 18, 1980 of the Board of Directors and a series of certifications that made it possible to hold as demonstrated that the plaintiffs were possessors of parcel 26 of sector 6 of the Osa Settlement, with an accumulated possession of 68 years. To that effect it stated: “(…) the Court is able to corroborate not only that Mr. Miguel Fernández Jiménez and Mrs. María Cecilia Ovares Villalobos have in fact exercised possession for more than sixty‑eight years (by transfer approximately thirty of those years) of a property located in the Estero Guerra de Drake sector, Sierpe District, Osa Canton, Puntarenas Province, whose nature is mountain area, pastureland, and agriculture, cadastral map P‑529961‑95, with an area of 77‑Ha 4704.75 m², but also that they were recognized as adjudicatees and beneficiaries of those lands by the IDA through the agreement made in Article XVI of Session No. 2401, held on August 18, 1980; certification OSO‑140‑03, issued on April 21, 2003, certification OSO‑191‑06 of March 19, 2006, and certification OSO‑192‑06, of March 10, 2006, the latter issued by the Head of the IDA Subregional Office in Osa, Mr. Mario Jiménez Quirós (…). Likewise, the agreement made in Article XVI of Session No. 2401, held on August 18, 1980, by the Board of Directors of the IDA, ‘Based on the recommendations of the Land Regulation Section’, agreed to adjudicate to Mr. Miguel Fernández Jiménez a parcel in the Osa Settlement, also continues to produce its effects, since its annulment through the procedures established by the legal system to annul acts declaring subjective rights does not appear in the file. Hence, the main claim identified as number 2 must be upheld, since from the evidence in the file it has been possible to prove the existence of manifestations emanating from the Administration, specifically from the IDA, in which it resolved to adjudicate in a first moment a parcel of the Osa Peasant Settlement to Mr. Miguel Fernández Jiménez, and later, on three occasions ratified it, both to him and to Mrs. Ovares Villalobos, as beneficiaries of the parcel described in cadastral map P‑529961‑95 (…) the appropriate course is to uphold main claim No. 2, in that it refers to the IDA (today INDER), having recognized the plaintiffs as adjudicatees and beneficiaries of parcel No. 26‑6, with a possession of sixty‑eight years.” (Emphasis added). Subsequently, when examining the damages claims it stated: “As indicated in the previous considerando, ITCO, by agreement made in Article XVI of Session No. 2401, held on August 18, 1980, ‘Based on the recommendations of the Land Regulation Section, agreed to ‘adjudicate the following lots, as the adjudicatees meet the legal conditions and requirements for the corresponding supletorio domain title to be issued to them’ to the following persons: … Miguel Fernández Jiménez’. Likewise, in certifications OSO‑140‑03, issued on April 21, 2003, OSO‑191‑06 of March 19, 2006, and OSO‑192‑06, of March 10, 2006, signed by the Head of the IDA Subregional Office in Osa, Mr. Mario Jiménez Quirós, the status as IDA Beneficiaries as occupants for more than 35 years of parcel #26, Sector 6, Osa Peasant Settlement was recognized (…). Thus, having corroborated that both Mr. Fernández Jiménez and Mrs. Ovares Villalobos were recognized as adjudicatees and beneficiaries as usucapients under the terms of Article 8 of Executive Decree 8494‑A, with respect to parcel 26‑6 of the Osa Peasant Settlement, with more than sixty‑eight years of possession, it is evident that they have the right to be paid, by way of expropriation, the fair price of that parcel” (…). Thus, in summary, one of the pillars on which the judgment rests is to hold as demonstrated that the plaintiffs (both) were declared beneficiaries of parcel 26 of sector 6, which is done fundamentally based on the agreement of the Board of Directors of the then‑ITCO, contained in Article XVI of Session No. 2401, held on August 18, 1980, a declaration that was reiterated in later certifications that included the co‑plaintiff. Now then, the first point of the appeals to be resolved, as stated, lies in that, according to the State and INDER, the evidence on the basis of which it was held as demonstrated that the plaintiffs were declared “beneficiaries as usucapients” of parcel 26 of sector 6, which is that agreement made in Article XVI of session 2401 of August 18, 1980 of ITCO, actually refers to parcel 4‑80, which has a much smaller area and only establishes that situation for the benefit of one of the plaintiffs. Indeed, direct review of the evidentiary item cited by the appellants makes it possible to corroborate that the agreement of the current INDER —then ITCO— reached in that agreement does not declare any right of the plaintiffs to parcel 26‑6 —of slightly more than 77 hectares— but rather adjudicates lot 40 of sector 8 of the Settlement, with an area slightly less than four hectares, to Miguel Fernández Jiménez. The ex officio consideration of this antecedent, which, it is reiterated, appears within proven facts 2, 8 and the third unproven fact, although it might seem innocuous or unlikely to cause a violation of the right of defense, the truth is that it does cause one, because it refers to an adjudication of a lot not claimed in this matter by the plaintiffs here, which serves as a fundamental evidentiary element to uphold the second claim of the complaint, as well as, to a large extent, the damages claim. In this way, the Court includes an antecedent not invoked by any of the parties (ITCO agreement made in Article XVI of Session No. 2401 held on August 18, 1980) and does so to support a fact that does not derive from it (declaration of the right of possession of both plaintiffs over parcel 26 of sector 6), which, in turn, serves as the basis for upholding core claims of the complaint. These very particular defects, in the opinion of this body, invalidate the judgment, insofar as, as the appellants rightly state, they cause them defenselessness (indefensión), besides a potential improper application of substantive law. Moreover, this body could not simply eliminate that evidentiary item as support for proven facts 2, 8 and unproven fact 3, because it would have to review, in a single instance, whether the claims granted can be upheld —or not—, violating the right of both parties to resort, in that regard, to a reviewing instance on that point. This being the case, the cassation appeal on procedural grounds filed by both appellants must be upheld, as a result of which the judgment issued by the trial Court must be annulled and the matter remanded for the issuance of a new decision on the merits, in accordance with law, under the terms regulated by Article 150 paragraph 1 of the Administrative Contentious Procedure Code. As unnecessary, the analysis of the remaining objections —procedural and substantive— formulated by the appellant parties, pending analysis, is omitted, given that they lose interest in view of the invalidity of the judgment ordered as a result of the objections examined.

POR TANTO

The cassation appeals on procedural grounds filed by the State and INDER are granted. Consequently, judgment No. 08‑2022‑V of eight o’clock on January 31, 2022, and its addendum No. 08‑2022‑V‑BIS of thirteen thirty on March 30, 2022, issued by Section V of the Administrative Contentious Court, are annulled. Remand is ordered for the issuance of a new decision on the merits, in accordance with law. Rgonzalezu

 

 

 

 

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 





Damaris Vargas Vásquez

	

 

	

Jorge Leiva Poveda



Carlos Guillermo Zamora Campos

	

 

	

Ignacio Jose Monge Dobles

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 VZ7WDJKATEG61

Teléfonos: (506) 2295-3658 or 2295-3659, correo electrónico [email protected]

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 04:51:14.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República