Res. 00333-2025 Sala Primera de la Corte — Claim for property rights within Golfo Dulce Forest Reserve dismissedImprocedencia de reclamo de propiedad sobre tierras dentro de Reserva Forestal Golfo Dulce

Grande
Normal
Pequeña
Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 00333 - 2025

Fecha de la Resolución: 07 de Marzo del 2025 a las 07:54

Expediente: 15-008133-1027-CA

Redactado por: Luis Guillermo Rivas Loáiciga

Clase de asunto: CONOCIMIENTO

Analizado por: SALA PRIMERA





Texto de la resolución



Exp: 15-008133-1027-CA

 

Res. 000333-F-S1-2025

 

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las siete horas cincuenta y cuatro minutos del siete de marzo de dos mil veinticinco .

Proceso de conocimiento, establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por ELIZABETH CHACÓN AGÜERO, cédula de identidad número 6-0118-0545, representada por su apoderado especial judicial Dr. Ricardo Zeledón Zeledón, carné no. 1422 contra el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL -INDER-, representado por sus apoderados especiales judiciales Licenciados Natanael Barrantes Azofeifa, carné no. 19857 y Francisco Antonio Villegas Ramírez, carné no. 8129, SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN -SINAC-, representado por su apoderada especial Judicial Licda. Gidgett Ramírez Hernández, carné no. 17939 y EL ESTADO, representado por la procuradora Susana Gabriela Fallas Cubero, carné no. 9669.

Redacta el magistrado Rivas Loáiciga

CONSIDERANDO

I.- En lo de interés se tuvieron como hechos probados, no objetados por las partes, los que de seguido se expondrán. Mediante escritura no. 51, otorgada ante el notario Rolando Sáenz Ulloa a las 14 horas del 20 de noviembre de 1974, el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) y la Compañía Osa Productos Forestales Sociedad Anónima ("La Osa"), suscribieron un convenio que se rigió en lo que interesa, entre otras, por las siguientes cláusulas: "CLÁUSULA PRIMERA: Las partes contratantes desean buscarle solución justa y adecuada a los conflictos existentes entre campesinos, ocupantes de parcelas ubicadas dentro de los inmuebles de que es propietaria La Osa, con miras a dotar a aquellos de esos ocupantes que califiquen como poseedores en precario, de tierras económicamente explotables; de procurar el reconocimiento del justo valor de las mejoras realizadas, a los campesinos censados por el ITCO que no alcancen esa calificación; de abrir nuevas fuentes de trabajo para los pequeños propietarios establecidos en la región y para sus familias, y de asegurar el normal desarrollo de las actividades de La Osa en la explotación racional de los bosques y las tierras que le pertenecen, en un ambiente de paz y armonía con los campesinos pobladores de la región. De acuerdo con la Ley de Tierras y Colonización, es entendido que para los efectos de este convenio, sólo merecerán la calificación de "ocupantes o poseedores en precario", aquellos pequeños agricultores carentes de tierras propias, inscritas o no inscritas, que a la fecha de promoverse el conflicto ante el ITCO, demuestren haber realizado actos de posesión estables y efectivos, como dueños en forma quieta, pública, pacífica e ininterrumpida por más de un año. Las partes convienen en que el conflicto se tendrá por iniciado el día primero de enero de mil novecientos setenta y tres. Por campesinos con derecho al pago de mejoras, se entenderá aquellos pequeños propietarios que se encuentren en las condiciones descritas pero que no hayan alcanzado el año de posesión que se requiere para tener la condición de ocupantes en precario. CLÁUSULA SEGUNDA: Para cumplir con las finalidades expresadas en la Cláusula Primera, en la forma más eficiente, técnica y económica, las partes contratantes convienen que el ITCO inicie a la mayor brevedad posible un censo general de los pobladores afincados en los terrenos de La Osa y la determinación de cuáles de ellos califican como ocupantes en precario; y cuales tienen la condición de campesinos que no pueden ser calificados como tales, pero a quienes se justifica el reconocimiento del valor de las mejoras efectuadas. El ITCO realizará los estudios técnicos que requiere la localización y planificación de los asentamientos o parcelaciones que deberán servir para ubicar a quienes califiquen como ocupantes en precario, y la selección de los terrenos adecuados para esa finalidad. Las áreas que para tales efectos se localice, deberán ser aptas para la explotación agropecuaria; encontrarse cerca de las áreas industriales que va a desarrollar La Osa o de las costas, puertos, fuentes de agua potable o caminos existentes o en proyecto de construcción por parte de La Osa. Dichas áreas serán seleccionadas teniendo en mira, el más económico y eficiente desarrollo de caminos de acceso (...)". En Decreto Ejecutivo no. 8.494-A del 28 de abril de 1978, se creó la Reserva Forestal de Golfo Dulce, con una superficie de 84.538 hectáreas 1.875 metros cuadrados. Mediante Decreto Ejecutivo no. 9.388-A del 30 de noviembre de 1978, se reformó el Decreto Ejecutivo no. 8.494-A del 28 de abril de 1978, con la finalidad de excluir de la Reserva Forestal Golfo Dulce, los terrenos de aptitud forestal reducidos a dominio privado, que habían quedado comprendidos dentro de dicha Reserva. En Decreto Ejecutivo no. 10.088-G-H del 2 de mayo de 1979, reformado luego por el artículo 1° del Decreto Ejecutivo no. 10244 del 5 de julio de 1979, se dispuso en lo que interesa: "Considerando: 1°- Que siendo obligación del Estado de conformidad con el artículo 50 de la Constitución Política, velar por el bienestar de los habitantes del país, organizar y estimular la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, lo cual se logra en parte, resolviendo el problema de tantos campesinos sin tierra, así como realizando un vasto plan de desarrollo agropecuario-forestal, el Gobierno de la República con ese fin, por medio del Instituto de Tierras y Colonización, está llevando a cabo en todo el territorio nacional, un ambicioso plan de asentamientos campesinos, haciéndose necesario consecuentemente, la adquisición de las fincas, construcciones, instalaciones, mejoras, maquinaria, repuestos y mobiliario que luego se describirán en la parte dispositiva y que pertenecen a las firmas comerciales "Osa Productos Forestales Sociedad Anónima" hoy "Agroindustrial Rincón Sociedad Anónima" y a "O Sociedad Anónima". 2°-Que con el fin anteriormente indicado el Ministerio de Gobernación y Policía por oficio de fecha 24 de abril último propuso a las compañías antes mencionadas la adquisición de los bienes de su pertenencia, habiendo el representante legal de esas sociedades en nota de fecha veintisiete de abril del año en curso, manifestado su conformidad en la expropiación. Por tanto, DECRETAN: Artículo 1°- Con fundamento en los artículos 45 y 50 de la Constitución Política y en la ley número 36 de 26 de junio de 1896, adicionada por Decreto Legislativo número 78 de 24 de junio de 1938, se expropian los bienes que se describen así: I.-Fincas pertenecientes a Osa Productos Forestales S. A. hoy Agroindustrial Rincón S. A.: a) Finca inscrita en la Sección de Propiedad del Partido de Puntarenas del Registro Público, al tomo dos mil trescientos setenta y uno, folio cuatrocientos cincuenta y seis y quinientos treinta y dos, número veintidós mil cuarenta y ocho, asientos, uno, dos y tres que es terreno de montaña, selva virgen, terrenos agropecuarios, incluyendo la laguna de Chocuaco, la fila Ganado, los ríos Pueblo Viejo, Catarata, quebrada Salto, río San Juan, quebrada Venegas, río Ravito, río Rincón, río Pavón, quebrada Chanchera, quebrada Ganado, quebrada Escondido, quebrada Caballero, quebrada Cerritos, quebrada Timón, río Conté, río Barrigones, quebrada Danta, quebrada Jobo, quebrada Cedral, río Agujas, parte de la fila de Matajambres, río Sabala, parte de la fila Barrigones, río Niño, quebrada Tarde, río Vaquedano, río Drake, río Claro y los cerros de Arata, Rancho Quemado, Brujo, Aguja, Debro, Ones y Rincón Mueller. Finca que es resto, sita en los distritos segundo y tercero del cantón sétimo de Puntarenas y primero y tercero del cantón quinto de Puntarenas. Mide: treinta y nueve mil quinientas siete hectáreas tres mil cincuenta y nueve metros cuadrados, según Registro… b) Finca inscrita en el mismo Partido y Sección del Registro que la anterior al tomo mil cuatrocientos ochenta y cuatro, folio doscientos cuarenta y ocho, número ocho mil novecientos cuarenta y siete, asientos nueve y diez que es terreno de montaña virgen de topografía quebrada de figura irregular, sito en el distrito cuarto, cantón quinto de la provincia de Puntarenas… Mide: Mil ciento sesenta y ocho hectáreas, cinco mil quinientos noventa y un metros cuadrados. II.-Finca propiedad de O. Sociedad Anónima: Inscrita en la misma sección y Partido que las dos anteriores, al tomo dos mil trescientos setenta y uno, folio cuatrocientos cincuenta y tres, número veintidós" mil cuarenta y seis, asientos uno, dos, que es terreno de montaña virgen, bosques maderables, campo de aterrizaje, varias casas, bodegas y otras instalaciones, regado por los ríos y quebradas y también surcado por varios caminos, un campo de aterrizaje, varias casas de habitación, bodegas y algunas otras instalaciones. Sito en el distrito tercero, cantón quinto y segundo del cantón sétimo de Puntarenas… mide cinco mil cuatrocientos setenta y ocho hectáreas, siete mil trescientos veintiséis metros, sesenta y nueve decímetros cuadrados, incluido el dos por ciento para caminos. Las tres fincas descritas forman en el terreno una sola unidad agrícola-forestal. (...) Artículo 5°-Se autoriza a la Procuraduría General de la República para que comparezca ante el notario público que indique el Instituto de Tierras y Colonización, a otorgar la correspondiente escritura de traspaso de los bienes que se expropian y para que, en el mismo acto, los traspase a dicho Instituto el que los destinará a los fines de la ley número 2825 de 14 de octubre de 1961 y sus reformas. Asimismo, se autoriza a dicha funcionaría para que firme cualquier escritura adicional que sea necesario, para lograr la correcta inscripción en el Registro Público de la escritura principal.". Osa Productos Forestales S.A., traspasó al Estado y éste al Instituto de Tierras y Colonización, las fincas del Partido de Puntarenas con número de matrículas 22.048, 8.974 y 22.046 expropiadas a la primera, la cuales fueron reunidas para crear el inmueble folio real 39.334-000, con base en el cual se creó el Asentamiento Campesino Osa. En 1993 y en otras ocasiones anteriores, el Instituto de Desarrollo Agrario, levantó censos con la finalidad de identificar a las personas que permanecían en los terrenos ubicados en la Reserva Forestal Golfo Dulce, censos que se limitaron únicamente a consignar la información que les brindaban las personas entrevistadas en el lugar, pero sin que se procediera a su posterior verificación. Mediante resolución no. 2456-97 de 11 horas 3 minutos del 2 de mayo de 1997, la Sala Constitucional al resolver recurso de amparo interpuesto por el Sindicato de Productores Independientes del Cantón de Osa contra el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Dirección Forestal del Ministerio de Recursos Naturales Energía y Minas, lo declaró con lugar. Ordenó al Ministerio del Ambiente y Energía a través de la Dirección General Forestal o Dirección del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que a partir de la notificación de ese fallo, procediera a cumplir con lo establecido en los Decretos Ejecutivos números 8494-A, 9388-A- y 10142-A, e iniciar las diligencias de expropiación. En acuerdo tomado por la Junta Directiva del INDER -en aquel momento IDA-, en la Sesión número 044-05 celebrada el 14 de noviembre de 2005, artículo 39, se decidió: "PRIMERO: Se autoriza un procedimiento especial y exclusivo para que en la finca número 39334-000 del Partido de Puntarenas, propiedad del IDA, que conforma el Asentamiento Campesino Osa, ubicado dentro de la reserva forestal Golfo Dulce se pueden entregar títulos de propiedad a favor de aquellos ocupantes que demuestren una posesión de por lo menos diez años con anterioridad al 1 de junio de 1978 fecha en la que se creó por decreto la Reserva Forestal Golfo Dulce. SEGUNDO: El beneficiario que pretenda ser sujeto de titulación deberá presentar los siguientes documentos ante la Oficina Subregional del IDA en Rincón de Osa: a- Solicitud formal para que se le otorgue el título que deberá contener como mínimo: nombre, apellidos, calidades y domicilio del solicitante y su cónyuge ubicación de la parcela o lote que se pretende titular y naturaleza del terreno. b[1]Documentos legales que demuestren la posesión decenal ejercida con anterioridad al 1 de julio de 1978. c- Declaración jurada rendida ante un Notario Pública donde conste el tiempo de posesión del solicitante el nombre, apellidos y demás calidades de la persona de quién adquirió su derecho, así como la cadena de transmisión del mismo a partir del 1 de julio de 1968. d- Certificación del estado civil del solicitante o los solicitantes. e- Copia de la cédula de identidad del solicitante y su cónyuge. f- .Plano catastrado del inmueble. Con toda la documentación antes señalada la Oficina Subregional del IDA en Rincón de Osa procederá a la conformación del respectivo expediente administrativo. TERCERO: El Área de Topografía cuando existiera deberá suministrar el plano catastrado a la Oficina Subregional de Osa. Si el mismo no está confeccionado podrá hacer las gestiones ante la Gerencia General del IDA para que se le dote del contenido presupuestario necesario para el levantamiento y catastro de las parcelas. Queda facultado el interesado para que por sus propios medios contrate un profesional en topografía para el catastro del plano respectivo, que deberá aportar a la Oficina Regional del IDA en Osa para los trámites subsiguientes, previa consulta al Área de Topografía y a la Oficina Subregional de Osa. CUARTO: La Oficina Subregional de Rincón de Osa del IDA, en acción conjunta con el funcionario que la Dirección del Área de Conservación Osa el MINAE designe, deberá en todos los casos practicar inspección ocular en el predio que se pretende titular. La indicada inspección ocular tendrá como objeto lo siguiente: a) Comprobar en el propio sitio la presencia del ocupante como dueño del terreno. b) Comprobar linderos, comprobar que no existen traslapes ni presencia de terceros ocupantes. e) Reseñar la naturaleza del inmueble. d) Levantar el acta correspondiente que será suscrita por los funcionarios señalados. e) Verificar la información investigada con la base de datos, censos y documentos que posea la oficina subregional del IDA en Osa. QUINTO: Realizada la inspección de campo y habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos, el MINAE por medio de su representante regional y el IDA por medio de la Oficina Subregional de Osa emitirán la recomendación respectiva expresando su opinión favorable para el otorgamiento del título o las razones para negarlo. SEXTO: Todo lo actuado que deberá constar en el expediente respectivo será elevado a conocimiento del Director de la Región Brunca quién a través de su asesora legal verificará el contenido del expediente y emitirá-su recomendación sobre el caso. En el supuesto de que el examen resulte positivo se recomendará la segregación y traspaso del predio a titular ante el área de titulación y este lo elevará a la Junta Directiva del IDA para que se dicte el acuerdo correspondiente. SÉTIMO: Todo otorgamiento de título con base en este acuerdo quedará sujeto a las limitaciones y condiciones que establece la Ley de Tierras y Colonización 2825 del 14 de octubre de 1961, así como a las limitaciones y condiciones propias de la Ley Forestal 7575 del 5 de febrero de 1996 y Ley Orgánica del Ambiente 7554 del 4 de octubre de 1995, esas limitaciones y condiciones deberán constar en la escritura principal. Además, la escritura consignará, sin que tome nota el Registro que el beneficiario renuncia en este acto a cualquier reclamo o indemnización en contra del Estado que le pudiera corresponder como poseedor dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce. OCTAVO: Para el otorgamiento de títulos en las condiciones establecidas en este acuerdo se comisiona a la Presidencia Ejecutiva para que incorpore en el presupuesto los recursos económicos indispensables, así como para que asigne el personal necesario que permita llevar adelante el proceso de titulación. NOVENO: Se delega en la Gerencia General todo lo correspondiente a la coordinación de acciones con los funcionarios de la Reserva Forestal de Golfo Dulce del Área de Conservación de Osa del MINAE, con los representantes del Sindicato de Productores Agrícolas independientes del Cantón de Osa (SIPRAICO) y con los beneficiarios directos de este programa de titulación. DÉCIMO: Se faculta a la Oficina Subregional de Osa y a la Dirección de la Región Brunca para que en un solo acto recomiende la adjudicación, la segregación y el traspaso de las tierras que califiquen conforme a lo dispuesto en este acuerdo. UNDÉCIMO: Se comisiona a la Secretaría General de Junta Directiva, enviar copia del presente acuerdo a Lic. Carlos Manuel Rodríguez Echandi, Ministro de Ambiente y Energía y al Sindicato de Productores Agrícolas Independientes del Cantón de Osa (SIPRAICO)". En la constancia no. OSO-796-05 del 30 de noviembre de 2005, emitida por el Ing. Mario Jiménez Quirós, en su condición de Jefe de la Oficina Subregional Osa, expresó: "En esta forma la Oficina Subregional Osa hace constar: según nuestra Base de Datos, censos y archivos la parcela No. 181 del sector 7, Asentamiento Campesino Osa, ha tenido una ocupación total por más de 32 años, siendo sus ocupantes anteriores, los señores Geiner Ortiz Ilama, cédula 1-0609-0968 quien la poseyó por espacio de 10 años y traspasó al señor Ronald Ortiz Ilama, cédula 9-087-969 quien también la poseyó por espacio de 10 años traspasando luego a doña Elizabeth Chacón Agüero, cédula 6-118-545 quien a esta fecha tiene 13 años de estar ocupando personalmente. La parcela cuenta con plano catastrado P-544258-99, sito en Alto de San Juan, Distrito Sierpe, Cantón Osa, Provincia de Puntarenas. Mide 39-Ha 9139.77 m2." Mediante sentencia no. 2007-8098 de 16 horas 24 minutos del 12 de junio de 2007, la Sala Constitucional resolvió recurso de amparo interpuesto contra el Instituto de Desarrollo Agrario, la Junta Directiva del IDA, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Presidencia Ejecutiva del IDA, donde dispuso: "III.-En tales supuestos, existe una imposibilidad material para los recurridos de titular terrenos dentro de las reservas de carácter forestal por resultar tal proceder inconstitucional, según lo dispuesto por este Tribunal, salvaguardándose, conforme al contenido de las sentencias transcritas, los derechos adquiridos de buena fe según el dimensionamiento que esta Sala estableció en cada una de las sentencias citadas. Por ello el recurso planteado resulta improcedente, y así debe declararse, sin perjuicio de que los recurrentes puedan iniciar en contra de los recurridos las acciones que estimen pertinentes en la vía ordinaria contencioso administrativa, tendente a la protección de sus intereses y derechos. Por tanto: Se rechaza por el fondo el recurso". En acuerdo adoptado por la Junta Directiva del IDA, no. 35 de la sesión ordinaria 040-2007 celebrada el 19 de noviembre de 2007, se resolvió: "Con fundamento en lo expuesto en el oficio DAJ-1013-07, suscrito por la Dirección de Asuntos Jurídicos, en el cual indica que la afectación a Reserva Forestal de los terrenos que se encuentran inscritos a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario, hace que su afectación al Patrimonio Natural sea automático, estándole vedado otorgar títulos de propiedad a particulares, se acuerda: Revocar el acuerdo 39 de la sesión 44-05 del 14 de noviembre de 2005, referente a la titulación en la Reserva Forestal Golfo Dulce. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD". Debido al recurso de amparo planteado, entre otros, por Víctor Arguijo Arguijo y tramitado en el expediente no. 08-008420-007-CO, la Sala Constitucional dictó la sentencia no. 2008-14134 de 9 horas y 4 minutos del 24 de setiembre de 2008, donde decidió: "II.-OBJETO DEL RECURSO.- El recurrente alega que la Junta Directiva del Instituto recurrido derogó un acuerdo en el que se había dispuesto un procedimiento especial para que en la finca No. 39334-0000 del Partido de Puntarenas, propiedad del IDA, que conforma el Asentamiento Campesino Osa, ubicado dentro la reserva forestal Golfo Dulce se puedan entregar títulos de propiedad a favor de aquellos ocupantes que demuestren una posición de por lo menos diez años con anterioridad al 1 de junio de 1978, fecha en la que se creó la Reserva Forestal Golfo Dulce; sin embargo no realizó el proceso administrativo conducente a la declaratoria de lesividad ni los amparados fueron notificados a pesar que ya habían sido declarados como beneficiarios por la Oficina Subregional de Osa del Instituto recurrido, con lo cual se lesiona el derecho al debido proceso.- III.-SOBRE EL FONDO. En cuanto al principio de intangibilidad de los actos propios, la Sala ha señalado reiteradamente que éste tiene rango constitucional, en virtud de derivarse del artículo 34 de la Carta Política, que obliga a la Administración a volver sobre sus propios actos en vía administrativa, únicamente bajo las excepciones permitidas en los artículos 155 y 173 de la Ley General de la Administración Pública. Para cualquier otro caso, debe el Estado acudir a la vía de la lesividad, ante el juez de lo contencioso administrativo. La Administración tiene vedado suprimir por su propia acción, actos que haya emitido, confiriendo derechos a los particulares, los cuales constituyen un límite respecto de las potestades de revocación de los actos administrativos con el fin de exigir mayores garantías procedimentales. Así las cosas, en el presente caso, en el acuerdo No 39 de la sesión 44-05 del 14 de noviembre de 2005 la Junta Directiva del instituto recurrido autorizó un procedimiento especial y exclusivo para que en la finca No. 39334-0000 del Partido de Puntarenas, propiedad del IDA, que conforma el Asentamiento Campesino Osa, ubicado dentro la reserva forestal Golfo Dulce se puedan entregar títulos de propiedad a favor de aquellos ocupantes que demuestren una posición de por lo menos diez años con anterioridad al 1 de junio de 1978, fecha en la que se creó la Reserva Forestal Golfo Dulce, siendo que éste acto no consiste en una declaratoria de derechos para ninguna persona, únicamente se dispuso un procedimiento administrativo que deben de cumplir las personas que ocuparon dichos terrenos, de lo cual, lo único que genera es una expectativa a obtener si se cumplen con los requisitos establecidos al efecto - una situación jurídica consolidada por lo que de dicho acuerdo no se derivan ningún derecho siendo la vía administrativa o judicial la que vendría a otorgar o no algún beneficio a las personas que cumplieran con los requisitos dispuestos para tal efecto. En este sentido, para la anulación de dicho acuerdo no tenía la Administración que acudir a la declaratoria de nulidad a que hace referencia el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, o al contencioso de lesividad o, en fin, cumplir con el debido proceso y dar oportunidad a los amparados para que ejercieran su derecho de defensa –como éste lo reclama- en virtud que dicho acto no generó una consolidada a favor de los amparados, ni adquirieron ningún derecho, por cuanto, según lo informa bajo juramento el Presidente de la Junta Directiva recurrida, en la Oficina Subregional de Osa inició la apertura de los expedientes de quienes se apersonaron y no existe ningún acto administrativo que declare como beneficiarios a los amparados, por lo que debe desestimarse el recurso también en este extremo. Por otra parte, si los amparados son beneficiarios del IDA o si tiene algún derecho de ocupación o propiedad, con respecto a alguna parcela en el Asentamiento Campesino Osa derivado de un acto dictado directamente de la Junta Directiva o de la oficina Subregional del Instituto recurrido, deberá ser alegado en la vía administrativa correspondiente o en la sede contenciosa administrativa en virtud del carácter eminentemente sumario del proceso de amparo, cuya tramitación no se aviene bien con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar -con carácter declarativo- si existen en realidad o no derechos de rango infra constitucional que las partes citen como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso. Dado que, en esencia, si la Sala se propusiera determinar si en este asunto los amparados son beneficiarios o no de algún derecho sobre las parcelas de dicho Asentamiento y a partir de qué fecha, resulta obvio que lo expuesto desborda el campo de la constitucionalidad, y se vincula con la mera legalidad. Por lo expuesto, al no haber sido posible tener por acreditado que se produjera lesión alguna a los derechos fundamentales de los amparados, el presente recurso debe rechazarse, aunque advirtiendo que esta declaratoria no prejuzga sobre la validez de los actos administrativos cuestionados. En consecuencia, deberán los amparados, si a bien lo tienen, acudir a la vía contencioso administrativa a hacer valer sus derechos.-Por tanto: Se declara sin lugar el recurso". Mediante Contrato no. PN 01-22-255-2003: "Contrato de Pago de Servicios Ambientales, Modalidad Protección Bosque", suscrito por el Ministro de Ambiente y Energía, el Presidente del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, la señora Elizabeth Chacón Agüero y el Lic. Marco Aurelio Bolaños Víquez en representación del entonces Instituto de Desarrollo Agrario, la accionante aceptó "ejecutar un proyecto de pago de servicios ambientales modalidad conservación de bosque, en el área que ejerce como poseedora y adjudicataria del IDA, plano catastrado P-544258-1999, que es parte del Folio real matrícula 39334-000...", por el plazo de cinco años a partir del 20 de octubre de 2003. El presente Proceso se interpuso el 10 de setiembre de 2015. La señora Elizabeth Chacón Agüero, interpuso demanda contra el INDER. SINAC y el Estado, donde pidió de declarara que: el acto de la Junta Directiva del IDA, hoy INDER, no. 35 de la sesión 040-2007, del 10 de noviembre de 2007, es nulo porque pese a que derogó el artículo XXXIX de la sesión no. 44-05, del 14 de noviembre de 2005, no se le notificó, lo cual la afectó. 2) El acto de la Junta Directiva del IDA no. 35 de la sesión 040-2007, del 10 de noviembre de 2007, es nulo ya que dejó sin efecto sus derechos de usucapión reconocidos, y que ejerció previo a la constitución la Reserva Forestal Golfo Dulce, reconocidos por los Decretos Ejecutivos no. 8494-A del 28 de abril de 1978, Artículos 9, 10, 11 donde se dispuso expropiar las fincas privadas o usucapidas dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce (La Gaceta no. 104 del 1° de junio de 1978), el Decreto reformador del no. 8494-A correspondiente al no. 9388-A del 30 de noviembre de 1978, artículo 2, donde se estipuló de nuevo la expropiación de las fincas antes referidas (La Gaceta no. 239 del 15 de diciembre de 1978) y el Decreto no. 10.088-G-H donde se reguló la expropiación de las tierras de la Osa (Alcance no. 6 a La Gaceta no. 102 del 1° de junio de 1979), y la Sentencia de la Sala Constitucional no. 97-2456 de 11 horas 3 minutos del 2 de mayo de 1977 donde "se condenó al Ministerio del Ambiente y Energía, a través de la Dirección General Forestal o la Dirección Nacional de Áreas de Conservación, a cumplir con los Decretos Ejecutivos 84-94-A, 9388-A y 10.142 e iniciar las diligencias de expropiación". 3) El acuerdo de Junta Directiva no. 35 de la sesión 040-2007, del 10 de noviembre de 2007, es nulo dado que dejó sin efecto el tiempo que se le había reconocido como poseedora previo a la constitución de la Reserva de Golfo Dulce, y se tomó con el fin de no entregarle las escrituras a ella, ni a los demás gestionantes. Derechos que afirma, se le habían concedido mediante el procedimiento establecido por la Junta Directiva del IDA en el Artículo XXXIX de la sesión no. 44-05, del 14 de noviembre de 2005. De forma, señala, que dejó sin resolver los trámites iniciados por ella en la Oficina Regional de OSA. Esto, apunta, sin declarar sin lugar su gestión ni dar por agotada la vía administrativa. Indica, la Administración se limitó a devolverle parte de la documentación que constaba en los expedientes, de manera que se le ocultó la causa jurídica del artículo cuya nulidad se solicita.  Igualmente, anular toda documentación posterior a la devolución de los documentos provenientes de la Oficina Regional de OSA, dentro o fuera de ese expediente reconstruido para servicio de los demandados en este juicio, si fue para desconocer el reconocimiento de sus derechos. 4) El IDA, por acuerdo su Junta Directiva, artículo XXXIX de la sesión no. 44-05, del 14 de noviembre de 2005, reconoció lo resuelto en la sentencia de la Sala Constitucional no. 97-2456 de 11 horas 3 minutos del 2 de mayo de 1977 donde "se condenó al Ministerio del Ambiente y Energía, a través de la Dirección General Forestal o la Dirección Nacional de Áreas de Conservación, a cumplir con los Decretos Ejecutivos 84-94-A, 9388-A y 10.142 a iniciar las diligencias de expropiación", creándoles a los usucapientes un procedimiento administrativo para poder reconocerles sus posesiones, sumadas las de sus transmitentes, conforme con su propia declaración jurada, procedimiento en el que ella participó con el reconocimiento de su usucapión previa a que se creara la Reserva de Golfo Dulce, y sus años de posesión. 5) El procedimiento administrativo creado por el acuerdo de Junta Directiva no. Artículo XXXIX de la sesión no. 44-05, del 14 de noviembre de 2005, permitió la tramitación de su procedimiento administrativo donde se le declaró beneficiaria, aunque sin que considerar los años de posesión que señaló en el escrito inicial del proceso, eso mediante memorial OSO-796-05 del 30 de noviembre de 2005. 6) El IDA violentó el acuerdo de Junta Directiva, artículo XXXIX de la sesión no. 44-05, del 14 de noviembre de 2005, porque no reconoció los años de posesión de los transmitentes, y, consecuentemente sus derechos de usucapión antes de la constitución de la Reserva Forestal Golfo Dulce a su favor. 7) Para dejar sin efecto el proceso sumario administrativo para la entrega de escrituras en la Reserva Forestal Golfo Dulce, así como los DERECHOS RECONOCIDOS a ella, intervino ilícitamente la Procuraduría General de la República (PGR), por lo cual la Junta Directiva del IDA dispuso, no terminar el trámite administrativo iniciado, devolviéndole en algunos casos los documentos, en otros, nunca fueron devueltos. 8) La Junta Directiva del IDA no tomó ningún acuerdo, y tampoco nombró un órgano director del proceso para plantear ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo un proceso de lesividad en su contra, por lo que le ocultó el acto administrativo de la Junta Directiva del IDA no. 35 de la sesión 040-2007, del 10 de noviembre de 2007, sin notificárselo, ni mencionarlo en ninguna resolución del proceso administrativo iniciado y no terminado en la Oficina Regional de Osa. 9) El INDER deberá otorgarle a su favor la escritura, como usucapiente no sujeta a ninguna limitación como propiedad privada perfecta, porque esta fue usucapida a la empresa Osa Productos Forestales, sin limitaciones de la normativa de la Ley de Tierras y Colonización, porque se trata de propiedades exclusivamente civiles o agrarias con una disciplina independiente y diferente, dado que la usucapión operó contra la empresa expropiada. El terreno sobre el que deberá entregarse propiedad perfecta reconociéndolo en la escritura se describe así: parcela no. 181, Sector 7 del Asentamiento Campesino Osa, situada en El Alto de San Juan, distrito Sierpe, Cantón Osa, Puntarenas, linda al Norte: Elizabeth Chacón Agüero, Sur: Calle Publica con un frente de seiscientos cuarenta y ocho metros con setenta y ocho decímetros cuadrados de longitud. Este: Hermanos Hermógenes Herrera S.A. y Oeste: Rony Muñoz Muñoz y Río Chocuaco, con una medida de 39 hectáreas, 9.139,77 metros cuadrados, según plano catastrado no. P[1]544258-1999. 10) Además, solicitó se condenara al Estado por ser responsable los menoscabos —excluido el daño moral— y perjuicios causados, al no concederle la propiedad sobre el inmueble descrito supra, y subsidiariamente EL INDER y SINAC debían indemnizarla, en ejecución de sentencia. Ello por impedirle efectuar ningún tipo de actividad forestal, agraria, comercial o industrial, entre ellos actos agrarios para sembrar o al menos producir siquiera para la subsistencia de su familia, así como actividades comerciales, industriales, por más pequeño que fuere como una pulpería, farmacia, impidiéndole hasta poder sacar la madera caída porque la Administración Forestal no lo autorizó, prefiriendo dejarla podrirse que autorizarla a extraerla. Este rubro lo calculó ¢2.000.000,00 por hectárea por año, desde 1978 y hasta la fecha del pago del fallo condenatorio. 11) (Desistida en Juicio Oral y Público). 12) (Desistida en Juicio Oral y Público). De modo subsidiario para el caso de que no se condenara al INDER a la pretensión no. 9, se: 1. Condenara al Estado, subsidiariamente al INDER y a SINAC, con la suma la posesión de sus transmitentes, en ejecución de sentencia, a cancelar al valor del inmueble no expropiado desde 1978 por su culpa y propia responsabilidad a incumplir por todos los medios posibles los Decretos Ejecutivos no. 8494-A del 28 de abril de 1978, Artículos 9, 10, 11 donde se dispuso expropiar las fincas privadas o usucapidas dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce (La Gaceta no. 104 del 1° de junio de 1978), el Decreto reformador del no. 8494-A correspondiente al no. 9388-A del 30 de noviembre de 1978, Artículo 2, donde se estipuló de nuevo la expropiación del inmueble antes referido (La Gaceta no. 239 del 15 de diciembre de 1978), el Decreto no. 10.088-G-H donde se dispuso la expropiación de las tierras de la Osa (Alcance no. 6 a La Gaceta N° 102 del 1° de junio de 1979), la sentencia de la Sala Constitucional no. 97-2456 de 11 horas 3 minutos del 2 de mayo de 1977; donde se condenó al Estado y demás demandadas en forma subsidiaria a indemnizar, en ejecución de sentencia, en un valor no inferior a los ¢10.000.000,00 por hectárea el terreno con más de 50 años de posesión, sumada la posesión de sus transmitentes, a su favor la parcela no. 181, Sector 7 del Asentamiento Campesino Osa, situada El Alto de San Juan, distrito Sierpe, Cantón Osa, Puntarenas. Como pretensión común en ambas solicitó se condenara al Estado, al INDER y al SINAC, a la demanda principal, pretensión no. 9, o la subsidiaria de indemnización, debiendo pagársele la indexación de las obligaciones desde la condenatoria hasta su efectivo pago, así como a ambas costas de este proceso a las tres demandadas. Los representantes del INDER, SINAC y el Estado contestaron de forma negativa la demanda; oponiendo las siguientes excepciones: el INDER: falta de: derecho, legitimación pasiva, interés actual, así como las de cosa juzgada, caducidad y prescripción; el SINAC: Falta de: derecho, legitimación y prescripción; y, el Estado: prescripción, falta de: legitimación activa y derecho. El Tribunal rechazó la excepción de falta de legitimación -en su doble vertiente- y acogió la defensa de falta de interés actual en cuanto a las pretensiones identificadas con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por la forma como resolvió, omitió pronunciamiento sobre la excepción de falta de derecho. Declaró sin lugar la demanda y condenó a la parte actora al pago de ambas costas de este proceso, así como de los intereses que se generen desde su determinación o cuantificación en firme, hasta su efectivo pago, lo cual difirió a la etapa de ejecución de sentencia. La parte vencida formula recurso de casación donde desarrolla un agravio adjetivo y otro de fondo.

Recurso de casación por razones procesales

 II.- Único: acusa el fallo resulta incongruente (también incompetente), de acuerdo con lo regulado en el artículo 138, inciso c) el Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA). Esto, arguye, se produce dado que el Tribunal condenó al pago de intereses sobre el rubro de costas. Apunta, ello únicamente procede en vía de ejecución de sentencia, si el ejecutado no cancelara la suma concedida por concepto de costas. Lo expresado, señala, de conformidad con lo preceptuado en  el cardinal 706 del Código Civil. Reprocha, las personas juzgadoras no podían conceder a favor de las victoriosas réditos sobre costas, ni aunque fuera en la etapa de ejecución del fallo, dado que no contrademandaron. Así, acota lo decidido configura el vicio de incongruencia, con quebranto de los cánones 155 del Código Procesal Civil de 1990, y 61.2 del Código Procesal Civil vigente (CPC). Reclama, el Tribunal carece de competencia para pronunciarse sobre una condenatoria solo reservada para el proceso de ejecución de sentencia. Agrega, ante la hipotética falta de pago de las costas del vencido escapa al proceso de conocimiento, pues dicho tema solo le es posible analizarlo en vía de ejecución del fallo, y en caso de que la parte perdidosa se atrasara en su pago ocurriere. Insiste, las personas juzgadoras no podían pronunciarse, ni condenar al pago de los intereses porque la exigibilidad de los intereses solo procede en obligaciones dinerarias en ejecución de sentencia cuando se cobre el principal, por ser exigible y el deudor no lo satisfaga dentro del plazo otorgado al efecto. En tanto el monto no se cuantifique, como en el caso de examen, se está en presencia de una obligación de valor y por ello no es posible la condena al pago de réditos, como se hizo. Refuta en el fallo no se invocó norma alguna para sustentar dicha condena. De ahí, que aduce la infracción del artículo 706 del CC.

 III.- Aunque la recurrente acusa incongruencia e incompetencia, del estudio del motivo se verifica que lo desarrollado concierne al primero de los vicios. Sobre el yerro procesal alegado, esta Sala ha señalado se configura al no existir nexo entre lo solicitado por los contendientes y la parte dispositiva de la sentencia. Se produce cuando hay una clara contradicción o falta de coincidencia entre lo decidido en el fallo con lo pretendido y las defensas formuladas, en la demanda o contrademanda, su contestación, así como en las audiencias que se realicen. Así, no entre los considerandos de la sentencia y lo dispuesto en el dispositivo. En concreto como causal de casación ocurre cuando las personas juzgadoras resuelven sobre cuestiones que no fueron peticionadas (ultra petita), o proveen de forma excesiva sobre lo solicitado (extra petita), u omiten decidir en todo o en parte en lo tocante a cada una de las pretensiones y excepciones formuladas (mínima o infra petita). En consecuencia, para establecer su acaecimiento, es menester, confrontar el dispositivo del fallo con lo peticionado en la demanda y demás oportunidades que brinda la normativa, su contestación, excepciones opuestas por la parte accionada, con el propósito de determinar si en efecto existe un evidente desajuste entre estos extremos. En la especie, el error aducido no se produce, pues pese que en sentencia se concedieron intereses sobre las costas a las que fue condenada la casacionista como vencida sin que fueran pedidos por la parte demandada, dado que como se verá son resultado natural y normativo de la falta del pago de una deuda líquida, —cardinales 706 y 1163 del CC). Nótese, el Tribunal, en lo que a este aspecto se refiere, dispuso: “Se condena a la parte actora al pago de ambas costas de este Proceso, junto con los intereses que se generen desde su determinación o cuantificación en firme, hasta su efectivo pago. Todo lo cual se liquidará en la etapa de ejecución de sentencia…”. Debido a que la falta de congruencia está asociada con el quebranto al debido proceso, es indudable no existe en el subexamine, ya que el origen de tales réditos es la imposición de las costas, por lo que no es necesario someterlas al contradictorio, al constituir un mero efecto económico del proceso, resultado del vencimiento en juicio. Así los intereses únicamente serían procedentes ante la falta de cancelación de una deuda líquida y exigible. Lo cual, como lo decidieron las personas juzgadoras, ocurriría luego de que sean fijadas en vía de ejecución del fallo, se encuentre firme y hasta su efectivo pago. Este Órgano decisor al resolver un asunto donde se alegaba los intereses sobre las costas no procedían, porque el canon 193 del CPCA no los contempla, resolvió: “Estima la Sala, existen normas que facultan tal proceder. Partiendo de la diferencia entre obligaciones de valor y las dinerarias… la condenatoria en costas origina una obligación que debe cuantificarse en ejecución de sentencia. En la eventualidad de que la actora incumpla con el pago de la suma fijada, resulta aplicable los cardinales 702 y 706 del Código Civil, pues ante el incumplimiento del deudor, éste será responsable de los daños y perjuicios que ocasione; en el caso de que la obligación sea de pagar una suma de dinero, aquellos consisten siempre y únicamente en el pago de intereses sobre la suma debida, contados desde el vencimiento del plazo. Hasta este momento procesal las costas no han sido cuantificadas, pero una vez que ello ocurra, se constituyen en una obligación dineraria. Siendo así, debe entenderse que la condena al pago de intereses sobre las costas adquiere eficacia únicamente en el supuesto de que la accionante incumpla con su pago, los cuales correrán a partir de la firmeza del fallo en el que se cuantificaron las sumas correspondientes a las costas”. Sentencia no. 1710 de 10 horas 35 minutos del 29 de abril de 2020. Como se observa, resulta conteste con lo expresado en cuanto a que el otorgamiento de intereses sobre las costas no constituye incongruencia, puesto que, el Tribunal dispuso aquellas debían fijarse en ejecución de sentencia, la cual una vez firme conllevaría el pago de réditos hasta cuando se cancelen. Esto de conformidad con lo regulado en el ordenamiento jurídico en lo tocante a las obligaciones dinerarias y el eventual pago de intereses en caso de que se incumpla con la cancelación del monto establecido por concepto de costas. En consecuencia, lo que procede es desestimar el cargo.

Recurso de casación por razones de fondo

 IV.-Único:  impugna la imposición en costas de que fue objeto, de conformidad con lo estipulado en los preceptos 134, 135, 136, 138 y concordantes del CPCA. Alega, se conculcaron normas sustantivas (138 a. y b. ibidem), así como que se pretirió y valoró indebidamente la prueba. Manifiesta, existen hechos en contradicción con la prueba, asimismo, que se aplicó e interpretó de modo incorrecto la normativa referida a costas, dado que se le debió eximir de su pago porque tuvo suficientes motivos para litigar. Refuta, el Tribunal se las cargó sin ningún sustento. Esto, ya que el cardinal 193 del CPCA dispone la condena en costas al vencido, pero, no obstante lo anterior, la perdidosa puede ser eximida de su cancelación, entre otros, cuando: “b) Por la naturaleza de las cuestiones debatidas haya existido, a juicio del Tribunal, motivo bastante para litigar”. En su opinión, para que haya mérito para la condenatoria, la parte interesada se encuentra obligada a indicar las razones o motivos para fundamentarla. Apunta, únicamente así, las personas juzgadoras, luego, deberán determinar si identifica la condición legal para proceder a la condenatoria, o si no encontrándola exime a la actora del pago de las costas. Al imponérsele las costas, afirma, se pretirió la prueba documental existente que hubieran conducido a establecer contaba con motivos suficientes para litigar. Increpa, aunque el Tribunal se fundamentó en cánones 119.2, 193 y 194 del CPCA, no motivó tal condenatoria. Estima, no debió procederse sin que las partes rogaran las razones de mérito para la condenatoria, por lo que se dejó llevar por la condenatoria automática, sin el análisis de la prueba existente en autos. Cita como prueba preterida la siguiente: Decreto no. 8494-A del 28 de abril de 1978, donde se creó la Reserva Forestal Golfo Dulce; Decreto no. 9388-A del 30 de noviembre de 1978, que redujo el área que, comprendida la mencionada Reserva Forestal; Decreto no. 10088-G-H del 2 de mayo de 1979,  Decreto de Expropiación a Osa Productos Forestales (en ese momento O.S.A. y Agroindustrial Rincón S.A.); Decreto no. 10142-A, el cual reformó los Decretos números 8494 y 9388-A en cuanto al área de la reserva Forestal Golfo Dulce; Decreto no. 10244, modificando el Decreto Ejecutivo no. N°10088 G-H, en cuanto a la medida de la finca no. 22048, del Partido de Puntarenas.; la sentencia de la Sala Constitucional no. 97-2456 de 11 horas 3 minutos del 2 de mayo de 1997; fallo de esa misma Cámara no. 1434-2008; el acuerdo de Junta Directiva del IDA, Artículo XXXIX de la sesión no. 44-05, del 14 de noviembre de 2005, donde se instituyó del procedimiento administrativo para la titulación de tierras, a los usucapientes dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce; oficio de la Oficina Sub Regional Osa, Memorial OSO-796-05 del 30 de noviembre del 2005, donde se reconoció a la actora como beneficiaria del IDA en el Asentamiento Campesino Osa, con más de 32 años de posesión, en la parcela no. 181, sector 7; El Acuerdo de Junta Directiva del IDA no. 35 de sesión no. 040-2007, del 10 de noviembre de 2007, que derogó el acto creador del procedimiento administrativo para la titulación de tierras, a los usucapientes dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce; solicitud de Elizabeth Chacón Agüero, del 9 de enero de 2006, con sello de recibido del 2 de febrero de 2006, de la Oficina Subregional Osa, donde solicitó que de conformidad al acuerdo de la Junta Directiva, sesión 44-05 del 14 de noviembre del 2005, artículo 39 -procedimiento especial de titulación-, le fueran reconocido su derecho de propiedad; declaración jurada de la señora Chacón Agüero, escritura no. 222-4 del 9 de enero de 2006, otorgada por el notario Ramón Francisco Zumbado Retana, en la que expresó era poseedora del inmueble representado en el plano catastrado no. P-544258-1999, parcela 181, Sector 7, por más de 39 años al 2006; y, el plano catastrado no. P-544258-1999. Argumenta, al preterirse estos elementos de convicción (artículo 138 del CPCA), impidió crear un cuadro fáctico para pronunciarse sobre el mérito de la condena solicitada. Reclama, la única fundamentación en cuanto a costas se encuentra en el considerando VIII de la sentencia, el cual reproduce, y que en lo que interesa, dispuso: “En la especie, a juicio de esta Cámara no estamos frente alguna de las causales que permiten eximir de costas a la parte vencida, por lo que en consecuencia se condena a la actora al pago de ambas costas de este Proceso, junto con los intereses que se generen desde su determinación o cuantificación en firme, hasta su efectivo pago. Todo lo cual, se liquidará en la etapa de ejecución de sentencia a solicitud de las Administraciones vencedoras”. Recrimina, ese no puede ser el mérito para condenar en costas a la vencida, porque se dejaron de lado los documentos aportados, decretos ejecutivos, sentencias de la Sala Constitucional y expedientes administrativos, que, en su criterio, se bastan para acreditar tuvo motivos suficientes para litigar. En su opinión, lo procedente es que se hubiera demostrado que ella no tuvo motivo suficiente para litigar. Adiciona, la preterición de la prueba documental conlleva la vulneración de las normas sobre la prueba documental, como lo es, dice, el precepto 45 del CPC, porque el Tribunal ignoró los hechos probados con la dicha probanza, lo que habría conducido a un resultado contrario de haberlas acatado, a saber, que tuvo motivo bastante para litigar. Recrimina, ya que los codemandados dispusieron no indemnizarle por su finca en tanto la usucapió 10 años antes de la creación de la Reserva Forestal Golfo Dulce. Apunta, se ignoró que el objetivo del proceso fue lograr se le entregara la escritura de la finca usucapida antes de la declaratoria de la Reserva Forestal Golfo Dulce, o sea, a la expropiación, a la cual el Estado lo negó por décadas. La sentencia atribuyó a la prueba una indebida valoración, ya que el Decreto Ejecutivo no. 8.494-A del 28 de abril de 1978 creó la Reserva Forestal de Golfo Dulce, en concordancia con la Legislación Forestal y la Ley de Tierras y Colonización, y en su caso estipuló: “Artículo 8º: Las fincas inscritas, las fincas con posesión decenal y las fincas en posesión precaria establecidas dentro de los límites de la Reserva quedan automáticamente sometidas al Régimen Forestal. Las labores agrícolas que en estas fincas se realicen deben contar con la autorización escrita del Director General Forestal mientras el Estado no las adquiera. Artículo 9º: La Dirección General Forestal gestionara la compra directa o la expropiación de los terrenos reducidos a dominio particular que se encuentren dentro de la demarcación de esta Reserva y que sean indispensables para su integración. Artículo 10º: El traslado y reasentamiento de ocupantes de más o menos de diez años de poseer terrenos dentro de esta Reserva, conforme a la Ley Forestal, se hará con intervención del Instituto de Tierras y Colonización. Artículo 11º: La adquisición de los terrenos que fueren necesarios se hará de conformidad con el censo que para este efecto levantara la Dirección General Forestal o el ITCO”. Expone, se reformó el Decreto no. 8.494-A del 28 de abril de 1978, con el fin de reducir de 84.538 a 80.000 hectáreas, porque se encontraron “terrenos de aptitud agropecuaria, reducidos a dominio particular, que no tienen razón de estar sometidos al régimen forestal”. Recalca, también fueron motivos suficientes para litigar las sentencias de la Sala Constitucional no. 97-2456 de las 11 horas 3 10 minutos del 2 de mayo de 1997  y la no. 1434-2008; en la primera explica, se condenó al Estado a cumplir con los Decretos Ejecutivos constitutivos de la reserva forestal y dispusieron la indemnización a los usucapientes al momento de la constitución de la reserva. En la segunda, indica, dado que ella en 2008, decidió que los recurrentes debían dirigirse contra el Estado y el INDER en la jurisdicción contencioso administrativa. Apunta, la Cámara Constitucional resolvió así después de que el IDA derogara el acuerdo creador del procedimiento administrativo para entregarle a ella la escritura de su parcela dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce fue motivo suficiente para litigar, porque está vinculada a la situación jurídica resuelta en la sentencia de la Sala Constitucional del amparo planteado por el sindicato SIPRAICO, donde se obligó al inicio de los procedimientos de expropiación a favor de los usucapientes con anterioridad a la constitución de la Reserva Forestal Golfo Dulce. Ella, manifiesta,  estuvo obligada a interponer este proceso porque lo decidido por la Sala Constitucional implicó una obligación-deber del Estado de expropiar a los campesinos ubicados en la reserva golfo dulce, a ser indemnizados con la expropiación desde los decretos de 1978. De igual modo, acusa, las personas juzgadoras pretirieron la prueba documental referida a la creación del procedimiento administrativo creado por el IDA en el Acuerdo de Junta Directiva, Artículo XXXIX de la sesión no. 44-05, del 14 de noviembre de 2005, (abreviado para titular las tierras de los usucapientes en la Reserva Forestal Golfo Dulce). Menciona, con sus gestiones  y documentos exigidos, con estudio de la base de datos, censos y archivos, se determinó que era usucapientes de su derecho porque tenían posesiones de más de 10 años antes de la creación de tal Reserva, -sumada la posesión de sus transmitentes-. En consecuencia, sus escrituras del IDA debían otorgarse libre de toda limitación, pues se trataba de un traspaso de fincas y no de un contrato de asignación de tierras. Por ende, señala, a partir de 1979 debía ser indemnizada, por las limitaciones impuestas a su inmueble por el régimen forestal, las cuales le impidieron cultivarla y mejorarla. Sin embargo, objeta, el IDA. y el Estado han incumplido la Ley y Decretos del Poder Ejecutivo (de carácter agrario y ambiental), que les reconocieron esos derechos. En otras palabras, afirma, existió una expropiación de hecho de derechos legítimos de propiedad. El problema de ella es económico, social, ambiental, no solo jurídico.  Debido a que durante casi 40 años no se la cancelado su derecho, se familia sufrió hambre. Lo expresado, aunado a otras faltas de apreciación de acuerdos del IDA que le proporcionaron derechos, asevera, constituyó motivo suficiente para recurrir a la jurisdicción contenciosa administrativa. En su concepto, todo lo actuado por la Administración resulta absolutamente nulo, pues, este es un caso típico donde debió de plantearse un proceso de lesividad, pero no se siguieron las formalidades jurídicas para ello, porque ya estaba caduco. Alude a otros procesos que se interpusieron con el mismo objeto, y acusa, se inició una estrategia para paralizar, atrasar, obstaculizar, impedir avanzar a la audiencia preliminar, entre otros aspectos. El primer obstáculo planteado, dice, fue el planteamiento de la defensa previa de falta de competencia. Luego, los tres jueces tramitadores de los expedientes se avocaron al saneamiento,  intento donde pasaron varios años, sin ningún tipo de avance, pues se convocó en varias oportunidades a audiencias masivas, pero, el Estado e INDER formularon todo tipo de obstáculos para suspenderlas, lo cual, manifiesta, ocurrió varias oportunidades. Explica, Los jueces tramitadores tomaron la decisión de acumular  los procesos 08-000110-161-CA, 08-000134-161-CA, 08-000043-1027-CA, 08-000044-1027-CA, 08-000045-1027-CA, 08-000046-1027-CA, 08-000112- 1027-CA, 08-000340-1027-CA, 08-000942-1027-CA en uno solo el 08-000111-161-CA. Este fue el mayor atraso dado que, que el expediente llegó a 16.000 folios. Posteriormente, se dispuso reunirlos expediente informático, durando casi un año, en lo que lo hizo un expediente inmanejable. Adiciona se gestionó muchas veces se procediera a su desacumulación, hasta que en 2015, con el convencimiento de la ineficacia de tramitar los procesos en uno solo, aceptaron la propuesta de la parte pero, según sus propios criterios por actores: sea que litigaren solos o con sus respectivas esposas. Se desacumularon en 66 expedientes, lo cual constituyó un grave problema, ante gestión de los codemandados debieron reformular las demandas individualizadas, para que en cada una de ellas las demandadas plantearan las mismas defensas previas y la discusión de unos 22 expedientes por Juez Tramitador fueron llevados con gran lentitud. Alude a sus pretensiones en iguales términos a los mencionadas en el considerando I. Expresa, pese a la existencia de antecedentes para denegar las defensas previas los co-demandados las continuaron planteando, con la cual alargaron el proceso. Agrega, el INDER como generalmente lo hizo, no presentó estudios topográficos fiables, ya que se conocía de sus defectos, pues, al ser levantados, calcularse y catastrarse, contenían defectos. Esto debido a las graves ondulaciones de las montañas que no permitieron a los topógrafos entrar a los carriles o límites de las fincas. Además, menciona los instrumentos técnicos de esa época: teodolito, cintas métricas, estacas, con el auxilio de auxiliares que eran quienes ingresaban a algunos puntos, no permitió levantamientos idóneos. Apunta, de acuerdo con lo expuesto el Tribunal vulneró la normativa referida a la exención de costas —artículos 193.b, del CPCA y 73.2 del CPC. El primero, porque estipula que la parte vencida puede ser exonerada del pago de costas, cuando por la naturaleza de las cuestiones debatidas haya existido motivo bastante para litigar, y como se ha indicado hubo gran cantidad de motivos que obligaron a litigar. Por su lado el precepto 73.2 ibid, regula que se puede eximir del pago de costas cuando el litigante haya ajustado su conducta a la buena fe, la lealtad, la probidad y al uso racional del sistema procesal. Aquí, indica la actora siempre litigó de buena fe, ya que reclamó los derechos reconocidos por los citados Decretos, la Sala Constitucional y el propio IDA al crear un procedimiento administrativo para la entrega de escrituras en el Asentamiento Campesino Osa.

 V.- En esta inconformidad combate la imposición de costas como parte vencida. Acusa vulnerado el inciso b) del artículo 193 del CPCA, ya que en su opinión tuvo motivo bastante para litigar. En un desarrollo extenso y poco claro, alude a su teoría del caso, expone que de acuerdo con la prueba documental, a saber, Decretos Ejecutivos, —los que en realidad constituyen normas—, así como a algunos actos administrativos, los que argumenta, fueron preteridos, pues de haberse valorado por el Tribunal, se habría percatado de su motivo bastante para litigar. De igual forma, apunta, el proceso se retrasó debido a conducta de los jueces tramitadores y de los codemandados, pero, que ella siempre actuó apegada a la buena fe procesal. Ha de iniciarse haciendo notar que yerra la casacionista al esgrimir que, previo a imponerle las costas debió analizarse, si había litigado de buena fe. Ello, ya que como lo ha resuelto esta Sala, en cuanto a los efectos económicos del proceso el CPCA en el precepto 193, estipula: “En las sentencias y los autos con carácter de sentencia, se condenará al vencido al pago de las costas personales y procesales, pronunciamiento que deberá hacerse de oficio. No obstante lo anterior, la parte vencida podrá ser exonerada del pago de las costas, cuando: a) La sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia verosímilmente no haya conocido la contraria y, por causa de ello, se haya ajustado la oposición de la parte. B) Por la naturaleza de las cuestiones debatidas haya existido, a juicio del Tribunal motivo bastante para litigar”. Asimismo, cuando la parte vencedora incurrió en “plus petitio” según se regula en el canon 194 ibid. De igual modo, con la salvedad de que exista acuerdo de los contendientes, cuando hubiere desistimiento, allanamiento o satisfacción extraprocesal de la pretendido antes o durante la audiencia preliminar, con excepción de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 197 del CPCA, sea, cuando se origine una vez concluida la audiencia preliminar. De lo expresado, es claro, la regla en materia contencioso administrativa, es la imposición de costas a la parte que resulte vencida en el proceso, lo cual habrá de realizarse de oficio. En todo caso, como se expuso, existen causas que permiten la exoneración, en lo que interesa, las personas juzgadoras condenaron a la actora al pago de las costas. Del examen de la sentencia se constata, en sus consideraciones se expresaron de conformidad con lo que esta Cámara ha decidido sobre este tema. De forma concreta, dispusieron: “En la especie, a juicio de esta Cámara no estamos frente alguna de las causales que permiten eximir de costas a la parte vencida, por lo que en consecuencia se condena a la actora al pago de ambas costas de este Proceso, junto con los intereses que se generen desde su determinación o cuantificación en firme, hasta su efectivo pago”. Lo así resuelto se explica, al examinar lo dispuesto en cuanto al fondo del presente caso, ya que el Tribunal declaró una falta de interés actual. Según lo explicó, este Órgano decisor al conocer un recurso de casación previo, es este mismo proceso, decidió que el Tribunal debía pronunciarse solo en lo concerniente a las pretensiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 desarrolladas por la demandante. En lo que interesa, expresó: “…debe hacer atento recordatorio esta Cámara que el elenco de hechos probados y no probados, se mantiene incólume y que sobre el resto de pretensiones analizadas y rechazadas por este Órgano Colegiado, la Sala Primera expresamente indicó coincidir con el análisis realizado en la Sentencia emitida por este Tribunal y con ocasión de ello, rechazó parcialmente el Recurso de Casación interpuesto. En tal sentido, para mayor claridad y precisión, la Sala Primera indicó que en cuanto a la condición de propietaria que viene aduciendo la accionante, así como a la posesión previa a la creación de la mencionada reserva, compartía lo resuelto por esta Cámara, en cuanto estimamos que no la misma no ostentaba ninguna de las dos condiciones dichas. Así, la citada autoridad judicial expresamente señaló: "IX. Comparte este Órgano Decisor lo resuelto en sentencia. (...) En el asunto de estudio, de la prueba allegada a los autos no se desprende que la actora haya poseído la parcela 181 del Asentamiento Campesino Osa de manera directa o sumando la supuesta posesión de los anteriores ocupantes, diez años antes a la creación de la Reserva Forestal Osa (1 de junio de 1978) y, por ende, que tenga derecho a que se gestione la expropiación o compra directa de la finca, siempre que fueran indispensables para la integración de la reserva”. De ahí, como se expresó, decretó la falta de interés actual, por dicha causa rechazó cada una de las pretensiones mencionadas. Esto porque solo existiría interés si hubiera sido declarada poseedora o propietaria, lo cual fue denegado. De ahí, no existió el motivo bastante para litigar, porque no consiste en la convicción de la parte vencida ni del Tribunal en lo tocante a que fue así, sino que era menester tuviera fundamento en el expediente.  Esta Sala considera, no lleva razón la recurrente por las razones que de seguido se expondrán. En general las causales que facultan la exoneración del pago de las costas, no la habilitan debido a una correcta conducta procesal, sino dado que de acuerdo con la naturaleza de lo discutido permita desprender que el proceso era indispensable para determinar el ordenamiento jurídico le daba la razón. En el subexamine, resulta diáfano, los hechos y pruebas donde se fundamenta la actora para solicitar se le exima como vencida del pago de las resultas económicas del proceso, es meramente subjetivo. A saber, porque tiene la creencia de que la causa de pedir le proporcionó motivo bastante para litigar, pese a no ser más que una convicción personal, según se señaló. Lo expresado, condujo al dictado de esta segunda sentencia la cual resultó contraria a la parte actora, ya que se acogió la falta de interés actual y se declaró sin lugar en todos sus extremos la demanda. Por otro lado, el que a la actora se le tenga como vencida, no significa se le considere litigante temeraria o de mala fe. Según se explicó, en materia contencioso administrativa, entre otras, como, por ejemplo, en civil y agraria, las costas se cargan al perdidoso a modo de reconocimiento al vencedor, quien tuvo que acudir a defender su derecho o interés. Así, al haber tenido que litigar y erogar gastos para defender sus derechos, provoca que la vencida asuma, por regla general, las resultas económicas del proceso. Se insiste, la existencia de la eximente debía acreditarse, pues, la condena al perdidoso es la regla, de no actuarse, se requiere del debido sustento objetivo, no como lo pretende la accionante con base en razones subjetivas (creencia y convencimiento de llevar razón, pese a que previamente se había dispuesto no contaba con derecho alguno ni como propietaria ni poseedora). El mencionado canon 193 del CPCA en su inciso b), regula, cabe la exoneración en costas a la vencida cuando del examen de las cuestiones debatidas y la naturaleza de lo pretendido, la persona juzgadora pueda concluir el litigio era necesario para solventar el conflicto, lo cual no sucedió en el subexamine. En el caso de estudio el Tribunal acogió la falta de interés, y sin lugar en todos sus extremos la demanda. En consecuencia, de modo objetivo del expediente se constató, la demandante carecía de derecho; por lo que la demanda no prosperó, así como tampoco eximirla del pago de las respectivas costas. Así, se rechaza el agravio.

 VI.- De conformidad con lo expresado, el recurso habrá de ser declarado sin lugar, las costas se impondrán a cargo de la recurrente [inciso 3) del precepto 150 del CPCA].

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso, son sus costas a cargo de la promovente. HBRENES

 

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 




Damaris Vargas Vásquez

	

 

	

Jorge Leiva Poveda




Carlos Guillermo Zamora Campos

	

 

	

Ignacio Jose Monge Dobles

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 BZ43YBT9KI47A61

Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected]

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 09:20:12.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

In the relevant part, the following were considered as proven facts, unchallenged by the parties. By deed no. 51, executed before notary Rolando Sáenz Ulloa at 2:00 p.m. on November 20, 1974, the Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización, ITCO) and Compañía Osa Productos Forestales Sociedad Anónima ("La Osa") entered into an agreement governed, as relevant, among others, by the following clauses: "CLAUSE ONE: The contracting parties wish to seek a just and adequate solution to the existing conflicts between peasants, occupants of parcels located within the real estate owned by La Osa, with a view to providing those occupants who qualify as precarious possessors (poseedores en precario) with economically exploitable land; to seek recognition of the fair value of improvements made, for peasants registered by ITCO who do not meet that qualification; to open new sources of employment for the small landowners established in the region and for their families; and to ensure the normal development of La Osa's activities in the rational exploitation of the forests and lands belonging to it, in an atmosphere of peace and harmony with the peasant inhabitants of the region. In accordance with the Lands and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización), it is understood that for the purposes of this agreement, only those small farmers lacking their own land, registered or unregistered, who, as of the date the conflict was brought before ITCO, demonstrate having performed stable and effective acts of possession, as owners, in a quiet, public, peaceful, and uninterrupted manner for more than one year, shall merit the classification of 'precarious occupants or possessors' (ocupantes o poseedores en precario). The parties agree that the conflict shall be deemed to have commenced on January 1, 1973. Peasants entitled to payment for improvements shall be understood as those small landowners who meet the conditions described but who have not achieved the one year of possession required to qualify as precarious occupants. CLAUSE TWO: To fulfill the purposes expressed in Clause One, in the most efficient, technical, and economical manner, the contracting parties agree that ITCO shall initiate, as soon as possible, a general census of the inhabitants settled on La Osa's lands and determine which of them qualify as precarious occupants; and which have the status of peasants who cannot be classified as such, but for whom recognition of the value of the improvements made is justified. ITCO shall carry out the technical studies required for the location and planning of the settlements (asentamientos) or parcelizations that shall serve to relocate those who qualify as precarious occupants, and the selection of suitable lands for that purpose. The areas located for such purposes must be suitable for agricultural and livestock exploitation; be near the industrial areas that La Osa is to develop or near the coasts, ports, sources of potable water, or existing roads or roads under construction by La Osa. Such areas shall be selected with a view to the most economical and efficient development of access roads (...)".

In Executive Decree (Decreto Ejecutivo) no. 8,494-A of April 28, 1978, the Golfo Dulce Forest Reserve (Reserva Forestal de Golfo Dulce) was created, with an area of 84,538 hectares and 1,875 square meters. By Executive Decree no. 9,388-A of November 30, 1978, Executive Decree no. 8,494-A of April 28, 1978 was amended, for the purpose of excluding from the Golfo Dulce Forest Reserve the lands of forest aptitude reduced to private domain that had been included within said Reserve.

In Executive Decree no. 10,088-G-H of May 2, 1979, subsequently amended by Article 1 of Executive Decree no. 10244 of July 5, 1979, it was provided, in relevant part: "Whereas (Considerando): 1. That it being the State's obligation, in accordance with Article 50 of the Political Constitution, to ensure the well-being of the country's inhabitants, to organize and stimulate production and the most adequate distribution of wealth, which is achieved in part by resolving the problem of so many landless peasants, as well as by carrying out a vast agricultural-forestry development plan, the Government of the Republic, for that purpose, through the Institute of Lands and Colonization, is undertaking throughout the national territory an ambitious plan of peasant settlements (asentamientos campesinos), making it consequently necessary to acquire the farms, constructions, installations, improvements, machinery, spare parts, and furniture described below in the operative part, belonging to the commercial firms 'Osa Productos Forestales Sociedad Anónima', now 'Agroindustrial Rincón Sociedad Anónima', and 'O Sociedad Anónima'. 2. That for the aforementioned purpose, the Ministry of Governance and Police, by official communication of April 24 last, proposed to the aforementioned companies the acquisition of the property belonging to them, the legal representative of those companies having, in a note dated April 27 of this year, expressed conformity with the expropriation. Therefore (Por tanto), THEY DECREE: Article 1. Based on Articles 45 and 50 of the Political Constitution and Law number 36 of June 26, 1896, supplemented by Legislative Decree number 78 of June 24, 1938, the following described property is expropriated: I. Farms belonging to Osa Productos Forestales S. A., now Agroindustrial Rincón S. A.: a) Farm registered in the Property Section of the District (Partido) of Puntarenas of the Public Registry, in volume 2371, folios 456 and 532, number 22048, entries one, two, and three, consisting of mountain terrain, virgin jungle, agricultural and livestock lands, including the Chocuaco lagoon, the Ganado ridge, the Pueblo Viejo, Catarata rivers, Salto stream, San Juan river, Venegas stream, Ravito river, Rincón river, Pavón river, Chanchera stream, Ganado stream, Escondido stream, Caballero stream, Cerritos stream, Timón stream, Conté river, Barrigones river, Danta stream, Jobo stream, Cedral stream, Agujas river, part of the Matajambres ridge, Sabala river, part of the Barrigones ridge, Niño river, Tarde stream, Vaquedano river, Drake river, Claro river and the hills of Arata, Rancho Quemado, Brujo, Aguja, Debro, Ones and Rincón Mueller. Farm which is the remainder, located in the second and third districts of the seventh canton of Puntarenas and the first and third districts of the fifth canton of Puntarenas. Measuring: thirty-nine thousand five hundred seven hectares, three thousand fifty-nine square meters, according to the Registry… b) Farm registered in the same District and Section of the Registry as the previous one, in volume 1484, folio 248, number 8947, entries nine and ten, consisting of virgin mountain terrain of irregular topography, located in the fourth district, fifth canton, province of Puntarenas… Measuring: One thousand one hundred sixty-eight hectares, five thousand five hundred ninety-one square meters. II. Farm owned by O. Sociedad Anónima: Registered in the same section and District as the two previous ones, in volume 2371, folio 453, number 22" 046, entries one, two, consisting of virgin mountain terrain, timber forests, a landing strip, several houses, warehouses, and other installations, watered by rivers and streams and also crossed by several roads, a landing strip, several dwelling houses, warehouses, and some other installations. Located in the third district, fifth canton, and second district of the seventh canton of Puntarenas… measuring five thousand four hundred seventy-eight hectares, seven thousand three hundred twenty-six square meters, sixty-nine square decimeters, including two percent for roads. The three described farms form a single agricultural-forestry unit on the ground. (...) Article 5. The Office of the Attorney General of the Republic is authorized to appear before the notary public designated by the Institute of Lands and Colonization to execute the corresponding transfer deed for the expropriated property, and to, in the same act, transfer them to said Institute, which shall allocate them to the purposes of Law number 2825 of October 14, 1961 and its amendments. Likewise, the said official is authorized to sign any additional deed that may be necessary to achieve the correct registration of the principal deed in the Public Registry."

Osa Productos Forestales S.A. transferred to the State, and the latter to the Institute of Lands and Colonization, the farms of the District of Puntarenas with registration numbers 22,048, 8,974, and 22,046 expropriated from the former, which were consolidated to create the property under real folio system (folio real) 39,334-000, on the basis of which the Osa Peasant Settlement (Asentamiento Campesino Osa) was created. In 1993 and on other previous occasions, the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario, IDA) conducted censuses to identify the individuals remaining on the lands located in the Golfo Dulce Forest Reserve, censuses that were limited solely to recording the information provided by the individuals interviewed on site, without any subsequent verification.

By resolution no. 2456-97 of 11:03 a.m. on May 2, 1997, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), when ruling on a recurso de amparo filed by the Sindicato de Productores Independientes del Cantón de Osa against the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines, the Ministry of Agriculture and Livestock, and the Forestry Directorate of the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines, declared it with merit. It ordered the Ministry of Environment and Energy, through the General Forestry Directorate or the Directorate of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC), to proceed, upon notification of that ruling, to comply with the provisions of Executive Decrees numbers 8494-A, 9388-A, and 10142-A, and to initiate expropriation proceedings.

In an agreement adopted by the Board of Directors (Junta Directiva) of INDER—at that time IDA—in Session number 044-05 held on November 14, 2005, Article 39, it was decided: "FIRST: A special and exclusive procedure is authorized so that on farm number 39334-000 of the District of Puntarenas, owned by IDA, which constitutes the Osa Peasant Settlement, located within the Golfo Dulce Forest Reserve, property titles may be granted to those occupants who demonstrate possession of at least ten years prior to June 1, 1978, the date on which the Golfo Dulce Forest Reserve was created by decree. SECOND: The beneficiary who seeks to be eligible for titling must submit the following documents before the IDA Subregional Office in Rincón de Osa: a. Formal application for the title to be granted, which must contain at a minimum: the applicant’s and their spouse’s name, surnames, personal details, and domicile; the location of the parcel or lot to be titled; and the nature of the land. b. Legal documents demonstrating the ten-year possession exercised prior to July 1, 1978. c. Sworn statement (declaración jurada) rendered before a Notary Public stating the applicant’s period of possession, the name, surnames, and other details of the person from whom they acquired their right, as well as the chain of transmission thereof commencing July 1, 1968. d. Certification of the applicant’s or applicants’ marital status. e. Copy of the identity document (cédula de identidad) of the applicant and their spouse. f. Cadastral plan (plano catastrado) of the property. With all the aforementioned documentation, the IDA Subregional Office in Rincón de Osa shall proceed to assemble the respective administrative file. THIRD: The Surveying Area (Área de Topografía) shall, when available, provide the cadastral plan to the Osa Subregional Office. If it has not been prepared, it may make the necessary arrangements before IDA’s General Management to provide the necessary budgetary allocation for the surveying and registration of the parcels. The interested party is authorized to, by their own means, hire a surveying professional for the registration of the respective plan, which must be submitted to the IDA Regional Office in Osa for subsequent procedures, after consultation with the Surveying Area and the Osa Subregional Office. FOURTH: The IDA Subregional Office in Rincón de Osa, in joint action with the official designated by the Directorate of the Osa Conservation Area (Área de Conservación Osa, ACOSA) of MINAE, shall in all cases carry out an on-site inspection (inspección ocular) of the property sought to be titled. Said on-site inspection shall have the following purpose: a) Verify on the site itself the occupant’s presence as owner of the land. b) Verify boundaries, verify that there are no overlaps or presence of third-party occupants. c) Describe the nature of the property. d) Prepare the corresponding record, which shall be signed by the designated officials. e) Verify the researched information against the database, censuses, and documents in the possession of the IDA Subregional Office in Osa. FIFTH: Once the field inspection has been conducted and compliance with the required requirements has been verified, MINAE, through its regional representative, and IDA, through the Osa Subregional Office, shall issue the respective recommendation expressing a favorable opinion for the granting of the title or the reasons for denying it. SIXTH: All actions taken, which shall be recorded in the respective file, shall be submitted to the Director of the Brunca Region, who, through their legal advisor, shall verify the file’s content and issue their recommendation on the case. Should the review be positive, the segregation and transfer of the property to be titled shall be recommended to the Titling Area, and it shall submit it to the IDA Board of Directors for the corresponding agreement to be issued. SEVENTH: Every title granted under this agreement shall be subject to the limitations and conditions established by the Lands and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización) 2825 of October 14, 1961, as well as to the limitations and conditions inherent to the Forestry Law (Ley Forestal) 7575 of February 5, 1996, and the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) 7554 of October 4, 1995; these limitations and conditions must be recorded in the principal deed. Furthermore, the deed shall state, without the Registry noting it, that the beneficiary hereby waives any claim or indemnity against the State that might correspond to them as a possessor within the Golfo Dulce Forest Reserve. EIGHTH: For the granting of titles under the conditions established in this agreement, the Executive Presidency is commissioned to incorporate the indispensable economic resources into the budget, as well as to assign the necessary personnel to carry forward the titling process. NINTH: The General Management is delegated all matters pertaining to the coordination of actions with the officials of the Golfo Dulce Forest Reserve of the Osa Conservation Area of MINAE, with the representatives of the Sindicato de Productores Agrícolas Independientes del Cantón de Osa (SIPRAICO), and with the direct beneficiaries of this titling program. TENTH: The Osa Subregional Office and the Directorate of the Brunca Region are authorized to, in a single act, recommend the adjudication, segregation, and transfer of the lands that qualify in accordance with the provisions of this agreement. ELEVENTH: The General Secretariat of the Board of Directors is commissioned to send a copy of this agreement to Lic. Carlos Manuel Rodríguez Echandi, Minister of Environment and Energy, and to the Sindicato de Productores Agrícolas Independientes del Cantón de Osa (SIPRAICO)."

In certification no. OSO-796-05 of November 30, 2005, issued by Engineer Mario Jiménez Quirós, in his capacity as Head of the Osa Subregional Office, he stated: "In this way, the Osa Subregional Office certifies: according to our Database, censuses, and files, parcel No. 181 of sector 7, Osa Peasant Settlement, has been under total occupation for more than 32 years, its previous occupants being Mr. Geiner Ortiz Ilama, identity document 1-0609-0968, who possessed it for a period of 10 years and transferred it to Mr. Ronald Ortiz Ilama, identity document 9-087-969, who also possessed it for a period of 10 years, subsequently transferring it to Mrs. Elizabeth Chacón Agüero, identity document 6-118-545, who as of this date has been personally occupying it for 13 years. The parcel has cadastral plan P-544258-99, located in Alto de San Juan, District of Sierpe, Canton of Osa, Province of Puntarenas. It measures 39 Ha 9139.77 m2."

By judgment no. 2007-8098 of 4:24 p.m. on June 12, 2007, the Constitutional Chamber decided a recurso de amparo filed against the Institute of Agrarian Development, the IDA Board of Directors, the Ministry of Agriculture and Livestock, and the IDA Executive Presidency, where it ordered: "III. In such situations, there is a material impossibility for the respondents to title lands within forest reserves because such a course of action is unconstitutional, as held by this Court, safeguarding, in accordance with the content of the transcribed judgments, the rights acquired in good faith according to the dimensioning this Chamber established in each of the cited judgments. Therefore, the recurso filed is without merit, and must be so declared, without prejudice to the petitioners being able to initiate, against the respondents, such actions as they deem pertinent in the ordinary administrative litigation jurisdiction (vía ordinaria contencioso administrativa), aimed at the protection of their interests and rights. Therefore: The recurso is dismissed on the merits."

In agreement no. 35 of the IDA Board of Directors’ ordinary session 040-2007 held on November 19, 2007, it was resolved: "Based on the content of official communication DAJ-1013-07, signed by the Legal Affairs Directorate (Dirección de Asuntos Jurídicos), in which it indicates that the encumbrance as Forest Reserve of the lands registered in the name of the Institute of Agrarian Development causes their encumbrance as Natural Heritage to be automatic, and it is thus prohibited from granting property titles to private parties, it is agreed: To revoke agreement 39 of session 44-05 of November 14, 2005, relating to titling in the Golfo Dulce Forest Reserve. AGREEMENT APPROVED UNANIMOUSLY."

Due to a recurso de amparo filed, among others, by Víctor Arguijo Arguijo and processed under case file no. 08-008420-007-CO, the Constitutional Chamber issued judgment no. 2008-14134 of 9:04 a.m. on September 24, 2008, where it decided: "II. SUBJECT MATTER OF THE RECURSO. The petitioner alleges that the Board of Directors of the respondent Institute repealed an agreement in which a special procedure had been established so that on farm No. 39334-0000 of the District of Puntarenas, owned by IDA, which constitutes the Osa Peasant Settlement, located within the Golfo Dulce Forest Reserve, property titles could be granted to those occupants who demonstrate possession of at least ten years prior to June 1, 1978, the date on which the Golfo Dulce Forest Reserve was created; however, it did not carry out the administrative procedure leading to a declaration of lesividad, nor were the petitioners notified, even though they had already been declared beneficiaries by the Osa Subregional Office of the respondent Institute, thereby violating the right to due process. III. ON THE MERITS. Regarding the principle of intangibility of administrative acts (principio de intangibilidad de los actos propios), the Chamber has repeatedly held that it has constitutional rank by virtue of deriving from Article 34 of the Political Charter (Carta Política), which obliges the Administration to reconsider its own acts via administrative channels only under the exceptions permitted in Articles 155 and 173 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública). For any other case, the State must resort to the lesividad action before the administrative litigation judge (juez de lo contencioso administrativo). The Administration is prohibited from suppressing, by its own action, acts it has issued conferring rights upon private parties, which constitute a limit on the powers to revoke administrative acts in order to require greater procedural guarantees. Thus, in the present case, in agreement No. 39 of session 44-05 of November 14, 2005, the Board of Directors of the respondent Institute authorized a special and exclusive procedure so that on farm No. 39334-0000 of the District of Puntarenas, owned by IDA, which constitutes the Osa Peasant Settlement, located within the Golfo Dulce Forest Reserve, property titles could be granted to those occupants who demonstrate possession of at least ten years prior to June 1, 1978, the date the Golfo Dulce Forest Reserve was created. Yet this act does not constitute a declaration of rights for any person; it merely established an administrative procedure that persons who occupied said lands must comply with, which only generates an expectation of obtaining—if the requirements established for that purpose are met—a consolidated legal situation. Therefore, no rights are derived from said agreement, the administrative or judicial channel being the one that would ultimately grant or deny any benefit to the persons who fulfilled the requirements established for that purpose. In this sense, to annul said agreement, the Administration did not have to resort to the declaration of nullity referred to in Article 173 of the General Law of Public Administration, or to the lesividad action, or, finally, to comply with due process and give the petitioners an opportunity to exercise their right of defense—as they claim—by virtue of the fact that said act did not generate a consolidated right in favor of the petitioners, nor did they acquire any right, since, as reported under oath by the President of the respondent Board of Directors, the Osa Subregional Office began opening the files of those who came forward, and no administrative act exists declaring the petitioners as beneficiaries, for which reason the recurso must also be dismissed on this point. On the other hand, whether the petitioners are IDA beneficiaries or have any right of occupation or ownership with respect to any parcel in the Osa Peasant Settlement derived from an act directly issued by the Board of Directors or by the Subregional Office of the respondent Institute, must be alleged in the corresponding administrative channel or in the administrative litigation venue (sede contenciosa administrativa), given the eminently summary nature of the amparo process, the processing of which does not lend itself well to the practice of slow and complex evidentiary proceedings, or to the need to first examine—with declaratory effect—whether or not infra-constitutional rights exist that the parties cite as part of the factual framework of the recurso de amparo or the legal report, as applicable. Since, in essence, if the Chamber were to determine in this matter whether or not the petitioners are beneficiaries of any right over the parcels of said Settlement and from what date, it is obvious that this goes beyond the sphere of constitutionality and relates to mere legality. For the foregoing reasons, it not having been possible to establish that any violation of the petitioners’ fundamental rights occurred, the present recurso must be dismissed, while noting that this declaration does not prejudge the validity of the administrative acts questioned. Consequently, the petitioners must, if they so choose, resort to the administrative litigation courts to assert their rights. Therefore: The recurso is declared without merit."

By Contract no. PN 01-22-255-2003: "Contract for Payment of Environmental Services (Pago de Servicios Ambientales, PSA), Forest Protection (Protección Bosque) Modality," entered into by the Minister of Environment and Energy, the President of the National Forest Financing Fund (Fondo Nacional de Financiamiento Forestal), Mrs. Elizabeth Chacón Agüero, and Lic. Marco Aurelio Bolaños Víquez on behalf of the then Institute of Agrarian Development, the plaintiff agreed to "execute a project for payment of environmental services, forest conservation modality, in the area she occupies as possessor (poseedora) and IDA awardee (adjudicataria), cadastral plan P-544258-1999, which is part of real folio registration 39334-000...", for a term of five years commencing October 20, 2003.

The present proceeding was filed on September 10, 2015. Mrs. Elizabeth Chacón Agüero filed a lawsuit against INDER, SINAC, and the State, seeking a declaration that: 1) Act no. 35 of the IDA (now INDER) Board of Directors, from session 040-2007 of November 10, 2007, is null because, even though it repealed Article XXXIX of session no. 44-05 of November 14, 2005, she was not notified, which affected her. 2) Act no. 35 of the IDA Board of Directors, from session 040-2007 of November 10, 2007, is null since it nullified her recognized usucapion (usucapión) rights, which she exercised prior to the creation of the Golfo Dulce Forest Reserve, rights recognized by Executive Decrees no. 8494-A of April 28, 1978, Articles 9, 10, 11, which ordered the expropriation of privately owned or usucapted farms within the Golfo Dulce Forest Reserve (La Gaceta no. 104 of June 1, 1978), by the amending decree to no. 8494-A, being no. 9388-A of November 30, 1978, Article 2, which again stipulated the expropriation of the aforementioned farms (La Gaceta no. 239 of December 15, 1978), and Decree no. 10.088-G-H, which regulated the expropriation of the Osa lands (Alcance no. 6 to La Gaceta no. 102 of June 1, 1979), and the judgment of the Constitutional Chamber no. 97-2456 of 11:03 a.m. on May 2, 1977, in which "the Ministry of Environment and Energy was ordered, through the General Forestry Directorate or the National Directorate of Conservation Areas, to comply with Executive Decrees 84-94-A, 9388-A, and 10.142 and to initiate expropriation proceedings." 3) Board of Directors agreement no. 35 of session 040-2007 of November 10, 2007, is null given that it nullified the time she had been recognized as a possessor prior to the constitution of the Golfo Dulce Forest Reserve, and was adopted with the aim of not delivering the deeds to her, nor to the other applicants. Rights which, she asserts, had been granted to her through the procedure established by the IDA Board of Directors in Article XXXIX of session no. 44-05 of November 14, 2005. She argues, it thereby left unresolved the proceedings initiated by her in the OSA Regional Office. This, she notes, without dismissing her application or exhausting the administrative channel. She indicates the Administration merely returned part of the documentation contained in the files, thus concealing the legal basis of the article whose annulment is requested. Likewise, to annul all documentation subsequent to the return of the documents from the OSA Regional Office, whether within or outside that reconstructed file used by the defendants in this lawsuit, if it was done to deny the recognition of her rights. 4) The IDA, by agreement of its Board of Directors, Article XXXIX of session no. 44-05 of November 14, 2005, recognized what was decided in the judgment of the Constitutional Chamber no.

97-2456 of 11 hours 3 minutes of May 2, 1977, where "the Ministry of Environment and Energy, through the Dirección General Forestal or the Dirección Nacional de Áreas de Conservación, was ordered to comply with Decretos Ejecutivos 84-94-A, 9388-A, and 10.142 to initiate expropriation proceedings," creating for the usucapientes an administrative procedure to have their possessions recognized, together with those of their transferors, in accordance with their own sworn declaration, a procedure in which she participated with the recognition of her usucapión prior to the creation of the Golfo Dulce Reserve, and her years of possession. 5) The administrative procedure created by the Junta Directiva agreement no. Article XXXIX of session no. 44-05, of November 14, 2005, allowed the processing of her administrative procedure in which she was declared a beneficiary, although without considering the years of possession she indicated in the initial filing of the proceeding, that through memorial OSO-796-05 of November 30, 2005. 6) The IDA violated the Junta Directiva agreement, article XXXIX of session no. 44-05, of November 14, 2005, because it did not recognize the years of possession of the transferors, and, consequently, her rights of usucapión before the constitution of the Reserva Forestal Golfo Dulce in her favor. 7) To nullify the summary administrative proceeding for the delivery of deeds in the Reserva Forestal Golfo Dulce, as well as the RIGHTS RECOGNIZED to her, the Procuraduría General de la República (PGR) intervened illicitly, for which reason the Junta Directiva of the IDA ordered not to conclude the administrative procedure that had been initiated, in some cases returning the documents to her, and in others, they were never returned. 8) The Junta Directiva of the IDA did not adopt any agreement, nor did it appoint a directing body for the proceeding to file a lesividad proceeding against her before the Tribunales de lo Contencioso Administrativo, thereby concealing from her the administrative act of the Junta Directiva of the IDA no. 35 of session 040-2007, of November 10, 2007, without notifying her of it, nor mentioning it in any resolution of the administrative proceeding initiated and not concluded in the Oficina Regional de Osa. 9) INDER must grant the deed in her favor, as a usucapiente not subject to any limitation as perfect private property, because it was acquired through usucapión from the company Osa Productos Forestales, without limitations from the regulations of the Ley de Tierras y Colonización, because they are exclusively civil or agrarian properties with an independent and different discipline, given that the usucapión operated against the expropriated company. The land over which perfect property must be delivered, recognizing it in the deed, is described as follows: parcel no. 181, Sector 7 of the Asentamiento Campesino Osa, located in El Alto de San Juan, district Sierpe, Cantón Osa, Puntarenas, bounded on the North: Elizabeth Chacón Agüero, South: Calle Publica with a frontage of six hundred forty-eight meters and seventy-eight square decimeters in length. East: Hermanos Hermógenes Herrera S.A. and West: Rony Muñoz Muñoz and Río Chocuaco, with a measurement of 39 hectares, 9,139.77 square meters, according to cadastral map no. P[1]544258-1999. 10) Additionally, she requested that the State be ordered liable for the damages —excluding moral damages— and losses caused, by not granting her ownership over the real property described supra, and alternatively INDER and SINAC must indemnify her, in execution of judgment. This for preventing her from carrying out any type of forestry, agricultural, commercial, or industrial activity, including agricultural acts to plant or at least produce something for the subsistence of her family, as well as commercial, industrial activities, no matter how small like a small grocery store (pulpería), pharmacy, even preventing her from extracting fallen timber because the Forest Administration did not authorize it, preferring to let it rot than authorize her to extract it. She calculated this item at ¢2,000,000.00 per hectare per year, from 1978 until the date of payment of the condemnatory judgment. 11) (Withdrawn in Oral and Public Trial). 12) (Withdrawn in Oral and Public Trial). In the alternative, in the event that INDER is not ordered on claim no. 9, she requested: 1. That the State, and alternatively INDER and SINAC, be ordered, with the sum of the possession of her transferors, in execution of judgment, to pay the value of the real property not expropriated since 1978 due to its own fault and responsibility for failing by all possible means to comply with Decretos Ejecutivos no. 8494-A of April 28, 1978, Articles 9, 10, 11, which ordered the expropriation of private or usucapied properties within the Reserva Forestal Golfo Dulce (La Gaceta no. 104 of June 1, 1978), the amending Decreto of no. 8494-A corresponding to no. 9388-A of November 30, 1978, Article 2, which again stipulated the expropriation of the aforementioned real property (La Gaceta no. 239 of December 15, 1978), Decreto no. 10.088-G-H which ordered the expropriation of the lands of Osa (Alcance no. 6 to La Gaceta N° 102 of June 1, 1979), the judgment of the Sala Constitucional no. 97-2456 of 11 hours 3 minutes of May 2, 1977; where the State and the other defendants were ordered, in the alternative, to indemnify, in execution of judgment, in an amount not less than ¢10,000,000.00 per hectare, the land with more than 50 years of possession, together with the possession of her transferors, in her favor, parcel no. 181, Sector 7 of the Asentamiento Campesino Osa, located in El Alto de San Juan, district Sierpe, Cantón Osa, Puntarenas. As a common claim in both, she requested that the State, INDER, and SINAC be ordered, in the main claim, claim no. 9, or the alternative claim for indemnification, and that they must pay the indexation of the obligations from the condemnatory judgment until their effective payment, as well as the costs of this proceeding to the three defendants. The representatives of INDER, SINAC, and the State answered the complaint negatively; raising the following exceptions: INDER: lack of: right, passive standing, current interest, as well as res judicata, expiration, and statute of limitations; SINAC: Lack of: right, standing, and statute of limitations; and the State: statute of limitations, lack of: active standing and right. The Tribunal rejected the exception of lack of standing —in its dual aspect— and upheld the defense of lack of current interest regarding the claims identified with numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Due to the manner in which it ruled, it omitted a pronouncement on the exception of lack of right. It dismissed the complaint and ordered the plaintiff to pay the costs of this proceeding, as well as the interest generated from their final determination or quantification, until their effective payment, which it deferred to the phase of execution of judgment. The losing party files a cassation appeal where she develops one procedural grievance and another on the merits.

Cassation appeal on procedural grounds

II.- Sole ground: she accuses the judgment of being incongruent (also incompetent), in accordance with what is regulated in article 138, subsection c) of the Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA). This, she argues, occurs because the Tribunal ordered the payment of interest on the item of costs. She notes, this only proceeds in the execution of judgment phase, if the judgment debtor does not pay the sum awarded for costs. This, she indicates, in accordance with what is prescribed in article 706 of the Código Civil. She reproaches that the judging persons could not grant interest on costs in favor of the winning parties, not even if it were in the execution phase of the judgment, given that they did not counterclaim. Thus, she notes, what was decided constitutes the defect of incongruence, in violation of canons 155 of the Código Procesal Civil of 1990, and 61.2 of the current Código Procesal Civil (CPC). She claims the Tribunal lacks competence to rule on a condemnatory order reserved only for the execution of judgment proceeding. She adds, given the hypothetical non-payment of the costs by the losing party, it escapes the trial on the merits proceeding, since said issue can only be analyzed in the execution of the judgment phase, and only in the event that the losing party delays in its payment. She insists, the judging persons could not rule, nor order the payment of interest because the enforceability of interest only proceeds for monetary obligations in execution of judgment when the principal is collected, because it is enforceable and the debtor does not satisfy it within the period granted for that purpose. As long as the amount is not quantified, as in the case under review, it involves a value obligation and therefore an order to pay interest is not possible, as was done. She refutes that the judgment did not invoke any norm to support said condemnatory order. Hence, she alleges the violation of article 706 of the CC.

III.- Although the appellant accuses incongruence and incompetence, from the study of the ground it is verified that what was developed concerns the first of these defects. Regarding the alleged procedural error, this Chamber has indicated it is configured when there is no nexus between what was requested by the contenders and the operative part of the judgment. It occurs when there is a clear contradiction or lack of coincidence between what was decided in the judgment and what was claimed and the defenses raised, in the complaint or counterclaim, its answer, as well as in the hearings held. Thus, not between the considerandos of the judgment and what is ordered in the operative part. Specifically as a cassation ground, it occurs when the judging persons decide on issues that were not requested (ultra petita), or they rule excessively on what was requested (extra petita), or they omit to decide in whole or in part regarding each of the claims and exceptions raised (mínima or infra petita). Consequently, to establish its occurrence, it is necessary to compare the operative part of the judgment with what was requested in the complaint and other opportunities provided by the regulations, its answer, exceptions raised by the defendant, in order to determine if there is indeed an evident mismatch between these extremes. In this case, the alleged error does not occur, because even though the judgment granted interest on the costs to which the cassation appellant was ordered as the losing party without them having been requested by the defendant, given that, as will be seen, they are a natural and normative result of the non-payment of a liquid debt —articles 706 and 1163 of the CC). Note the Tribunal, regarding this aspect, ordered: "The plaintiff is ordered to pay the costs of this Proceeding, together with the interest generated from their final determination or quantification, until their effective payment. All of which shall be liquidated in the phase of execution of judgment...". Because the lack of congruence is associated with a violation of due process, there is undoubtedly none in the subexamine, since the origin of such interest is the imposition of costs, and therefore it is not necessary to submit them to the adversarial process, as they constitute a mere economic effect of the proceeding, a result of losing in court. Thus, the interest would only be applicable in the event of non-payment of a liquid and enforceable debt. Which, as the judging persons decided, would occur after they are fixed in the execution of the judgment phase, become final, and until their effective payment. This deciding Body, when resolving a matter where it was alleged that interest on costs did not apply because canon 193 of the CPCA does not contemplate them, resolved: "The Chamber considers that there are norms that empower such a course of action. Starting from the difference between value obligations and monetary obligations... the order of costs originates an obligation that must be quantified in execution of judgment. In the event that the plaintiff fails to pay the fixed sum, articles 702 and 706 of the Código Civil become applicable, because upon the debtor's default, he shall be liable for the damages and losses caused; in the event the obligation is to pay a sum of money, those consist always and solely in the payment of interest on the sum owed, counted from the expiration of the term. Up to this procedural moment, the costs have not been quantified, but once that occurs, they become a monetary obligation. That being so, it must be understood that the order to pay interest on costs becomes effective only in the event that the plaintiff fails to pay them, which will run from the finality of the judgment in which the sums corresponding to the costs were quantified." Judgment no. 1710 of 10 hours 35 minutes of April 29, 2020. As can be seen, it is consistent with what was expressed regarding that the granting of interest on costs does not constitute incongruence, since the Tribunal ordered that those must be fixed in execution of judgment, and once final, it would entail the payment of interest until they are paid. This in accordance with what is regulated in the legal system regarding monetary obligations and the eventual payment of interest in the event of non-payment of the amount established for costs. Consequently, the appropriate course is to dismiss the grievance.

Cassation appeal on the merits grounds

IV.- Sole ground: she challenges the imposition of costs to which she was subjected, in accordance with what is stipulated in precepts 134, 135, 136, 138, and concordant articles of the CPCA. She alleges that substantive norms were violated (138 a. and b. ibidem), as well as that the evidence was pretermitted and improperly weighed. She states there are facts in contradiction with the evidence, and also that the regulations regarding costs were applied and interpreted incorrectly, given that she should have been exempted from their payment because she had sufficient reasons to litigate. She refutes that the Tribunal imposed them on her without any support. This is because canon 193 of the CPCA orders the losing party to pay costs, but, notwithstanding the foregoing, the losing party may be exempted from their payment, among other cases, when: "b) Due to the nature of the issues debated, there has existed, in the Tribunal's judgment, sufficient reason to litigate." In her opinion, for there to be merit for such order, the interested party is obliged to indicate the reasons or grounds to support it. She notes, only then, the judging persons must later determine if they identify the legal condition to proceed with the condemnatory order, or, if not finding it, exempt the plaintiff from paying costs. By imposing the costs on her, she affirms, the existing documentary evidence that would have led to establishing she had sufficient reasons to litigate was pretermitted. She rebukes that, although the Tribunal based itself on canons 119.2, 193, and 194 of the CPCA, it did not provide reasons for that condemnatory order. She deems, it should not have proceeded without the parties pleading the reasons of merit for the order, thus it was carried away by an automatic order, without analyzing the evidence existing in the case file. She cites the following as pretermitted evidence: Decreto no. 8494-A of April 28, 1978, which created the Reserva Forestal Golfo Dulce; Decreto no. 9388-A of November 30, 1978, which reduced the area comprised by the mentioned Forest Reserve; Decreto no. 10088-G-H of May 2, 1979, Decreto de Expropiación to Osa Productos Forestales (at that time O.S.A. and Agroindustrial Rincón S.A.); Decreto no. 10142-A, which amended Decretos numbers 8494 and 9388-A regarding the area of the Reserva Forestal Golfo Dulce; Decreto no. 10244, modifying Decreto Ejecutivo no. N°10088 G-H, regarding the measurement of property no. 22048, of the Partido de Puntarenas.; the judgment of the Sala Constitucional no. 97-2456 of 11 hours 3 minutes of May 2, 1997; judgment of that same Cámara no. 1434-2008; the agreement of the Junta Directiva of the IDA, Article XXXIX of session no. 44-05, of November 14, 2005, which instituted the administrative procedure for the titling of lands, for the usucapientes within the Reserva Forestal Golfo Dulce; communication from the Oficina Sub Regional Osa, Memorial OSO-796-05 of November 30, 2005, which recognized the plaintiff as a beneficiary of the IDA in the Asentamiento Campesino Osa, with more than 32 years of possession, in parcel no. 181, sector 7; The Agreement of the Junta Directiva of the IDA no. 35 of session no. 040-2007, of November 10, 2007, which repealed the act creating the administrative procedure for the titling of lands, for the usucapientes within the Reserva Forestal Golfo Dulce; request of Elizabeth Chacón Agüero, of January 9, 2006, with receipt stamp of February 2, 2006, from the Oficina Subregional Osa, where she requested that in accordance with the agreement of the Junta Directiva, session 44-05 of November 14, 2005, article 39 -special titling procedure-, her property right be recognized; sworn declaration of Mrs. Chacón Agüero, deed no. 222-4 of January 9, 2006, granted by notary Ramón Francisco Zumbado Retana, in which she stated she was the possessor of the real property represented in cadastral map no. P-544258-1999, parcel 181, Sector 7, for more than 39 years as of 2006; and, the cadastral map no. P-544258-1999. She argues that by pretermitting these elements of conviction (article 138 of the CPCA), it prevented the creation of a factual framework to rule on the merit of the requested order. She claims, the only reasoning regarding costs is found in considerando VIII of the judgment, which she reproduces, and which, in what is relevant, ordered: "In this case, in the judgment of this Cámara we are not faced with any of the grounds that allow exempting the losing party from costs, and consequently the plaintiff is ordered to pay the costs of this Proceeding, together with the interest generated from their final determination or quantification, until their effective payment. All of which shall be liquidated in the phase of execution of judgment at the request of the victorious Administrations." She recriminates, that cannot be the merit for ordering the losing party to pay costs, because it left aside the documents provided, Decretos Ejecutivos, judgments of the Sala Constitucional, and administrative files, which, in her view, are sufficient to accredit that she had sufficient reasons to litigate. In her opinion, the proper course was for it to have been demonstrated that she did not have sufficient reason to litigate. She adds, the preterition of the documentary evidence entails the violation of the norms on documentary evidence, such as, she says, precept 45 of the CPC, because the Tribunal ignored the facts proven by said evidence, which would have led to a contrary result had they been observed, namely, that she had sufficient reason to litigate. She recriminates, because the co-defendants decided not to compensate her for her property insofar as she acquired it through usucapión 10 years before the creation of the Reserva Forestal Golfo Dulce. She notes, it ignored that the objective of the proceeding was to obtain the deed for the property acquired through usucapión before the declaration of the Reserva Forestal Golfo Dulce, that is, the expropriation, which the State denied her for decades. The judgment attributed an improper weighing to the evidence, since Decreto Ejecutivo no. 8,494-A of April 28, 1978 created the Reserva Forestal de Golfo Dulce, in accordance with Forest Legislation and the Ley de Tierras y Colonización, and in her case stipulated: "Article 8: The registered properties, those in decennial possession, and those in precarious possession established within the limits of the Reserve are automatically subjected to the Forest Regime. The agricultural activities carried out on these properties must have the written authorization of the Director General Forestal while the State does not acquire them. Article 9: The Dirección General Forestal shall manage the direct purchase or expropriation of the lands under private domain that are within the demarcation of this Reserve and that are indispensable for its integration. Article 10: The relocation and resettlement of occupants with more or less than ten years of possessing lands within this Reserve, pursuant to the Ley Forestal, shall be carried out with the intervention of the Instituto de Tierras y Colonización. Article 11: The acquisition of the lands that are necessary shall be carried out in accordance with the census that the Dirección General Forestal or ITCO shall conduct for this purpose." She sets forth, Decreto no. 8,494-A of April 28, 1978 was amended, with the aim of reducing it from 84,538 to 80,000 hectares, because "lands of agricultural and livestock aptitude, under private domain, which have no reason to be subject to the forest regime" were found. She stresses, the judgments of the Sala Constitucional no. 97-2456 of 11 hours 10 minutes of May 2, 1997 and no. 1434-2008 were also sufficient reasons to litigate; in the first, she explains, the State was ordered to comply with the Decretos Ejecutivos constituting the forest reserve and ordered the indemnification of the usucapientes at the time of the constitution of the reserve. In the second, she indicates, given that in 2008, it decided that the appellants had to file their claims against the State and INDER in the contentious-administrative jurisdiction. She notes, the Cámara Constitucional ruled that way after the IDA repealed the agreement creating the administrative procedure to deliver the deed for her parcel within the Reserva Forestal Golfo Dulce, which was sufficient reason to litigate, because it is linked to the legal situation resolved in the judgment of the Sala Constitucional on the amparo filed by the union SIPRAICO, which ordered the initiation of expropriation proceedings in favor of the usucapientes prior to the constitution of the Reserva Forestal Golfo Dulce. She, she states, was obliged to file this proceeding because what was decided by the Sala Constitucional implied an obligation-duty of the State to expropriate the campesinos located in the Golfo Dulce reserve, to be compensated through expropriation since the decrees of 1978. Likewise, she accuses, the judging persons pretermitted the documentary evidence referring to the creation of the administrative procedure created by the IDA in the Agreement of the Junta Directiva, Article XXXIX of session no. 44-05, of November 14, 2005, (abbreviated to title the lands of the usucapientes in the Reserva Forestal Golfo Dulce). She mentions, through her procedures and required documents, with a study of the database, censuses, and files, it was determined that she was a usucapiente of her right because she had possessions of more than 10 years before the creation of said Reserve, -together with the possession of her transferors-. Consequently, her IDA deeds had to be granted free of any limitation, as it concerned a transfer of properties and not a land allocation contract. Therefore, she indicates, as of 1979 she was to be compensated, for the limitations imposed on her real property by the forest regime, which prevented her from cultivating and improving it. However, she objects, the IDA. and the State have failed to comply with the Law and Decretos of the Poder Ejecutivo (of an agrarian and environmental nature), which recognized those rights. In other words, she affirms, a de facto expropriation of legitimate property rights existed. Her problem is economic, social, environmental, not just legal. Because for almost 40 years her right has not been paid to her, her family suffered hunger. The foregoing, coupled with other failures to appreciate IDA agreements that granted her rights, she asserts, constituted sufficient reason to resort to the contentious-administrative jurisdiction. In her view, everything acted upon by the Administration is absolutely null, since this is a typical case where a lesividad proceeding should have been filed, but the legal formalities for it were not followed, because it was already time-barred. She alludes to other proceedings that were filed with the same object, and accuses, a strategy was initiated to paralyze, delay, obstruct, and prevent progress toward the preliminary hearing, among other aspects. The first obstacle raised, she says, was the raising of the preliminary defense of lack of competence. Then, the three judge process managers took cognizance of the procedural defects, an effort where several years passed, without any type of progress, as massive hearings were convened on several occasions, but the State and INDER raised all kinds of obstacles to suspend them, which, she states, occurred several times. She explains, the judge process managers made the decision to consolidate proceedings 08-000110-161-CA, 08-000134-161-CA, 08-000043-1027-CA, 08-000044-1027-CA, 08-000045-1027-CA, 08-000046-1027-CA, 08-000112-1027-CA, 08-000340-1027-CA, 08-000942-1027-CA into a single one, 08-000111-161-CA. This was the greatest delay given that the case file reached 16,000 folios. Subsequently, it was ordered to merge them into a digital file, lasting almost a year, in which it became an unmanageable file. She adds, she petitioned many times for their deconsolidation, until in 2015, convinced of the inefficiency of processing the cases as one, they accepted the party's proposal but, according to their own criteria per plaintiff groups: meaning they litigate alone or with their respective spouses. They were deconsolidated into 66 files, which constituted a serious problem, as the co-defendants' actions required the individual complaints to be reformulated, so that in each one the defendants raised the same preliminary defenses and the discussion of some 22 files per Judge Process Manager were handled with great slowness. She alludes to her claims in terms identical to those mentioned in considerando I. She states, despite the existence of precedents to deny the preliminary defenses, the co-defendants continued to raise them, thereby prolonging the proceeding. She adds, INDER, as it generally did, did not present reliable topographic studies, since their defects were known, because, when being carried out, calculated, and recorded, they contained defects. This due to the severe undulations of the mountains that did not allow the surveyors to enter the alleys or boundaries of the properties. Additionally, she mentions the technical instruments of that era: theodolite, measuring tapes, stakes, with the help of assistants who were the ones entering certain points, which did not allow for suitable surveys. She notes, in accordance with the foregoing, the Tribunal violated the regulations referring to the exemption from costs —articles 193.b, of the CPCA and 73.2 of the CPC. The first, because it stipulates that the losing party may be exempted from the payment of costs, when due to the nature of the issues debated there has existed sufficient reason to litigate, and as has been indicated there were a great number of reasons that compelled litigation. For its part, precept 73.2 ibid, regulates that a party may be exempted from paying costs when the litigant has adjusted their conduct to good faith, loyalty, probity, and the rational use of the procedural system. Here, she indicates, the plaintiff always litigated in good faith, since she claimed the rights recognized by the cited Decretos, the Sala Constitucional, and the IDA itself by creating an administrative procedure for the delivery of deeds in the Asentamiento Campesino Osa.

V.- In this disagreement, she challenges the imposition of costs as the losing party. She accuses subsection b) of article 193 of the CPCA of being violated, since in her opinion she had sufficient reason to litigate. In an extensive and unclear development, she alludes to her theory of the case, sets forth that in accordance with the documentary evidence, namely, Decretos Ejecutivos, —which in reality constitute norms—, as well as certain administrative acts, which she argues were pretermitted, since had they been weighed by the Tribunal, it would have realized her sufficient reason to litigate. Likewise, she notes, the proceeding was delayed due to the conduct of the judge process managers and the co-defendants, but that she always acted in adherence to procedural good faith. It must be noted at the outset that the cassation appellant errs in arguing that, prior to imposing costs on her, it had to be analyzed whether she had litigated in good faith. This is because, as this Chamber has resolved, regarding the economic effects of the proceeding, the CPCA in precept 193 stipulates: "In judgments and orders with the character of judgment, the losing party shall be ordered to pay personal and procedural costs, a pronouncement that must be made ex officio. Notwithstanding the foregoing, the losing party may be exempted from the payment of costs, when: a) The judgment is issued by virtue of evidence whose existence the opposing party likely did not know and, because of that, the party's opposition was adjusted. B) Due to the nature of the issues debated, there has existed, in the Tribunal's judgment, sufficient reason to litigate." Likewise, when the winning party incurred in "plus petitio" as regulated in canon 194 ibid. Similarly, with the exception that there is an agreement of the contenders, when there is a withdrawal, acquiescence, or extra-procedural satisfaction of the claim before or during the preliminary hearing, with the exception of what is provided in subsection b) of article 197 of the CPCA, that is, when it originates once the preliminary hearing has concluded. From the foregoing, it is clear that the rule in contentious-administrative matters is the imposition of costs on the party that is defeated in the proceeding, which must be carried out ex officio. In any event, as set forth, there are causes that allow for exemption, and in what is relevant, the judging persons ordered the plaintiff to pay the costs.

From an examination of the judgment, it is apparent that its recitals expressed agreement with what this Chamber has decided on this issue. Specifically, they ordered: “In this case, in this Chamber’s opinion we are not faced with any of the grounds that allow the losing party to be exempted from costs, and consequently the plaintiff is ordered to pay both costs of this Proceeding, together with interest accruing from their final determination or quantification until their effective payment.” What was thus resolved is explained by examining what was ordered regarding the merits of this case, since the Court declared a lack of current legal interest (falta de interés actual). As explained, this Decision-Making Body, when hearing a prior cassation appeal (recurso de casación) in this same proceeding, decided that the Court had to rule only on claims 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 raised by the plaintiff. With respect to what is relevant, it stated: “…this Chamber must make a careful reminder that the list of proven and unproven facts remains intact, and that regarding the remaining claims analyzed and rejected by this Collegiate Body, the First Chamber (Sala Primera) expressly indicated that it concurred with the analysis carried out in the Judgment issued by this Court, and on that basis, partially rejected the cassation appeal filed. In that regard, for greater clarity and precision, the First Chamber indicated that regarding the status of owner (propietaria) that the plaintiff has been claiming, as well as possession (posesión) prior to the creation of the aforementioned reserve, it shared what was resolved by this Chamber, insofar as we considered that she held neither of the two stated conditions. Thus, the cited judicial authority expressly stated: ‘IX. This Decision-Making Body shares what was resolved in the judgment. (...) In the case under study, it does not follow from the evidence adduced in the record that the plaintiff possessed parcel 181 of the Asentamiento Campesino Osa directly, or by adding the supposed possession of previous occupants, ten years prior to the creation of the Reserva Forestal Osa (June 1, 1978), and, therefore, that she has the right to have the expropriation or direct purchase of the property pursued, provided they were indispensable for the integration of the reserve.’” Hence, as stated, it decreed the lack of current legal interest, on that ground rejecting each of the aforementioned claims. This because interest would only exist if she had been declared possessor or owner, which was denied. Hence, there was no sufficient reason (motivo bastante) to litigate, because it does not consist of the conviction of the losing party or of the Court regarding whether that was so, but rather it was essential that it be grounded in the case file. This Chamber considers that the appellant is incorrect, for the reasons that will be set forth below. In general, the grounds that authorize exemption from the payment of costs do not enable it due to proper procedural conduct, but rather when, according to the nature of what was disputed, it can be inferred that the proceeding was indispensable to determine whether the legal system favored her. In the case under review, it is abundantly clear that the facts and evidence on which the plaintiff relies to request that she, as the losing party, be exempted from paying the financial consequences of the proceeding, are purely subjective. Specifically, because she believes that her cause of action (causa de pedir) provided her with sufficient reason to litigate, despite it being nothing more than a personal conviction, as was pointed out. What was stated led to the issuance of this second judgment, which was adverse to the plaintiff, since the lack of current legal interest was upheld and the lawsuit was dismissed in its entirety. On the other hand, treating the plaintiff as the losing party does not mean she is considered a reckless or bad-faith litigant. As explained, in contentious-administrative matters, among others, such as civil and agrarian matters, costs are charged to the losing party as a form of recognition to the prevailing party, who had to come forward to defend their right or interest. Thus, having had to litigate and incur expenses to defend their rights, it causes the losing party to bear, as a general rule, the financial consequences of the proceeding. We reiterate, the existence of an exemption had to be proven, since the condemnation of the losing party is the rule; to not apply it requires proper objective support, not as the plaintiff attempts based on subjective reasons (belief and conviction of being right, despite it having been previously determined that she had no right whatsoever, neither as owner nor as possessor). The aforementioned canon 193 of the CPCA, in subsection b), regulates that exemption from costs for the losing party is available when, from an examination of the debated issues and the nature of what is sought, the adjudicator can conclude that the litigation was necessary to resolve the conflict, which did not occur in the case under review. In the case under study, the Court upheld the lack of current legal interest and dismissed the lawsuit in its entirety. Consequently, it was objectively confirmed from the case file that the plaintiff lacked a right; therefore, the lawsuit did not succeed, and neither did the exemption from payment of the respective costs. Thus, the grievance is rejected.

VI.- In accordance with what has been stated, the appeal will have to be dismissed, and costs will be imposed on the appellant [subsection 3) of provision 150 of the CPCA].

POR TANTO

The appeal is dismissed, and its costs are to be borne by the appellant. HBRENES

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 





Damaris Vargas Vásquez

	

 

	

Jorge Leiva Poveda





Carlos Guillermo Zamora Campos

	

 

	

Ignacio Jose Monge Dobles

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 BZ43YBT9KI47A61

Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected]

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 09:20:12.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República