Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)De las anteriores normas se comprende que: A) los terrenos comprendidos en las Reservas Indígenas son inalienables, intransferibles; B) las personas no indígenas no pueden adquirir por título alguno dichos terrenos o derechos sobre ellos; y C) las personas no indígenas propietarias o poseedoras de buena fe tienen derecho a ser reubicadas o en su defecto expropiadas, pero ello será siempre y cuando el ejercicio de la posesión o de los actos como propietario haya sido de buena fe, lo que necesariamente requiere que aquéllos tuviesen esa condición de previo a la entrada en vigencia de la Ley Indígena o bien de los diversos Decretos Ejecutivos, que en desarrollo de su artículo primero, definen los límites físicos de las Reservas. […] Es por lo anterior, que la propia ley ha declarado estas tierras como inalienables e intransferibles, por ello se entiende una prohibición expresa para los no indígenas de concurrir o ser beneficiarios en cualquier acto o negocio traslativo de dominio, el que la propia ley sanciona con nulidad de pleno derecho del negocio jurídico. Si se transgrede este impedimento, tales personas deberán ser calificados como invasores y se exige su desalojo sin indemnización alguna.
English (translation)From the above norms it follows that: A) the lands within Indigenous Reserves are inalienable, non-transferable; B) non-indigenous persons may not acquire by any title such lands or rights over them; and C) non-indigenous persons who are owners or possessors in good faith have the right to be relocated or, failing that, expropriated, but only if the exercise of possession or acts as owner were in good faith, which necessarily requires that they had that status prior to the entry into force of the Indigenous Law or the various Executive Decrees that, in development of its first article, define the physical boundaries of the Reserves. […] It is for this reason that the law itself has declared these lands as inalienable and non-transferable, thus implying an express prohibition for non-indigenous persons to participate in or benefit from any act or business transferring ownership, which the law itself sanctions with absolute nullity of the legal transaction. If this prohibition is violated, such persons shall be classified as invaders and their eviction without any compensation is mandated.
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Grande Normal Pequeña Sala Primera de la Corte Resolución Nº 00394 - 2025 Fecha de la Resolución: 07 de Marzo del 2025 a las 08:55 Expediente: 15-002621-1027-CA Redactado por: Luis Guillermo Rivas Loáiciga Clase de asunto: CONOCIMIENTO Analizado por: SALA PRIMERA Sentencia con Voto Salvado Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Indígena Subtemas: Poseedor o propietario de buena fe. Tema: Principio de publicidad registral Subtemas: Concepto y alcance. De los artículos 2, 3 y 5 de la Ley Indígena se desprende, que: A) Los terrenos en las reservas indígenas son inalienables e intransferibles (se produce el congelamiento del inmueble, según voto 2097-2011 del Tribunal Constitucional). B) Las personas no indígenas no pueden adquirir por título alguno dichos terrenos o sus derechos (se sanciona el negocio jurídico con nulidad de pleno derecho, calificándose a las personas como invasores, exigiéndoles su desalojo sin indemnización). C) Las personas no indígenas propietarias o poseedoras de buena fe tienen derecho a ser reubicadas o en su defecto expropiadas, siempre y cuando el ejercicio de la posesión o de los actos como propietario haya sido de buena fe, lo que necesariamente requiere que aquéllos tuviesen esa condición de previo a la entrada en vigencia de la Ley Indígena o bien de los diversos Decretos Ejecutivos que definen los límites físicos de las Reservas (elemento temporal) (Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José), Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las reglas de Brasilia). Además, según el numeral 317 del Código Procesal Civil, le corresponde al actor demostrar mediante prueba contundente (pericial de los planos) que el terreno en discusión se encuentra dentro de la reserva indígena. Ver resolución 24725-2022 de la Sala Constitucional. En lo que al caso interesa, la Reserva Indígena de Quitirrisí se creó mediante Decreto Ejecutivo 6036 del 12/06/1976 y se amplió en el Decreto Ejecutivo 29452 del 16/04/2001. El actor -no indígena- compró la finca el 28/08/1981, la cual estaba afectada en un 23% por la reserva indígena. Coincide esta Cámara con el Tribunal de que ese traspaso efectuado a su favor deviene absolutamente nulo, al ser un propietario de mala fe, pues su derecho es posterior a la constitución de la reserva indígena, por lo que no le asiste derecho para ser expropiado e indemnizado. En cuanto a que en el Registro Público no existía impedimento legal para inscribir el inmueble a su favor, la Sala Constitucional resolvió que, independencia de lo que se advierta registralmente, la propiedad integrada a una reserva indígena es intransmisible por disposición expresa de ley, de modo que no es posible recurrir a la buena fe registral o a una presunta confianza legítima para convalidar un acto negocial absolutamente nulo, efectuado en contravención al ordenamiento jurídico. Por otro lado, lleva razón el Tribunal al declarar el derecho de la accionante a ser indemnizada por el 77% de la finca que no se encontraba afectada al momento de su adquisición en 1981, ni la inscripción en 1984, estando a disposición del comercio de los hombres, debido que este porcentaje fue afectado mediante el Decreto 29452 de abril de 2001. Por ende, su adquisición se considera de buena fe, dando lugar a la reubicación o indemnización (voto 394-F-2025). ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Recurso de casación Subtemas: Formalidades del recurso. El casacionista refiere violación del artículo 137.a del Código Procesal Contencioso Administrativo por falta de emplazamiento y notificación defectuosa a las partes principales. Sin embargo, no hace el análisis de cual emplazamiento o notificación fue defectuosa; únicamente lo menciona al hacer alusión al citado ordinal, sin realizar su debido desarrollo. Por lo tanto, esta Sala no se puede pronunciar respecto al punto. Del mismo modo, considera existe un agravio al no formar parte el Estado del contradictorio. Empero, se desprende del expediente que su representación estuvo presente a lo largo del proceso. Ergo, no puede ser atendido el reproche (voto 394-F-2025). ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Litisconsorcio Subtemas: Concepto y alcance. Análisis sobre la litis consorcio pasivo necesario. Del debido análisis del marco petitorio se lleva a concluir, que del objeto del proceso no se desprende la necesidad de integrar al Sistema Nacional de Áreas de Conservación como parte pasiva (voto 394-F-2025). ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Expropiación Subtemas: Propiedad indígena. Tema: Instituto Nacional de Desarrollo Rural Subtemas: Competencia. Corresponde al Instituto de Desarrollo Rural (INDER) las siguientes funciones: 1) Reubicar a propietarios o poseedores de buena fe fuera de las Reservas Indígenas. 2) Expropiarlas e indemnizarlas si la reubicación no fuera posible. Ver resolución 1604-2012 de la Sala Primera. No es objeto del presente proceso la particular forma que se ideó para la dotación financiera del fondo y su administración. Por ende, se concuerda con el Tribunal respecto a declarar con lugar la defensa de falta de legitimación pasiva incoada por el Estado, por cuanto el deber indemnizatorio es fijado para el INDER y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (voto 394-F-2025). ... Ver más Sentencias Relacionadas Texto de la resolución Exp: 15-002621-1027-CA Res. 000394-F-S1-2025 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las ocho horas cincuenta y cinco minutos del siete de marzo de dos mil veinticinco. Proceso de Conocimiento Contencioso Administrativo, establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, por Rodrigo Arauz Figueroa en carácter de Apoderado Especial Judicial de El Cóndor Andino Sociedad Anónima contra el Instituto de Desarrollo Rural, La Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y el Estado, la parte actora y el apoderado especial judicial del INDER formulan recurso de casación contra la sentencia no. 105-2018, de las 11 horas y 15 minutos del 31 de agosto de 2018, de la Sección Sexta del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda Redacta el magistrado Rivas Loáiciga CONSIDERANDO I.- El 23 de marzo de 2015, el apoderado especial judicial de El Condor Sociedad Anónima, interpuso demanda contra la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y el Instituto de Desarrollo Rural (en lo sucesivo CONAI e INDER, respectivamente), también se integró al Estado como demandado mediante escrito presentado el 15 de junio del mismo año. En lo medular indicó, mediante la Ley Indígena de 1977 los territorios indígenas volvieron a adquirir el carácter de Reservas Indígenas y se les dio rango de Ley a los Decretos Ejecutivos que las delimitaban. Asimismo, este cuerpo normativo en su artículo 5 comisionó al INDER y CONAI para reubicar o expropiar a los no indígenas que fueran propietarios o poseedores de buena fe dentro de las Reservas. Arguyó, la Reserva Indígena de Quitirrisí se creó mediante el Decreto 6036-G publicado el 12 de junio de 1976 y se amplió en el Decreto 29452-G del 16 de abril de 2001. Alegó, su representada es propietaria de la finca Partido de San José, Folio Real matrícula 226051-000, naturaleza: potreros y café, plano catastrado número: SJ-642380-2000, la cual se originó registralmente el 8 de octubre de 1974, antes de la creación de la Ley Indígena y fue vendida a su representada mediante escritura número 65 del 28 de agosto de 1981. Expuso, mediante el oficio CDET-011-15 emitido por el Departamento de Estudios Territoriales de la CONAI se estableció, el inmueble se encuentra ubicado dentro de la Reserva Indígena de Quitirrisí, una pequeña parte fue afectada en 1979 y una mayor parte en 2001. Destacó, la finca fue adquirida en 1981 de sus legítimos propietarios al amparo registral de conformidad con los numerales 291 y 268 del Código Civil (CC), no existiendo inscripción, anotación o gravamen relacionado con la Ley Indígena, además no fue obtenida de una persona indígena y era ya su propietaria cuando la mayor cabida fue afectada por la delimitación del año 2001. Arguyó, la Ley Indígena en su numeral 5 comisionó la tarea de indemnizar y expropiar a los poseedores de estos territorios, así como, a realizar los estudios técnicos de campo al INDER y la CONAI. Reprochó, a la propiedad de su representada no se le habían realizado los estudios técnicos con el objeto de indemnizar o expropiar. Refirió, su representada ha reforestado y cuidado el inmueble, conservándolo acorde con la naturaleza. Aseguró, tanto la Ley Indígena, como los Decretos mencionados limitan la libertad de disposición o de usufructuar el inmueble; como el poder de disposición sobre ellos en términos del numeral 292 del CC, pues no ha podido utilizar los recursos naturales de su finca, porque las comunidades indígenas se amparan en los ordinales 2 y 6 de la Ley Indígena, que protegen sus tierras. Solicitó, en sentencia se declare con lugar la demanda y: 1) se ordenara a las accionadas realizar los avalúos en conjunto con el Ministerio de Hacienda, según lo establecido en la Ley de Expropiaciones en un plazo razonable, en el entendido de que no realizarlas dentro ese lapso, autorizaba a su representada a presentar el avalúo en ejecución de sentencia. 2) Una vez se realizaran los mismos y estando la finca en su valor real, se condenara a las accionadas al pago de la indemnización del inmueble, junto con sus mejoras e inversiones forestales, que por derecho le corresponda a su representada producto de la declaratoria de Reserva Indígena, posteriormente se entregasen dichas tierras a la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de la localidad. 3) Se condenara a las demandadas al pago de costas procesales y personales. 4) Respecto a las sumas supra indicadas, pidió se concediera la indexación sobre los montos de conformidad con el índice de precios al consumidor. Resulta preciso mencionar, en escrito del 28 de mayo de 2015 la accionante desistió expresamente del daño moral subjetivo. Por su parte, las accionadas contestaron en forma negativa, el INDER y la CONAI interpusieron las excepciones de falta de integración de la Litis, falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva, prescripción y caducidad, el Estado interpuso las excepciones de falta de legitimación pasiva y falta de derecho. El Tribunal acogió la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por el Estado, respecto de quien se declaró sin lugar la demanda. Rechazó las defensas previas de caducidad de la acción y de prescripción, falta de legitimación activa y pasiva formuladas por el INDER y el CONAI. Además, por mayoría, se acogió parcialmente la defensa de falta de derecho que alegaron las instituciones demandadas, se declaró parcialmente con lugar la demanda por lo que se hicieron los siguientes pronunciamientos: a) se rechazó el derecho del accionante a ser indemnizado por la afectación inicial del 23% de la finca del Partido de San José, matrícula de folio real 226051-000, a consecuencia de la delimitación inicial de la propiedad mediante la creación de la Reserva Indígena Huetar de Quitirrisí, efectuada por el Decreto Ejecutivo No. 10707-G. b) Se declaró el derecho de la accionante a ser indemnizada por la afectación del 77% restante de la finca a consecuencia de la ampliación topográfica de la Reserva indígena, que se hizo mediante Decreto Ejecutivo No. 29452-G. c) Se ordenó al INDER, en coordinación con la CONAI, procediera a iniciar los trámites de expropiación de ese 77%, conforme a las reglas y procedimientos que para los efectos establece la Ley de Expropiaciones. Es en esa etapa que deberían realizarse las valoraciones técnicas y las comprobaciones de cabidas afectadas, así como sus respectivos traslapes con el Patrimonio Natural del Estado y cuantía de la reparación económica. Tales acciones deberían iniciarse dentro del plazo de tres meses computados desde la firmeza del presente fallo. d) Se rechazó la pretensión de intereses e indexación solicitada por la parte actora, en relación con la indemnización otorgada. e) se condenó al INDER y al CONAI al pago de las costas procesales y personales. Igualmente, las costas del Estado deberán correr a cargo de la parte actora. Inconformes, la actora y el INDER presentaron recurso de casación. La demandante presenta tres agravios de índole sustancial, los cuales fueron admitidos en su totalidad. Por su parte el INDER presenta una censura de índole procesal y trece de índole sustancial debidamente admitidas, las: segunda, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, decima, décimo primera, décimo segunda, décimo tercera, décimo cuarta (la cual es una copia textual de la décimo segunda) y décimo octava. El recurrente omitió la redacción del motivo décimo sexto. Recurso de casación de la actora II.- El apoderado especial judicial de El Condor Sociedad Anónima, expone: Primero: relata, el a quo concluye, la actora es propietaria de mala fe y no le asiste derecho alguno sobre el 23% de la finca en cuestión, ya que la adquiere el 30 de abril de 1986, de forma posterior a la delimitación de la Reserva de Quitirrisí realizada mediante el Decreto 10707-G de 1979, y todo acto o traspaso posterior a dicho Decreto es nulo de pleno derecho, conforme a los artículos 2 y 3 de la Ley Indígena. Por su parte, el recurrente considera, en la sentencia no se toma en cuenta la conducta omisa de las demandadas por 41 años, de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Indígena, el cual establece el elemento procedimental necesario para traspasar dichas propiedades registralmente a las comunidades indígenas. Manifiesta, pruebas de este incumplimiento, son en primer lugar la prueba número 7 e imagines de la 119 a la 122 del expediente donde el INDER reconoce, no se incluyeron en ningún momento histórico los 100 millones de colones del Presupuesto Nacional, quedando la Ley Indígena sin contenido económico. En segundo lugar, alega, el INDER sostuvo en su contestación de la demanda, no existe expediente administrativo respecto a la finca en cuestión. En tercer lugar, arguye, en la certificación de propiedad y el historial de la finca se acredita, la misma nace de una reunión de fincas y se inscribe por primera vez el 8 de octubre de 1974, sin que exista anotación o afectación sobre la misma. En cuarto lugar, los juzgadores no tomaron en cuenta, a pesar de que el 23% de la finca este afectada por el Decreto 10707-G, esta declaratoria no fue acompañada de una conducta ulterior que integrara material y registralmente los terrenos a los indígenas, advirtiendo la existencia de una imposibilidad jurídica. Arguye, la disposición de los límites de una Reserva Indígena vía Decreto no supone el deber de conocer la existencia y límites de la misma por parte de terceros, debido a que los mismos se detallan por coordenadas topográficas y solo las personas especializadas pueden entenderlos. Recalca, no hay amojonamiento o actos que adviertan a terceros sobre su naturaleza, sumado a la publicación del Decreto hace 41 años y en esos lugares no llegaba el Diario Oficial la Gaceta. Arguye, el Tribunal reconoció el incumplimiento del artículo 5 de la Ley Indígena por las demandadas, al rechazar la excepción de prescripción interpuesta, por estas. Manifiesta, un propietario no puede ser considerado de mala fe, si adquiere bajo la publicidad registral y el principio de libre disposición de los bienes. Aduce, la actora adquiere dicha propiedad conforme los artículos 268 y 455 del CC, siendo actualmente la propietaria registral y tercero de buena fe conforme al CC, con todos los atributos que señala el 264 y nunca se ha dado reconocimiento compensatorio, atentando contra el ordinal 45 de la Constitución Política y 21 inc. 2 de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos. Aclara, debe existir un equilibrio en la tutela de las situaciones jurídicas involucradas, que impone tutelar la propiedad indígena y el derecho de quien ha adquirido de buena fe. Arguye, no se valoró por parte del a quo el incumplimiento del artículo 5 de la Ley Indígena por parte del INDER, aplicando automáticamente los artículos 2 y 3, desconociendo, hay leyes que condicionan sus efectos jurídicos para afectar a terceros, están supeditados al cumplimiento de condiciones previas, como el caso de la ley indígena. Pues, para el traspaso de las tierras a las personas indígenas, se deben realizar las expropiaciones establecidas en el artículo 5. Indica, este incumplimiento por 41 años provoca una expropiación de hecho, un enriquecimiento ilícito congelando la propiedad y una confiscación de la misma, lo que la Sala Constitucional ha considerado como una conducta indebida e inconstitucional. Segundo: alega violación de normas o principios del Derecho Constitucional, entre otros, la razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica e igualdad. Argumenta, el yerro de los juzgadores radica en que no fue capaz de percibir el incumplimiento de la conducta omisa de las demandadas, contraviniendo el artículo 5 de la Ley Indígena, 11 de la LGAP, 11, 41 y 45 de la Constitución Política y 21.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que hablan del Principio de Legalidad. Asimismo, la inactividad de la Administración violenta el principio de justicia pronta y cumplida, provocando inseguridad jurídica a las personas no indígenas y grave daño a la comunidad indígena. Expone, la normativa establece, la propiedad es inviolable y nadie se puede privar de esta sin previa indemnización, violentando así el fallo en el sentido que se requiere una indemnización justa. Refiere, el Tribunal debió tomar en cuenta para emitir su fallo, aspectos de derechos Constitucional, Registral y Civil. Respalda su argumentación en jurisprudencia de la Sala Constitucional donde se ha indicado que la conducta de las demandadas es indebida e inconstitucional en casos con iguales características al actual y es obligatoria para todos los operadores del Derecho según el artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Tercero: Reseña, el a quo con escaso conocimiento del Derecho Civil y Registral señaló, el actor se considera de mala fe por adquirir el 30 de abril de 1986 el 23% de la finca en cuestión, 7 años después de constituida la Reserva Indígena Quitirrisí, la cual fue afectada por el Decreto ejecutivo 10707-G de 1979. El Tribunal sostuvo que todo acto o traspaso posterior al Decreto ejecutivo supra mencionado es nulo de pleno derecho, por tener la propiedad carácter de inalienable, siendo así, la parte actora no tiene derecho a indemnización sobre ese porcentaje adquirido de mala fe. Por lo tanto, acusa quebranto por falta de aplicación e interpretación de los artículos 268 y 455 del CC. Reprocha, la inactividad de los demandados respecto a los trámites indemnizatorios y la afectación registral y material que se debió realizar según la Ley Indígena. Manifiesta, se demuestra esta inactividad con la certificación de propiedad e historial registral de la finca, donde consigna que la actora adquirió la propiedad sin que existiera anotación o afectación registral. Considera, su representada estaba respaldada por la publicidad y seguridad registral. Adiciona, es la propietaria registral y adquiriente de buena fe conforme a la normativa indicada. Añade, la disposición de límites de una Reserva Indígena mediante Decreto no supone el deber de conocer la existencia y los limites por partes de terceros. Alude, la sentencia debió tomar en cuenta lo establecido en materia civil y registral, en las cuales se parte de: cualquier limitación a la propiedad sobre inmuebles, para perjudicar a terceros, debe estar inscrita en el registro. Reclama, dicha inscripción no fue realizada en el caso concreto. III.- Por estar los agravios íntimamente ligados, se resolverán en conjunto. El Tribunal consideró, para que las personas no indígenas puedan ser indemnizadas, deben haber adquirido el bien antes de la emisión de la Ley Indígena y los Decretos ejecutivos que enmarcan las Reservas. De tal manera, se excluyen de la posibilidad reparadora que impone la Ley, a aquellas personas que hayan obtenido el predio con posterioridad. Sin que tenga relevancia que la constitución registral se haya dado antes de la promulgación de esa normativa, en el caso de estudio, desde 1974. Establecen los jueces, al existir una limitación al momento de la compraventa de la sociedad actora en cuanto al 23% afectado, ese porcentaje se encontraba excluido del comercio humano, agregan, debe entenderse, la vocación especial de esos territorios los dota de una serie de características propias, como lo son la inalienabilidad, imprescriptibilidad e instranferibilidad, destinados únicamente a la comunidad indígena. Para los juzgadores, la interpretación que se debe hacer de los cánones 3 y 5 de la Ley Indígena, es declarar la condición especial de las tierras al momento de emisión de la Ley, para que a partir de ese punto cesara la ocupación de personas no indígenas, así como su comercio, entendido este como la transferencia de tierras hacia personas no indígenas. De allí, razonan, cualquier traspaso con posterioridad a la emisión de la Ley, debe entenderse como nulo. El hecho de que el actor haya comprado la propiedad en al año 1984, es decir, con posterioridad a la creación de la Reserva, implica que este no cumple con el requisito temporal de ser adquirente anterior a la Ley en cuanto al 23% afectado, pero si al 77% restante. Comparte esta Cámara lo dispuesto por el Tribunal conforme se explicará. IV.- Es preciso mencionar la Reserva Indígena de Quitirrisí se creó mediante el Decreto 6036-G publicado el 12 de junio de 1976 y se delimitó mediante Decreto 10707-G del 1979 y se amplió en el Decreto 29452-G del 16 de abril de 2001. Dichas Reservas son propiedad de las comunidades indígenas conforme el artículo 2 de la Ley Indígena. El precepto 3 del mismo cuerpo legal dispone además que éstas “son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso. Las tierras y sus mejoras y los productos de las reservas indígenas estarán exentos de toda clase de impuestos nacionales o municipales, presentes o futuros” (la negrita se agrega). Por su parte, el canon 5 establece que “En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones. (…) Si posteriormente hubiere invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna. (…)”. De las anteriores normas se comprende que: A) los terrenos comprendidos en las Reservas Indígenas son inalienables, intransferibles; B) las personas no indígenas no pueden adquirir por título alguno dichos terrenos o derechos sobre ellos; y C) las personas no indígenas propietarias o poseedoras de buena fe tienen derecho a ser reubicadas o en su defecto expropiadas, pero ello será siempre y cuando el ejercicio de la posesión o de los actos como propietario haya sido de buena fe, lo que necesariamente requiere que aquéllos tuviesen esa condición de previo a la entrada en vigencia de la Ley Indígena o bien de los diversos Decretos Ejecutivos, que en desarrollo de su artículo primero, definen los límites físicos de las Reservas (y en cumplimiento –claro está- de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José), el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las reglas de Brasilia). Aquel elemento temporal (cual es: anterioridad al establecimiento de la Reserva por la Ley Indígena o bien, de previo a la incorporación del terreno mediante los Decretos ejecutivos que le desarrollan) es consustancial a la posesión o titularidad que da lugar al derecho a la reubicación o indemnización. Es decir, integra su presupuesto, ya que es un factor determinante de la buena fe. Si bien no se halla contenido de forma expresa en la norma 5, se desprende con claridad de la relación con el artículo 3. Nótese en primer término que en ese cardinal 5, el legislador tomó como presupuesto fáctico: el que para ese momento (emisión de la Ley) personas no indígenas se encontraban ejerciendo de buena fe actos posesorios o como propietarios (al margen de su inscripción registral), y a ellos reconoció derecho a la reubicación o a la indemnización del párrafo primero. En consecuencia, un sujeto no indígena que haya comenzado con el ejercicio de actos de posesión o propiedad después de la inclusión del terreno en una Reserva no puede estimarse de buena fe. Es por lo anterior, que la propia ley ha declarado estas tierras como inalienables e intransferibles, por ello se entiende una prohibición expresa para los no indígenas de concurrir o ser beneficiarios en cualquier acto o negocio traslativo de dominio, el que la propia ley sanciona con nulidad de pleno derecho del negocio jurídico. Si se transgrede este impedimento, tales personas deberán ser calificados como invasores y se exige su desalojo sin indemnización alguna. Dicho de otra manera, desde el momento cuando el terreno es integrado mediante decreto o ley, el no indígena que hasta entonces ejercía actos de posesión o propiedad de buena fe, tiene el derecho a ser reubicado o en su defecto indemnizado y expropiado; pues su derecho colisiona con el derecho real de propiedad que ostenta a partir de ese momento la comunidad indígena conforme se lo atribuye el artículo 2 de la Ley Indígena. Es a partir de ese instante, que se produce el congelamiento del inmueble; así lo ha estipulado la Sala Constitucional en fallo 2097-2011 del 23 de febrero de 2011. El individuo que hasta entonces ejercía su derecho con todos los atributos, tiene restringida absolutamente la facultad de disponer de su derecho sobre el bien. Aunado a lo anterior, en esa misma resolución, determinó esta Cámara, que cuando una persona pretenda la indemnización por estar su terreno dentro de reserva indígena, se hace necesario que además de ser sujeto no indígena y poseedor o propietario de buena fe, conforme a las reglas ya establecidas; en adición a esos dos elementos y en atención a lo dispuesto en el artículo 317 del Código Procesal Civil ley 7130 (de aplicación supletoria en este caso, así lo permite el numeral 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo), le corresponde al actor demostrar mediante prueba contundente como lo sería una pericial fundada en el examen de los planos de los terrenos, para evidenciar sin duda alguna que el terreno en discusión se encuentra dentro de reserva indígena. V.- La línea jurisprudencial expuesta en el apartado anterior resulta conforme con el Derecho de la Constitución, según lo dispuso expresamente la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el voto de mayoría no. 2022024725 de las 12 horas 41 minutos del 19 de octubre de 2022 (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1120920), cuando rechazó la acción de inconstitucionalidad formula en contra de esa jurisprudencia. En lo de interés, indicó dicho Tribunal Constitucional: “IV.- Sobre la alegada inconstitucionalidad. En el sub lite, la parte accionante formula acción para se declare inconstitucional la jurisprudencia de la Sala Primera de Casación (sentencias nros. 000920-F-S1-2015 de las 14:30 horas del 6 de agosto de 2015, 002848-A-S1-2020 de las 10:10 horas del 3 de diciembre de 2020, 002878-F-S1-2020 de las 10:35 horas del 10 de diciembre de 2020 y 000681-F-S1-2021 de las 10:00 horas del 25 de marzo de 2021), concerniente al artículo 3 de la Ley Indígena, por estimarla contraria a los artículos 9, 11, 41 y 45 de la Constitución Política, y a los principios de buena fe, confianza legítima y no confiscación, así como al ordinal 21 inciso 2 de la CADH. En tal sentido, según tal jurisprudencia, quienes adquieren terrenos en las reservas indígenas al amparo del Registro Nacional (sin anotación registral que indique que la finca adquirida se encuentra dentro de una reserva indígena), no son adquirentes de buena fe, y debido a ello, se les niega la indemnización que establece el ordinal 5 de la Ley Indígena. Ahora, sobre el particular, el numeral 3 eiusdem dispone: […] Por su parte, el ordinal 5 eiusdem estatuye: […] Así, el accionante cuestiona concretamente que la jurisprudencia impugnada determina que la “buena fe” exigida por la norma supra citada no se configura, cuando una persona adquiere una propiedad posterior a la constitución de una reserva indígena, independientemente de que en el Registro Público no se visualice anotación o restricción alguna sobre el inmueble. En tal sentido, considera contrario al Derecho de la Constitución que en estos casos no se indemnice con sustento en tal interpretación. Ahora bien, interesa traer a colación lo dispuesto por la Sala Primera de Casación en la sentencia n.° 920-F-S1-2015 de las 14:30 horas del 6 de agosto de 2015, citada por el recurrente: […] Asimismo, en la sentencia n.° 2848-A-S1-2020 de las 10:10 horas del 3 de diciembre de 2020, también referida por el recurrente, la instancia de casación dispuso: […] En el mismo sentido, en la sentencia n.° 2848-A-S1-2020 [sic] de las 10:10 horas del 3 de diciembre de 2020, también aludida por el accionante, se determinó: […] Al respecto, esta Cámara concluye que los criterios jurisprudenciales cuestionados no contravienen el Derecho de la Constitución. / Precisamente, el numeral 5 de la Ley Indígena señala que se requiere acreditar la “buena fe” para que resulte procedente reubicar o indemnizar a una persona no indígena poseedora o propietaria de un inmueble que se ubique dentro de una reserva indígena; sin embargo, el artículo 3 eiusdem también estatuye que las reservas indígenas son inalienables, imprescriptibles y no transferibles, a la vez que expresamente dispone: […] / Así las cosas, se aprecia que, en las sentencias aludidas por el accionante, la Sala Primera de Casación ha comprendido que el elemento “buena fe” no es posible acreditarlo, cuando, con posterioridad a la constitución de una reserva indígena (a través del respectivo decreto ejecutivo), una persona adquiere una propiedad dentro de los límites de tal espacio restringido, toda vez que, a partir del momento en que normativamente se establece esa zona como reserva indígena deviene jurídicamente improcedente ejecutar tal acto traslativo de dominio, toda vez que el inmueble en cuestión es intransferible por imperativo de ley. / De esta forma, la Sala descarta que tal interpretación resulte contraria al ordinal 45 de la Constitución Política, pues, precisamente, con apego a esta norma constitucional, las personas que de buena fe ostentaban la titularidad de un inmueble previo a que este integrara el régimen de propiedad indígena deben ser indemnizadas por la afectación sufrida, pues la propiedad sobre tal bien de manera ulterior pasó a una comunidad indígena. Lógicamente, a partir de que se ha constituido una reserva indígena (mediante los decretos ejecutivos señalados en el artículo 1 de la propia Ley Indígena), carece de plausibilidad jurídica que una persona no indígena pueda adquirir válidamente una propiedad dentro de tal zona restringida, cuya delimitación física ya ha sido debidamente establecida y publicada a través de los decretos ejecutivos correspondientes. Semejante adquisición, como lo señala el ordinal 3 de la propia Ley Indígena, es absolutamente nula pues la propiedad ya era intransferible. Obsérvese que la reserva indígena y su debida delimitación espacial se constituye a partir del decreto ejecutivo correspondiente, no hasta el momento en que se da una eventual expropiación en los términos del ordinal 5 de la Ley Indígena, como sugiere el recurrente. / Asimismo, la parte accionante arguye que, independientemente de que el acto traslativo de dominio se hubiera efectuado luego de estar debidamente constituida la reserva indígena, existe buena fe del adquirente, quien actuó amparado en la seguridad jurídica que otorga la publicidad registral, pues no se había incorporado anotación o restricción alguna sobre ese inmueble en el Registro Público. Por ello, argumenta que la denegatorio [sic] de la debida indemnización quebranta los principios de buena fe registral y confianza legítima. / No obstante, conforme se indicó ut supra, el negocio jurídico mediante el cual se trasladó el dominio del inmueble se ha dado contra legem, puesto que la propiedad ya se encontraba afectada por el régimen de propiedad indígena, de ahí que, al margen de lo indicado en el Registro Público para el momento del acto negocial, el bien inmueble no podía ser objeto de comercio ni podía ser transferido a una persona ajena a la comunidad indígena. / Relacionado con tal tesitura, atinente al principio de confianza legítima (alegado por el recurrente) conviene resaltar, lo que esta Sala ha señalado: […] (Sentencia n.° 2016008000 de las 11:52 horas de 10 de junio de 2016). / En la especie, este Tribunal descarta que la jurisprudencia cuestionada desatienda el principio antedicho. Así, debe reiterarse que, con independencia de lo que se advierta registralmente, la propiedad integrada a una reserva indígena es intransmisible por disposición expresa de ley, de modo que no es posible recurrir a la buena fe registral o a una presunta confianza legítima para convalidar un acto negocial absolutamente nulo, efectuado en contravención al ordenamiento jurídico. Véase, una vez más, que la delimitación física de las reservas indígenas está establecida a través de distintos decretos ejecutivos, debidamente publicados; además, existe una prohibición legal expresa para que las personas no indígenas adquieran estas propiedades, por lo que los actos de traspaso son nulos. Por ello, la eventual omisión del Registro Público de consignar la afectación de reserva indígena sobre un inmueble de ninguna manera convalida algún acto traslativo de dominio efectuado al margen de la ley, ni constituye una causa idónea para que el adquirente de tal negocio nulo reclame una indemnización en los términos del ordinal 5 de la Ley Indígena, como pretende la parte recurrente. […] En virtud de lo expuesto, se declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad.” VI.- Como se expuso en el apartado I de esta sentencia la Reserva Indígena de Quitirrisí se creó mediante el Decreto 6036-G publicado el 12 de junio de 1976 y se amplió en el Decreto 29452-G del 16 de abril de 2001. El actor, compró la finca mediante escritura número 65 del 28 de agosto de 1981, en este momento, la misma se encontraba afectada en un 23% por la reserva indígena. Conforme a este marco fáctico y a la línea jurisprudencial de esta Sala antes expuesta, esta Cámara coincide con el criterio de las personas juzgadoras. Consecuentemente, acorde a lo previsto en el ordinal 3 de la Ley Indígena, la cual, se reitera, constituye norma especial y excluyente que regula la temática de la propiedad ubicada en las Reservas Indígenas, al ser la Sociedad actora un no indígena, el traspaso efectuado a su favor deviene absolutamente nulo; por ende, inoponible a terceros. Además, acorde con el numeral 5 íbid, resulta ser un propietario de mala fe, pues, su derecho es posterior a la constitución de la Reserva Indígena, por lo que no le asiste derecho para ser expropiado e indemnizado según lo pretendido en esta lite. En este sentido, no se conculcaron los principios de seguridad y certeza jurídica, ya que la nulidad absoluta del título de propiedad del actor, sustento del rechazo de la demanda, resulta por imperativo legal, según lo señalado, en el canon 3 de la Ley Indígena. En cuanto al aserto del casacionista, de que resulta irrelevante si se conocía o no que el fundo estuviera ubicado dentro de la Reserva Indígena, pues, en el Registro Público no existía ningún impedimento legal para inscribir el inmueble a favor del actor, precisa recordar lo señalado por la Sala Constitucional en el fallo referido en el apartado anterior, en el sentido de que, independientemente de lo advertido registralmente, la propiedad integrada a una reserva indígena es intransmisible por disposición expresa de ley. De manera que, no es posible recurrir a la buena fe registral o a una presunta confianza legítima para convalidar un acto negocial absolutamente nulo, efectuado en contravención al ordenamiento jurídico. “Por ello, la eventual omisión del Registro Público de consignar la afectación de reserva indígena sobre un inmueble de ninguna manera convalida algún acto traslativo de dominio efectuado al margen de la ley, ni constituye una causa idónea para que el adquirente de tal negocio nulo reclame una indemnización en los términos del ordinal 5 de la Ley Indígena, como pretende la parte recurrente.” Por las razones apuntadas, se impone el rechazo de la censura en estudio. Recurso de casación del INDER. VII.- El INDER interpuso recurso de casación dividiéndolo en un agravio procesal y trece reproches sustanciales. Como único vicio procesal expone, violación del artículo 137 inciso a del CPCA por falta de emplazamiento y notificación defectuosa a las partes principales, así como violación del artículo 12 del CPCA y 106 del CPC, por violación de la composición de la litis al no integrar al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), en relación con el principio de eficacia de la resolución que se dicte; pues una persona no puede ser afectada por la decisión si no ha tenido oportunidad de ser parte. Cita jurisprudencia de esta Sala y del Tribunal Contencioso Administrativo para respaldar su dicho. Explica, opuso la defensa de falta de integración del litisconsorcio pasivo necesario en la contestación de la demanda, así como en su ampliación, pero en ambos momentos fue rechazada. El recurrente realiza una transcripción de las pretensiones de la demanda de la 1 a la 5, e indica, por eso es indispensable que el SINAC formara parte del contradictorio. De acuerdo con los artículos 13 y 14 de la Ley Forestal esta es la encargada de velar por la protección y conservación del ambiente. Recalca, el objeto del proceso se vio afectado desde 1983 por el Decreto ejecutivo 14672 que amplía la Zona Protectora Cerros de Escazú. Cita voto de la Sala Constitucional sobre el tema del Patrimonio Natural del Estado. Argumenta, la Ley Forestal vigente para dichos años estipulaba una protección especial para estos bienes, así como una obligación para el Estado y la Dirección General Forestal, reafirmada por la actual Ley Forestal en los artículos 13, 2 y 37. Esta establece, al MINAE le corresponde la administración de dichos territorios, sumado a esto el ordinal 22 de la Ley de Biodiversidad establece, el SINAC tendrá personería jurídica instrumental. Por esto considera, existe necesidad de que formen parte del contradictorio el Estado y el SINAC, debido a que les afecta directamente la sentencia dictada por el Tribunal. Relata, que esta misma solicitud fue hecha en otros procesos judiciales, en los cuales se integró al SINAC como tercero interesado en virtud de la importancia de su participación y pudiera realiza la defensa técnica en materia ambiental, por cuanto existían Decretos en dicha materia que prohibían el uso y explotación de los bienes afectados por disposición del legislador. Considera, se deja en indefensión a su representada por no haber sido integrado a la litis a quien de pleno derecho le correspondía. VIII.- Nótese, en el agravio el casacionista refiere, violación del artículo 137 inciso a del CPCA por falta de emplazamiento y notificación defectuosa a las partes principales, sin embargo, no hace el análisis de cual emplazamiento o notificación fueron defectuosas, únicamente lo menciona al hacer alusión al artículo 137, sin realizar su debido desarrollo, por lo tanto, esta Sala no se puede pronunciar respecto al punto en cuestión. Del mismo modo, considera existe un agravio al no formar parte el Estado del contradictorio, sin embargo, se desprende del expediente, que la representación del Estado estuvo presente a lo largo del presente proceso. En vista de que la parte actora amplió sus pretensiones y solicitó tener al Estado como demandado, por lo tanto, este contestó la demanda, participó de la audiencia preliminar y formuló las conclusiones pertinentes, y no es hasta la sentencia donde el Tribunal admite la excepción de falta de legitimación pasiva y declara sin lugar la demanda contra del Estado. Por lo que no se encuentra, el vicio alegado por el recurrente, al manifestar la necesidad, traer al Estado al proceso para que sea participe en el contradictorio, cuando ya esté participó en el mismo. Por lo tanto, no puede ser atendido el reproche. Asimismo, señala, la necesidad de tener como parte en el proceso al SINAC al estar la finca afectada por zona protectora como consta a folio 95 del expediente. Respecto a este tema esta Sala ha indicado, el litisconsorcio pasivo necesario procura garantizar la correcta formación del contradictorio procesal, ya que al ser indivisible la relación sustancial, es indispensable en lo que atañe a la parte demandada, que al proceso concurran todos los sujetos a quienes corresponda contradecir la pretensión deducida. Sin embargo, en síntesis, las pretensiones de la demanda buscan la debida expropiación e indemnización por parte de las demandas del terreno de su propiedad, ubicada en Territorio Indígena. Del debido análisis de ese marco petitorio, lleva a concluir, del objeto del proceso no se desprende la necesidad de integrar al SINAC como parte pasiva. Nótese, de las pretensiones formuladas, ninguna de ellas se relaciona directamente con la Zona Protectora que afecta la finca o el SINAC, pues el tema medular del presente proceso es meramente compensatorio, y dicha compensación deviene de la afectación del terreno por Territorio indígena. Esta Sala en este sentido ha dicho, la litisconsorcio pasiva necesaria hace referencia a la necesidad de que en el proceso figuren como demandados todos aquellos sujetos a quienes eventualmente podría afectarles la decisión judicial que por el fondo se adopte, lo cual no ocurre en el caso concreto. IX.- El recurrente aduce 13 reclamos admitidos por razones de fondo. Primero (segundo): arguye error en la fundamentación, por indebida valoración de la prueba, específicamente, las certificaciones registrales de la propiedad matricula folio real 226051-000 y los Decretos de creación de la Reserva. Considera, el yerro radica, en conceder una preponderancia a la publicidad registral, pese a tener como hechos probados primero y segundo la creación de la Reserva en el año 1976 y su delimitación en 1979, así como el cuarto, el cual versa sobre la compraventa del inmueble en 1981. Por lo tanto, se da una indebida valoración de la prueba según el artículo 3 de la Ley Indígena, la cual debió ser valorada y examinada de forma analítica, objetiva, precisa y de acuerdo a las reglas de la lógica y la sana critica, en relación con los numerales 5 de la Ley Indígena y 120, 140, 141, 145 y 240 de la LGAP y 129 constitucional que indican que nadie puede alegar desconocimiento de la Ley. Alude, los juzgadores contradicen la prueba, si hubieran observado los principios de legalidad y debida motivación, de manera irreprochable y en armonía con la misma, se tendría por probado que, al realizarse la adquisición del inmueble con posterioridad la publicación del Decreto de creación del Territorio Indígena, ese acto se encuentra viciado y no se podía reconocer derecho alguno, debiendo declarar nula de pleno derecho la compraventa en cuestión, no concediendo derecho alguno al actor. Segundo (cuarto): alega desacato de normas sustantivas, por inaplicación de los artículos 1, 2, 3 y 5 de la Ley Indígena. Refiere, los poseedores de buena fe son los que tuvieran esa condición de previo a la entrada en vigencia de la Ley Indígena o los Decretos Ejecutivos que definen los límites de la Reserva. En el fallo se tiene como hecho probado cuarto, la fecha de adquisición de la finca por la actora en 1981. Considera, no se valoraron los hechos probados debidamente, en vista que no puede probarse que hayan existido actos posesorios de buena fe antes de la creación de la Ley Indígena. Concluye diciendo, el a quo debió tener como hecho probado la falta de derecho de la parte actora. Tercero (quinto): versa sobre una indebida valoración de prueba al no analizar las actas de la Ley Indígena, aportadas por el INDER, las cuales constituyen los antecedentes históricos y legislativos de la Ley de marras. Aduce, a la hora de interpretar el artículo 5 de la Ley Indígena, se debió realizar de acuerdo con lo establecido en el numeral 10 del CC, aplicando el sentido propio de las palabras en relación con los antecedentes históricos y legislativos. De modo este modo, debió observarse el proyecto de Ley oficio JD-054 de 1997, el acta 109 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos del 03 de noviembre de 1977, en los cuales queda claro que las expropiaciones e indemnizaciones serán financiadas, mediante el aporte del Presupuesto General de la República. Recalca, en el acta quedó establecida la afectación del Presupuesto Nacional para el pago de indemnizaciones establecidas en la Ley Indígena, lo cual fue ignorado por los jueces, sin entrar siquiera a analizar la participación del Estado en el proceso. Concluye indicando, la resolución no está en armonía con el ordenamiento jurídico, entre otros motivos por la indebida valoración de la prueba. Cuarto (sexto): protesta, existen hechos en contradicción con la prueba en el fallo recurrido. Expone, se dejaron de aplicar los artículos 1, 2, 3 y 5 de la Ley Indígena. De una correcta interpretación jurídica concluiría que la parte actora nunca fue poseedora de buena fe con derecho a indemnización. El vicio radica en tener como hecho no probado que la sociedad accionante adquiriera de mala fe la propiedad. Señala, no se valora adecuadamente la prueba del expediente, explícitamente la ofrecida de folios 109 a 111, donde se indica, la finca fue adquirida después de la creación de la Reserva. Refiere, el hecho probado cuarto indica, la propiedad fue adquirida mediante compraventa en 1981 e inscrita en 1986, además, de los Decretos 6036-G de 1976 y 10707 de 1979 se evidencia la mala fe de los adquirentes, quienes tenían pleno y previo conocimiento que el inmueble se encontraba dentro del territorio indígena, pues no se puede alegar desconocimiento de la Ley. Por lo que se produce desacato del ordenamiento jurídico. Quinto (séptimo): arguye indebida interpretación o aplicación de norma jurídica. Argumenta, el fallo señaló, no se prueba que sobre la finca conste anotación registral sobre su pertenencia a Reserva. Por lo que se aplica indebidamente el artículo 1 de la Ley Indígena y lo establecido en los Decretos Ejecutivos, donde se establecen los límites del territorio indígena, tenidos como hechos probados. Acusa, se violenta la condición de los territorios indígenas establecidos en el artículo 3 de la Ley Indígena, establecidos como inalienables, imprescriptibles, no transferibles y exclusivos para las comunidades indígenas. Quedó demostrado que la compraventa fue realizada posterior a la constitución de la Reserva y por lo tanto la totalidad de esos actos son nulos de pleno derecho, la no publicidad registral de la afectación del inmueble no puede estar por sobre los intereses de las comunidades indígenas determinados en la Ley Indígena, convenio 107 de la OIT. Arguye, ni el actor, ni el Tribunal pueden alegar desconocimiento de la Ley, por tanto, no se debió otorgar parcialmente un derecho al actor. Sexto (octavo): expone, el a quo se fundamentó en contradicción con el ordenamiento jurídico, contrariando los preceptos constitucionales vinculantes de la Sala Constitucional en concordancia con el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Explica, se violó el principio constitucional establecido en el ordinal 129 de la Constitución Política (CP), ya que el Tribunal mantiene una tesis contraria a los Preceptos de la Sala Constitucional, al realizar una errónea interpretación de lo establecido en los Decretos ejecutivos y Ley Indígena que crean la Reserva Indígena en cuestión. Estas consideran erróneamente, la existencia de un Decreto no supone la suerte de conocer su contenido, dando preponderancia a la no existencia de anotación registral. Por otra parte acusa, se aplica y desaplica al mismo tiempo los Decretos y la Ley Indígena, con quebranto de los principios constitucionales y lo señalado en el artículo 8 del CC, esto en cuanto, no se podía disponer la aplicación del Decreto a medias, señalando que solo un porcentaje se veía afectado por este, cuando el negocio jurídico es uno solo y la Ley no hace diferenciación. La normativa dispone, posterior a la creación de la Reserva Indígena, los negocios jurídicos son nulos. Recalca, la Ley y los Decretos a la luz del numeral 129 de la CP deben ser acatados de forma obligatoria y no se puede alegar desconocimiento de ellos. Considera, hay grave error en la interpretación del fallo, al señalar que un porcentaje de la propiedad se encontraba fuera del comercio humano, pero luego lo desaplica otorgando parcialmente un derecho sobre el terreno afectado por la ampliación de la Reserva. Alega, hay contradicción en la sentencia respecto a los principios de legalidad y constitucionales, pues existía norma expresa que impedía el negocio jurídico, sin que mediara la anotación registral. Refiere violación a la publicidad y validez de los Decretos y la Ley Indígena, pues, la publicidad es un requisito de eficacia que se concreta con la publicación. Séptimo (noveno): señala, la sentencia contiene contradicciones con el ordenamiento jurídico, al no respaldarse en los artículos 1, 2, 3 y 5 de la Ley Indígena, la correcta interpretación jurídica concluiría, los poseedores de buena fe son aquellos que tuvieran esa condición antes de la entrada en vigencia de la Ley Indígena o los Decretos que definen los límites de la Reserva. Reprocha el vicio se da, al reconocer la indemnización del 77% de la propiedad a favor del actor, al encontrarse este a disposición del comercio humano al momento de su adquisición y darse la afectación sobrevenida. Aduce, no se analiza la aplicación de norma especial, como lo es la legislación indígena por lo que todo negocio o traspaso de las tierras en Reservas Indígenas es absolutamente nulo y es la Ley la que establece los presupuestos para indemnizar a los poseedores quienes ocupan inmuebles en territorio indígena, dentro de estos se establece: deben ser personas no indígenas las propietarias o poseedoras de buena fe, tener tal condición antes de la declaratoria de Reserva Indígena y en concordancia con las reglas del CC, por cuanto considera, es ilícito indemnizar a las personas que no cumplan este requisito, precisamente por eso el articulo 3 castiga cualquier acto posterior con nulidad absoluta. En el mismo sentido, el artículo 5 supone frente a la invasión de persona no indígena el desalojo inmediato sin derecho a pago de ninguna indemnización. Respalda su dicho en sentencias del Tribunal Contencioso Administrativo y jurisprudencia de esta Sala. Señala, en la discusión del caso, sobre la existencia de buena fe, el actor deberá demostrar que realizó lo necesario para cerciorarse que su posesión se lleva a cabo en regla. Indica, se ha reconocido a los territorios indígenas carácter supra constitucional en la protección de las tierras. Considera, el presente caso queda descartada la buena fe, debido a que la compraventa se dio sobre toda la finca y el 23% se encontraba en Reserva Indígena, lo cual imposibilitaba el negocio jurídico al ser la compraventa uno solo, lo que conlleva a la nulidad del mismo. El error del a quo radica en la convalidación de dicho negocio jurídico, cuando por sí solo era ilegal. Octavo (decimo): alude, en vista al Derecho Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos toma interpretaciones efectuadas por las Naciones Unidas en relación a los artículos 1 y 27 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ordinal 5 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, entre otras, esta normativa incorpora disposiciones elementales que llaman a los Estados a respetar, preservar y mantener condiciones esenciales de las poblaciones indígenas, lo que comprueba la responsabilidad del Estado al ratificar convenios como el 169 (Convenio sobre los pueblos indígenas y tribales) en los cuales asume obligaciones en materia de derechos indígenas. Manifiesta, este no puede desligarse como ente responsable y vigilante de su aplicación, máxime que los convenios internacionales constituyen fuente superior a la Ley y es a este al que le corresponde “dar la cara” frente a Organismos Internacionales por las faltas cometidas. En principio cualquier asunto en el que medien intereses de los pueblos indígenas debe ser de interés directo de este, en el resguardo de sus derechos y cumplimientos de sus deberes. Cita, el segundo informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el Perú de la Corte IDH, la cual se indica, los Estados deben aplicar mecanismos adecuados de control y seguimiento para monitorear el desempeño de las autoridades estatales y asegurar el disfrute de los derechos y garantías a las que se comprometieron mediante el Convenio 169. Menciona la Convención de Viena sobre los tratados y el convenio 107 de la OIT, para respaldar la importancia de la obligación del Estado y el control de convencionalidad. Alega, al tenor de estas normas y los numerales 1.1 y 2 de la CADH y la Declaración Universal de los derechos Humanos, los Estados se comprometen a asegurar el respeto de los derechos y libertades fundamentales de las personas. Siendo así, el derecho interno no puede imponerse ante el incumplimiento de una norma internacional. Respalda su argumento en jurisprudencia. Por otro lado, señala si se acreditase un derecho de propiedad de un no indígena en estos territorios, nos encontraríamos en presencia de uno de los supuestos de responsabilidad objetiva por daño especial, y en consecuencia el Estado con sus actuaciones ha tornado nugatorio el derecho de propiedad, afectando la finca de marras al régimen de Reserva Indígena, por lo que debe responder por ese daño ocasionado. Sumado a lo anterior, protesta, de acuerdo con el numeral 5 de la Ley Indígena, el Estado debió suministrar un fondo a la CONAI, para que, supervisado por la Contraloría General de la República, realizara las expropiaciones establecidas. Por esto, considera evidente la necesidad de la participación del Estado en el presente proceso, ya que la normativa se dispone de fondos de su administración. Aduce, en el proceso se omitió la participación del Estado, la cual era fundamental, por ser el principal responsable y quien responde ante los organismos internacionales. Explica, la Ley de Tierras y Colonización y Ley de Creación del INDER determinan el destino de los fondos del INDER, los cuales están destinados al desarrollo rural y asentamientos campesinos. Expone, la voluntad del legislador, en los antecedentes legislativos, es que el Estado realizará el aporte financiero de las sumas que permitieran el pago de indemnizaciones por terrenos indígenas. Por lo tanto, estas no deberán ser pagadas con el peculio del INDER, caso contrario se incurriría en uno de los hechos generadores de responsabilidad administrativa, contenidos en el artículo 110 inciso e de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. Por lo tanto, considera la casacionista la sentencia resulta viciada, en cuanto establece que la indemnización del 77% de la propiedad debe ser a cargo del INDER, en coordinación con el CONAI, así como la realización de los tramites expropiatorios, desconociendo la responsabilidad del Estado en el rubro de la expropiación a la luz del articulo 5 supra mencionado. Alega, se solicitó adición y aclaración, la cual fue rechazada. Insiste, en la necesidad de integrar al Estado como legitimado pasivo. Indica, “Los Tribunales aplican lo que les plazca sin importar lo que la Ley establezca”. Alude, para la interpretación del artículo mencionado 5 de la Ley Indígena, es requerido seguir las pautas del numeral 10 del CC. Transcribe, extracto del informe de la auditoria especial número DFOE-EC-IF-09-2013, de la Contraloría General de la República en donde se determina el riesgo de insolvencia del INDER ante el eventual pago de indemnizaciones por litigios pendientes de resolución, vinculados con los territorios indígenas ocupados por personas no indígenas. Así como, el oficio DM-178-2012 emitido por el Ministerio de Hacienda, donde hace referencia a la imposibilidad de asignarle presupuesto al INDER para cumplir con el artículo 5 de la Ley Indígena. Adiciona, si los fondos deben provenir del Poder Ejecutivo, el Estado debe contar con la posibilidad de participar en el presente proceso. Solicita, en la eventualidad de conceder el derecho indemnizatorio a favor del actor, procede declarar al Estado conjuntamente responsable de la ejecución de la sentencia y aclarar que el pago se realizará con fondos del erario público que serán reservados de presupuesto del Estado y dados a la CONAI. Noveno (décimo primero): alega, el fallo se fundamentó en contradicción con el ordenamiento jurídico, dejando de aplicar los artículos 5 de la Ley Indígena, 120, 121 y 190 de la LGAP. Arguye, el precepto 5 de la Ley Indígena establece, los estudios y trámites de expropiación e indemnización en territorio indígena serán a efectuados por el INDER, en coordinación con la CONAI, dichas expropiaciones serán con el Presupuesto de la República, por lo que el pago de estas deberá realizarlo el Estado. Contenido que fue dejado de lado por los juzgadores en los apartados V, VI y VIII de la sentencia. Alega, con la aplicación de este numeral, en concordancia con los numerales 120 y 121 de la LGAP resulta indispensable que se responsabilice al Estado. Realiza un recuento de los hechos probados 1 y 2, concluyendo que fue el Estado mediante Decreto el que vació de contenido el derecho de propiedad de la actora, afectando la finca de marras por el territorio indígena, consecuentemente le corresponde al mismo realizar la indemnización correspondiente. Esto realizando una correcta interpretación del ordinal 190 de la LGAP. Adiciona, en todo caso era el Estado el responsable de inscribir las limitaciones ante el Registro Nacional, según se lo delega el ordinal 2 de la Ley Indígena. Décimo (décimo segundo): alega violación del artículo 7 de la CP y sus principios referentes a la supremacía de los tratados internacionales, al no responsabilizar al Estado producto de lo establecido en el artículo 26 de la Convención de Viena, 1.1 y de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Reitera, la Convención de Viena en dicha disposición establece el Pacta Sunt Servanda. Su importancia radica en la consecuencia que deben tener los Estados frente a las obligaciones asumidas frente a la comunidad internacional, en casos como los comprendidos en el convenio no. 107 de la OIT en concordancia con el no. 169. Repite la importancia del Control de convencionalidad mencionado en las normativas supra mencionadas. Considera, al tenor de dicha normativa el Estado tiene el deber de asegurar el respeto de los derechos y libertades del hombre y no puede alegar estar desprendido de sus deberes. Redunda en la responsabilidad establecida al Estado respecto a la inscripción registral y el monto indemnizatorio. Manifiesta, el Tribunal al acoger la falta de legitimación pasiva opuesta por el Estado, evita referirse a las obligaciones del mismo y le quita responsabilidades, repitiendo su error al rechazar la adición y aclaración respecto a las obligaciones del Estado presentadas por su representada. Décimo primero (décimo tercero): arguye violación de los preceptos 11 (referente al principio de legalidad), 49 y 129 constitucionales en relación con los cardinales 3 y 5 de la Ley Indígena. Esta se manifiesta cuando los juzgadores aceptan, mediante el Decreto 10707-G se crearon los límites de la propiedad indígena de la Reserva de Quitirrisí (hecho Probado 2), que la fecha de adquisición de la finca fue el 28 de agosto de 1981 (hecho probado 4), y esas fincas se encontraban afectadas por la Reserva Indígena (hechos probados del 1 al 8). Basándose en lo anterior declaró con lugar la demanda y aceptó el pseudo derecho de indemnización de la parte actora contraviniendo el régimen de propiedad de los Territorios Indígenas. Señala, el Principio de legalidad establece, todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la Ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas, ergo la Administración Pública no puede actuar si no existe norma en el ordenamiento que la habilite para tal caso. De esta manera, si un Estado se atiene a dicho principio sus actuaciones estarían sometidas a la Constitución Política y las Leyes. Mas, considera, en el presente caso La Ley Indígena en su cardinal 3 indica que las Reservas indígenas son inalienables, imprescriptibles, intransferibles y exclusivas para las comunidades indígenas, todo traspaso de estas entre indígenas y no indígenas es absolutamente nulo. Estas normas constitucionales aducen, fueron violentadas. Cita jurisprudencia de la Corte IDDH, en las cuales se menciona, en casos de expropiación el principio de legalidad es determinante para verificar la concurrencia de una vulneración al derecho a la propiedad, suponiendo que la legislación regule la privación del derecho a la propiedad debe ser clara, especifica y previsible. Señala, en Costa Rica, en materia de territorios Indígenas no existe obligación de publicidad registral al margen del asiento registral, sobre las inscripciones, como es el caso donde el Tribunal acoge el artículo 455 del CC. Considera, esto sería competencia del Registro Nacional y de la Procuraduría General de la República. Respalda su argumentación en Jurisprudencia Constitucional. Manifiesta, se debió declarar que el actor por medio de la publicación en la Gaceta se hace de conocimiento general la Ley Indígena y la afectación a esos terrenos, los cuales son intransferibles, inembargables y exclusivos de los indígenas. Décimo segundo (décimo cuarto): este es una copia textual del quebranto (décimo segundo), por lo que se conocerán en conjunto. Décimo tercero (décimo octavo): acusa, se dejó de aplicar el principio constitucional de razonabilidad y proporcionalidad al condenar al INDER a realizar las acciones expropiatorias dentro del plazo de tres meses, no valorando su razonabilidad y proporcionalidad. Recrimina, estos estudios no solo corresponden al INDER, también deben intervenir la CONAI, La Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva y el SINAC, para verificar los porcentajes que se deben cancelar al actor. Esto conlleva, trabajos investigativos, cambios catastrales y registrales, para fijar la medida real de los inmuebles. Por otra parte, recalca, la imposibilidad de dar trámite a la expropiación sin que el Estado aporte recursos económicos en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Indígena. Por lo tanto, no fueron valorados la proporcionalidad y razonabilidad de los plazos, ni la ausencia de recursos económicos para indemnizar a la parte actora. X.- Por tratarse del mismo punto medular, es preciso resolver de forma conjunta los agravios primero (segundo), quinto (séptimo), sexto (octavo), séptimo (noveno) y decimo primero (décimo tercero), dentro de los cuales se alega indebida valoración de las certificaciones registrales de la propiedad, conduciendo a la violación a los numerales 3 y 5 de la Ley indígena, 120, 140, 141, 145 y 240 de la LGAP y 129 constitucional, principios de legalidad y debida motivación. En el mismo orden de ideas, arguye, violación directa de las normas indicadas, sumándose los cardinales 11 y 49 constitucionales, 1 y 2 de la Ley Indígena y los Decretos ejecutivos que afectan la propiedad. Considera recae en vicio el a quo, al conceder preponderancia a la publicidad registral pese a tener por probado que, al momento de la adquisición de la finca por parte del actor, esta se encontraba afectada en un 23% por Reserva Indígena, deviniendo la totalidad de la misma intransferible. Considera se realiza, una aplicación del Decreto a medias, señalando que solo un porcentaje se veía afectado por este, dándole derechos indemnizatorios al actor, cuando el negocio jurídico es uno solo y la Ley establece la nulidad de pleno derecho de la transmisión de fincas en Reservas Indígenas. Deduciéndose de la sentencia, la existencia de un Decreto no supone la suerte de conocer su contenido. El Tribunal en este sentido indica “… se reconoce, que el bien se adquiere sin mediar una publicidad registral, si persistía la publicación oficial en el Diario oficial la Gaceta del Decreto 10707-G del 24 de octubre de 1979, lo que confiere un elemento objetivo para determinar el conocimiento de esa afectación a la ciudadanía en general y de lo cual no se puede alegar desconocimiento(…) Es claro que ese 77% restante debe ser indemnizado, por cuanto aquel porcentaje de terreno se encontraba a disposición del comercio de los hombres y la afectación sobrevenida es una clara limitación al derecho de propiedad de la accionante…” Según el extracto citado y en general del contenido de la sentencia no se desprende que los juzgadores den preponderancia a la publicidad registral sobre el contenido y naturaleza de los Decretos, en su lugar el Tribunal es claro en indicar que los Decretos mediante su publicación se entiende son de conocimiento de la ciudadanía general, siendo consecuente al no conceder la indemnización del 23% de la finca afectada. Por otro lado, respecto a la nulidad de la compraventa, considera esta Sala, lleva razón el Tribunal al declarar el derecho de la parte actora a ser indemnizada por el 77% de la finca que no se encontraba afectada al momento de su adquisición en 1981, ni la inscripción en 1984, estando a disposición del comercio de los hombres, debido que este porcentaje fue afectado mediante el Decreto 29452-G del 16 de abril de 2001. De acogerse la tesis del INDER, se caería en una adquisición forzosa de hecho e ilegítima de ese porcentaje, sin el reconocimiento compensatorio, que para efectos de compensación fija el numeral 45 de la CPol. Por lo tanto, la nulidad de la compraventa recae únicamente en el 23% afectado al momento de la realización del negocio jurídico, tal y como fue establecido por el Tribunal. Así, al no existir mérito para la dispensa pedida, se denegará el reproche. XI.- Por versar sobre el mismo tema, se conocerán de manera conjunta los agravios segundo (cuarto) y cuarto (sexto) en los cuales se alega, no se probaron actos posesorios de buena fe, sumado a un vicio en la sentencia al tener como hecho no probado la mala fe de la compraventa ya que la mismas se realiza cuando la finca ya se encontraba afectada. El a quo indica: “no se han acreditado elementos de convicción que indique la demostración de mala fe en el momento de la compra del inmueble, la cual como principio básico debe ser demostrada…” Como se indicó en el considerando IV, se desprende de los artículos 3 y 5 que son propietarios de buena fe las personas no indígenas, cuando el ejercicio de la posesión o de los actos como propietario haya sido anteriores a la afectación del bien ya sea mediante la Ley o los Decretos, el 77% de la propiedad en cuestión, fue afectada mediante el Decreto 29452-G del 16 de abril de 2001 y la compraventa fue realizada en 1981 e inscrita en 1984, por lo tanto al momento de la adquisición de dicho porcentaje la finca no se encontraba afecta y respecto a este la adquisición se considera de buena fe que dando lugar al derecho a la reubicación o indemnización. Por lo tanto, el reproche resulta improcedente. XII.- En cuanto a los motivos tercero (quinto), octavo (decimo), noveno (décimo primero), décimo (décimo segundo) y décimo segundo (décimo cuarto: este es una copia textual del anterior), tratan sobre el mismo punto medular, la responsabilidad monetaria del Estado para realizar las expropiaciones establecidas en la Ley Indígena, por lo que se conocerán en conjunto. En el quinto quebranto alega inobservancia del proyecto de Ley y las actas de la Ley Indígena, indicando que en estas se puede concluir, de acuerdo con el artículo 10 del CC y la voluntad del legislador, que las expropiaciones deben ser financiadas, mediante el aporte del Presupuesto General de la República. El décimo versa sobre el deber del Estado de protección de los pueblos indígenas, por la firma de Tratados Internacionales. Por lo tanto, considera, el Estado al promulgar los Decretos que afectan el derecho de propiedad de las personas, debe responder por ese daño, suministrando fondos a la CONAI para realizar las expropiaciones. En el décimo primero arguye, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Indígena y 120, 121 y 190 de la LGAP, es al Estado a quien le corresponde realizar el pago de la indemnización a la actora. En el décimo segundo y décimo cuarto reprocha, los juzgadores al acoger la falta de legitimación pasiva opuesta por el Estado evitan referirse a las obligaciones del mismo. De previo a resolver lo que corresponde, resulta de mérito indicar de manera sucinta, el objeto del proceso. Según lo establecido en las pretensiones de la demanda, este es, establecer la procedencia o no del derecho que alega tener para ser indemnizada mediante expropiación. En la contestación el INDER manifiesta que el dinero para el pago de las expropiaciones debe salir del presupuesto nacional, tal y como quedó establecido en la normativa. Finalmente, el Tribunal indica en la sentencia recurrida: “Se ha alegado durante el proceso la obligación del Estado de procurar los recursos para el pago de estas indemnizaciones, el pronunciamiento de la Sala Primera, referenciado al considerando V de esta sentencia, establecen que esa obligación fue atribuida al ITCO hoy INDER y de manera conjunta con la CONAI”. En vista de lo planteado en el recurso, es indispensable analizar lo señalado por el artículo 5 de la Ley 6172 (Ley Indígena), que ha sido mencionado. El precepto dispone: “En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones. / Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el ITCO en coordinación con la CONAI. Si posteriormente hubiere invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna. / Las expropiaciones e indemnizaciones serán financiadas con el aporte de cien millones de colones en efectivo, que se consignarán mediante cuatro cuotas anuales de veinticinco millones de colones cada una, comenzando la primera en el año de 1979; dichas cuotas serán incluidas en los presupuestos generales de la República de los años 1979, 1980, 1981 y 1982. El fondo será administrado por la CONAI, bajo la supervisión de la Contraloría General de la República.” (El destacado es suplido). Así las cosas, esta cámara en la sentencia 01604-2012 ya ha indicado, corresponden al INDER, en lo que resulta de interés para este caso, las siguientes funciones: 1) reubicar a propietarios o poseedores de buena fe fuera de las Reservas Indígenas y; 2) expropiarlas e indemnizarlas si la reubicación no fuera posible. La particular forma que se ideó para la dotación financiera del fondo y su administración, no es objeto del presente proceso. Por estos motivos, se concuerda con el Tribunal, respecto a declarar con lugar la defensa de falta de legitimación pasiva incoada por el Estado, por cuanto el deber indemnizatorio es fijado para el INDER y la CONAI. Por lo tanto, de estas razones no se producen las violaciones legales y de fondo acusadas. XIII.- En el décimo octavo yerro, el impugnante critica la razonabilidad del plazo de tres meses dado por los Jueces para realizar dentro de este los trámites expropiatorios. En el considerando VIII de la sentencia recurrida se indica: “tales acciones deberán iniciarse dentro del plazo de tres meses computados desde la firmeza del presente fallo”. Este indica de manera textual que el plazo brindado es, para dar inicio con todos los trámites pertinentes para la expropiación y no que la misma se tenga que hacer dentro de tres meses como intenta alegar la representación del INDER. De ahí que el cargo como tal sea improcedente. XIV.- En mérito de las razones expuestas, debe rechazarse el recurso formulado y confirmar el fallo impugnado. XV. Voto salvado del Magistrado Leiva Poveda. Respeto el criterio de mayoría, sin embargo, no lo comparto, pues entiendo que la buena fe como condición necesaria para la indemnización que ahora se pretende, es única e indivisible frente a la adquisición de un inmueble, no siendo posible que frente a un mismo predio, una persona pueda ser adquirente de buena fe de parte de este, y tener una condición distinta en cuanto al resto, dado que la adquisición de la finca objeto de análisis se dio en un único negocio jurídico. Del elenco de hechos probados en el sub lite se tiene que la finca objeto de controversia, cuenta con una primera inscripción en el año de 1974, y previamente a la adquisición por parte de la actora en el año 1981, el inmueble fue afectado parcialmente (en un 23%), por la creación del Territorio Indígena de Quitirrisí de Mora. En el año 2001 fue afectado el 77% restante del inmueble por otro Decreto Ejecutivo. El reconocimiento del 100% del inmueble resulta improcedente pues al momento de la adquisición, ya una porción de este estaba afectado. Por otra parte, otorgar una indemnización por el 77% afectado en el año 2001, conllevaría aceptar que la sociedad accionante, al momento de comprar el terreno en cuestión en 1981 -frente a un único inmueble-, fue adquirente de buena fe en lo que hace al 77% y no lo fue respecto del 23%, conclusión que respetuosamente no comparto, pues la buena fe, para sostener una reparación debió ser respecto de todo el inmueble al momento de la adquisición. XVI. Nota de la Magistrada Vargas Vásquez. La suscrita magistrada respeta y comparte el voto de mayoría; sin embargo, estima, debió hacerse una mayor precisión en algunos de los argumentos expuestos. En primer orden, al referirse a las y los indígenas debe siempre hacerse a los pueblos indígenas y no a comunidades o grupos indígenas, por la especial connotación que reviste, acorde con el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. En efecto, el artículo 1 dispone: “1. El presente Convenio se aplica: a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial; b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio. 3. La utilización del término pueblos en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.” De ahí, la referencia a grupos o comunidades en el voto de mayoría de la sentencia no es correcta, debiendo referirse a la palabra pueblos. Esto tiene, además, relevancia práctica, pues cuando se dispone en una sentencia, como en la presente, que un inmueble ocupado por una persona no indígena forma parte de una reserva indígena, debe indicarse y declararse expresamente que el bien pertenece al pueblo indígena y no a una determinada forma organizativa de éste. Aunado al hecho de que, no se trata de reservas indígenas como lo denomina la Ley Indígena y lo refiere el voto de mayoría, sino de un territorio indígena conforme a lo establecido expresamente en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribunales en atención al derecho a la convencionalidad. Ese Convenio es supraconstitucional acorde a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el cual en su artículo 13 dispone: “1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. 2. La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.” Así mismo, el artículo 14 inciso 3 del Convenio obliga a los Estados a instituir procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados. En atención a ese compromiso, el numeral 3 de la Ley Indígena, señala que “… Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso…” Y, el artículo 5 de esa Ley señala: “En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones. Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el ITCO en coordinación con la CONAI. (Así reformado este párrafo por el artículo 65, inciso d) de la Ley No. 7495, del 3 de mayo de 1995.) Si posteriormente hubiere invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna. Las expropiaciones e indemnizaciones serán financiadas con el aporte de cien millones de colones en efectivo, que se consignarán mediante cuatro cuotas anuales de veinticinco millones de colones cada una, comenzando la primera en el año de 1979; dichas cuotas serán incluidas en los presupuestos generales de la República de los años 1979, 1980, 1981 y 1982. El fondo será administrado por la CONAI, bajo la supervisión de la Contraloría General de la República.” Esa norma ha generado muchos pronunciamientos de la Sala Primera en los cuales se establecen las líneas conforme a las cuales una persona no indígena actúa de buena o de mala fe. La constitucionalidad de esos pronunciamientos jurisprudenciales fue cuestionada ante la Sala Constitucional, la cual indicó, no existía vicio alguno de inconstitucionalidad, lo cual fue evidenciado en el proyecto de mayoría mediante la cita de la jurisprudencia involucrada. En este caso se estimó, la persona no indígena es de buena fe, únicamente sobre el área que, al momento de adquisición, no formaba parte del territorio indígena, siendo que la opción en ese caso es, sobre esa área, es la reubicación en otras tierras similares de la persona no indígena si es posible, de lo contrario, expropiarlas e indemnizarlas. POR TANTO Por mayoría, se confirma la resolución recurrida. Salva el voto el magistrado Leiva Poveda. La magistrada Vargas Vásquez pone nota. KIQUESADA ZS1HO8SEONI61 LUIS GUILLERMO RIVAS LOAICIGA - MAGISTRADO/A KMKEUNO4KAO61 CARLOS GUILLERMO ZAMORA CAMPOS - MAGISTRADO/A Y14MQAFPY1M61 DAMARIS MARIA VARGAS VASQUEZ - MAGISTRADO/A XGNFXUFE0T061 IGNACIO JOSE MONGE DOBLES - MAGISTRADO/A MCQS3HMA43PK61 JORGE LEIVA POVEDA - MAGISTRADO/A Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected] Clasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:18:00. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
**RESOLUTION Nº 00394 - 2025** **Date of Resolution:** March 7, 2025, at 08:55 **Case File:** 15-002621-1027-CA **Drafted by:** Luis Guillermo Rivas Loáiciga **Type of Matter:** COGNIZANCE **Analyzed by:** SALA PRIMERA **Judgment with Dissenting Vote** **Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** Contentious-Administrative **Topic:** Indigenous **Subtopics:** Possessor or owner in good faith. **Topic:** Principle of registry publicity **Subtopics:** Concept and scope. From articles 2, 3, and 5 of the Indigenous Law, it is understood that: A) The lands in the indigenous reserves are inalienable and non-transferable (the property is frozen, according to ruling 2097-2011 of the Constitutional Court). B) Non-indigenous persons may not, by any title, acquire said lands or their rights (the legal transaction is sanctioned with absolute nullity, qualifying such persons as invaders, and their eviction is demanded without indemnification). C) Non-indigenous proprietors or possessors in good faith have the right to be relocated or, failing that, expropriated, provided that the exercise of possession or acts as owner has been in good faith, which necessarily requires that they held that condition prior to the entry into force of the Indigenous Law or the various Executive Decrees that define the physical limits of the Reserves (temporal element) (American Convention on Human Rights (Pact of San José), Convention 169 of the International Labour Organization, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, and the Brasilia Rules). Furthermore, according to numeral 317 of the Civil Procedure Code, it is incumbent upon the plaintiff to demonstrate through compelling evidence (expert examination of the plans) that the land in dispute is located within the indigenous reserve. See resolution 24725-2022 of the Constitutional Chamber. As pertinent to this case, the Quitirrisí Indigenous Reserve was created by Executive Decree 6036 of 12/06/1976 and expanded in Executive Decree 29452 of 16/04/2001. The plaintiff—a non-indigenous party—bought the farm on 28/08/1981, which was 23% affected by the indigenous reserve. This Chamber agrees with the Tribunal that this transfer made in his favor is absolutely null, as he is an owner in bad faith, since his right is subsequent to the constitution of the indigenous reserve, and therefore he has no right to be expropriated and indemnified. Regarding the fact that there was no legal impediment in the Public Registry to register the property in his favor, the Constitutional Chamber resolved that, regardless of what is noted registrally, property integrated into an indigenous reserve is non-transferable by express provision of law, so that it is not possible to resort to registry good faith or an alleged legitimate expectation to validate an absolutely null legal act, carried out in contravention of the legal system. On the other hand, the Tribunal is correct in declaring the plaintiff's right to be indemnified for the 77% of the farm that was not affected at the time of her acquisition in 1981, nor at its registration in 1984, being available for commerce, because this percentage was affected by Decree 29452 of April 2001. Therefore, her acquisition is considered in good faith, giving rise to relocation or indemnification (ruling 394-F-2025). ... See more Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments **Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** Contentious-Administrative **Topic:** Appeal in cassation **Subtopics:** Formalities of the appeal. The appellant refers to a violation of article 137.a of the Contentious-Administrative Procedure Code due to the lack of summons and defective notification to the principal parties. However, he does not analyze which summons or notification was defective; he only mentions it when alluding to the cited ordinal, without developing it properly. Therefore, this Chamber cannot rule on the point. Similarly, he considers there is an injury because the State was not part of the adversarial proceedings. However, it is evident from the case file that its representation was present throughout the process. Ergo, the reproach cannot be addressed (ruling 394-F-2025). ... See more Citations of Legislation and Doctrine **Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** Contentious-Administrative **Topic:** Joinder of parties (Litisconsorcio) **Subtopics:** Concept and scope. Analysis of the necessary passive joinder of parties (litis consorcio pasivo necesario). From a proper analysis of the petitionary framework, it is concluded that the object of the process does not reveal the need to integrate the National System of Conservation Areas as a passive party (ruling 394-F-2025). ... See more **Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** Contentious-Administrative **Topic:** Expropriation **Subtopics:** Indigenous property. **Topic:** Instituto Nacional de Desarrollo Rural **Subtopics:** Competence. The Instituto de Desarrollo Rural (INDER) is responsible for the following functions: 1) Relocating proprietors or possessors in good faith outside the Indigenous Reserves. 2) Expropriating and indemnifying them if relocation is not possible. See resolution 1604-2012 of the First Chamber. The specific manner devised for the financial endowment of the fund and its administration is not the object of this process. Therefore, we agree with the Tribunal regarding the dismissal of the defense of lack of passive standing raised by the State, insofar as the duty to indemnify is assigned to INDER and the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (ruling 394-F-2025). ... See more Related Judgments **Text of the resolution** Exp: 15-002621-1027-CA Res. 000394-F-S1-2025 **FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at eight hours fifty-five minutes on March seventh, two thousand twenty-five. Contentious-Administrative Cognizance Proceeding, established in the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal, by Rodrigo Arauz Figueroa in his capacity as Special Judicial Attorney-in-Fact of El Cóndor Andino Sociedad Anónima against the Instituto de Desarrollo Rural, the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, and the State. The plaintiff and the special judicial attorney-in-fact of INDER file an appeal in cassation against judgment no. 105-2018, issued at 11:15 a.m. on August 31, 2018, by the Sixth Section of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal. Drafted by Judge Rivas Loáiciga **WHEREAS** **I.-** On March 23, 2015, the special judicial attorney-in-fact of El Condor Sociedad Anónima, filed a lawsuit against the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas and the Instituto de Desarrollo Rural (hereinafter CONAI and INDER, respectively); the State was also joined as a defendant through a brief filed on June 15 of the same year. He essentially indicated that, through the 1977 Indigenous Law, the indigenous territories once again acquired the character of Indigenous Reserves and the Executive Decrees that delimited them were given the rank of Law. Likewise, this regulatory body, in its article 5, commissioned INDER and CONAI to relocate or expropriate non-indigenous persons who were proprietors or possessors in good faith within the Reserves. He argued that the Quitirrisí Indigenous Reserve was created by Decree 6036-G published on June 12, 1976, and expanded in Decree 29452-G of April 16, 2001. He alleged that his represented party is the owner of the farm Partido de San José, Folio Real registration number 226051-000, nature: pastures and coffee, cadastral plan number: SJ-642380-2000, which originated registrally on October 8, 1974, before the creation of the Indigenous Law, and was sold to his represented party through deed number 65 of August 28, 1981. He stated that through official letter CDET-011-15 issued by the Department of Territorial Studies of CONAI, it was established that the property is located within the Quitirrisí Indigenous Reserve, a small part was affected in 1979 and a larger part in 2001. He highlighted that the farm was acquired in 1981 from its legitimate owners under registry protection in accordance with numerals 291 and 268 of the Civil Code (CC), with no existing registration, annotation, or encumbrance related to the Indigenous Law; furthermore, it was not obtained from an indigenous person, and his represented party was already its owner when the greater area was affected by the 2001 delimitation. He argued that the Indigenous Law, in its numeral 5, commissioned the task of indemnifying and expropriating the possessors of these territories, as well as conducting field technical studies, to INDER and CONAI. He reproached that the technical studies had not been carried out on his represented party's property for the purpose of indemnification or expropriation. He referred that his represented party has reforested and cared for the property, conserving it in accordance with nature. He asserted that both the Indigenous Law and the aforementioned Decrees limit the freedom of disposition or to usufruct the property, as well as the power of disposition over them in terms of numeral 292 of the CC, since he has not been able to use the natural resources of his farm because the indigenous communities are protected by ordinals 2 and 6 of the Indigenous Law, which protect their lands. He requested that the judgment declare the lawsuit granted and: 1) order the defendants to conduct the appraisals jointly with the Ministry of Finance, as established in the Expropriation Law, within a reasonable timeframe, on the understanding that if they were not conducted within that period, it would authorize his represented party to present the appraisal in the execution of judgment phase. 2) Once these were carried out and the farm was valued at its real value, condemn the defendants to pay the indemnification for the property, together with its improvements and forestry investments, to which his represented party is legally entitled as a result of the Indigenous Reserve declaration, and subsequently deliver said lands to the Asociación de Desarrollo Integral Indígena of the locality. 3) Condemn the defendants to pay procedural and personal costs. 4) Regarding the sums indicated above, he requested that indexation be granted on the amounts in accordance with the consumer price index. It is necessary to mention that in a brief dated May 28, 2015, the plaintiff expressly withdrew the claim for subjective moral damages. For their part, the defendants responded negatively; INDER and CONAI raised the defenses of failure to join the Litis, lack of right, lack of active and passive standing, statute of limitations, and caducity; the State raised the defenses of lack of passive standing and lack of right. The Tribunal upheld the defense of lack of passive standing raised by the State, against whom the lawsuit was dismissed. It rejected the preliminary defenses of caducity of the action and statute of limitations, lack of active and passive standing formulated by INDER and CONAI. Furthermore, by majority, the defense of lack of right alleged by the defendant institutions was partially upheld, and the lawsuit was partially granted, resulting in the following rulings: a) The plaintiff's right to be indemnified for the initial 23% affectation of the farm Partido de San José, folio real registration number 226051-000, as a consequence of the initial delimitation of the property through the creation of the Huetar de Quitirrisí Indigenous Reserve, effected by Executive Decree No. 10707-G, was rejected. b) The plaintiff's right to be indemnified for the affectation of the remaining 77% of the farm as a consequence of the topographical expansion of the Indigenous Reserve, effected through Executive Decree No. 29452-G, was declared. c) INDER, in coordination with CONAI, was ordered to initiate the expropriation proceedings for that 77%, in accordance with the rules and procedures established for such purposes by the Expropriation Law. It is at that stage that the technical assessments and verifications of the affected areas, as well as their respective overlaps with the State's Natural Heritage and the amount of economic compensation, should be carried out. Such actions should be initiated within a period of three months from the finality of this ruling. d) The claim for interest and indexation requested by the plaintiff, in relation to the indemnification granted, was rejected. e) INDER and CONAI were condemned to pay procedural and personal costs. Likewise, the costs of the State shall be borne by the plaintiff. Dissatisfied, the plaintiff and INDER filed an appeal in cassation. The plaintiff presents three substantive grievances, all of which were admitted in their entirety. For his part, INDER presents one procedural objection and thirteen substantive objections, duly admitted, being: the second, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth (which is a verbatim copy of the twelfth), and eighteenth. The appellant omitted the drafting of the sixteenth ground. **Appeal in cassation of the plaintiff** **II.-** The special judicial attorney-in-fact of El Condor Sociedad Anónima, states: First: he recounts that the lower court (a quo) concludes that the plaintiff is an owner in bad faith and has no right over 23% of the farm in question, since she acquired it on April 30, 1986, after the delimitation of the Quitirrisí Reserve carried out by Decree 10707-G of 1979, and any act or transfer subsequent to said Decree is absolutely null, in accordance with articles 2 and 3 of the Indigenous Law. For his part, the appellant considers that the judgment does not take into account the defendants' omission in conduct for 41 years, as established in article 5 of the Indigenous Law, which establishes the necessary procedural element to registrally transfer said properties to the indigenous communities. He states that evidence of this non-compliance includes, firstly, evidence number 7 and images from 119 to 122 of the file where INDER acknowledges that the 100 million colones from the National Budget were never included historically, leaving the Indigenous Law without economic content. Secondly, he alleges that INDER maintained in its response to the lawsuit that there is no administrative file regarding the farm in question. Thirdly, he argues that the property certificate and the history of the farm demonstrate that it originates from a consolidation of farms and was first registered on October 8, 1974, without any annotation or affectation on it. Fourthly, the judges did not take into account that, despite 23% of the farm being affected by Decree 10707-G, this declaration was not accompanied by subsequent conduct to materially and registrally integrate the lands to the indigenous people, highlighting the existence of a legal impossibility. He argues that the provision of the limits of an Indigenous Reserve via Decree does not imply a duty for third parties to know its existence and limits, because they are detailed by topographic coordinates and only specialized persons can understand them. He emphasizes that there is no demarcation or acts that warn third parties of its nature, in addition to the Decree being published 41 years ago and the Official Gazette not reaching those places. He argues that the Tribunal recognized the defendants' non-compliance with article 5 of the Indigenous Law by rejecting the statute of limitations defense raised by them. He states that an owner cannot be considered in bad faith if they acquire under registry publicity and the principle of free disposition of goods. He alleges that the plaintiff acquired said property in accordance with articles 268 and 455 of the CC, currently being the registral owner and a third party in good faith according to the CC, with all the attributes indicated by 264, and no compensatory recognition has ever been made, violating ordinal 45 of the Political Constitution and article 21, section 2 of the American Convention on Human Rights. He clarifies that there must be a balance in the protection of the legal situations involved, which requires protecting indigenous property and the right of one who has acquired in good faith. He argues that the lower court (a quo) did not assess INDER's non-compliance with article 5 of the Indigenous Law, automatically applying articles 2 and 3, ignoring that there are laws that condition their legal effects to affect third parties on the fulfillment of prior conditions, as is the case with the indigenous law. For, to transfer the lands to the indigenous persons, the expropriations established in article 5 must be carried out. He indicates that this 41-year non-compliance causes a de facto expropriation, an illicit enrichment by freezing the property, and a confiscation thereof, which the Constitutional Chamber has considered as improper and unconstitutional conduct. Second: he alleges violation of norms or principles of Constitutional Law, including reasonableness, proportionality, legal certainty, and equality. He argues that the error of the judges lies in their inability to perceive the defendants' failure to comply through their omission, contravening article 5 of the Indigenous Law, 11 of the LGAP, 11, 41, and 45 of the Political Constitution, and 21.2 of the American Convention on Human Rights, which address the Principle of Legality. Likewise, the Administration's inactivity violates the principle of prompt and complete justice, causing legal insecurity to non-indigenous persons and serious harm to the indigenous community. He states that the regulations establish that property is inviolable and no one can be deprived of it without prior indemnification, thus the ruling violates the requirement for just indemnification. He refers that the Tribunal should have taken into account aspects of Constitutional, Registry, and Civil Law when issuing its ruling. He supports his argument with jurisprudence from the Constitutional Chamber where it has been indicated that the defendants' conduct is improper and unconstitutional in cases with the same characteristics as the present one and is binding for all legal operators under article 13 of the Constitutional Jurisdiction Law. Third: He outlines that the lower court (a quo), with limited knowledge of Civil and Registry Law, stated that the plaintiff is considered to be in bad faith for acquiring on April 30, 1986, 23% of the farm in question, 7 years after the Quitirrisí Indigenous Reserve was constituted, which was affected by Executive Decree 10707-G of 1979. The Tribunal held that any act or transfer subsequent to the aforementioned Executive Decree is absolutely null, as the property is inalienable; therefore, the plaintiff has no right to indemnification for that percentage acquired in bad faith. Consequently, he accuses a breach due to the lack of application and interpretation of articles 268 and 455 of the CC. He reproaches the inactivity of the defendants regarding the indemnification procedures and the registral and material affectation that should have been carried out according to the Indigenous Law. He states that this inactivity is demonstrated by the property certificate and registral history of the farm, which record that the plaintiff acquired the property without any registral annotation or affectation existing. He considers his represented party was protected by registry publicity and security. He adds that she is the registral owner and acquirer in good faith according to the indicated regulations. He adds that the provision of the limits of an Indigenous Reserve by Decree does not imply a duty for third parties to know the existence and limits. He alludes that the judgment should have taken into account what is established in civil and registry matters, which are based on the principle that any limitation on property over real estate, to harm third parties, must be registered. He claims that said registration was not carried out in the specific case. **III.-** As the grievances are intimately linked, they will be resolved together. The Tribunal considered that for non-indigenous persons to be indemnified, they must have acquired the property before the issuance of the Indigenous Law and the Executive Decrees that frame the Reserves. Thus, persons who obtained the property subsequently are excluded from the compensatory possibility imposed by the Law. The fact that the registral constitution occurred before the enactment of that regulation—in the case under study, since 1974—is irrelevant. The judges establish that, since a limitation existed at the time of the plaintiff corporation's purchase and sale regarding the 23% affected, that percentage was excluded from commerce among men; they add that it must be understood that the special vocation of those territories endows them with a series of inherent characteristics, such as inalienability, imprescriptibility, and non-transferability, destined solely for the indigenous community. For the judges, the interpretation that must be made of canons 3 and 5 of the Indigenous Law is to declare the special condition of the lands at the time the Law was issued, so that from that point on, the occupation by non-indigenous persons would cease, as well as their commerce, understood as the transfer of lands to non-indigenous persons. Hence, they reason that any transfer subsequent to the issuance of the Law must be understood as null. The fact that the plaintiff purchased the property in 1984—that is, after the creation of the Reserve—implies that he does not meet the temporal requirement of being an acquirer prior to the Law regarding the 23% affected, but he does for the remaining 77%. This Chamber shares what was ordered by the Tribunal, as will be explained. **IV.-** It is necessary to mention that the Quitirrisí Indigenous Reserve was created by Decree 6036-G published on June 12, 1976, delimited by Decree 10707-G of 1979, and expanded in Decree 29452-G of April 16, 2001. Said Reserves are the property of the indigenous communities in accordance with article 2 of the Indigenous Law. Precept 3 of the same legal body further provides that these "are inalienable and imprescriptible, non-transferable, and exclusive for the indigenous communities that inhabit them. Non-indigenous persons may not rent, lease, buy, or in any other manner acquire lands or farms comprised within these reserves. Indigenous persons may only negotiate their lands with other indigenous persons. Any transfer or negotiation of lands or improvements thereof in the indigenous reserves, between indigenous and non-indigenous persons, is absolutely null, with the legal consequences of the case. The lands and their improvements and the products of the indigenous reserves shall be exempt from all kinds of national or municipal taxes, present or future" (emphasis added). For its part, canon 5 establishes that "In the case of non-indigenous persons who are proprietors or possessors in good faith within the indigenous reserves, the ITCO must relocate them to other similar lands, if they so desire; if relocation is not possible or they do not accept the relocation, it must expropriate and indemnify them in accordance with the procedures established in the Expropriation Law. (…) If there is subsequently an invasion of non-indigenous persons into the reserves, the competent authorities must immediately proceed to evict them, without any payment of indemnification. (…)". From the foregoing norms, it is understood that: A) the lands comprised in the Indigenous Reserves are inalienable, non-transferable; B) non-indigenous persons may not, by any title, acquire said lands or rights over them; and C) non-indigenous proprietors or possessors in good faith have the right to be relocated or, failing that, expropriated, but this will be provided that the exercise of possession or acts as owner has been in good faith, which necessarily requires that they held that condition prior to the entry into force of the Indigenous Law or the various Executive Decrees, which, in development of its first article, define the physical limits of the Reserves (and in compliance—of course—with the American Convention on Human Rights (Pact of San José), Convention 169 of the International Labour Organization, the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, and the Brasilia Rules). That temporal element (which is: prior to the establishment of the Reserve by the Indigenous Law or, prior to the incorporation of the land through the Executive Decrees that develop it) is consubstantial to the possession or ownership that gives rise to the right to relocation or indemnification. That is, it integrates its presupposition, as it is a determining factor of good faith. Although it is not expressly contained in norm 5, it clearly emerges from the relationship with article 3. Note, in the first place, that in that cardinal 5, the legislator took as a factual presupposition: that at that moment (issuance of the Law), non-indigenous persons were exercising, in good faith, possessory acts or acts as owners (regardless of their registral inscription), and to them, it recognized the right to relocation or indemnification in the first paragraph. Consequently, a non-indigenous subject who began exercising acts of possession or ownership after the inclusion of the land in a Reserve cannot be considered to be in good faith. It is for this reason that the law itself has declared these lands inalienable and non-transferable; hence, an express prohibition is understood for non-indigenous persons from participating in or being beneficiaries of any act or business transferring ownership, which the law itself sanctions with the absolute nullity of the legal transaction. If this impediment is transgressed, such persons must be classified as invaders, and their eviction is demanded without any indemnification. In other words, from the moment the land is integrated by decree or law, the non-indigenous person who until then exercised possessory acts or acts of ownership in good faith has the right to be relocated, or failing that, indemnified and expropriated; for their right collides with the real property right that the indigenous community holds from that moment on, as attributed by article 2 of the Indigenous Law. It is from that instant that the freezing of the property occurs; as stipulated by the Constitutional Chamber in ruling 2097-2011 of February 23, 2011. The individual who until then exercised their right with all attributes has absolutely restricted the power to dispose of their right over the good. In addition to the foregoing, in that same resolution, this Chamber determined that when a person seeks indemnification because their land is within an indigenous reserve, it is necessary that, besides being a non-indigenous subject and a possessor or owner in good faith, in accordance with the rules already established, and in addition to those two elements and in attention to the provisions of article 317 of the Civil Procedure Code, Law 7130 (applicable supplementarily in this case, as allowed by numeral 220 of the Contentious-Administrative Procedure Code), it is incumbent upon the plaintiff to demonstrate through compelling evidence, such as an expert opinion based on the examination of the land plans, to demonstrate beyond any doubt that the land in dispute is located within the indigenous reserve. **V.-** The jurisprudential line set forth in the preceding section is in accordance with Constitutional Law, as expressly stated by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice in majority ruling no. 2022024725 of 12 hours 41 minutes on October 19, 2022 (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1120920), when it rejected the action of unconstitutionality formulated against that jurisprudence. Regarding what is of interest, said Constitutional Court indicated: "IV.- On the alleged unconstitutionality. In the sub lite case, the plaintiff files an action to declare unconstitutional the jurisprudence of the First Chambers of Cassation (judgments nos. 000920-F-S1-2015 of 14:30 hours on August 6, 2015, 002848-A-S1-2020 of 10:10 hours on December 3, 2020, 002878-F-S1-2020 of 10:35 hours on December 10, 2020, and 000681-F-S1-2021 of 10:00 hours on March 25, 2021), concerning article 3 of the Indigenous Law, considering it contrary to articles 9, 11, 41, and 45 of the Political Constitution, and to the principles of good faith, legitimate expectation, and non-confiscation, as well as to ordinal 21, section 2 of the CADH (American Convention on Human Rights). In this sense, according to such jurisprudence, those who acquire lands in indigenous reserves under the protection of the National Registry (without a registral annotation indicating that the acquired farm is located within an indigenous reserve) are not acquirers in good faith, and because of this, they are denied the indemnification established by ordinal 5 of the Indigenous Law." Now, on this matter, paragraph 3 of the same law provides: [...] In turn, paragraph 5 of the same law stipulates: [...] Thus, the plaintiff specifically questions that the challenged case law determines that the "good faith" (buena fe) required by the aforementioned rule is not established when a person acquires a property after the constitution of an indigenous reserve, regardless of whether no annotation or restriction on the property appears in the Public Registry. In this regard, they consider it contrary to the Constitution to deny compensation based on such an interpretation. That being so, it is pertinent to bring up the provisions of the First Chamber of Cassation in judgment no. 920-F-S1-2015 of 14:30 hours on August 6, 2015, cited by the appellant: [...] Likewise, in judgment no. 2848-A-S1-2020 of 10:10 hours on December 3, 2020, also referenced by the appellant, the cassation instance held: [...] In the same vein, in judgment no. 2848-A-S1-2020 [sic] of 10:10 hours on December 3, 2020, also alluded to by the plaintiff, it was determined: [...] In this regard, this Chamber concludes that the questioned jurisprudential criteria do not contravene the Constitution. / Precisely, paragraph 5 of the Indigenous Law (Ley Indígena) states that "good faith" (buena fe) must be proven for the relocation or compensation of a non-indigenous person who possesses or owns a property located within an indigenous reserve to be appropriate; however, Article 3 of the same law also stipulates that indigenous reserves are inalienable, imprescriptible, and non-transferable, while expressly providing: [...] / Thus, it is observed that, in the judgments alluded to by the plaintiff, the First Chamber of Cassation has understood that the element of "good faith" (buena fe) cannot be proven when, after the constitution of an indigenous reserve (through the respective executive decree), a person acquires a property within the limits of such restricted space, given that, from the moment that area is normatively established as an indigenous reserve, it becomes legally improper to execute such an act transferring ownership, since the property in question is non-transferable by legal imperative. / In this way, the Chamber dismisses that such interpretation is contrary to Article 45 of the Political Constitution, since, precisely, in accordance with this constitutional norm, persons who in good faith held title to a property before it became part of the indigenous property regime must be compensated for the impact suffered, because the property over said asset subsequently passed to an indigenous community. Logically, once an indigenous reserve has been constituted (through the executive decrees indicated in Article 1 of the Indigenous Law itself), it lacks legal plausibility for a non-indigenous person to validly acquire a property within such a restricted zone, whose physical delimitation has already been duly established and published through the corresponding executive decrees. Such an acquisition, as indicated by Article 3 of the Indigenous Law itself, is absolutely null since the property was already non-transferable. Note that the indigenous reserve and its proper spatial delimitation are constituted upon the corresponding executive decree, not at the moment of an eventual expropriation under the terms of Article 5 of the Indigenous Law, as the appellant suggests. / Likewise, the plaintiff argues that, regardless of whether the act transferring ownership took place after the indigenous reserve was duly constituted, there is good faith on the part of the acquirer, who acted relying on the legal certainty that registry publicity provides, since no annotation or restriction on that property had been entered in the Public Registry. Therefore, they argue that the denial of due compensation violates the principles of registry good faith and legitimate expectations (confianza legítima). / However, as indicated above, the legal transaction by which ownership of the property was transferred occurred contra legem, since the property was already affected by the indigenous property regime; consequently, regardless of what was indicated in the Public Registry at the time of the business transaction, the property could not be the object of commerce nor could it be transferred to a person outside the indigenous community. / In relation to this position, regarding the principle of legitimate expectations (confianza legítima) (alleged by the appellant), it is worth highlighting what this Chamber has stated: [...] (Judgment no. 2016008000 of 11:52 hours on June 10, 2016). / In the present case, this Court dismisses that the questioned case law disregards the aforementioned principle. Thus, it must be reiterated that, independently of what is noted in the registry, property integrated into an indigenous reserve is non-transferable by express provision of law, such that it is not possible to resort to registry good faith or to a presumed legitimate expectation (confianza legítima) to validate an absolutely null business transaction, carried out in contravention of the legal system. See, once again, that the physical delimitation of indigenous reserves is established through various executive decrees, duly published; furthermore, there is an express legal prohibition for non-indigenous persons to acquire these properties, so transfer acts are null. For this reason, the eventual omission of the Public Registry to record the indigenous reserve affectation on a property in no way validates any act transferring ownership carried out outside the law, nor does it constitute a suitable cause for the acquirer of such a null transaction to claim compensation under the terms of Article 5 of the Indigenous Law (Ley Indígena), as the appellant intends. [...] By virtue of the foregoing, the action of unconstitutionality is declared without merit." VI.- As set forth in section I of this judgment, the Quitirrisí Indigenous Reserve was created by Decree 6036-G published on June 12, 1976, and expanded by Decree 29452-G of April 16, 2001. The plaintiff purchased the farm through deed number 65 of August 28, 1981; at that time, it was 23% affected by the indigenous reserve. In accordance with this factual framework and the jurisprudential line of this Chamber previously set forth, this Chamber agrees with the trial judges' criterion. Consequently, pursuant to the provisions of Article 3 of the Indigenous Law (Ley Indígena), which, it is reiterated, constitutes a special and exclusive rule that regulates the issue of property located within Indigenous Reserves, since the plaintiff company is non-indigenous, the transfer made in its favor becomes absolutely null; therefore, unenforceable against third parties. Moreover, in accordance with Article 5 ibid, it constitutes a bad-faith owner, since its right is subsequent to the constitution of the Indigenous Reserve, so it is not assisted by the right to be expropriated and compensated as sought in this litigation. In this sense, the principles of legal certainty and juridical security were not violated, since the absolute nullity of the plaintiff's title, the basis for the dismissal of the lawsuit, results from a legal imperative, as indicated in Article 3 of the Indigenous Law (Ley Indígena). Regarding the cassation appellant's assertion that it is irrelevant whether it was known or not that the land was located within the Indigenous Reserve, since there was no legal impediment in the Public Registry to register the property in favor of the plaintiff, it is necessary to recall what was stated by the Constitutional Chamber in the ruling referenced in the preceding section, to the effect that, independently of what was noted in the registry, property integrated into an indigenous reserve is non-transferable by express provision of law. Thus, it is not possible to resort to registry good faith or to a presumed legitimate expectation (confianza legítima) to validate an absolutely null business transaction, carried out in contravention of the legal system. "For this reason, the eventual omission of the Public Registry to record the indigenous reserve affectation on a property in no way validates any act transferring ownership carried out outside the law, nor does it constitute a suitable cause for the acquirer of such a null transaction to claim compensation under the terms of Article 5 of the Indigenous Law (Ley Indígena), as the appellant intends." For the reasons indicated, the rejection of the challenge under review is imposed. Cassation appeal by INDER. VII.- INDER filed a cassation appeal, dividing it into one procedural grievance and thirteen substantive criticisms. As its sole procedural defect, it alleges a violation of Article 137(a) of the CPCA due to lack of joinder and defective notice to the main parties, as well as a violation of Article 12 of the CPCA and 106 of the CPC, due to a violation of the proper formation of the litis by not including the National System of Conservation Areas (SINAC), in relation to the principle of effectiveness of the judgment to be rendered; since a person cannot be affected by the decision if they have not had the opportunity to be a party. It cites case law from this Chamber and the Administrative Litigation Court to support its claim. It explains that it raised the defense of failure to include a necessary passive litisconsortium (litisconsorcio pasivo necesario) in the answer to the lawsuit, as well as in its expansion, but it was rejected on both occasions. The appellant transcribes the claims of the lawsuit from 1 to 5 and indicates that for this reason it was essential that SINAC be part of the proceedings. According to Articles 13 and 14 of the Forestry Law (Ley Forestal), it is the entity responsible for ensuring the protection and conservation of the environment. It emphasizes that the subject matter of the proceeding has been affected since 1983 by Executive Decree 14672, which expands the Cerros de Escazú Protective Zone. It cites a decision of the Constitutional Chamber on the subject of the State's Natural Heritage. It argues that the Forestry Law (Ley Forestal) in force for those years stipulated special protection for these assets, as well as an obligation for the State and the General Forestry Directorate, reaffirmed by the current Forestry Law (Ley Forestal) in Articles 13, 2, and 37. It establishes that MINAE is responsible for the administration of said territories, in addition to which Article 22 of the Biodiversity Law establishes that SINAC shall have instrumental legal standing. For this reason, it considers there is a need for the State and SINAC to be part of the proceedings, because the judgment rendered by the Court directly affects them. It recounts that this same request was made in other judicial proceedings, in which SINAC was included as an interested third party by virtue of the importance of its participation and so it could carry out the technical defense in environmental matters, since there were Decrees in that area that prohibited the use and exploitation of the assets affected by legislative provision. It considers that its represented party is left defenseless because the party to whom it corresponded by full right was not integrated into the litis. VIII.- Note that in the grievance, the cassation appellant refers to a violation of Article 137(a) of the CPCA due to lack of joinder and defective notice to the main parties; however, it does not analyze which joinder or notice was defective, only mentioning it by alluding to Article 137, without carrying out its proper development; therefore, this Chamber cannot rule on the point in question. Similarly, it considers there is a grievance for the State not being part of the proceedings; however, it is evident from the court file that the representation of the State was present throughout this proceeding. Given that the plaintiff expanded its claims and requested to have the State as a defendant, the latter answered the lawsuit, participated in the preliminary hearing, and formulated the pertinent conclusions; and it was not until the judgment that the Court admitted the exception of lack of passive standing and dismissed the lawsuit against the State. Therefore, the defect alleged by the appellant, by expressing the need to bring the State into the proceeding for it to participate in the proceedings, is not found, when it already participated in it. Hence, the criticism cannot be addressed. Likewise, it points out the need to have SINAC as a party in the proceeding since the farm is affected by a protective zone, as noted on folio 95 of the court file. Regarding this issue, this Chamber has indicated that the necessary passive litisconsortium (litisconsorcio pasivo necesario) seeks to ensure the correct formation of the procedural relationship, since the substantive relationship being indivisible, it is essential, as far as the defendant party is concerned, that all subjects who must oppose the claim made appear in the proceeding. However, in summary, the claims of the lawsuit seek the proper expropriation and compensation by the defendants for the land owned by them, located in Indigenous Territory. From the due analysis of this petitionary framework, it leads to the conclusion that the need to include SINAC as a passive party is not evident from the subject matter of the proceeding. Note that, of the claims formulated, none of them relates directly to the Protective Zone affecting the farm or to SINAC, since the core issue of this proceeding is purely compensatory, and said compensation stems from the affectation of the land as Indigenous Territory. In this sense, this Chamber has stated that the necessary passive litisconsortium (litisconsorcio pasivo necesario) refers to the need for all those subjects who could eventually be affected by the judicial decision adopted on the merits to appear as defendants in the proceeding, which does not occur in the specific case. IX.- The appellant raises 13 complaints admitted on substantive grounds. First (second): it argues an error in the reasoning, due to improper assessment of the evidence, specifically, the registry certifications of the property registered under real estate folio number 226051-000 and the Decrees creating the Reserve. It considers the error lies in giving preponderance to registry publicity, despite having as proven facts one and two the creation of the Reserve in 1976 and its delimitation in 1979, as well as the fourth, which concerns the purchase and sale of the property in 1981. Therefore, there is improper assessment of the evidence according to Article 3 of the Indigenous Law (Ley Indígena), which should have been assessed and examined in an analytical, objective, precise manner and according to the rules of logic and sound judgment (sana crítica), in relation to Articles 5 of the Indigenous Law (Ley Indígena) and 120, 140, 141, 145, and 240 of the LGAP and 129 of the Constitution, which indicate that no one can plead ignorance of the law. It alludes that the judges contradict the evidence; if they had observed the principles of legality and due reasoning, in an irreproachable manner and in harmony with it, it would have been proven that, when the acquisition of the property took place after the publication of the Decree creating the Indigenous Territory, that act was flawed, and no right could be recognized, making it necessary to declare the purchase-sale in question absolutely null, granting no right to the plaintiff. Second (fourth): it alleges disregard of substantive rules, due to the non-application of Articles 1, 2, 3, and 5 of the Indigenous Law (Ley Indígena). It refers that possessors in good faith (poseedores de buena fe) are those who had that status prior to the entry into force of the Indigenous Law (Ley Indígena) or the Executive Decrees defining the limits of the Reserve. In the judgment, the fourth proven fact is the date of acquisition of the farm by the plaintiff in 1981. It considers that the proven facts were not properly assessed, given that it cannot be proven that there were acts of possession in good faith before the creation of the Indigenous Law (Ley Indígena). It concludes by stating that the lower court should have established as a proven fact the plaintiff's lack of right. Third (fifth): it concerns improper assessment of evidence by not analyzing the legislative records of the Indigenous Law (Ley Indígena), provided by INDER, which constitute the historical and legislative background of the law in question. It argues that when interpreting Article 5 of the Indigenous Law (Ley Indígena), it should have been done in accordance with the provisions of Article 10 of the CC, applying the proper sense of the words in relation to the historical and legislative background. In this way, it should have observed the legislative bill file JD-054 of 1997, record 109 of the Permanent Commission on Legal Affairs of November 3, 1977, in which it is clear that the expropriations and compensation will be financed by contributions from the General Budget of the Republic. It emphasizes that the minutes established the affectation of the National Budget for the payment of compensation established in the Indigenous Law (Ley Indígena), which was ignored by the judges, without even analyzing the State's participation in the proceeding. It concludes by indicating that the judgment is not in harmony with the legal system, among other reasons, due to the improper assessment of the evidence. Fourth (sixth): it protests that there are facts in contradiction with the evidence in the appealed judgment. It states that Articles 1, 2, 3, and 5 of the Indigenous Law (Ley Indígena) were not applied. From a correct legal interpretation, it would conclude that the plaintiff was never a possessor in good faith with a right to compensation. The defect lies in having as an unproven fact that the plaintiff company acquired the property in bad faith. It points out that the evidence in the court file is not properly assessed, explicitly the evidence offered on folios 109 to 111, where it is indicated that the farm was acquired after the creation of the Reserve. It refers that proven fact four indicates that the property was acquired by purchase and sale in 1981 and registered in 1986; moreover, from Decrees 6036-G of 1976 and 10707 of 1979, the bad faith of the acquirers is evident, who had full and prior knowledge that the property was within indigenous territory, as ignorance of the law cannot be pleaded. Thus, a disregard of the legal system occurs. Fifth (seventh): it argues improper interpretation or application of a legal rule. It argues that the judgment stated that it was not proven that any registry annotation existed on the farm regarding its belonging to a Reserve. Therefore, Article 1 of the Indigenous Law (Ley Indígena) and what is established in the Executive Decrees, where the limits of the indigenous territory are established, held as proven facts, are improperly applied. It accuses that the condition of indigenous territories established in Article 3 of the Indigenous Law (Ley Indígena), established as inalienable, imprescriptible, non-transferable, and exclusive for indigenous communities, is violated. It was demonstrated that the purchase and sale was carried out after the constitution of the Reserve, and therefore, the entirety of those acts are absolutely null; the lack of registry publicity of the property's affectation cannot override the interests of the indigenous communities determined in the Indigenous Law (Ley Indígena) and ILO Convention 107. It argues that neither the plaintiff nor the Court can plead ignorance of the law; therefore, a right should not have been partially granted to the plaintiff. Sixth (eighth): it states that the lower court reasoned in contradiction with the legal system, contradicting the binding constitutional precepts of the Constitutional Chamber in accordance with Article 8 of the Organic Law of the Judiciary. It explains that the constitutional principle established in Article 129 of the Political Constitution (CP) was violated, as the Court maintains a thesis contrary to the Precepts of the Constitutional Chamber, by making an erroneous interpretation of what is established in the Executive Decrees and the Indigenous Law (Ley Indígena) that create the Indigenous Reserve in question. These erroneously consider that the existence of a Decree does not imply having knowledge of its content, giving preponderance to the non-existence of registry annotation. On the other hand, it accuses that the Decrees and the Indigenous Law (Ley Indígena) are applied and disapplied at the same time, in breach of constitutional principles and what is indicated in Article 8 of the CC, in that it was not possible to apply the Decree partially, stating that only a percentage was affected by it, when the legal transaction is a single one and the law does not differentiate. The regulations provide that, after the creation of the Indigenous Reserve, legal transactions are null. It emphasizes that the Law and the Decrees, in light of Article 129 of the CP, must be mandatorily observed, and ignorance of them cannot be pleaded. It considers that there is a serious error in the interpretation of the judgment, by pointing out that a percentage of the property was outside human commerce, but then disapplies it by partially granting a right over the land affected by the expansion of the Reserve. It alleges that there is a contradiction in the judgment regarding the principles of legality and constitutionality, since an express rule existed that impeded the legal transaction, without the registry annotation mediating. It refers to a violation of the publicity and validity of the Decrees and the Indigenous Law (Ley Indígena), since publicity is a requirement of effectiveness that materializes with publication. Seventh (ninth): it points out that the judgment contains contradictions with the legal system, by not being supported by Articles 1, 2, 3, and 5 of the Indigenous Law (Ley Indígena); a correct legal interpretation would conclude that possessors in good faith (poseedores de buena fe) are those who had that status before the entry into force of the Indigenous Law (Ley Indígena) or the Decrees that define the limits of the Reserve. It criticizes that the defect occurs by recognizing the compensation of 77% of the property in favor of the plaintiff, as it was available to human commerce at the time of its acquisition and a supervening affectation occurred. It argues that the application of the special rule, such as indigenous legislation, is not analyzed, so any transaction or transfer of lands within Indigenous Reserves is absolutely null, and it is the law that establishes the conditions for compensating possessors who occupy properties in indigenous territory; these include: they must be non-indigenous owners or possessors in good faith, have such status before the declaration of the Indigenous Reserve, and in accordance with the rules of the CC, wherefore it considers it unlawful to compensate persons who do not meet this requirement; precisely for this reason, Article 3 punishes any subsequent act with absolute nullity. In the same sense, Article 5 implies, in the face of an invasion by a non-indigenous person, immediate eviction without the right to any compensation payment. It supports its claim with judgments of the Administrative Litigation Court and case law of this Chamber. It points out that in the discussion of the case regarding the existence of good faith, the plaintiff must demonstrate that it did what was necessary to ensure that its possession was carried out lawfully. It indicates that indigenous territories have been recognized as having supra-constitutional character in the protection of lands. It considers that in the present case good faith is ruled out, because the purchase and sale covered the entire farm and 23% was located in an Indigenous Reserve, which made the legal transaction impossible since the purchase and sale was a single act, leading to its nullity. The lower court's error lies in validating said legal transaction, when it was in itself illegal. Eighth (tenth): it alludes that, in view of International Law, the Inter-American Court of Human Rights takes interpretations made by the United Nations in relation to Articles 1 and 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights, Article 5 of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, among others; this regulation incorporates elementary provisions that call on States to respect, preserve, and maintain the essential conditions of indigenous populations, which demonstrates the State's responsibility when ratifying conventions such as Convention 169 (Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples), in which it assumes obligations regarding indigenous rights. It states that it cannot detach itself as the responsible entity and watchdog of its application, especially since international conventions constitute a source superior to the law, and it is the State that must "take responsibility" before International Organizations for the faults committed. In principle, any matter in which the interests of indigenous peoples are involved should be of direct interest to the State, in safeguarding their rights and fulfilling its duties. It cites the second report on the Situation of Human Rights in Peru by the Inter-American Court of Human Rights, which indicates that States must apply adequate control and monitoring mechanisms to oversee the performance of state authorities and ensure the enjoyment of the rights and guarantees to which they committed through Convention 169. It mentions the Vienna Convention on the Law of Treaties and ILO Convention 107 to support the importance of the State's obligation and the control of conventionality. It alleges that, under these rules and Articles 1.1 and 2 of the ACHR and the Universal Declaration of Human Rights, States commit to ensuring respect for the fundamental rights and freedoms of individuals. Thus, domestic law cannot prevail over the breach of an international norm. It supports its argument with case law. On the other hand, it points out that if a property right of a non-indigenous person in these territories were accredited, we would be in the presence of one of the cases of strict liability for special damages (daño especial), and consequently, the State, by its actions, has rendered the property right nugatory, affecting the farm in question to the Indigenous Reserve regime, and therefore must compensate for that caused harm. In addition to the foregoing, it protests that, according to Article 5 of the Indigenous Law (Ley Indígena), the State was to provide a fund to CONAI so that, supervised by the Comptroller General of the Republic, it would carry out the established expropriations. For this reason, it considers the need for the State's participation in the present proceeding evident, since the regulation provides for funds from its administration. It argues that the proceeding omitted the State's participation, which was fundamental, as it is the principal responsible party and the one that answers to international bodies. It explains that the Land and Colonization Law and the Law Creating INDER determine the destination of INDER's funds, which are earmarked for rural development and peasant settlements. It states that the legislator's will, in the legislative history, was that the State would make the financial contribution of the sums allowing the payment of compensation for indigenous lands. Therefore, these should not be paid from INDER's funds; otherwise, it would incur one of the acts generating administrative liability, contained in Article 110(e) of the Law of Financial Administration of the Republic and Public Budgets. Consequently, the cassation appellant considers the judgment flawed in that it establishes that the compensation for 77% of the property must be borne by INDER, in coordination with CONAI, as well as the carrying out of expropriation procedures, ignoring the State's responsibility in the area of expropriation in light of the aforementioned Article 5. It alleges that an addition and clarification were requested, which were rejected. It insists on the need to integrate the State as a passive party. It indicates, "The Courts apply whatever they please, regardless of what the Law establishes." It alludes that, for the interpretation of the mentioned Article 5 of the Indigenous Law (Ley Indígena), it is required to follow the guidelines of Article 10 of the CC. It transcribes an excerpt from special audit report number DFOE-EC-IF-09-2013, from the Comptroller General of the Republic, where the risk of INDER's insolvency is determined facing the eventual payment of compensation for pending litigation related to indigenous territories occupied by non-indigenous persons. As well as, official letter DM-178-2012 issued by the Ministry of Finance, where it refers to the impossibility of assigning a budget to INDER to comply with Article 5 of the Indigenous Law (Ley Indígena). It adds that if the funds must come from the Executive Branch, the State must have the possibility of participating in the present proceeding. It requests that, in the event that the right to compensation is granted in favor of the plaintiff, it is appropriate to declare the State jointly responsible for the execution of the judgment and to clarify that the payment will be made with public funds that will be reserved from the State budget and given to CONAI. Ninth (eleventh): it alleges that the judgment was based on a contradiction with the legal system, by failing to apply Articles 5 of the Indigenous Law (Ley Indígena), 120, 121, and 190 of the LGAP. It argues that Article 5 of the Indigenous Law (Ley Indígena) establishes that the studies and procedures for expropriation and compensation in indigenous territory shall be carried out by INDER, in coordination with CONAI, and such expropriations shall be covered by the Budget of the Republic, so the State must make the payment thereof. Content that was set aside by the judges in sections V, VI, and VIII of the judgment. It alleges that, with the application of this article, in concordance with Articles 120 and 121 of the LGAP, it is essential to hold the State liable. It recounts proven facts 1 and 2, concluding that it was the State, through a Decree, that emptied the plaintiff’s property right of its content, affecting the property in question by the indigenous territory; consequently, the State must pay the corresponding compensation. This is done by correctly interpreting section 190 of the LGAP. It adds that, in any event, the State was responsible for registering the limitations with the National Registry, as delegated by section 2 of the Indigenous Law. Tenth (twelfth): it alleges a violation of Article 7 of the CP and its principles regarding the supremacy of international treaties, by failing to hold the State responsible pursuant to Article 26 of the Vienna Convention and Article 1.1 of the American Convention on Human Rights. It reiterates that the Vienna Convention, in said provision, establishes Pacta Sunt Servanda. Its importance lies in the consequence that States must assume for obligations undertaken before the international community, in cases such as those covered by ILO Convention No. 107 in conjunction with No. 169. It repeats the importance of the Conventionality Control mentioned in the aforementioned regulations. It considers that, under said regulations, the State has the duty to ensure respect for the rights and freedoms of man and cannot claim to be detached from its duties. It dwells on the responsibility established for the State regarding registry inscription and the compensation amount. It states that by upholding the lack of passive legitimacy raised by the State, the Tribunal avoids referring to the State’s obligations and strips it of responsibilities, repeating its error by rejecting the motion to supplement and clarify regarding the State’s obligations presented by its client. Eleventh (thirteenth): it argues a violation of constitutional precepts 11 (regarding the principle of legality), 49, and 129 in relation to sections 3 and 5 of the Indigenous Law. This is manifested when the judges accept, that through Decree 10707-G the boundaries of the indigenous property of the Quitirrisí Reserve were created (Proven Fact 2), that the date of acquisition of the property was August 28, 1981 (Proven Fact 4), and that these properties were affected by the Indigenous Reserve (Proven Facts 1 through 8). Based on the foregoing, it declared the claim admissible and accepted the pseudo-right to compensation of the plaintiff, contravening the property regime of the Indigenous Territories. It points out that the Principle of Legality establishes that every exercise of public power must be carried out in accordance with the current Law and its jurisdiction, and not according to the will of individuals; ergo, the Public Administration cannot act unless a rule exists in the legal system that enables it to do so. Thus, if a State adheres to said principle, its actions would be subject to the Political Constitution and the Laws. However, it considers that in the present case, the Indigenous Law in its section 3 indicates that Indigenous Reserves are inalienable, imprescriptible, non-transferable, and exclusive to the indigenous communities; any transfer of these between indigenous and non-indigenous persons is absolutely null. These constitutional norms, it argues, were violated. It cites jurisprudence of the IACHR, which mentions that in cases of expropriation, the principle of legality is decisive in verifying the concurrence of a violation of the right to property, assuming that the legislation regulating the deprivation of the property right must be clear, specific, and foreseeable. It points out that in Costa Rica, regarding Indigenous Territories, there is no obligation of registry publicity in the margin of the registry entry regarding inscriptions, as is the case where the Tribunal accepts Article 455 of the CC. It considers that this would be the purview of the National Registry and the Office of the Attorney General of the Republic. It supports its argument with Constitutional Jurisprudence. It states that it should have been declared that the plaintiff, through publication in the Gaceta, has general knowledge of the Indigenous Law and the affectation of those lands, which are non-transferable, non-attachable, and exclusive to the indigenous people. Twelfth (fourteenth): this is a verbatim copy of the grievance (twelfth), therefore they will be heard jointly. Thirteenth (eighteenth): it accuses that the constitutional principle of reasonableness and proportionality was not applied by ordering INDER to carry out the expropriation actions within the period of three months, without assessing their reasonableness and proportionality. It reproaches that these studies do not correspond only to INDER; CONAI, the Integral Development Association of the Reserve, and SINAC must also intervene to verify the percentages to be paid to the plaintiff. This entails investigative work and cadastral and registry changes to determine the actual measurement of the properties. On the other hand, it emphasizes the impossibility of processing the expropriation without the State providing economic resources in compliance with Article 5 of the Indigenous Law. Therefore, the proportionality and reasonableness of the deadlines were not assessed, nor the absence of economic resources to compensate the plaintiff. X.- Because they concern the same core point, it is necessary to resolve jointly the grievances first (second), fifth (seventh), sixth (eighth), seventh (ninth), and eleventh (thirteenth), within which improper valuation of the property's registry certifications is alleged, leading to the violation of numerals 3 and 5 of the Indigenous Law, 120, 140, 141, 145, and 240 of the LGAP, and 129 of the Constitution, and principles of legality and due reasoning. In the same line of thought, it argues direct violation of the indicated norms, adding constitutional sections 11 and 49, sections 1 and 2 of the Indigenous Law, and the Executive Decrees affecting the property. It considers the lower court fell into error by giving preponderance to registry publicity despite having held as proven that, at the time of the property's acquisition by the plaintiff, it was 23% affected by the Indigenous Reserve, rendering the entirety of it non-transferable. It considers a halfway application of the Decree is made, stating that only a percentage was affected by it, giving compensatory rights to the plaintiff, when the legal transaction is one single act and the Law establishes the nullity ab initio of the transfer of properties in Indigenous Reserves. Inferring from the judgment, the existence of a Decree does not imply the fortune of knowing its content. The Tribunal in this regard states: “… it is recognized that the asset is acquired without the mediation of registry publicity, if the official publication in the Official Gazette, La Gaceta, of Decree 10707-G of October 24, 1979, persisted, which confers an objective element to determine the knowledge of that affectation to the citizenry in general and of which ignorance cannot be claimed (…) It is clear that the remaining 77% must be compensated, since that percentage of land was available for commerce among men and the supervening affectation is a clear limitation on the plaintiff’s property right…” According to the cited excerpt and the general content of the judgment, it cannot be inferred that the judges give preponderance to registry publicity over the content and nature of the Decrees; in its place, the Tribunal is clear in indicating that the Decrees, through their publication, are understood to be of knowledge to the general citizenry, being consistent in not granting compensation for the 23% of the affected property. On the other hand, regarding the nullity of the sale, this Chamber considers that the Tribunal is correct in declaring the plaintiff's right to be compensated for the 77% of the property that was not affected at the time of its acquisition in 1981, nor its registration in 1984, being available for commerce among men, because this percentage was affected by Decree 29452-G of April 16, 2001. If INDER's thesis were accepted, it would fall into a forced acquisition, in fact and illegitimate, of that percentage, without the compensatory recognition that section 45 of the CPol establishes for compensation purposes. Therefore, the nullity of the sale falls only on the 23% affected at the time of the legal transaction, as was established by the Tribunal. Thus, there being no merit for the dispensation requested, the reproach will be denied. XI.- As they deal with the same issue, the grievances second (fourth) and fourth (sixth) will be heard jointly, in which it is alleged that possessory acts in good faith were not proven, added to a defect in the judgment by holding the bad faith of the sale as an unproven fact since it was executed when the property was already affected. The lower court states: “no elements of conviction have been accredited indicating the demonstration of bad faith at the time of the purchase of the property, which as a basic principle must be demonstrated…” As indicated in Considerando IV, it follows from Articles 3 and 5 that non-indigenous persons are owners in good faith when the exercise of possession or acts as owner occurred prior to the affectation of the asset, whether by Law or Decrees. The 77% of the property in question was affected by Decree 29452-G of April 16, 2001, and the sale was executed in 1981 and registered in 1984; therefore, at the time of acquiring that percentage, the property was not affected, and regarding this, the acquisition is considered in good faith, giving rise to the right to relocation or compensation. Therefore, the reproach is unfounded. XII.- Regarding the grounds third (fifth), eighth (tenth), ninth (eleventh), tenth (twelfth), and twelfth (fourteenth: this is a verbatim copy of the previous one), they deal with the same core point: the monetary responsibility of the State to carry out the expropriations established in the Indigenous Law, and will therefore be heard jointly. In the fifth grievance, it alleges non-observance of the Legislative Bill and the minutes of the Indigenous Law, indicating that from these it can be concluded, in accordance with Article 10 of the CC and the will of the legislator, that the expropriations must be financed through the contribution of the General Budget of the Republic. The tenth concerns the State's duty to protect indigenous peoples, due to the signing of International Treaties. Therefore, it considers that by enacting the Decrees that affect the property rights of individuals, the State must be liable for that damage, providing funds to CONAI to carry out the expropriations. In the eleventh, it argues that, in accordance with Article 5 of the Indigenous Law and 120, 121, and 190 of the LGAP, it is the State that must pay the compensation to the plaintiff. In the twelfth and fourteenth, it reproaches that by upholding the lack of passive legitimacy raised by the State, the judges avoid referring to the State's obligations. Before resolving the matter, it is pertinent to briefly indicate the object of the process. As established in the claims of the lawsuit, this is to establish the appropriateness or not of the right it claims to have to be compensated through expropriation. In its response, INDER states that the money for the payment of expropriations must come from the national budget, as was established in the regulations. Finally, the Tribunal states in the appealed judgment: “It has been alleged during the process that the State has the obligation to procure the resources for the payment of these compensations; the pronouncement of the First Chamber, referenced in Considerando V of this judgment, establishes that this obligation was attributed to ITCO, today INDER, and jointly with CONAI.” In view of what is raised in the appeal, it is essential to analyze what is indicated by Article 5 of Law 6172 (Indigenous Law), which has been mentioned. The precept provides: “In the case of non-indigenous persons who are owners or possessors in good faith within the indigenous reserves, ITCO must relocate them to other similar lands, if they so desire; if relocation is not possible or they do not accept the relocation, it must expropriate and compensate them in accordance with the procedures established in the Expropriation Law. / The studies and procedures for expropriation and compensation shall be carried out by ITCO in coordination with CONAI. If there is subsequently an invasion of non-indigenous persons into the reserves, the competent authorities must immediately proceed to their eviction, without payment of any compensation. / The expropriations and compensations shall be financed with the contribution of one hundred million colones in cash, to be deposited in four annual installments of twenty-five million colones each, beginning the first in the year 1979; said installments shall be included in the general budgets of the Republic for the years 1979, 1980, 1981, and 1982. The fund shall be administered by CONAI, under the supervision of the Comptroller General of the Republic.” (Emphasis added). Thus, this Chamber, in judgment 01604-2012, has already indicated that the following functions correspond to INDER, in what is of interest for this case: 1) to relocate owners or possessors in good faith outside the Indigenous Reserves and; 2) to expropriate and compensate them if relocation is not possible. The particular manner devised for the financial endowment of the fund and its administration is not an object of this process. For these reasons, we concur with the Tribunal regarding upholding the defense of lack of passive legitimacy raised by the State, as the compensatory duty is assigned to INDER and CONAI. Therefore, for these reasons, the alleged legal and substantive violations do not occur. XIII.- In the eighteenth error, the appellant criticizes the reasonableness of the three-month period given by the Judges to carry out the expropriation procedures within it. Considerando VIII of the appealed judgment states: “such actions must commence within a period of three months calculated from the finality of this ruling.” This textually indicates that the period granted is to commence all the pertinent procedures for the expropriation, and not that it must be completed within three months as the INDER representation attempts to argue. Hence, the charge as such is unfounded. XIV.- By merit of the reasons set forth, the appeal filed must be rejected, and the contested ruling confirmed. XV. Dissenting vote of Magistrate Leiva Poveda. I respect the majority opinion; however, I do not share it, as I understand that good faith as a necessary condition for the compensation now sought is unique and indivisible in relation to the acquisition of a property. It is not possible that, concerning the same parcel of land, a person could be a purchaser in good faith for one part of it and have a different condition regarding the rest, given that the acquisition of the property under analysis occurred in a single legal transaction. From the list of proven facts in the sub lite, it is established that the property in question had its first registration in the year 1974, and prior to the acquisition by the plaintiff in 1981, the property was partially affected (by 23%) by the creation of the Quitirrisí de Mora Indigenous Territory. In the year 2001, the remaining 77% of the property was affected by another Executive Decree. The recognition of 100% of the property is unfounded because at the time of acquisition, a portion of it was already affected. On the other hand, granting compensation for the 77% affected in 2001 would entail accepting that the plaintiff company, at the time of purchasing the land in question in 1981 —regarding a single property—, was a purchaser in good faith with respect to the 77% and was not so with respect to the 23%, a conclusion that I respectfully do not share, since good faith, to sustain a reparation, must have existed regarding the whole property at the time of acquisition. XVI. Note of Magistrate Vargas Vásquez. The undersigned magistrate respects and shares the majority vote; however, she believes that greater precision should have been made in some of the arguments presented. First, when referring to indigenous persons, reference should always be made to indigenous peoples and not to communities or indigenous groups, due to the special connotation it holds, in accordance with ILO Convention 169 on Indigenous and Tribal Peoples. Indeed, Article 1 provides: “1. This Convention applies to: (a) tribal peoples in independent countries whose social, cultural and economic conditions distinguish them from other sections of the national community, and whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations; (b) peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest or colonisation or the establishment of present state boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions. 2. Self-identification as indigenous or tribal shall be regarded as a fundamental criterion for determining the groups to which the provisions of this Convention apply. 3. The use of the term peoples in this Convention shall not be construed as having any implications as regards the rights which may attach to the term under international law.” Hence, the reference to groups or communities in the majority vote of the judgment is not correct; the word peoples should be used. This also has practical relevance because when a judgment, such as the present one, orders that a property occupied by a non-indigenous person is part of an indigenous reserve, it must be indicated and expressly declared that the asset belongs to the indigenous people and not to a specific organizational form thereof. Added to the fact that these are not indigenous reserves as named by the Indigenous Law and referred to by the majority vote, but rather an indigenous territory, in accordance with what is expressly established in ILO Convention 169 on Indigenous and Tribal Peoples, in attention to the right of conventionality. That Convention is supra-constitutional according to the reiterated and binding jurisprudence of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, which in its Article 13 provides: “1. In applying the provisions of this Part of the Convention, governments shall respect the special importance for the cultures and spiritual values of the peoples concerned of their relationship with the lands or territories, or both as applicable, which they occupy or otherwise use, and in particular the collective aspects of this relationship. 2. The use of the term lands in Articles 15 and 16 shall include the concept of territories, which covers the total environment of the areas which the peoples concerned occupy or otherwise use.” Likewise, Article 14, paragraph 3, of the Convention obliges States to institute adequate procedures within the national legal system to resolve land claims brought by the peoples concerned. In attention to that commitment, numeral 3 of the Indigenous Law states that “… Non-indigenous persons may not rent, lease, buy, or in any other way acquire lands or properties located within these reserves. Indigenous persons may only negotiate their lands with other indigenous persons. Any transfer or negotiation of lands or improvements thereof in the indigenous reserves, between indigenous and non-indigenous persons, is absolutely null, with the legal consequences thereof…” And Article 5 of that Law states: “In the case of non-indigenous persons who are owners or possessors in good faith within the indigenous reserves, ITCO must relocate them to other similar lands, if they so desire; if relocation is not possible or they do not accept the relocation, it must expropriate and compensate them in accordance with the procedures established in the Expropriation Law. The studies and procedures for expropriation and compensation shall be carried out by ITCO in coordination with CONAI. (Paragraph as amended by Article 65, subsection d) of Law No. 7495, of May 3, 1995.) If there is subsequently an invasion of non-indigenous persons into the reserves, the competent authorities must immediately proceed to their eviction, without payment of any compensation. The expropriations and compensations shall be financed with the contribution of one hundred million colones in cash, to be deposited in four annual installments of twenty-five million colones each, beginning the first in the year 1979; said installments shall be included in the general budgets of the Republic for the years 1979, 1980, 1981, and 1982. The fund shall be administered by CONAI, under the supervision of the Comptroller General of the Republic.” This norm has generated many pronouncements from the First Chamber in which the guidelines according to which a non-indigenous person acts in good or bad faith are established. The constitutionality of those jurisprudential pronouncements was questioned before the Constitutional Chamber, which indicated that no defect of unconstitutionality existed, which was evidenced in the majority draft through the citation of the involved jurisprudence. In this case, it was considered that the non-indigenous person is in good faith only over the area that, at the time of acquisition, was not part of the indigenous territory, and the option in that case, over that area, is the relocation of the non-indigenous person to other similar lands if possible, otherwise, expropriate and compensate them. THEREFORE By majority, the appealed resolution is confirmed. Magistrate Leiva Poveda dissents. Magistrate Vargas Vásquez issues a note. KIQUESADA ZS1HO8SEONI61 LUIS GUILLERMO RIVAS LOAICIGA - MAGISTRADO/A KMKEUNO4KAO61 CARLOS GUILLERMO ZAMORA CAMPOS - MAGISTRADO/A Y14MQAFPY1M61 DAMARIS MARIA VARGAS VASQUEZ - MAGISTRADO/A XGNFXUFE0T061 IGNACIO JOSE MONGE DOBLES - MAGISTRADO/A MCQS3HMA43PK61 JORGE LEIVA POVEDA - MAGISTRADO/A Telephones: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email [email protected] Classification prepared by SALA PRIMERA of the Judicial Branch. Reproduction and/or distribution for profit is prohibited. Is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 09:18:00. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República