Res. 00553-2025 Sala Primera de la Corte — Denial of environmental viability extension in Las Baulas National Marine ParkDenegatoria de prórroga de viabilidad ambiental en el Parque Nacional Marino Las Baulas

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Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 00553 - 2025

Fecha de la Resolución: 27 de Marzo del 2025 a las 11:26

Expediente: 18-007707-1027-CA

Redactado por: Jorge Leiva Poveda

Clase de asunto: CONOCIMIENTO

Analizado por: SALA PRIMERA





Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Contencioso Administrativo

Tema: Ambiental

Subtemas:

Viabilidad ambiental.

Tema: Principio precautorio o de evitación prudente

Subtemas:

Concepto y alcance.

Denegación de la solicitud de una prórroga de viabilidad ambiental para la construcción de una casa de habitación en una propiedad privada dentro de los límites del Parque Nacional Marino Las Baulas en Guanacaste (área ambientalmente frágil). Facultad y deber estatal en la conservación y protección ambiental del parque nacional (principio precautorio), con el fin de preservar su flora (manglares, árboles de guayacán, caoba y pochote) y fauna (tortuga marina Baula “Dermochelys coriace”, tortuga Carpintera “Lepidochelys olivácea”, tortuga Negra o Toras “Chelonia agassizi” y la tortuga de Carey “Eratmochelus imbrincata”, venados, congos, leones breñeros, garzas blancas y rosadas, halcones y gavilanes, caimanes y cocodrilos americanos, así como boas), que inclusive se encuentran en peligro de extinción; sin que se viole la propiedad privada (artículos 17 Ley Orgánica del Ambiente, anexo 3 Decreto 31849, Convención para el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna, Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, resoluciones 10578-2007 y 18529-2008 de la Sala Constitucional). La titularidad de una finca no es una limitante para ser sometida a una evaluación de impacto ambiental. Si se determina que la actividad va a generar daños al medio ambiente, este debe ser protegido por el Estado (voto 553-F-2025).

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Contencioso Administrativo

Tema: Costas

Subtemas:

Condena al vencido.

En el presente proceso, el Tribunal no encontró razones para aplicar las eximentes en costas, pues la actora fue la vencida en el proceso. Si bien alega en este recurso que actuó de buena fe, no señala cuáles fueron sus actos de buena fe, para que le permitan a esa Sala concluir que se debe aplicar dicho motivo de eximente. En cuanto a que tenía motivo suficiente para litigar, no es suficiente la convicción con la cual litigó, ni el convencimiento de que su teoría del caso era acertada, pues es claro que la demandante no alcanzó a acreditar sus alegatos. Consecuentemente, no estima esta Sala que proceda tal exoneración (voto 553-F-2025).

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Contencioso Administrativo

Tema: Recurso de casación

Subtemas:

Costas.

Se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por la actora. Debe la parte promovente sufragar las costas generadas con el ejercicio de esta instancia (cardinal 150.3 Código Procesal Contencioso Administrativo) (voto 553-F-2025).

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Citas de Legislación y Doctrina
Texto de la resolución

*180077071027CA*

Exp. 18-007707-1027-CA

Res. 000553-F-S1-2025

 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas veintiseis minutos del veintisiete de marzo de dos mil veinticinco .

Proceso de conocimiento 18-007707-1027-CA, declarado de puro derecho, ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial, San José, Goicoechea (integrado por las personas juzgadoras Rosa Cortés Morales, Paulo André Alonso Soto y Laura García Carballo), interpuesto por la compañía COMING UNDONE LTDA. cédula de persona jurídica 3-102-484-155, representada por José Pablo Arce Piñar, cédula de identidad 1-1166-0942, en su calidad de gerente con facultades de apoderado generalísimo de la compañía, contra el Estado, representado por la Procuradora Adjunta Gloria Elena Solano Martínez, cédula de identidad 1-836-342. Interviene como tercero interesado, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), representado por la Directora Ejecutiva Grettel Vega Arce, cédula de identidad 2-604-180. Actúan como apoderados especiales judiciales, los siguientes profesionales en derecho: por la parte actora: Federico Peralta Bedoya, cédula de identidad 1-1043-088; y por el SINAC: Maureen Solís Retana, cédula de identidad 1-934-358 y Roger Francisco Gutiérrez Vindas, cédula de identidad 4-131-704.

Redacta el magistrado Leiva Poveda

CONSIDERANDO

I. Según el elenco fáctico de la sentencia, en fecha 24 de agosto de 2012, la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), otorgó viabilidad ambiental (período de 2 años), para la construcción de una casa de habitación en la finca 5-24809-000 (plano G-402382-1980). En fecha 22 de agosto de 2014, la sociedad actora, solicitó una prórroga para dicha viabilidad. En fecha 03 de setiembre de 2015, el Director Regional del Área de Conservación del Tempisque, mediante la certificación no 1143-2015, consignó que, el plano G-402382-1980, según la ubicación realizada por el Sistema de Información Geográfica del Área, está dentro de los límites del Parque Nacional Marino Las Baulas. El 01 de junio de 2016, la Secretaría Técnica Nacional, denegó la prórroga de viabilidad. El 17 de junio de 2016, la parte actora interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución citada. El recurso de revocatoria se denegó. En cuanto a la apelación, en fecha 11 de setiembre de 2017, el Ministerio de Ambiente y Energía, mediante resolución no 320-2017-MINAE, rechaza el recurso de apelación.

II. La sociedad Coming Undone LTDA (representada por José Pablo Arce Piñar), interpuso el presente ordinario en contra de El Estado (representado por la Procuradora Adjunta Gloria Elena Solano Martínez), solicitando se declare contraria al ordenamiento jurídico, y nula e ilegítima la conducta y resolución de la administración pública no R-320-2017-MINAE, dictada por el Ministerio de Ambiente y Energía a las 10:05 del 11 de junio de 2017, así como los actos conexos, para su inaplicabilidad futura. Asimismo, peticionó la condena al pago de las costas a la parte demandada. El Estado contestó en forma negativa la demanda. Interpuso la defensa previa de caducidad. Como excepción de fondo interpuso la de falta de derecho.  Mediante sentencia de primera instancia No 96-2020-VIII de las 11 horas 10 minutos del 24 de agosto de 2020, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial, San José, Goicoechea, se dispuso: “Se rechaza la excepción de caducidad. Se acoge la excepción de falta de derecho opuesta por el Estado. Se rechaza la demanda opuesta en su contra por la compañía Coming Undone Limitada. Se condena a la actora al pago de ambas costas del proceso, más sus respectivos intereses, los cuales empezarán a correr a partir de la firmeza de la resolución que los fije, en favor del Estado.” Inconforme la parte actora, con lo resuelto, incoó recurso de casación con siete argumentos ante esta Sala, admitiéndose para el análisis de fondo los argumentos primero, tercero, sexto y sétimo, los cuales, se conocen en esta oportunidad.

Casación por razones de fondo

III. Primero. Aduce, se violenta el contenido de los documentos: a. certificación registral de la finca 5-422809-000, b. oficio número ACT-OR-DR-DL-982-17 del director a.i. de la Regional del Área de Conservación Tempisque y c. resolución R-638-2003-MINAE de fecha 17 de noviembre de 2003.  Considera que, el Tribunal al concluir que, el lugar donde se sitúa el inmueble es un Área Ambientalmente Frágil, no realizó un análisis adecuado de las piezas del expediente. Ello en razón de que, existen elementos de prueba con los cuales se constata, el inmueble es propiedad privada y no ha sido comprada, donada ni expropiada, por lo que no debe ser considerada como Patrimonio Nacional del Estado, Área Silvestre Protegida, ni Parque Nacional. Expone, con la prueba número 4 aportada con la demanda -oficio ACT-OR-DR-DL-982-17 del Área de Conservación Tempisque, de fecha 19 de julio de 2017, donde se aclara que no forma parte de los inmuebles adquiridos por el Estado en el Parque Nacional. -  Así como la resolución R-638-2003-MINAE de 17 de noviembre de 2003, donde, en un caso similar, el MINAE, acoge un recurso de apelación y ordena a la entonces Ventanilla Única del MINAE -competencia actual del SINAC, repartida en las diferentes Áreas de Conservación-, indicar que las propiedades no forman parte de las Áreas Silvestres Protegidas Estatales, por no haber sido este comprado, ni expropiado, así como la certificación del Registro, donde se constata que no existe gravamen, afectación o limitación alguna relacionada con el Parque Nacional Marino Las Baulas, ni ningún otro tipo de Área Silvestre Protegida. Acusa, el Tribunal deja de lado la prueba documental existente, donde consta que se está frente a una propiedad privada y, no forma parte de ASP, pues no ha sido comprada, donada ni expropiada, por lo que tampoco podría ser parte del PNE, y así poder aplicar lo dispuesto en el Anexo 3 del Decreto 31849, para ser considerada un Área Ambiental Frágil, desde el plano jurídico o legal. Explica: “Y es que se hace la aclaración ya que esta representación, ni nuestra representada, nunca hemos cuestionado la importancia ecológica de la zona, es más, dentro del marco de la función social y ambiental nuestra representada presentó un proyecto habitacional que cumplía con todos los condicionantes técnico-ambientales, acoplándose estrictamente los lineamientos generales emitidos por la SETENA para esta zona en especial, regulados mediante las resoluciones administrativas 1410-01-SETENA y sus respectivas reformas hasta llegar a obtener la VLA y la aprobación del SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA).” En razón de lo anterior, reitera, el bien no forma parte del Parque Nacional, por ende, no se le puede tener como un Área Ambiental Frágil, pues, no ha sido donado, comprado o expropiado. Aduce, la violación de los numerales 41.3, 41.5, 45.1 y 45.2 del Código Procesal Civil -aplicables por remisión del numeral 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo-, en conjunto con el artículo 82 inciso 4) del Código Procesal Contencioso Administrativo (sana crítica). Como consecuencia de los aparentes errores de valoración de prueba señalados, especifica la infracción de los numerales 264, 266, 268, 277, 295 y 324 del Código Civil, respecto de los atributos, alcance, defensa y reparación del derecho de propiedad y sus atributos, violentados con la sentencia de mérito. También, considera la infracción del numeral 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, en tanto dispone: “…fincas particulares afectadas según lo dispuesto por este artículo, por encontrarse en parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, reservas forestales y zonas protectoras, quedarán comprendidas dentro de las áreas protegidas estatales solo a partir del momento en que se hayan pagado o expropiado legalmente, salvo cuando en forma voluntaria se sometan al Régimen Forestal.” Asimismo, a su parecer, se infringió el numeral 2 de la Ley de Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, pues fue ignorado su contenido, trascribiendo de dicho numeral: “…terrenos privados comprendidos en esa delimitación será susceptibles de expropiación y se considerarán parte del Parque Nacional Marino Las Baulas, hasta tanto no sea adquiridos por el Estado, mediante compra, donaciones o expropiaciones; mientras tanto los propietarios gozarán del ejercicio pleno de los atributos del dominio” Por último, afirma, se dio la infracción de los numerales 11, 13 y 16 de la Ley General de la Administración Pública, pues establecen la imposibilidad de derogar o desaplicar en caso concretos, sujetando su actuar a las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, a principios elementales de justicia, situación que no fue atendida en este caso y a juez por no controlar la conformidad con lo actuado. Tercero. Indebida aplicación del artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, al omitirse la aplicación de disposiciones de exoneración de costas. Indica: “La prueba en autos demuestra que la sentencia atacada no analiza con detenimiento si la naturaleza de lo reclamado permite colegir que el debate era necesario para dilucidar a quién asistía el Ordenamiento. El Tribunal omite analizar si el asunto sometido a su análisis era indispensable para buscar seguridad y certeza jurídica.” Aduce, en el caso no hubo mala fe, sino la búsqueda de seguridad y certeza jurídica al intentar al hacer ver que las resoluciones administrativas no estaban ajustadas a derecho ya que sin mediar compra, donación o acto expropiatorio se incluye la propiedad privada dentro de un ASP, siendo contrario a lo preceptuado en los artículos 2 de la Ley 7524 y 37 párrafo tercero de la Ley Orgánica del Ambiente. Sexto. Acusa indebida interpretación del numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Ello por cuanto, al tener a la parte actora como vencida, aplica la regla general y no analiza la buena fe procesal y el motivo suficiente para litigar. Aduce, se ha notado una conducta patológica y antijurídica de la demandada, quien ha irrespetado los derechos subjetivos e intereses legítimos de su representada. Sétimo. Considera, se violentaron los numerales 7, 39, 41 y 45 Constitucional, 81 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Menciona el enfoque dual de la propiedad: a) propiedad privada y b) privaciones y limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad. Aduce, tanto el artículo 45 Constitucional, como el 21 de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos, amparan la propiedad privada. Ante ello, no le cabe duda que, las excepciones se encuentran sujetas a reserva legal. Arguye, desde la perspectiva de los Derechos Humanos se habla de un derecho de propiedad libre de interferencias gubernamentales arbitrarias. Argumenta: “Por su parte, el derecho de restitución, se concibe como un remedio aplicable a la propiedad tomada ilegalmente, lo cual es de gran interés a raíz de la confusión que se genera con la sentencia que está siendo impugnada.”. Menciona que, hay diversas declaraciones y convenciones internacionales que introducen normativa atinente al derecho de propiedad privada, y pueden ser tomados en cuenta en el caso, para ampliar, integrar los alcances del artículo 45 Constitucional. Hace referencia al artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo XXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 5 de la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que no son Nacionales del País donde viven. Concluye, en la sentencia también se violenta el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los numerales 7, 39 y 41 de la Constitución Política.

IV. El Tribunal en la sentencia recurrida concluyó que, no se trata de un tema de expropiación, ni de que se haya denegado la licencia por tratarse de un bien demanial, sino de adaptación de la nueva condición de la propiedad (un bien dentro de los límites del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste), la cual, además, no se está discutiendo. Mencionó los artículos 10, 46.1 y 65 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental. Adujo que, la parte actora no cuestionó la ubicación de la propiedad -certificación 1143-2015-. Indicó: “Ante el hecho incontrovertido de la ubicación del terreno, dentro de un parque nacional, según consta en la mencionada certificación, era imposible acceder a la solicitud de la parte, en cuanto a construir una casa de habitación, por lo que la resolución está ajustada a derecho.”  Respecto de los alegatos de la parte actora en cuanto a la violación de su derecho de propiedad, el Tribunal consideró que, no se acreditó, pues, en la resolución de la SETENA se observa que, la finca está en un Área Ambientalmente Frágil, lo cual, no fue impugnado. El Tribunal explicó: “Debe recordarse que el derecho de propiedad no es irrestricto, está sometido a limitaciones de interés social, según se prevé en el mismo artículo 45 de la Constitución Política, en su párrafo segundo, y que únicamente en cuanto las limitaciones hagan nugatorio ese derecho, procedería la expropiación, lo cual tampoco está siendo discutido en este asunto. Agrega el Tribunal, que la actora puede gestionar lo correspondiente en vía administrativa, para gestionar lo relativo a la condición del terreno como Área Ambientalmente Frágil, y que se determine lo que en derecho corresponda. Consecuentemente, tampoco lleva razón la demandante, en cuanto al vicio de fondo del acto impugnado.”

V. Para el estudio y solución del caso, necesariamente debe tenerse claridad respecto de las pretensiones del proceso que nos ocupa, siendo esto la nulidad del acto administrativo resolución número R-320-2017-MINAE de las 10 horas 05 minutos del 11 de setiembre de 2017, suscrita por el Ministro de Ambiente y Energía (MINAE), el cual resolvió la apelación de una denegatoria de solicitud de prórroga de la viabilidad o licencia ambiental  para la construcción de una casa de habitación, en una finca ubicada en la provincia de Guanacaste. Parte de sus alegatos de nulidad eran la falta de requisitos formales del acto, tales como, la falta de indicación de los recursos que procedían contra la resolución emitida por el MINAE y la falta de motivación, por no tomar en consideración para su emisión la carta presentada en fecha 29 de agosto de 2017, en donde el Área de Conservación Tempisque, indica que la propiedad no es parte del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste. Asimismo, como aspectos de fondo que expuso en su demanda para la nulidad del acto administrativo impugnado está que, mientras no sea expropiado, SETENA debe otorgar la viabilidad ambiental de acuerdo con la normativa especial que le otorgó esa prerrogativa y siempre que se cumpla con los requisitos del procedimiento técnico-administrativo de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y, no puede negarse a otorgar lo requerido ni procede la aplicación del principio precautorio, por una duda en la ubicación del terreno, cuando es justamente el MINAE a quien le correspondería llevar un eventual proceso de expropiación. En cuanto al primer argumento de casación. Al acusarse la infracción del contenido de la certificación registral de la finca 5-422809-000, el oficio número ACT-OR-DR-DL-982-17 del director a.i. de la Regional del Área de Conservación Tempisque y la resolución R-638-2003-MINAE de fecha 17 de noviembre de 2003, se procede con el análisis de los mismos con la finalidad de identificar si al haberse interpretado y valorado a la luz de la sana crítica, conforme a los reclamos del recurrente, existía la posibilidad de apreciar un resultado distinto al que arribó el Tribunal.  En cuanto a la certificación registral de la finca 5-422809-000, se puede observar, se encuentra inscrita a nombre de Coming Undone Limitada, dato relevante para la solución del caso, el cual no fue controvertido en el proceso. Respecto del documento ACT-OR-DR-DL-982-17, la sentencia hace referencia al mismo en el hecho probado número 11), y, transcribe literalmente el contenido del mismo. Para lo de interés en esta resolución, dicho documento indica: “Es correcto que la finca con matrícula de folio real 5-42809 con plano catastro número G402382-1980, se encuentra ubicada actualmente dentro de los límites establecidos del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, también le aclaro que al día de hoy el inmueble no ha sido expropiada (sic) por parte del Estado, por lo cual la finca de su propiedad, no forma parte de los inmuebles adquiridos por el Estado en el Parque Nacional, debido a que actualmente se encuentra realizado (sic) los estudios legales y el mapa catastral del Parque Nacional y hasta tanto no se tenga estos estudios de expropiación no puede continuar por parte del Área de Conservación.” Y, por último, en cuanto a la resolución R-638-2003-MINAE de fecha 17 de noviembre de 2003, aportada como prueba, esta Sala al darle lectura denota que, en ese caso particular, el recurso trataba acerca de un visado de planos, y, la determinación de si las cinco fincas en cuestión, se encontraban dentro de los límites del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste. En conclusión, las pruebas indicadas, a la luz del caso y los reclamos de la parte recurrente, no tienen la virtud de modificar el fallo recurrido. Se procede a explicar. Los documentos que se mencionaron, no llevan a concluir que el inmueble no se ubica dentro de un Área Ambientalmente Frágil, únicamente, se denota de los mismos que, son propiedad privada, pero, dentro de los límites de un Parque Nacional. Si bien, la prueba aportada oficio ACT-OR-DR-DL-982-17 del Área de Conservación Tempisque, de fecha 19 de julio de 2017, indica que la propiedad no ha sido comprada, donada ni expropiada, esa simple declaración no da pie a alejarse de las consecuencias que conlleva que el terreno esté dentro de los límites del Parque Nacional. Ahora, en relación con la resolución R-638-2003-MINAE, la misma como se dijo, no trata acerca de un tema similar al que se ventila en este caso, debido a que, en el mismo se dilucidó, la ubicación de cinco terrenos propiedad privada en relación con los límites del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, y no tenía relación con viabilidad o licencias ambientales para construcción -como ocurre en este caso-; en consecuencia, no existe relación con los hechos de este proceso y por ende, no es prueba que tenga la virtud de modificar lo resuelto por el Tribunal. Ahora bien, en cuanto a la aplicación del Anexo 3 del Decreto no 31849, si bien la propiedad no ha sido comprada, expropiada o donada, es menester indicar que, sí es correcta su aplicación en tanto se debe entender que la finca está ubicada en un Área Ambientalmente Frágil, en razón de que se encuentra dentro de los límites de un Parque Nacional, aun cuando sea propiedad de un particular. Nótese que, en la sentencia de primera instancia se indicó: “En cuanto a los alegatos de la parte actora en cuanto a la violación de su derecho de propiedad, no ha quedado acreditado que esto suceda, en el tanto de la resolución de la SETENA se desprende que la finca está en un Área Ambientalmente Frágil, aspecto que tampoco fue impugnado, por lo que en principio podría haber algún tipo de desarrollo. Debe recordarse que el derecho de propiedad no es irrestricto, está sometido a limitaciones de interés social, según se prevé en el mismo artículo 45 de la Constitución Política, en su párrafo segundo, y que únicamente en cuanto las limitaciones hagan nugatorio ese derecho, procedería la expropiación, lo cual tampoco está siendo discutido en este asunto. Agrega el Tribunal, que la actora puede gestionar lo correspondiente en vía administrativa, para gestionar lo relativo a la condición del terreno como Área Ambientalmente Frágil, y que se determine lo que en derecho corresponda.”. Es decir, la ubicación del terreno en un Área Ambientalmente Frágil, no ha sido objeto de este proceso y por ello, no es susceptible de ser analizado en esta etapa. Unido a lo anterior, si bien se acusa la infracción del numeral 37 de la Ley Orgánica del Ambiente; en cuanto indica: “ […] fincas particulares afectadas según lo dispuesto por este artículo, por encontrarse en parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, reservas forestales y zonas protectoras, quedarán comprendidas dentro de las áreas protegidas estatales solo a partir del momento en que se hayan pagado o expropiado legalmente, salvo cuando en forma voluntaria se sometan al Régimen Forestal.” No obstante, el artículo 17 de esa misma Ley indica: “Evaluación de impacto ambiental. Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental.” Es decir, la titularidad de la finca (propiedad de la parte actora), no es una limitante para el sometimiento de la misma a la evaluación de impacto ambiental y, por ende, a los resultados que conllevan estas, pues, es claro, en cuanto al numeral transcrito que, si se determina que, la actividad va a generar daños al medio ambiente, este debe ser protegido por El Estado.  Asimismo, del Anexo 3 del Decreto no 31849, se lee: “La evaluación de sí el Área del Proyecto (AP) se localiza dentro de un AAF debe ser realizada ya por el Desarrollador desde las fases iniciales del Proyecto. El hecho de que el AP forma parte de un AAF no representa necesariamente la prohibición o impedimento para el desarrollo del proyecto, obra o actividad, salvo que la legislación vigente así lo establezca. En este caso, el conocimiento de esa situación debe hacer que el Desarrollador identifique las limitantes técnicas ambientales y promueva un diseño de su proyecto, obra o actividad de forma tal que puedan superar dichas limitantes técnicas.” Entonces, las infracciones a los numerales no se dieron en la sentencia recurrida en razón de que, aun cuando la finca registralmente no sea propiedad del Estado, por el hecho de que se encuentre dentro de los límites del Parque Nacional, queda limitado el uso de la misma en tanto se debe cumplir con las disposiciones del Derecho Ambiental. Es claro, en el proceso lo que se peticionó fue la nulidad del acto del MINAE, en razón de la denegatoria de la prórroga del plazo de viabilidad ambiental, por haberse determinado que la finca, a pesar de ser propiedad particular, está ubicada dentro de los límites del Parque Nacional Marino Las Baulas. Nunca se ha cuestionado ante el MINAE que la propiedad no se encuentra dentro de los límites del Parque Nacional Marino Las Baulas. El solo hecho de que, la finca sea propiedad privada no conlleva a que no está dentro de los límites del Parque. Ahora bien, que la finca no haya sido expropiada, donada o comprada, como se indicó anteriormente, no pone límites al Estado, para salvaguardar las áreas en cuestión, cuando así sea definido tras los estudios correspondientes. No obstante, es oportuno señalar que, lo aquí resuelto no prejuzga sobre la posibilidad de la parte de actora para solicitar, mediante los procedimientos correspondientes, y con base en el numeral 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, la expropiación del terreno, a efectos de que se valoren las circunstancias del caso concreto, para que se resuelva lo que en Derecho corresponda, debiendo quedar claro que nada de ello fue el objeto de este proceso. Por otra parte, en cuanto a la infracción del numeral 2 de la Ley de Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, señalada por el recurrente, en cuanto dispone: “[…] terrenos privados comprendidos en esa delimitación será susceptibles de expropiación y se considerarán parte del Parque Nacional Marino Las Baulas, hasta tanto no sea adquiridos por el Estado, mediante compra, donaciones o expropiaciones; mientras tanto los propietarios gozarán del ejercicio pleno de los atributos del dominio”, no ha sido infringido, pues no se ha considerado que la finca en cuestión es parte del Parque Nacional, sino que, se encuentra dentro de los límites del mismo. Siendo así la emisión del acto que mediante este proceso se impugnó y dio como resultado la sentencia recurrida, se aleja de establecer si la finca es o no parte del Parque Nacional, más bien, está relacionado con las evaluaciones de viabilidad ambiental solicitadas por quien recurre. Es al margen legal citado que, no se extiende la prórroga, como lo ha sostenido el Ministerio de Ambiente y Energía, y el Tribunal que emitió la sentencia recurrida, y no, como lo ha entendido el recurrente, al expresar que se intenta introducir como parte del Parque una propiedad que no ha sido expropiada, comprada o donada. De esa forma, las pruebas documentales que se consideran mal valoradas, fueron apreciadas a la luz de la normativa correspondiente. Comprendiéndose que, el punto medular no es si la propiedad es o no privada, sino, el alcance que se tiene para la protección ambiental de esa porción de terreno -principio precautorio-. La Sala Constitucional mediante resolución no 18529-2008, la cual se trataba de algunas viabilidades ambientales otorgadas por SETENA dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas, dispuso: “VI.- De esta forma, las viabilidades ambientales otorgadas de forma individual por SETENA no resultan suficiente a criterio de este Tribunal Constitucional para la protección que el ambiente de la zona en cuestión requiere. Siendo claro que se ha evaluado de forma integral el impacto ambiental que producirían las construcciones dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas ni dentro de su zona de amortiguamiento en cuanto al agua de consumo humano, el tratamiento de las aguas negras y servidas, la vida silvestre; ni cómo afectarían las luces, la presencia humana, el ruido, el equipo náutico a las tortugas y todo su ecosistema. Lo anterior es interpretado por esta Sala, con fundamento en el principio precautoria que opera en materia ambiental, como un riesgo potencial a todo el ecosistema del parque, lo cual se reitera cuando el informe del MINAE indica que una de las amenazas para la población de la tortuga baula es el desarrollo turístico y urbanístico sin control en las playas de anidación y que el desarrollo urbanístico planteado para Playa Grande y Ventanas dista mucho de ser un desarrollo sostenible (informe al folio 226).” Consecuentemente, no estamos ante la violaciones de los numerales 41.3, 41.5, 45.1 y 45.2 del Código Procesal Civil -las cuales indicó la parte recurrente son aplicables por remisión del numeral 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo-, en conjunto con el artículo 82 inciso 4) del Código Procesal Contencioso Administrativo (sana crítica), ni 264, 266, 268, 277, 295 y 324 del Código Civil, tampoco el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, o 2 de la Ley de Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste y 11, 13 y 16 de la Ley General de la Administración Pública, pues la protección que se le está otorgando a dicho Parque Nacional es de rango constitucional y ha sido concedido en razón de la necesidad de preservar la flora y fauna que el mismo contiene. Por ende, el reclamo se denegará. En relación con los argumentos tercero y sexto.  En dichos motivos del recurso, considera, se aplicó de forma indebida el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, pues, se omitió aplicarle exoneración en costas. A su parecer, en la sentencia no se observa el análisis de si el debate fue necesario para definir a quien le asistía el ordenamiento jurídico. Expone que, en la sentencia, no se analiza la buena fe procesal y el motivo suficiente para litigar y aplica la regla general. Señala, no hubo mala fe en su actuar, pues intentó esclarecer la seguridad y certeza jurídica de la actuación de la Administración Pública, al no mediar compra, donación o expropiación en la inclusión de su finca en el Área Silvestre Protegida (contrario al numeral 2 de la Ley 7524 y 37 de la Ley Orgánica del Ambiente). No obstante, en la sentencia, se dispuso: “Al haber sido declarada sin lugar y no encontrar ninguna causal que justifique la eximente, se condena a la actora al pago de ambas costas de la acción, más sus respectivos intereses, los cuales empezarán a correr a partir de la firmeza de la resolución que los fije, en favor del Estado.” -el resaltado no es del original-. En primer lugar, se denota de lo transcrito que, el Tribunal sí hace mención a que no encontró razones para aplicar las eximentes, pues la parte actora fue la vencida en el proceso. En segundo lugar, si bien, alega en este recurso que, actuó de buena fe, no se ha señalado cuáles fueron sus actos de buena fe que, le permitan a esa Sala concluir que se debe aplicar dicho motivo de eximente, nótese, la demanda se denegó pues, la misma es contraria al ordenamiento ambiental, además, hace ver situaciones fácticas en su demanda que no tienen relación con su petición para fundamentar su tesis. En cuanto a que tenía motivo suficiente para litigar, no es suficiente la convicción con la cual litigó, ni el convencimiento de que su teoría del caso era acertada, pues es claro que, la parte actora no alcanzó a acreditar ninguno de sus alegatos relativos a la invalidez del acto dictado por el Ministerio de Ambiente y Energía. Consecuentemente, por la forma como se resolvió y del análisis de los argumentos de fondo de este recurso, no estima esta Sala que, proceda tal exoneración. Por lo anterior, procede el rechazo de ambos agravios. En relación con el sétimo argumento. En cuanto a la normativa nacional e internacional señalada por el recurrente como infringida, fundamentada en la inviolabilidad del Derecho de Propiedad, las mismas, no se pueden considerar violentadas al margen de este caso específico. Para llegar a esa conclusión, es necesario recordar que, el acto que se impugna en este proceso proviene del Ministerio de Ambiente y Energía, en razón de, la denegatoria de una prórroga de viabilidad ambiental, para la construcción de una casa de habitación en una propiedad privada que, está dentro de los límites del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste. Ante ese panorama, no se está frente a una situación en la cual se esté infringiendo el Derecho de Propiedad, más bien, El Estado está haciendo uso de sus facultades y obligaciones de proteger el ambiente en una zona, donde la propia Sala Constitucional ha dispuesto que debe ser protegida (Resolución no 18529 – 2008 de la Sala Constitucional). Se ha definido que, la propiedad es de interés social con la finalidad de la protección de flora y fauna de esa zona que, inclusive, se encuentran en peligro de extinción. En cuanto a dicho Parque la Sala Constitucional en resolución no 10578 – 2007, dispuso: “En la exposición de motivos de la Ley N° 7524 se señala claramente que la conservación y protección absolutas de la Tortuga Baula y su hábitat de anidación, constituyen el fin principal de la creación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste. Se indica que en nuestro país se encuentra una de las tres áreas del mundo donde anida y se reproduce la tortuga marina Baula (Dermochelys coriace). Esta área reviste una enorme importancia si se considera que la “Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Mundial para la Naturaleza” clasifica a la tortuga baula en la categoría de especies en peligro crítico ( http://www.iucnredlist.org/) . Asimismo, en el área anidan también otras especies de tortugas como la carpintera (Lepidochelys olivacea), la tortuga negra o toras (chelonia agassizi) y la tortuga de carey (Eratmochelus imbricata). También se encuentran varias especies de flora y fauna en peligro de extinción (mangles, árboles de guayacán, caoba y pochote), animales (venados, congos, leones breñeros), aves (garzas blancas y rosadas, halcones y gavilanes), saurios (caimán y el cocodrilo americano), y boas, el reptil de mayor tamaño conocido. Según la Convención para el Comercio Internacional de especies amenazadas de flora y fauna -CITES- ( http://www.cites.org/eng/app/appendices.shtml) la tortuga Baula -la más grande del mundo-, se encuentra en peligro de extinción. Por otra parte, los manglares del parque se encuentran dentro de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional –RAMSAR- (http://www.ramsar.org/sitelist.doc), y son fundamentales como hábitats de aves acuáticas y áreas de reproducción de diferentes especies marinas y forestales. Es claro entonces a partir de lo expuesto, que la existencia y protección de este parque es fundamental desde el punto de vista de conservación y protección al medio ambiente.” Es decir, el hecho de que, la prórroga de viabilidad ambiental haya sido denegada para la construcción dentro de dicha propiedad, por encontrarse dentro de los límites del Parque, por sí mismo, no constituye la violación a los derechos que aduce el recurrente, por estar dentro de los márgenes de protección y conservación que se requieren para dichos terrenos -según lo indicado por el SINAC y SETENA-, si no, prioriza y previene la destrucción de espacios que, se tornan indispensables para la preservación de especies de flora y fauna. Como lo indicó el Tribunal en la sentencia: “Agrega el Tribunal, que la actora puede gestionar lo correspondiente en vía administrativa, para gestionar lo relativo a la condición del terreno como Área Ambientalmente Frágil, y que se determine lo que en derecho corresponda.”, pues, en este proceso no se peticionó la obligatoriedad del Estado de expropiar la finca objeto del proceso, ni la delimitación del Parque para definir si la propiedad realmente se encuentra o no dentro de sus límites. Por ende, el argumento tampoco es procedente y se denegará.

VI. En mérito de lo expuesto, se declarará sin lugar el recurso de casación interpuesto por la parte actora. A tenor de lo dispuesto por el acápite 3) del artículo 150 del Código Procesal Contencioso Administrativo, la parte promovente deberá sufragar las costas generadas con el ejercicio de esta instancia.

POR TANTO

 Se declara sin lugar el recurso de casación formulado por la parte actora, quien debe sufragar las costas generadas con su ejercicio. DRUDIN.

 

 

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 




Rocío Rojas Morales

	

 

	

Damaris Vargas Vásquez




Jorge Leiva Poveda

	

 

	

Carlos Guillermo Zamora Campos

 

 

Documento Firmado Digitalmente

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Clasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:17:26.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Grande
Normal
Pequeña
First Chamber of the Court

Resolution No. 00553 - 2025

Date of Resolution: March 27, 2025 at 11:26

Case File: 18-007707-1027-CA

Drafted by: Jorge Leiva Poveda

Type of matter: KNOWLEDGE

Analyzed by: FIRST CHAMBER

Content of Interest:

Type of content: Unanimous vote

Branch of Law: Administrative Litigation

Topic: Environmental

Subtopics:

Environmental viability.

Topic: Precautionary Principle or Principle of Prudent Avoidance

Subtopics:

Concept and scope.

Denial of the request for an extension of environmental viability (viabilidad ambiental) for the construction of a single-family dwelling on private property within the boundaries of the Las Baulas National Marine Park (Parque Nacional Marino Las Baulas) in Guanacaste (environmentally fragile area, área ambientalmente frágil). State authority and duty regarding the conservation and environmental protection of the national park (precautionary principle, principio precautorio), in order to preserve its flora (mangroves, guayacán trees, mahogany, and pochote) and fauna (Baula sea turtle "Dermochelys coriace", Carpintera sea turtle "Lepidochelys olivácea", Negra or Toras sea turtle "Chelonia agassizi" and Carey sea turtle "Eratmochelus imbrincata", deer, howler monkeys, pumas, white and pink herons, falcons and hawks, caimans and American crocodiles, as well as boas), which are even in danger of extinction; without violating private property (articles 17 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), Annex 3 (Anexo 3) of Decree 31849 (Decreto 31849), Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Convención para el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna), Convention on Wetlands of International Importance (Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional), resolutions 10578-2007 and 18529-2008 of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional). The ownership of a property is not a limitation to it being subjected to an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA). If it is determined that the activity will cause damage to the environment, it must be protected by the State (vote 553-F-2025).

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Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments
Content of Interest:

Type of content: Unanimous vote

Branch of Law: Administrative Litigation

Topic: Costs (Costas)

Subtopics:

Condemnation of the losing party.

In the present proceeding, the Court found no reasons to apply the exemptions from costs (costas), because the plaintiff was the losing party in the proceeding. Although she alleges in this appeal that she acted in good faith, she does not indicate what her acts of good faith were that would allow this Chamber to conclude that said ground for exemption should apply. As for having sufficient reason to litigate, the conviction with which she litigated is not sufficient, nor is the belief that her theory of the case was correct, because it is clear that the plaintiff failed to prove her allegations. Consequently, this Chamber does not find that such exoneration is appropriate (vote 553-F-2025).

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Content of Interest:

Type of content: Unanimous vote

Branch of Law: Administrative Litigation

Topic: Cassation appeal (Recurso de casación)

Subtopics:

Costs (Costas).

The cassation appeal (recurso de casación) filed by the plaintiff is dismissed. The promoting party must bear the costs (costas) generated by the exercise of this instance (cardinal 150.3 of the Administrative Litigation Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo)) (vote 553-F-2025).

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Citations of Legislation and Doctrine
Text of the resolution

*180077071027CA*

Exp. 18-007707-1027-CA

Res. 000553-F-S1-2025

 FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at eleven hours twenty-six minutes on the twenty-seventh of March of two thousand twenty-five.

Knowledge proceeding 18-007707-1027-CA, declared purely of law, before the Administrative Litigation and Civil Treasury Court, Second Judicial Circuit, San José, Goicoechea (composed of the judges Rosa Cortés Morales, Paulo André Alonso Soto and Laura García Carballo), filed by the company COMING UNDONE LTDA. legal entity identification number 3-102-484-155, represented by José Pablo Arce Piñar, identity card 1-1166-0942, in his capacity as manager with powers of generalísimo attorney-in-fact of the company, against the State, represented by the Deputy Procuradora Gloria Elena Solano Martínez, identity card 1-836-342. The National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC), represented by the Executive Director Grettel Vega Arce, identity card 2-604-180, intervenes as an interested third party. The following legal professionals act as special judicial attorneys: for the plaintiff: Federico Peralta Bedoya, identity card 1-1043-088; and for SINAC: Maureen Solís Retana, identity card 1-934-358 and Roger Francisco Gutiérrez Vindas, identity card 4-131-704.

Drafted by Judge Leiva Poveda

CONSIDERING (CONSIDERANDO)

I. According to the factual scope of the judgment, on August 24, 2012, the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Ambiental, SETENA), granted environmental viability (viabilidad ambiental) (period of 2 years), for the construction of a single-family dwelling on property 5-24809-000 (plan G-402382-1980). On August 22, 2014, the plaintiff company requested an extension for said viability. On September 3, 2015, the Regional Director of the Tempisque Conservation Area (Área de Conservación del Tempisque), through certification no. 1143-2015, recorded that plan G-402382-1980, according to the location made by the Area's Geographic Information System, is within the boundaries of the Las Baulas National Marine Park (Parque Nacional Marino Las Baulas). On June 1, 2016, the National Technical Secretariat denied the viability extension. On June 17, 2016, the plaintiff filed a motion for revocation with a subsidiary appeal against the cited resolution. The motion for revocation was denied. Regarding the appeal, on September 11, 2017, the Ministry of Environment and Energy, through resolution no. 320-2017-MINAE, dismissed the appeal.

II. The company Coming Undone LTDA (represented by José Pablo Arce Piñar), filed this ordinary proceeding against the State (represented by the Deputy Procuradora Gloria Elena Solano Martínez), requesting that the conduct and resolution of the public administration no. R-320-2017-MINAE, issued by the Ministry of Environment and Energy at 10:05 a.m. on June 11, 2017, as well as the related acts, be declared contrary to the legal order, null and illegitimate, for their future inapplicability. Likewise, it requested the condemnation to pay costs (costas) to the defendant. The State answered the lawsuit negatively. It raised the preliminary defense of expiry. As a substantive defense, it raised the lack of right. By means of first instance judgment No. 96-2020-VIII of 11 hours 10 minutes on August 24, 2020, issued by the Administrative Litigation and Civil Treasury Court, Second Judicial Circuit, San José, Goicoechea, it was ordered: "The defense of expiry is dismissed. The defense of lack of right raised by the State is accepted. The lawsuit filed against it by the company Coming Undone Limitada is dismissed. The plaintiff is condemned to pay both costs (costas) of the proceeding, plus their respective interest, which will begin to accrue from the finality of the resolution that sets them, in favor of the State." Disagreeing with what was resolved, the plaintiff filed a cassation appeal (recurso de casación) with seven arguments before this Chamber, admitting for substantive analysis the first, third, sixth, and seventh arguments, which are heard at this time.

Cassation for substantive reasons

III. First. It argues that the content of the documents is violated: a. registral certification of property 5-422809-000, b. official letter number ACT-OR-DR-DL-982-17 from the acting director of the Tempisque Conservation Area Regional Office, and c. resolution R-638-2003-MINAE dated November 17, 2003. It considers that, when concluding that the place where the property is located is an Environmentally Fragile Area (Área Ambientalmente Frágil), the Court did not adequately analyze the pieces of the file. This is because there are pieces of evidence that verify that the property is private property and has not been purchased, donated, or expropriated, so it should not be considered as State National Heritage (Patrimonio Nacional del Estado), a Protected Wilderness Area (Área Silvestre Protegida), or a National Park. It states, with evidence number 4 provided with the lawsuit - official letter ACT-OR-DR-DL-982-17 from the Tempisque Conservation Area, dated July 19, 2017, where it is clarified that it is not part of the properties acquired by the State in the National Park. - As well as resolution R-638-2003-MINAE of November 17, 2003, where, in a similar case, MINAE, upholds an appeal and orders the then MINAE Single Window (Ventanilla Única) - current competence of SINAC, distributed among the different Conservation Areas - to indicate that the properties are not part of the State Protected Wilderness Areas, as they have not been purchased or expropriated, as well as the certification from the Registry, where it is verified that there is no lien, encumbrance, or limitation related to the Las Baulas National Marine Park, nor any other type of Protected Wilderness Area. It accuses the Court of setting aside the existing documentary evidence, where it is recorded that this is a private property and is not part of an ASP, because it has not been purchased, donated, or expropriated, so neither could it be part of the PNE, and thus apply the provisions of Annex 3 of Decree 31849, to be considered an Environmentally Fragile Area, from a juridical or legal standpoint. It explains: "And this clarification is made because this representation, nor our represented party, have never questioned the ecological importance of the zone; furthermore, within the framework of the social and environmental function, our represented party presented a housing project that complied with all the technical-environmental conditions, strictly adhering to the general guidelines issued by SETENA for this special zone, regulated through administrative resolutions 1410-01-SETENA and their respective reforms until obtaining the VLA and the approval of the NATIONAL SERVICE FOR GROUNDWATER, IRRIGATION AND DRAINAGE (SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO, SENARA)." For the above reasons, it reiterates, the property is not part of the National Park; therefore, it cannot be considered an Environmentally Fragile Area, as it has not been donated, purchased, or expropriated. It alleges the violation of numerals 41.3, 41.5, 45.1, and 45.2 of the Civil Procedural Code - applicable by remission of numeral 220 of the Administrative Litigation Procedural Code - in conjunction with article 82 subsection 4) of the Administrative Litigation Procedural Code (sound criticism, sana crítica). As a consequence of the apparent errors in the assessment of evidence indicated, it specifies the infringement of numerals 264, 266, 268, 277, 295, and 324 of the Civil Code, regarding the attributes, scope, defense, and reparation of the property right and its attributes, violated by the judgment on the merits. It also considers the infringement of numeral 37 of the Organic Environmental Law, which provides: "...private properties affected according to the provisions of this article, for being located in national parks, biological reserves, wildlife refuges, forest reserves, and protective zones, shall be included within the state protected areas only from the moment they have been legally paid for or expropriated, except when they voluntarily submit to the Forest Regime." Likewise, in its view, numeral 2 of the Law for the Creation of the Las Baulas National Marine Park of Guanacaste (Ley de Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste) was infringed, as its content was ignored, transcribing from said numeral: "...private lands included in that delimitation shall be susceptible to expropriation and shall be considered part of the Las Baulas National Marine Park, only until they are acquired by the State, through purchase, donations, or expropriations; meanwhile, the owners shall enjoy the full exercise of the attributes of ownership." Finally, it affirms that there was an infringement of numerals 11, 13, and 16 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), as they establish the impossibility of derogating or disapplying in specific cases, subjecting its actions to the unequivocal rules of science or technique, to elementary principles of justice, a situation that was not addressed in this case and by the judge for not controlling the conformity with what was done. Third. Improper application of article 193 of the Administrative Litigation Procedural Code, by omitting the application of provisions for exoneration from costs (costas). It indicates: "The evidence in the record shows that the challenged judgment does not carefully analyze whether the nature of the claim allows one to infer that the debate was necessary to elucidate whom the Law assisted. The Court omits analyzing whether the matter submitted for its analysis was indispensable for seeking juridical security and certainty." It argues that, in the case, there was no bad faith, but rather the search for juridical security and certainty by attempting to show that the administrative resolutions were not adjusted to the law, since without any purchase, donation, or expropriation act, the private property is included within an ASP, being contrary to what is stipulated in articles 2 of Law 7524 and 37 third paragraph of the Organic Environmental Law. Sixth. It accuses an incorrect interpretation of numeral 193 of the Administrative Litigation Procedural Code. This is because, considering the plaintiff as the losing party, it applies the general rule and does not analyze the procedural good faith and the sufficient reason to litigate. It argues that a pathological and unlawful conduct has been noted on the part of the defendant, who has disrespected the subjective rights and legitimate interests of its represented party. Seventh. It considers that numerals 7, 39, 41, and 45 of the Constitution, 81 and 21 of the American Convention on Human Rights (Convención Americana sobre Derechos Humanos) were violated. It mentions the dual approach to property: a) private property and b) deprivations and limitations on the exercise of the property right. It argues that both article 45 of the Constitution and article 21 of the American Convention on Human Rights protect private property. Given this, it has no doubt that the exceptions are subject to legal reserve. It argues, from the perspective of Human Rights, it speaks of a property right free from arbitrary government interference. It argues: "For its part, the right of restitution is conceived as a remedy applicable to illegally taken property, which is of great interest following the confusion generated by the judgment being challenged." It mentions that there are various international declarations and conventions that introduce regulations concerning the right to private property, and they can be taken into account in the case, to expand and integrate the scope of article 45 of the Constitution. It makes reference to article 17 of the Universal Declaration of Human Rights, article XXIII of the American Declaration of the Rights and Duties of Man, article 5 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, article 21 of the American Convention on Human Rights, Article 5 of the Declaration on the Human Rights of Individuals Who are not Nationals of the Country in which They Live. It concludes that the judgment also violates article 8 of the American Convention on Human Rights, as well as numerals 7, 39, and 41 of the Political Constitution.

IV. The Court in the appealed judgment concluded that it is not a matter of expropriation, nor that the license was denied because it was a public domain asset, but rather an adaptation to the new condition of the property (an asset within the boundaries of the Las Baulas National Marine Park of Guanacaste), which, moreover, is not being disputed. It mentioned articles 10, 46.1, and 65 of the General Regulations on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental). It argued that the plaintiff did not challenge the location of the property -certification 1143-2015-. It indicated: "Given the incontrovertible fact of the location of the land, within a national park, as stated in the mentioned certification, it was impossible to grant the party's request regarding the construction of a single-family dwelling, so the resolution is in accordance with the law." Regarding the plaintiff's allegations concerning the violation of her property right, the Court considered that this was not proven, as it is evident from the SETENA resolution that the property is in an Environmentally Fragile Area, an aspect that was also not challenged. The Court explained: "It must be remembered that the property right is not unrestricted; it is subject to limitations of social interest, as provided for in the same article 45 of the Political Constitution, in its second paragraph, and that only when the limitations render that right nugatory would expropriation proceed, which is also not being discussed in this matter. The Court adds that the plaintiff can process what is corresponding through administrative channels, to manage the condition of the land as an Environmentally Fragile Area, and for it to be determined what corresponds in law. Consequently, the plaintiff also does not hold reason regarding the substantive defect of the challenged act."

V. For the study and resolution of the case, there must necessarily be clarity regarding the claims of the proceeding at hand, this being the nullity of the administrative act resolution number R-320-2017-MINAE of 10:05 a.m. on September 11, 2017, signed by the Minister of Environment and Energy (MINAE), which resolved the appeal of a denial of the request for an extension of the environmental viability (viabilidad ambiental) or environmental license for the construction of a single-family dwelling, on a property located in the province of Guanacaste. Part of its nullity allegations were the lack of formal requirements of the act, such as the lack of indication of the remedies available against the resolution issued by MINAE and the lack of reasoning, for not taking into consideration for its issuance the letter submitted on August 29, 2017, in which the Tempisque Conservation Area indicates that the property is not part of the Las Baulas National Marine Park of Guanacaste. Likewise, as substantive aspects that it presented in its lawsuit for the nullity of the challenged administrative act, is that, as long as it is not expropriated, SETENA must grant the environmental viability (viabilidad ambiental) in accordance with the special regulation that granted it that prerogative and provided that the requirements of the technical-administrative procedure of the Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental, EIA) are met, and it cannot refuse to grant what is required, nor is the application of the precautionary principle (principio precautorio) appropriate, due to a doubt in the location of the land, when it is precisely MINAE that would be responsible for carrying out an eventual expropriation process. As for the first cassation argument. When the infringement of the content of the registral certification of property 5-422809-000, the official letter number ACT-OR-DR-DL-982-17 from the acting director of the Tempisque Conservation Area Regional Office, and resolution R-638-2003-MINAE dated November 17, 2003, is accused, we proceed with their analysis with the purpose of identifying if, having been interpreted and assessed in light of sound criticism (sana crítica), according to the appellant's claims, there was the possibility of appreciating a result different from the one reached by the Court. Regarding the registral certification of property 5-422809-000, it can be observed that it is registered in the name of Coming Undone Limitada, a relevant fact for the resolution of the case, which was not controverted in the proceeding. Regarding the document ACT-OR-DR-DL-982-17, the judgment refers to it in proven fact number 11), and literally transcribes its content. For what is of interest in this resolution, said document indicates: "It is correct that the property with real estate registration number 5-42809 with cadastral plan number G402382-1980, is currently located within the established boundaries of the Las Baulas National Marine Park of Guanacaste; I also clarify that to date the property has not been expropriated by the State, therefore, your property is not part of the properties acquired by the State in the National Park, because the legal studies and the cadastral map of the National Park are currently being carried out, and until such expropriation studies are available, the process cannot continue on the part of the Conservation Area." And, finally, regarding resolution R-638-2003-MINAE dated November 17, 2003, provided as evidence, this Chamber, upon reading it, notes that, in that particular case, the appeal dealt with the approval of plans, and the determination of whether the five properties in question were within the boundaries of the Las Baulas National Marine Park of Guanacaste. In conclusion, the indicated evidence, in light of the case and the claims of the appellant, does not have the virtue of modifying the appealed ruling. We proceed to explain. The documents that were mentioned do not lead to the conclusion that the property is not located within an Environmentally Fragile Area; it is only evident from them that they are private property, but within the boundaries of a National Park. While the evidence provided, official letter ACT-OR-DR-DL-982-17 from the Tempisque Conservation Area, dated July 19, 2017, indicates that the property has not been purchased, donated, or expropriated, that simple declaration does not give rise to avoiding the consequences that come with the land being within the boundaries of the National Park. Now, in relation to resolution R-638-2003-MINAE, it, as stated, does not deal with a topic similar to the one ventilated in this case, because it elucidated the location of five privately owned lands in relation to the boundaries of the Las Baulas National Marine Park of Guanacaste, and was not related to environmental viability (viabilidad ambiental) or environmental licenses for construction - as occurs in this case -; consequently, there is no connection with the facts of this proceeding and, therefore, it is not evidence that has the virtue of modifying what was resolved by the Court. Now, regarding the application of Annex 3 of Decree no. 31849, while the property has not been purchased, expropriated, or donated, it is necessary to indicate that its application is correct insofar as it must be understood that the property is located in an Environmentally Fragile Area, due to the fact that it is within the boundaries of a National Park, even when it is the property of a private individual. Note that, in the first instance judgment, it was indicated: "Regarding the plaintiff's allegations concerning the violation of her property right, it has not been proven that this occurs, insofar as it is evident from the SETENA resolution that the property is in an Environmentally Fragile Area, an aspect that was also not challenged, so in principle there could be some type of development. It must be remembered that the property right is not unrestricted; it is subject to limitations of social interest, as provided for in the same article 45 of the Political Constitution, in its second paragraph, and that only when the limitations render that right nugatory would expropriation proceed, which is also not being discussed in this matter. The Court adds that the plaintiff can process what is corresponding through administrative channels, to manage the condition of the land as an Environmentally Fragile Area, and for it to be determined what corresponds in law." That is, the location of the land in an Environmentally Fragile Area has not been the object of this proceeding and, therefore, is not susceptible to being analyzed at this stage. Added to the above, while the infringement of numeral 37 of the Organic Environmental Law is accused; insofar as it indicates: " [...] private properties affected according to the provisions of this article, for being located in national parks, biological reserves, wildlife refuges, forest reserves, and protective zones, shall be included within the state protected areas only from the moment they have been legally paid for or expropriated, except when they voluntarily submit to the Forest Regime." However, article 17 of that same Law indicates: "Environmental impact assessment. Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, shall require an environmental impact assessment by the National Environmental Technical Secretariat created in this law. Its prior approval, by this body, shall be an indispensable requirement to initiate the activities, works, or projects. The laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects shall require the environmental impact assessment." That is, the ownership of the property (property of the plaintiff) is not a limitation to its subjection to the environmental impact assessment and, therefore, to the results these entail, for it is clear, regarding the transcribed numeral, that if it is determined that the activity will cause damage to the environment, it must be protected by the State. Likewise, from Annex 3 of Decree no. 31849, it reads: "The assessment of whether the Project Area (AP) is located within an AAF must be carried out by the Developer from the initial phases of the Project. The fact that the AP forms part of an AAF does not necessarily represent the prohibition or impediment to the development of the project, work, or activity, unless the current legislation so establishes. In this case, the knowledge of that situation must lead the Developer to identify the environmental technical limitations and promote a design of its project, work, or activity in such a way that said technical limitations can be overcome." Thus, the infringements of the numerals did not occur in the appealed judgment because, even when the property is not registrally owned by the State, by the fact that it is located within the boundaries of the National Park, its use is limited insofar as it must comply with the provisions of Environmental Law. It is clear that, in the proceeding, what was petitioned was the nullity of the MINAE act, based on the denial of the extension of the environmental viability (viabilidad ambiental) term, for having determined that the property, despite being privately owned, is located within the boundaries of the Las Baulas National Marine Park. It has never been questioned before MINAE that the property is not within the boundaries of the Las Baulas National Marine Park. The mere fact that the property is private property does not entail that it is not within the boundaries of the Park. However, that the property has not been expropriated, donated, or purchased, as previously indicated, does not limit the State from safeguarding the areas in question, when it is so defined following the corresponding studies. Nevertheless, it is appropriate to point out that what is resolved here does not prejudge the possibility of the plaintiff to request, through the corresponding procedures, and based on numeral 37 of the Organic Environmental Law, the expropriation of the land, so that the circumstances of the specific case are assessed, in order to resolve what corresponds in Law, it being necessary to be clear that none of that was the object of this proceeding. On the other hand, regarding the infringement of numeral 2 of the Law for the Creation of the Las Baulas National Marine Park of Guanacaste, pointed out by the appellant, insofar as it provides: "[…] private lands included in that delimitation shall be susceptible to expropriation and shall be considered part of the Las Baulas National Marine Park, only until they are acquired by the State, through purchase, donations, or expropriations; meanwhile, the owners shall enjoy the full exercise of the attributes of ownership", it has not been infringed, because it has not been considered that the property in question is part of the National Park, but rather that it is within its boundaries. This being the case, the issuance of the act that was challenged through this proceeding and resulted in the appealed judgment moves away from establishing whether the property is or is not part of the National Park; rather, it is related to the environmental viability (viabilidad ambiental) assessments requested by the appellant. It is to the legal margin cited that the extension is not granted, as the Ministry of Environment and Energy and the Court that issued the appealed judgment have held, and not, as the appellant has understood, by expressing that an attempt is made to introduce as part of the Park a property that has not been expropriated, purchased, or donated. In this way, the documentary evidence that is considered poorly assessed was appreciated in light of the corresponding regulations. Understanding that the core point is not whether the property is private or not, but the scope available for the environmental protection of that portion of land -precautionary principle (principio precautorio)-. The Constitutional Chamber, through resolution no. 18529-2008, which dealt with some environmental viabilities granted by SETENA within the Las Baulas National Marine Park, ordered: "VI.- In this way, the environmental viabilities granted individually by SETENA are not sufficient in the judgment of this Constitutional Court for the protection that the environment of the zone in question requires.

It being clear that the environmental impact that would be produced by construction within the Parque Nacional Marino Las Baulas or within its buffer zone has been evaluated in a comprehensive manner with respect to water for human consumption, the treatment of blackwater and greywater, wildlife, or how the lights, human presence, noise, and nautical equipment would affect the turtles and their entire ecosystem. The foregoing is interpreted by this Chamber, based on the precautionary principle that operates in environmental matters, as a potential risk to the entire ecosystem of the park, which is reiterated when the MINAE report indicates that one of the threats to the leatherback turtle population is uncontrolled tourism and urban development on the nesting beaches and that the urban development proposed for Playa Grande and Ventanas is far from being a sustainable development (report at folio 226).” Consequently, we are not faced with violations of numerals 41.3, 41.5, 45.1, and 45.2 of the Civil Procedure Code—which the appellant indicated are applicable by remission of numeral 220 of the Contentious-Administrative Procedure Code—together with article 82 subsection 4) of the Contentious-Administrative Procedure Code (sound criticism), nor 264, 266, 268, 277, 295, and 324 of the Civil Code, nor article 37 of the Ley Orgánica del Ambiente, or 2 of the Ley de Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste and 11, 13, and 16 of the Ley General de la Administración Pública, because the protection being granted to said National Park is of constitutional rank and has been granted by reason of the need to preserve the flora and fauna that it contains. Therefore, the claim shall be denied. Regarding the third and sixth arguments. In those grounds of the appeal, it is considered that numeral 193 of the Contentious-Administrative Procedure Code was improperly applied, because exemption from costs was omitted. In its view, the judgment does not contain an analysis of whether the litigation was necessary to define whom the legal order favored. It states that the judgment does not analyze procedural good faith and sufficient grounds for litigating and applies the general rule. It indicates that there was no bad faith in its actions, since it attempted to clarify the legal security and certainty of the Public Administration’s actions, there being no purchase, donation, or expropriation involved in the inclusion of its property in the Protected Wildlife Area (contrary to numeral 2 of Law 7524 and 37 of the Ley Orgánica del Ambiente). Nevertheless, the judgment ordered: “Having been declared without merit and finding no grounds that justify exemption, the plaintiff is ordered to pay both costs of the action, plus their respective interest, which shall begin to accrue as of the finality of the resolution that sets them, in favor of the State.” —the highlighting is not from the original—. Firstly, it is evident from the transcribed text that the Court does mention that it found no reasons to apply the exemptions, because the plaintiff was the losing party in the proceeding. Secondly, although it alleges in this appeal that it acted in good faith, it has not indicated which were its acts of good faith that allow this Chamber to conclude that said ground for exemption should be applied; note that the complaint was denied because it is contrary to environmental law, and it also presents factual situations in its complaint that have no relation to its petition in order to support its thesis. As for having sufficient grounds to litigate, the conviction with which it litigated is not sufficient, nor is the belief that its theory of the case was correct, because it is clear that the plaintiff failed to prove any of its allegations regarding the invalidity of the act issued by the Ministerio de Ambiente y Energía. Consequently, due to the manner in which the matter was resolved and the analysis of the substantive arguments of this appeal, this Chamber does not consider that such exoneration is appropriate. Therefore, the rejection of both grievances is in order. Regarding the seventh argument. As for the national and international regulations cited by the appellant as violated, grounded in the inviolability of the Right to Property, they cannot be considered violated outside the context of this specific case. To reach that conclusion, it is necessary to recall that the act challenged in this proceeding originates from the Ministerio de Ambiente y Energía, by reason of the denial of an environmental feasibility (viabilidad ambiental) extension for the construction of a dwelling on private property that lies within the boundaries of the Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste. Given this scenario, we are not faced with a situation in which the Right to Property is being infringed; rather, the State is exercising its powers and obligations to protect the environment in an area where the Constitutional Chamber itself has ordered that it must be protected (Resolution no. 18529 – 2008 of the Constitutional Chamber). It has been defined that the property is of social interest for the purpose of protecting the flora and fauna of that area, which are even in danger of extinction. Regarding said Park, the Constitutional Chamber in resolution no. 10578 – 2007, ordered: “The statement of legislative intent for Law No. 7524 clearly indicates that the absolute conservation and protection of the Leatherback Turtle and its nesting habitat constitute the primary purpose of creating the Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste. It is indicated that our country contains one of the three areas in the world where the leatherback sea turtle (Dermochelys coriace) nests and reproduces. This area is of enormous importance considering that the ‘IUCN Red List of Threatened Species’ classifies the leatherback turtle in the category of critically endangered species (http://www.iucnredlist.org/). Likewise, other species of turtles nest in the area, such as the olive ridley (Lepidochelys olivacea), the black turtle or toras (chelonia agassizi), and the hawksbill turtle (Eratmochelus imbricata). There are also several species of flora and fauna in danger of extinction (mangroves, guayacán trees, mahogany, and pochote), animals (deer, howler monkeys, leones breñeros), birds (white and pink herons, falcons, and hawks), saurians (caiman and the American crocodile), and boas, the largest known reptile. According to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora -CITES- (http://www.cites.org/eng/app/appendices.shtml), the leatherback turtle—the largest in the world—is in danger of extinction. Furthermore, the park's mangroves are included under the Ramsar Convention on Wetlands of International Importance -RAMSAR- (http://www.ramsar.org/sitelist.doc), and are fundamental as habitats for aquatic birds and breeding areas for different marine and forest species. It is clear then from the foregoing that the existence and protection of this park is fundamental from the point of view of conservation and environmental protection.” That is to say, the fact that the environmental feasibility extension was denied for construction within said property, because it is located within the park’s boundaries, in itself does not constitute a violation of the rights alleged by the appellant, because it falls within the margins of protection and conservation required for said lands—as indicated by SINAC and SETENA—but rather prioritizes and prevents the destruction of spaces that become indispensable for the preservation of flora and fauna species. As the Court indicated in the judgment: “The Court adds that the plaintiff may pursue the appropriate administrative channels to address the condition of the land as an Environmentally Fragile Area (Área Ambientalmente Frágil) and to seek whatever determination may be legally appropriate.” because this proceeding did not petition the State’s obligation to expropriate the property that is the subject of the proceeding, nor the delimitation of the Park to define whether the property is truly within its boundaries or not. Therefore, the argument is also inadmissible and shall be denied.

VI. By virtue of the foregoing, the appeal for cassation filed by the plaintiff shall be declared without merit. Pursuant to subsection 3) of article 150 of the Contentious-Administrative Procedure Code, the moving party must bear the costs generated by the exercise of this instance.

POR TANTO

The appeal for cassation filed by the plaintiff is declared without merit, who must bear the costs generated by its exercise. DRUDIN.

 

 

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 




Rocío Rojas Morales

	

 

	

Damaris Vargas Vásquez




Jorge Leiva Poveda

	

 

	

Carlos Guillermo Zamora Campos

 

 

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