Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)VI.- Del examen de la revisión planteada, esta Cámara no encuentra mérito para su acogida, según se pasa a explicar. [...] En cuanto al primer reparo, este deberá ser rechazado. El proceso 02-000649-0163-CA se tramitó bajo la Ley Reguladora 3667/1966, que no prevé la intervención de órganos administrativos con personalidad jurídica instrumental. [...] Ahora, en cuanto al segundo reparo, también resulta improcedente. La alegación sobre trato discriminatorio debe rechazarse, dado que “no existe un derecho a la igualdad en la ilegalidad” y “no puede pretenderse que se deriven derechos de una situación contraria a derecho” [...] Por último, en cuanto al tercer reparo, como bien lo indica la representación estatal, de las 15 pretensiones del actor dentro del proceso original, ninguna impugnó la demarcación de la Zona Pública del Instituto Geográfico Nacional (IGN), que se constató en el reconocimiento judicial de 25 de junio de 2009. El informe técnico aportado en 2023, que analiza la dinámica costera en Playa Guiones con base en imágenes históricas, sugiere que entre 1971 y 1981 el nivel del mar avanzó aproximadamente 20 metros. Sin embargo, el documento aportado por el actor como punto tres de este proceso de revisión, no introduce un método científico o tecnológico inexistente en el momento procesal oportuno, limitándose a reinterpretar datos previamente disponibles, ya que realiza una fotointerpretación histórica y un análisis de la posición de la línea de costa, con fotografías aéreas e imágenes satelitales de entre 1944 y 2022. Finalmente, el estudio técnico del IGN confirma que las variaciones de la línea de costa en Playa Guiones han sido mínimas, lo que refuerza la validez de las resoluciones administrativas y judiciales emitidas.
English (translation)VI.- Upon examination of the review filed, this Chamber finds no merit for its admission, as explained below. [...] Regarding the first challenge, it must be dismissed. Proceeding 02-000649-0163-CA was conducted under Regulatory Law 3667/1966, which does not provide for the intervention of administrative bodies with instrumental legal personality. [...] Now, with regard to the second challenge, it is also inadmissible. The allegation of discriminatory treatment must be rejected, given that 'there is no right to equality in illegality' and 'it cannot be claimed that rights arise from a situation contrary to law' [...] Finally, concerning the third challenge, as the State's representation rightly points out, of the 15 claims brought by the plaintiff in the original proceeding, none challenged the demarcation of the Public Zone by the National Geographic Institute (IGN), which was confirmed during the judicial inspection of 25 June 2009. The technical report submitted in 2023, which analyzes the coastal dynamics in Playa Guiones based on historical imagery, suggests that between 1971 and 1981 sea level advanced approximately 20 meters. However, the document submitted by the plaintiff as the third point of this review proceeding does not introduce a scientific or technological method that was nonexistent at the appropriate procedural time; it merely reinterprets previously available data, as it performs a historical photointerpretation and an analysis of the shoreline position using aerial photographs and satellite images from between 1944 and 2022. Finally, the IGN's technical study confirms that shoreline variations in Playa Guiones have been minimal, which reinforces the validity of the administrative and judicial resolutions issued.
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Grande Normal Pequeña Sala Primera de la Corte Resolución Nº 00317 - 2025 Fecha de la Resolución: 07 de Marzo del 2025 a las 07:32 Expediente: 23-000116-0004-CA Redactado por: Damaris María Vargas Vásquez Clase de asunto: ORDINARIO Analizado por: SALA PRIMERA Texto de la resolución Exp. 23-000116-0004-CA Res.000317-F-S1-2025 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las siete horas treinta y dos minutos del siete de marzo del dos mil veinticinco. Revisión incoada por CARLOS ROBERTO PÁEZ SOTELA, contra de la sentencia no. 3029-2010 de las 13 horas del 30 de julio de 2010, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, integrado por el juez Billy Araya Olmos, dentro del proceso declarativo, expediente no. 02-000649-0163-CA, establecido por él contra el Estado. Intervienen, como apoderados especiales judiciales del actor, los profesionales en derecho María Lourdes Echandi Gurdián y Aldo Milano Sánchez; y como representantes estatales, los licenciados José Barahona Vargas y Mauricio Castro Lizano. Redacta la magistrada Vargas Vásquez CONSIDERANDO I.- De previo a entrar a conocer de la revisión planteada, se hace constar que mediante auto de las 15 horas 34 minutos del 28 de febrero de 2024, esta Sala dispuso acoger la inhibitoria de las personas magistrados Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Iris Rocío Rojas Morales, Damaris Vargas Vásquez y Jorge Leiva Poveda, por haber concurrido en la emisión de la resolución de esta Sala del cual se solicita el presente análisis de conformidad con lo que establece el artículo 12 del Código Procesal Civil. Por resolución de las 11 horas 08 minutos del 11 de abril de 2024, se comunicó que mediante sorteo no. 12221, fueron seleccionados las personas magistradas suplentes María Rosa Castro García, Ignacio Monge Dobles y Jéssica Jiménez Ramírez, para que conozcan del presente asunto. Asimismo, por no contar con más magistraturas suplentes disponibles, se habilitó al magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, para conocer este asunto. Sin embargo, al haber concluido el periodo de nombramiento de la profesional Jéssica Jiménez Ramírez como magistrada suplente, mediante auto de las 11 horas 55 minutos del 18 de julio de 2024 se habilitó a la magistrada Damaris Vargas Vásquez para que conozca de este proceso. II.- En fecha 3 de noviembre de 2023, la doctora María Lourdes Echandi Gurdián y el doctor Aldo Milano Sánchez plantearon la presente demanda de revisión en representación del actor Carlos Roberto Páez Sotela, la cual fue admitida por esta Sala, mediante auto de las 13 horas 27 minutos del 3 de mayo de 2024. De esta, se le dio traslado al Estado en esa misma resolución. En data 5 de julio de 2024, los procuradores José Barahona Vargas y Mauricio Castro Lizano, contestaron la revisión de cita, respecto de la cual se opusieron. Mediante resolución de las 16 horas 9 minutos del 5 de setiembre de 2024, esta Sala acogió la medida cautelar solicitada por el actor, y se ordenó la suspensión de la sentencia no. 3029-2010 de las 13 horas del 30 de julio de 2010, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, dentro del expediente no. 02-000649-0163-CA. III.- Conviene recordar que, según lo preceptúa el canon 154 inciso 1) del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), el recurso extraordinario de revisión se rige por las normas establecidas para el proceso civil con las salvedades respectivas. Así, de conformidad con el artículo 72.1 del Código Procesal Civil, “La revisión procederá contra pronunciamientos que tengan efecto de cosa juzgada material, siempre que concurra alguna de las siguientes causales: …”. Tiene por objeto combatir los efectos procesales del fallo, concretamente lo dispuesto en el numeral 64 del citado cuerpo legal. Además, aplica el principio de taxatividad de las causales, pues el recurrente solo puede invocar un motivo autorizado por el legislador. Le corresponde a esta Sala verificar la comunidad de ambas exigencias y, en caso de incumplimiento, disponer el rechazo de plano del recurso. Igualmente, para efectos de admisibilidad, se debe considerar el plazo para presentar la demanda de revisión, todo a tenor de las distintas hipótesis contenidas en los cardinales 30 y 72 ibídem. IV.- En la especie, pretende el promovente se revise la sentencia no. 3029-2010 de las 13 horas del 30 de julio de 2010, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Expone que, en estricta observancia del principio de taxatividad de las causales de nulidad establecidas en el artículo 72.1 del Código Procesal Civil (CPC), aplicable según lo dispuesto en el artículo 154.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), fundamenta la presente revisión en las siguientes tres causales: Primera. Inobservancia del debido proceso por falta de integración del litisconsorcio activo necesario, según el artículo 72.1.11 del CPC. Señala, esta Sala ha sostenido que cuando el objeto del proceso afecta bienes del patrimonio natural del Estado, es indispensable incorporar al Ministerio de Ambiente y Energía y su Sistema Nacional de Áreas de Conservación (MINAE-SINAC) como parte del litisconsorcio activo, independientemente de que el Estado sea parte del proceso. Como precedente, cita la sentencia número 000191-2022 de la Sala Primera, en la que se consideró la omisión de valorar la protección de un humedal como motivo para requerir la integración del SINAC junto al Estado como coactores. Alega, en el presente caso, el objeto del proceso, en particular la contrademanda, se relaciona con un terreno ubicado dentro del Refugio de Vida Silvestre Ostional. Sin embargo, señala, solo se incluyó al Estado como parte, dejando por fuera al SINAC, lo cual constituye, un vicio de nulidad que afecta el trámite de la contrademanda. Sostiene, la omisión de integrar al SINAC como parte perjudicó al actor-reconvenido, dado que este órgano tiene conocimientos técnicos sobre aspectos cruciales, como el impacto ambiental de las ocupaciones en el refugio, la existencia de otros ocupantes en condiciones similares, y los planes de manejo que demuestran la viabilidad de ciertas ocupaciones, sin comprometer los objetivos de conservación. Manifiesta, el expediente número 08-008554-0007-CO, y un criterio emitido por el entonces Ministro de Ambiente y Energía, respaldan que el desalojo masivo no es necesario para cumplir los objetivos de conservación del refugio. Agrega, los estudios técnicos realizados por el SINAC establecen zonas de intervención antrópica permitida en el sector terrestre del refugio, lo cual confirma que la ocupación del actor-reconvenido no representa un riesgo ambiental. Por tanto, solicita la anulación parcial del fallo respecto a la contrademanda y la reposición de las actuaciones necesarias para incorporar al SINAC como parte actora. Segunda. Contradicción de la sentencia impugnada con un fallo previo dotado de autoridad de cosa juzgada material, conforme al artículo 72.1.8 del CPC, la cual señala que se interpone de manera subsidiaria, en caso de no prosperar el primer argumento. Sostiene, la sentencia impugnada contradice lo resuelto en el fallo número 2020-2009 de la Sala Constitucional, aclarado y ampliado mediante la resolución número 16892-2009. A su parecer, dicho fallo determinó que únicamente debían ser desalojados del refugio aquellos ocupantes cuya presencia fuera posterior a la creación del área protegida o que afectaran los objetivos de conservación. Afirma, el actor-reconvenido cumple con los requisitos establecidos en el fallo constitucional, pues su ocupación data de 1981, antes de la creación y ampliación del refugio mediante el decreto ejecutivo número 16531-MAG de 1985. Además, señala, las actividades realizadas por el actor en el terreno no comprometen los objetivos de conservación, según lo evidencian los estudios técnicos del SINAC y el Plan General de Manejo del Refugio 2020-2029. Enfatiza, la sentencia recurrida dispone el desalojo y la demolición de las construcciones del actor-reconvenido, medidas que contradicen lo ordenado por la Sala Constitucional, vulnerando la cosa juzgada constitucional y generando un trato discriminatorio frente a otros ocupantes en situaciones análogas. Tercera. Surgimiento de nuevos medios probatorios científicos que desvirtúan las conclusiones de la sentencia, interpuesta conforme al artículo 72.1.12 del CPC. Argumenta, gracias a los avances científicos y tecnológicos, se ha logrado evaluar un elemento esencial en la teoría del caso presentada por la representación estatal en la reconvención; el cual consiste en demostrar que, al inicio de la ocupación por parte del actor-reconvenido, considerando el nivel del mar y la línea de costa, los terrenos ocupados se encontraban fuera de la zona pública. Afirma, fue únicamente como consecuencia de fenómenos naturales fuera del control del actor-reconvenido que se produjo una alteración en la dinámica marítima y geotectónica, modificando tanto el nivel del mar como la línea de costa. En este contexto, expresa, por primera vez, se ha utilizado una metodología científica de reconocimiento internacional para evaluar estas variables en el área de la ocupación objeto de la sentencia cuya nulidad se solicita; en la cual, el análisis derivado de este estudio ha permitido generar hallazgos que desvirtúan varias de las conclusiones que fundamentaron el fallo recurrido. Divide el reparo en tres puntos: 1. Admisibilidad del cargo de nulidad. Refiere a las pruebas técnicas generadas en el proceso judicial de origen, particularmente el informe pericial elaborado el 27 de octubre de 2009 por el ingeniero topógrafo Osvaldo Rodríguez Rodríguez, perito designado por el despacho. Indica, este informe incluye un análisis fotointerpretativo de la línea de costa en el sector de Playa Guiones, entre los mojones 10 y 12, para determinar incursiones o retiros del mar. Sin embargo, afirma, el fallo impugnado otorgó mayor peso probatorio al criterio del Instituto Geográfico Nacional (IGN), desestimando el dictamen pericial judicial. 2. El fondo del cargo. a. Pruebas recabadas en el proceso. Agrega, en el proceso original se evacuaron pruebas periciales tanto judiciales como de parte; estas pruebas eran determinantes para definir si el actor-reconvenido había invadido la zona marítimo-terrestre al iniciar su ocupación, específicamente los 50 metros contados desde la pleamar ordinaria. No obstante, destaca, el tribunal desestimó el valor del peritaje judicial, basándose en el estudio del IGN, que indicaba que el terreno se encontraba en la zona pública. b. Nuevos medios probatorios científicos. Revela, el estudio técnico titulado "Análisis de dinámica costera y condición neotectónica de una propiedad en Playa Guiones Sur" se presenta como prueba novedosa. Considera, dicho estudio, elaborado por los doctores Allan Astorga Gatgens y Andreas Méndez, aplica una metodología científica que no estaba disponible en el momento del proceso judicial, considerando este análisis la dinámica costera y los cambios geotectónicos, y sus hallazgos desvirtúan las conclusiones del IGN. Sugiere, el estudio demuestra que, durante la década de 1970, cuando inició la ocupación del terreno, este no invadía la zona pública según la posición de la línea de costa en ese momento histórico; y los resultados, basados en la interpretación de fotografías aéreas e imágenes satelitales desde 1944 hasta 2022, evidencian que la línea de costa cambió por fenómenos naturales, desplazándose tierra adentro entre 15 y 20 metros en el periodo analizado. Señala, el estudio establece que las edificaciones realizadas en la década de 1970 se localizaron fuera de la zona pública, y fue solo posteriormente, debido a fenómenos naturales, que la línea de costa y la pleamar ordinaria se desplazaron hacia el interior, ubicando dichas edificaciones dentro de la zona pública. Por lo tanto, considera, la ocupación inicial del actor-reconvenido no constituye una invasión de la zona pública, y la sentencia recurrida, al acoger la contrademanda, se fundamenta en premisas incorrectas. 3. Improcedencia de la contrademanda. A su parecer, con base en los nuevos hallazgos, se evidencia que la contrademanda se sustentó en hechos probados que ahora se desvirtúan. Expresa, la ocupación inicial del actor-reconvenido se llevó a cabo de buena fe, fuera de la zona pública y sin responsabilidad por los eventos naturales que alteraron la línea de costa. En atención a lo expuesto, solicita la anulación parcial de la sentencia recurrida, declarando improcedente la contrademanda, y reconociendo la legitimidad de la ocupación inicial del actor bajo las condiciones dinámicas y naturales que caracterizan la zona marítimo-terrestre. Por ello, pide que se anule la sentencia en lo que respecta a la contrademanda y se restablezcan las disposiciones acordes con el fallo vinculante de la Sala Constitucional. V.- La representación del Estado se opuso a la revisión planteada. En síntesis, indica que la revisión no es procedente, ya que el accionante busca anular parcialmente dicha sentencia para que no acoja la reconvención presentada por el Estado, argumentando que su ocupación del terreno dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional es legítima, basada en legislación y precedentes judiciales relacionados con ocupantes de zonas clasificadas como especiales. Sin embargo, afirma, la revisión no cuestionó la resolución 3029-2010-BIS, que complementa la decisión original; además, la pretensión de anular parcialmente la sentencia por no incorporar al SINAC como parte activa es improcedente, toda vez que la normativa vigente al inicio del proceso (Ley 3667/1966) no requería la participación de órganos administrativos con personalidad instrumental. Además, sugiere, los precedentes citados por el actor no son aplicables, ya que los hechos y el marco legal de esos casos difieren del presente asunto. Señala, en cuando a la legitimidad de la ocupación que indica el actor, las pruebas aportadas, incluidas resoluciones administrativas que denegaron los permisos de uso del terreno desde 1998, confirman que las construcciones están ubicadas en zona pública. Continúa, estas resoluciones son firmes y fueron declaradas ajustadas a derecho en la sentencia original. En consecuencia, agrega, las resoluciones 3029-2010 y 3029-2010-BIS mantienen plena validez, denegando tanto la demanda principal, como las pretensiones del actor, respecto a la reconvención del Estado, y la demanda de revisión carece de fundamentos para alterar la decisión. Indica, además, la sentencia 3029-2010 no contraviene ninguna resolución previa con autoridad de cosa juzgada material; el recurso del actor es improcedente por razones de extemporaneidad y fondo, ya que no agotó los recursos legales en su debido momento, conforme al voto 2210-2023 de la Sala Primera. Además, manifiesta, las disposiciones constitucionales y legales invocadas no respaldan sus pretensiones. Por otro lado, añade, se reafirma la obligación de ejecutar sentencias con autoridad de cosa juzgada material, la cual es inmutable y coercible, y según el principio de tutela judicial efectiva, los fallos deben cumplirse plenamente para garantizar la seguridad jurídica y los derechos declarados en ellos. Respecto al voto constitucional 2009-2020, enfatiza, este no reconoció derechos a favor del recurrente dentro del proceso en cuestión, y resoluciones posteriores, como la 1927-2017, ratificaron el rechazo a sus pretensiones. Asimismo, destaca que la legislación aplicable prohíbe la apropiación de bienes de dominio público, como la zona marítimo-terrestre, y reafirma el dominio estatal sobre estas tierras. Postula, no existe lesión a la cosa juzgada, y las resoluciones mencionadas consolidan la autoridad de cosa juzgada ordinaria, cuyo cumplimiento es ineludible. En cuanto a los nuevos medios probatorios científicos, destaca, la solicitud de revisión de la sentencia, basada en un informe técnico de 2023 sobre dinámica costera en Playa Guiones, es improcedente porque el medio probatorio no cumple los requisitos legales para reabrir un proceso mediante esta vía. Sostiene, la prueba presentada no constituye un método científico o tecnológico inexistente al momento de dictarse la sentencia original, sino una reinterpretación de datos históricos ya disponibles y conocidos en el proceso inicial. Revela, las resoluciones del Área de Conservación Tempisque (ACT) denegaron permisos de uso en la Zona Pública conforme a la demarcación del Instituto Geográfico Nacional (IGN) publicada en 1981, declarando ilegales y nulas las construcciones dentro de dicha zona. Indica, la pretensión del actor de obtener permiso para ocupar la zona pública fue rechazada porque infringía la Ley 6043 y la Ley 7317, que regulan el uso común de áreas públicas, y se tuvo por probado que la propiedad del actor estaba afectada por la demarcación de la Zona Pública, como confirmaron estudios técnicos del IGN y el reconocimiento judicial de 2009, así como que las construcciones del actor (piscinas, cabinas, muros, entre otras) invaden la zona delimitada como pública, obstaculizando el libre tránsito durante la marea alta. Expresa, el informe de 2023 no aporta evidencia nueva ni métodos innovadores; se limita a interpretar fotografías aéreas históricas que ya pudieron ser valoradas en el proceso original; y estudios anteriores del IGN, corroborados por peritajes y sentencias previas, descartaron las alegaciones de que las construcciones no estaban en zona pública. Además, señala, la fluctuación de la línea de costa en Playa Guiones ha sido mínima durante las últimas décadas, según informes científicos del IGN, lo que desacredita las afirmaciones del actor sobre supuestos avances significativos del mar. Considera, en conclusión, el intento de reabrir el caso mediante nuevos medios probatorios carece de fundamento, ya que no se presenta una causal válida según el artículo 72.1.12 del Código Procesal Civil, y las resoluciones y sentencias originales mantienen plena validez jurídica. VI.- Del examen de la revisión planteada, esta Cámara no encuentra mérito para su acogida, según se pasa a explicar. El promovente funda su gestión en tres reparos, la primera, inobservancia del debido proceso por falta de integración del litisconsorcio activo necesario, la segunda, contradicción de la sentencia impugnada con un fallo previo dotado de autoridad de cosa juzgada material, y la tercera, surgimiento de nuevos medios probatorios científicos que desvirtúan las conclusiones de la sentencia, conforme a los artículos 72.1.11, 72.1.8 y 72.1.12 del CPC, respectivamente, y las cuales fueron ampliadas en el considerando III. En cuanto al primer reparo, este deberá ser rechazado. El proceso 02-000649-0163-CA se tramitó bajo la Ley Reguladora 3667/1966, que no prevé la intervención de órganos administrativos con personalidad jurídica instrumental. En consecuencia, el 31 de marzo de 2003, el actor promovió la acción únicamente contra el Estado. En la pretensión 13, solicitó la nulidad de los actos del Área de Conservación Tempisque y del MINAE que denegaron su solicitud de permanencia en playa Guiones, mientras que en la pretensión 14, pidió la prórroga del permiso de uso habitacional. Concretamente, impugnó las resoluciones 079-ACT-DR del 11 de septiembre de 2000, 094-ACT-DR del 14 de noviembre de 2000, 06-2002-MINAE del 3 de enero de 2002 y 220-002-MINAE del 19 de abril de 2002. Como prueba aportó el expediente administrativo, donde consta el rechazo de su solicitud para diversas construcciones ubicadas en la zona pública, de acuerdo con el informe del Área de Conservación Tempisque ACT-N107-98, el cual detalla dichas estructuras y su impacto. Solicitó anular parcialmente la sentencia 3029-2010 en lo referente a la contrademanda, manteniendo la validez de las resoluciones 3029-2010 y 3029-2010-BIS, que deniegan la demanda y confirman la legalidad de los actos administrativos cuestionados. El precedente invocado por el actor del caso resuelto por la Sala mediante el voto 191-2022 (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-1108595) no es aplicable. Dicho caso se refiere a un recurso de casación interpuesto por el Estado como tercero interesado en un proceso regido por la Ley 8508, la cual sí contempla la intervención de órganos con personalidad jurídica instrumental (artículo 12.2). Por el contrario, el proceso 02-000649-0163-CA, tramitado con la Ley Reguladora 3667/1966, no preveía dicha intervención. Además, las circunstancias de ambos casos son distintas; en el expediente 11-001511-1027-CA, la Municipalidad de Belén presentó una demanda de lesividad para anular permisos municipales que afectaban un humedal. Allí no hubo demanda contra el Estado, mientras que en el proceso 02-000649-0163-CA, el Estado fue demandado y contrademandó. Tampoco existían precedentes aplicables antes de 2022 que obligaran a integrar al SINAC como actor o reconventor en procesos regidos por la Ley 3667/1966. En definitiva, las resoluciones firmes del Área de Conservación Tempisque, ratificadas por la sentencia 3029-2010, mantienen su validez, y no procede modificar la resolución en virtud de argumentos basados en un precedente posterior y distinto en naturaleza. Ahora, en cuanto al segundo reparo, también resulta improcedente. La alegación sobre trato discriminatorio debe rechazarse, dado que “no existe un derecho a la igualdad en la ilegalidad” y “no puede pretenderse que se deriven derechos de una situación contraria a derecho” (sentencia constitucional 9520-2007 (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-384476), entre otras). La resolución de la Sala Constitucional no. 2020-2009 de las 8 horas 30 minutos del 13 de febrero de 2009 (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-445614), abordó un recurso de amparo presentado por Marvin Rodríguez Varela contra el director del Área de Conservación Tempisque del MINAE, solicitando la aprobación del Plan de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional y el desalojo de ocupantes precarios, salvo aquellos anteriores a 1983. No obstante, en el expediente 02-000649-0163-CA, lo que se discute es la ejecución de un fallo con autoridad de cosa juzgada material dictado en un proceso de conocimiento. La Constitución Política, en su artículo 153, consagra la ejecución de las sentencias como un deber constitucional, exigible por la parte victoriosa para obtener satisfacción plena del derecho reconocido. Los tribunales, conforme al principio de reserva de jurisdicción, tienen la obligación de garantizar que las sentencias sean cumplidas en su totalidad. Este deber forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva, que exige la ejecución de las resoluciones judiciales, para evitar que se conviertan en declaraciones meramente simbólicas, en perjuicio de la seguridad jurídica (Sala Primera, voto 348-2016 de las 10 horas 45 minutos del 27 de abril de 2016 https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-692567). Pretender perpetuar la ocupación indebida de la zona pública constituye un intento de anular el cumplimiento de un fallo firme e inmutable. La cosa juzgada material implica la inmodificabilidad de la sentencia y su carácter coercible, permitiendo a la parte beneficiada exigir su ejecución sin restricción alguna. El demandante alega ser beneficiario de derechos reconocidos en el voto 2020-2009 de la Sala Constitucional; sin embargo, dicho argumento no tiene sustento en los hechos ni en las normas aplicables. El expediente 08-008554-0007-CO no le reconoce ningún derecho, y, por el contrario, la sentencia constitucional 1927-2017 (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-699662) dictada dentro de ese proceso, resolvió en su contra, remitiéndolo a la vía ordinaria, a la cual ya había recurrido en 2002 mediante el expediente 02-000649-0163-CA, donde obtuvo resultados adversos en todas las instancias, culminando con el rechazo de su recurso en el voto de Sala Primera no. 000286-F-S1-2015 de las 9 horas del 6 de marzo de 2015, que le fuera notificado el 21 de mayo de 2015. Finalmente, las disposiciones legales vigentes, incluida la Ley 9348, confirman el dominio estatal sobre las tierras dentro del Refugio, prohibiendo su ocupación en la zona pública por tratarse de bienes de uso común (artículos 3, 8, 11 inciso a) y 20 inciso e). Este núcleo inamovible de la demanialidad litoral ha sido sostenido en múltiples precedentes, como el voto constitucional no. 1997-05210 de las 16 horas del 2 de setiembre de 1997 (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-198042), entre otros. En conclusión, no existe la lesión a la cosa juzgada constitucional alegada por el demandante. Por último, en cuanto al tercer reparo, como bien lo indica la representación estatal, de las 15 pretensiones del actor dentro del proceso original, ninguna impugnó la demarcación de la Zona Pública del Instituto Geográfico Nacional (IGN), que se constató en el reconocimiento judicial de 25 de junio de 2009. El informe técnico aportado en 2023, que analiza la dinámica costera en Playa Guiones con base en imágenes históricas, sugiere que entre 1971 y 1981 el nivel del mar avanzó aproximadamente 20 metros. Sin embargo, el documento aportado por el actor como punto tres de este proceso de revisión, no introduce un método científico o tecnológico inexistente en el momento procesal oportuno, limitándose a reinterpretar datos previamente disponibles, ya que realiza una fotointerpretación histórica y un análisis de la posición de la línea de costa, con fotografías aéreas e imágenes satelitales de entre 1944 y 2022. Finalmente, el estudio técnico del IGN confirma que las variaciones de la línea de costa en Playa Guiones han sido mínimas, lo que refuerza la validez de las resoluciones administrativas y judiciales emitidas. El informe complementario DIG-GGM-INF-071-2024 del IGN ratifica estos hallazgos, demostrando la consistencia científica en la delimitación de la Zona Pública y la legalidad de los actos impugnados. Por lo tanto, no se cumple con los requisitos del artículo 72.1.12 del Código Procesal Civil para admitir una revisión de sentencia. VII.- En mérito de lo expuesto, procederá declarar sin lugar la revisión planteada. Levántese la suspensión de la sentencia no. 3029-2010 de las 13 horas del 30 de julio de 2010, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, dentro del expediente no. 02-000649-0163-CA, la cual fue ordenada mediante resolución de las 16 horas 9 minutos del 5 de setiembre de 2024. De conformidad con el canon 72.7 del CPC, deberá el promovente sufragar las costas, así como los daños y perjuicios que pudo ocasionar con esta gestión. Al existir en la cuenta de este expediente el depósito #14304303 de fecha 11/06/2024, por el monto de siete mil doscientos cinco dólares con setenta y cinco centavos, realizado como garantía de suspensión de la sentencia mencionada supra, gírese ese monto al Estado, por el perjuicio causado por la suspensión efectuada. VIII.- El actor pidió la celebración de la audiencia oral señalada en el canon 69.7.2 del Código Procesal Civil (CPC). En el caso concreto no se estima que dicho trámite sea pertinente. Ello por cuanto, los temas en discusión y su fundamento fueron expresados al momento en que se interpuso el recurso. En consecuencia, la audiencia no aportaría elementos de relevancia para el dictado de la sentencia. Así las cosas, y disponiendo el Código de rito que el señalamiento de tal acto es facultativo para este órgano casacional, se rechazará la solicitud planteada. POR TANTO Se declara sin lugar la revisión planteada. Debe el promovente sufragar las costas generadas con su ejercicio, así como los daños y perjuicios que con esta gestión pudo ocasionar. Levántese la suspensión de la sentencia no. 3029-2010, dentro del expediente no. 02-000649-0163-CA, la cual fue ordenada mediante resolución de las 16 horas 9 minutos del 5 de setiembre de 2024. Del depósito efectuado como garantía de suspensión, gírese el monto de siete mil doscientos cinco dólares con setenta y cinco centavos al Estado. Se rechaza la solicitud de audiencia oral. JZUNIGAAL 47NJC43EIWZFS61 LUIS GUILLERMO RIVAS LOAICIGA - MAGISTRADO/A ZIERHSUYSLK61 MARÍA ROSA CASTRO GARCÍA - MAGISTRADO/A X5YQK3TNJGC61 CARLOS GUILLERMO ZAMORA CAMPOS - MAGISTRADO/A QOYJVGWFRPA61 DAMARIS MARIA VARGAS VASQUEZ - MAGISTRADO/A UF3KZNAWEOE61 IGNACIO JOSE MONGE DOBLES - MAGISTRADO/A Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected] Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:18:30. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Small Normal Large First Chamber of the Court Resolution No. 00317 - 2025 Date of Resolution: March 7, 2025, at 7:32 a.m. Docket: 23-000116-0004-CA Drafted by: Damaris María Vargas Vásquez Type of matter: ORDINARY Analyzed by: FIRST CHAMBER Text of the resolution Exp. 23-000116-0004-CA Res.000317-F-S1-2025 FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at seven hours thirty-two minutes on the seventh of March of two thousand twenty-five. Review brought by CARLOS ROBERTO PÁEZ SOTELA, against judgment no. 3029-2010 of 1:00 p.m. on July 30, 2010, issued by the Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, composed of Judge Billy Araya Olmos, within the declaratory process, docket no. 02-000649-0163-CA, established by him against the State. Appearing as special judicial representatives of the plaintiff are the legal professionals María Lourdes Echandi Gurdián and Aldo Milano Sánchez; and as state representatives, attorneys José Barahona Vargas and Mauricio Castro Lizano. Drafted by Magistrate Vargas Vásquez CONSIDERING I.- Before proceeding to hear the review filed, it is noted that by order issued at 3:34 p.m. on February 28, 2024, this Chamber decided to accept the recusal of Magistrates Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Iris Rocío Rojas Morales, Damaris Vargas Vásquez, and Jorge Leiva Poveda, for having participated in the issuance of the resolution of this Chamber for which the present analysis is requested, in accordance with the provisions of Article 12 of the Código Procesal Civil. By resolution of 11:08 a.m. on April 11, 2024, it was communicated that through drawing no. 12221, substitute Magistrates María Rosa Castro García, Ignacio Monge Dobles, and Jéssica Jiménez Ramírez were selected to hear this matter. Likewise, due to a lack of available substitute magistrates, Magistrate Luis Guillermo Rivas Loáiciga was enabled to hear this matter. However, upon the conclusion of the appointment period of professional Jéssica Jiménez Ramírez as substitute magistrate, by order of 11:55 a.m. on July 18, 2024, Magistrate Damaris Vargas Vásquez was enabled to hear this process. II.- On November 3, 2023, Dr. María Lourdes Echandi Gurdián and Dr. Aldo Milano Sánchez filed the present review complaint on behalf of the plaintiff Carlos Roberto Páez Sotela, which was admitted by this Chamber by order of 1:27 p.m. on May 3, 2024. The State was given notice of this complaint in that same resolution. On July 5, 2024, state attorneys José Barahona Vargas and Mauricio Castro Lizano answered the cited review, opposing it. By resolution of 4:09 p.m. on September 5, 2024, this Chamber granted the precautionary measure requested by the plaintiff and ordered the suspension of judgment no. 3029-2010 of 1:00 p.m. on July 30, 2010, issued by the Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, within docket no. 02-000649-0163-CA. III.- It is pertinent to recall that, as prescribed by canon 154, subsection 1) of the Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), the extraordinary review appeal is governed by the rules established for civil process with the respective exceptions. Thus, in accordance with Article 72.1 of the Código Procesal Civil, “Review will proceed against pronouncements that have the effect of substantive res judicata (cosa juzgada material), provided that any of the following grounds exist: …”. Its purpose is to combat the procedural effects of the judgment, specifically the provisions of numeral 64 of the cited legal body. Furthermore, the principle of taxativity of grounds applies, as the appellant can only invoke a reason authorized by the legislator. It is the responsibility of this Chamber to verify the concurrence of both requirements and, in the event of non-compliance, order the outright rejection of the appeal. Likewise, for admissibility purposes, the deadline for filing the review complaint must be considered, all in accordance with the different hypotheses contained in cardinals 30 and 72 ibid. IV.- In this case, the petitioner seeks a review of judgment no. 3029-2010 of 1:00 p.m. on July 30, 2010, issued by the Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. He states that, in strict observance of the principle of taxativity of the grounds for annulment established in Article 72.1 of the Código Procesal Civil (CPC), applicable according to the provisions of Article 154.1 of the Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), he bases this review on the following three grounds: First. Violation of due process due to lack of integration of the necessary active joinder (litisconsorcio activo necesario), according to Article 72.1.11 of the CPC. He points out that this Chamber has held that when the object of the process affects assets of the State's natural heritage, it is essential to incorporate the Ministry of Environment and Energy and its National System of Conservation Areas (MINAE-SINAC) as part of the active joinder, regardless of whether the State is a party to the process. As precedent, he cites judgment number 000191-2022 of the First Chamber, in which the omission to assess the protection of a wetland was considered as a reason to require the integration of SINAC together with the State as co-plaintiffs. He alleges that, in the present case, the object of the process, particularly the counterclaim (contrademanda), relates to a piece of land located within the Ostional Wildlife Refuge. However, he points out, only the State was included as a party, leaving SINAC out, which constitutes a defect of nullity that affects the processing of the counterclaim. He maintains that the omission to integrate SINAC as a party harmed the plaintiff-counterclaim defendant, given that this body has technical knowledge of crucial aspects, such as the environmental impact of occupations in the refuge, the existence of other occupants in similar conditions, and the management plans that demonstrate the viability of certain occupations, without compromising conservation objectives. He states that docket number 08-008554-0007-CO, and an opinion issued by the then Minister of Environment and Energy, support that mass eviction is not necessary to meet the refuge's conservation objectives. He adds that the technical studies carried out by SINAC establish zones of permitted anthropic intervention in the terrestrial sector of the refuge, which confirms that the plaintiff-counterclaim defendant's occupation does not represent an environmental risk. Therefore, he requests the partial annulment of the judgment regarding the counterclaim and the repetition of the necessary proceedings to incorporate SINAC as a plaintiff. Second. Contradiction of the challenged judgment with a prior judgment vested with the authority of substantive res judicata, in accordance with Article 72.1.8 of the CPC, which he indicates is filed in the alternative, should the first argument fail. He maintains that the challenged judgment contradicts what was decided in ruling number 2020-2009 of the Constitutional Chamber, clarified and expanded through resolution number 16892-2009. In his view, that ruling determined that only those occupants whose presence was subsequent to the creation of the protected area or who affected the conservation objectives should be evicted from the refuge. He affirms that the plaintiff-counterclaim defendant meets the requirements established in the constitutional ruling, as his occupation dates back to 1981, before the creation and expansion of the refuge through executive decree number 16531-MAG of 1985. Furthermore, he points out, the activities carried out by the plaintiff on the land do not compromise the conservation objectives, as evidenced by SINAC's technical studies and the General Management Plan of the Refuge 2020-2029. He emphasizes that the appealed judgment orders the eviction and demolition of the plaintiff-counterclaim defendant's constructions, measures that contradict what was ordered by the Constitutional Chamber, violating constitutional res judicata and generating discriminatory treatment compared to other occupants in analogous situations. Third. Emergence of new scientific evidence that disproves the conclusions of the judgment, filed in accordance with Article 72.1.12 of the CPC. He argues that, thanks to scientific and technological advances, it has been possible to evaluate an essential element in the theory of the case presented by the state representation in the counterclaim; which consists of demonstrating that, at the beginning of the occupation by the plaintiff-counterclaim defendant, considering the sea level and the coastline, the occupied lands were located outside the public zone (zona pública). He affirms that it was only as a consequence of natural phenomena beyond the plaintiff-counterclaim defendant's control that an alteration in maritime and geotectonic dynamics occurred, modifying both the sea level and the coastline. In this context, he states, for the first time, an internationally recognized scientific methodology has been used to evaluate these variables in the area of the occupation that is the object of the judgment whose annulment is requested; in which, the analysis derived from this study has allowed the generation of findings that disprove several of the conclusions that underpinned the appealed judgment. He divides the objection into three points: 1. Admissibility of the ground for annulment. He refers to the technical evidence generated in the original judicial process, particularly the expert report prepared on October 27, 2009, by surveyor engineer Osvaldo Rodríguez Rodríguez, expert appointed by the court. He indicates that this report includes a photointerpretive analysis of the coastline in the Playa Guiones sector, between markers 10 and 12, to determine incursions or retreats of the sea. However, he affirms, the challenged judgment gave greater evidentiary weight to the criterion of the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional, IGN), dismissing the judicial expert opinion. 2. The substance of the ground. a. Evidence gathered in the process. He adds that in the original process, both judicial and party expert evidence was produced; this evidence was decisive in defining whether the plaintiff-counterclaim defendant had invaded the maritime-terrestrial zone (zona marítimo-terrestre) at the start of his occupation, specifically the 50 meters measured from the ordinary high tide line. However, he highlights, the court dismissed the value of the judicial expert report, based on the IGN study, which indicated that the land was located in the public zone. b. New scientific evidence. He reveals that the technical study titled “Coastal Dynamics and Neotectonic Condition Analysis of a Property in Playa Guiones Sur” is presented as novel evidence. He considers that this study, prepared by Drs. Allan Astorga Gatgens and Andreas Méndez, applies a scientific methodology that was not available at the time of the judicial process, with this analysis considering coastal dynamics and geotectonic changes, and its findings disprove the IGN's conclusions. He suggests that the study demonstrates that, during the 1970s, when the occupation of the land began, this did not invade the public zone according to the position of the coastline at that historical moment; and the results, based on the interpretation of aerial photographs and satellite images from 1944 to 2022, show that the coastline changed due to natural phenomena, moving inland between 15 and 20 meters in the period analyzed. He points out that the study establishes that the buildings constructed in the 1970s were located outside the public zone, and it was only subsequently, due to natural phenomena, that the coastline and the ordinary high tide line shifted inland, placing these buildings within the public zone. Therefore, he considers that the initial occupation of the plaintiff-counterclaim defendant does not constitute an invasion of the public zone, and the appealed judgment, by upholding the counterclaim, is based on incorrect premises. 3. Impropriety of the counterclaim. In his view, based on the new findings, it is evident that the counterclaim was based on proven facts that are now disproved. He states that the initial occupation of the plaintiff-counterclaim defendant was carried out in good faith, outside the public zone and without responsibility for the natural events that altered the coastline. In view of the foregoing, he requests the partial annulment of the appealed judgment, declaring the counterclaim improper, and recognizing the legitimacy of the plaintiff's initial occupation under the dynamic and natural conditions characterizing the maritime-terrestrial zone. For this reason, he requests that the judgment be annulled with respect to the counterclaim and that the provisions consistent with the binding ruling of the Constitutional Chamber be restored. V.- The representation of the State opposed the review filed. In summary, it indicates that the review is not admissible, as the plaintiff seeks to partially annul said judgment so that it does not uphold the counterclaim filed by the State, arguing that his occupation of the land within the Ostional National Wildlife Refuge is legitimate, based on legislation and judicial precedents related to occupants of zones classified as special. However, it affirms, the review did not question resolution 3029-2010-BIS, which complements the original decision; furthermore, the claim to partially annul the judgment for not incorporating SINAC as an active party is improper, given that the regulations in force at the start of the process (Ley 3667/1966) did not require the participation of administrative bodies with instrumental legal personality. Furthermore, it suggests, the precedents cited by the plaintiff are not applicable, since the facts and legal framework of those cases differ from the present matter. It points out, regarding the legitimacy of the occupation indicated by the plaintiff, the evidence provided, including administrative resolutions that denied land use permits since 1998, confirms that the constructions are located in the public zone. It continues, these resolutions are final and were declared lawful in the original judgment. Consequently, it adds, resolutions 3029-2010 and 3029-2010-BIS remain fully valid, denying both the main claim and the plaintiff's claims regarding the State's counterclaim, and the review complaint lacks grounds to alter the decision. It also indicates that judgment 3029-2010 does not contravene any prior resolution with the authority of substantive res judicata; the plaintiff's appeal is improper for reasons of timeliness and substance, as he did not exhaust legal remedies in due time, in accordance with ruling 2210-2023 of the First Chamber. Furthermore, it states that the constitutional and legal provisions invoked do not support his claims. On the other hand, it adds, the obligation to execute judgments with the authority of substantive res judicata is reaffirmed, which is immutable and enforceable, and according to the principle of effective judicial protection, judgments must be fully complied with to guarantee legal certainty and the rights declared therein. Regarding constitutional ruling 2009-2020, it emphasizes that this did not recognize rights in favor of the appellant within the process in question, and subsequent resolutions, such as 1927-2017, ratified the rejection of his claims. Likewise, it highlights that the applicable legislation prohibits the appropriation of public domain assets, such as the maritime-terrestrial zone, and reaffirms state ownership over these lands. It postulates that there is no injury to res judicata, and the aforementioned resolutions consolidate the authority of ordinary res judicata, the fulfillment of which is unavoidable. Regarding the new scientific evidence, it highlights that the request for review of the judgment, based on a 2023 technical report on coastal dynamics in Playa Guiones, is improper because the evidence does not meet the legal requirements to reopen a process through this channel. It maintains that the evidence presented does not constitute a scientific or technological method nonexistent at the time the original judgment was issued, but rather a reinterpretation of historical data already available and known in the initial process. It reveals that the resolutions of the Área de Conservación Tempisque (ACT) denied use permits in the Public Zone in accordance with the demarcation of the Instituto Geográfico Nacional (IGN) published in 1981, declaring the constructions within said zone illegal and null. It indicates that the plaintiff's claim to obtain a permit to occupy the public zone was rejected because it violated Ley 6043 and Ley 7317, which regulate the common use of public areas, and it was established as proven that the plaintiff's property was affected by the demarcation of the Public Zone, as confirmed by technical studies of the IGN and the judicial inspection of 2009, as well as that the plaintiff's constructions (pools, cabins, walls, among others) invade the zone delimited as public, obstructing free transit during high tide. It states that the 2023 report does not provide new evidence or innovative methods; it merely interprets historical aerial photographs that could already have been assessed in the original process; and previous IGN studies, corroborated by expert reports and prior judgments, dismissed the allegations that the constructions were not in the public zone. Furthermore, it points out that the fluctuation of the coastline at Playa Guiones has been minimal over the last decades, according to scientific reports from the IGN, which discredits the plaintiff's claims about supposed significant advances of the sea. It considers, in conclusion, that the attempt to reopen the case through new evidence lacks foundation, since a valid ground according to Article 72.1.12 of the Código Procesal Civil is not presented, and the original resolutions and judgments retain full legal validity. VI.- From the examination of the review filed, this Chamber finds no merit for its acceptance, as will be explained below. The petitioner bases his action on three objections: the first, violation of due process due to lack of integration of the necessary active joinder; the second, contradiction of the challenged judgment with a prior judgment vested with the authority of substantive res judicata; and the third, emergence of new scientific evidence that disproves the conclusions of the judgment, in accordance with Articles 72.1.11, 72.1.8, and 72.1.12 of the CPC, respectively, which were detailed in Considering III. As for the first objection, it must be rejected. Process 02-000649-0163-CA was processed under Ley Reguladora 3667/1966, which does not provide for the intervention of administrative bodies with instrumental legal personality. Consequently, on March 31, 2003, the plaintiff brought the action solely against the State. In claim 13, he requested the annulment of the acts of the Área de Conservación Tempisque and MINAE that denied his application for permanence in Playa Guiones, while in claim 14, he requested the extension of the residential use permit. Specifically, he challenged resolutions 079-ACT-DR of September 11, 2000, 094-ACT-DR of November 14, 2000, 06-2002-MINAE of January 3, 2002, and 220-002-MINAE of April 19, 2002. As evidence, he provided the administrative file, which records the rejection of his application for various constructions located in the public zone, according to the report of the Área de Conservación Tempisque ACT-N107-98, which details these structures and their impact. He requested the partial annulment of judgment 3029-2010 regarding the counterclaim, maintaining the validity of resolutions 3029-2010 and 3029-2010-BIS, which deny the complaint and confirm the legality of the challenged administrative acts. The precedent invoked by the plaintiff from the case resolved by the Chamber through ruling 191-2022 (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-1108595) is not applicable. That case refers to an appeal for cassation (recurso de casación) filed by the State as an interested third party in a process governed by Ley 8508, which does contemplate the intervention of bodies with instrumental legal personality (Article 12.2). In contrast, process 02-000649-0163-CA, processed under Ley Reguladora 3667/1966, did not provide for such intervention. Furthermore, the circumstances of both cases are different; in docket 11-001511-1027-CA, the Municipality of Belén filed a claim for lesivity to annul municipal permits that affected a wetland. There, there was no complaint against the State, whereas in process 02-000649-0163-CA, the State was sued and filed a counterclaim. Nor were there applicable precedents before 2022 that mandated integrating SINAC as a plaintiff or counterclaimant in processes governed by Ley 3667/1966. In short, the final resolutions of the Área de Conservación Tempisque, ratified by judgment 3029-2010, maintain their validity, and it is not appropriate to modify the resolution based on arguments based on a subsequent precedent different in nature. Now, as for the second objection, it is also improper. The allegation of discriminatory treatment must be rejected, given that “there is no right to equality in illegality” and “it cannot be intended that rights derive from a situation contrary to law” (constitutional judgment 9520-2007 (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-384476), among others). Constitutional Chamber resolution no. 2020-2009 of 8:30 a.m. on February 13, 2009 (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-445614), addressed a writ of amparo filed by Marvin Rodríguez Varela against the director of the Área de Conservación Tempisque of MINAE, requesting the approval of the Management Plan for the Ostional National Wildlife Refuge and the eviction of precarious occupants, except those prior to 1983. However, in docket 02-000649-0163-CA, what is being discussed is the execution of a judgment with the authority of substantive res judicata issued in a plenary proceeding. The Political Constitution, in its Article 153, enshrines the execution of judgments as a constitutional duty, enforceable by the prevailing party to obtain full satisfaction of the recognized right. Courts, in accordance with the principle of reservation of jurisdiction, have the obligation to guarantee that judgments are fulfilled in their entirety. This duty is part of the right to effective judicial protection, which demands the execution of judicial resolutions, to prevent them from becoming merely symbolic declarations, to the detriment of legal certainty (First Chamber, ruling 348-2016 of 10:45 a.m. on April 27, 2016 https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-692567). Attempting to perpetuate the undue occupation of the public zone constitutes an attempt to annul the fulfillment of a firm and immutable judgment. Substantive res judicata implies the unmodifiability of the judgment and its enforceable nature, allowing the benefited party to demand its execution without any restriction. The plaintiff claims to be a beneficiary of rights recognized in ruling 2020-2009 of the Constitutional Chamber; however, that argument has no basis in the facts or in the applicable rules. Docket 08-008554-0007-CO does not recognize any right to him, and, to the contrary, constitutional judgment 1927-2017 (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-699662) issued within that process, was resolved against him, referring him to the ordinary courts, to which he had already appealed in 2002 through docket 02-000649-0163-CA, where he obtained adverse results in all instances, culminating with the rejection of his appeal in First Chamber ruling no. 000286-F-S1-2015 of 9:00 a.m. on March 6, 2015, which was notified to him on May 21, 2015. Finally, the current legal provisions, including Ley 9348, confirm state ownership over the lands within the Refuge, prohibiting their occupation in the public zone as they are assets for common use (articles 3, 8, 11 subsection a) and 20 subsection e). This immutable core of coastal public domain (demanialidad litoral) has been upheld in multiple precedents, such as constitutional ruling no. 1997-05210 of 4:00 p.m. on September 2, 1997 (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-198042), among others. In conclusion, the injury to constitutional res judicata alleged by the plaintiff does not exist. Finally, regarding the third objection, as the state representation correctly indicates, of the 15 claims of the plaintiff within the original process, none challenged the demarcation of the Public Zone by the Instituto Geográfico Nacional (IGN), which was verified in the judicial inspection of June 25, 2009. The technical report provided in 2023, which analyzes the coastal dynamics in Playa Guiones based on historical images, suggests that between 1971 and 1981 the sea level advanced approximately 20 meters. However, the document provided by the plaintiff as point three of this review process does not introduce a scientific or technological method nonexistent at the appropriate procedural time, merely reinterpreting previously available data, as it performs a historical photointerpretation and an analysis of the coastline position, with aerial photographs and satellite images from between 1944 and 2022. Finally, the IGN technical study confirms that the coastline variations at Playa Guiones have been minimal, reinforcing the validity of the issued administrative and judicial resolutions. The IGN supplementary report DIG-GGM-INF-071-2024 ratifies these findings, demonstrating the scientific consistency in the delimitation of the Public Zone and the legality of the challenged acts. Therefore, the requirements of Article 72.1.12 of the Código Procesal Civil for admitting a review of judgment are not met. VII.- In view of the foregoing, the review filed will be declared without merit. The suspension of judgment no. 3029-2010 of 1:00 p.m. on July 30, 2010, issued by the Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, within docket no. 02-000649-0163-CA, which was ordered by resolution of 4:09 p.m. on September 5, 2024, is lifted. In accordance with canon 72.7 of the CPC, the petitioner must bear the costs, as well as the damages and losses that this action may have caused. As deposit #14304303 dated 06/11/2024, in the amount of seven thousand two hundred five dollars and seventy-five cents, made as security for the suspension of the aforementioned judgment, exists in the account of this docket, that amount shall be transferred to the State for the harm caused by the suspension carried out. VIII.- The plaintiff requested the holding of the oral hearing indicated in canon 69.7.2 of the Código Procesal Civil (CPC). In this specific case, this procedure is not deemed pertinent. This is because the issues under discussion and their basis were expressed at the time the appeal was filed. Consequently, the hearing would not provide relevant elements for the issuance of the judgment. Thus, as the procedural Code establishes that the scheduling of such an act is discretionary for this cassation body, the request made will be denied. THEREFORE The review filed is declared without merit. The petitioner must bear the costs generated by its exercise, as well as the damages and losses that this action may have caused. The suspension of judgment no. 3029-2010, within docket no. 02-000649-0163-CA, which was ordered by resolution of 4:09 p.m. on September 5, 2024, is lifted. From the deposit made as security for the suspension, the amount of seven thousand two hundred five dollars and seventy-five cents shall be transferred to the State. The request for an oral hearing is denied. JZUNIGAAL 47NJC43EIWZFS61 LUIS GUILLERMO RIVAS LOAICIGA - MAGISTRADO/A ZIERHSUYSLK61 MARÍA ROSA CASTRO GARCÍA - MAGISTRADO/A X5YQK3TNJGC61 CARLOS GUILLERMO ZAMORA CAMPOS - MAGISTRADO/A QOYJVGWFRPA61 DAMARIS MARIA VARGAS VASQUEZ - MAGISTRADO/A UF3KZNAWEOE61 IGNACIO JOSE MONGE DOBLES - MAGISTRADO/A Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected] Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:18:30. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República