Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)III.- En este caso en estudio, hay que determinar si el conocimiento de este proceso corresponde a la jurisdicción Agraria o a la Contenciosa Administrativa y Civil de Hacienda. [...] En el presente proceso, lo que se pretende es que se decrete la usucapion sobre un bien inmueble en apariencia de naturaleza pública. Dicho bien, tiene una tamaño de un millón trescientos veintisiete mil ciento cincuenta metros cuadrados (1.327.150 m²), se localiza en su totalidad dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Barra de Colorado, creado mediante Decreto Ejecutivo número 16358 del 4 de junio de 1985 y según la parte actora, dicho terreno es de bosque y por ello con fundamento en dicho decreto y lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley Forestal número 7554, establece que el patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales de las áreas declaradas inalienables, por lo que en virtud de que supuestamente el bien es demanial y corresponde al interés público, y estar de por medio la discusión de quien tiene los legítimos derechos sobre el fundo, se estima que este proceso debe conocerse ante la jurisdicción Contenciosa Administrativa (según numeral 108 Ley de Biodiversidad), extensiva a cualquier asunto en los que el Estado tenga interés directo. Así las cosas, según lo preceptuado en el canon 1 y 2 del Código Procesal Contencioso Administrativo, no cabe duda de que se trata de un asunto sometido a la jurisdicción Contencioso Administrativa, propiamente al Tribunal Procesal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.
English (translation)III.- In the case under review, we must determine whether this proceeding falls under the Agrarian Jurisdiction or the Contentious-Administrative and Civil Treasury Jurisdiction. [...] The main claim seeks a declaration of usucapion over a property that appears to be of a public nature. That property measures one million three hundred twenty-seven thousand one hundred fifty square meters (1,327,150 m²) and is located entirely within the Barra del Colorado National Wildlife Refuge, created by Executive Decree No. 16358 of June 4, 1985. According to the plaintiff, the land is forested; therefore, under that decree and Articles 13 and 14 of Forestry Law No. 7554, the State's natural heritage consists of the forests and forested lands within national reserves and areas declared inalienable. Given that the property is allegedly public domain and involves the public interest, and that the dispute concerns who holds legitimate rights over the land, this proceeding must be heard by the Contentious-Administrative Jurisdiction (pursuant to Article 108 of the Biodiversity Law), which extends to any matter in which the State has a direct interest. Accordingly, under Articles 1 and 2 of the Contentious-Administrative Procedure Code, there is no doubt that this is a matter subject to the Contentious-Administrative Jurisdiction, specifically the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal.
Jurisdiction to Contentious-Administrative
Grande Normal Pequeña Sala Primera de la Corte Resolución Nº 00745 - 2025 Fecha de la Resolución: 30 de Abril del 2025 a las 10:33 Expediente: 23-000049-0507-AG Redactado por: Luis Guillermo Rivas Loáiciga Clase de asunto: ORDINARIO Analizado por: SALA PRIMERA Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Agrario Tema: Conflicto de competencia Subtemas: Bien demanial. Interés estatal. Se pretende se decrete la usucapión sobre un inmueble, con una medida de 1.327.150 metros cuadrados, en apariencia de naturaleza pública, pues se localiza en su totalidad dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Barra de Colorado. Según la actora, dicho terreno es de bosque y por ello, con fundamento en el Decreto Ejecutivo 16358 y los artículos 13 y 14 de la Ley Forestal, (el patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales de las áreas declaradas inalienables), en virtud de que supuestamente el bien es demanial y corresponde al interés público, y al estar discutiéndose quien tiene los legítimos derechos sobre el fundo, se estima que este proceso debe conocerse ante la jurisdicción Contenciosa Administrativa (numerales 1 y 2 Código Procesal Contencioso Administrativo y 108 Ley de Biodiversidad), propiamente en el Tribunal Procesal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (voto 745-C-2025). ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Texto de la resolución Exp. 23-000049-0507-AG Res. 000745-C-S1-2025 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas treinta y tres minutos del treinta de abril de dos mil veinticinco .- En proceso agrario de usucapión del señor MARCO TULIO CALDERÓN BADILLA, quien ejerce a la vez su representación letrada, contra la JUNTA ADMINISTRADORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA (JAPDEVA), representada por la procuradora Susana Fallas Cubero, el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Pococí), se inhibió de conocer del asunto, por considerar que le corresponde al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. El Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, rechazó la inhibitoria del a-quo. La representante de la parte demandada en desacuerdo presentó recurso de disconformidad por lo que se envió el asunto en consulta ante esta Sala. CONSIDERANDO I.- La parte actora interpuso proceso ordinario agrario donde solicita que en sentencia se declare: “1.- Que al suscrito le asiste el legítimo derecho de posesión sobre el lote de terreno situado en el distrito quinto Colorado, cantón segundo Pococí de la provincia de Limón y que se describe como terreno de montaña, potrero, tacotales, cultivado con coco, mango, guanaba (sic), limones, y otros y sobre el cual se ha edificado un módulo de tres habitaciones, otro módulo de rancho, cocina, rancho asador y una habitación, otro módulo de vivienda del cuidador y bodega, un rancho tipo muelle y la instalación de un transformador para electricidad así como un pozo de agua. Que dicha posesión la ha ejercido sumando la posesión de los anteriores ocupantes, por tiempos inmemoriales pero que se tiene indicios de haber sido ocupada desde antes del año 1959, así como se tiene registro de haber sido objeto de levantamiento topográfico desde 1974, año en que se obtuvo el plano catastrado número L-10412 -74. 2.- Que dicho derecho de posición es amparado por el inciso d) del artículo 11 de la Ley de Tierras y Colonización 2825 y sus reformas, así como por los artículos 277 a 278 del Código Civil. 3.- Que, comprobado el derecho de usucapión, se ordene la inscripción en el Registro de la Propiedad a mi nombre la finca que es terreno de montaña, potrero y cultivos, con varios cultivos.”. El Estado se apersonó al proceso y formuló las siguientes pretensiones para que en sentencia se declare: “Petitoria: Con base en lo expuesto, solicitamos declarar en sentencia: 1) Es de dominio público estatal el terreno descrito en el plano L-10412-1974, donde regirán las potestades de autotutela demanial a cargo de la Administración activa competente (MINAE-SINAC), por carecer el actor de justo título anterior a la afectación demanial. 2) El actor carece de concesión válida y eficaz en la porción de la isla de la Laguna Samay que comprende el plano L-10412-1974. 3) JAPDEVA carece de competencias de administración sobre el terreno descrito en el plano L-10412-1974, por constituir Patrimonio Natural del Estado integrado por el Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado. 4) En caso de oposición se impondrán ambas costas y sus intereses.” (Según escrito de demanda inicial de 02/03/2023 visible en autos y escrito de disconformidad de 22/07/2024). II.- El Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Pococí), mediante resolución número 2023000068 de las once horas cuarenta y un minutos del tres de marzo de dos mil veintitrés, se inhibió de conocer del proceso, en lo que interesa señaló: "III) En el presente caso, estima el suscrito Juzgador que nos encontramos ante un proceso ordinario que debe de ser tramitado ante el Tribunal Contencioso Administrativo, en razón de que el inmueble objeto de litis se encuentra dentro de la finca graficada en la provincia de Limón, matrícula 96658, derecho 000, ello según el dicho del accionante y la documental que para comprobar su dicho aporta y en la cual es posible observar que la naturaleza del inmueble es PARQUE NACIONAL TORTUGUERO, por lo que se trata de un bien demanial según el uso al que está destinado. Por lo tanto, se infiere de lo dicho, trata de un bien de dominio público, perdiendo dicho bien la condición prevista dentro del ordenamiento jurídico agrario -con relación a fundo rústico o fundo agrario como se ha conocido jurisprudencialmente para que el mismo sea conocido dentro de este ámbito de competencia. De ahí que, considera esta autoridad que no corresponde a este Despacho Agrario conocer de este asunto, pues el mismo debe ser conocido por el Tribunal Contencioso Administrativo para su debida tramitación. IV.) Por lo expuesto, considera el suscrito juzgador, debe declararse la inhibitoria para tramitar este proceso y ordenar su remisión inmediata al Tribunal Agrario, a fin de que sea éste quien defina la competencia del mismo.”. El caso fue remitido al Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José que mediante voto número 2023000219 del veintiuno horas cincuenta minutos del trece de marzo de dos mil veintitrés, rechazó la inhibitoria del a-quo, en lo conducente indicó: “III. En el presente asunto se tiene como pretensión principal la declaratoria de usucapión sobre el inmueble inscrito en el Registro Público matrícula 7-96658-000 a nombre de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), cuya naturaleza se describe como Parque Nacional de Tortuguero. Solicita se declare la usucapión a su favor ordenándose se inscriba a su nombre el fundo en litigio, que es propietario poseedor del mismo ejerciendo una actividad agraria, agroambiental y agroturística, dado ha cultivado guanábana, limón ácido, pasto y otros cultivos menores, la edificación de un módulo de tres habitaciones, rancho-muelle, entre otras construcciones, y también es terreno de montaña en un 80%, por lo que pretende se ordene al Registro Público traspasar e inscribir el terreno en litigio a su nombre. El fundo sobre el cual se indica se usurcapió es terreno eminentemente dedicado a actividades agrarias, agroambientales y agroturísticas y su naturaleza es de montaña con medidas de más de veinticinco hectáreas aproximadamente. Si se observa la relación de hechos de la demanda se pretende usucapir parte de un bien que por su naturaleza y aptitud es un fundo agrario. De lo anterior se desprende que está de por medio una actividad principal de producción agraria ambiental y agroturística, por lo que conforme a los artículos 1 y 2 de la Ley de Jurisdicción Agraria forma parte de la competencia de los tribunales agrarios. Ciertamente, se está demandando a un ente Estatal como lo es JAPDEVA y existe norma expresa en la Ley Orgánica del Poder Judicial que otorga la competencia material sobre esos asuntos a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, lo mismo que el ordinal 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo; no obstante, ello no es obstáculo para que, por la especialidad de la materia agraria el asunto se tramite en esta sede... Aunado a lo anterior, se está en presencia de fundos destinados a una actividad agraria de producción y desarrollo sostenible, por ende, es un asunto estrictamente competencia de los tribunales agrarios, concretamente, del Juzgado de origen ante la ubicación del fundo. IV.- Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 16 de la Ley de Jurisdicción Agraria, debe improbarse la inhibitoria declarada por el a-quo, al ser un asunto propio de la materia agraria. Devuélvase el expediente al Juzgado de origen para que lo fenezca según corresponda.”. Disconforme con la resolución anterior, la representante estatal alegó: “b) El actor pide se declare un derecho de posesión y propiedad en su favor contra la propiedad inscrita bajo el número 7-96658, plano L-1-1977. Sin embargo, el terreno en litigio es de dominio público por estar localizado dentro de la Isla Samay (Ley 276/1942, artículos 3 inciso VI y 75; Ley 2825/1961, artículo 7 inciso c) y Ley 6043/1977, artículos 1, 7, 9 y 10); dentro de los 10 km de los artículos 23 de la Ley 3091/1963 y 41 inciso b) de la Ley 5337/1973, y es Patrimonio Natural del Estado integrado por el Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado (Ley 4465/1969, artículos 18, 19, 28, 40, 41; Ley 7575/1995, numerales 13 y 14; Decreto 16358, La Gaceta 141 de 26 de julio de 1985). c) El Estado se apersonó al proceso y formuló pretensiones propias… d) Las normas especiales de distribución de la competencia de los artículos 108 de la Ley de Biodiversidad y 2, incisos b), e), f), 36, incisos a) y b) de la Ley 8508, atribuyen el conocimiento de esas pretensiones estatales al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Ante ello, solicitamos acoger nuestra disconformidad y la inhibitoria del A quo consignada en la resolución de 11 horas 41 minutos del 3 de marzo de 2023, y remitir los autos al Despacho en mención.”. En razón de lo anterior, el veintidós de julio de dos mil veinticuatro, ingresó el asunto en consulta ante esta Sala. III.- En este caso en estudio, hay que determinar si el conocimiento de este proceso corresponde a la jurisdicción Agraria o a la Contenciosa Administrativa y Civil de Hacienda. Esta Sala analiza la competencia agraria en función de las normas establecidas tanto en el artículo 1 del Código Procesal Agrario, cuando establece que la jurisdicción agraria tiene por objeto tutelar las situaciones y las relaciones jurídicas que se susciten con respecto al desarrollo de las actividades de producción agraria de animales, vegetales u otros organismos. Además, de las actividades de transformación, industrialización, valorización y comercialización de productos agrarios, su trazabilidad, así como las auxiliares a estas, referidas a actos y contratos propios del ejercicio de la actividad agraria y el desarrollo rural. Asimismo, de conformidad con lo estipulado en el ordinal 2 del mismo Código, corresponde a los tribunales agrarios conocer: "1) Derechos reales y personales sobre bienes agrarios, destinados o aptos para el desarrollo de actividades y servicios agrarios, así como los vinculados a su tutela y aprovechamiento...". En el presente proceso, lo que se pretende es que se decrete la usucapion sobre un bien inmueble en apariencia de naturaleza pública. Dicho bien, tiene una tamaño de un millón trescientos veintisiete mil ciento cincuenta metros cuadrados (1.327.150 m²), se localiza en su totalidad dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Barra de Colorado, creado mediante Decreto Ejecutivo número 16358 del 4 de junio de 1985 y según la parte actora, dicho terreno es de bosque y por ello con fundamento en dicho decreto y lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley Forestal número 7554, establece que el patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales de las áreas declaradas inalienables, por lo que en virtud de que supuestamente el bien es demanial y corresponde al interés público, y estar de por medio la discusión de quien tiene los legítimos derechos sobre el fundo, se estima que este proceso debe conocerse ante la jurisdicción Contenciosa Administrativa (según numeral 108 Ley de Biodiversidad), extensiva a cualquier asunto en los que el Estado tenga interés directo. Así las cosas, según lo preceptuado en el canon 1 y 2 del Código Procesal Contencioso Administrativo, no cabe duda de que se trata de un asunto sometido a la jurisdicción Contencioso Administrativa, propiamente al Tribunal Procesal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. POR TANTO Se declara que el conocimiento de este proceso corresponde al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, al que se remite el expediente para su tramitación y fenecimiento. jorozcof Rocío Rojas Morales Damaris Vargas Vásquez Jorge Leiva Poveda Carlos Guillermo Zamora Campos Maria Rosa Castro Garcia Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- FOJ43M4MUG47I61 Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected] Clasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:32:38. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Large Normal Small Sala Primera de la Corte Resolution No. 00745 - 2025 Date of Resolution: April 30, 2025, at 10:33 a.m. Docket: 23-000049-0507-AG Drafted by: Luis Guillermo Rivas Loáiciga Type of matter: ORDINARY Analyzed by: SALA PRIMERA Content of Interest: Content type: Unanimous vote Branch of Law: Agrarian Topic: Conflict of jurisdiction Subtopics: Public domain property (Bien demanial). State interest. It is sought that usucapion be decreed over a property, measuring 1,327,150 square meters, apparently of a public nature, as it is located entirely within the Refugio Nacional de Vida Silvestre de Barra de Colorado. According to the plaintiff, said land is forest and therefore, based on Decreto Ejecutivo 16358 and articles 13 and 14 of the Ley Forestal, (the natural heritage of the State shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves of areas declared inalienable), by virtue of the fact that the property is supposedly public domain (bien demanial) and corresponds to the public interest, and as it is being discussed who has the legitimate rights over the tract of land (fundo), it is estimated that this proceeding must be heard before the Contentious-Administrative jurisdiction (numerals 1 and 2 Código Procesal Contencioso Administrativo and 108 Ley de Biodiversidad), specifically in the Tribunal Procesal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (vote 745-C-2025). ... See more Citations of Legislation and Doctrine Text of the resolution Exp. 23-000049-0507-AG Res. 000745-C-S1-2025 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at ten hours thirty-three minutes of April thirtieth, two thousand twenty-five.- In the agrarian usucapion proceeding of Mr. MARCO TULIO CALDERÓN BADILLA, who also exercises his own legal representation, against the JUNTA ADMINISTRADORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA (JAPDEVA), represented by attorney Susana Fallas Cubero, the Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Pococí), recused itself from hearing the matter, considering that it corresponds to the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. The Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José rejected the lower court's recusal. The representative of the defendant party, in disagreement, filed an appeal of disagreement (recurso de disconformidad), for which the matter was sent in consultation to this Chamber. CONSIDERANDO I.- The plaintiff filed an ordinary agrarian proceeding requesting that the judgment declare: “1.- That the undersigned is entitled to the legitimate right of possession over the plot of land located in the fifth district Colorado, second canton Pococí of the province of Limón, and which is described as mountain land, pastureland, fallow land (tacotales), cultivated with coconut, mango, soursop (sic), lemons, and others and on which a three-room module, another ranch module, kitchen, barbecue ranch and one room, another caretaker's dwelling and warehouse module, a dock-type ranch and the installation of a transformer for electricity as well as a water well have been built. That said possession has been exercised by adding the possession of the previous occupants, for time immemorial but there are indications of it having been occupied since before the year 1959, as well as a record of having been the subject of a topographical survey since 1974, the year in which cadastral map number L-10412 -74 was obtained. 2.- That said right of possession is protected by subsection d) of article 11 of the Ley de Tierras y Colonización 2825 and its reforms, as well as by articles 277 to 278 of the Código Civil. 3.- That, upon proving the right of usucapion, the registration in the Property Registry in my name of the farm that is mountain land, pastureland and crops, with various crops, be ordered.”. The State appeared in the proceeding and formulated the following claims so that the judgment declares: “Petition: Based on the foregoing, we request that the judgment declare: 1) The land described in map L-10412-1974 is state public domain, where the self-protection powers of public domain property (autotutela demanial) in charge of the competent active Administration (MINAE-SINAC) shall govern, as the plaintiff lacks a just title prior to the public domain designation (afectación demanial). 2) The plaintiff lacks a valid and effective concession in the portion of the island of the Laguna Samay comprised by map L-10412-1974. 3) JAPDEVA lacks administration powers over the land described in map L-10412-1974, as it constitutes Natural Heritage of the State integrated by the Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado. 4) In case of opposition, both costs and their interest shall be imposed.” (According to the initial complaint filing of 03/02/2023 visible in the record and the appeal of disagreement filing of 07/22/2024). II.- The Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Pococí), by means of resolution number 2023000068 of eleven hours forty-one minutes of March third, two thousand twenty-three, recused itself from hearing the proceeding, and in what is of interest, stated: "III) In the present case, this Judge considers that we are facing an ordinary proceeding that must be processed before the Tribunal Contencioso Administrativo, by reason that the property object of the dispute is located within the farm mapped in the province of Limón, registration number 96658, right 000, this according to the plaintiff's statement and the documentary evidence he provides to prove his statement, and in which it is possible to observe that the nature of the property is PARQUE NACIONAL TORTUGUERO, therefore it is a public domain property (bien demanial) according to the use to which it is destined. Therefore, it is inferred from what has been said, that it deals with a public domain property, said property losing the condition provided within the agrarian legal system -in relation to a rustic tract (fundo rústico) or agrarian tract as it has been known jurisprudentially so that it is heard within this scope of competence. Hence, this authority considers that it does not correspond to this Agrarian Office to hear this matter, as it must be heard by the Tribunal Contencioso Administrativo for its due processing. IV.) For the reasons stated, the undersigned judge considers that the recusal should be declared to process this proceeding and its immediate referral to the Tribunal Agrario be ordered, so that it is the latter who defines the jurisdiction over the same.”. The case was referred to the Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José which, by means of vote number 2023000219 of twenty-one hours fifty minutes of March thirteenth, two thousand twenty-three, rejected the lower court's recusal, and as relevant, indicated: “III. In the present matter, the main claim is the declaration of usucapion over the property registered in the Public Registry under registration number 7-96658-000 in the name of the Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), the nature of which is described as Parque Nacional de Tortuguero. It is requested that usucapion be declared in his favor, ordering that the tract of land (fundo) in litigation be registered in his name, that he is the proprietor possessor of the same exercising an agrarian, agro-environmental, and agro-tourism activity, given that he has cultivated soursop, acid lime, pasture, and other minor crops, the construction of a three-room module, dock-ranch, among other constructions, and it is also 80% mountain land, therefore he intends the Public Registry be ordered to transfer and register the land in litigation in his name. The tract of land (fundo) over which it is indicated that usucapion was achieved is land eminently dedicated to agrarian, agro-environmental, and agro-tourism activities and its nature is mountain with measurements of more than approximately twenty-five hectares. If the statement of facts of the complaint is observed, it is intended to usurcapiate part of a property that by its nature and aptitude is an agrarian tract. From the foregoing, it is clear that a main activity of environmental and agro-tourism agrarian production is at stake, therefore, in accordance with articles 1 and 2 of the Ley de Jurisdicción Agraria, it forms part of the competence of the agrarian courts. Certainly, a State entity is being sued, such as JAPDEVA, and there is an express norm in the Ley Orgánica del Poder Judicial that grants material jurisdiction over these matters to the Contentious-Administrative Jurisdiction, the same as ordinal 1 of the Código Procesal Contencioso Administrativo; however, that is not an obstacle for, due to the specialty of the agrarian matter, the case to be processed in this venue... In addition to the foregoing, we are in the presence of tracts of land (fundos) destined for an agrarian activity of production and sustainable development, therefore, it is a matter strictly within the competence of the agrarian courts, specifically, of the originating Juzgado given the location of the tract of land. IV.- Therefore, in accordance with article 16 of the Ley de Jurisdicción Agraria, the recusal declared by the lower court must be disapproved, as it is a matter proper to the agrarian subject matter. Return the file to the originating Juzgado so that it may be concluded accordingly.”. Disagreeing with the previous resolution, the state representative alleged: “b) The plaintiff asks that a right of possession and property be declared in his favor against the property registered under number 7-96658, map L-1-1977. However, the land in dispute is of public domain as it is located within the Isla Samay (Ley 276/1942, articles 3 subsection VI and 75; Ley 2825/1961, article 7 subsection c) and Ley 6043/1977, articles 1, 7, 9 and 10); within the 10 km of articles 23 of Ley 3091/1963 and 41 subsection b) of Ley 5337/1973, and it is Natural Heritage of the State integrated by the Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado (Ley 4465/1969, articles 18, 19, 28, 40, 41; Ley 7575/1995, numerals 13 and 14; Decreto 16358, La Gaceta 141 of July 26, 1985). c) The State appeared in the proceeding and formulated its own claims… d) The special rules for the distribution of jurisdiction of articles 108 of the Ley de Biodiversidad and 2, subsections b), e), f), 36, subsections a) and b) of Ley 8508, attribute the hearing of those state claims to the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. In light of this, we request that our disagreement and the recusal of the A quo set forth in the resolution of 11 hours 41 minutes of March 3, 2023, be accepted, and the record be remitted to the mentioned Court.”. Due to the foregoing, on July twenty-second, two thousand twenty-four, the matter entered in consultation before this Chamber. III.- In this case under study, it must be determined whether the hearing of this proceeding corresponds to the Agrarian jurisdiction or to the Contentious-Administrative and Civil Hacienda. This Chamber analyzes agrarian competence based on the rules established both in article 1 of the Código Procesal Agrario, when it establishes that the agrarian jurisdiction aims to protect the situations and legal relationships that arise with respect to the development of agrarian production activities of animals, plants, or other organisms. In addition to the activities of transformation, industrialization, valorization, and commercialization of agrarian products, their traceability, as well as those auxiliary to these, referring to acts and contracts characteristic of the exercise of agrarian activity and rural development. Likewise, in accordance with the provisions of ordinal 2 of the same Code, it corresponds to the agrarian courts to hear: "1) Real and personal rights over agrarian properties, destined or suitable for the development of agrarian activities and services, as well as those linked to their protection and use...". In the present proceeding, what is sought is that usucapion be decreed over a property apparently of a public nature. Said property has a size of one million three hundred twenty-seven thousand one hundred fifty square meters (1,327,150 m²), is located entirely within the Refugio Nacional de Vida Silvestre de Barra de Colorado, created through Decreto Ejecutivo number 16358 of June 4, 1985, and according to the plaintiff, said land is forest and therefore, based on said decree and the provisions of articles 13 and 14 of the Ley Forestal number 7554, establishes that the natural heritage of the State shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves of areas declared inalienable, so by virtue of the fact that the property is supposedly public domain (bien demanial) and corresponds to the public interest, and the discussion of who has the legitimate rights over the tract of land being at stake, it is estimated that this proceeding must be heard before the Contentious-Administrative jurisdiction (according to numeral 108 Ley de Biodiversidad), extensive to any matter in which the State has a direct interest. Thus, according to the precepts in canons 1 and 2 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, there is no doubt that it is a matter subject to the Contentious-Administrative jurisdiction, specifically to the Tribunal Procesal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. POR TANTO It is declared that the hearing of this proceeding corresponds to the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, to which the file is remitted for its processing and conclusion. jorozcof \t Rocío Rojas Morales \t Damaris Vargas Vásquez \t \t Jorge Leiva Poveda Carlos Guillermo Zamora Campos \t \t Maria Rosa Castro Garcia Digitally Signed Document -- Verification code -- FOJ43M4MUG47I61 Telephones: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email [email protected] Classification prepared by SALA PRIMERA of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited. It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 09:32:38. 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