Res. 00837-2025 Sala Primera de la Corte — Cassation appeal dismissed: land titled within a national reserve constitutes State Natural HeritageRechazo de casación: inmueble titulado en reserva nacional constituye Patrimonio Natural del Estado

Grande
Normal
Pequeña
Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 00837 - 2025

Fecha de la Resolución: 22 de Mayo del 2025 a las 09:06

Expediente: 15-010358-1027-CA

Redactado por: Carlos Guillermo Zamora Campos

Clase de asunto: CONOCIMIENTO

Analizado por: SALA PRIMERA





Texto de la resolución



Exp. 15-010358-1027-CA

Res. 000837-A-S1-2025

 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas seis minutos del veintidos de mayo de dos mil veinticinco .

 En el proceso de lesividad establecido por el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (en lo sucesivo, Inder), por medio de su Presidente Ejecutivo Ricardo Rodríguez Barquero, contra MARVIN PORRAS SÁNCHEZ y PALACIOS Y PARAÍSOS TROPICALES LA SELVITA S.A., esta última por medio de su Apoderada Generalísima sin Límite de Suma Gladys Marín Villalobos, donde participa como tercero interesado el ESTADO por medio de su Procurador Mauricio Castro Lizano, la sociedad accionada recurre en casación la sentencia número 2024001143 de las 19:49 horas del 23 de febrero de 2024, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, integrado por las Juezas Laura Gómez Chacón, Alejandra María Soto Fonseca y el Juez Carlos José Mejías Rodríguez. Comparecen representando a las partes con Poder Especial Judicial: otorgado por la parte actora, los abogados Rodrigo Cervantes Barrantes y Eric Jiménez Trejos y, conferido por la sociedad demandada, el abogado José Luis Rodríguez Jiménez. La abogada Andrea Blanco Alfaro actúa como directora del codemandado Porras Sánchez, en la misma calidad lo hizo el abogado Max de la Cruz Chinchilla Fernández.

Redacta el magistrado Zamora Campos

CONSIDERANDO

I.- El canon 139 inciso 3 del Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA) prevé un requerimiento de orden material necesario, tanto para la admisibilidad del recurso cuanto para su posterior valoración por el fondo. Se trata de la motivación en el planteamiento, que por las características de la casación ha de ser clara y precisa. En este sentido, debe contener, tal como lo dispone el precepto de comentario, la fundamentación fáctica y jurídica del caso. Fáctica, según se muestre inconforme con los hechos demostrados o indemostrados (lo cual lleva a la ponderación de las probanzas) o con las circunstancias acaecidas en la violación de normas procesales; y jurídica, si se trata de un problema acerca de la aplicación, omisión o indebida interpretación de cualquier norma integradora del bloque de juridicidad, incluidos, por supuesto, los principios de rango constitucional; o aquella también producida por efecto reflejo o indirecto, después de modificados los hechos de la sentencia impugnada. En los reproches por infracciones, tanto procesales como probatorias, pueden concurrir, junto con las razones jurídicas (siempre necesarias), las de carácter fáctico, y en ese sentido, los fundamentos de referencia deberán ser dirigidos en ambas vertientes, so pena de inadmisibilidad. Por su parte, es necesario aclarar, de la fundamentación jurídica se exonera, por expreso mandato legal, la indicación de los cánones relativos al valor del elemento o elementos probatorios mal apreciados. De igual forma, resulta innecesario citar las normas utilizadas y mencionadas equivocadamente por el órgano jurisdiccional de instancia para emitir y razonar su decisión, toda vez constan en el mismo pronunciamiento recurrido. Y desde luego, no es indispensable citar los preceptos asociados a requisitos, plazos y reglas básicas para la admisión del recurso. Así, antes que mencionarlos, lo imprescindible es cumplirlos y ponerlos en práctica al momento de elaborar e interponer la casación. En tal virtud, la fundamentación dispuesta por ley puede entenderse, grosso modo, como aquella argumentación técnico-jurídica en la cual se mencionan una serie de artículos o reglas jurídicas entrelazadas o concatenadas entre sí, y vinculadas de forma razonable y ordenada en una doble perspectiva: con los argumentos del recurso y con la sentencia combatida; ese es el carácter bifronte de la casación. En la medida en que se cite un conjunto de normas jurídicas (o si es del caso, una sola de ellas) atinente y vinculado de manera clara con la sentencia combatida (ya sea en el sustento de hecho o derecho) junto a los argumentos del recurso, hay fundamentación jurídica. Los agregados jurisprudenciales o las eventuales citas doctrinales, reforzarán en ocasiones las alegaciones efectuadas, pero por lo general, no hacen a su esencia. Como lo ha dicho esta Sala al interpretar el artículo 139 de referencia, “se requiere que el recurso cuente con una fundamentación jurídica mínima [...] deben explicarse las razones en las cuales sustenta su gestión, combatiendo los argumentos de derecho de la sentencia recurrida y consignando, al menos, alguna referencia normativa que le dé sustento” (resolución 318-A-2008 de las 14 horas 25 minutos del 8 de mayo del 2008). La fundamentación es, por tanto, ajena al despliegue confuso de normas y alegatos; a la mezcla de argumentos ininteligibles, a la simple exposición de opiniones sobre la procedencia o justicia del caso; o bien, al recuento de los desaciertos considerados en la sentencia recurrida, sin respaldo en normas o criterios jurídicos. Por ende, si el recurso omite por completo esa relación técnico-normativa, o si al realizarse resulta impertinente, confusa o desvinculada al caso de manera manifiesta y evidente, se entenderá, carece de “total fundamentación jurídica”, y por tanto, incumplirá el necesario requisito establecido en el numeral 139.3 con su consecuente sanción de rechazo de plano, a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 inciso c), ambos del mismo Código de referencia.

II.- El canon 140 inciso c) de la ley Ibíd establece además la figura del rechazo de plano por el fondo para aquellos casos en los cuales, dada la temática concreta planteada y con el respectivo análisis de fondo, la Sala o el Tribunal de Casación, según corresponda, tienen claridad en cuanto a la improcedencia del recurso. En este supuesto se resuelve el asunto prescindiendo del trámite de audiencia a las partes regulado en el artículo 142 del citado cuerpo normativo potenciando así el principio de celeridad en el trámite casacional. En la especie, la sociedad demandada, Palacios y Paraísos Tropicales la Selvita, S.A. interpone recurso de casación por razones sustantivas con fundamento en el artículo 138 incisos a) y c) del CPCA, lo que se resume y aborda como a continuación se expone.

III.- Primer reclamo. Lo fundamenta en los incisos a) y c) del artículo 138 del Código Procesal Contencioso Administrativo (en lo sucesivo, CPCA). Bajo el subtítulo: Indebida valoración de los presupuestos jurídicos para declaratoria de lesividad de los actos, refiere los distintos tipos procedimentales para lograr esa declaratoria, sea la señalada en el numeral 174 de la Ley General de la Administración Pública (en lo sucesivo, LGAP) en consonancia con los cánones 5 y 34 del CPCA y, la declarable en sede administrativa previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República (en adelante, PGR). Así, señala, en la especie se optó por la primera vía debido a que, si la naturaleza del terreno titulado fuese fácilmente calificable como demanial, se hubiese elegido la otra vía, para lo cual, solicita examinar este aspecto. Luego, desarrolla las condiciones: subjetiva, objetiva, procedimental y temporal de la lesividad y, en relación con esta última, el plazo cuatrienal señalado en el Transitorio III de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa debido a que, el acto es anterior a la vigencia del CPCA. Luego, consigna un extracto del considerando VIII de la sentencia impugnada sobre el cumplimiento de los precitados requisitos. Al respecto, aduce la errónea valoración del elemento objetivo o temporal, en tanto, resulta necesario el análisis por parte del jerarca de la Administración que adopta el acto que se pretende anular debiendo establecer los defectos y su gravedad para determinar si se está «… ante una nulidad que a su vez sea suficiente para ser lesiva al interés público.». Así, señala, los motivos de esa declaratoria deben extraerse de forma clara y precisa, lo que se echa de menos en la especie, por cuanto, «… el acuerdo de Junta Directiva del Instituto, Número 47 de la Sesión Ordinario 36 del 5 de octubre, que declara lesivo a los intereses públicos el acto de titulación objeto de este proceso, no cuenta con la debida motivación técnica, ni argumentos jurídicos que den sustento para dicha declaratoria, se establece (visible a imagen 79 expediente judicial) “EXPEDIENTE 33 - TITULACIÓN DE PARCELA. 97045, BLOQUE 192, DEL PROYECTO DE TITULACIÓN PURISCAL PARRITA, A FAVOR DE MARVIN PORRAS SANCHEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD NUMERO 1-0427-0886: (…) En el expediente de titulación consta que se presentó la certificación del MINAE estableciendo que el terreno no es parte de las Áreas Silvestres Protegidas, sin embargo, en la misma se dice que constituye patrimonio natural del estado según los artículos 13,14 y 15 de la Ley Forestal 7675 del 16 de abril de 1996. En el expediente de la titulación, no consta que se haya presentado el estudio de uso conforme de suelos del INTA En el expediente no consta informe del Instituto Geográfico Nacional.”.». En su criterio, se pretirió el análisis del elemento objetivo, en tanto, de haberlo analizado, el Tribunal, bajo una simple constatación, pudo derivar el incumplimiento de los presupuestos mínimos para proseguir con la declaratoria de lesividad. En ese sentido, señala, la resolución administrativa de lesividad omite establecer la disconformidad sustancial con el ordenamiento jurídico que configura la invalidez del acto administrativo declarado lesivo (art. 158.2 de la LGAP), o un análisis de los elementos del acto a fin de ubicar la existencia de algún vicio en uno de éstos, según el numeral 158.1 de la ley ibid, ni identifica «… frente a cuál, el interés público aquél otro acto resulta lesivo…» coligiendo la falta a una debida y correcta fundamentación según los cánones 133 y 136 de la misma ley. Agrega, el escrito inicial del INDER pretendió subsanarlo, no obstante, ese no era el momento ni la instancia porque el acto administrativo debe contener por sí todos sus elementos. En criterio de la representación casacionista, las supuestas omisiones que sirvieron de base para la solicitud de lesividad consistentes en la ausencia de estudio de suelo y estudio del IGN caen en de la esfera, a lo sumo, de la nulidad relativa, por ende, es dable aplicar el régimen de saneamiento o convalidación de los actos administrativos; de tal forma, existe un vicio en el elemento objetivo para la declaratoria de lesividad del acto, máxime cuando se pretende además suprimir y denegar derechos subjetivos. En su apoyo consigna una cita doctrinaria y refiere el voto 2581-2010 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, circunstancia que, a pesar de ser alegada por la hoy recurrente, no fue valorada por el A Quo. Añade, el carácter subsanable de los defectos obligaba a la Administración a aplicar el inciso 2 del artículo 174 de la LGAP. Seguidamente, acusa la falta de conexidad y causalidad entre el motivo que sustenta la lesividad de los acuerdos de Junta Directiva del INDER con el proyecto de titulación del inmueble de la recurrente, denominado Puriscal Parrita, por cuanto, en el informe DFOE-PGAA-20-2008 de 27 de agosto del 2008 de la Contraloría General de la República (en lo sucesivo, CGR) denominado Resultados del Estudio de Titulación de Tierras en reservas nacionales en terrenos pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado, el proyecto de titulación Parrita, solamente se menciona una única vez (página 3, visible a folio 14 del expediente principal), donde se citan los nombres de los proyectos de titulación realizados por el IDA, actual INDER; sin embargo, el proyecto Puriscal Parrita no es objeto de análisis. Según indica, lo anterior es trascendente porque la CGR solicitó realizar los procedimientos administrativos y acciones procedentes para recuperar las tierras de los 15 casos analizados en el informe, del cual no forma parte el inmueble de la casacionista y, si bien en el punto segundo se solicitó analizar completamente las titulaciones efectuadas que no formaron parte de esa muestra realizada por la CGR, a efecto de determinar la existencia de titulaciones en terrenos propiedad de Patrimonio Natural del Estado para su recuperación, de la totalidad del expediente judicial y expediente administrativo se echa de menos prueba de un análisis técnico o jurídico que determinara los elementos motivacionales para acreditar que, efectivamente, el inmueble titulado por don Marvin Porras era, según el dicho de la Administración, de dominio público. En relación con ello, aduce, el acto declaratorio de lesividad solamente se sustenta en el supuesto faltante de dos elementos subsanables y una certificación, sin motivación ni argumentación técnica, versus las dimensiones pretendidas con tal declaratoria. Luego, señala, del acto de lesividad no se deriva fundamentación en ningún sentido, por ende, no se cumple el requisito básico para acudir a esta vía respecto del elemento objetivo, sin que los apoderados especiales judiciales del Inder tengan potestades para sustituir el juicio de la Administración, o aportar argumentaciones que no se derivan del acuerdo de lesividad. A continuación, respecto del presupuesto de temporalidad se plantea que, dada la demanialidad del bien no se encontraba sujeto a plazo, ello, con sustento en una certificación emitida por el MINAE, SINAC-DS-OFAU-C-3125-2003 del 21 de julio de 2003, «… donde dice “se determinó con base en la ubicación consignada en el plano catastrado número P-862160-2003 a nombre del IDA, en posesión de Marvin Porras Sánchez, que este describe un inmueble que se ubica fuera de cualquiera área silvestre protegida sea cual sea su categoría en manejo administrativa por el Ministerio de Ambiente y Energía, sin embargo constituye Patrimonio Natural del Estado, según artículos 13, 14, y 15 de la Ley Forestal 7575 del 16 de abril de 1996.”…». En su criterio, ese documento por sí mismo no acredita la demanialidad de un inmueble, pues parte de la existencia de bosque como único motivo, sin que el INDER realizara estudio adicional alguno y, más bien, era de su conocimiento la existencia de poseedores con derechos antiguos de posesión, así acreditado en el expediente administrativo. Luego, asegura que el inmueble nunca ha formado parte del Patrimonio Natural del Estado porque, según lo dispuesto por el legislador, la naturaleza demanial del bien surge siempre y cuando no existan en el terreno poseedores que pudieren titular dicho bien al poseer por diez años o más, en forma quieta, pública, pacífica, ininterrumpida y a título de dueños, con cuido del terreno o bosque delimitándolo con cercas o carriles y, según consta en el expediente, por el mismo señor Marvin Porras quien realizó la titulación y un testigo, el inmueble, se encontró en posesión de la familia Porras por más de cincuenta años, circunstancias que devienen en el incumplimiento de los presupuestos de la Ley 7575. Por ello, ante la carencia de condición de bien de dominio público la acción para establecer la lesividad en la vía contenciosa está sujeta a un plazo que, en el caso particular está superado, pues vencía el 23 de agosto de 2008. De tal manera, estima incumplidos los presupuestos para la lesividad.

IV.- Segundo reclamo. Lo fundamenta en los incisos a) y c) del artículo 138 del CPCA. Bajo el subtítulo: Indebida valoración y preterición probatoria que derivan en una errada declaración de bien demanial, siendo el mismo de dominio privado, cita inicialmente un extracto de lo considerado por el Tribunal sobre la calificación del inmueble objeto de este proceso como demanial. Al respecto, considera una errónea interpretación normativa para arribar a esa conclusión partiendo de la supuesta interpretación de reserva nacional de la Ley 7575, en tanto, el Decreto Ejecutivo número 3667-G del 18 de marzo de 1974, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 72 del 17 de abril de 1974, fue creado de conformidad con las entonces leyes: número 2825 Ley Tierras y Colonización de 14 de octubre de 1961 y la número 5064 Ley de Titulación de 22 de agosto de 1972, no las disposiciones citadas por el A Quo. Además, el Decreto tiene asidero en lo establecido por la Ley N° 4686 de 3 de diciembre de 1970 que aprobó el Acuerdo de Préstamo entre los Gobiernos de la República de Costa Rica y de los Estados Unidos de América, por intermedio de la Agencia para el Desarrollo Internacional (A.I.D.), «… que establece en la argumentación del decreto en mención “(…) Para hacer efectivo el Proyecto de "Tenencia de la Tierra", incluido dentro del programa de Desarrollo Agropecuario de tal préstamo, se hace necesario y obligatorio que las tierras afectas a dicho programa sean traspasadas al Instituto le Tierras y Colonización para que esta Institución proceda a realizar los trámites catastrales y de Registro Público que se requieran para su titulación. La Junta Directiva del Instituto de Tierras y Colonización mediante el acuerdo V de sesión 1736 de 19 de febrero de 1974, declaró la Zona de Titulación y solicita al Poder Ejecutivo el traspaso de los terrenos ubicados en cantones: III Desampara-fe (sic), IV Puriscal, V Tarrazú, VI Aserrí, XVI Turrubares, XVII Dota y XX León Cortés de la provincia de San José; cantón VI Aguirre, IX Parrita y el distrito V Jacó del cantón 1° de la provincia de Puntarenas.”». En su criterio, lo anterior significa que, como la propiedad titulada no era ni fue propiedad del IDA al provenir de una posesión de buena fe, pública, pacífica y a título de dueño por un plazo superior a lo establecido por los numerales (sic), se cumplía con todos los atributos necesarios para realizar un proceso de información posesoria utilizando solamente el trámite administrativo del Inder, como una forma de facilitar el proceso de inscripción ante el Registro Nacional partiendo de la confianza legítima. A lo anterior, añade, utilizar la entonces Ley de Titulación de Tierras Ubicadas en Reservas Nacionales número 7599 no permite derivar que se trate de un bien de dominio público o Patrimonio Natural del Estado establecido en su artículo 1, el cual, si bien fue declarado inconstitucional, el mismo conceptualiza como reserva nacional a los terrenos que no estén inscritos a nombre de personas físicas o jurídicas, ni pertenezcan al Estado o sus instituciones, es decir, no se habla puntualmente sobre su naturaleza, inclusive, considera reserva nacional a inmuebles con aptitud agropecuaria. En criterio de la representación casacionista, el numeral buscaba establecer el concepto de reserva nacional a inmuebles no titulados, entonces, no podría atribuirse automáticamente un sinónimo de dominio público, pero la norma derogada lo planteaba como un requisito para tramitar la titulación, sea que no se encontrara inscrito a nombre de alguna persona para ello. Añade, la Sala Constitucional analizó el contenido del artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias confirmando la posibilidad de titular inmuebles cubiertos de bosque, aun cuando fuere en áreas silvestres protegidas; para ello, menciona la resolución 4587-97 y consigna una transcripción del voto 762-F-15 del Tribunal Agrario, del cual, colige que, el Patrimonio Natural del Estado, otrora denominado Patrimonio Agrícola del Estado, para 1961 comprendía todas las tierras inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, entre otras: la zona marítimo terrestre, las islas, la franja fronteriza, las franjas de los ríos navegables, los dos kilómetros de radio en Volcanes y Parques Nacionales, características que no posee el inmueble del cual se pretender declarar la nulidad de su título; luego, con posteriores reformas fue introducido el concepto de reserva nacional excluyendo los inmuebles amparados en una posesión decenal, en tanto, como se plantea en el extracto citado, los terrenos que forman parte de las reservas nacionales, como terrenos de vocación agrícola, ganadera o forestal, poseídos por los particulares durante más de diez años y que no formaran parte del Patrimonio agrícola del Estado, eran susceptibles de reconocimiento jurídico, tanto por el proceso de información posesoria, como por el procedimiento administrativo de titulación que realizaba el IDA. Considera importante que, el concepto de Patrimonio Natural del Estado fue acuñado finalmente, por la Ley Forestal número 7575 del 16 de abril de 1996, cuyos numerales 13 y 14 disponían, «… a partir de esa fecha que "los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública", entran a formar parte dominio público.» y, en su canon 72 se modificó el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias que permite la titulación de terrenos cubiertos de bosque, aun en aquellos casos donde dichos terrenos formen parte de áreas silvestres protegidas, elemento planteado desde el escrito de contestación, sin embargo, no fue analizado en la sentencia recurrida. A partir de lo dispuesto por el legislador, añade la representación casacionista, debe interpretarse que la naturaleza demanial del bien surge siempre y cuando no existan en el terreno poseedores que pudieren titular dicho bien al demostrar su posesión por diez años o más en forma quieta pública, pacífica ininterrumpida y a título de dueños, cuidando el bosque delimitándolo con cercas o carriles, como es el caso. Además, en el expediente administrativo quedó acreditado que la finca no se ubica en ninguna área silvestre protegida y, aun tratándose de una finca con cobertura boscosa, estaba en posesión decenal por el titulante Porras Sánchez. Colige, si el dominio público se reconoce sin sujeción a esa excepción, nadie podría titular terrenos en bosque, caso en el cual el numeral 7 citado no tendría razón alguna de ser. Por ende, niega que el inmueble sea patrimonio natural del Estado, por cuanto, como consta en el expediente, existía una posesión que cumplía con los presupuestos sobre el inmueble desde 1940, información incorporada como prueba para mejor resolver y solicitada para la reconstrucción de la verdad real. Considera importante lo antes expuesto para demostrar el título traslativo de dominio del inmueble, considerando que, el área poseída era mayor cuando, quien en vida fue el señor Filiberto Porras traspasó la integralidad de la posesión a sus hijos Marvin Porras y José Delio Porras, así, la propiedad fue dividida y por ello no responde a la realidad material en la integralidad del inmueble objeto de titulación. En ese sentido, cuestiona del A Quo la preterición de la declaración testimonial rendida en juicio por el señor Eduardo Artavia Barrantes y declaración de parte de don Marvin Porras Sánchez, las cuales, de haberlas analizado podrían haber determinado la posesión de buena fe por muchos años de distintos poseedores, quienes hicieron uso del inmueble de forma pública, pacífica, de buena fe y continua por más de cincuenta años. Agrega, la carga de la prueba para fundar la causal de nulidad absoluta corresponde al INDER, sin embargo, lo aportado no estableció de manera indubitable que se trate de un bien destinado al uso público o localizado en zona marítimo terrestre, islas, franja fronteriza, franjas de los ríos navegables, o en un radio de dos kilómetros en Volcanes y Parques Nacionales, sea que fueran tierras inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión; como tampoco se desacreditó la posesión sobre dicho inmueble al ser claro que, para realizar el procedimiento en la vía administrativa debía cumplirse con dicho requisito. A continuación, señala, frente a esa ausencia de prueba se encuentra la aportada por la demandada, sean las declaraciones que determinan el uso dado al inmueble, primero agropecuario y luego buscando su reforestación. Entonces, si la posesión decenal ocurrió previo al año 1996 con la promulgación de la Ley número 7575, según lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias que permite la titulación de terrenos cubiertos de bosque, no podría considerarse patrimonio natural del Estado. Sumado a ello, si bien en el expediente administrativo de titulación se refiere la posesión originaria de don Marvin, en realidad, el señor Porras Sánchez solamente se encontraba cumpliendo los requisitos planteados por los mismos funcionarios siendo notorio que no le explicaron conceptos como posesión originaria o título traslativo de dominio. Asimismo, enfatiza, su incorporación al expediente en rebeldía, documentación remitida y su declaración bajo fe del juramento son coincidentes respecto a su posesión de buena fe, pública, pacífica, a título de dueño, con documentación que sustenta su dicho y es consistente con el mismo, respecto a que, el inmueble era dedicado a la siembra de achiote, frijol y áreas de potrero para la tenencia de ganado, que las áreas de bosque eran pocas indicando que se había sustraído madera y, por su voluntad en los años 90 buscaron reforestarla para ser objeto de incentivos forestales con FONAFIFO. Además, el título traslativo de dominio plantea que los derechos posesorios fueron adquiridos por quien fuera padre de los señores Víctor Fonseca y Víctor Godínez, que la finca nunca fue del IDA y se inscribió a su nombre solo para facilitar el proceso de titulación habiéndosele vendido a la hoy recurrente, tiempo después, para actividades de ecoturismo. En tal virtud, esa declaración contrastada con los documentos remitidos como prueba para mejor resolver, en conjunto con la declaración testimonial del señor Eduardo Artavia, merecen absoluta credibilidad, sin embargo, fueron preteridos en el análisis del tribunal. De la declaración del señor Artavia, quien al momento de presentar la casación tiene 59 años, destaca su conocimiento del inmueble desde que pertenecía al papá de don Marvin Porras, cuando el declarante era un niño de aproximadamente 9 o 10 años y acompañaba a su papá, Saúl Artavia Marín, quien se encontraba contratado para realizar labores de campo en dicho inmueble, sea limpiar y podar los achiotales y, para esa época se sembraban áreas y otras tenían alguna parte de bosque, porque nadie apeaba toda la montaña en las fincas. Así, esas manifestaciones, contrastadas con la declaración del señor Porras Sánchez, permiten identificar coincidencias que dan credibilidad al dicho respecto de la posesión. Sin embargo, el Tribunal omitió analizar los elementos de la posesión y la desacreditó con el siguiente argumento: «… lo que así cito “(…) Ahora cabe agregar, que si bien las partes demandadas sostienen que el bien titulado a su favor y posteriormente trasmitido a un tercero, nunca fue parte de una reserva nacional, ni se ha demostrado que haya tenido características de Patrimonio Natural del Estado, tal argumentación resulta carente de toda prueba que así lo sustente, más que con su propio dicho, al no haberse acreditado prueba técnica que desvirtué la calificación dada por el ente competente para establecer esa calificación como es el Ministerio de Ambiente, a quien el legislador le concedió la tutela y administración de esos bienes, por lo que el testimonio del propio demandado no es suficiente para desacreditar la certificación que consta en autos. (…) (página 43 de la sentencia que se recurre).». Al respecto, señala la existencia de prueba evacuada en la audiencia de juicio oral y público. En ese sentido, cuestiona, contrario a lo planteado por el Tribunal, don Marvin Porras en conjunto con su padre tuvieron la posesión del inmueble, circunstancia que se constituye como hecho probado, sumado a la declaración bajo fe del juramento ante el tribunal, donde el señor Porras Sánchez, en viva voz y de forma elocuente planteó que, el inmueble objeto de este proceso había sido poseído desde 1940 por el señor Pedro Godínez Zúñiga y su padre Filiberto Porras Fonseca, siendo posteriormente trasladado a don Marvin junto a su hermano José Delio Porras Sánchez, con lo cual, se acumula una posesión de unos cincuenta años; asimismo, se optó por el trámite de titulación administrativa ofrecido por el IDA para abaratar los costos de titulación, así, su declaración resulta completamente trascendente para determinar la concurrencia de los presupuestos de un bien patrimonio natural del Estado. Reitera, el inmueble nunca fue del IDA, hoy INDER, así como haberse optado por la figura de la titulación administrativa únicamente como un beneficio partiendo de la confianza legítima en la Administración. Por ello es incorrecto desconocer los atributos de la posesión de buena fe, pública, pacífica, por casi 50 años al momento de realizar la titulación; en tanto, ello implica una acción confiscatoria ilegítima del dominio privado con una grave lesión a los principios de justicia y seguridad jurídica. Concluye indicando que, el Inder en su demanda reconoció que su actuación en la titulación se limitó a reconocer derechos ya adquiridos del titulante, quien cumplía con los requisitos respectivos. En ese sentido, salvo un documento sin sustento técnico, la parte actora no cuenta con prueba para acreditar que el inmueble era dominio público, lo cual le correspondía como carga probatoria en virtud de la declaratoria de lesividad. Solicita se case la sentencia impugnada y se declare sin lugar la demanda con las costas del recurso a cargo del Inder.

V.- Resolución de los planteamientos recursivos. Rechazo del recurso de casación por razones de fondo. La sociedad demandada ha interpuesto recurso de casación por razones sustantivas, aunque, a lo largo de sus embates también entremezcla argumentos de naturaleza procesal. Así, por ejemplo, reprocha del Tribunal su calificación sobre el bien inmueble objeto de este proceso, pero al mismo tiempo echa de menos el análisis sobre los requisitos de fundamentación en el acto administrativo declaratorio de la lesividad, o su falta de pronunciamiento sobre alegatos expuestos en la contestación de la demanda. Sin perjuicio de lo anterior, allende la informalidad evidenciada, la Sala considera que, el presente asunto debe rechazarse por el fondo debido a lo siguiente. En el abordaje del asunto, el Tribunal hizo una extensa y completa fundamentación de distintos puntos concernientes al caso concreto, donde en sede Administrativa se declaró la lesividad del artículo 39 de la sesión 31-04 del 23 de agosto del 2004 de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, por cuyo medio, dispuso principalmente autorizar, segregar y traspasar la parcela para título supletorio de dominio a Marvin Porras Sánchez cédula 1-427-886 de la finca descrita en el plano 862160-2003 (hechos probados: sexto y noveno). Así, en su considerando VIII, el A Quo abordó el cumplimiento de los requisitos para la declaratoria de lesividad, donde, para los efectos del primer reclamo de este recurso de casación, analizó la concurrencia de los elementos: subjetivo, procedimental, temporal y objetivo, estos dos últimos, reprochados en la especie y, a cuyo respecto, estableció correctamente que, al versar este proceso sobre la alegación de un bien considerado de dominio público, el actuar de la Administración no se encuentra sujeta a plazo alguno; asimismo, advirtió que el objeto del proceso versa en la declaratoria de nulidad del acto administrativo declarativo de derechos a favor del administrado Porras Sánchez, por lo cual, la pretensión anulatoria es congruente con el proceso de lesividad, igualmente, la demanda fue interpuesta por la autoridad del acto cuestionado contra las personas a cuyo favor surgieron los efectos beneficiosos de aquél, por lo que, en el ámbito objetivo también dio por cumplidos los requisitos de interposición del proceso de lesividad. Es decir, estos presupuestos: subjetivo, objetivo, temporal y procedimental constituyen el umbral que da paso al análisis de fondo de la acción de lesividad. Por ende, la verificación de esos requerimientos fue correctamente realizada por el Tribunal, sin que fuera necesario analizar más detalles que podrían concernir al fondo del asunto dependiendo de la perspectiva con que el órgano jurisdiccional decida abordar el caso concreto. En relación con esto último, se observan los considerandos: noveno, décimo y undécimo, donde el A Quo desarrolló ampliamente el objeto del proceso delimitándolo en lo concerniente a bienes demaniales en su dimensión de Patrimonio Natural del Estado, así como el encuadramiento del inmueble aquí discutido en esa calificación, con la consecuencia del acogimiento de la demanda de lesividad. Para los efectos de esta resolución, interesan los siguientes extractos de este último considerando: «… En este sentido, para determinar si ese inmueble integra o no el demanio público, debe analizarse la concurrencia de los elementos subjetivo, normativo, objetivo y el finalista, tal y como se explicó en el considerando IX de la presente sentencia. En sentido tenemos que tal como se acredita a los autos el origen de la titulación surgió de la Constitución del Programa de Titulación Puriscal-Parrita" creado mediante el Decreto Ejecutivo número 3667-G del 18 de marzo de 1974, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 72 del 17 de abril de 1974, se inscribió en el Registro Nacional a nombre del IDA un área de 267.239 has, con el Folio Real Matricula 219039-000 (hecho no controvertido), creado conforme a lo que disponía la Ley de Titulación de Tierras en Reservas Nacionales número 7599 de 1996, la cual fue declarada inconstitucional, en el año 2001 por la Sala Constitucional, por lo cual la Junta Directiva procedió a titular inmueble (sic) objeto de este proceso conforme a lo establecido en el Reglamento denominado Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales, emanado de la Junta Directiva del IDA, el cual replicaba lo dispuesto en la Ley 7599, el cual, igualmente fue declarado inconstitucional por voto de la Sala Constitucional en el año 2007. Dicha norma señalaba en su numeral primero: Artículo 1º- El presente instrumento jurídico tiene como finalidad reglamentar lo establecido en la Ley de Tierras y Colonización relativo a la titulación de tierras en las Reservas Nacionales, otorgando seguridad jurídica en la tenencia de la tierra mediante el reconocimiento del domino pleno en áreas donde sus poseedores han adquirido el derecho a la titulación registral”. Ese reglamento conceptualizaba a las "Reservas nacionales: Terrenos comprendidos dentro de los límites de la República que, no estén inscritos a nombre de terceros, de las Municipalidades, Instituciones Autónomas o del Estado en general". En esa lógica, es claro que el origen del bien que se tituló a favor del demandado Porras Sánchez, eran bienes constituyentes de reservas nacionales, -por cuanto surgen de la autorización de inscripción de bienes con la características de Reservas Nacionales según lo señalaba la Ley 7599 de 1996-, es decir el origen es esos territorios de acuerdo a lo señalado en el numeral 13 de la Ley Forestal corresponden a lo que el legislador declaró como bienes integrantes del Patrimonio Natural del Estado, y por ende se encuentran fuera del comercio de los hombres y no pueden ser susceptibles de ser titulados como propiedad privada. (…) si analizamos la naturaleza de los bienes que constituyen el Patrimonio Natural del Estado- numeral 13 de la Ley Forestal y la referencia de lo indicado en el numeral 7 párrafo segundo, es posible concluir que los bienes a los que se refiere el legislador en el ordinal señalado, no alcanza a los bienes derivados de reservas nacionales, en el tanto, ese numeral hace alusión a bienes que si bien puedan tener vocación forestal o aptitud forestal, los cuales el legislador ha admitido su manejo y conservación en manos de particulares, estos no pueden ser aquellos que se derivan de reservas nacionales, por cuanto las reservas nacionales son constitutivos de Patrimonio Natural del Estado y por ende son parte del demanio público, tal conclusión lo desarrolló la Sala Constitucional en el voto 4587 del 5 de agosto de 1997, el cual señaló: (…) De dicho análisis, se desprende que existen bienes con aptitud forestal capaz de ser parte de dominio de particulares y que cumplen un fin de utilidad público, por eso sometidos a un régimen especial de conservación en manos del administrado y son esos bienes precisamente a los que se refiere el numeral 7 párrafo segundo de la Ley de Informaciones Posesorias, pero éstos no pueden incluir a los bienes constitutivos de reservas nacionales porque estos están sujetos al régimen especial de demanio público que se encuentre fuera del comercio de los hombres, y la única forma de enajenación es mediante la desafectación dada por el legislador, es decir, su aprovechamiento por el régimen al que pertenece solo es posible por la figura de la concesión, pero resulta inadmisible el régimen de propiedad privada. De ahí que la existencia de una posesión como la alegada por el demandado no genera derecho alguno sobre el mismo, y en consecuencia tampoco podría pensarse que este (sic) prescrito el derecho del Estado de pretender su reivindicación, por cuanto en esencia el bien, no puede ajustarse a ningún plazo de prescripción en ninguna de sus dos variables sea positiva a efectos de ser usucapido o negativo a efectos de limitar el derecho de reivindicación del mismo en manos del Estado. (…) En todo caso, si bien nuestro sistema de derecho civil, protege la titularidad de los bienes adquiridos al amparo de la publicidad registral, tal criterio, no puede oponerse a la naturaleza de los bienes de carácter demanial, sobre todo en bienes como el discutido en este proceso, donde su vocación se remonta antes de la propia declaración de su condición en el año 1996 con la Ley Forestal, es decir no resulta válido que la posesión ejercida fuera trasmitida desde los años setenta como alegan los demandados, por cuanto su vocación tiene origen previo, en el tanto esa vocación es definida a estos bienes desde la existencia misma de ellos. Debe enfatizarse que la acción de lesividad ostenta una finalidad de reivindicación de ese dominio, en la medida en que la razón misma de la demanda, es la recuperación de un terreno que, siendo parte del régimen de demanialidad, se alega fue trasladado de manera ilegítima al régimen privado. Ahora cabe agregar, que si bien las partes demandadas sostienen que el bien titulado a su favor y posteriormente trasmitido a un tercero, nunca fue parte de una reserva nacional, ni se ha demostrado que haya tenido características de Patrimonio Natural del Estado, tal argumentación resulta carente de toda prueba que así lo sustente, más que con su propio dicho, al no haberse acreditado prueba técnica que desvirtué la calificación dada por el ente competente para establecer esa calificación como es el Ministerio de Ambiente, a quien el legislador le concedió la tutela y administración de esos bienes, por lo que el testimonio del propio demandado no es suficiente para desacreditar la certificación que consta en autos. Además es claro de los autos que incluso el plano catastrado utilizado para la titulación del bien, así como la inspección realizada al efecto de aquel trámite, evidencian que el sitio se encuentra ubicado en montaña y que su constitución en forma completa es bosque, condiciones propias de un terreno forestal constituyente de Patrimonio Natural del Estado, que en todo caso como se indicó, su origen viene de la autorización de titulación de Reservas Nacionales, circunstancia que el demandado no logra desacreditar, y es que debe insistirse, la transmisión del bien por compra venta no desvirtúa aquella característica de demanialidad como se explicó. Por otra parte, con lo que analizamos tenemos que este bien cumple con los requisitos para que se encuentre incorporado al demanio público, en su elemento subjetivo, su administración recae en manos del Estado a través del Ministerio de Ambiente, en cuanto al elemento objetivo, tenemos que se trata de un bien inmueble que es susceptible de integrar el demanio público, calificación que es de orden técnico y es aportada al expediente, al existir en los autos la certificación SINAC-DS-OFAY-C-3125-2003 en la cual se certifica de parte del Ministerio de Ambiente y Energía del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que: "Efectuado el estudio en las hojas cartográficas respectivas del mapa básico de Costa Rica escala 1:50.000, se ha determinado con base en la ubicación consignada en el plano catastrado número P-862160-2003 a nombre de I.D.A. en posesión de MARVIN PORRAS SÁNCHEZ, que este describe un inmueble que se ubica FUERA DE CUALQUIER ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA SEA CUAL SEA SU CATEGORÍA DE MANEJO ADMINISTRADA POR EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA. SIN EMBARGO, CONSTITUYE PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO SEGÚN ARTÍCULOS 13, 14 y 15 DE LA LEY FORESTAL 7575 DEL 16 DE ABRIL DE 1996". Además, el elemento normativo como requisito de bien demanial se configura como lo indicamos en el numeral 13 y 14 de la Ley Forestal y cumple con un fin, el cual es garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Cabe advertir, que es precisamente la existencia de esa certificación indicada, la cual fue presentada por el propio demandado para cumplir con los requisitos de titulación que exigía el Reglamento de Titulación de Reservas Nacionales que se origina un vicio en el acto, en el tanto, esa certificación indicaba la preexistencia de una condición que imposibilitaba la titulación en los términos de aquel reglamento y que constituye un vicio de nulidad absoluto, en el elemento motivo, que no es posible de ser subsanado como lo alega la sociedad demandada, en el entendido, que se trata de una condición indispensable y que no es posible de subsanar o convalidar, consecuentemente, tal vicio es suficiente para la declarar (sic)  la nulidad de ese acto de titulación, más allá de la ausencia de cualquier otro requisito, de aquel acto de naturaleza reglado, al ser tan grosero el vicio expuesto, que la existencia en si misma de esa condición hace que la acción de lesividad sea procedente, al ser sin duda el inmueble objeto del proceso, parte del demanio público…» (el texto no aparece así resaltado, originalmente). Lo anterior, en relación con los argumentos expuestos en el reparo recursivo, evidencian su improcedencia ad portas, en tanto, la parte recurrente insiste en temas que, por la forma en que se ha desarrollado este proceso, resultan inviables. Inicialmente, la alegada insuficiencia del oficio SINAC-DS-OFAY-C-3125-2003, por cuyo medio, se certifica que el bien con plano catastrado P-862160-2003 se ubica fuera de cualquier área silvestre protegida pero constituye patrimonio natural del Estado según los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal número 7575. En ese sentido, se aduce que este no resulta suficiente para acreditar esa calificación de demanialidad, sin embargo, tal y como lo ha expuesto el Tribunal de la instancia precedente, ese documento fue base para la solicitud de titulación del terreno ante el entonces IDA por parte del señor Marvin Porras Sánchez, sin que resulte pertinente, en este momento y proceso, su cuestionamiento sobre la base de carecer de estudios técnicos. Es decir, ese documento fue emitido oportunamente y, si la citada anotación se consideraba agraviante, tuvo que cuestionarse en su momento, sin que ahora resulte viable alegar su exigüidad, máxime cuando en aquel trámite constituyó un insumo para la declaratoria de derechos a favor del señor Porras Sánchez. En relación con ello, lleva razón el Tribunal cuando afirma, en todo caso, la carencia de una prueba técnica para cuestionar al menos las características del inmueble como patrimonio natural del Estado. Ergo, las declaraciones testimoniales o de parte son inidóneas para controvertir una calificación así plasmada en un documento extendido por el Ministerio de Ambiente, a quien, como expresa el Tribunal, el Estado le ha concedido la tutela y administración de esos bienes. Sin perjuicio de ello, no puede alegarse la preterición de las referidas declaraciones, en tanto, los hechos probados: décimo y undécimo se refieren precisamente a lo declarado por los señores Marvin Porras y Eduardo Artavia Barrantes en relación con el inmueble titulado a favor del primero. Luego, lo alegado en cuanto a que, el motivo que da sustento a la lesividad de los Acuerdos de la Junta Directiva del Inder no poseen conexidad o causalidad con el proyecto Puriscal Parrita, es igualmente inviable, toda vez que, el sexto hecho probado refiere taxativamente que, el artículo 39 de la sesión 31-04 del 23 de agosto de 2004 de la Junta Directiva del IDA se dictó con base en el Programa de Titulación Puriscal Parrita, creado mediante el Decreto Ejecutivo número 3667-G de 18 de marzo de 1974 y, por su parte, el acuerdo tomado por la Junta Directiva del Inder en el artículo No. 47 de la Sesión Ordinaria 36, celebrada el 5 de octubre de 2015 es claro en identificar el caso del señor Marvin Porras como EXPEDIENTE 33 - TITULACIÓN DE PARCELA 97045, BLOQUE 192, DEL PROYECTO DE TITULACIÓN PURISCAL PARRITA, A FAVOR DE MARVIN PORRAS SÁNCHEZ. (Imagen 78 del expediente en formato PDF). En ese sentido, para esta Sala existe efectivamente una correlación entre ambos actos. Sumado a ello, en este último se refiere expresamente «En el expediente de titulación consta que se presentó la certificación del MINAE estableciendo que el terreno no es parte de las Áreas Silvestres Protegidas, sin embargo en la misma se dice que constituye patrimonio natural del estado según los artículos 13,14 y 15 de la Ley Forestal 7675 del 16 de abril de 1996. En el expediente de la titulación, no consta que se haya presentado el estudio de uso con forme de suelos del INTA. En el expediente no consta informe del Instituto Geográfico Nacional.» (el texto no aparece así resaltado, originalmente). Así, se descarta la alegada inexistencia de razones para declarar la lesividad del Acuerdo 39 de la Sesión Ordinaria número 31-04 de 26 de agosto de 2004 al haberse expresado la justificación correspondiente que incluye la calificación del inmueble titulado como Patrimonio Natural del Estado, lo cual, como lo ha expresado el Tribunal, es razón suficiente para declarar lesivo ese acto. Finalmente, se observa la consideración del Órgano de la instancia precedente sobre la inconstitucionalidad declarada en el año 2007 sobre el Reglamento de Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, lo que esta Cámara verifica en el sistema NEXUS donde se ubica la sentencia número 2007-2063 de las 14:40 horas del 14 de febrero de 2007, dictada por la Sala Constitucional, corregida materialmente en el voto 2007-4517 de las 18:19 horas del 28 de marzo del mismo año. En ese sentido, ese Órgano resolvió: «Por tanto: Se corrige el error material contenido en el por tanto de la sentencia número 2007-2063, de las catorce horas cuarenta minutos del catorce de febrero del dos mil siete, para que se lea de la siguiente manera: "Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la acción. En consecuencia, se anula el Reglamento para la Titulación en Reservas Nacionales, aprobado por acuerdo de Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en sesión 055-02 del doce de agosto del dos mil dos, y publicado en La Gaceta 173, del diez de setiembre del dos mil dos. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de las normas que se anulan, sea el doce de agosto del dos mil dos. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial del Estado que derive de esta inconstitucionalidad. Se declara que no es inconstitucional el artículo 179 de la Ley de Tierras y Colonización, siempre y cuando se interprete que la potestad de emitir reglamentos ejecutivos recae únicamente en el Poder Ejecutivo. Certifíquese el escrito de interposición de la acción (agregados a folios 1 al 29 del expediente) que se dejará en autos, para que se tramite como amparo en lo relativo a la impugnación que se hace respecto a los decretos 27726-MINAE-MAG, 27861-MINAE-MAG, 28743-MINAE-MAG, 28744-MINAE-MAG, 28745-MINAE- MAG y 28746-MINAE-MAG, que traspasaron tierras de reserva nacional al Instituto de Desarrollo Agrario para proyectos de titulación de tierras. Comuníquese este pronunciamiento a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y al Instituto de Desarrollo Agrario. Reséñese este pronunciamiento en el Diario oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese.-"». Lo anterior equivale a colegir la carencia de sustento normativo en la titulación otorgada a don Marvin Porras, en lo relativo al referido reglamento que fue expulsado del ordenamiento jurídico con efectos retroactivos dada su anulación. En relación con ello, nótese además que, el dimensionamiento realizado por la Sala Constitucional, por efecto de la supresión citada, se hizo «… sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial del Estado que derive de esta inconstitucionalidad…». Es decir, la titulación otorgada quedó sin materia en cuanto a su sustento normativo-reglamentario, por haberse anulado el referido Decreto con efectos retroactivos a la fecha de su vigencia, sin dejar a salvo derechos adquiridos de buena fe. Corolario, el recurso de casación debe ser rechazado por el fondo, dada la certeza en esta Sala sobre su improcedencia.

POR TANTO

Se rechaza de plano el recurso de casación por razones de fondo. JRODRIGUEZBAR

 

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 




Rocío Rojas Morales

	

 

	

Jorge Leiva Poveda




Carlos Guillermo Zamora Campos

	

 

	

Ignacio Jose Monge Dobles

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 2SQBG4KATE461

1

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 09:19:40.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Primera de la Corte

Ruling No. 00837 - 2025

Date of Ruling: May 22, 2025, at 9:06 a.m.

Case File: 15-010358-1027-CA

Drafted by: Carlos Guillermo Zamora Campos

Type of Matter: COGNIZANCE

Analyzed by: SALA PRIMERA


Text of the ruling



Exp. 15-010358-1027-CA

Res. 000837-A-S1-2025

 FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours six minutes on the twenty-second of May, two thousand twenty-five.

 In the lesividad proceeding established by the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (hereinafter, Inder), through its Executive President Ricardo Rodríguez Barquero, against MARVIN PORRAS SÁNCHEZ and PALACIOS Y PARAÍSOS TROPICALES LA SELVITA S.A., the latter through its General Agent without Sum Limit Gladys Marín Villalobos, where the STATE participates as an interested third party through its Attorney Mauricio Castro Lizano, the defendant company appeals in cassation ruling number 2024001143 of 7:49 p.m. on February 23, 2024, issued by the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, composed of Judges Laura Gómez Chacón, Alejandra María Soto Fonseca, and Judge Carlos José Mejías Rodríguez. Appearing on behalf of the parties with Special Judicial Power: granted by the plaintiff, attorneys Rodrigo Cervantes Barrantes and Eric Jiménez Trejos, and conferred by the defendant company, attorney José Luis Rodríguez Jiménez. Attorney Andrea Blanco Alfaro acts as director for the co-defendant Porras Sánchez, in the same capacity previously acted attorney Max de la Cruz Chinchilla Fernández.

Magistrate Zamora Campos drafts

CONSIDERING

I.- Canon 139, subsection 3 of the Código Procesal Contencioso Administrativo (hereinafter CPCA) provides a necessary material requirement, both for the admissibility of the appeal and for its subsequent evaluation on the merits. This is the motivation of the filing, which due to the characteristics of cassation must be clear and precise. In this sense, it must contain, as prescribed by the rule under discussion, the factual and legal basis of the case. Factual, according to whether it is dissatisfied with the facts proven or unproven (which leads to the weighing of evidence) or with the circumstances occurring in the violation of procedural rules; and legal, if it concerns a problem regarding the application, omission, or incorrect interpretation of any rule comprising the legal framework, including, of course, constitutional principles; or that also produced by a reflexive or indirect effect, after the facts of the challenged judgment are modified. In reproaches for violations, both procedural and evidentiary, the legal reasons (always necessary) may concur along with those of a factual nature, and in that sense, the referenced grounds must be directed in both aspects, under penalty of inadmissibility. For its part, it is necessary to clarify that legal reasoning is exempted, by express legal mandate, from indicating the canons relating to the value of the poorly assessed evidentiary element or elements. Likewise, it is unnecessary to cite the rules used and erroneously mentioned by the trial court to issue and reason its decision, as they appear in the appealed ruling itself. And of course, it is not essential to cite the precepts associated with requirements, deadlines, and basic rules for the admission of the appeal. Thus, rather than mentioning them, the essential thing is to comply with them and put them into practice when drafting and filing the cassation. In this regard, the reasoning required by law can be understood, roughly, as that technical-legal argumentation in which a series of articles or legal rules are mentioned, interwoven or concatenated with each other, and linked in a reasonable and orderly manner in a dual perspective: with the arguments of the appeal and with the contested judgment; this is the two-fold character of cassation. To the extent that a set of legal norms (or, if applicable, a single one) is cited, relevant and clearly linked to the contested judgment (whether in its factual or legal support) together with the arguments of the appeal, there is legal reasoning. Jurisprudential additions or eventual doctrinal citations will sometimes reinforce the allegations made, but generally, they do not make up their essence. As this Chamber has stated in interpreting the referenced article 139, “it is required that the appeal have a minimum legal basis [...] the reasons on which it bases its petition must be explained, combating the legal arguments of the appealed judgment and including, at least, some normative reference that supports it” (ruling 318-A-2008 of 14 hours 25 minutes on May 8, 2008). The reasoning is, therefore, unrelated to the confused display of rules and allegations; to the mixture of unintelligible arguments, to the simple exposition of opinions on the appropriateness or justice of the case; or to the recounting of the errors considered in the appealed judgment, without support in legal rules or criteria. Therefore, if the appeal completely omits that technical-normative relationship, or if when made it is manifestly and evidently impertinent, confusing, or disconnected from the case, it will be understood to lack "total legal basis," and therefore, it will fail to meet the necessary requirement established in section 139.3 with its consequent sanction of outright rejection (rechazo de plano), pursuant to the provisions of article 140, subsection c), both of the same Code of reference.

II.- Canon 140, subsection c) of the same law also establishes the figure of outright rejection on the merits for those cases in which, given the specific subject matter raised and after the respective analysis on the merits, the Chamber or the Court of Cassation, as appropriate, has clarity regarding the inadmissibility of the appeal. In this scenario, the matter is resolved without the hearing procedure for the parties regulated in article 142 of the aforementioned normative body, thus promoting the principle of celerity in cassation proceedings. In this case, the defendant company, Palacios y Paraísos Tropicales la Selvita, S.A., files a cassation appeal on substantive grounds based on article 138, subsections a) and c) of the CPCA, which is summarized and addressed as set forth below.

III.- First claim. It is based on subsections a) and c) of article 138 of the Código Procesal Contencioso Administrativo (hereinafter, CPCA). Under the subtitle: Erroneous assessment of the legal conditions for declaring lesividad of the acts, it refers to the different procedural types to achieve that declaration, namely the one indicated in section 174 of the Ley General de la Administración Pública (hereinafter, LGAP) in accordance with canons 5 and 34 of the CPCA and the one declarable in an administrative venue upon a favorable opinion from the Procuraduría General de la República (hereinafter, PGR). Thus, it indicates, in this case, the first route was chosen because, if the nature of the titled land were easily qualifiable as demanial, the other route would have been chosen, for which it requests this aspect be examined. Then, it develops the conditions: subjective, objective, procedural, and temporal of the lesividad and, in relation to the latter, the four-year period indicated in Transitory Provision III of the Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa because the act predates the effectiveness of the CPCA. Next, it records an excerpt from considering VIII of the challenged judgment on the fulfillment of the aforementioned requirements. In this regard, it alleges the erroneous assessment of the objective or temporal element, insofar as analysis by the head of the Administration adopting the act sought to be annulled is necessary, who must establish the defects and their gravity to determine if it is «… a nullity that in turn is sufficient to be harmful (lesiva) to the public interest.». Thus, it indicates, the reasons for that declaration must be extracted clearly and precisely, which is lacking in the present case, because «… the agreement of the Institute's Board of Directors, Number 47 of Regular Session 36 of October 5, which declares the titling act involved in this process harmful (lesivo) to the public interests, does not have the proper technical reasoning, nor legal arguments to support said declaration, it is established (visible at image 79 of the judicial file) “FILE 33 - TITLING OF PARCEL. 97045, BLOCK 192, OF THE PURISCAL PARRITA TITLING PROJECT, IN FAVOR OF MARVIN PORRAS SANCHEZ, IDENTITY CARD NUMBER 1-0427-0886: (…) The titling file shows that the MINAE certification was presented establishing that the land is not part of the Protected Wild Areas, however, it also states that it constitutes natural patrimony of the state according to articles 13, 14, and 15 of the Ley Forestal 7575 of April 16, 1996. The titling file does not show that the soil use compliance study from INTA was presented. The file does not contain a report from the Instituto Geográfico Nacional.”.» In its opinion, the analysis of the objective element was pretermitted, since, had it been analyzed, the Court, by simple verification, could have derived the failure to meet the minimum conditions to continue with the declaration of lesividad. In that sense, it indicates, the administrative resolution of lesividad fails to establish the substantial disagreement with the legal system that configures the invalidity of the administrative act declared harmful (lesivo) (art. 158.2 of the LGAP), or an analysis of the elements of the act to locate the existence of some defect in one of these, according to section 158.1 of the same law, nor does it identify «… against which, the public interest that other act results harmful (lesivo)…» inferring the lack of proper and correct reasoning according to canons 133 and 136 of the same law. It adds that INDER's initial filing attempted to correct this, however, that was not the time nor the instance because the administrative act must contain all its elements by itself. In the opinion of the cassation representative, the alleged omissions that served as the basis for the lesividad request, consisting of the absence of a soil study and an IGN study, fall, at most, into the sphere of relative nullity, therefore, it is possible to apply the system of validation or convalidación of administrative acts; thus, there is a defect in the objective element for the declaration of lesividad of the act, especially when it is further intended to suppress and deny subjective rights. In its support, it records a doctrinal citation and refers to vote 2581-2010 of the Tribunal Contencioso Administrativo, Third Section, a circumstance that, despite being alleged by the current appellant, was not assessed by the A Quo. It adds that the correctable nature of the defects obligated the Administration to apply subsection 2 of article 174 of the LGAP. Next, it accuses the lack of connection and causality between the reason sustaining the lesividad of the agreements of INDER's Board of Directors with the titling project for the appellant's property, called Puriscal Parrita, because, in report DFOE-PGAA-20-2008 of August 27, 2008, from the Contraloría General de la República (hereinafter, CGR) entitled Results of the Study on Land Titling in National Reserves on Lands Belonging to the Natural Patrimony of the State, the Parrita titling project is only mentioned once (page 3, visible at folio 14 of the main file), where the names of the titling projects carried out by the IDA, now INDER, are cited; however, the Puriscal Parrita project is not subject to analysis. According to its statement, the foregoing is transcendental because the CGR requested carrying out the appropriate administrative procedures and actions to recover the lands from the 15 cases analyzed in the report, of which the appellant's property is not part, and while point two requested a complete analysis of the titlings carried out that were not part of that sample made by the CGR, in order to determine the existence of titlings on lands owned by the Natural Patrimony of the State for their recovery, from the entirety of the judicial file and administrative file, proof of a technical or legal analysis that determined the motivational elements to prove that, indeed, the property titled by Mr. Marvin Porras was, according to the Administration's claim, of public domain, is lacking. In relation to this, it argues, the declaratory act of lesividad is only sustained by the supposed absence of two correctable elements and one certification, without reasoning or technical argument, versus the dimensions intended with such declaration. Next, it indicates that no reasoning in any sense is derived from the lesividad act, therefore, the basic requirement to resort to this route regarding the objective element is not met, as INDER's special judicial attorneys lack the power to substitute the Administration's judgment, or to provide arguments that are not derived from the lesividad agreement. Subsequently, regarding the condition of temporality, it is argued that, given the demanial nature of the asset, it was not subject to a deadline, this, based on a certification issued by MINAE, SINAC-DS-OFAU-C-3125-2003 of July 21, 2003, «… where it says “it was determined, based on the location recorded in cadastral plan number P-862160-2003 in the name of the IDA, in possession of Marvin Porras Sánchez, that this describes a property located outside any protected wild area whatever its category in administrative management by the Ministry of Environment and Energy[;] however it constitutes Natural Patrimony of the State, according to articles 13, 14, and 15 of the Ley Forestal 7575 of April 16, 1996.”…». In its opinion, that document by itself does not prove the demanial nature of a property, as it is based on the existence of forest as the sole reason, without INDER carrying out any additional study and, rather, it was aware of the existence of possessors with longstanding possession rights, as proven in the administrative file. Then, it asserts that the property has never been part of the Natural Patrimony of the State because, according to what the legislator has provided, the demanial nature of the asset arises provided that there are no possessors on the land who could title said asset by having possessed it for ten years or more, quietly, publicly, peacefully, uninterruptedly, and as owners, with care of the land or forest, delimiting it with fences or tracks, and, as stated in the file, by the same Mr. Marvin Porras who carried out the titling and a witness, the property was in the possession of the Porras family for more than fifty years, circumstances that result in non-compliance with the conditions of the Ley 7575. Therefore, given the lack of condition as a public domain asset, the action to establish lesividad in the contentious-administrative venue is subject to a deadline that, in this specific case, has been exceeded, as it expired on August 23, 2008. Thus, it considers the conditions for lesividad unmet.

IV.- Second claim. It is based on subsections a) and c) of article 138 of the CPCA. Under the subtitle: Erroneous assessment and pretermitted evidence leading to an erroneous declaration of demanial asset, the same being privately owned, it initially cites an excerpt from what the Court considered regarding the qualification of the property involved in this process as demanial. In this regard, it considers there was an erroneous normative interpretation to reach that conclusion starting from the supposed interpretation of national reserve in the Ley 7575, as Executory Decree (Decreto Ejecutivo) number 3667-G of March 18, 1974, published in the Official Gazette La Gaceta number 72 of April 17, 1974, was created in accordance with the then laws: number 2825 Ley Tierras y Colonización of October 14, 1961, and number 5064 Ley de Titulación of August 22, 1972, not the provisions cited by the A Quo. Furthermore, the Decree is based on the provisions of Law No. 4686 of December 3, 1970, which approved the Loan Agreement between the Governments of the Republic of Costa Rica and the United States of America, through the Agency for International Development (A.I.D.), «… which establishes in the argumentation of the mentioned decree “(…) To make effective the 'Land Tenure' Project, included within the Agricultural Development program of such loan, it is necessary and obligatory that the lands involved in said program be transferred to the Instituto de Tierras y Colonización so that this Institution may proceed to carry out the cadastral and Public Registry procedures required for their titling. The Board of Directors of the Instituto de Tierras y Colonización, through agreement V of session 1736 of February 19, 1974, declared the Titling Zone and requests the Executive Branch to transfer the lands located in cantons: III Desamparafe (sic), IV Puriscal, V Tarrazú, VI Aserrí, XVI Turrubares, XVII Dota and XX León Cortés of the province of San José; canton VI Aguirre, IX Parrita and district V Jacó of canton 1 of the province of Puntarenas.”». In its opinion, the foregoing means that, as the titled property was not and had not been the property of the IDA, coming from a bona fide, public, peaceful, ownership-based possession for a period exceeding that established by the articles (sic), it met all the necessary attributes to carry out a possessory information proceeding using only INDER's administrative procedure, as a way to facilitate the registration process before the National Registry based on legitimate expectation. To the foregoing, it adds that using the then Ley de Titulación de Tierras Ubicadas en Reservas Nacionales, number 7599, does not allow deriving that it involves a public domain asset or Natural Patrimony of the State as established in its article 1, which, although declared unconstitutional, conceptualizes national reserves as lands not registered in the name of natural or legal persons, nor belonging to the State or its institutions, that is, it does not specifically speak about its nature, it even considers immovable properties with agricultural aptitude as a national reserve. In the opinion of the cassation representative, the provision sought to establish the concept of national reserve for untitled properties, therefore, it could not automatically be attributed as a synonym for public domain, but the repealed rule proposed it as a requirement to process titling, meaning that it was not registered in the name of any person for that purpose. It adds, the Constitutional Court analyzed the content of article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias confirming the possibility of titling properties covered by forest, even if in protected wild areas; to this end, it mentions ruling 4587-97 and records a transcript of vote 762-F-15 of the Tribunal Agrario, from which it infers that the Natural Patrimony of the State, formerly called the Agricultural Patrimony of the State, in 1961 comprised all inalienable lands not susceptible to acquisition through denouncement (denuncio) or possession, among others: the maritime-terrestrial zone, islands, the border strip, the banks of navigable rivers, the two-kilometer radius around Volcanoes and National Parks, characteristics that the property whose title is sought to be nullified does not possess; subsequently, with later reforms, the concept of national reserve was introduced, excluding properties protected by a ten-year possession, insofar as, as stated in the cited excerpt, lands that form part of national reserves, as lands with agricultural, livestock, or forestry vocation, possessed by private individuals for more than ten years and that were not part of the State's Agricultural Patrimony, were susceptible to legal recognition, both through the possessory information proceeding and through the administrative titling procedure carried out by the IDA. It considers it important that the concept of Natural Patrimony of the State was finally coined by the Ley Forestal number 7575 of April 16, 1996, whose sections 13 and 14 provided, «… as of that date that \"the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the farms registered in its name and of those belonging to municipalities, autonomous institutions and other bodies of the Public Administration\", become part of the public domain.» and, in its canon 72, article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias was amended to allow the titling of forest-covered lands, even in those cases where such lands form part of protected wild areas, an element raised since the statement of defense, however, it was not analyzed in the appealed judgment. Based on what the legislator provided, the cassation representative adds, it must be interpreted that the demanial nature of the asset arises provided that there are no possessors on the land who could title said asset by proving their possession for ten years or more quietly, publicly, peacefully, uninterruptedly, and as owners, taking care of the forest, delimiting it with fences or tracks, as is the case. Furthermore, in the administrative file, it was proven that the farm is not located in any protected wild area and, even it being a farm with forest cover (cobertura boscosa), it was under ten-year possession by the title applicant Porras Sánchez. It infers, if public domain is recognized without being subject to that exception, no one could title lands in forests, in which case the cited section 7 would have no reason to exist. Therefore, it denies that the property is the natural patrimony of the State, because, as stated in the file, there existed a possession that met the requirements for the property since 1940, information incorporated as evidence for better resolution and requested for the reconstruction of the material truth. It considers the foregoing important to demonstrate the translative title of ownership of the property, considering that the possessed area was larger when, who in life was Mr. Filiberto Porras transferred the entirety of the possession to his sons Marvin Porras and José Delio Porras, thus, the property was divided and therefore does not correspond to the material reality in the entirety of the property involved in the titling. In that sense, it questions the A Quo's pretermitting of the testimonial statement given in trial by Mr. Eduardo Artavia Barrantes and the party statement of Mr. Marvin Porras Sánchez, which, had they been analyzed, could have determined the bona fide possession for many years by different possessors, who used the property publicly, peacefully, in good faith, and continuously for more than fifty years. It adds that the burden of proof to establish the cause for absolute nullity corresponds to INDER, however, what was contributed did not unequivocally establish that it involves an asset destined for public use or located in the maritime-terrestrial zone, islands, border strip, banks of navigable rivers, or within a two-kilometer radius around Volcanoes and National Parks, that is, that they were inalienable lands not susceptible to acquisition through denouncement (denuncio) or possession; nor was the possession of said property discredited, as it is clear that, to carry out the procedure in the administrative venue, said requirement had to be met. Next, it indicates that, against that absence of proof, is the evidence contributed by the defendant, namely the statements that determine the use given to the property, first agricultural/livestock and later seeking its reforestation. Thus, if the ten-year possession occurred prior to 1996 with the enactment of Law number 7575, according to the provisions of article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias that allows the titling of forest-covered lands, it could not be considered natural patrimony of the State. Added to this, although the administrative titling file refers to the original possession of Mr. Marvin, in reality, Mr. Porras Sánchez was only meeting the requirements set forth by the officials themselves, it being notorious that they did not explain concepts such as original possession or translative title of ownership. Likewise, it emphasizes, his incorporation into the file in default, the documentation sent, and his statement under oath are consistent regarding his bona fide, public, peaceful, ownership-based possession, with documentation supporting his account and being consistent with it, regarding that the property was dedicated to the planting of achiote, beans, and pasture areas for cattle raising, that the forest areas were few, indicating that wood had been extracted and, voluntarily in the 1990s, they sought to reforest it to be eligible for forestry incentives with FONAFIFO. Furthermore, the translative title of ownership establishes that the possessory rights were acquired by who was the father of Messrs. Víctor Fonseca and Víctor Godínez, that the farm was never owned by the IDA and was registered in its name only to facilitate the titling process, having been sold to the current appellant, some time later, for ecotourism activities. Accordingly, that statement contrasted with the documents sent as evidence for better resolution, together with the testimonial statement of Mr. Eduardo Artavia, deserve absolute credibility, however, they were pretermitted in the court's analysis. From the statement of Mr. Artavia, who at the time of filing the cassation is 59 years old, it highlights his knowledge of the property since it belonged to Mr. Marvin Porras's father, when the declarant was a child of approximately 9 or 10 years old and accompanied his father, Saúl Artavia Marín, who was contracted to perform fieldwork on said property, i.e., cleaning and pruning the achiote trees, and, at that time, areas were planted and others had some part of forest, because no one cleared the entire mountain on the farms. Thus, those statements, contrasted with the statement of Mr. Porras Sánchez, allow identifying coincidences that give credibility to the account regarding the possession. However, the Court omitted analyzing the elements of possession and discredited it with the following argument: «… what I quote: “(…) Now it should be added, that although the defendant parties maintain that the asset titled in their favor and subsequently transferred to a third party was never part of a national reserve, nor has it been shown that it had characteristics of Natural Patrimony of the State, such argument is devoid of any evidence that supports it, other than their own account, as technical evidence has not been proven that refutes the qualification given by the competent entity to establish that qualification, such as the Ministry of Environment, to whom the legislator granted the custody and administration of those assets, such that the defendant's own testimony is not sufficient to discredit the certification that appears in the record. (…) (page 43 of the judgment being appealed).». In this regard, it indicates the existence of evidence produced at the oral and public trial hearing. In that sense, it questions, contrary to what the Court posited, Mr. Marvin Porras together with his father had possession of the property, a circumstance that is constituted as a proven fact, added to the statement under oath before the court, where Mr. Porras Sánchez, in oral testimony and eloquently, raised that the property involved in this process had been possessed since 1940 by Mr. Pedro Godínez Zúñiga and his father Filiberto Porras Fonseca, later being transferred to Mr. Marvin along with his brother José Delio Porras Sánchez, with which, a possession of about fifty years is accumulated; likewise, the administrative titling procedure offered by the IDA was chosen to reduce titling costs, thus, his statement is completely transcendental to determine the concurrence of the requirements of an asset being the natural patrimony of the State. It reiterates, the property was never owned by the IDA, now INDER, as well as having opted for the administrative titling method solely as a benefit based on legitimate expectation in the Administration. For this reason, it is incorrect to disregard the attributes of bona fide, public, peaceful possession, for almost 50 years at the time of carrying out the titling; this implies an illegitimate confiscatory action of private domain with a serious injury to the principles of justice and legal certainty. It concludes by indicating that, in its lawsuit, Inder recognized that its action in the titling was limited to recognizing already acquired rights of the title applicant, who met the respective requirements.

In that regard, except for a document lacking technical support, the plaintiff does not have proof to establish that the property was public domain, which was its burden of proof by virtue of the declaration of lesividad (declaratoria de lesividad). It requests that the challenged judgment be overturned on cassation and that the lawsuit be dismissed with the costs of the appeal to be borne by Inder.

V.- Resolution of the appellate arguments. Rejection of the cassation appeal on substantive grounds. The defendant corporation has filed a cassation appeal on substantive grounds, although throughout its arguments it also intersperses arguments of a procedural nature. Thus, for example, it reproaches the lower court for its classification of the real property that is the subject of this proceeding, but at the same time it misses the analysis of the requirements for substantiation in the administrative act declaring the lesividad, or its lack of a ruling on arguments presented in the answer to the complaint. Notwithstanding the foregoing, beyond the informality shown, this Chamber considers that the present matter must be rejected on its merits for the following reasons. In approaching the matter, the lower court provided an extensive and complete substantiation of various points concerning the specific case, where in the administrative venue the lesividad of Article 39 of Session 31-04 of August 23, 2004 of the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development was declared, by which means it mainly ordered the authorization, segregation, and transfer of the parcel for a supplementary title of ownership (título supletorio de dominio) to Marvin Porras Sánchez, identity card 1-427-886, of the property described in plan 862160-2003 (proven facts: sixth and ninth). Thus, in its Considerando VIII, the lower court addressed the fulfillment of the requirements for the declaratoria de lesividad, where, for the purposes of the first claim of this cassation appeal, it analyzed the concurrence of the elements: subjective, procedural, temporal, and objective, these last two being reproached in this case and, in respect of which, it correctly established that, since this proceeding concerns the claim of an asset considered public domain, the Administration's action is not subject to any time limit; likewise, it noted that the subject matter of the proceeding is the declaration of nullity of the administrative act declaratory of rights in favor of the administered party Porras Sánchez, therefore, the annulment claim is consistent with the lesividad proceeding; equally, the lawsuit was filed by the authority of the challenged act against the persons in whose favor the beneficial effects of that act arose, and therefore, in the objective sphere, it also deemed the requirements for filing the lesividad proceeding fulfilled. That is, these prerequisites: subjective, objective, temporal, and procedural constitute the threshold that gives way to the substantive analysis of the lesividad action (acción de lesividad). Therefore, the verification of those requirements was correctly carried out by the lower court, without it being necessary to analyze further details that could concern the merits of the matter depending on the perspective with which the jurisdictional body decides to approach the specific case. In relation to the latter, considerandos ninth, tenth, and eleventh are observed, where the lower court extensively developed the subject matter of the proceeding, delimiting it regarding public-domain assets in their dimension of Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), as well as the classification of the property discussed here within that category, with the consequence of upholding the lesividad lawsuit. For the purposes of this resolution, the following excerpts from this last considerando are of interest: "… In this regard, to determine whether that property is part of the public domain or not, the concurrence of the subjective, normative, objective, and finalistic elements must be analyzed, as explained in considerando IX of this judgment. In this sense, we have that, as evidenced in the record, the origin of the titling arose from the Constitution of the Puriscal-Parrita Titling Program\" created by Executive Decree number 3667-G of March 18, 1974, published in the Official Gazette La Gaceta number 72 of April 17, 1974; an area of 267,239 hectares was registered in the National Registry in the name of the IDA under Folio Real Matricula 219039-000 (an uncontroverted fact), created in accordance with the provisions of the Land Titling in National Reserves Law number 7599 of 1996, which was declared unconstitutional in 2001 by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), therefore the Board of Directors proceeded to title the property (sic) that is the subject of this proceeding in accordance with the provisions of the Regulation called Titling of Lands Located in National Reserves, issued by the IDA's Board of Directors, which replicated the provisions of Law 7599 and which was likewise declared unconstitutional by vote of the Constitutional Chamber in 2007. That norm stated in its first numeral: 'Article 1.- The purpose of this legal instrument is to regulate the provisions of the Land and Colonization Law regarding the titling of lands in National Reserves, granting legal certainty in land tenure through the recognition of full ownership in areas where their possessors have acquired the right to registry titling.' That regulation conceptualized 'National Reserves' as: 'Lands encompassed within the limits of the Republic that are not registered in the name of third parties, of Municipalities, Autonomous Institutions, or of the State in general.' In that logic, it is clear that the origin of the asset titled in favor of the defendant Porras Sánchez was assets constituting national reserves - given that they arise from the authorization to register assets with the characteristics of National Reserves as provided in Law 7599 of 1996 - that is, their origin lies in those territories. According to the provisions of numeral 13 of the Forestry Law (Ley Forestal), these correspond to what the legislator declared as assets forming part of the Patrimonio Natural del Estado, and therefore they are outside the commerce of men and cannot be susceptible to being titled as private property. (…) if we analyze the nature of the assets that constitute the Patrimonio Natural del Estado - numeral 13 of the Forestry Law - and the reference to what is indicated in numeral 7, second paragraph, it is possible to conclude that the assets to which the legislator refers in the cited ordinal do not encompass assets derived from national reserves, inasmuch as that numeral alludes to assets that, although they may have forest vocation (vocación forestal) or forest aptitude, which the legislator has admitted may be managed and conserved in the hands of private individuals, cannot be those derived from national reserves, because national reserves constitute Patrimonio Natural del Estado and therefore are part of the public domain. This conclusion was developed by the Constitutional Chamber in vote 4587 of August 5, 1997, which stated: (…) From said analysis, it follows that there are assets with forest aptitude capable of being part of private domain and that fulfill a public utility purpose, and for that reason are subject to a special conservation regime in the hands of the administered party, and it is precisely those assets to which numeral 7, second paragraph of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias) refers, but these cannot include the assets constituting national reserves because these are subject to the special regime of public domain that is outside the commerce of men, and the only form of alienation is through removal from public domain (desafectación) granted by the legislator. That is, their use under the regime to which they belong is only possible through the figure of a concession, but the private property regime is inadmissible. Hence, the existence of possession as alleged by the defendant generates no right over the same, and consequently it could not be thought that the State's right to seek its recovery has prescribed, because in essence the asset cannot be subject to any prescriptive period in either of its two variables, be it positive for purposes of being acquired by usucapion (usucapido) or negative for purposes of limiting the right of recovery of the same in the hands of the State. (…) In any case, although our civil law system protects the ownership of assets acquired under the protection of registry publicity, such a criterion cannot be opposed to the nature of assets of a public-domain character, especially regarding assets like the one discussed in this proceeding, where their vocation dates back to before the very declaration of their condition in 1996 with the Forestry Law. That is, it is not valid that the possession exercised was transmitted from the seventies as the defendants allege, because their vocation has a prior origin, inasmuch as that vocation is defined for these assets from the very existence of them. It must be emphasized that the acción de lesividad has a purpose of recovering that ownership, to the extent that the very reason for the lawsuit is the recovery of land that, being part of the public-domain regime, is alleged to have been illegitimately transferred to the private regime. Now, it must be added that even though the defendant parties maintain that the asset titled in their favor and subsequently transferred to a third party was never part of a national reserve, nor has it been shown to have had characteristics of Patrimonio Natural del Estado, such argumentation is devoid of any proof to support it, other than their own word, as no technical proof has been provided to rebut the classification given by the entity competent to establish that classification, namely the Ministry of the Environment (Ministerio de Ambiente), to whom the legislator granted the custody and administration of those assets. Therefore, the testimony of the defendant himself is not sufficient to discredit the certification that appears in the record. Furthermore, it is clear from the record that even the cadastral plan used for the titling of the asset, as well as the inspection carried out for that proceeding, show that the site is located on a mountain and that its constitution is entirely forest cover (bosque), conditions characteristic of forest land constituting Patrimonio Natural del Estado. In any case, as indicated, its origin comes from the authorization for the titling of National Reserves, a circumstance that the defendant fails to discredit, and it must be insisted that the transfer of the asset by sale does not detract from that public-domain characteristic, as explained. Moreover, from what we have analyzed, this asset meets the requirements to be incorporated into the public domain; in its subjective element, its administration is in the hands of the State through the Ministry of the Environment; regarding the objective element, we have that it is a real property that is susceptible to forming part of the public domain, a classification that is of a technical nature and is provided in the case file, as the certification SINAC-DS-OFAY-C-3125-2003 exists in the record, in which the Ministry of Environment and Energy's National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) certifies that: 'Having carried out the study on the respective cartographic sheets of the basic map of Costa Rica, scale 1:50,000, it has been determined, based on the location stated in cadastral plan number P-862160-2003 in the name of I.D.A. in possession of MARVIN PORRAS SÁNCHEZ, that this describes a property that is located OUTSIDE OF ANY PROTECTED WILDLAND AREA, WHATEVER ITS MANAGEMENT CATEGORY ADMINISTERED BY THE MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY. HOWEVER, IT CONSTITUTES PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO ACCORDING TO ARTICLES 13, 14 AND 15 OF THE FORESTRY LAW 7575 OF APRIL 16, 1996.' Additionally, the normative element as a requirement for a public-domain asset is configured as we indicated in numerals 13 and 14 of the Forestry Law, and it fulfills a purpose, which is to guarantee the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment. It must be noted that it is precisely the existence of that indicated certification, which was presented by the defendant himself to fulfill the titling requirements demanded by the Regulation for Titling in National Reserves, that gives rise to a defect in the act, inasmuch as that certification indicated the preexistence of a condition that made titling impossible under the terms of that regulation and that constitutes an absolute nullity defect in the motivation element, which cannot be cured as the defendant corporation alleges, on the understanding that it is an indispensable condition that cannot be cured or validated. Consequently, such a defect is sufficient to declare the nullity of that titling act, beyond the absence of any other requirement, given that the defect exposed is so gross that the very existence of that condition makes the acción de lesividad appropriate, as the property subject to the proceeding is undoubtedly part of the public domain…\" (the text does not appear highlighted as such in the original). The foregoing, in relation to the arguments set forth in the appellate challenge, shows their inadmissibility ad portas, as the appellant insists on matters that, given the way this proceeding has developed, are unviable. Initially, the alleged insufficiency of the official communication SINAC-DS-OFAY-C-3125-2003, by which means it is certified that the asset with cadastral plan P-862160-2003 is located outside of any protected wildland area but constitutes patrimonio natural del Estado according to articles 13, 14, and 15 of the Forestry Law number 7575. In that sense, it is argued that this is not sufficient to prove that public-domain classification. However, as the lower court has stated, that document was the basis for the request for titling of the land before the then IDA by Mr. Marvin Porras Sánchez, and it is not relevant, at this time and proceeding, to question it on the basis of lacking technical studies. That is, that document was timely issued and, if said notation was considered grievous, it should have been challenged at the time, and it is not now viable to allege its insufficiency, especially when in that proceeding it constituted an input for the declaration of rights in favor of Mr. Porras Sánchez. In relation to that, the lower court is correct when it affirms, in any case, the lack of technical proof to at least question the characteristics of the property as patrimonio natural del Estado. Ergo, testimonial declarations or party statements are unsuitable to controvert a classification thus set forth in a document issued by the Ministry of the Environment, to whom, as the lower court states, the State has granted the custody and administration of those assets. Without prejudice to that, the omission of the referenced declarations cannot be alleged, inasmuch as proven facts tenth and eleventh refer precisely to what was declared by Messrs. Marvin Porras and Eduardo Artavia Barrantes in relation to the property titled in favor of the former. Next, what is alleged that the motive that supports the lesividad of the Inder Board of Directors' Agreements has no connection or causality with the Puriscal Parrita project is likewise unviable, since the sixth proven fact strictly states that Article 39 of Session 31-04 of August 23, 2004 of the IDA Board of Directors was issued based on the Puriscal Parrita Titling Program (Programa de Titulación Puriscal Parrita), created by Executive Decree number 3667-G of March 18, 1974, and, in turn, the agreement made by the Inder Board of Directors in Article No. 47 of Ordinary Session 36, held on October 5, 2015, is clear in identifying Mr. Marvin Porras's case as EXPEDIENTE 33 - TITULACIÓN DE PARCELA 97045, BLOQUE 192, OF THE PROYECTO DE TITULACIÓN PURISCAL PARRITA, IN FAVOR OF MARVIN PORRAS SÁNCHEZ. (Image 78 of the case file in PDF format). In that sense, for this Chamber there indeed exists a correlation between both acts. Added to this, in the latter it is expressly stated: \"In the titling file it is recorded that the MINAE certification was presented establishing that the land is not part of the Protected Wildland Areas; however, in the same, it is stated that it constitutes patrimonio natural del estado according to articles 13, 14 and 15 of the Forestry Law 7675 of April 16, 1996. In the titling file, there is no record that the land-use study in accordance with INTA soils was presented. In the file, there is no report from the National Geographic Institute.\" (the text does not appear highlighted as such in the original). Thus, the alleged lack of reasons to declare the lesividad of Agreement 39 of Ordinary Session number 31-04 of August 26, 2004 is dismissed, as the corresponding justification was expressed, which includes the classification of the titled property as Patrimonio Natural del Estado, which, as the lower court has stated, is sufficient reason to declare that act lesivo. Finally, the lower court's consideration regarding the unconstitutionality declared in 2007 concerning the Land Titling in National Reserves Regulation is observed, which this Chamber verifies in the NEXUS system where judgment number 2007-2063, issued at 2:40 p.m. on February 14, 2007 by the Constitutional Chamber, materially corrected in vote 2007-4517 at 6:19 p.m. on March 28 of the same year, is located. In that sense, that Body resolved: \"Por tanto: The material error contained in the Por tanto of judgment number 2007-2063, of two forty p.m. on February fourteenth, two thousand seven, is hereby corrected to read as follows: \"The action is PARTIALLY GRANTED. Consequently, the Regulation for Titling in National Reserves, approved by agreement of the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development in Session 055-02 of August twelfth, two thousand two, and published in La Gaceta 173 of September tenth, two thousand two, is annulled. This judgment has declaratory and retroactive effects to the date of entry into force of the annulled norms, i.e., August twelfth, two thousand two. The foregoing, without prejudice to the State's patrimonial liability deriving from this unconstitutionality. It is declared that Article 179 of the Land and Colonization Law is not unconstitutional, provided it is interpreted that the authority to issue executive regulations rests solely with the Executive Branch. The brief of the action filing (added to folios 1 through 29 of the case file) shall be certified, to be left in the record, so that it may be processed as an amparo action with regard to the challenge made against decrees 27726-MINAE-MAG, 27861-MINAE-MAG, 28743-MINAE-MAG, 28744-MINAE-MAG, 28745-MINAE-MAG, and 28746-MINAE-MAG, which transferred national reserve lands to the Institute of Agrarian Development for land titling projects. Communicate this ruling to the Legislative, Executive, and Judicial Branches, and to the Institute of Agrarian Development. Summarize this ruling in the Official Gazette La Gaceta, and publish it in full in the Judicial Bulletin. Notify.-\"\" The foregoing is equivalent to concluding the lack of normative support for the titling granted to Mr. Marvin Porras, regarding the referenced regulation that was expelled from the legal order with retroactive effects given its annulment. In relation to this, note also that the dimensionalization carried out by the Constitutional Chamber, due to said suppression, was done \"… without prejudice to the State's patrimonial liability deriving from this unconstitutionality…\". That is, the titling granted was left without substance as to its normative-regulatory support, because the referenced Decree was annulled with retroactive effects to the date of its entry into force, without preserving good-faith acquired rights. As a corollary, the cassation appeal must be rejected on the merits, given this Chamber's certainty of its inadmissibility.

POR TANTO

The cassation appeal is rejected outright on substantive grounds. JRODRIGUEZBAR

 

 

	
Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	
 




Rocío Rojas Morales

	
 

	
Jorge Leiva Poveda



Carlos Guillermo Zamora Campos

	
 

	
Ignacio Jose Monge Dobles

 

 
Digitally Signed Document
-- Verification code --

 2SQBG4KATE461
1
 
A faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 03-26-2026 09:19:40.
SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República