Res. 00881-2025 Sala Primera de la Corte — Denial of Titling in Settlement within Golfo Dulce Forest ReserveImprocedencia de titulación en asentamiento dentro de Reserva Forestal Golfo Dulce

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Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 00881 - 2025

Fecha de la Resolución: 29 de Mayo del 2025 a las 09:26

Expediente: 15-005498-1027-CA

Redactado por: Luis Guillermo Rivas Loáiciga

Clase de asunto: CONOCIMIENTO

Analizado por: SALA PRIMERA





Texto de la resolución

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Exp: 15-005498-1027-CA

 

Res. 000881-F-S1-2025

 

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veintiseis minutos del veintinueve de mayo de dos mil veinticinco .

Proceso de conocimiento, establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por MARIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, cédula de identidad número 6-0113-0875, representado por su apoderado especial judicial licenciado Roldán Morales Novoa, carné de colegiado número 18671 contra el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL -INDER-, representado por su apoderado especial judicial Licenciado Francisco Antonio Villegas Ramírez, cédula de identidad número 601610997, carné de colegiado no. 8129.

Redacta el magistrado Rivas Loáiciga

CONSIDERANDO

I.- En lo de interés el Tribunal conformado por las personas juzgadoras Fabián Núñez Castrillo, Evelyn Solano Ulloa y Francisco Chaves Torres, tuvo como hechos probados, los que de seguido se expondrán. La Reserva Forestal de Golfo Dulce, fue creada mediante Decreto Ejecutivo no. 8494-A del 26 de abril de 1978, y su cabida se modificó mediante los Decretos Ejecutivos 9388-A del 30 de noviembre de 1978 y 10142-A del 12 de junio de 1979. Mediante acuerdo no. 11 de la Sesión no. 400 del 8 de junio de 1965, la Junta Directiva del entonces ITCO, acordó entre otras cosas, proponer a la empresa Arawak Trust Company la compra de la porción de tierras conocidas con el nombre Bahía Drake. En acuerdo VI de la sesión no. 712 del 2 de mayo de 1967, la Junta Directiva del entonces ITCO dispuso entre otras cosas: "a) Ratificar el acuerdo contenido en el art. II de la sesión no. 628 celebrada el 4 de noviembre de 1966, por el cual se acordó que sin perjuicio de las conversaciones que se pudieran llevar a cabo para arreglar satisfactoriamente el conflicto de ocupación precaria en fincas de la Osa Productos Forestales, situadas en Bahía Drake de Osa, prosíganse los trámites señalados en el capítulo vi de la ley de tierras y colonización; b) Encargar al Depto. Legal la elaboración de un proyecto de Decreto Ejecutivo tendiente a inscribir a nombre del Estado, para su posterior al ITCO, de aquellos terrenos nacionales, con una superficie de aproximadamente 15.000 hectáreas, que se encuentran situados en el centro de la Península de Osa, rodeados de las fincas de la Osa Productos Forestales".  Mediante acuerdo IV de la sesión no. 1832 del 11 de diciembre de 1974, la Junta Directiva del otrora ITCO, dispuso entre otras cosas: "A) Ratificar la aprobación del Proyecto de Convenio preliminar para la solución del conflicto de tierras en la propiedad de Osa Productos Forestales S.A., haciendo hincapié en que al tenor de la cláusula cuarta del mismo, la Osa, se obliga a traspasar al ITCO un área de Reserva del 20% de las tierras requeridas para cada Asentamiento, destinado al desarrollo futuro de aquellos ...". En sentencia no. 2456- 97 de 11 horas 3 minutos del 2 de mayo de 1997, la Sala Constitucional resolvió recurso de amparo no. 3605-V-92, promovido por el Sindicato de Productores Independientes del Cantón de Osa contra el entonces Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como la Dirección Forestal del Ministerio de Recursos Naturales Energía y Minas, ordenando al Ministerio de Ambiente y Energía: "...proceda a realizar -si no se ha hecho- el censo que se establece en el numeral 11 del Decreto Ejecutivo 8494-A e iniciar las diligencias de expropiación o compra directa según corresponda, debiendo proceder a elaborar conjuntamente con aquellos recurrentes que resulten del censo ser propietarios o poseedores legítimos, un plan de explotación de la tierra acorde con el Régimen a que están sometidos los terrenos y que le permita a los propietarios o poseedores legítimos su sustento y subsistencia mientras dure el trámite expropiatorio". El señor Mario Gonzáles González no fue parte en ese recurso. La finca del partido de Puntarenas matrícula de folio real 39334-000 correspondiente al asentamiento campesino denominado Osa, tuvo su origen en el decreto de expropiación no. 10088-G-H publicado en La Gaceta no. 102 del 1° de junio de 1979, reformado por el no. 10233-G del 5 de julio de 1979, y referido a los inmuebles números 22048-000, 8947-000 y 22046-000 del Partido de Puntarenas, reunidos en la propiedad 39334-000 con plano no. P-0180757-1994 que contiene la siguiente leyenda: "Con base en la ubicación que aparece en este plano el inmueble se ubica DENTRO DE LA RESERVA FORESTAL GOLFO DULCE. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en la Ley Forestal N°7174, su reglamento y el Decreto Ejecutivo Ley N°DE-10142-A del 12-06-79. Se autoriza para efectos catastrales la inscripción de este plano. Fecha 18 ABR 1994". El Instituto mediante artículo 39 de la sesión no. 044-05 del 14 de noviembre de 2005, en lo que resulta de interés, dispuso: "1- Que las fincas inscritas en el Registro Público, Sección Propiedad, Partido de Puntarenas, números 22048, 8974 y 22046, las cuales fueron reunidas formando una sola finca inscrita al Folio Real 39334- 000 del Partido de Puntarenas propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario, que conforman el Asentamiento Campesino Osa, se ubican dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, creada mediante decreto ejecutivo número 8494-A del 1 de junio de 1978. 2- Que los indicados inmuebles los expropio el Estado a la compañía Osa Productos Forestales y en el mismo acto los traspasó al Instituto de Tierras y Colonización, hoy IDA, para el desarrollo de un plan agropecuario forestal a favor de campesinos sin tierra (ver decretos Ejecutivos 10088-G-H de fecha 2 de mayo de 1979 y Decreto 10244-G de fecha 5 de julio de 1979). 3- Que según estudios efectuados por la Sección de Inventario de Tierras de este Instituto las tierras expropiadas a la Compañía Osa Productores Forestales estaban por un conflicto de ocupación precaria que se originó en el año 1963 (véase oficio SIT-059-78) (...) Acordó: PRIMERO: Se autoriza un procedimiento especial y exclusivo para que en la finca número 39334-000 del Partido de Puntarenas, propiedad del IDA, que conforma el Asentamiento Campesino Osa, ubicado dentro de la reserva forestal Golfo Dulce se pueden entregar títulos de propiedad a favor de aquellos ocupantes que demuestren una posesión de por lo menos diez años con anterioridad al 1 de junio de 1978 fecha en la que se creó por decreto la Reserva Forestal Golfo Dulce. SEGUNDO: El beneficiario que pretenda ser sujeto de titulación deberá presentar los siguientes documentos ante la Oficina Subregional del IDA en Rincón de Osa: a- Solicitud formal para que se le otorgue el título que deberá contener como mínimo: nombre, apellidos, calidades y domicilio del solicitante y su cónyuge ubicación de la parcela o lote que se pretende titular y naturaleza del terreno. b- Documentos legales que demuestren la posesión decenal ejercida con anterioridad al 1 de julio de 1978. e- Declaración jurada rendida ante un Notario Pública (sic) donde conste el tiempo de posesión del solicitante el nombre, apellidos y demás calidades de la persona de quién adquirió su derecho, así como la cadena de transmisión del mismo a partir del 1 de julio de 1968. d- Certificación del estado civil del solicitante o solicitantes. e- Copia de la cédula de identidad del solicitante y su cónyuge. f- Plano catastrado del inmueble. Con toda la documentación antes señalada la Oficina Subregional del IDA en Rincón de Osa procederá a la conformación del respectivo expediente administrativo (...) CUARTO: La Oficina Subregional de Rincón de Osa del IDA, en acción conjunta con el funcionario que la Dirección del Área de Conservación Osa el MINAE designe, deberá en todos los casos practicar inspección ocular en el predio que se pretende titular. La indicada inspección ocular tendrá como objeto lo siguiente: a) Comprobar en el propio sitio la presencia del ocupante como dueño del terreno. b) Comprobar linderos, comprobar que no existen traslapes ni presencia de terceros ocupantes. e) Reseñar la naturaleza del inmueble. d) Levanta el acta correspondiente que será suscrita por los funcionarios señalados. e) Verificar la información investigada con la base de datos. censos y documentos que posea la oficina subregional del IDA en Osa. QUINTO: Realizada la inspección de campo y habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos, el MINAE por medio de su representante regional y el IDA por medio de la Oficina Subregional de Osa emitirán la recomendación respectiva expresando su opinión favorable para el otorgamiento del título o las razones para negarlo...". En acuerdo 35 de la sesión ordinaria no. 040-2007 del 19 de noviembre de 2007, la Junta Directiva del Instituto dispuso: "Con fundamento en lo expuesto en el oficio DAJ-1013-07, suscrito por la Dirección de Asuntos Jurídicos en el cual indica que la afectación a Reserva Forestal de los terrenos que se encuentran inscritos a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario, hace que su afectación al Patrimonio Natural sea automático, estándole vedado otorgar títulos de propiedad a particulares, se acuerda: Revocar el acuerdo 39 de la sesión 44- 05 del 14 de noviembre del 2005, referente a la titulación en la Reservo Forestal Golfo Dulce. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD".  La mencionada entidad adjudicó al actor los predios identificados como 10 y 10-A del Asentamiento Osa, sector 6, sin antes verificar la afectación de los predios por patrimonio natural del Estado, acuerdo que no se materializó debido a que el actor no firmó la respectiva escritura pública, ni pagó el costo de la tierra. El Señor González González interpuso demanda contra el INDER, donde pidió se dispusiera la conducta omisa de dicho Instituto en ejecutar el acto administrativo válido y eficaz dictado por la Junta Directiva mediante acuerdo no. 11 sesión no. 400 del 8 de junio de 1965, acuerdo no. VI de la sesión No 1832 del 11 de diciembre de 1974, acuerdo VI sesión no. 712 del 2 de mayo de 1967, dirigidos a dar una solución al problema de tenencia de tierra de los poseedores de los terrenos de la empresa Osa Productos Forestales Sociedad Anónima; se le reubicara en un fundo de iguales condiciones al que posee, representado mediante el croquis que consta en autos, o en su defecto se le deberá cancelar el valor de su derecho de posesión, con base a peritaje que valorará su inmueble. Se declarara que está en posesión del área en litis desde 1959, tal y como consta en la carta de venta que consta a folios del 463 al 467. Condenar en abstracto al INDER por los daños y perjuicios ocasionados por la inacción administrativa a lo largo de los últimos sesenta años e impedir un régimen sano de posesión del terreno identificado por medio del mencionado croquis, así como la correcta distribución de la tierra y sus riquezas en su detrimento. Se declarara que era de conocimiento del antiguo I.T.C.O. -hoy I.N.D.E.R.- que en las tierras que pretendía expropiar a la sociedad Osa Forestales existía un problema de ocupación en precario, como es su caso. Se le reconociera dentro del grupo de poseedores descritos en los censos que constan en autos, producto de su posesión continua por tracto sucesivo. Que el ente demandado recayó en otra conducta omisiva al no ejecutar el acuerdo no. 39 de la sesión 044-05, celebrada el 14 de noviembre de 2005, y, se le condene al pago de ambas costas. La representación del INDER, contestó negativamente la demanda e interpuso las excepciones de caducidad, prescripción, falta de: derecho y legitimación. El Tribunal rechazó las excepciones de falta de legitimación, caducidad y prescripción; acogió la defensa de falta de derecho. Declaró sin lugar, en todos sus extremos, la demanda. y condenó a la parte actora vencida al pago de las costas derivadas de este proceso, extremo que dispuso se liquidaría en fase de ejecución de sentencia. Inconforme el vencido formula recurso de casación donde desarrolla un agravio adjetivo y dos de fondo.

Recurso de casación por razones procesales

 II.- Único: acusa el Tribunal incurrió en el vicio de incongruencia. Expone de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA) en cuanto a lo no regulado en dicha normativa rigen los principios procesales en general, los cuales, señala, corresponden a los regulados en el Código Procesal Civil (CPC). Así, apunta se quebrantó el precepto 61.3 ibid, en lo referido a la falta de motivación, cuando su desarrollo es confuso o contradictorio. Reprocha, se tuvieron como acreditados hechos que no formaron parte del proceso, como la creación de la Reserva Golfo Dulce, —cuya existencia no fue cuestionada—. Además, señala el terreno objeto de litigio no está dentro de sus límites (declaración de testigos de ambas partes). Lo expresado, indica, produjo inseguridad jurídica e indefensión, aunado a la circunstancia, dice que existe falta de claridad en lo tocante a las cuestiones debatidas por los contendientes. Explica, la falta de congruencia (cardinal 150.1 del CPCA) se configura debido a la contradicción al redactarse los hechos probados, dado que en su opinión analizó cuestiones que no son parte de lo debatido. De seguido transcribe sus pretensiones para increpar, el Tribunal erró al definir el objeto del proceso y de ahí que lo decidido, manifiesta, resulte incongruente. Asimismo, recrimina, de paso dejó de examinar el verdadero objeto y obvió el ordenamiento jurídico. Reclama, las personas juzgadoras aludieron a supuestos procesos similares, pero, donde los predios si se encuentran dentro de la Reserva, que no es su caso, ya que la suya está fuera de ella. Igualmente, argumenta, la litis versa sobre un conflicto de titulación de tierras, que no forma parte del patrimonio del Estado, ya que no existe probanza a ese respecto. Este proceso, recalca, pretende la revisión de actuaciones administrativas del INDER (acuerdos de su Junta Directiva números 11, sesión no. 400 del 8 de junio de 1965; VI, sesión 1196 del 16 de junio de 1970 y cuatro, sesión no. 18323 del 11 de diciembre de 1974), en relación son la problemática de tenencia de tierras de inmuebles de Osa Productos Forestales S.A., lo que menciona, llevó a que el Estado los expropiara. En concreto, afirma, la litis está dirigida a la omisión administrativa en lo atinente al título de su terreno, así como los daños y perjuicios experimentados, por tal negativa. En consecuencia, refuta, debió realizarse una minuciosa revisión de las actuaciones materiales del Instituto. Increpa, el yerro resulta notorio al confundirse la obligación de reubicar a los poseedores o pago de mejoras, con la de otorgar el respectivo título dentro de la Reserva, e insiste, se obvió que su predio está fuera de ésta por lo que no constituye patrimonio natural del Estado. Acota, se le negó su titulación, pese a que ya había sido declarado adjudicatario, sin brindar la causa o motivo para resolver como se hizo. Insta a que se aprecie la falta de congruencia, confusa redacción y oscuridad del fallo, dado que echa de menos la metodología seguida, las citas de doctrina en que se apoyó y la claridad en cuanto al derecho mencionado. En consecuencia, acusa conculcados los principios de congruencia, debido proceso, y motivación.

 III.- El casacionista en su agravio en un inicio acusa incongruencia, con sustento en el canon 220 del CPCA, señala se vulneró el artículo 61.3 del CPC. Sobre este particular, ha de aclararse lo que estipula la norma del CPCA mencionada es que: “Para lo no previsto expresamente en este Código, se aplicarán los principios del Derecho Público y procesal, en general”. Así, en una correcta técnica resulta posible alegar el quebranto al principio procesal de congruencia de las sentencias, no la infracción de algún precepto de algún otro cuerpo normativo distinto al CPCA.  Esto sin que conlleve a la inadmisibilidad del reproche, aunque se constata dicha norma (61.3) alude, según el propio recurrente lo expresa, a la falta de fundamentación por ser confusa o contradictoria, no a la falta de congruencia, para la cual cita el cardinal 150, inciso 1) del CPCA, que ha de apuntarse no regula dicho principio, sino el efecto al acogerse en sentencia algún yerro procesal. La norma que regula dicho yerro es el numeral 137, inciso d). Por otro lado, resulta evidente en el desarrollo del cargo el impugnante mezcla ambos vicios, lo que provoca que la inconformidad no sea clara ni precisa. En cuanto a la incongruencia, argumenta, se produce dado que, al redactarse los hechos probados, resultan contradictorios, pues, en su criterio, examinó cuestiones que no forman parte de lo debatido, lo que refiere a una cuestión sustantiva. Sobre el yerro procesal alegado, este Órgano decisor ha señalado que la incongruencia se configura al no existir relación entre lo solicitado por los contendientes y la parte dispositiva de la sentencia. Se produce cuando hay una clara contradicción o falta de coincidencia entre lo decidido en el fallo con lo pretendido y las defensas formuladas, en la demanda o contrademanda, su contestación, así como en las audiencias que se realicen. Así, no entre los considerandos de la sentencia y lo dispuesto en el dispositivo. En concreto como causal de casación ocurre cuando las personas juzgadoras resuelven sobre cuestiones que no fueron peticionadas (ultra petita), o proveen de forma excesiva sobre lo solicitado (extra petita), u omiten decidir en todo o en parte en lo tocante a cada una de las pretensiones y excepciones formuladas (mínima o infra petita). En consecuencia, para establecer su acaecimiento, es menester, confrontar el dispositivo del fallo con lo peticionado en la demanda y demás oportunidades que brinda la normativa, su contestación, excepciones opuestas por la parte accionada, con el propósito de determinar si en efecto existe un evidente desajuste entre estos extremos. En la especie, resulta diáfano, el error aducido no se produce, porque los hechos tenidos por probados, así como los no acreditados, están comprendidos en lo considerativo de la sentencia. En consecuencia, lo aducido no corresponde a la falta de congruencia, no se refiere a contradicciones entre lo pedido y debatido con lo fallado. Lo refutado atiende al fondo del asunto, ya que dice, el Tribunal confundió el objeto del proceso, dejó de analizar a fondo las actuaciones del INDER que, en su opinión, permiten comprobar la omisión en la que incurrió el demandado. Esta Cámara podría recalificar el agravio, pero, no cumple con la obligación que tiene la parte de mencionar las disposiciones vulneradas y explicar cómo se produjo. Además, lo reitera en los motivos sustantivos, por lo que se analizaran al conocer de estos. De ahí, lo procedente es rechazar el reproche.

Recurso de casación por razones de fondo

 IV.- Primero: acusa indebida apreciación probatoria, apunta, a partir de las pretensiones del presente proceso, así como su objeto, que era declarar la conducta omisa por parte del ente demandado, al no haberle otorgado el título de propiedad, pese a haber sido declarado adjudicatario. Señala, en autos existe prueba suficiente que no fue rebatida por el demandado, en lo concerniente a que no existió motivo para no otorgarle su título de propiedad. Agrega, incluso, los testigos del accionado no pudieron explicar, por qué no se le expidió, lo cual, considera, demuestra la conducta omisa del INDER. Otro elemento de convicción, señala, lo constituye el hecho de que desde el inicio del proceso adjuntó la carta venta donde adquirió el inmueble de litis en 1959. Expresa, en el juicio aportó una certificación más legible para facilidad de las partes y del Tribunal, así como otra documentación en concepto de prueba para mejor resolver, donde se comprobaba tenía una posesión previa a 1959. De ahí, reprocha, entre los hechos no probados se incluyera que él no demostró derechos posesorios, aunque el propio Instituto si los reconoció desde antes de 1959. Así, reclama, resulta evidente la indebida valoración de la prueba, que contribuyó a que dichas situaciones fácticas no acreditadas no se correspondan con la realidad. Enumera cada uno de los hechos tenidos como no probados e indica las razones por las cuales considera erró el Tribunal. En cuanto al 1, manifiesta, no es culpa suya que el Tribunal hiciera referencia a un extremo que no fue objeto del debate. Apunta, que desde el 16 de enero de 2022, aportó prueba que se aceptó para mejor resolver, donde indica, se demuestra la posesión desde 1959, la que acusa, no fue valorada. En lo tocante al 2. Refuta, el inmueble de litis esta fuera de la reserva y de las fincas expropiadas, —reconocido por el demandado—. Sobre el 3. Dice, en ningún momento se discutió nada en lo concerniente a si se cumplió o no el procedimiento, por el contrario, recrimina, en el expediente está la declaratoria de adjudicación lo cual demuestra fehacientemente que, si se cumplió, sin que el Instituto efectuara ningún alegato u objeción. Referido al 4. Expone, es claro que si fue declarado adjudicatario, y su parcela no se encuentra en la Reserva, ni es patrimonio natural; entonces no existe razón para que no le otorgaran el título. En lo que atiende al 5. Afirma, los derechos le fueron otorgados por el INDER, quien lo declaró adjudicatario, pero, no le expidió el título, lo cual argumenta, genera la conducta omisa, que si constituye lo debatido en el presente proceso. Reprocha el 6. ya que, en su criterio, si existe nexo causal, puesto que al no otorgársele el título una vez que se le declaró adjudicatario, originó un quebranto al procedimiento, y en consecuencia, los daños y perjuicios se encuentran asociados a dicha negativa. Alude a la Ley del ITCO, no. 2825, que apunta, tenía por objeto vincular al ciudadano a un régimen sano de posesión de la tierra, el cual vela por que la asignación de este recurso, que busca una justa distribución de la riqueza y evita las formas indirectas de explotación de la tierra (canon 1 parte final). Por consiguiente, reconoce la existencia y legitimidad de la propiedad privada, por lo que actúa como norma de ejecución del artículo 50 de la Constitución Política (CP). En razón de tales fines, afirma, la Junta Directiva de dicha entidad tiene la facultad de promover planes de parcelación, adquirir la propiedad particular a fin de cumplir con sus fines económico-sociales, de constituir en propietarios a los campesinos mediante la adjudicación de una parcela (otorga los títulos). Arguye, esto establece un régimen especial de propiedad, tutelado y protegido en forma agravada, con el objeto de destinarla al fin encomendado por ley. De ahí, señala, el objeto del proceso, fue la revisión de conductas administrativas tendientes a resolver la problemática de tenencia de terrenos de Osa Productos Forestales S.A, así como del porque no se otorgó títulos a los administrados que habían sido declarados adjudicatarios. En este punto, de acuerdo con el artículo 10 del CC, los preceptos deben interpretarse en relación con el contexto sociológico y la realidad social que en su momento prevalecieron. Por ende, reclama, la génesis del vicio, reside en la determinación del objeto de la Litis, donde el Tribunal lo confundió, ya que estimó que, este asunto versa sobre una titulación en terrenos pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado, lo cual, dista de lo peticionado, y difiere de la naturaleza de sus tierras. En consecuencia, dice, se constata la errónea interpretación de derechos y potestades del otrora ITCO (hoy INDER) y de la naturaleza jurídica de los terrenos, al tenerlos como patrimonio natural del Estado, cuando en realidad el inmueble de litis no es patrimonio, y se encuentra fuera de la Reserva de Golfo Dulce. Insiste, pretende la declaratoria de una conducta omisa al no otorgársele el título y los daños y perjuicios que tal conducta le ocasionó. Es obvio reprocha, que la decisión del Tribunal no fue acorde con el objeto del proceso, de acuerdo con las pretensiones, y tampoco con la situación jurídica de los terrenos del Asentamiento Osa. Consecuentemente, señala realizó una indebida valoración de las probanzas, y se fundamentó en máximas jurídicas imprecisas. Esto, ya que partió de una demanialidad per se. Objeta, debido a que el Tribunal no diferenció correctamente las conductas objeto del proceso, se equivocó en el objeto de la litis. Por consiguiente, resulta nugatorio darle efecto de cosa juzgada a la sentencia, cuando dichos hechos probados, no se relacionan con la jurisprudencia supra indicada, en el sentido de que los terrenos que estaban bajo el dominio privado nunca estuvieron afectados por un régimen de demanialidad. Adiciona, el fallo obvió que la parcela en litigio no estaba dentro de los terrenos de la Reserva de Golfo Dulce y del Asentamiento Osa, de conformidad con las regulaciones promulgadas, así como la existencia de la problemática de tenencias de tierras, cuya solución final buscaba la Ley no. 2825. En cuanto esta disposición, reclama, las personas juzgadoras en armonía y coherencia con las normas supra citadas debieron establecer previo a cualquier pronunciamiento la naturaleza jurídica de los terrenos objeto del proceso y el conflicto existente desde su origen. Alega, la vulneración del precepto 11 inciso b) de la Ley no. 2825 por falta de aplicación, porque esta norma reguló el deber de reconocer la posesión decenal ejercida. También aduce, violación indirecta por indebida apreciación de la prueba, dado que, considera en ésta consta que él actor ejerció una posesión desde antes de 1959, por lo que fue declarado adjudicatario, pero no le otorgaron el título. Segundo: alega infracción directa del cardinal 1 de la Ley no. 2825, —Ley ITCO—, y al artículo 1 de la Ley no. 5852, que reguló: “Autorizase el Instituto de Tierras y Colonización para otorgar títulos de propiedad a todos los poseedores de tierras en precario en la Península de Osa, que demuestren haber poseído sus tierras durante tres años o más. En caso de que el ITCO lo considere necesario y de utilidad pública podrá entregar parcelas y otorgar los respectivos títulos de propiedad a otros agricultores”. De ahí, señala, existe un marco regulatorio especial para los poseedores del “Asentamiento Osa”, incluido él, sumado a que, en la realidad, que ejerció una posesión continuada, como se desprende de la escritura pública donde hubo traslado de la posesión (1959), y que fue reconocida en los censos confeccionado por el INDER. Refuta, las personas juzgadoras desconocen la validez de los actos administrativos emanados por la institución demandada, que respondieron a la problemática originada en la tenencia de tierras en los mencionados inmuebles. Los cánones de cita, arguye, constituyen la base jurídica al dictarse los siguientes acuerdos de la Junta Directiva no. 11, sesión no. 400 del 8 de junio de 1965, no. VI de la sesión no. 1196 del 16 de junio de 1970, cuatro de la sesión no. 18323 del 11 de diciembre de 1974, cuya finalidad era resolver el conflicto suscitado por la ocupación de tierras. Ello, asevera, constituye la obligación administrativa, que se reclama en este asunto, por lo que el Tribunal fue omiso al ponderar la naturaleza jurídica del terreno en litis. Esto, dado que dejó de lado que dicho fundo está fuera de la Reserva Golfo Dulce, por lo que no existió, ni hay impedimento alguno para que el ente demandado le otorgara el correspondiente título. Consecuentemente, aduce, el presente fallo al declarar sin lugar la demanda, dejó de lado la normativa promulgada, la jurisprudencia de este Cámara y de la Sala Constitucional, así como acuerdos de la Junta Directiva del ITCO. —dirigidos a dirimir el conflicto existente—. Por ende, acusa conculcados los artículos 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) y 8.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), en el tanto, el primero, impide apartarse de los fallos de la Sala Constitucional, y el segundo, desaplicar normas declaradas por la Sala como conformes a la constitución. Aunado a lo expuesto, afirma, existen múltiples decisiones judiciales, amparadas en lo decidido por el Colegio Constitucional, por lo que se vulneraron los principios de razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica e igualdad.

 V.- Del estudio de los cargos se constata se encuentran relacionados, por lo que se conocerán en conjunto. En este punto, resulta de importancia, reproducir en lo que interesa, lo resuelto por el Tribunal sobre los aspectos de fondo que son objeto de impugnación; estimó, lo peticionado por el demandante no procedía, de ahí, expresó: “En primer lugar, no existe en autos prueba suficiente que acredite la conducta omisiva del INDER que reclama. En efecto, el acuerdo 39 de la sesión 44-05 del 14 de noviembre de 2005, se limitó a regular un procedimiento tendente a establecer en cada caso concreto, si el solicitante cumplía o no los requisitos previstos por el INDER, para que los ocupantes del Asentamiento Osa iniciaran los trámites para titular, era la vía o camino diseñado para alcanzar la titularidad sobre los bienes que poseían en aquél momento, pero del mismo no derivó u otorgó algún derecho a los poseedores, ya sea de forma individual o conjunta. Ese procedimiento "especial y exclusivo" establecido en dicho acuerdo, no representó el libre ejercicio de dominio sobre esos terrenos para los ocupantes; limitándose a regular o establecer en cada caso particular si el solicitante cumplía o no los requisitos previstos en el Decreto Ejecutivo 8494-A respecto de la posesión decenal previa a la constitución de la Reserva Forestal Golfo Dulce. Consecuentemente, tal acuerdo no es un acto declarativo de derechos subjetivos para el actor, por lo que su no ejecución no podría considerarse como una conducta omisiva en detrimento de sus derechos o intereses. Ese procedimiento "especial y exclusivo" no superó la etapa inicial de recepción de documentos o preparatoria -al menos no se demostró lo contrario-, con lo cual no puede reconocerse un derecho o una expectativa de derecho en relación a la situación del actor. Pero en todo caso, debe subrayarse que el acuerdo 35 adoptado en la sesión ordinaria 040-2007 del 10 de noviembre de 2007, dispuso revocar el "procedimiento especial y exclusivo" tendente a la titulación de tierras por parte de los ocupantes del Asentamiento Osa en el inmueble P-3934-000 (adoptado en el acuerdo 39 de la sesión 44-05 de 14 de noviembre del 2005). Resulta de importancia destacar también, que los numerales 9, 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 8494-A, ordenaron la compra directa o expropiación, el traslado y reasentamiento de los ocupantes y la elaboración de un censo para adquirir los terrenos, pero no reconoce derechos de usucapión para los poseedores o titulares de los terrenos comprendidos en la Reserva Forestal Golfo Dulce. El Decreto Ejecutivo 10088-GH ordenó la expropiación de tres fincas de Osa Productos Forestales y posterior traspaso al entonces ITCO, pero no se refiere a la situación particular de los ocupantes del Asentamiento Campesino. Tampoco, encuentra este Tribunal la existencia de alguna conducta omisiva por parte del INDER derivada de los acuerdos 11 de la sesión No. 400 del 08 de junio de 1965, VI de la sesión No. 1832 del 11 de diciembre de 1974 y VI de la sesión 712 del 2 de mayo de 1967, toda vez que de los mismos tampoco derivó algún derecho en la esfera jurídica del actor que la entidad demandada esté en la obligación de ejecutar. Nótese, que se tratan de acuerdos genéricos, que no conocieron o resolvieron sobre la situación particular del actor. Ahora bien, no existe prueba suficiente en autos que acredite que el actor tuviera reconocidos derechos de usucapión o posesorios antes de la constitución de la Reserva Forestal Golfo Dulce. En primer lugar, el croquis y la carta de venta a los que alude el actor no permiten establecer con exactitud la identidad con el inmueble en discusión y que por ende, esté en posesión desde el año 1959, por cuanto alude a una porción indeterminada de terreno. Tal prueba, por sí sola no es suficiente en esta sede para acreditar la afirmación del actor. Debe indicarse, que los testigos Sérvulo Sandoval Mata y Geovanny de Jesús Rosales Méndez (ofrecidos por el actor) tampoco aportan elementos suficientes para esa convicción, pues su conocimiento es muy posterior a la fecha invocada por el actor y además, no identifican con plenitud el inmueble. En efecto, la parte actora no demuestra la posesión de la parcela 10 años antes de la expropiación de las fincas folios reales del Partido de Puntarenas 22048 y 8947 pertenecientes a Agroindustrial Rincón S. A antes Osa Forestales S.A, así como la finca también del Partido de Puntarenas 22046 propiedad de O. Sociedad Anónima, según el Decreto Ejecutivo 10088-G-H. Además, es claro para este Tribunal que el INDER no es la institución que administra el Patrimonio Natural del Estado, de modo que tiene impedimento legal para titular o disponer los terrenos que conforman ese demanio público. El Estado fue quien expropió las fincas indicadas, no el INDER, por lo que cualquier discrepancia que tuviera el actor respecto a la presunta posesión de un fundo con ubicación indeterminada, es una discusión que no resulta imputable a dicha entidad. Es de importancia destacar, que la entidad demandada adjudicó al actor los predios identificados como 10 y 10-A del Asentamiento Osa, sector 6, pero sin antes verificar la afectación de los mismo por patrimonio natural del Estado, pero en todo caso el actor no reclama ningún extremo en ese sentido y según se acredita con el testimonio de los señores Mario Jiménez Quirós y Miguel Herra Miranda, dicho acuerdo no se materializó debido a que el actor no firmó la respectiva escritura pública ni pagó el costo de la tierra, que constituye una contraprestación necesaria. Así entonces, no es posible estimar ningunas de las pretensiones formuladas por el actor. Igual suerte corre la pretensión indemnizatoria, ya que en su condición accesoria, al no demostrarse la conducta omisiva reclamada, se descarta la existencia de un nexo de causalidad entre la conducta administrativa alegada y los daños y perjuicios cuya indemnización pretende el actor, en los términos que dispone el numeral 190 de la Ley General de la Administración Pública”. Lo anterior, permite analizar los supuestos yerros en los que, en criterio del casacionista, se incurrió en el fallo recurrido. Primero, en lo tocante a la acusada omisión del INDER en ejecutar los acuerdos dictados por la Junta Directiva mediante acuerdos números: 11 de la sesión no. 400 del 8 de junio de 1965, VI de la sesión no. 1832 del 11 de diciembre de 1974 y VI de la sesión no. 712 del 2 de mayo de 1967. Las personas juzgadoras, decidieron dichos actos no concedieron al accionante derecho alguno en su esfera jurídica, que el Instituto se encuentre obligado a ejecutar. Expusieron, fueron acuerdos generales donde no se conoció, ni resolvió en cuanto al caso singular del señor González González. Adicionaron no se había acreditado en el proceso de manera fehaciente que al demandante se le reconocieran derechos de usucapión o posesorios de previo a la creación de la Reserva Forestal Golfo Dulce. Explicaron, ni el croquis, ni la carta de venta que acusa indebidamente valorada permitieron tener por demostrado con exactitud la identidad del terreno objeto del debate, y en consecuencia, tampoco que hubiera sido poseído desde 1959. Dichos asertos del Tribunal no son atacados de ninguna forma por don Mario González. De modo general refiere a testimonios, y solo menciona, no refutaron había sido adjudicatario. Sin embargo, no manifiesta el nombre de tales testigos, ni en concreto que fue la expresado por ellos, lo cual impide a esta Sala efectuar el debido análisis para verificar si lleva razón en cuanto a lo argüido. Ha de recalcarse, las personas juzgadoras dispusieron que, el actor no logró demostrar la ubicación de su terreno, por lo cual tampoco que hubiera estado siendo poseído a partir de 1959. Ahora bien, en lo atinente a la conducta omisiva de la Administración debido a que, pese a haber sido declarado adjudicatario no se le entregó el correspondiente título, se efectúan las siguientes consideraciones. En el hecho probado 9) se indicó: “Que la entidad demandada adjudicó al actor los predios identificados como 10 y 10-A del Asentamiento Osa, sector 6, sin antes verificar la afectación de los predios por patrimonio natural del Estado, acuerdo que no se materializó debido a que el actor no firmó la respectiva escritura pública ni pago el costo de la tierra”.  De tal situación fáctica tenida por demostrada, se extrae el accionante había sido declarado adjudicatario en el Asentamiento Osa, sin que de previo se determinara, lo que sucedió con posterioridad, que el fundo es demanial dado que pertenece al patrimonio natural del Estado —PNE— (hecho probado 8). Asimismo, en todo caso, aunque las tierras no fueran demaniales, el recurrente omitió cumplir son su obligación de cancelar el valor del inmueble, por lo que no se firmó la escritura pública respectiva. Así, es claro, el acto de adjudicación nunca se materializó en su momento, y ya no puede serlo pues, los terrenos del Asentamiento Osa son parte del PNE. En otro orden de ideas, de conformidad por lo resuelto por la Sala Constitucional en un recurso de amparo —donde el señor González González no formó parte—, el procedimiento administrativo creado en un inicio para que las personas quienes poseyeron terrenos en Osa presentaran la documentación de respaldo. Únicamente proporcionaba una expectativa a hacerse acreedor, una vez cumplidos los requisitos determinados, y esto, lo que conllevaría sería a una situación jurídica consolidada, sin que originara ningún derecho a favor de los ocupantes, sino que correspondía a la vía administrativa o a la sede judicial conceder o no tal beneficio. Claro está, siempre y cuando se cumpliera con los requisitos, lo que como se apuntó, no hizo el demandante. Sentencia no. 2008-14134 de 9 horas 4 minutos del 24 de setiembre de 2008. Aunado a lo expuesto hasta aquí, se tiene, según lo dispusieron las personas juzgadoras que, el INDER al no ser quien administra el PNE, se encuentra imposibilitado legalmente para entregar títulos o de alguna manera disponer de predios demaniales. Ha de acotarse que, en acuerdo no. 35 de la sesión ordinaria no. 040-2007 del 19 de noviembre de 2007, la Junta directiva del INDER, revocó el acto no. 39 de la sesión no. 44-05 del 14 de noviembre de 2005, referido a la entrega de títulos en la Reserva Forestal Golfo Dulce, precisamente porque afectaba bienes del demanio público. Por consiguiente, no puede accederse a la pretensión del demandante de declarar omisa la conducta del INDER, ni que se le reubique en un fundo con similares condiciones al poseído, se insiste, porque su ocupación nunca fue materializada, por lo que no cuenta con derecho alguno a su favor. También, porque no sería el Instituto el llamado a entregarle el título de propiedad de haber sido procedente, puesto que no administra el PNE y tampoco podría otorgarse dado que dicho bien es de naturaleza demanial. Ello, se explica de acuerdo con su naturaleza jurídica, regulada en los cánones 261, 262 y 263 del Código Civil sobre las cosas públicas, o bienes demaniales, de dominio público, así como su uso y aprovechamiento. Estos comprenden los bienes sujetos a un régimen jurídico especial y distinto al que regula la propiedad privada, los cuales pertenecen o se encuentran sujetos a la administración de personas jurídicas públicas, y destinados a propósitos de utilidad pública. El ordenamiento jurídico lo define en el artículo 261 ibid, donde se sigue el concepto de la afectación al fin público, al estipular que “Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público". Asimismo, están excluidos del comercio de conformidad con lo dispuesto en el precepto 262 del CC.

De ahí, no puede ser objeto de propiedad privada.

 VI.- En lo que concierne a lo argumentado por el actor en cuanto a que su inmueble no forma parte de le Reserva Forestal de Golfo Dulce, ni de las fincas expropiadas, no fue una situación fáctica que se tuviera por comprobada. El impugnante en su recurso no menciona los medios probatorios que acreditan dicho hecho, ni explica, cómo dicha circunstancia de haber sido verificada, le habría beneficiado, al grado que condujera a la quiebra de lo fallado. En el proceso se tuvo por probado que las fincas expropiadas, lo fueron en un principio para dar solución al problema de tenencia de tierras que ocurría en Osa. Por ende, para que el accionante se hubiera podido ver beneficiado de algún modo, su terreno debía formar parte de los inmuebles objeto de la expropiación. Ahora, bien de llevar razón en cuanto a que su predio está fuera de la reserva y no es parte de las propiedades que fueron expropiadas, una vez más, no expone, cómo tal aspecto lo favorecía y permitiría casar lo fallado en el presente asunto. Por último, en lo atinente a los daños y perjuicios, es necesario indicar que al no llevar razón en lo tocante a la conducta omisa por parte del INDER, y ser declarada sin lugar la demanda sobre dicho particular. Además, al no poder revertir el casacionista con su recurso lo así dispuesto, conlleva que la peticionado en cuanto a los daños y perjuicios corran la misma suerte, al ser estos accesorios. De acuerdo con lo expuesto, procede desestimar los cargos.

VII.- De conformidad con lo expresado, el recurso habrá de ser declarado sin lugar, las costas se impondrán a cargo del recurrente [inciso 3) del precepto 150 del CPCA].

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso, son sus costas a cargo del promovente.

 

HBRENES

 

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 




Rocío Rojas Morales

	

 

	

Damaris Vargas Vásquez




Jorge Leiva Poveda

	

 

	

Carlos Guillermo Zamora Campos

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 W1M9I47YIG1I61

Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected]

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 06:29:38.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Grande
Normal
Pequeña
First Chamber of the Court

Resolution No. 00881 - 2025

Date of Resolution: May 29, 2025 at 09:26

Case File: 15-005498-1027-CA

Drafted by: Luis Guillermo Rivas Loáiciga

Type of matter: ORDINARY PROCEEDINGS

Analyzed by: FIRST CHAMBER


Text of the resolution



Exp: 15-005498-1027-CA

Res. 000881-F-S1-2025

FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty-six minutes on the twenty-ninth of May of two thousand twenty-five.

Ordinary proceedings, filed in the Administrative and Civil Treasury Court by MARIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, identification card number 6-0113-0875, represented by his special judicial agent licensed attorney Roldán Morales Novoa, bar association number 18671 against the INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT -INDER-, represented by its special judicial agent Licensed Attorney Francisco Antonio Villegas Ramírez, identification card number 601610997, bar association no. 8129.

Drafted by Magistrate Rivas Loáiciga

WHEREAS

I.- Regarding the matter of interest, the Court composed of judges Fabián Núñez Castrillo, Evelyn Solano Ulloa and Francisco Chaves Torres, held as proven facts, those that will be set forth below. The Golfo Dulce Forest Reserve was created by Executive Decree no. 8494-A of April 26, 1978, and its area was modified by Executive Decrees 9388-A of November 30, 1978 and 10142-A of June 12, 1979. By agreement no. 11 of Session no. 400 of June 8, 1965, the Board of Directors of the then ITCO, agreed among other things, to propose to the company Arawak Trust Company the purchase of the portion of lands known by the name Bahía Drake. In agreement VI of session no. 712 of May 2, 1967, the Board of Directors of the then ITCO ordered among other things: "a) Ratify the agreement contained in art. II of session no. 628 held on November 4, 1966, by which it was agreed that without prejudice to the conversations that could be carried out to satisfactorily resolve the conflict of precarious occupation on farms of Osa Productos Forestales, located in Bahía Drake of Osa, continue the procedures indicated in chapter vi of the land and colonization law; b) Entrust the Legal Dept. with the drafting of a draft Executive Decree aimed at registering in the name of the State, for subsequent transfer to ITCO, those national lands, with an area of approximately 15,000 hectares, located in the center of the Osa Peninsula, surrounded by the farms of Osa Productos Forestales". By agreement IV of session no. 1832 of December 11, 1974, the Board of Directors of the former ITCO, ordered among other things: "A) Ratify the approval of the Preliminary Agreement Project for the solution of the land conflict on the property of Osa Productos Forestales S.A., emphasizing that under clause four thereof, Osa undertakes to transfer to ITCO a Reserve area of 20% of the lands required for each Settlement, destined for the future development of those ...". In judgment no. 2456- 97 of 11 hours 3 minutes on May 2, 1997, the Constitutional Chamber resolved amparo appeal no. 3605-V-92, filed by the Sindicato de Productores Independientes del Cantón de Osa against the then Ministry of Natural Resources, Energy and Mines, the Ministry of Agriculture and Livestock, as well as the Forestry Directorate of the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines, ordering the Ministry of Environment and Energy: "...proceed to carry out -if not already done- the census established in numeral 11 of Executive Decree 8494-A and initiate expropriation or direct purchase proceedings as appropriate, having to proceed to jointly develop with those appellants who result from the census as being owners or legitimate possessors, a land exploitation plan in accordance with the Regime to which the lands are subject and that allows the owners or legitimate possessors their sustenance and subsistence while the expropriation process lasts". Mr. Mario Gonzáles González was not a party to that appeal. The farm of the Puntarenas registry, real folio registration 39334-000 corresponding to the peasant settlement named Osa, had its origin in the expropriation decree no. 10088-G-H published in La Gaceta no. 102 of June 1, 1979, amended by no. 10233-G of July 5, 1979, and referring to properties numbers 22048-000, 8947-000 and 22046-000 of the Puntarenas Registry, combined into property 39334-000 with plan no. P-0180757-1994 which contains the following legend: "Based on the location appearing on this plan, the property is located WITHIN THE GOLFO DULCE FOREST RESERVE. The foregoing in accordance with the provisions of the Ley Forestal N°7174, its regulations and the Executive Decree Law N°DE-10142-A of 12-06-79. The registration of this plan is authorized for cadastral purposes. Date 18 APR 1994". The Institute, by article 39 of session no. 044-05 of November 14, 2005, in what is of interest, ordered: "1- That the farms registered in the Public Registry, Property Section, Puntarenas Registry, numbers 22048, 8974 and 22046, which were combined forming a single farm registered under Folio Real 39334- 000 of the Puntarenas Registry, owned by the Instituto de Desarrollo Agrario, which make up the Osa Peasant Settlement, are located within the Golfo Dulce Forest Reserve, created by executive decree number 8494-A of June 1, 1978. 2- That the indicated properties were expropriated by the State from the company Osa Productos Forestales and in the same act transferred to the Instituto de Tierras y Colonización, today IDA, for the development of a forest agricultural plan for the benefit of landless farmers (see Executive Decrees 10088-G-H dated May 2, 1979 and Decree 10244-G dated July 5, 1979). 3- That according to studies carried out by the Land Inventory Section of this Institute, the lands expropriated from the Company Osa Productores Forestales were under a conflict of precarious occupation that originated in 1963 (see official letter SIT-059-78) (...) Agreed: FIRST: A special and exclusive procedure is authorized so that in farm number 39334-000 of the Puntarenas Registry, owned by the IDA, which makes up the Osa Peasant Settlement, located within the Golfo Dulce forest reserve, property titles may be granted in favor of those occupants who prove possession of at least ten years prior to June 1, 1978, the date on which the Golfo Dulce Forest Reserve was created by decree. SECOND: The beneficiary who intends to be subject to titling must present the following documents to the IDA Subregional Office in Rincón de Osa: a- Formal request to be granted the title, which must contain at a minimum: name, surnames, personal status and domicile of the applicant and their spouse, location of the parcel or lot intended to be titled, and nature of the land. b- Legal documents proving the ten-year possession exercised prior to July 1, 1978. e- Affidavit sworn before a Notary Public (sic) stating the time of possession of the applicant, the name, surnames and other personal details of the person from whom they acquired their right, as well as the chain of transmission of the same starting from July 1, 1968. d- Certification of the civil status of the applicant or applicants. e- Copy of the identification card of the applicant and their spouse. f- Cadastral plan of the property. With all the aforementioned documentation, the IDA Subregional Office in Rincón de Osa will proceed to the formation of the respective administrative file (...) FOURTH: The IDA Subregional Office of Rincón de Osa, in joint action with the official designated by the Osa Conservation Area Directorate of MINAE, must in all cases carry out an ocular inspection on the property intended to be titled. The indicated ocular inspection shall have the following purpose: a) To verify on the site itself the presence of the occupant as owner of the land. b) To verify boundaries, verify that there are no overlaps or presence of third-party occupants. e) To describe the nature of the property. d) To draw up the corresponding record to be signed by the designated officials. e) To verify the information investigated with the database, censuses and documents held by the IDA subregional office in Osa. FIFTH: Once the field inspection has been carried out and compliance with the required requirements has been verified, MINAE through its regional representative and IDA through the Osa Subregional Office will issue the respective recommendation expressing their favorable opinion for the granting of the title or the reasons for denying it...". In agreement 35 of ordinary session no. 040-2007 of November 19, 2007, the Board of Directors of the Institute ordered: "Based on what is stated in official letter DAJ-1013-07, signed by the Directorate of Legal Affairs in which it indicates that the encumbrance as Forest Reserve of the lands registered in the name of the Instituto de Desarrollo Agrario, makes their status as State Natural Heritage automatic, being prohibited from granting property titles to private parties, it is agreed: To revoke agreement 39 of session 44-05 of November 14, 2005, regarding titling in the Golfo Dulce Forest Reserve. AGREEMENT APPROVED UNANIMOUSLY". The mentioned entity awarded the plaintiff the plots identified as 10 and 10-A of the Osa Settlement, sector 6, without first verifying the encumbrance of the plots as state natural heritage (patrimonio natural del Estado), an agreement that did not materialize because the plaintiff did not sign the respective public deed, nor pay the cost of the land. Mr. González González filed a lawsuit against INDER, where he requested that the omissive conduct of said Institute be determined in failing to execute the valid and effective administrative act issued by the Board of Directors through agreement no. 11 session no. 400 of June 8, 1965, agreement no. VI of Session No. 1832 of December 11, 1974, agreement VI session no. 712 of May 2, 1967, aimed at providing a solution to the land tenure problem of the possessors of the lands of the company Osa Productos Forestales Sociedad Anónima; that he be relocated to a property of equal conditions to the one he possesses, represented by the sketch that appears in the file, or failing that, the value of his right of possession should be paid to him, based on an expert appraisal that will value his property. That it be declared that he is in possession of the area in dispute since 1959, as stated in the bill of sale that appears on pages 463 to 467. To order INDER in the abstract for the damages caused by the administrative inaction over the last sixty years and for preventing a healthy possession regime over the land identified by the mentioned sketch, as well as the correct distribution of land and its wealth to his detriment. That it be declared that it was known to the former I.T.C.O. -today I.N.D.E.R.- that on the lands it intended to expropriate from the company Osa Forestales there was a problem of precarious occupation, as is his case. That he be recognized within the group of possessors described in the censuses that appear in the file, as a result of his continuous possession by successive tract. That the defendant entity incurred in another omissive conduct by not executing agreement no. 39 of session 044-05, held on November 14, 2005, and that it be ordered to pay both costs. The representation of INDER, answered the lawsuit negatively and filed the exceptions of expiration, statute of limitations, lack of: right and standing. The Court rejected the exceptions of lack of standing, expiration and statute of limitations; it upheld the defense of lack of right. It declared the lawsuit without merit, in all its aspects, and ordered the losing plaintiff to pay the costs derived from this proceeding, an aspect it ordered to be settled in the sentence execution phase. Disagreeing, the losing party files an appeal for cassation where it develops one procedural grievance and two on the merits.

Appeal for cassation on procedural grounds

II.- Sole: accuses the Court of incurring the defect of inconsistency (incongruencia). It states that in accordance with the provisions of article 220 of the Code of Administrative Procedure (CPCA), regarding what is not regulated in said regulations, the general procedural principles govern, which, it points out, correspond to those regulated in the Code of Civil Procedure (CPC). Thus, it points out that precept 61.3 ibid was violated, regarding the lack of reasoning, when its development is confusing or contradictory. It reproaches that facts that were not part of the process were taken as accredited, such as the creation of the Golfo Dulce Reserve, —whose existence was not questioned—. Furthermore, it points out the land object of litigation is not within its limits (testimony of witnesses from both parties). What was stated, it indicates, produced legal uncertainty and defenselessness, in addition to the circumstance, it says, that there is a lack of clarity regarding the issues debated by the contenders. It explains, the lack of consistency (cardinal 150.1 of the CPCA) is configured due to the contradiction when drafting the proven facts, given that in its opinion it analyzed issues that are not part of what was debated. It then transcribes its claims to challenge, the Court erred in defining the object of the process and hence what was decided, it states, is inconsistent. Likewise, it recriminates that it incidentally failed to examine the true object and ignored the legal system. It claims, the judges alluded to supposedly similar processes, but where the properties are indeed within the Reserve, which is not its case, since its property is outside of it. Equally, it argues, the litigation concerns a land titling conflict, which is not part of the State's patrimony, since there is no proof in this regard. This process, it emphasizes, seeks the review of administrative actions of INDER (agreements of its Board of Directors numbers 11, session no. 400 of June 8, 1965; VI, session 1196 of June 16, 1970 and four, session no. 18323 of December 11, 1974), in relation to the land tenure problem of properties of Osa Productos Forestales S.A., which it mentions, led the State to expropriate them. Specifically, it affirms, the litigation is directed at the administrative omission regarding the title of its land, as well as the damages experienced, due to such refusal. Consequently, it refutes, a meticulous review of the material actions of the Institute should have been carried out. It challenges, the error is notorious by confusing the obligation to relocate the possessors or pay for improvements, with that of granting the respective title within the Reserve, and insists, it was ignored that its property is outside of the latter so it does not constitute state natural heritage (patrimonio natural del Estado). It notes, its titling was denied, despite having already been declared an awardee, without providing the cause or reason for resolving as was done. It urges that the lack of consistency, confusing wording and obscurity of the judgment be appreciated, given that it misses the methodology followed, the citations of doctrine on which it relied, and clarity regarding the law mentioned. Consequently, it accuses the principles of consistency, due process, and reasoning of being violated.

III.- The cassation appellant in its grievance initially accuses inconsistency, based on canon 220 of the CPCA, it points out that article 61.3 of the CPC was violated. On this particular, it must be clarified what the mentioned CPCA norm stipulates is that: "For matters not expressly provided for in this Code, the principles of Public and procedural Law, in general, shall apply". Thus, in correct technique it is possible to allege the breach of the procedural principle of consistency of judgments, not the infraction of a precept from some other normative body other than the CPCA. This without leading to the inadmissibility of the reproach, although it is noted that said norm (61.3) alludes, according to the appellant himself states, to the lack of substantiation due to being confusing or contradictory, not to the lack of consistency, for which it cites cardinal 150, subsection 1) of the CPCA, which it must be pointed out does not regulate said principle, but rather the effect upon accepting in judgment some procedural error. The norm that regulates said defect is numeral 137, subsection d). On the other hand, it is evident in the development of the charge that the challenger mixes both defects, which causes the disagreement not to be clear or precise. Regarding inconsistency, it argues, it occurs because, when drafting the proven facts, they are contradictory, since, in its opinion, it examined issues that are not part of what was debated, which refers to a substantive issue. Regarding the alleged procedural error, this Deciding Body has indicated that inconsistency is configured when there is no relationship between what was requested by the contenders and the operative part of the judgment. It occurs when there is a clear contradiction or lack of coincidence between what was decided in the judgment and what was claimed and the defenses formulated, in the lawsuit or counterclaim, its answer, as well as in the hearings held. Thus, not between the whereas clauses of the judgment and what is ordered in the operative part. Specifically, as a cassation ground, it occurs when the judges decide on issues that were not requested (ultra petita), or provide excessively on what was requested (extra petita), or omit to decide in whole or in part regarding each of the claims and exceptions formulated (minima or infra petita). Consequently, to establish its occurrence, it is necessary to confront the operative part of the judgment with what was petitioned in the lawsuit and other opportunities provided by the regulations, its answer, exceptions opposed by the defendant party, with the purpose of determining if in effect there is an evident mismatch between these extremes. In the case at hand, it is clear that the alleged error does not occur, because the facts held as proven, as well as those not accredited, are included in the reasoning part of the judgment. Consequently, what was adduced does not correspond to a lack of consistency, it does not refer to contradictions between what was requested and debated and what was decided. What was refuted concerns the merits of the matter, since it says, the Court confused the object of the process, failed to analyze in depth the actions of INDER that, in its opinion, allow the omission incurred by the defendant to be proven. This Chamber could reclassify the grievance, but it does not meet the obligation of the party to mention the violated provisions and explain how it occurred. In addition, it reiterates it in the substantive grounds, so they will be analyzed when hearing these. Hence, what is appropriate is to reject the reproach.

Appeal for cassation on grounds of merits

IV.- First: accuses undue evidentiary assessment, it points out, based on the claims of the present process, as well as its object, which was to declare the omissive conduct by the defendant entity, by not having granted the property title, despite having been declared an awardee. It points out, in the file there is sufficient evidence that was not rebutted by the defendant, regarding that there was no reason for not granting it its property title. It adds, even the defendant's witnesses could not explain why it was not issued, which, it considers, demonstrates the omissive conduct of INDER. Another element of conviction, it points out, is constituted by the fact that from the beginning of the process it attached the bill of sale where it acquired the property in litigation in 1959. It states, in the trial it provided a more legible certification for the ease of the parties and the Court, as well as other documentation as evidence for a better resolution, where it was proven that it had possession prior to 1959. Hence, it reproaches that among the unproven facts it was included that it did not demonstrate possessory rights, although the Institute itself did recognize them from before 1959. Thus, it claims, the undue valuation of the evidence is evident, which contributed to these unaccredited factual situations not corresponding to reality. It lists each of the facts held as unproven and indicates the reasons why it considers the Court erred. Regarding 1, it states, it is not its fault that the Court referred to an extreme that was not the object of the debate. It points out that since January 16, 2022, it provided evidence that was accepted for a better resolution, where, it indicates, possession since 1959 is demonstrated, which, it accuses, was not valued. Regarding 2. It refutes, the property in litigation is outside the reserve and the expropriated farms, —recognized by the defendant—. Regarding 3. It says, at no time was anything discussed concerning whether or not the procedure was complied with, on the contrary, it recriminates, in the file is the award declaration which reliably proves that it was complied with, without the Institute making any allegation or objection. Regarding 4. It states, it is clear that if it was declared an awardee, and its parcel is not in the Reserve, nor is it natural heritage (patrimonio natural); then there is no reason for not granting it the title. Regarding 5. It affirms, the rights were granted to it by INDER, who declared it an awardee, but did not issue the title, which it argues, generates the omissive conduct, which does constitute what was debated in the present process. It reproaches 6, since, in its opinion, there is a causal link, given that by not granting the title once it was declared an awardee, it caused a breach to the procedure, and consequently, the damages are associated with said denial. It alludes to the ITCO Law, no. 2825, which it points out, had the purpose of linking the citizen to a healthy land possession regime, which ensures that the allocation of this resource seeks a fair distribution of wealth and avoids indirect forms of land exploitation (canon 1 final part). Consequently, it recognizes the existence and legitimacy of private property, thus acting as an implementing norm of article 50 of the Political Constitution (CP). By reason of such purposes, it affirms, the Board of Directors of said entity has the power to promote parceling plans, acquire private property in order to fulfill its economic-social purposes, to constitute farmers as owners through the awarding of a parcel (grants titles). It argues, this establishes a special property regime, protected and safeguarded in an aggravated manner, with the purpose of destining it for the purpose entrusted by law. Hence, it points out, the object of the process was the review of administrative conducts aimed at resolving the land tenure problem of Osa Productos Forestales S.A., as well as why titles were not granted to the administered persons who had been declared awardees. At this point, in accordance with article 10 of the Civil Code (CC), precepts must be interpreted in relation to the sociological context and social reality that prevailed at the time. Therefore, it claims, the genesis of the defect resides in the determination of the object of the Litigation, where the Court confused it, since it considered that this matter deals with a titling on lands belonging to the State Natural Heritage, which is far from what was requested, and differs from the nature of its lands. Consequently, it says, the erroneous interpretation of the rights and powers of the former ITCO (today INDER) and of the legal nature of the lands is confirmed, by taking them as state natural heritage, when in reality the property in litigation is not natural heritage, and is located outside the Golfo Dulce Reserve. It insists, it seeks the declaration of an omissive conduct by not granting the title and the damages that such conduct caused. It is obvious, it reproaches, that the Court's decision was not in accordance with the object of the process, according to the claims, nor with the legal situation of the lands of the Osa Settlement. Consequently, it points out it carried out an undue assessment of the evidence, and relied on imprecise legal maxims. This, since it started from a demaniality per se. It objects, because the Court did not correctly differentiate the conducts that are the object of the process, it erred in the object of the litigation. Consequently, it is nugatory to give res judicata effect to the judgment, when said proven facts are not related to the jurisprudence indicated above, in the sense that the lands that were under private ownership were never encumbered by a regime of demaniality. It adds, the judgment ignored that the parcel in litigation was not within the lands of the Golfo Dulce Reserve and the Osa Settlement, in accordance with the promulgated regulations, as well as the existence of the land tenure problem, whose final solution was sought by Law no. 2825. Regarding this provision, it claims, the judges, in harmony and coherence with the aforementioned norms, should have established, prior to any pronouncement, the legal nature of the lands that are the object of the process and the conflict existing since its origin. It alleges the violation of precept 11 subsection b) of Law no. 2825 due to lack of application, because this norm regulated the duty to recognize the ten-year possession exercised. It also adduces indirect violation due to undue assessment of the evidence, given that it considers in it there is proof that the plaintiff exercised possession since before 1959, which is why it was declared an awardee, but the title was not granted. Second: alleges a direct infraction of cardinal 1 of Law no. 2825, —ITCO Law—, and of article 1 of Law no. 5852, which regulated: "The Instituto de Tierras y Colonización is authorized to grant property titles to all precarious possessors of lands in the Osa Peninsula, who demonstrate having possessed their lands for three years or more. In the event that ITCO considers it necessary and of public utility, it may deliver parcels and grant the respective property titles to other farmers". Hence, it points out, there is a special regulatory framework for the possessors of the 'Osa Settlement', including it, in addition to the fact that, in reality, it exercised continuous possession, as can be deduced from the public deed where there was a transfer of possession (1959), and that was recognized in the censuses prepared by INDER. It refutes that the judges ignore the validity of the administrative acts issued by the defendant institution, which responded to the problem originated in land tenure on the mentioned properties. The cited canons, it argues, constitute the legal basis when the following agreements of the Board of Directors No. 11, session no. 400 of June 8, 1965, No. VI of session no. 1196 of June 16, 1970, four of session no. 18323 of December 11, 1974 were issued, whose purpose was to resolve the conflict caused by the land occupation. This, it asserts, constitutes the administrative obligation, which is claimed in this matter, for which the Court was omissive in weighing the legal nature of the land in litigation. This, since it ignored that said property is outside the Golfo Dulce Reserve, so there was not, nor is there any impediment for the defendant entity to grant it the corresponding title. Consequently, it argues, the present judgment, by declaring the lawsuit without merit, ignored the promulgated regulations, the jurisprudence of this Chamber and of the Constitutional Chamber, as well as agreements of the ITCO Board of Directors —aimed at resolving the existing conflict—. Therefore, it accuses articles 13 of the Constitutional Jurisdiction Law (LJC) and 8.1 of the Organic Law of the Judicial Branch (LOPJ) of being violated, insofar as the first prevents departing from the judgments of the Constitutional Chamber, and the second, from disapplying norms declared by the Chamber as conforming to the constitution. In addition to the foregoing, it affirms, there are multiple judicial decisions, supported by what was decided by the Constitutional Collegiate Body, for which the principles of reasonableness, proportionality, legal certainty and equality were violated.

V.- From the study of the charges, it is noted that they are related, therefore they will be heard jointly. At this point, it is important to reproduce, in what is of interest, what was decided by the Court on the substantive aspects that are the object of challenge; it considered that what was requested by the plaintiff was not appropriate, and therefore stated: “First, there is no sufficient evidence in the file that proves the omissive conduct of INDER claimed. In effect, agreement 39 of session 44-05 of November 14, 2005, was limited to regulating a procedure aimed at establishing in each specific case whether the applicant met or not the requirements provided by INDER, so that the occupants of the Osa Settlement would initiate the procedures to obtain title; it was the path or course designed to achieve ownership over the properties they possessed at that time, but no right derived or was granted from it to the possessors, either individually or jointly.

That "special and exclusive" procedure established in said agreement did not represent the free exercise of dominion over those lands for the occupants; it was limited to regulating or establishing in each particular case whether the applicant met or did not meet the requirements set forth in Decreto Ejecutivo 8494-A regarding the ten-year possession prior to the constitution of the Reserva Forestal Golfo Dulce. Consequently, such agreement is not a declaratory act of subjective rights for the plaintiff, so its non-execution could not be considered as an omission to the detriment of his rights or interests. That "special and exclusive" procedure did not pass the initial document-receipt or preparatory stage—at least the contrary was not demonstrated—whereby no right or expectation of a right can be recognized in relation to the plaintiff's situation. But in any case, it must be emphasized that agreement 35 adopted in ordinary session 040-2007 of November 10, 2007, ordered the revocation of the "special and exclusive procedure" aimed at the titling of lands by the occupants of the Asentamiento Osa on property P-3934-000 (adopted in agreement 39 of session 44-05 of November 14, 2005). It is also important to highlight that numerals 9, 10, and 11 of Decreto Ejecutivo 8494-A ordered the direct purchase or expropriation, the relocation and resettlement of the occupants, and the preparation of a census to acquire the lands, but it does not recognize adverse possession (usucapión) rights for the possessors or titleholders of the lands comprised within the Reserva Forestal Golfo Dulce. Decreto Ejecutivo 10088-GH ordered the expropriation of three farms from Osa Productos Forestales and their subsequent transfer to the then ITCO, but it does not refer to the particular situation of the occupants of the Asentamiento Campesino. Nor does this Tribunal find the existence of any omission by INDER derived from agreements 11 of session No. 400 of June 8, 1965, VI of session No. 1832 of December 11, 1974, and VI of session 712 of May 2, 1967, since no right in the plaintiff's legal sphere that the defendant entity is obligated to execute derived from them either. Note that these are generic agreements, which did not address or resolve the plaintiff's particular situation. Now, there is insufficient evidence in the record to prove that the plaintiff had recognized adverse possession (usucapión) or possessory rights before the constitution of the Reserva Forestal Golfo Dulce. First, the sketch and the bill of sale to which the plaintiff alludes do not permit establishing with exactitude the identity with the property under discussion and, therefore, that he has been in possession since 1959, as they allude to an undetermined portion of land. Such evidence, alone, is not sufficient in this venue to prove the plaintiff's assertion. It must be noted that the witnesses Sérvulo Sandoval Mata and Geovanny de Jesús Rosales Méndez (offered by the plaintiff) also do not provide sufficient elements for that conviction, as their knowledge is well after the date invoked by the plaintiff and, furthermore, they do not fully identify the property. Indeed, the plaintiff does not demonstrate possession of the parcel 10 years before the expropriation of the farms with real folios of the Partido de Puntarenas 22048 and 8947 belonging to Agroindustrial Rincón S. A., formerly Osa Forestales S.A., as well as the farm also of the Partido de Puntarenas 22046 owned by O. Sociedad Anónima, according to Decreto Ejecutivo 10088-G-H. Furthermore, it is clear to this Tribunal that INDER is not the institution that administers the Patrimonio Natural del Estado, so it has a legal impediment to title or dispose of the lands that make up that public domain (demanio público). The State was the one that expropriated the indicated farms, not INDER, so any disagreement the plaintiff might have regarding the alleged possession of a property with an undetermined location is a dispute that is not attributable to said entity. It is important to emphasize that the defendant entity adjudicated to the plaintiff the plots identified as 10 and 10-A of the Asentamiento Osa, sector 6, but without first verifying their encumbrance by patrimonio natural del Estado, but in any case the plaintiff does not claim any aspect in that sense and, as is proven by the testimony of Messrs. Mario Jiménez Quirós and Miguel Herra Miranda, said agreement did not materialize because the plaintiff did not sign the respective public deed nor pay the cost of the land, which constitutes a necessary consideration. Thus, none of the claims made by the plaintiff can be upheld. The claim for compensation (pretensión indemnizatoria) meets the same fate, since in its accessory nature, the alleged omission not having been demonstrated, the existence of a causal link between the alleged administrative conduct and the damages for which the plaintiff seeks compensation is ruled out, in the terms established by numeral 190 of the Ley General de la Administración Pública." The foregoing allows analysis of the alleged errors which, in the cassation appellant's opinion, were incurred in the appealed judgment. First, regarding the alleged omission of INDER to execute the agreements issued by the Board of Directors through agreement numbers: 11 of session no. 400 of June 8, 1965, VI of session no. 1832 of December 11, 1974, and VI of session no. 712 of May 2, 1967. The judges decided that those acts did not grant the plaintiff any right in his legal sphere that the Institute is obligated to execute. They stated that they were general agreements where the singular case of Mr. González González was neither heard nor resolved. They added that it had not been reliably proven in the proceedings that the plaintiff had been recognized adverse possession (usucapión) or possessory rights prior to the creation of the Reserva Forestal Golfo Dulce. They explained that neither the sketch nor the bill of sale, which he accuses of having been improperly assessed, allowed for it to be demonstrated with exactitude the identity of the land under debate, and consequently, nor that it had been possessed since 1959. These assertions of the Tribunal are not challenged in any way by Mr. Mario González. He refers generally to testimony, and only mentions, without refuting, that he had been an adjudicatee. However, he does not state the names of such witnesses, nor specifically what was expressed by them, which prevents this Chamber from carrying out the necessary analysis to verify if he is correct in what is argued. It must be reiterated that the judges determined that the plaintiff failed to demonstrate the location of his land, and therefore, neither that it had been possessed since 1959. Now, regarding the omission by the Administration due to the fact that, despite having been declared an adjudicatee, the corresponding title was not delivered to him, the following considerations are made. In proven fact 9) it was stated: "That the defendant entity adjudicated to the plaintiff the plots identified as 10 and 10-A of the Asentamiento Osa, sector 6, without first verifying the encumbrance of the plots by patrimonio natural del Estado, an agreement that did not materialize because the plaintiff did not sign the respective public deed nor pay the cost of the land." From this factual situation taken as proven, it is extracted that the plaintiff had been declared an adjudicatee in the Asentamiento Osa, without it having been previously determined, what happened subsequently, that the property is public domain (demanial) because it belongs to the patrimonio natural del Estado —PNE— (proven fact 8). Likewise, in any case, even if the lands were not public domain, the appellant failed to comply with his obligation to pay the value of the property, meaning the respective public deed was not signed. Thus, it is clear that the adjudication act was never materialized in its time, and it can no longer be so because the lands of the Asentamiento Osa are part of the PNE. In another vein, as resolved by the Sala Constitucional in an amparo appeal—in which Mr. González González was not a party—the administrative procedure initially created for persons who possessed lands in Osa to submit supporting documentation only provided an expectation of becoming a beneficiary, once the established requirements were met, and this would have led to a consolidated legal situation, without giving rise to any right in favor of the occupants; rather, it corresponded to the administrative venue or the judicial venue to grant or not such benefit. Clearly, always provided the requirements were met, which, as noted, the plaintiff did not do. Judgment no. 2008-14134 of 9 hours 4 minutes of September 24, 2008. Added to what has been set forth up to here, it is held, as the judges determined, that INDER, not being the administrator of the PNE, is legally unable to issue titles or in any way dispose of public domain (demaniales) plots. It must be noted that in agreement no. 35 of ordinary session no. 040-2007 of November 19, 2007, the Board of Directors of INDER revoked act no. 39 of session no. 44-05 of November 14, 2005, referring to the issuance of titles in the Reserva Forestal Golfo Dulce, precisely because it affected public domain property (bienes del demanio público). Consequently, the plaintiff's claim to declare INDER's conduct as omissive cannot be granted, nor that he be relocated to a property with conditions similar to the one possessed; it is insisted, because his occupation was never materialized, meaning he has no right whatsoever in his favor. Also, because the Institute would not be the one called upon to deliver the title of ownership even had it been appropriate, since it does not administer the PNE, and it could not be granted because said property is of a public domain nature. This is explained in accordance with its legal nature, regulated in canons 261, 262, and 263 of the Código Civil regarding public things, or public domain goods (bienes demaniales, de dominio público), as well as their use and exploitation. These comprise goods subject to a special legal regime distinct from that which regulates private property, which belong to or are subject to the administration of public legal entities, and are destined for purposes of public utility. The legal system defines it in Article 261 ibid, which follows the concept of the allocation to a public purpose (afectación al fin público), by stipulating that "Public things are those which, by law, are permanently destined for any service of general utility, and those which everyone may take advantage of by being entrusted to public use." Likewise, they are excluded from commerce in accordance with the provisions of precept 262 of the CC.

Hence, they cannot be the object of private property.

VI.- Regarding the plaintiff's argument that his property does not form part of the Reserva Forestal de Golfo Dulce, nor of the expropriated farms, this was not a factual situation that was taken as proven. The appellant in his appeal does not mention the evidentiary means that prove that fact, nor does he explain how that circumstance, had it been verified, would have benefited him to the point of leading to the overturning of the judgment. In the process, it was taken as proven that the expropriated farms were initially expropriated to provide a solution to the land tenure problem occurring in Osa. Therefore, for the plaintiff to have been able to benefit in any way, his land had to form part of the properties subject to expropriation. Now, even if he were correct that his plot is outside the reserve and is not part of the properties that were expropriated, once again, he does not explain how such an aspect would have favored him and allowed the judgment in the present matter to be quashed. Finally, regarding the damages (daños y perjuicios), it is necessary to indicate that, as the appellant is not correct regarding the omission by INDER, the claim having been declared without merit on that point. Furthermore, as the cassation appellant cannot reverse with his appeal what was so ordered, it means that the claim regarding damages meets the same fate, they being accessories. In accordance with the above, the charges are dismissed.

VII.- In accordance with what has been expressed, the appeal must be declared without merit, costs are imposed on the appellant [subsection 3) of precept 150 of the CPCA].

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso, son sus costas a cargo del promovente.

 

HBRENES

 

 

    
Luis Guillermo Rivas Loaiciga

    
 




Rocío Rojas Morales

    
 

    
Damaris Vargas Vásquez



Jorge Leiva Poveda

    
 

    
Carlos Guillermo Zamora Campos

 

 

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