Res. 00949-2025 Sala Primera de la Corte — Remand for lack of reasoning in lesividad case on border strip landReenvío por falta de fundamentación en lesividad sobre franja fronteriza

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Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 00949 - 2025

Fecha de la Resolución: 05 de Junio del 2025 a las 09:10

Expediente: 16-000624-1027-CA

Redactado por: Jorge Leiva Poveda

Clase de asunto: CONOCIMIENTO

Analizado por: SALA PRIMERA





Texto de la resolución

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Exp. 16-000624-1027-CA

Res. 000949-F-S1-2025

 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas diez minutos del cinco de junio de dos mil veinticinco .

Proceso de lesividad declarado de puro derecho establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL representado por la Licda. Margarita Elizondo Jiménez contra la señora ANA LORENA ÁVILA CASTRO quien fue declarada rebelde. Se conoce recurso de casación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia 103-2019-VII de las 13 horas del 14 de octubre de 2019 emitida por la Sección Sétima de ese despacho, integrada por las personas juzgadoras Víctor Orozco Solano, Francisco Hidalgo Rueda y Sandra Quesada Vargas.

Magistrado ponente Jorge Leiva Poveda

CONSIDERANDO

I. En la demanda origen de este proceso, presentada a estrados judiciales el 21 de enero de 2016, la apoderada especial judicial del Instituto de Desarrollo Rural (en lo sucesivo el Inder o el Instituto), alegó, esa entidad, mediante acuerdo de Junta Directiva artículo 66, sesión 041-05 del 24 de octubre de 2005, aprobó la segregación y traspaso de un terreno identificado como parcela 29-7 del Asentamiento Amalia Hernández Piedra entrega 1, con un área de 661.48 m² a favor de la señora Ana Lorena Ávila Castro. Señaló, en la escritura número 15, otorgada ante el notario Jimmy Meza Lazarus el 27 de octubre de 2005, se formalizó la segregación y traspaso de la parcela 29-7 indicada. Arguyó, ese terreno con plano catastrado P-1009234-2005, es finca inscrita en el Registro Inmobiliario, Partido de Puntarenas, con matrícula de folio real 143722-000 a nombre de la señora Ávila Castro. Detalló, el Jefe del Área de Topografía, mediante el Oficio AT-821-2008, de fecha 14 de noviembre de 2008, informó al Secretario General de la Junta Directiva que la parcela 29-7 se encuentra inmersa en su totalidad en la Franja Fronteriza Sur. Por tal razón, mediante acuerdo de la Junta Directiva del Instituto, artículo 51, sesión ordinaria 003-2015, efectuada el 26 de enero de 2015, se declaró lesivo a los intereses públicos el artículo 66 de la sesión 041-05 del 24 de octubre de 2005, la cual autorizó la segregación y traspaso a favor de la señora Ávila Castro, autorizándose presentar el presente proceso. Pretende el Inder en concreto, se declare la nulidad del acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo 66 de la sesión 041-05, efectuada el 24 de octubre de 2005, en lo que se refiere a la autorización de segregación y traspaso de un terreno a favor de Ana Lorena Ávila Castro, descrito en plano catastrado número P-1009234-2005. También, por conexidad solicita la nulidad de la escritura pública en que consta la segregación y el traspaso, así como, su inscripción en el Registro Público. Por su parte, la accionada no contestó la demanda y fue declarada rebelde. El Tribunal, al resolver por el fondo, determinó que el bien inmueble en litigio integra el demanio público, con la concurrencia de los elementos: 1) objetivo, ya que, el inmueble referido está situado, íntegramente, en un área de dominio público, en concreto, la zona fronteriza sur. 2) subjetivo, en el tanto perteneció “al IDA” y la acción de lesividad ostenta una finalidad de reivindicación de ese dominio, que, siendo parte del régimen de demanialidad, fue trasladado de manera ilegítima al régimen privado. 3) normativo, debido a que se encuentra dentro de la franja de los 2.000 metros de ancho a lo largo de las fronteras con Panamá, señalada en el artículo 7° inciso f) de la Ley de Tierras y Colonización (ITCO INDER), Ley No. 2825 de 14 de octubre de 1961. y 4) “en lo que atañe al elemento finalista, éste también se verifica, teniendo en consideración las razones de seguridad que justifican el hecho que dichos territorios permanezcan bajo el dominio público del Estado”. En ese marco, dispuso que el acto impugnado en este proceso es lesivo a los intereses públicos y sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico, en cuanto se acuerda el traspaso de un bien que no puede salir del dominio público, por lo que, de conformidad con los artículos 11, 131, 132, 133, 158, 166, 169 y 171 de la LGAP declaró la nulidad absoluta del acuerdo referido. Además, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 164 inciso 2) de la LGAP y 122 inciso k) del CPCA y dada su conexidad con la conducta formal anulada se invalidó la escritura pública número quince, otorgada ante el notario Jimmy Meza Lazarus, a las ocho horas del veintisiete de octubre de dos mil cinco, que formalizó la segregación y traspaso de la Parcela 29-7 del Asentamiento Amalia Hernández, únicamente en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor de Ana Lorena Ávila Castro, que generó la matrícula registral folio real número 143.722-000 del Partido de Puntarenas, con plano catastrado número P-1009234-2005, así como, el asiento registral de inscripción de la finca inscrita bajo sistema de Folio Real matrícula número 143.722-000 del Partido de Puntarenas, emitido por el Registro Nacional. Finalmente, ordenó “a la Notaría del Estado que se emitan los planos catastrados respectivos y, posteriormente, se inscriba a nombre del Estado dicho inmueble.” Inconforme con lo resuelto en cuanto a que el bien inmueble en litigio se inscriba a nombre del Estado, el Instituto de Desarrollo Rural recurrió formulando una censura.

II. MOTIVO DEL RECURSO. El casacionista presenta un único cargo, acusa violación de normas sustantivas, porque en su entender la sentencia hizo caso omiso del principio de correspondencia entre lo pedido y lo otorgado, o principio de congruencia, pues el Instituto en su demanda señaló sus pretensiones con claridad, las cuales fueron declaradas con lugar, sin embargo, el Tribunal ordenó "a la Notaría del Estado para que proceda a emitir los planos catastrados respectivos y, posteriormente, se inscriba a nombre del Estado dicho territorio", lo cual no fue contemplado en la demanda. Recuerda, el Inder, mediante acuerdo de Junta Directiva: artículo 66, sesión 041-05, celebrada el 24 de octubre de 2005, aprobó la segregación y traspaso de un terreno identificado como parcela 29-7 del Asentamiento Amalia Hernández Piedra entrega 1, con un área de 661.48 m2 a favor de la señora Ávila Castro. Fue en escritura 15, otorgada ante el notario Jimmy Meza Lazarus, del 27 de octubre de 2005, cuando se formalizó la segregación y el traspaso, la cual se encuentra presentada e inscrita en el Registro Inmobiliario (Tomo 560, Asiento 19557), segregándose dicho lote de la finca de Puntarenas 12.464-000, propiedad del Instituto y generándose la número 143.722-000. Luego, producto de una investigación administrativa se determina que esa parcela se ubica en su totalidad en franja fronteriza, por lo que la Junta Directiva del Instituto declaró lesivo el acto y ordenó se interponga el respectivo proceso judicial. Todo ello, dice, fue aceptado por el Tribunal en la sentencia impugnada señalando que son bienes de dominio público, pero omitió analizar que los mismos se encuentran bajo la administración del Inder, siendo ese Instituto por imperativo de la ley quien se encarga en forma residual de la franja fronteriza. El artículo 7 de la Ley 2825 del 14 de octubre de 1961, Ley de Tierras y Colonización, en su inciso f) indica que los terrenos "comprendidos en una zona de 2.000 metros de ancho a lo largo de las fronteras con Nicaragua y con Panamá", son bienes demaniales.” Explica, la especial categoría de estos bienes, hace que sean excluidos del ordenamiento jurídico común de la propiedad ordinaria, lo que conlleva en la realidad un régimen jurídico propio, singular y privativo, regulado por el Derecho Administrativo, por ende, como consecuencia hay un derecho-deber del Estado de la protección del dominio público. Menciona precedentes de la Sala Constitucional sobre el tema de bienes demaniales, con el fin de afirmar que la legislación nacional ha permitido un derecho al uso y aprovechamiento de los bienes demaniales, que no se encuentren en la categoría de patrimonio natural del Estado. La declaratoria de inalienabilidad de las franjas fronterizas no perjudica a los administrados, pues el Instituto de Desarrollo Rural, como ente administrador, está facultado para otorgar concesiones en la franja fronteriza sur. Así el capítulo I de la Ley 2825 trata las finalidades de Posesión de la Propiedad Rural Inmueble. En este sentido en el artículo 7 se indica: “Mientras el Estado, por voluntad propia o por indicación del Ministerio de Agricultura o del Instituto de Tierras y Colonización, atendiendo razones de conveniencia nacional, no determine los terrenos que deben mantenerse bajo su dominio, se considerarán inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, salvo los que estuvieren bajo el domino privado, con título legítimo, los siguientes:: …f) Los comprendidos en una zona de 2.000 metros de ancho a lo largo de las fronteras con Nicaragua y con Panamá; Adicionalmente indica que, en el inciso a) del artículo 12, se afecta a los fines de la Ley de Tierras y Colonización los inmuebles considerados como reservas nacionales. Aduce, en el artículo 11 inciso c) ibídem se tiene establecido que los terrenos que por leyes especiales no hayan sido destinados a la formación de colonias agrícolas, pertenecen al Estado en carácter de reservas nacionales. Afirma, la Ley de Tierras y Colonización, aún vigente, le confía la administración de las reservas nacionales, con vocación agropecuaria, al Instituto de Tierras y Colonización, actual Instituto de Desarrollo Rural. Asimismo, la Ley 9036 en su artículo 80, mantiene la vigencia de la Ley 2825, Ley de Tierras y Colonización, en lo que no la contraríe, pero en caso de duda prevalecen los principios contenidos en la de 1961. Resalta las conclusiones de la Procuraduría General de la República ante consulta del Instituto, sobre la administración de la franja fronteriza (dictamen C-223-2015 de fecha 19 de agosto de 2015) e indica, los terrenos con vocación ambiental pertenecen al Patrimonio Natural del Estado, en caso de incertidumbre la Sala Constitucional sería la llamada a aclarar el punto. El Instituto administra en forma residual la franja fronteriza, en el sentido, que después que el Ministerio de Ambiente y Energía, indique que terrenos son Patrimonio Natural del Estado; así como otros entes estatales que tengan a cargo terrenos ubicados en esa área de los 2.000 metros (Museo Nacional, Acueductos y Alcantarillados, etc.), el remanente de estos terrenos son competencia del Inder, pudiendo otorgarse concesiones. En relación, cita el canon 3 del Decreto 39688-MAG, Reglamento al otorgamiento de Concesiones en Franjas Fronterizas. En realidad, cuestiona, la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo omite la fundamentación fáctica-jurídica del análisis de la competencia en la administración de la franja fronteriza, por lo que debe ser corregida, pues varía el objeto del debate. Incluso argumenta el yerro consiste en una “ultrapetita”, pues ordenó a la Notaría del Estado que procediera a emitir los planos catastrados respectivos y, posteriormente, se inscriba a nombre del Estado dicho territorio, sin tomar en cuenta la valoración de la competencia de esos terrenos en particular, desconoce si son Patrimonio Natural del Estado o si están bajo la administración del lnder. No interpretó debidamente el artículo 7 de la Ley de Tierras y Colonización, no analizó en absoluto el Reglamento al otorgamiento de Concesiones en Franjas Fronterizas, publicado en el Alcance 81 de La Gaceta, de fecha 19 de mayo de 2016, Decreto 39688-MAG. Respalda su postura con los votos constitucionales 2010-012783, dictado a las 08 horas 51 minutos del 30 de julio de 2010 y 98-2015 de las 9 horas del 07 de enero de 2015. Arguye, el Tribunal no puede conceder pretensiones que no fueron debatidas. El actor nunca solicitó en sus pretensiones que se ordene a la Notaría del Estado proceda a emitir los planos catastrados respectivos y, posteriormente, se inscriba a nombre del Estado dicho territorio. Acusa, la violación al principio de congruencia se produce porque el Tribunal otorga más allá de lo pedido, actos que nunca fueron así solicitados por el actor. Al conceder más de lo pedido, incurre en infracción a los principios constitucionales del debido proceso y del derecho de defensa. Agrega, de esa forma, no aplican correctamente el artículo 7 de la Ley de Tierras y Colonización e hicieron caso omiso del Reglamento al otorgamiento de Concesiones en Franjas Fronterizas, publicado en el Alcance 81 de La Gaceta, de fecha 19 de mayo de 2016, Decreto 39688-MAG. Detalla, el yerro de la sentencia consiste en la ultrapetita, pues ordenó a la Notaría del Estado que procediera a emitir los planos catastrados respectivos y, posteriormente, se inscriba a nombre del Estado dicho territorio, sin tomar en cuenta la valoración de la competencia de esos terrenos en particular, desconoce si son Patrimonio Natural del Estado o si están bajo la administración del lnder, sin tomar en cuenta el artículo 7 de la Ley de Tierras y Colonización, no analizó en absoluto el Reglamento al otorgamiento de Concesiones en Franjas Fronterizas, Decreto N.º 39688-MAG, Voto N.º 2010-012783, dictado a las 8 horas 51 minutos del 30 de julio de 2010. Reitera, el Tribunal Contencioso no puede conceder pretensiones que no fueron debatidas. Acusa, el Tribunal violentó los principios del debido proceso y de congruencia de rango constitucional al no formar parte del elenco de pretensiones que nunca se desenvolvieron dentro del contradictorio del proceso judicial. Alega, el fallo del Tribunal Contencioso debe ser corregido porque no existe una correlación entre lo pretendido por la parte actora y el acto que ordenó a la Notaría del Estado para que proceda a emitir los planos catastrados respectivos y, posteriormente, se inscriba a nombre del Estado dicho territorio, en aplicación del artículo 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo y en armonía con los artículos 99, 153 y 155 del Código Procesal Civil, que tutela el principio de congruencia de la sentencia. Insiste, la violación al principio de congruencia se produce porque el Tribunal Contencioso otorga más allá de lo pedido, actos que nunca fueron así solicitados por el actor. Por ende, afirma, el Tribunal Contencioso yerra en conceder más de lo pedido e incurre en infracción a los principios constitucionales del debido proceso y del derecho de defensa al otorgar unilateralmente pretensiones que nunca formaron parte del contradictorio procesal. Solicita que se acoja el presente recurso de casación, dejando sin efecto la orden a la Notaría del Estado para que proceda a emitir los planos catastrados respectivos y que se inscriba a nombre del Estado dicho territorio. Al respecto, en el único cargo expuesto pese a la denominación dada de carácter sustantivo, es claro, que se alegan la concurrencia de dos vicios de índole procesal, ya que en esencia lo reprochado en este cargo es que, el fallo resulta incongruente debido a que se resolvió sobre un extremo no pretendido por la parte demandante, -no propuesto ni debatido en el proceso-; también reprochó una eventual falta de motivación, al no indicarse las razones por las cuales el Tribunal ordenó la inscripción del terreno de la litis a nombre del Estado dicho territorio, asegurando que para ello se debió analizar la competencia en la administración de la franja fronteriza

III. Ahora, para el presente asunto, es indispensable referir que una de las funciones del INDER es la administración de terrenos de la Franja Fronteriza inscritos a su nombre (comprendidos en una zona de 2.000 metros de ancho a lo largo de las fronteras con Nicaragua y con Panamá) y que no estén afectados por un área de conservación declaradas por la legislación vigente. Ello de conformidad con el inciso f del artículo 7 de la Ley de Tierras y Colonización No. 2825 de 1961, en relación con los numerales 16 de la Ley número 9036 del 11 de mayo de 2012, 1, 7, 13 y 49 de la Ley de Tierras y Colonización No. 2825, 2, 13 de 1961, Reglamento Autónomo de Arrendamientos en Franjas Fronterizas. Al efecto, refiere el numeral 16 de la Ley número 9036 del 11 de mayo de 2012: “ARTÍCULO 16.- Competencias y potestades del Inder. Para el cumplimiento de sus fines, el Inder contará con las siguientes potestades y competencias: (…) e) Otorgar contratos de arrendamiento, derechos de uso, títulos de propiedad, reconocimiento de posesión o cualquier otro derecho real, en tierras que sean parte de su patrimonio y las que adquiera o se le traspasen para la ejecución de iniciativas de desarrollo rural. f) Adquirir tierras y bienes, el arrendamiento, (…), el estímulo a la producción, el apoyo a la organización de los productores, la prestación o coordinación de servicios de apoyo tales como crédito y asesoramiento técnico y la contratación o el suministro de los servicios complementarios para el desarrollo. G) Gestionar, coordinar e impulsar el desarrollo de los territorios rurales del país, en forma directa, con sus propios recursos, mediante la coordinación con otras instituciones, el desarrollo de los asentamientos y de los territorios rurales; para ello, promoverá la elaboración de planes de desarrollo de los territorios rurales del país, tanto en el ámbito territorial, regional como en el nacional. h) Administrar las tierras que sean parte de su patrimonio y las que adquiera o le traspasen, para la ejecución de planes de desarrollo de los territorios rurales, en cumplimiento de la función social, económica y ambiental de la propiedad, dentro de los conceptos de multifuncionalidad y desarrollo sostenible. i) Plantear las acciones administrativas o judiciales que correspondan para recuperar los bienes muebles e inmuebles que hayan sido apropiados ilegalmente.(…)”. En ese mismo sentido la Ley de Tierras y Colonización No. 2825 de 1961 y sus reformas en lo de interés al punto de estudio estipula: “ Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto:1) Determinar que la propiedad de la tierra se debe promover para el aumento gradual de su productividad y para una justa distribución de su producto, elevando la condición social del campesino y haciéndolo partícipe consciente del desarrollo económico social de la Nación… Artículo 7.- Mientras el Estado, por voluntad propia o por indicación del Ministerio de Agricultura o del Instituto de Desarrollo Agrario, atendiendo razones de conveniencia nacional, no determine los terrenos que deben mantenerse bajo su dominio, se considerarán inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, salvo los que estuvieren bajo el dominio privado, con título legítimo, los siguientes: f) Los comprendidos en una zona de 2.000 metros de ancho a lo largo de las fronteras con Nicaragua y con Panamá;… Artículo 13.- Los inmuebles afectados conforme al presente Capítulo serán transferidos gratuitamente al Instituto de Desarrollo Agrario. Quedan especialmente autorizados para hacer estos traspasos, tanto el Poder Ejecutivo como los Gerentes de las Instituciones Autónomas y los Presidentes Municipales. Las citadas entidades, con excepción del propio Instituto de Desarrollo Agrario, no podrán enajenar, gravar ni arrendar las tierras afectadas… Artículo 49.- El Instituto de Desarrollo Agrario (Reformado según ley No. 6735 de 29 de marzo de 1982), podrá efectuar la parcelación de sus tierras para llenar, entre otros, los siguientes fines inmediatos: a) Una mejor distribución de la tierra; b) Resolución de situaciones de hecho inconvenientes, adecuándolas a los fines de ésta ley; y c) Propósitos de colonización . Artículo 176.- Toda enajenación, arrendamiento o concesión de derechos que haga el Instituto, lleva implícitas las condiciones siguientes: 1) Que se hace sin perjuicio de terceros; 2) Que no queda obligado a la evicción ni al saneamiento; 3) Que el adquirente o el concesionario no podrá reclamar contra la medida o la localización que hubiere servido de base para la enajenación, concesión o arrendamiento; y 4) Que el Estado tendrá derecho en cualquier momento a tomar hasta un 20 por ciento del área adjudicada, para ejercitar en ella la servidumbre de tránsito necesaria para la construcción y vigilancia de toda clase de vías de comunicación y aprovechamiento de fuerzas hidroeléctricas, así como para la construcción y vigilancia de líneas telegráficas y telefónicas; al uso de los terrenos indispensables para la construcción de puentes y muelles; a la extracción de materiales para esas mismas obras; al aprovechamiento de cursos de agua que fueren precisos para el abastecimiento de poblaciones, abrevaderos de ganado, regadío y cualesquiera otros usos de interés general. Dichas restricciones y cargas van aparejadas a la adjudicación, arrendamiento o concesión que se haga, y el Registro no inscribirá el título respectivo si en él no constan en forma expresa. Por el área que tome para los fines indicados, el Estado pagará el precio original de compra y el valor de las mejoras necesarias y útiles. (Así reformado por el inciso b) del artículo 7o. de la Ley General de Caminos Públicos No. 5060 de 22 de setiembre de 1972, siendo lo enfatizado nuestro). Además el Reglamento Autónomo de Arrendamientos en Franjas Fronterizas, publicado en La Gaceta 93 de mayo 15 de 2008 el cual derogó el publicado en La Gaceta N.º 206 de 2002 dispone en lo de interés para este: “Artículo 2º —El INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO podrá otorgar terrenos en arrendamiento dentro de la FRANJA FRONTERIZA bajo su administración, siempre y cuando los mismos no estén afectos por reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, refugios de vida silvestre, reservas biológicas, humedales o cualquier otra categoría de manejo dentro de áreas de conservación declaradas por la legislación vigente, patrimonio natural del Estado, Reservas Indígenas y Zona Marítimo Terrestre. Artículo 13.-Los inmuebles afectados conforme al presente Capítulo serán transferidos gratuitamente al Instituto de Tierras y Colonización. Quedan especialmente autorizados para hacer estos traspasos, tanto el Poder Ejecutivo como los Gerentes de las Instituciones Autónomas y los Presidentes Municipales…”

IV. Respecto de la falta de motivación de la sentencia impugnada, alegada por la parte recurrente al no indicarse las razones por las cuales el Tribunal consideró que el terreno en litigio debía inscribirse a nombre del Estado en vez del INDER, asegurando que para ello se debió analizar la competencia en la administración de la franja fronteriza. Ya esta Sala ha señalado reiteradamente que la falta de fundamentación es cuando el órgano jurisdiccional omite expresar las razones que motivan su decisión, o bien, cuando las que señala, son gravemente contradictorias o incomprensibles, lo que termina produciendo el mismo efecto, sea, la imposibilidad de que las partes – y la comunidad jurídica, en general - comprendan la resolución. Esto perjudica la justicia del caso concreto, pues obsta a que la parte perjudicada con la decisión pueda recurrirla, al desconocer sus basamentos. Asimismo, el vicio en cuestión, resulta lesivo más allá de los límites del conflicto en particular, pues sustrae a la sentencia de la claridad que se requiere, a efectos de que la transparencia y publicidad de la función jurisdiccional, puedan ser objeto de los legítimos mecanismos de contralor popular e institucional. De tal manera, la adecuada fundamentación de las decisiones se erige como una garantía del principio de interdicción de la arbitrariedad, contemplado en el canon 11 de la Constitución Política, proyectado, a nivel legal, en el canon 11 de la Ley General de la Administración Pública. Sobre el tema, consúltese, entre muchas otras, las resoluciones de esta Sala número 484 de las 10 horas 30 minutos del 12 de agosto de 2003; 195 de las 9 horas 10 minutos del 08 de marzo de 2018; 316-F-S1-2021 de las 11 horas 55 minutos del 11 de febrero de 2021; 1750-F-S1-2021 de las 13 horas 58 minutos del 12 de octubre de 2021. En el subexamine, es claro que la falta de fundamentación en el fallo se configura. Obsérvese, que el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL solicitó como pretension principal la nulidad del acuerdo 66 de la sesión 041-05, efectuada el 24 de octubre de 2005 en el que se autorizó el traspaso del terreno a favor de Ana Lorena Ávila Castro, descrita en plano catastrado número P-1009234-2005. Por conexidad, que se anule la escritura pública número quince del veintisiete de octubre de dos mil cinco, que formalizó la segregación y traspaso de la Parcela 29-7 del Asentamiento Amalia Hernández, únicamente en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor de Ana Lorena Ávila Castro, que generó la matrícula registral folio real número 143.722-000 del Partido de Puntarenas y que se anule ese asiento registral, con la finalidad que se le devolviera el terreno en litigio por ser lesivo a los intereses públicos. En ese sentido, antes del traspaso y de la inscripción declarada nula por la sentencia impugnada (y por conexidad también de la escritura pública anulada), el terreno en litigio se encontraba a nombre del Instituto de Tierras y Colonización, hoy el INDER. Dicho ente descentralizado continúa siendo una persona jurídica, con patrimonio independiente del Estado, que dentro de sus potestades es el encargado de promover el desarrollo rural sostenible y una de sus funciones es la administración residual de terrenos de la Franja Fronteriza inscritos a su nombre (comprendidos en una zona de 2.000 metros de ancho a lo largo de las fronteras con Nicaragua y con Panamá -inciso f del artículo 7 de la Ley de Tierras y Colonización No. 2825 de 1961 ) y que no estén afectados por un área de conservación declarada por la legislación vigente, siendo acreditado que la finca de esta litis se encuentra inmersa en su totalidad en la franja fronteriza sur. Pese a lo anterior, tomando en consideración que la sentencia impugnada no da ningún motivo para ordenar el traspasó del terreno en litigio al Estado en vez del Inder (propietario original previo a la anulación del acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto Agrario, en el artículo 66 de la sesión No. 041-05 de 24 de octubre de 2005), pese a las particularidades normativas y jurisprudenciales de la Sala Constitucional respecto de las franjas fronterizas, tampoco la sentencia recurrida hace alguna referencia que el terreno se encontraba o no en Patrimonio Natural del Estado, o indica cualquier otra razón para traspasar el territorio al Ente Mayor. Resulta evidente, la sentencia impugnada no tiene una fundamentación adecuada que le permita a las partes ejercer el derecho de defensa e impugnar con claridad las razones por las cuales el Tribunal ordenó traspasar el bien en litigio a nombre de un tercero (El Estado) no apersonado al proceso, lo cual implica que lleva razón la parte recurrente que hubo una indebida fundamentación de la sentencia lo cual es violatorio al debido proceso. Según lo expresado y de conformidad con el numeral 150 inciso i del CPCA en relación con los preceptos 137 incisos d, al omitirse en la sentencia las razones por las cual el Tribunal consideró que el terreno en litigio debía inscribirse a nombre del Estado (quien no cuenta con representación en esta causa), y que en efecto hay falta de claridad en cuanto a los razonamientos que derivaron a esa decisión adoptada en la parte dispositiva de la sentencia, lo que vulneraría los derechos procesales de las partes, en particular, del debido proceso, inclusive habiendo clara intensión por parte del Inder en impugnar ese razonamiento faltante, debe de acogerse el recurso y anular el fallo impugnado. Dada la forma cómo se resuelve, se omite pronunciamiento sobre el segundo vicio procesal alegado.

V. En mérito de lo expuesto, procede acoger el recurso por el motivo adjetivo expuesto, se anula el fallo impugnado. De conformidad con el artículo 150.1 del CPCA, se ordenará el reenvío al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda con el propósito de que se dicte una sentencia conforme a derecho corresponda.

POR TANTO

 Se declara con lugar el recurso interpuesto por razones procesales y se casa el fallo impugnado. De conformidad con el artículo 150.1 del CPCA, se ordena el reenvío al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda con el propósito de que se dicte una sentencia conforme a Derecho corresponda.

 

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 




Rocío Rojas Morales

	

 

	

Jorge Leiva Poveda




Carlos Guillermo Zamora Campos

	

 

	

Rosa Maria Cortés Morales

 

 

Documento Firmado Digitalmente

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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 09:20:21.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

FIRST DIVISION OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours ten minutes on the fifth of June of two thousand twenty-five.

A lesividad process declared a matter of pure law, filed before the Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda Court by the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, represented by Attorney Margarita Elizondo Jiménez, against Mrs. ANA LORENA ÁVILA CASTRO, who was declared in default. An appeal in cassation filed by the plaintiff is heard against judgment 103-2019-VII of 13 hours on October 14, 2019, issued by the Seventh Section of that court, composed of the judges Víctor Orozco Solano, Francisco Hidalgo Rueda, and Sandra Quesada Vargas.

Reporting Magistrate Jorge Leiva Poveda

CONSIDERING

I. In the complaint originating this process, filed with the judicial offices on January 21, 2016, the special judicial representative of the Instituto de Desarrollo Rural (hereinafter Inder or the Institute) alleged that this entity, by Board of Directors agreement, article 66, session 041-05 of October 24, 2005, approved the segregation and transfer of a lot identified as parcel 29-7 of the Amalia Hernández Piedra Settlement, delivery 1, with an area of 661.48 m², in favor of Mrs. Ana Lorena Ávila Castro. It stated that in public deed number 15, executed before notary Jimmy Meza Lazarus on October 27, 2005, the segregation and transfer of the indicated parcel 29-7 was formalized. It argued that this lot, with cadastral map P-1009234-2005, is a property registered in the Real Estate Registry, District of Puntarenas, under registered title folio real number 143722-000 in the name of Mrs. Ávila Castro. It detailed that the Head of the Topography Area, by Official Communication AT-821-2008, dated November 14, 2008, informed the General Secretary of the Board of Directors that parcel 29-7 is entirely within the Southern Border Strip. For this reason, by agreement of the Institute’s Board of Directors, article 51, ordinary session 003-2015, held on January 26, 2015, article 66 of session 041-05 of October 24, 2005, which authorized the segregation and transfer in favor of Mrs. Ávila Castro, was declared lesivo to public interests, authorizing the filing of this process. Inder specifically seeks the nullity of the agreement reached by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, in article 66 of session 041-05, held on October 24, 2005, regarding the authorization of segregation and transfer of a lot in favor of Ana Lorena Ávila Castro, described in cadastral map number P-1009234-2005. Also, due to connection, it requests the nullity of the public deed recording the segregation and transfer, as well as its registration in the Public Registry. For her part, the defendant did not answer the complaint and was declared in default. The Court, in its decision on the merits, determined that the real estate at issue forms part of the public domain (demanio público), with the concurrence of the elements: 1) objective, given that the referenced real estate is situated entirely in an area of public domain, specifically, the southern border zone. 2) subjective, insofar as it belonged to “the IDA” and the lesividad action has the purpose of recovering that domain, which, being part of the public domain regime (régimen de demanialidad), was illegitimately transferred to the private regime. 3) normative, because it is located within the strip of 2,000 meters in width along the borders with Panama, specified in article 7, subsection f) of the Land and Colonization Law (ITCO INDER), Law No. 2825 of October 14, 1961. and 4) “regarding the purpose element, this is also verified, considering the security reasons that justify the fact that such territories remain under the public domain of the State”. Within this framework, it ruled that the act challenged in this process is lesivo to public interests and substantially inconsistent with the legal system, as it authorizes the transfer of a good that cannot leave the public domain; therefore, in accordance with articles 11, 131, 132, 133, 158, 166, 169, and 171 of the LGAP, it declared the absolute nullity of the referenced agreement. Furthermore, pursuant to the provisions of articles 164, subsection 2) of the LGAP and 122, subsection k) of the CPCA, and given its connection with the annulled formal conduct, public deed number fifteen, executed before notary Jimmy Meza Lazarus, at eight hours on October twenty-seventh, two thousand five, which formalized the segregation and transfer of Parcel 29-7 of the Amalia Hernández Settlement, was invalidated solely regarding the titling of a property in favor of Ana Lorena Ávila Castro, which generated the registered title under folio real number 143,722-000 of the District of Puntarenas, with cadastral map number P-1009234-2005, as well as the registration entry for the property registered under the Folio Real system, title number 143,722-000 of the District of Puntarenas, issued by the National Registry. Finally, it ordered “the State Notary’s Office (Notaría del Estado) to issue the respective cadastral maps and, subsequently, to register said real estate in the name of the State.” Dissatisfied with the decision regarding the registration of the real estate at issue in the name of the State, the Instituto de Desarrollo Rural appealed, formulating a challenge.

II. GROUNDS FOR THE APPEAL. The appellant presents a single charge, alleging violation of substantive norms, because in its view the judgment completely ignored the principle of correspondence between what was requested and what was granted, or the principle of congruence, since the Institute in its complaint clearly stated its claims, which were granted; however, the Court ordered “the State Notary’s Office to proceed to issue the respective cadastral maps and, subsequently, to register said territory in the name of the State,” which was not contemplated in the complaint. It recalls that Inder, by Board of Directors agreement: article 66, session 041-05, held on October 24, 2005, approved the segregation and transfer of a lot identified as parcel 29-7 of the Amalia Hernández Piedra Settlement, delivery 1, with an area of 661.48 m2 in favor of Mrs. Ávila Castro. It was in public deed 15, executed before notary Jimmy Meza Lazarus, on October 27, 2005, when the segregation and transfer were formalized, which was filed and registered in the Real Estate Registry (Volume 560, Entry 19557), segregating said lot from the Puntarenas property 12,464-000, owned by the Institute, and generating number 143,722-000. Subsequently, as a result of an administrative investigation, it was determined that this parcel is located entirely in the border strip, for which reason the Institute’s Board of Directors declared the act lesivo and ordered the respective judicial process to be filed. All of this, it says, was accepted by the Court in the contested judgment, stating that they are public domain goods, but it omitted to analyze that the same are under the administration of Inder, as it is this Institute, by imperative of law, that is in charge on a residual basis of the border strip. Article 7 of Law 2825 of October 14, 1961, Land and Colonization Law, in its subsection f) indicates that the lands “comprised within a zone of 2,000 meters in width along the borders with Nicaragua and with Panama” are public domain goods (bienes demaniales).” It explains that the special category of these goods means they are excluded from the common legal system of ordinary property, which entails in reality a legal regime of its own, singular and exclusive, regulated by Administrative Law; therefore, as a consequence, there is a right-duty of the State to protect the public domain. It cites precedents from the Constitutional Chamber on the subject of public domain goods to affirm that national legislation has allowed a right to the use and enjoyment of public domain goods not in the category of natural heritage of the State. The declaration of inalienability of the border strips does not harm those administered, as the Instituto de Desarrollo Rural, as the administering entity, is empowered to grant concessions in the southern border strip. Thus, Chapter I of Law 2825 deals with the purposes of Possession of Rural Real Estate Property. In this regard, article 7 states: “As long as the State, by its own will or by indication of the Ministry of Agriculture or the Institute of Land and Colonization, for reasons of national convenience, does not determine the lands that must remain under its domain, the following shall be considered inalienable and not susceptible to acquisition by claim or possession, except those that were under private domain, with a legitimate title, the following: …f) Those comprised within a zone of 2,000 meters in width along the borders with Nicaragua and with Panama; Additionally, it indicates that, in subsection a) of article 12, real estate considered as national reserves is affected for the purposes of the Land and Colonization Law. It argues that article 11, subsection c) ibidem establishes that lands that by special laws have not been designated for the formation of agricultural colonies belong to the State as national reserves. It states that the Land and Colonization Law, still in force, entrusts the administration of national reserves, with agricultural vocation, to the Institute of Land and Colonization, currently the Instituto de Desarrollo Rural. Likewise, Law 9036, in its article 80, maintains the validity of Law 2825, Land and Colonization Law, in what does not contradict it, but in case of doubt, the principles contained in the 1961 law prevail. It highlights the conclusions of the Procuraduría General de la República following a query from the Institute regarding the administration of the border strip (opinion C-223-2015 dated August 19, 2015) and indicates that lands with environmental vocation belong to the Patrimonio Natural del Estado; in case of uncertainty, the Constitutional Chamber would be called upon to clarify the point. The Institute administers the border strip on a residual basis, meaning that after the Ministry of Environment and Energy indicates which lands are Patrimonio Natural del Estado, and after other state entities that have lands located in that 2,000-meter area (Museo Nacional, Acueductos y Alcantarillados, etc.), the remainder of these lands are the responsibility of Inder, and concessions may be granted. In connection, it cites canon 3 of Decree 39688-MAG, Regulation for Granting Concessions in Border Strips. In reality, it questions that the judgment of the Contencioso Administrativo Court omits the factual-legal basis for analyzing the competence in the administration of the border strip, and therefore it must be corrected, as it changes the subject matter of the debate. It even argues that the error consists of an “ultrapetita” decision, as it ordered the State Notary’s Office to proceed to issue the respective cadastral maps and, subsequently, to register said territory in the name of the State, without taking into account the assessment of the competence over those lands in particular, failing to determine whether they are Patrimonio Natural del Estado or under the administration of Inder. It did not properly interpret article 7 of the Land and Colonization Law, nor did it analyze at all the Regulation for Granting Concessions in Border Strips, published in Supplement 81 of La Gaceta, dated May 19, 2016, Decree 39688-MAG. It supports its position with constitutional votes 2010-012783, issued at 08 hours 51 minutes on July 30, 2010, and 98-2015 of 9 hours on January 07, 2015. It argues that the Court cannot grant claims that were not debated. The plaintiff never requested in its claims that the State Notary’s Office be ordered to proceed to issue the respective cadastral maps and, subsequently, to register said territory in the name of the State. It accuses that the violation of the principle of congruence occurs because the Court grants more than what was requested, acts that were never requested as such by the plaintiff. By granting more than requested, it incurs infringement of the constitutional principles of due process and the right of defense. It adds that, in that way, they do not correctly apply article 7 of the Land and Colonization Law and completely ignored the Regulation for Granting Concessions in Border Strips, published in Supplement 81 of La Gaceta, dated May 19, 2016, Decree 39688-MAG. It details that the error in the judgment consists of ultrapetita, as it ordered the State Notary’s Office to proceed to issue the respective cadastral maps and, subsequently, to register said territory in the name of the State, without taking into account the assessment of the competence over those lands in particular, failing to determine whether they are Patrimonio Natural del Estado or under the administration of Inder, without taking into account article 7 of the Land and Colonization Law, and did not analyze at all the Regulation for Granting Concessions in Border Strips, Decree No. 39688-MAG, Vote No. 2010-012783, issued at 8 hours 51 minutes on July 30, 2010. It reiterates that the Contencioso Administrativo Court cannot grant claims that were not debated. It accuses the Court of violating the principles of due process and congruence of constitutional rank, as they did not form part of the list of claims that were never developed within the adversarial process of the judicial proceeding. It alleges that the ruling of the Contencioso Administrativo Court must be corrected because there is no correlation between what was claimed by the plaintiff and the act that ordered the State Notary’s Office to proceed to issue the respective cadastral maps and, subsequently, to register said territory in the name of the State, in application of article 220 of the Código Procesal Contencioso Administrativo and in harmony with articles 99, 153, and 155 of the Código Procesal Civil, which safeguards the principle of congruence of the judgment. It insists that the violation of the principle of congruence occurs because the Contencioso Administrativo Court grants more than what was requested, acts that were never requested as such by the plaintiff. Therefore, it states, the Contencioso Administrativo Court errs in granting more than requested and incurs infringement of the constitutional principles of due process and the right of defense by unilaterally granting claims that never formed part of the adversarial process. It requests that this cassation appeal be granted, nullifying the order to the State Notary’s Office to proceed to issue the respective cadastral maps and to register said territory in the name of the State. In this regard, in the sole charge presented, despite being labeled as substantive in nature, it is clear that the concurrence of two procedural defects is alleged, since in essence what is reproached in this charge is that the ruling is incongruent because it resolved on an issue not claimed by the plaintiff—neither proposed nor debated in the process; it also reproached a possible lack of reasoning (motivación), by failing to indicate the reasons why the Court ordered the registration of the land in litigation in the name of the State, asserting that to do so, the competence in the administration of the border strip should have been analyzed.

III. Now, for the present matter, it is essential to refer that one of the functions of INDER is the administration of lands in the Border Strip registered in its name (comprised within a zone of 2,000 meters in width along the borders with Nicaragua and with Panama) and not affected by a conservation area declared by current legislation. This is in accordance with subsection f of article 7 of the Land and Colonization Law No. 2825 of 1961, in relation to numerals 16 of Law number 9036 of May 11, 2012, 1, 7, 13, and 49 of the Land and Colonization Law No. 2825, 2, 13 of 1961, and the Autonomous Regulation for Leases in Border Strips. In this regard, numeral 16 of Law number 9036 of May 11, 2012, refers: “ARTICLE 16.- Competencies and powers of Inder. To fulfill its purposes, Inder shall have the following powers and competencies: (…) e) To grant lease agreements, use rights, property titles, recognition of possession, or any other real right, on lands that are part of its patrimony and those it acquires or are transferred to it for the execution of rural development initiatives. f) To acquire lands and goods, leasing, (…), the stimulation of production, the support of producer organizations, the provision or coordination of support services such as credit and technical advice, and the contracting or supply of complementary services for development. G) To manage, coordinate, and promote the development of the country's rural territories, directly, with its own resources, through coordination with other institutions, the development of settlements and rural territories; for this purpose, it shall promote the preparation of development plans for the country’s rural territories, at the territorial, regional, and national levels. h) To administer the lands that are part of its patrimony and those it acquires or are transferred to it, for the execution of development plans for rural territories, in fulfillment of the social, economic, and environmental function of property, within the concepts of multifunctionality and sustainable development. i) To bring the corresponding administrative or judicial actions to recover movable and real estate goods that have been illegally appropriated. (…).” In the same vein, the Land and Colonization Law No. 2825 of 1961 and its amendments, in what is of interest to the point under study, stipulates: “Article 1.- The purpose of this law is: 1) To determine that land ownership is to be promoted for the gradual increase of its productivity and for a just distribution of its product, elevating the social condition of the farmer and making him a conscious participant in the social and economic development of the Nation… Article 7.- As long as the State, by its own will or by indication of the Ministry of Agriculture or the Instituto de Desarrollo Agrario, for reasons of national convenience, does not determine the lands that must remain under its domain, the following shall be considered inalienable and not susceptible to acquisition by claim or possession, except those that were under private domain, with a legitimate title: f) Those comprised within a zone of 2,000 meters in width along the borders with Nicaragua and with Panama;… Article 13.- The real estate affected pursuant to this Chapter shall be transferred free of charge to the Instituto de Desarrollo Agrario. Both the Executive Branch and the Managers of the Autonomous Institutions and the Municipal Presidents are especially authorized to make these transfers. The aforementioned entities, with the exception of the Instituto de Desarrollo Agrario itself, may not alienate, encumber, or lease the affected lands… Article 49.- The Instituto de Desarrollo Agrario (Amended per law No. 6735 of March 29, 1982), may carry out the subdivision (parcelación) of its lands to fulfill, among others, the following immediate purposes: a) A better distribution of land; b) Resolution of inconvenient de facto situations, adapting them to the purposes of this law; and c) Colonization purposes. Article 176.- Any transfer (enajenación), lease, or granting of rights made by the Institute carries the implied following conditions: 1) That it is made without prejudice to third parties; 2) That it is not bound to warranty of title (evicción) nor remediation (saneamiento); 3) That the acquirer or concessionaire may not claim against the measurement or location that served as the basis for the transfer (enajenación), grant, or lease; and 4) That the State shall have the right at any time to take up to 20 percent of the allocated area, to exercise therein the transit easement (servidumbre de tránsito) necessary for the construction and monitoring of all types of communication routes and the use of hydroelectric power, as well as for the construction and monitoring of telegraph and telephone lines; the use of indispensable lands for the construction of bridges and piers; the extraction of materials for those same works; the use of watercourses that are necessary for the supply of populations, watering places for livestock, irrigation, and any other uses of general interest. Said restrictions and charges are attached to the allocation, lease, or grant made, and the Registry shall not register the respective title if they are not expressly stated therein. For the area it takes for the indicated purposes, the State shall pay the original purchase price and the value of the necessary and useful improvements. (As amended by subsection b) of article 7 of the General Law of Public Roads No. 5060 of September 22, 1972, emphasis added). Furthermore, the Autonomous Regulation for Leases in Border Strips, published in La Gaceta 93 of May 15, 2008, which repealed the one published in La Gaceta No. 206 of 2002, provides in what is of interest for this matter: “Article 2.— The INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO may grant lands for lease within the FRONTIER STRIP under its administration, provided that the same are not affected by forest reserves (reservas forestales), protected zones (zonas protectoras), national parks, wildlife refuges, biological reserves, wetlands, or any other management category within conservation areas declared by current legislation, patrimonio natural del Estado, Indigenous Reserves, and the Maritime Land Zone. Article 13.- The real estate affected pursuant to this Chapter shall be transferred free of charge to the Instituto de Tierras y Colonización. Both the Executive Branch and the Managers of the Autonomous Institutions and the Municipal Presidents are especially authorized to make these transfers…”

IV. Regarding the lack of reasoning of the contested judgment, alleged by the appellant on the grounds that the reasons why the Court considered that the land in litigation should be registered in the name of the State instead of INDER were not indicated, asserting that for this purpose, the competence in the administration of the border strip should have been analyzed. This Division has repeatedly stated that a lack of reasoning exists when the jurisdictional body omits to express the reasons motivating its decision, or when those it states are seriously contradictory or incomprehensible, which ends up producing the same effect, that is, the impossibility for the parties—and the legal community, in general—to understand the ruling. This harms the justice of the specific case, as it prevents the party harmed by the decision from appealing it, being unaware of its bases. Likewise, the defect in question is harmful beyond the limits of the particular conflict, as it removes from the judgment the clarity required, so that the transparency and publicity of the jurisdictional function can be subject to legitimate mechanisms of popular and institutional oversight. In this way, proper reasoning of decisions stands as a guarantee of the principle of prohibition of arbitrariness (interdicción de la arbitrariedad), contemplated in canon 11 of the Political Constitution, projected, at the legal level, in canon 11 of the General Law of Public Administration. On this topic, see, among many others, the rulings of this Division number 484 of 10 hours 30 minutes on August 12, 2003; 195 of 9 hours 10 minutes on March 08, 2018; 316-F-S1-2021 of 11 hours 55 minutes on February 11, 2021; 1750-F-S1-2021 of 13 hours 58 minutes on October 12, 2021. In the case under review, it is clear that the lack of reasoning in the ruling is established. Note that the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL requested as its main claim the nullity of agreement 66 of session 041-05, held on October 24, 2005, in which the transfer of the lot in favor of Ana Lorena Ávila Castro, described in cadastral map number P-1009234-2005, was authorized. Due to connection, it requested that public deed number fifteen of October twenty-seventh, two thousand five, which formalized the segregation and transfer of Parcel 29-7 of the Amalia Hernández Settlement, be annulled, solely regarding the titling of a property in favor of Ana Lorena Ávila Castro, which generated the registered title under folio real number 143,722-000 of the District of Puntarenas, and that this registration entry be annulled, with the purpose of having the land in litigation returned to it for being lesivo to public interests. In this regard, before the transfer and the registration declared null by the contested judgment (and due to connection, also the annulled public deed), the land in litigation was in the name of the Instituto de Tierras y Colonización, today INDER. Said decentralized entity continues to be a legal person, with patrimony independent from the State, which within its powers is responsible for promoting sustainable rural development, and one of its functions is the residual administration of lands of the Border Strip registered in its name (comprised within a zone of 2,000 meters in width along the borders with Nicaragua and with Panama - subsection f of article 7 of the Land and Colonization Law No. 2825 of 1961) and not affected by a conservation area declared by current legislation, it having been proven that the property in this litigation is located entirely within the southern border strip. Despite the foregoing, considering that the contested judgment gives no reason for ordering the transfer of the land in litigation to the State instead of Inder (the original owner prior to the annulment of the agreement taken by the Board of Directors of the Instituto Agrario, in article 66 of session No. 041-05 of October 24, 2005), despite the regulatory and jurisprudential particularities of the Constitutional Chamber regarding border strips, neither does the appealed judgment make any reference as to whether the land was or was not in Patrimonio Natural del Estado, nor does it indicate any other reason for transferring the territory to the Higher Entity. It is evident that the contested judgment does not have adequate reasoning that allows the parties to exercise the right of defense and to clearly challenge the reasons why the Court ordered the transfer of the good in litigation to the name of a third party (the State) not appearing in the process, which means the appellant is correct that there was improper reasoning of the judgment, which is a violation of due process. According to what has been stated, and in accordance with numeral 150, subsection i of the CPCA, in relation with precepts 137, subsection d, since the judgment omitted the reasons why the Court considered that the land in litigation should be registered in the name of the State (which is not represented in this cause), and there is indeed a lack of clarity regarding the reasoning that led to that decision adopted in the operative part of the judgment, which would violate the procedural rights of the parties, particularly due process, and there having been a clear intention on the part of Inder to challenge that missing reasoning, the appeal must be granted and the contested ruling must be annulled. Given the manner in which it is resolved, a ruling on the second procedural defect alleged is omitted.

V. By virtue of the foregoing, it is appropriate to grant the appeal on the procedural ground stated; the contested ruling is annulled. In accordance with article 150.1 of the CPCA, the matter is remanded (reenvío) to the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda for the purpose of issuing a judgment in accordance with the applicable law.

THEREFORE

The appeal filed on procedural grounds is granted, and the contested ruling is reversed (se casa).

Pursuant to Article 150.1 of the CPCA, remand to the Administrative and Civil Treasury Court is ordered for the purpose of issuing a judgment in accordance with the applicable Law.

 

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 





Rocío Rojas Morales

	

 

	

Jorge Leiva Poveda




Carlos Guillermo Zamora Campos

	

 

	

Rosa Maria Cortés Morales

 

 

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