Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Estima esta Cámara que esa tardanza es del todo inaceptable y siendo que en este proceso ordinario se reclama la inercia de la Administración en tramitar dichas diligencias, debe concederse. Así también en este caso, se configura un daño patrimonial efectivo que debe ser indemnizado, por conducta lícita y especial afectación en perjuicio de la última sociedad mencionada, en los términos de los artículos 194 y 196 LGAP.- Conforme con lo anterior, se debe ordenar al Poder Ejecutivo que en plazo de tres meses posteriores a la firmeza de esta sentencia, tramite el Decreto de declaratoria de interés público y comunique el avalúo administrativo a los representantes legales de Grande Beach Holdings Limitada sobre las siete propiedades anteriores. (...) Sí se debe advertir que no podrá reconocerse indemnización sobre terrenos que sean parte de la zona marítimo terrestre (...) ni sobre bienes parte del Patrimonio Natural del Estado, por ejemplo manglares. Asimismo, si se demuestra que esos terrenos fueron inscritos inicialmente de forma ilegal, vulnerando el ordenamiento vigente correspondiente, no se podrá ordenar la indemnización correspondiente, por haber sido sustraídos ilegalmente del demanio público.
English (translation)This Chamber considers such delay entirely unacceptable and, since this ordinary proceeding challenges the Administration's inertia in handling said procedures, it must be granted. In this case, an effective patrimonial injury is also established that must be compensated, due to lawful conduct and special impact to the detriment of the aforementioned company, under articles 194 and 196 of the General Public Administration Law. Accordingly, the Executive Branch must be ordered to, within three months of this judgment becoming final, process the Decree of Public Interest Declaration and notify the administrative appraisal to the legal representatives of Grande Beach Holdings Limited for the seven properties listed. (...) It must be cautioned that no compensation may be recognized for lands that are part of the maritime-terrestrial zone (...) nor for assets that are part of the State's Natural Heritage, such as mangroves. Likewise, if it is shown that those lands were originally registered illegally, in violation of the corresponding legal framework, no compensation may be ordered, as they were illegally removed from the public domain.
Denied
Grande Normal Pequeña Sala Primera de la Corte Resolución Nº 00995 - 2025 Fecha de la Resolución: 12 de Junio del 2025 a las 10:45 Expediente: 22-001199-1027-CA Redactado por: Damaris María Vargas Vásquez Clase de asunto: CONOCIMIENTO Analizado por: SALA PRIMERA Texto de la resolución Exp. 22-001199-1027-CA Res. 000995-F-S1-2025 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del doce de junio de dos mil veinticinco . Proceso de conocimiento establecido por GRANDE BEACH HOLDINGS LIMITADA y WINDOWS OF THE BLUE SKY NCT SOCIEDAD ANÓNIMA, ambas representadas por David Paul Haragán, en su condición de representante judicial y extrajudicial, contra el ESTADO, representado la procuradora Heilyn Sáenz Calderón, y el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), representada por su apoderada especial judicial, licenciada Deifilia Dávila Ruiz. Intervienen como abogados de las accionantes, los licenciados Randall Quirós Bustamante y Allan Flores Moya, en su condición de apoderados especiales judiciales. La representación estatal presenta recurso de casación contra la sentencia 2024005768 de las 11 horas 42 minutos del 03 de setiembre de 2024, del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, dictada por las personas juzgadoras Jonatán Canales Hernández, Rosa María Cortés Morales y Paulo André Alonso Soto. Redacta la magistrada Vargas Vásquez; CONSIDERANDO Las actoras, en forma conjunta, señalaron que forman parte de un grupo de interés económico, el cual ejerce a título de dueño no concesionario, de 22 propiedades en la provincia de Guanacaste, cantón Santa Cruz, distrito Tempate. Apuntaron, dichas propiedades según certificaciones del SINAC se encuentran en menor o en mayor medida dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas (en adelante PNMB). Manifestaron, el 2 de octubre de 1970, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) realizó la declaratoria de interés turístico de Playa Grande, lo cual produjo un efecto directo sobre la atracción de inversión y elevó el valor de las propiedades ubicadas en la zona. Aludieron, entre los años 1991 y 1994 por decisión política se creó el PNMB mediante el Decreto Ejecutivo 20518-MIRENEM y, posteriormente, por Ley 7524, denominada Ley de creación del Parque Marino Las Baulas. Expusieron, en esa normativa se establecieron los límites del Parque. Aseveran, existe una divergencia entre lo definido en el decreto y la ley, generándose debate jurídico sobre la interpretación de la frase “aguas adentro”. Expresaron, la Procuraduría General de la República en dictamen C-444-2005 del 16 de setiembre de 2005 determinó que la expresión “aguas adentro” contenida en el artículo 1 de la Ley no. 7524 era inaplicable y debía sustituirse por “aguas afuera”. Sostuvieron, el Decreto Ejecutivo no. 20518-MIRENEM indicó que la declaratoria del Parque tendría eficacia una vez que el Estado adquiriera las propiedades privadas existentes en la demarcación. Censuraron, pasaron más de 30 año y el Estado aún no ha cumplido con los derechos constitucionales respecto a la propiedad privada. Reprocharon, esto ha provocado que se impida desarrollar proyectos privados en la zona, y, además, tampoco ha logrado nada en la protección de las tortugas y el proceso de anidamiento. Agregaron, con estudios técnicos verificaron que las certificaciones del SINAC sobre las propiedades ubicadas en Playa Ventanas son incorrectas y se ubican fuera de los límites del Parque. Argumentaron, el país mantiene en grave inseguridad jurídica a muchísimas personas sin que en más de 20 años se efectúen las expropiaciones que señala la ley. Explicaron, la Sala Constitucional resolvió en el 2008 un recurso de amparo contra el Ministerio de Ambiente y Energía, y otras instituciones del Estado mediante voto 07549-2008 del 30 de abril de 2008, en el que dispuso: “Se declara con lugar el recurso, únicamente en cuanto se dirige contra el Ministerio de Ambiente y Energía por haber demorado casi 10 años en iniciar los procedimientos de expropiación de los fundos privados situados dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas, en los términos de la Ley Nº 7524 de 10 de julio de 1995. En consecuencia, se le ordena a Carlos Manuel Rodríguez Echandi, o a quien en su lugar ejerza el cargo de Ministro de Ambiente y Energía, iniciar inmediatamente y en forma célere los tramites de expropiación, bajo la advertencia de que, en caso de no hacerlo, podrá incurrir en las sanciones que al afecto prevé el artículo 71 de la Ley que rige esta Jurisdicción. En lo demás se declara sin lugar el amparo. Se condena al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo”. Adicionaron, esa Sala también resolvió un recurso presentado contra la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) a través del voto 018529-2008 del 16 de diciembre de 2008 en el que anuló todas las viabilidades ambientales otorgadas en las propiedades ubicadas dentro del parque y entre varias exigencias, ordenó al MINAE continuar de inmediato con los procesos de expropiación, además, a SETENA proceder, en coordinación con el MINAE, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y las Municipalidades de Santa Cruz, Nandayure, Hojancha, Nicoya y Carrillo, a realizar un estudio integral sobre el impacto que las construcciones y el desarrollo turístico y urbanístico en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Marino Las Baulas producirían al ambiente y las medidas necesarias a tomar, en donde se valore si conviene mejor también expropiar las propiedades que se encuentren allí, y se indique expresamente el impacto que el ruido, las luces, el uso de agua para consumo humano, las aguas negras y servidas, la presencia humana y otros produciría sobre todo el ecosistema de la zona, en especial, la tortuga baula. Detallaron, en forma paralela el 14 de abril de 2007 se declaró de interés público la adquisición de dos fincas de su propiedad por medio de los Decretos Ejecutivos 33703 y 33704, en los que finalmente, entre los años 2017 y 2021, se expropiaron con las respectivas declaratorias de pago y liquidación de intereses mediante los expedientes 08-000138-0163-CA y 08-000139-0163-CA. Amonestaron, el resto de sus propiedades aún se encuentran afectadas sin que el Estado inicie los procesos de expropiación y tampoco puedan ejercer plenamente sus atributos de dominio al no otorgarse permisos de desarrollo, vaciando el contenido del derecho de propiedad. Con base en lo expuesto, el 21 de febrero de 2022 presentó demanda en la que peticionó: “1. Se declare nula la Resolución R-SINAC-CONAC-29-2019, Oficialización de los límites del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, por basarse en la interpretación realizada por la Procuraduría General de la República en su dictamen C-444-2005 del 16 de setiembre de 2005, respecto al término “aguas adentro”. 2. Que se declaren nulas todas las certificaciones emitidas por el SINAC, correspondientes a las 22 propiedades objeto de la presente Litis y se declaren estas propiedades fuera del Parque Nacional Marino las Baulas. 3. Se le ordene al SINAC crear un régimen voluntario de conservación, tomando en consideración que la delimitación del Parque Marino debe partir del término “aguas adentro”, según lo establece el artículo 1 de la ley no. 7524. PRETENSIÓN SUBSIDIARIA. 1. Que se declare en el presente proceso expropiación indirecta sobre la totalidad de las propiedades en Litis y en perjuicio de mis representadas, dada lo omisión por parte del Estado de no gestionar según como la ley le obliga. 2. Se declare la responsabilidad objetiva de la administración pública representada por el Ministerio de Ambiente y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y se indemnice a las partes actoras del presente proceso con el pago correspondiente a la expropiación sufrida, la cual se estimará con base en los montos de los avalúos que se realicen sobre el valor actual de las propiedades descritas en el Anexo I, más la correspondiente indexación por el paso del tiempo, de forma tal que se tenga un monto económico actualizado y sobre todo ajustado a la figura del justiprecio. 3. Se dicten los actos necesarios para gestionar el traspaso registral de las propiedades expropiadas a nombre del Estado, en la figura del Sistema Nacional de Áreas de Conservación”. Las demandadas contestaron negativamente la acción y opusieron la excepción de falta de derecho. El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, mediante sentencia 2024005768 de las 11 horas 42 minutos del 03 de setiembre de 2024, dictada por las personas juzgadoras Jonatán Canales Hernández, Rosa María Cortés Morales y Paulo André Alonso Soto, dispuso: “1) En cuanto a la acción de Windows of the blue Sky Nct, Sociedad Anónima contra ambos codemandados: se acoge la excepción de falta de derecho y se declara improcedente en todos sus extremos la demanda dirigida contra ambos demandados; 2) En cuanto a la demanda de Grande Beach Holdings Limitada contra el SINAC; se acoge la defensa de falta de derecho y se declara improcedente. En cuanto a la acción de esa sociedad contra el Estado: se acoge parcialmente dicha excepción en cuanto a las pretensiones rechazadas y se rechaza la falta de derecho en cuanto a las pretensiones que fueron declaradas con lugar. En consecuencia, se le ordena al Poder Ejecutivo que, en plazo de tres meses posteriores a la firmeza de esta sentencia, tramite el Decreto de declaratoria de interés público y comunique el avalúo administrativo a los representantes legales de Grande Beach Holdings Limitada sobre las siguientes fincas inscritas ubicadas dentro del perímetro del Parque Nacional Marino Las Baulas: N° finca N° plano Porcentaje del lote dentro del PNMB (%) 42711-000 G-0402432-1980 55 42713-000 G-0402433-1980 50 42715-000 G-0402434-1980 50 42719-000 G-0402447-1980 45 42721-000 G-0402445-1980 40 43069-000 G-0415023-1981 66,9 89606-000 G-0356620-1996 100 En caso de haber oposición al avalúo por las expropiadas, el Ministerio de Ambiente y Energía a través de la Procuraduría General de la República, debe iniciar a la mayor brevedad el proceso judicial expropiatorio para establecer el justiprecio, establecido en la Ley de Expropiaciones, debiéndose tramitar con la mayor celeridad. Se advierte que no podrá reconocerse indemnización sobre terrenos que sean parte de la zona marítimo terrestre (tanto zona pública -50 metros de la línea de pleamar ordinaria como zona restringida -entre los 50 y los 200 metros desde la línea de pleamar ordinaria-), donde la sociedad mencionada, no tiene ninguna concesión al amparo de la Ley de la materia, ni tampoco podrán indemnizarse bienes parte del Patrimonio Natural del Estado. Asimismo, si se demuestra que esos terrenos fueron inscritos vulnerando el ordenamiento jurídico, no se podrá ordenar la indemnización correspondiente, por haber sido sustraídos ilegalmente del demanio público. Cualquier retraso injustificado sobre la realización célere de esos trámites, lo mismo que si el Estado se niega a realizar la expropiación sobre bienes que deben ser indemnizados, según esta sentencia y el ordenamiento jurídico, podrá ser reclamado y resuelto por el juez o jueza de Ejecución de este Tribunal. Se rechazan el resto de las pretensiones principales y subsidiarias; 3) Cada parte debe asumir sus propias costas. Inconforme, la representación estatal presenta recurso de casación, el cual fue admitido por esta Sala. Casación por razones procesales. Como primer reproche por razones procesales, reclama indefensión y violación de normas cuya inobservancia sea sancionada con la nulidad absoluta, sin embargo, en su contenido desarrolla únicamente el cargo de incongruencia de la sentencia por mínima petita, al considerar que se omitió pronunciamiento sobre extremos sometidos a debate. Señala, el fallo tuvo por probado que las propiedades estaban ubicadas total o parcialmente sobre el PNMB con su respectivo porcentaje, sin embargo, en la parte dispositiva ordenó la expropiación sin indicar expresamente, que podría ser parcial. En su parecer, eso podría ocasionar que la contraria alegue en etapa de ejecución que la sentencia ordenó expropiar la totalidad de las fincas. Solicita casar la sentencia a fin de evitar que el Estado tenga que realizar un pago excesivo, inapropiado e innecesario por esta incongruencia. Sobre el vicio invocado, vale indicar: “III.- Esta Sala de forma reiterada ha indicado, que la incongruencia “(…) consiste en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en sus escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo; no porque en éste se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo rogado , o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo peticionado, o porque contiene disposiciones contradictorias. Este instituto procesal se encuentra regulado , en principio , en el ordinal 155 del Código Procesal Civil, y se refiere a la necesaria relación y armonía que debe existir entre la causa de pedir y el contenido de la parte dispositiva del fallo, de modo que el juzgador ve limitada sus facultades a las pretensiones formuladas oportunamente por las partes, mismas sobre las cuales observa una restricción en cuanto a su deliberación y análisis, es decir, el área funcional del juzgador está circunscripta a las pretensiones de la demanda. Desde este plano, respecto de ellas, no puede omitir pronunciamiento sobre algún punto de contienda (mínima petita), otorgar más de lo pedido, sea superar lo pretendido por las partes (ultra petita), o bien, agregar, en principio, extremos no contemplados por los litigantes (extra petita), pues todos estos supuestos implican una ruptura en el ligamen indicado que conlleva a un vicio de incongruencia. También se daría este cuando hallan pronunciamientos contradictorios en el dispositivo de la sentencia”. (Votos 884 de 11 horas 10 minutos del 17 de noviembre de 2005 https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-333580, 533 de las 10 horas 15 minutos del 27 de julio de 2007 https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-764531 y 3411 de las 10 horas 05 minutos del 24 de octubre de 2019 https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-955720). Se desprende, entonces, que la incongruencia se da cuando se está ante la disonancia sustancial entre lo pedido, ya sea en la demanda, contrademanda y sus respectivas contestaciones, y lo que en definitiva resuelve el órgano jurisdiccional. En el Código Procesal Civil actual, esta concordancia se encuentra regulada en el precepto 61.2. En consecuencia, a efectos de determinar si en la especie se incurrió en el vicio citado, resulta fundamental confrontar la petitoria aducida, con la parte dispositiva de la sentencia” (no. 00722-2022, de las 10 horas 10 minutos del 24 de marzo de 2022 https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-1080592). En el caso de estudio, no procede lo endilgado por los motivos que se indicarán. El agravio presentado por la casacionista no se refiere a la causal expuesta en su recurso, en el tanto su objetivo es que el Tribunal debió agregar expresamente la frase en la parte dispositiva que la expropiación “es parcial” conforme a los porcentajes de las propiedades que se ubican dentro del PNMB, todo ello sin plantear gestión de adición o aclaración de la sentencia sobre este punto. No obstante, la recurrente tampoco hace referencia alguna a qué aspecto de la contienda el fallo dejó de pronunciarse o cuál es la disonancia entre las pretensiones de la parte actora y la sentencia impugnada. Por otro lado, los razonamientos emitidos por el Tribunal en la parte considerativa de la sentencia, y que llevaron a las personas juzgadoras a tomar la decisión, son temas que atañen al fondo del asunto -lo cual se examinará más adelante por haber sido planteado el embate sustantivo- pues que no es una cuestión que deba ser analizada como parte del vicio de incongruencia (ver en igual sentido voto no. 01170-2024 del 12 de diciembre de 2024 https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-1273325). Corolario, esta Sala no observa la infracción aducida y, por consiguiente, se impondrá el rechazo del reproche. En el segundo cargo alega falta de motivación, al no contemplar que se habían suspendido las expropiaciones a raíz del informe de la Contraloría General de la República DFOE-PGAA-IF-3-2010 del 26 de febrero del 2010, en el cual se enumeraron las inconsistencias que se presentan con las fincas que están localizadas dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas. Reclama, la sentencia ordena al Poder Ejecutivo que, en el plazo de tres meses, tramite el decreto de declaratoria de interés público y comunique el avalúo administrativo a los representantes legales de Grande Beach Holdings Limitada, sobre siete propiedades. Censura, pero no indica nada sobre los estudios previos que debe realizar el SINAC de esas siete fincas, según las debilidades que expuso la Contraloría. Sostiene, el Tribunal debió ordenar al SINAC, de previo, en un plazo razonable, concluir los estudios de las siete fincas, a fin de verificar que la expropiación es legalmente procedente. Reconoce, si bien la sentencia hace la salvedad de que “si se demuestra que esos terrenos fueron inscritos vulnerando el ordenamiento jurídico, no se podrá ordenar la indemnización correspondiente, por haber sido sustraídos ilegalmente del demanio público”, considera, para los efectos prácticos, eso acarrea problemas posteriores que pueden llevar a la Administración a tener que realizar erogaciones innecesarias. Esgrime, a pesar de que el Tribunal tiene clara la necesidad de los estudios previos de las fincas, la sentencia no da una explicación de porqué ordena el trámite de manera inversa. Agrega, el declarar sin lugar la demanda contra el SINAC, vuelve inviable lo ordenado por el Tribunal, al no contar con su participación en la etapa de ejecución. Explica, el SINAC es el administrador de las áreas silvestres protegidas, en este caso, del PNMB; por lo que le corresponde hacer los estudios técnicos de las fincas a fin de realizar la expropiación; determina si hay, dentro de las siete fincas, áreas de zona marítimo terrestre o Patrimonio Natural del Estado, como manglares; y quien debe presupuestar a través del MINAE, los recursos para el próximo ejercicio fiscal, a fin de pagar las fincas. Concluye, se debe casar la sentencia en estos aspectos y disponer que el orden del trámite a seguir sea, en primer lugar, que el SINAC finalice los estudios registrales y técnicos de las siete fincas y posteriormente, una vez determinada la procedencia de las expropiaciones, el MINAE emita las declaratorias de interés público que correspondan e inicie los trámites expropiatorios pertinentes, todo en el plazo razonable que determine la Sala. Al respecto, la sentencia impugnada indicó: “Estas dos pretensiones por su conexión se deben analizar conjuntamente y según estima el Tribunal, sí son de recibo. Téngase presente que si bien el artículo 2 de la Ley de Creación del PNMB, establece que el Estado podrá tener por integrado un bien ubicado dentro del perímetro del parque hasta que pague la expropiación, es irrazonable que, pasados más de 33 años desde la creación del parque por el Decreto de 1991, no se hayan terminado de expropiar los terrenos para terminar de consolidar el área protegida. Así, lo entendió la Sala Constitucional, en una sentencia N° 2008007549 de las 17:38 horas del 30 de abril del 2008, que constituye precedente de carácter vinculante no solo para este Tribunal, sino para cualquier sujeto (doctrina del artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Estima esta Cámara que esa tardanza es del todo inaceptable y siendo que en este proceso ordinario se reclama la inercia de la Administración en tramitar dichas diligencias, debe concederse. Así también en este caso, se configura un daño patrimonial efectivo que debe ser indemnizado, por conducta lícita y especial afectación en perjuicio de la última sociedad mencionada, en los términos de los artículos 194 y 196 LGAP.- Conforme con lo anterior, se debe ordenar al Poder Ejecutivo que en plazo de tres meses posteriores a la firmeza de esta sentencia, tramite el Decreto de declaratoria de interés público y comunique el avalúo administrativo a los representantes legales de Grande Beach Holdings Limitada sobre las siete propiedades anteriores. Cualquier retraso injustificado sobre la realización de esas gestiones podrá ser reclamado ante el juez o jueza de ejecución de este Tribunal para lo de su cargo. En caso de haber oposición al avalúo por las expropiadas, el Ministerio de Ambiente a través de la Procuraduría General de la República, debe iniciar a la mayor brevedad el proceso judicial expropiatorio para establecer el justiprecio, establecido en la Ley de Expropiaciones.- Sí se debe advertir que no podrá reconocerse indemnización sobre terrenos que sean parte de la zona marítimo terrestre (tanto zona pública -50 metros de la línea de pleamar ordinaria- como zona restringida -entre los 50 y los 200 metros desde la línea de pleamar ordinaria-), donde la sociedad antecitada, no tiene ninguna concesión al amparo de la Ley correspondiente (véase las certificaciones que se reseñan en los hechos probados), ni sobre bienes parte del Patrimonio Natural del Estado, por ejemplo manglares. Asimismo, si se demuestra que esos terrenos fueron inscritos inicialmente de forma ilegal, vulnerando el ordenamiento vigente correspondiente, no se podrá ordenar la indemnización correspondiente, por haber sido sustraídos ilegalmente del demanio público. Todo esto también podrá ser controlado por la persona juzgadora de ejecución, a gestión de parte”. Sobre la causal procesal de falta de fundamentación, es importante referirse a los parámetros requeridos para su determinación. Así, esta Sala en reiteradas ocasiones ha señalado que ésta surge cuando no hay motivación, ya sea porque no existe, o bien, por cuanto su desarrollo resulta en extremo confuso o contradictorio, de forma tal que impide tener claridad en cuanto a los razonamientos que derivaron en la decisión adoptada en el dispositivo del fallo, lo que vulneraría los derechos procesales de las partes, en particular, el del debido proceso y el derecho de defensa. No se trata de determinar si quien juzga se pronunció sobre todas las pretensiones incorporadas al proceso, sino por el contrario, si dio los fundamentos sobre los cuales adoptó la decisión correspondiente. De igual manera, debe tenerse presente que se trata de un motivo de índole procesal, lo cual implica que es atinente a eventuales incumplimientos de disposiciones adjetivas que regulan el íter procesal o la sentencia, así como la relación jurídica que vincula a las partes y a la persona juzgadora en el marco de un proceso judicial, y de la cual derivan derechos y obligaciones. Así las cosas, no debe confundirse esta causal con un mecanismo para entrar a discutir la aplicación del derecho o la valoración de la prueba, para lo cual el Código de rito establece causales autónomas (cardinal 138), ya que de lo contrario se desnaturalizaría el motivo casacional específico. (Ver votos no. 00328-2012 del 08 de marzo de 2012 https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-766987 , no. 02037 – 2020 del 25 de junio del 2020 https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-995188 y 2290-2020 del 10 de setiembre de 2020 https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-997481). De conformidad con lo expuesto, observa esta Cámara de lo transcrito en el considerando anterior, que la sentencia no adolece del vicio acusado, -sin entrar a juzgar el fondo de la decidido-, la sentencia es clara en indicar los motivos por los cuáles ordena al Poder Ejecutivo que en plazo de tres meses posteriores a la firmeza de esta sentencia, tramite el Decreto de declaratoria de interés público y comunique el avalúo administrativo a los representantes legales de Grande Beach Holdings Limitada sobre las fincas inscritas que detalló y se encuentran ubicadas dentro del perímetro del Parque Nacional Marino Las Baulas, en el tanto considera irrazonable que pasados más de 33 años desde la creación del parque por el Decreto de 1991, y luego por el artículo 2 de la Ley de Creación del PNMB de 1995 que establece que el Estado podrá tener por integrado un bien ubicado dentro del perímetro del parque hasta que pague la expropiación, no se hayan terminado de expropiar los terrenos para terminar de consolidar el área protegida. Además, indicó que era un tema zanjado por la Sala Constitucional, en sentencia N° 2008007549 de las 17:38 horas del 30 de abril del 2008, como precedente de carácter vinculante no solo para ese Tribunal, sino para cualquier sujeto conforme el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por lo que determinó que esa tardanza es del todo inaceptable. Así las cosas, no encuentra esta Sala que el pronunciamiento sea omiso en cuanto al fundamento dado y, por el contrario, lo pretendido por la casacionista busca justificar aún más la parsimonia que ha tenido la Administración en este tema. Nótese, el informe de la Contraloría General de la República al que hace referencia y en el que se le puso en conocimiento sobre las inconsistencias alegadas, es de febrero del año 2010, es decir hace 15 años tienen pendientes los estudios que ahora pretende que la sentencia les ordene nuevamente realizar. Por otro lado, en cuanto a su inconformidad sobre la omisión del Tribunal en ordenar la participación que eventualmente tendría el SINAC en el proceso expropiatorio, debe indicarse que sus competencias y funciones se encuentran establecidas en la ley de creación, así como el procedimiento indicado en la Ley de Expropiaciones, aspectos que corresponderán determinarse en dicho proceso. En consecuencia, no existe el vicio de falta de fundamentación y se impondrá el rechazo del embate. Casación por razones sustantivas. Como único cargo sustantivo, acusa violación indirecta de la ley por error de derecho por preterición de prueba o indebida valoración. Afirma, el fallo no valoró apropiadamente las certificaciones del SINAC, donde se indica el porcentaje de terreno que invade el Parque Marino Las Baulas de cada una de las siete fincas. Reclama, si se hubiera valorado adecuadamente las certificaciones del SINAC, no sólo serían fundamento para indicar que las fincas se localizan dentro del Parque Marino, sino que la invasión del cien por ciento es solo para una de las fincas, y parcialmente en el resto, de manera que las eventuales expropiaciones lo serán en forma parcial. Expresa, si bien es cierto el Tribunal incluyó en el por tanto el cuadro con los porcentajes de las fincas, no se indica expresamente esa condición de las expropiaciones. Reprocha, podría alegarse en ejecución que se deben expropiar integralmente, al no indicar la sentencia lo contrario, lo cual generaría un gasto indebido, inapropiado e innecesario al Estado. Solicita, casar la sentencia en este aspecto y ordenar que la expropiación lo será en forma parcial, según el porcentaje que traslapa con el Parque Marino Las Baulas, según lo indicado en las certificaciones del SINAC. En lo medular, la casacionista reclama que el Tribunal no valoró apropiadamente las certificaciones del SINAC, donde se indica el porcentaje de terreno que invade las fincas inscritas -ubicadas dentro del perímetro del Parque Nacional Marino Las Baulas- era parcial. Sin embargo, de la sentencia se desprende que sí detalló el porcentaje que se ubica dentro del Parque, e incluso así fue expuesto en la parte dispositiva, al indicar: “En consecuencia, se le ordena al Poder Ejecutivo que en plazo de tres meses posteriores a la firmeza de esta sentencia, tramite el Decreto de declaratoria de interés público y comunique el avalúo administrativo a los representantes legales de Grande Beach Holdings Limitada sobre las siguientes fincas inscritas ubicadas dentro del perímetro del Parque Nacional Marino Las Baulas: N° finca N° plano Porcentaje del lote dentro del PNMB (%) 42711-000 G-0402432-1980 55 42713-000 G-0402433-1980 50 42715-000 G-0402434-1980 50 42719-000 G-0402447-1980 45 42721-000 G-0402445-1980 40 43069-000 G-0415023-1981 66,9 89606-000 G-0356620-1996 100 En caso de haber oposición al avalúo por las expropiadas, el Ministerio de Ambiente y Energía a través de la Procuraduría General de la República, debe iniciar a la mayor brevedad el proceso judicial expropiatorio para establecer el justiprecio, establecido en la Ley de Expropiaciones, debiéndose tramitar con la mayor celeridad (…)”. De lo expuesto, esta Cámara concluye que no existe tal vicio, encontrándose claramente establecido por el Tribunal los porcentajes del lote dentro del PNMB de cada finca debidamente tabulados en concordancia con la prueba que, según la casacionista, fue indebidamente valorada. Además, es importante resaltar -tal como lo dispuso el fallo- el procedimiento de expropiación se regirá por lo establecido en la Ley de Expropiaciones, incluida la posibilidad de expropiaciones parciales o totales conforme al numeral 17, así como por el artículo 2 de la Ley de Creación del PNMB, que señala con claridad lo siguiente: “Expropiaciones. Para cumplir con la presente Ley, la institución competente gestionará las expropiaciones de la totalidad o de una parte de las fincas comprendidas en la zona delimitada en el artículo anterior. Los terrenos privados comprendidos en esa delimitación serán susceptibles de expropiación y se considerarán parte del Parque Nacional Marino las Baulas, hasta tanto no sean adquiridos por el Estado, mediante compra, donaciones o expropiaciones; mientras tanto los propietarios gozarán del ejercicio pleno de los atributos del dominio”. Por los motivos expuestos, no lleva razón la recurrente, de ahí se estime que el agravio es improcedente. En mérito de lo expuesto, no habiendo prosperado ninguno de sus reproches, el recurso deberá declararse sin lugar. Conforme a lo señalado por el artículo 150.3 del Código Procesal Contencioso Administrativo, deberá imponerse a la casacionista el pago de las costas generadas con el ejercicio de esta instancia. POR TANTO Se declara sin lugar el recurso presentado por la representación estatal, son las costas a su cargo. JCC Luis Guillermo Rivas Loaiciga Rocío Rojas Morales Damaris Vargas Vásquez Jorge Leiva Poveda Carlos Guillermo Zamora Campos Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- D4HNLAQKB7861 Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected] Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:34:01. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Small Medium Large First Chamber of the Court Resolution No. 00995 - 2025 Date of Resolution: June 12, 2025 at 10:45 a.m. Case File: 22-001199-1027-CA Drafted by: Damaris María Vargas Vásquez Type of Matter: COGNIZANCE Analyzed by: FIRST CHAMBER Text of the resolution Exp. 22-001199-1027-CA Res. 000995-F-S1-2025 FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at ten forty-five hours on the twelfth of June of two thousand twenty-five. Cognizance proceeding established by GRANDE BEACH HOLDINGS LIMITADA and WINDOWS OF THE BLUE SKY NCT SOCIEDAD ANÓNIMA, both represented by David Paul Haragán, in his capacity as judicial and extrajudicial representative, against the STATE, represented by prosecutor Heilyn Sáenz Calderón, and the NATIONAL SYSTEM OF CONSERVATION AREAS (SINAC), represented by its special judicial attorney, licensed Deifilia Dávila Ruiz. Licensed attorneys Randall Quirós Bustamante and Allan Flores Moya, in their capacity as special judicial attorneys, appear as lawyers for the plaintiffs. The state representation files a cassation appeal against judgment 2024005768 of 11 hours 42 minutes on September 3, 2024, of the Administrative and Civil Treasury Tribunal, issued by judges Jonatán Canales Hernández, Rosa María Cortés Morales, and Paulo André Alonso Soto. Drafted by Judge Vargas Vásquez; WHEREAS The plaintiffs, jointly, indicated that they form part of an economic interest group, which exercises, by title of non-concessionaire owner, 22 properties in the province of Guanacaste, Santa Cruz canton, Tempate district. They noted that said properties, according to SINAC certifications, are located to a lesser or greater extent within the Las Baulas National Marine Park (hereinafter PNMB). They stated that on October 2, 1970, the Costa Rican Tourism Institute (ICT) made the declaration of tourist interest for Playa Grande, which produced a direct effect on attracting investment and raised the value of the properties located in the area. They alluded that between 1991 and 1994, by political decision, the PNMB was created through Executive Decree (Decreto Ejecutivo) 20518-MIRENEM and, subsequently, by Law (Ley) 7524, called the Law for the Creation of Las Baulas Marine Park (Ley de creación del Parque Marino Las Baulas). They explained that said regulations established the Park's boundaries. They assert that there is a divergence between what was defined in the decree and the law, generating legal debate on the interpretation of the phrase "waters inward (aguas adentro)." They expressed that the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República), in opinion C-444-2005 of September 16, 2005, determined that the expression "waters inward (aguas adentro)" contained in Article 1 of Law No. 7524 was inapplicable and should be replaced by "waters outward (aguas afuera)." They maintained that Executive Decree No. 20518-MIRENEM indicated that the Park's declaration would be effective once the State acquired the existing private properties within the demarcation. They censured that more than 30 years have passed and the State has still not complied with constitutional rights regarding private property. They reproached that this has prevented private projects from being developed in the area, and, furthermore, it has also achieved nothing in protecting turtles and the nesting process. They added that through technical studies they verified that SINAC's certifications regarding the properties located in Playa Ventanas are incorrect and that they are located outside the Park's boundaries. They argued that the country maintains many people in serious legal uncertainty without the expropriations indicated by law being carried out for more than 20 years. They explained that the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) resolved in 2008 a petition for amparo against the Ministry of Environment and Energy and other State institutions through vote (voto) 07549-2008 of April 30, 2008, in which it ordered: "The petition is declared with merit, solely insofar as it is directed against the Ministry of Environment and Energy for having delayed almost 10 years in initiating the expropriation procedures for private lands situated within the Las Baulas National Marine Park, under the terms of Law No. 7524 of July 10, 1995. Consequently, Carlos Manuel Rodríguez Echandi, or whoever holds the position of Minister of Environment and Energy in his stead, is ordered to immediately and expeditiously initiate the expropriation procedures, under the warning that, should he fail to do so, he may incur the sanctions provided for this purpose in Article 71 of the Law governing this Jurisdiction. For the rest, the amparo petition is declared without merit. The State is ordered to pay costs, damages, and losses, which will be liquidated in the execution of the judgment of the administrative contentious proceeding." They added that said Chamber also resolved a petition filed against the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA) through vote 018529-2008 of December 16, 2008, in which it annulled all environmental feasibility approvals (viabilidades ambientales) granted for properties located within the park and, among several requirements, ordered MINAE to immediately continue with the expropriation processes, and also ordered SETENA to proceed, in coordination with MINAE, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), and the Municipalities of Santa Cruz, Nandayure, Hojancha, Nicoya, and Carrillo, to carry out a comprehensive study on the impact that construction and tourist and urban development in the buffer zone of the Las Baulas National Marine Park would produce on the environment and the necessary measures to be taken, which should assess whether it is also advisable to expropriate the properties located there, and expressly indicate the impact that noise, lights, water use for human consumption, black and gray water, human presence, and others would produce on the entire ecosystem of the area, especially the leatherback turtle (tortuga baula). They detailed that, in parallel, on April 14, 2007, the acquisition of two properties owned by them was declared of public interest by means of Executive Decrees 33703 and 33704, in which finally, between 2017 and 2021, they were expropriated with the respective payment declarations and interest settlements through case files 08-000138-0163-CA and 08-000139-0163-CA. They admonished that the rest of their properties are still affected without the State initiating expropriation processes and they are also unable to fully exercise their attributes of ownership since development permits are not granted, emptying the content of the property right. Based on the foregoing, on February 21, 2022, they filed a lawsuit requesting: "1. That Resolution R-SINAC-CONAC-29-2019, Officialization of the boundaries of the Las Baulas National Marine Park of Guanacaste, be declared null, because it is based on the interpretation made by the Attorney General's Office in its opinion C-444-2005 of September 16, 2005, regarding the term 'waters inward (aguas adentro).' 2. That all certifications issued by SINAC corresponding to the 22 properties subject to this Litis be declared null and that these properties be declared outside the Las Baulas National Marine Park. 3. That SINAC be ordered to create a voluntary conservation regime, taking into consideration that the delimitation of the Marine Park must start from the term 'waters inward (aguas adentro),' as established in Article 1 of Law No. 7524. SUBSIDIARY CLAIM. 1. That an indirect expropriation (expropiación indirecta) be declared in this proceeding over all the properties in Litis, to the detriment of my represented parties, given the State's omission in not managing as the law obligates it. 2. That the objective liability (responsabilidad objetiva) of the public administration, represented by the Ministry of Environment and the National System of Conservation Areas, be declared and that the plaintiffs in this proceeding be indemnified with the corresponding payment for the expropriation suffered, which will be estimated based on the amounts of the appraisals (avalúos) to be carried out on the current value of the properties described in Annex I (Anexo I), plus the corresponding indexing for the passage of time, in such a way that an updated economic amount is obtained and, above all, adjusted to the figure of just compensation (justiprecio). 3. That the necessary acts be issued to manage the registration transfer of the expropriated properties in the name of the State, under the figure of the National System of Conservation Areas." The defendants answered the action negatively and raised the objection of lack of right (falta de derecho). The Administrative and Civil Treasury Tribunal, by means of judgment 2024005768 of 11 hours 42 minutes on September 3, 2024, issued by judges Jonatán Canales Hernández, Rosa María Cortés Morales, and Paulo André Alonso Soto, ordered: "1) Regarding the action of Windows of the blue Sky Nct, Sociedad Anónima against both co-defendants: the objection of lack of right is upheld and the lawsuit directed against both defendants is declared inadmissible in all its extremes; 2) Regarding the lawsuit of Grande Beach Holdings Limitada against SINAC: the defense of lack of right is upheld and it is declared inadmissible. Regarding the action of said company against the State: said objection is partially upheld regarding the rejected claims, and the lack of right is rejected regarding the claims that were granted. Consequently, the Executive Branch is ordered, within three months following the finality of this judgment, to process the Decree of declaration of public interest and communicate the administrative appraisal to the legal representatives of Grande Beach Holdings Limitada regarding the following registered properties located within the perimeter of the Las Baulas National Marine Park: | N° finca | N° plano | Porcentaje del lote dentro del PNMB (%) | | --- | --- | --- | | 42711-000 | G-0402432-1980 | 55 | | 42713-000 | G-0402433-1980 | 50 | | 42715-000 | G-0402434-1980 | 50 | | 42719-000 | G-0402447-1980 | 45 | | 42721-000 | G-0402445-1980 | 40 | | 43069-000 | G-0415023-1981 | 66,9 | | 89606-000 | G-0356620-1996 | 100 | In the event of opposition to the appraisal by the expropriated parties, the Ministry of Environment and Energy, through the Attorney General's Office, must initiate the judicial expropriation proceeding as soon as possible to establish the just compensation (justiprecio), established in the Expropriations Law (Ley de Expropiaciones), and it must be processed with the utmost celerity. It is warned that compensation may not be recognized for lands that are part of the maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre) (both the public zone - 50 meters from the ordinary high-water line and the restricted zone - between 50 and 200 meters from the ordinary high-water line), where the mentioned company has no concession under the pertinent Law, nor may assets that are part of the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) be compensated. Likewise, if it is proven that those lands were registered in violation of the legal system, the corresponding compensation cannot be ordered, as they were illegally removed from the public domain (demanio público). Any unjustified delay in the expeditious completion of these procedures, as well as if the State refuses to carry out the expropriation of assets that must be compensated, according to this judgment and the legal system, may be claimed and resolved by the Execution judge of this Tribunal. The remaining main and subsidiary claims are rejected; 3) Each party must bear its own costs." Disagreeing, the state representation files a cassation appeal, which was admitted by this Chamber. Cassation for procedural reasons. As a first objection for procedural reasons, it claims defenselessness (indefensión) and violation of norms whose non-observance is sanctioned with absolute nullity; however, in its content, it develops only the charge of incongruence of the judgment due to mínima petita, considering that a pronouncement on extremes submitted to debate was omitted. It points out that the judgment considered it proven that the properties were totally or partially located on the PNMB with their respective percentage; however, in the operative part, it ordered the expropriation without expressly indicating that it could be partial. In its view, this could cause the opposing party to allege in the execution stage that the judgment ordered the expropriation of the entirety of the properties. It requests that the judgment be quashed in order to prevent the State from having to make an excessive, inappropriate, and unnecessary payment due to this incongruence. Regarding the invoked defect, it is worth stating: "III.- This Chamber has repeatedly indicated that incongruence '(…) consists of the lack of relationship between what was requested by the parties, not throughout the proceeding, but in their statements of claim or counterclaim as well as in their respective responses, and what was resolved in the judgment; not because the latter decides something different from what the litigants wanted, but because a pronouncement on some extreme submitted to debate is omitted, or more than what is requested is granted, or because what is resolved does not correspond to what was petitioned, or because it contains contradictory provisions. This procedural institute is regulated, in principle, in ordinal 155 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil), and it refers to the necessary relationship and harmony that must exist between the cause of action and the content of the operative part of the judgment, so that the judge's powers are limited to the claims timely formulated by the parties, claims over which they observe a restriction regarding their deliberation and analysis, that is, the judge's functional area is circumscribed to the claims of the lawsuit. From this plane, regarding them, they cannot omit a pronouncement on any point of contention (mínima petita), grant more than what is requested, i.e., exceed what is claimed by the parties (ultra petita), or add, in principle, extremes not contemplated by the litigants (extra petita), since all these assumptions imply a break in the indicated link that leads to a defect of incongruence. This would also occur when there are contradictory pronouncements in the operative part of the judgment.' (Votes 884 of 11 hours 10 minutes on November 17, 2005 https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-333580, 533 of 10 hours 15 minutes on July 27, 2007 https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-764531, and 3411 of 10 hours 5 minutes on October 24, 2019 https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-955720). It follows, then, that incongruence occurs when there is a substantial dissonance between what was requested, whether in the lawsuit, counterclaim, and their respective responses, and what the jurisdictional body ultimately resolves. In the current Civil Procedure Code, this concordance is regulated in precept 61.2. Consequently, for the purpose of determining whether the cited defect was incurred in this case, it is essential to compare the claim adduced with the operative part of the judgment" (No. 00722-2022, of 10 hours 10 minutes on March 24, 2022 https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-1080592). In the case under study, what is alleged does not proceed for the reasons that will be indicated. The grievance presented by the appellant does not refer to the ground stated in its appeal, insofar as its objective is that the Tribunal should have expressly added the phrase in the operative part that the expropriation "is partial" according to the percentages of the properties located within the PNMB, all without raising a request for addition or clarification of the judgment on this point. However, the appellant also makes no reference to which aspect of the contention the judgment failed to pronounce on or what the dissonance is between the claims of the plaintiff and the judgment under appeal. On the other hand, the reasonings issued by the Tribunal in the recital part of the judgment, which led the judges to make the decision, are issues related to the merits of the matter - which will be examined later as the substantive challenge has been raised - as this is not a matter that must be analyzed as part of the defect of incongruence (see in the same sense vote No. 01170-2024 of December 12, 2024 https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-1273325). As a corollary, this Chamber does not observe the alleged infraction and, consequently, the rejection of the objection shall be imposed. In the second charge, it alleges a lack of motivation (falta de motivación), by not considering that the expropriations had been suspended following the report of the Office of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República) DFOE-PGAA-IF-3-2010 of February 26, 2010, in which the inconsistencies presented with the properties located within the Las Baulas National Marine Park were listed. It claims that the judgment orders the Executive Branch, within three months, to process the decree of declaration of public interest and communicate the administrative appraisal to the legal representatives of Grande Beach Holdings Limitada, for seven properties. It censures, but does not indicate anything about the prior studies that SINAC must carry out on those seven properties, according to the weaknesses the Comptroller's Office exposed. It maintains that the Tribunal should have ordered SINAC, beforehand, within a reasonable timeframe, to complete the studies of the seven properties, to verify that the expropriation is legally appropriate. It acknowledges, although the judgment makes the caveat that "if it is proven that those lands were registered in violation of the legal system, the corresponding compensation cannot be ordered, as they were illegally removed from the public domain (demanio público)," it considers that, for practical purposes, this causes subsequent problems that could lead the Administration to have to make unnecessary expenditures. It argues that, despite the Tribunal clearly understanding the need for prior studies of the properties, the judgment does not provide an explanation as to why it orders the process in reverse order. It adds that declaring the lawsuit against SINAC without merit renders what was ordered by the Tribunal unfeasible, given its lack of participation in the execution stage. It explains that SINAC is the administrator of the protected wilderness areas, in this case, the PNMB; therefore, it is its responsibility to carry out the technical studies of the properties in order to carry out the expropriation; to determine if there are, within the seven properties, areas of maritime terrestrial zone or State Natural Heritage, such as mangroves; and it is the entity that must budget, through MINAE, the resources for the next fiscal year, in order to pay for the properties. It concludes that the judgment must be quashed regarding these aspects and provide that the order of the procedure to be followed be, first, that SINAC complete the registration and technical studies of the seven properties and subsequently, once the appropriateness of the expropriations is determined, MINAE issue the corresponding declarations of public interest and initiate the pertinent expropriation procedures, all within a reasonable timeframe to be determined by the Chamber. In this regard, the judgment under appeal stated: "These two claims, due to their connection, must be analyzed jointly, and in the Tribunal's estimation, they are receivable. It must be kept in mind that although Article 2 of the Law for the Creation of the PNMB establishes that the State may consider an asset located within the perimeter of the park integrated once it pays for the expropriation, it is unreasonable that, after more than 33 years since the park's creation by the 1991 Decree, the lands have not been completely expropriated to finish consolidating the protected area. The Constitutional Chamber understood it this way in judgment No. 2008007549 of 17:38 hours on April 30, 2008, which constitutes binding precedent not only for this Tribunal but for any subject (doctrine of Article 13 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional)). This Chamber considers this delay to be entirely unacceptable, and given that the Administration's inertia in processing said proceedings is claimed in this ordinary proceeding, it must be granted. Thus, in this case also, effective patrimonial damage is configured that must be compensated, for lawful conduct and special affectation to the detriment of the last mentioned company, under the terms of Articles 194 and 196 LGAP.- In accordance with the foregoing, the Executive Branch must be ordered, within three months following the finality of this judgment, to process the Decree of declaration of public interest and communicate the administrative appraisal to the legal representatives of Grande Beach Holdings Limitada regarding the aforementioned seven properties. Any unjustified delay in carrying out these procedures may be claimed before the Execution judge of this Tribunal for his/her respective charge. In the event of opposition to the appraisal by the expropriated parties, the Ministry of Environment, through the Attorney General's Office, must initiate the judicial expropriation proceeding as soon as possible to establish the just compensation, established in the Expropriations Law.- It must be warned that compensation may not be recognized for lands that are part of the maritime terrestrial zone (both the public zone - 50 meters from the ordinary high-water line - and the restricted zone - between 50 and 200 meters from the ordinary high-water line), where the aforementioned company has no concession under the corresponding Law (see the certifications detailed in the proven facts), nor for assets that are part of the State Natural Heritage, for example, mangroves. Likewise, if it is proven that those lands were initially registered illegally, violating the corresponding legal system in force, the corresponding compensation cannot be ordered, as they were illegally removed from the public domain. All of this may also be controlled by the execution judge, upon motion of a party." Regarding the procedural ground of lack of substantiation (falta de fundamentación), it is important to refer to the parameters required for its determination. Thus, this Chamber has repeatedly indicated that this arises when there is no motivation, either because it does not exist, or because its development is extremely confusing or contradictory, such that it prevents clarity regarding the reasonings that led to the decision adopted in the operative part of the judgment, which would violate the procedural rights of the parties, in particular, due process and the right to defense. It is not about determining whether the judge ruled on all claims incorporated into the proceeding, but rather, whether they provided the grounds on which they adopted the corresponding decision. Likewise, it must be kept in mind that this is a reason of a procedural nature, which implies that it pertains to potential non-compliance with adjective provisions that regulate the procedural iter (íter procesal) or the judgment, as well as the legal relationship that binds the parties and the judge within the framework of a judicial proceeding, and from which rights and obligations derive. That being the case, this ground must not be confused with a mechanism to discuss the application of the law or the assessment of evidence, for which the Procedural Code establishes autonomous grounds (cardinal 138), as otherwise the specific cassation reason would be distorted. (See votes No. 00328-2012 of March 8, 2012 https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-766987, No. 02037 – 2020 of June 25, 2020 https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-995188, and 2290-2020 of September 10, 2020 https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-997481). In accordance with the foregoing, this Chamber observes from what was transcribed in the previous recital, that the judgment does not suffer from the accused defect, – without entering to judge the merits of what was decided – the judgment is clear in indicating the reasons why it orders the Executive Branch, within three months following the finality of this judgment, to process the Decree of declaration of public interest and communicate the administrative appraisal to the legal representatives of Grande Beach Holdings Limitada regarding the registered properties it detailed and which are located within the perimeter of the Las Baulas National Marine Park, insofar as it considers it unreasonable that more than 33 years after the creation of the park by the 1991 Decree, and later by Article 2 of the 1995 Law for the Creation of the PNMB, which establishes that the State may consider an asset located within the perimeter of the park integrated once it pays for the expropriation, the lands have not been completely expropriated to finish consolidating the protected area. Furthermore, it indicated that it was an issue settled by the Constitutional Chamber in judgment No. 2008007549 of 17:38 hours on April 30, 2008, as binding precedent not only for that Tribunal but for any subject under Article 13 of the Constitutional Jurisdiction Law, for which reason it determined that this delay is entirely unacceptable. That being the case, this Chamber does not find that the pronouncement is remiss regarding the given grounds and, on the contrary, what is sought by the appellant seeks to further justify the sluggishness the Administration has shown on this issue. Note that the report from the Office of the Comptroller General of the Republic to which it refers, and in which it was informed of the alleged inconsistencies, is from February 2010, meaning the studies it now seeks to have the judgment order them to carry out again have been pending for 15 years. On the other hand, regarding its disagreement with the Tribunal's omission to order the eventual participation that SINAC would have in the expropriation proceeding, it must be noted that its powers and functions are established in its creation law, as well as the procedure indicated in the Expropriations Law, aspects that will need to be determined in said proceeding. Consequently, the defect of lack of substantiation does not exist, and the rejection of the challenge shall be imposed. Cassation for substantive reasons. As the sole substantive charge, it accuses indirect violation of the law due to error of right for preterition of evidence or improper assessment. It affirms that the judgment did not properly assess the SINAC certifications, which indicate the percentage of land invaded by the Las Baulas Marine Park for each of the seven properties. It claims that if the SINAC certifications had been adequately assessed, they would not only be the basis for indicating that the properties are located within the Marine Park but also that the one hundred percent invasion applies only to one property, and partially to the rest, such that the eventual expropriations will be partial. It expresses that although it is true the Tribunal included the chart with the percentages of the properties in the operative part (por tanto), it does not expressly indicate that condition of the expropriations. It reproaches that it could be alleged in execution that they must be expropriated entirely, as the judgment does not indicate otherwise, which would generate an undue, inappropriate, and unnecessary expense for the State. It requests that the judgment be quashed in this aspect and that it be ordered that the expropriation be partial, according to the percentage that overlaps with the Las Baulas Marine Park, as indicated in the SINAC certifications. At its core, the appellant claims that the Tribunal did not properly assess the SINAC certifications, where it is indicated that the percentage of land invading the registered properties – located within the perimeter of the Las Baulas National Marine Park – was partial. However, it is clear from the judgment that it did detail the percentage located within the Park, and this was even set forth in the operative part, stating: "Consequently, the Executive Branch is ordered, within three months following the finality of this judgment, to process the Decree of declaration of public interest and communicate the administrative appraisal to the legal representatives of Grande Beach Holdings Limitada regarding the following registered properties located within the perimeter of the Las Baulas National Marine Park: | N° finca | N° plano | Porcentaje del lote dentro del PNMB (%) | | --- | --- | --- | | 42711-000 | G-0402432-1980 | 55 | | 42713-000 | G-0402433-1980 | 50 | | 42715-000 | G-0402434-1980 | 50 | | 42719-000 | G-0402447-1980 | 45 | | 42721-000 | G-0402445-1980 | 40 | | 43069-000 | G-0415023-1981 | 66,9 | | 89606-000 | G-0356620-1996 | 100 | In the event of opposition to the appraisal by the expropriated parties, the Ministry of Environment and Energy, through the Attorney General's Office, must initiate the judicial expropriation proceeding as soon as possible to establish the just compensation, established in the Expropriations Law, and it must be processed with the utmost celerity (…)" From the foregoing, this Chamber concludes that no such defect exists, as the Tribunal clearly established the percentages of the lot within the PNMB for each property, duly tabulated in accordance with the evidence that, according to the appellant in cassation, was improperly evaluated. Furthermore, it is important to highlight—as the judgment provided—the expropriation procedure shall be governed by the provisions of the Ley de Expropiaciones (Expropriation Law), including the possibility of partial or total expropriations pursuant to article 17, as well as by article 2 of the Ley de Creación del PNMB (Law Creating the PNMB), which clearly states the following: "Expropiaciones. To comply with this Law, the competent institution shall manage the expropriations of all or part of the properties included within the area delimited in the preceding article. The private lands included within that delimitation shall be subject to expropriation and shall be considered part of the Parque Nacional Marino las Baulas, until such time as they are acquired by the State, through purchase, donations, or expropriations; in the meantime, the owners shall enjoy the full exercise of the attributes of domain." For the reasons stated, the appellant is incorrect; therefore, the grievance is deemed unfounded. In light of the foregoing, none of its challenges having succeeded, the appeal must be dismissed. Pursuant to article 150.3 of the Código Procesal Contencioso Administrativo (Administrative Contentious Procedure Code), the appellant in cassation must be ordered to pay the costs generated by the exercise of this instance. POR TANTO The appeal filed by the state representation is dismissed, with costs to be borne by it. JCC Luis Guillermo Rivas Loaiciga Rocío Rojas Morales Damaris Vargas Vásquez Jorge Leiva Poveda Carlos Guillermo Zamora Campos Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- D4HNLAQKB7861 Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected] Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:34:01.