Res. 00986-2025 Sala Primera de la Corte — Legitimate possession of disputed land prevails over registration based on a void cadastral planPosesión legítima sobre terreno en disputa prevalece sobre inscripción registral basada en plano nulo

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Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 00986 - 2025

Fecha de la Resolución: 12 de Junio del 2025 a las 10:00

Expediente: 18-000142-0993-AG

Redactado por: Luis Guillermo Rivas Loáiciga

Clase de asunto: ORDINARIO

Analizado por: SALA PRIMERA





Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Agrario

Tema: Incongruencia

Subtemas:

Concepto y alcance.

Esta Sala aprecia, el Tribunal al acoger parcialmente las pretensiones de la contrademanda, no incurre en incongruencia (artículo 54 Ley de Jurisdicción Agraria), porque no reformula ni introduce nuevas pretensiones, sino que resuelve dentro de los límites planteados por las partes, es decir, la resolución dictada por el Ad Quem guarda plena correspondencia con lo solicitado por el reconventor (voto 986-F-2025).

Citas de Legislación y Doctrina
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Agrario

Tema: Posesión

Subtemas:

Concepto y alcance.

La legitimidad de la posesión atribuida al demandado se fundamenta en la antigüedad, continuidad y origen de la posesión, así como en la falta de legitimación del actor sobre un terreno, lo cual no fue combatido por el casacionista (voto 986-F-2025).

Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Agrario

Tema: Recurso de casación

Subtemas:

Casación por razones procesales.

Tema: Sentencia

Subtemas:

Fundamentación.

El fallo no contiene una contradicción en su fundamentación en los términos señalados por el casacionista (voto 986-F-2025).

Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Agrario

Tema: Recurso de casación

Subtemas:

Formalidades del recurso.

En materia agraria, el recurso de casación ante esta Sala no está sujeto a formalidades especiales, de modo que no requiere una mención expresa de las disposiciones legales infringidas. Empero, no es ajeno a toda técnica procesal, pues exige la exposición de las “razones, claras y precisas, que ameritan la procedencia del recurso” (precepto 557 Código de Trabajo). En consecuencia, la casacionista debe explicar, necesariamente, en forma clara y precisa, los motivos sobre los cuales sustenta su disconformidad ante la resolución impugnada. Ello implica examinar y rebatir de forma directa y puntual el análisis que hizo el fallo sobre las pruebas, la interpretación de la norma sustantiva y su aplicación al caso concreto. El casacionista omite enfrentar de forma directa los argumentos medulares del Tribunal. Ninguno de los argumentos del Tribunal son objeto de refutación en el recurso. Por lo tanto, al no combatir lo resuelto por el Tribunal, el agravio se desestima. Finalmente, a pesar de ser titulado otro agravio como procesal, su contenido desprende una indebida aplicación del artículo 55 de la Ley de Jurisdicción Agraria. Ergo, se resuelve en ese sentido (voto 986-F-2025).

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Citas de Legislación y Doctrina
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Agrario

Tema: Costas

Subtemas:

Condena al vencido.

Esta Sala coincide con el Tribunal en cuanto a la imposición de las costas procesales. La exoneración del pago de costas constituye una excepción aplicable únicamente cuando se demuestre de forma evidente que la parte vencida ha litigado de buena fe, ya sea por existir motivo suficiente para litigar o porque las pretensiones de la parte vencedora resultaron desproporcionadas (precepto 55 Ley de Jurisdicción Agraria). Aun cuando la demandante afirma haber accionado bajo la creencia de ser legítima propietaria de un terreno, la sentencia tuvo por demostrado que la porción de terreno en disputa “nunca formó parte de la finca madre de la que nace la finca del actor”, de ahí que no resulte aplicable dicha exoneración, al no verificarse los presupuestos de buena fe requeridos por el ordenamiento (voto 986-F-2025).

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Citas de Legislación y Doctrina
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Agrario

Tema: Recurso de casación

Subtemas:

Costas.

Se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por la actora, quien debe sufragar las costas generadas con su ejercicio (voto 986-F-2025).

Texto de la resolución



Exp: 18-000142-0993-AG

 

Res. Nº 000986-S1-2025

 

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cero minutos del doce de junio de dos mil veinticinco .

PROCESO ORDINARIO establecido por NOE HERRERA ARREDONDO; contra MARCO VINICIO MOLINA SALAS. Se tuvo como tercero interesado al ESTADO, representado por la Procuraduría General de la República, en la persona de la procuradora Yannia Lorena Salas Víquez. Interviene como defensora pública agraria de la parte actora la licenciada Ana Cristina Hernández Steller; y como abogado director del demandado el letrado Mario Alexis González Zeledón.

Redacta el Magistrado Rivas Loáiciga

Considerando

I.- El 19 de octubre de 2018 el señor Noé Herrera Arredondo, interpone demanda ordinaria en contra del señor Marco Vinicio Molina Salas, basado en los siguientes hechos de interés: Primero: El actor indicó que era propietario de la finca matrícula 560648-000 con plano A1931236-2016. Segundo: Señaló que el demandado es dueño de la finca de Alajuela matrícula 189285-001 con  plano A-1181810-2007. Tercero: Expuso que había adquirido su finca mediante un proceso de división de cosa común.  Cuarto: Manifestó que, aproximadamente un mes atrás, el demandado había iniciado la construcción de piscinas, puentes y caminos dentro de su propiedad. Indicó que presentó una denuncia ante la Municipalidad de San Ramón, la cual procedió a clausurar la obra por falta de permisos. Además, consideró que las piscinas se ubicaban dentro de la zona de protección. Quinto: Señaló que la invasión correspondía a una franja de aproximadamente 500 m². Sexto: Indicó que, la construcción realizada por el demandado alteró el uso de su finca. Basado en los anteriores hechos, solicitó en sentencia se resolviera: 1. Que se acogiera la demanda. 2. Que se declarara que el actor era propietario del terreno descrito. 3. Que se declarara que el demandado no tenía ningún derecho sobre dicho terreno. 4. Que se ordenara al demandado la restitución de la porción de terreno invadida. 5. Que se pusiera en posesión del actor sobre el terreno en litigio. 6. Que se ordenara al demandado abstenerse de perturbar la posesión del actor. 7. Que se ordenara al demandado remover y destruir, a su costa, las construcciones realizadas en el terreno; o bien, que se autorizara al actor a hacerlo por su cuenta, pero con cargo al demandado. 8. La condena al demandado al pago por el deterioro sufrido en el bien. 9. Daños y perjuicios. La parte demandada contesta de forma negativa e interpuso las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva, falta de fundamentación, prescripción positiva y negativa y la genérica sine actione agit. Mediante resolución de las 13:28 horas del 12 de diciembre del 2019, se le da parte a la Procuraduría General de la República, el cual contesta en su condición de Tercero Interesado. Mediante escrito presentado el 22 de noviembre de 2018 el demandado Molina Salas interpone reconvención en contra del actor, basado en los siguientes hechos de interés: Primero: Indicó que es propietario de la finca A-189285-001 y 002, según plano A-1181810-2007. Segundo: Explicó que originalmente la finca medía 5.481,54 m² y colindaba al este con el río La Paz, pero se segregó un lote en 1999. En el 2012, al protocolizar la sucesión de Ramón Abel Castillo Arias, se rectificó el área conforme al plano catastrado, quedando fuera una porción entre la calle y el río, de la misma propiedad original. Tercero: Señaló que en el 2013 adquirió la finca junto con el derecho de posesión de dicha porción no inscrita, colindante con el río La Paz. Esa área consta en el plano A-1807365-2015. Cuarto: Afirmó que desde la adquisición ejerció posesión pública, pacífica y continua a título de dueño sobre ambos terrenos, realizando mejoras y pagando impuestos. Quinto: Indicó que en el 2016 inició un proceso de información posesoria para inscribir la porción no registrada, y se confirmó su posesión exclusiva. Sexto: Sostuvo que se enteró de la existencia del plano A-1931236-2016 del reconvenido, el cual traslapó completamente su plano anterior A-1807365-2015. Sétimo: Afirmó que el reconvenido nunca tuvo posesión sobre el terreno en disputa. Con base en los anteriores hechos solicitó en sentencia se declarara: 1. La nulidad absoluta del plano A-1931236-2016 inscrito por el contrademandado. 2. Que se ordenara al Registro Nacional la cancelación de dicho plano. 3. “Que se declare la nulidad de la finca inscrita bajo el folio real A-560648-000, por haberse basado en un plano nulo y abarcar terreno del cual soy poseedor legítimo y que no pertenecía a la finca madre que se dividió materialmente”. 4. La cancelación registral de esa finca ante el Registro Nacional. 5. Que se declarara su legítima posesión y propiedad sobre el terreno descrito en el plano A-1807365-2015, y que dicho plano prevaleciera sobre cualquier otro posterior que lo incluyera. 6. que se apercibiera al contrademandado abstenerse de realizar actos que afectaran su derecho de disposición sobre el inmueble. 7. Que se condenara al contrademandado al pago de las costas. El actor reconvenido contesto negativamente la demanda e  interpuso las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva. El Juzgado Agrario del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, conformado por el Juez Ignacio Rodríguez Sancho, resolvió: “(…) 1. Se rechazan las excepciones de Falta de Derecho, Falta de Legitimación Activa y Pasiva, Falta de Fundamentación, Prescripción Positiva y la Genérica Sine Actione Agit. Se omitió pronunciamiento sobre la excepción de Prescripción Negativa por haber sido rechazada interlocutoriamente. 2. Se declara parcialmente con lugar la demanda ordinaria establecida por NOE HERRERA ARREDONDO contra MARCO VINICIO MOLINA SALAS, en lo que se dira: A: Que al actor de este proceso Noé Herrera Arredondo le asiste mejor derecho sobre el área de terreno que fue objeto de litigio (…) B: El pago de los daños y perjuicios reclamados solamente sobre el área que no forme parte de la zona protectora del río La Paz, (…) C: Deberá el actor ser reivindicado en el área de terreno objeto de litigio (…) D: (…) deberá el demandado-reconventor proceder a la demolición de todas las obras que se localicen dentro del área de protección del Río La Paz, (…)  y en cuando a lo demás construido fuera de esa área inalienable no se concede el pago de beneficio de mejoras al demandado-reconventor. (…)  F: Se ordena además la restitución del área de terreno que fue objeto de litigio al actor, (…) G: Consecuentemente se ordena la nulidad del plano catastrado número A-1807365- 2015, (…)  3. Se condena a la parte demandada al pago de las costas personales y procesales, las cuales serán liquidadas en etapa de ejecución. 4. Se declara sin lugar la reconvención interpuesta (…) 5. Se ACOGEN las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva, planteadas por el reconvenido, (artículos 55 de la Ley de Jurisdicción Agraria y 73.1 y 74 del Código Procesal Civil).” Inconforme con lo resuelto, el demandado reconventor interpone recurso de apelación. El Tribunal Agrario del Segundo Circuito de San José, conformado por las personas juzgadoras, Antonio Darcia Carranza, Carlos Adolfo Picado Vargas y Enrique Ulate Chacon, resolvieron: “En lo apelado, se revoca parcialmente lo resuelto en cuanto acogió la demanda interpuesta por Noe Herrera Arredondo contra Marco Vinicio Molina Salas y rechazó la contrademanda interpuesta por Marco Vinicio Molina Salas contra Noe Herrera Arredondo. En su lugar se resuelve de la siguiente forma: Se acogen las excepciones de falta de derecho, la excepción de falta de legitimación activa y pasiva interpuesta por el demandado Marco Vinicio Molina Salas. (…). Por lo anterior se rechaza la demanda interpuesta por Noe Herrera Arredondo contra Marco Vinicio Molina Salas. Se condena a la parte actora al pago de las costas de la demanda. Únicamente se mantiene la orden de proceder a demoler las obras que se localicen dentro del área de 15 metros de protección del Río La Paz conforme a lo dispuesto por los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal al haberse realizado sin permisos y estar dentro del área de protección. En cuanto a la contrademanda interpuesta por Marco Vinicio Molina Salas contra Noe Herrera Arredondo (…). Se acoge la contrademanda en los siguientes extremos 1.- El plano levantado por Noe Herrera Arredondo N° A-1931236-2016, es absolutamente nulo. 2.- Se ordena al Catastro Nacional del Registro Nacional la cancelación del plano A-1931236-2016. 3.- Se declara que la porción de terreno en disputa entre el Río La Paz y la calle pública pertenece al demandado reconventor Marco Vinicio Molina Salas por lo que se le ordena al Registro Público de la Propiedad sobre Bienes Inmueble rectificar la medida de la finca N° A-560648-000, restándole los cuatrocientos metros que mide el terreno en disputa a dicha finca, y corregir el límite por el rumbo este teniéndose que colinda con el Río La Paz y no con calle pública. 4.- Se declara que el señor Marco Vinicio Molina Salas es legítimo poseedor del terreno que se encuentra descrito en el plano catastrado número A-1807365-2015 y por lo tanto su propietario verdadero; así como que dicho plano prevalece sobre cualquier otro catastrado posteriormente y que abarque el terreno descrito en ese plano. 5.- Se le apercibe al contrademandado Noe Herrera Arredondo abstenerse de realizar acciones que amenacen o impidan la libre disposición del derecho sobre el inmueble descrito en el plano A-1807365-2015 que tiene el señor Marco Vinicio Molina Salas. 6.- Se condene al contrademandado Noe Herrera Arredondo al pago de ambas costas de la contrademanda.” Inconforme con lo resuelto la parte actora reconvenida presenta recurso de casación.

Agravios procesales.

II.- Como primer agravio la parte recurrente aduce que la sentencia incurre en incongruencia al otorgar algo no solicitado por la parte demandada reconventora, excediendo sus facultades al reformular de oficio las pretensiones de la contrademanda, lo que infringe el artículo 54 de la Ley de la Jurisdicción Agraria y el artículo 61 del Código Procesal Civil. Indica, el reconventor solicitó la cancelación de la finca folio real número A-560648-000 y que se le declarara legítimo poseedor del terreno descrito en el plano número A-1807365-2015, más nunca pidió que se rectificara la medida de dicha finca ni que se le declarara propietario. Señala, el Tribunal declaró que la porción de terreno pertenece al reconventor y ordenó al Registro restarle 400 metros a la finca, así como corregir su colindancia, y que también lo declaró propietario del terreno. Apunta, lo resuelto difiere de lo solicitado y por tanto solicita se anule la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Agrario.

III.- Del análisis integral de las pretensiones contenidas en la contrademanda, se constata que el reconventor solicitó expresamente en lo que interesa: “3.- Que se declare la nulidad de la inscripción de la finca folio real número: A-560648-000 (…) 4.- Que se solicite al Registro Nacional la cancelación de la inscripción de la finca folio real número A-560648-000, por haberse realizado con base en un plano nulo (…). 5.- Que se declare que soy el legítimo poseedor del terreno que se encuentra descrito en el plano catastrado número A-1807365-2015 y por lo tanto su propietario verdadero; así como que dicho plano prevalece sobre cualquier otro catastrado posteriormente (…)”, lo que comporta una solicitud directa de afectación registral, de modo que el Tribunal, al acoger parcialmente estas pretensiones mediante una técnica distinta, la rectificación parcial de la finca en lugar de su cancelación total,  no incurre en incongruencia, ya que no reformula ni introduce nuevas pretensiones, sino que resuelve dentro de los límites planteados por las partes; en efecto, la resolución dictada por el ad quem guarda plena correspondencia con lo solicitado por el reconventor, quien además solicitó expresamente que su plano prevaleciera sobre cualquier otro realizado con posterioridad que abarcara el mismo terreno, como en efecto se resolvió, conforme se lee en el por tanto: “3.- Se declara que la porción de terreno en disputa entre el Río La Paz y la calle pública pertenece al demandado reconventor Marco Vinicio Molina Salas por lo que se le ordena al Registro Público de la Propiedad sobre Bienes Inmueble rectificar la medida de la finca N° A-560648-000, restándole los cuatrocientos metros que mide el terreno en disputa a dicha finca, y corregir el límite por el rumbo este teniéndose que colinda con el Río La Paz y no con calle pública. 4.- Se declara que el señor Marco Vinicio Molina Salas es legítimo poseedor del terreno que se encuentra descrito en el plano catastrado número A-1807365-2015 y por lo tanto su propietario verdadero; así como que dicho plano prevalece sobre cualquier otro catastrado posteriormente y que abarque el terreno descrito en ese plano”,  razón por la cual la forma en que se instrumenta la protección registral y posesorio-patrimonial no transgrede el principio de congruencia previsto en el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria ni constituye reforma oficiosa de las pretensiones, en tanto no se otorgó nada que no fuera expresamente pedido, sin perjuicio de que la técnica decisoria adoptada por el juzgador difiera de la expresión literal de las pretensiones contenidas en el escrito de reconvención. Por lo anterior, el agravio formulado se rechaza.

IV.- Como segundo agravio, aduce, una contradicción grave en la fundamentación de la sentencia. Considera, que el Tribunal Agrario, pese  a asumir como hechos demostrados, los hechos probados 6 y 7 de la sentencia de primera instancia, “6) Que dentro del área indicada por el señor perito Chacón Barquero como del litigio, el demandado procedió a construir estanques para tilapias, piletas para piscinas, bancas, puentes, baños, entre otros. 7) Que muchas de esas construcciones que hizo el demandado dentro del área del litigio, fueron hechas en la zona protectora del Río La Paz y para ello el accionado no contaba con los permisos pertinentes (…)”, declara, que el demandado reconventor es legítimo poseedor y propietario del terreno en disputa. Arguye, esto resulta incompatible con el tipo de bien y el régimen de protección aplicable al área en litigio. Apunta que el Tribunal se limita a fundar la legitimidad de la posesión en la existencia de la escritura número 288-2018 autorizada por el notario Mario Alexis González Zeledón, sin analizar si los actos posesorios ejecutados por el reconventor son idóneos conforme a la naturaleza del bien. Critica que no se haya considerado que, conforme a reiterada jurisprudencia del mismo Tribunal Agrario, la posesión que puede ejercerse sobre áreas de protección como la del Río La Paz debe calificarse como posesión ecológica. Señala que, en el presente caso, se acredita lo contrario, pues el propio reconventor acepta en su contrademanda y en su declaración que ha edificado obras sobre el área protegida, lo que impide considerarlo legítimo poseedor y excluye la posibilidad de usucapión. Arguye, resulta contradictorio que el mismo Tribunal que ha declarado la orden de demolición de dichas obras por su ilegalidad, también le otorgue el reconocimiento de propiedad y posesión legítima sobre ese mismo terreno, y cita en apoyo de su argumento jurisprudencia.

V.- De un análisis integral de la sentencia impugnada se constata que el ad quem no reconoció un derecho posesorio basado en actos ecológicos, sino que su razonamiento se basó exclusivamente en la inexistencia de vínculo jurídico entre la finca del actor y el terreno en litigio, al determinar que dicha porción nunca formó parte de la finca madre de la cual deriva el título del actor. En efecto, el Tribunal prohijó los hechos probados de primera instancia con excepción del numeral 12, considerando más bien como probado que: 1) La finca madre del actor colindaba por el este con el Río La Paz, y 2) La porción de terreno en litigio se ubica del otro lado del río, por lo que nunca formó parte de dicha finca ni fue donada o transmitida por el causante del actor (véanse hechos probados 15 a 21 del fallo de segunda instancia). Asimismo, el Tribunal valoró como plenamente demostrada la adquisición por parte del demandado del terreno en conflicto mediante escritura pública de compraventa, en la que expresamente se traspasaban derechos posesorios sobre esa franja de terreno, y cuestionó la inclusión de esa área dentro del plano catastrado del actor, el cual se levantó años después durante un proceso de localización de derechos y sin respaldo de colindancias previas registradas (véase considerando XII de la sentencia). Por tanto, la legitimidad de la posesión atribuida al demandado no se fundamenta en la licitud de las construcciones realizadas, sino en la antigüedad, continuidad y origen de la posesión, así como en la falta de legitimación del actor sobre ese terreno, lo cual no fue combatido por el casacionista. En cuanto a las construcciones dentro del área de protección, la sentencia sí mantiene la orden de demolición de las mismas, lo que demuestra que el Tribunal no convalidó actos materiales ilegales como fundamento de legitimidad posesorias, sino que reconoció derechos posesorios por título y ejercicio sobre un área que no corresponde al actor, conforme al conjunto probatorio revisado. Por lo tanto, considera esta cámara  que el fallo no contiene una contradicción en su fundamentación en los términos señalados por el casacionista. Con base en lo anterior, se rechaza el motivo de casación.

Agravios sustantivos.

VI.- Como tercer agravio violación de normas sustantivas. Indica que según el plano A-1931236-2016 el área en litigio forma parte de la finca inscrita bajo matrícula de folio real número 2-560648-000, y que no existe pretensión para que dicha área deje de estar registrada, por lo que señala que mientras el terreno siga inscrito no puede un simple poseedor reclamar derechos posesorios sobre él, cita el voto número 63-F-S1-1997 de las 15:00 horas del 6 de febrero de 1997, en el cual se establece que en bienes registrados el propietario puede ejercer la reivindicación salvo que otro haya adquirido por usucapión conforme al artículo 220 del Código Civil, apunta también el voto número 00223-1990 de las 15:00 horas del 6 de junio de 1990, que distingue entre la reivindicación agraria y la publiciana agraria, ambas procedentes contra el poseedor ilegítimo y supeditadas a la identidad del bien y la legitimación activa y pasiva.  Aduce que el actor reconvenido mantiene la condición de propietario registral y que el demandado reconventor no ha formulado pretensión alguna que le despoje de dicha titularidad, lo que a su juicio configura una infracción a los artículos 264, 266, 267, 277 a 286, 295, 316 a 321 del Código Civil y constituye un agravio de fondo conforme al artículo 588 del Código de Trabajo.

VII.- Si bien en materia  agraria el recurso de casación no está sujeto a formalidades especiales, lo cierto es que el recurso de casación no es ajeno a toda técnica procesal, conforme lo dispone el artículo 557 del Código de Trabajo, el cual exige la exposición de “las razones, claras y precisas, que ameritan la procedencia del recurso…”. En consecuencia, la parte casacionista debe explicar, necesariamente, en forma clara y precisa, los motivos sobre los cuales sustenta su disconformidad ante la resolución impugnada. Ello implica examinar y rebatir de forma directa y puntual el análisis que hizo el fallo sobre las pruebas, la interpretación de la norma sustantiva y su aplicación al caso concreto. En el presente caso, el recurrente insiste en que el terreno en litigio forma parte de su finca inscrita, basando su tesis en el plano A-1931236-2016 y en su derecho registral; no obstante, omite enfrentar de forma directa los argumentos medulares del Tribunal, el cual fundamentó su decisión en que la finca madre número 235389, de la cual deriva la finca del actor, colindaba históricamente al este con el río La Paz y no con calle pública, lo que descarta que la porción en disputa formara parte de ese inmueble; que dicha finca madre no contaba con plano catastrado al momento de su división material; que el plano A-1931236-2016 fue elaborado con posterioridad a la adquisición posesorias efectuada por el demandado reconventor; y que este último acreditó haber adquirido la posesión del terreno en el año 2013 mediante escritura pública, en la cual los vendedores (herederos del anterior poseedor) le transfieren sus derechos sobre la franja de terreno en litigio, ubicada más allá del lindero natural del río. Se observa que ninguno de estos argumentos dado por el Tribunal son objeto de refutación en el recurso, el cual se limita a reiterar la validez del plano registral y su inscripción. Por tanto, al no combatir lo resuelto por el Tribunal, el agravio debe ser desestimado.

VIII.- Como cuarto agravio, aduce que la condenatoria en costas impuesta por el ad quem es desproporcional y carece de fundamentación, indica que su representado actuó de buena fe al accionar como propietario registral de la finca y al denunciar el daño ambiental causado por el demandado al intervenir el área de protección del río, señala que no existe justificación para la condena en su contra y apunta que, tratándose de una persona de escasos recursos representada por la Defensa Pública, lo usual ha sido aplicar un porcentaje entre un cinco por ciento (5 %) y un quince por ciento (15 %), critica que el tribunal haya omitido este criterio.

IX.- A pesar de ser titulado el presente agravio como uno de índole procesal, del contenido del mismo se desprende que alega una indebida aplicación del artículo 55 de la Ley de Jurisdicción agraria. Por consiguiente, se resolverá en ese sentido. Este Órgano Colegiado coincide con el criterio del Tribunal de alzada en cuanto a la imposición de las costas procesales. Conforme al artículo 55 de la Ley de Jurisdicción Agraria, la exoneración del pago de costas constituye una excepción aplicable únicamente cuando se demuestre de forma evidente que la parte vencida ha litigado de buena fe, ya sea por existir motivo suficiente para litigar o porque las pretensiones de la parte vencedora resultaron desproporcionadas. En el presente caso, aun cuando la parte actora afirma haber accionado bajo la creencia de ser legítima propietaria del terreno, lo cierto es que en la sentencia se tuvo por demostrado que la porción de terreno en disputa “nunca formó parte de la finca madre de la que nace la finca del actor”, pues dicha finca “nunca colindó con la calle pública sino que tenía como colindancia el Río La Paz”, de ahí que no resulte aplicable la exoneración prevista en la norma citada, al no verificarse los presupuestos de buena fe requeridos por el ordenamiento, por lo que el agravio se desestima.

IX.- En mérito de lo expuesto, se declarará sin lugar el recurso de casación interpuesto por la parte actora, quien deberá sufragar las costas generadas con su ejercicio.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por la parte actora, quien debe sufragar las costas generadas con su ejercicio.  VBUENDIA

 

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 




Rocío Rojas Morales

	

 

	

Damaris Vargas Vásquez




Jorge Leiva Poveda

	

 

	

Carlos Guillermo Zamora Campos

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected]

Clasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:35:10.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Grande
Normal
Pequeña
First Chamber of the Court

Resolution No. 00986 - 2025

Date of Resolution: June 12, 2025 at 10:00

Case File: 18-000142-0993-AG

Drafted by: Luis Guillermo Rivas Loáiciga

Type of Matter: ORDINARY PROCEEDING

Analyzed by: FIRST CHAMBER

**Content of Interest:**
**Type of content:** Unanimous vote
**Branch of Law:** Agrarian
**Topic:** Incongruence
**Subtopics:**
Concept and scope.
This Chamber finds that the Tribunal, by partially granting the claims of the counterclaim, does not incur in incongruence (Article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria), because it does not reformulate or introduce new claims; rather, it resolves within the limits raised by the parties; that is, the resolution issued by the Ad Quem is in full correspondence with what was requested by the counterclaimant (vote 986-F-2025).

Citations of Legislation and Doctrine

**Content of Interest:**
**Type of content:** Unanimous vote
**Branch of Law:** Agrarian
**Topic:** Possession
**Subtopics:**
Concept and scope.
The legitimacy of the possession attributed to the defendant is based on the antiquity, continuity, and origin of the possession, as well as on the lack of standing of the plaintiff over a piece of land, which was not contested by the cassation appellant (vote 986-F-2025).

**Content of Interest:**
**Type of content:** Unanimous vote
**Branch of Law:** Agrarian
**Topic:** Cassation Appeal
**Subtopics:**
Cassation on procedural grounds.
**Topic:** Judgment
**Subtopics:**
Reasoning.
The ruling does not contain a contradiction in its reasoning in the terms stated by the cassation appellant (vote 986-F-2025).

**Content of Interest:**
**Type of content:** Unanimous vote
**Branch of Law:** Agrarian
**Topic:** Cassation Appeal
**Subtopics:**
Formalities of the appeal.
In agrarian matters, the cassation appeal before this Chamber is not subject to special formalities; therefore, it does not require an express mention of the infringed legal provisions. However, it is not exempt from all procedural technique, as it requires the exposition of “clear and precise reasons that warrant the admissibility of the appeal” (precept 557 of the Código de Trabajo). Consequently, the cassation appellant must necessarily explain, in a clear and precise manner, the grounds on which they base their disagreement with the challenged resolution. This entails examining and refuting directly and specifically the ruling’s analysis of the evidence, the interpretation of the substantive norm, and its application to the specific case. The cassation appellant fails to directly address the core arguments of the Tribunal. None of the Tribunal's arguments are refuted in the appeal. Therefore, by not challenging the Tribunal's decision, the grievance is dismissed. Finally, despite another grievance being titled as procedural, its content reveals an improper application of Article 55 of the Ley de Jurisdicción Agraria. Ergo, it is resolved in that sense (vote 986-F-2025).

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Citations of Legislation and Doctrine

**Content of Interest:**
**Type of content:** Unanimous vote
**Branch of Law:** Agrarian
**Topic:** Costs
**Subtopics:**
Condemnation of the losing party.
This Chamber agrees with the Tribunal regarding the imposition of procedural costs (costas). The exoneration from the payment of costs constitutes an exception applicable only when it is clearly demonstrated that the losing party litigated in good faith, either because there was sufficient motive to litigate or because the claims of the winning party were disproportionate (precept 55 of the Ley de Jurisdicción Agraria). Even though the plaintiff claims to have filed suit under the belief of being the legitimate owner of a piece of land, the judgment held it as proven that the disputed portion of land “never formed part of the parent property (finca madre) from which the plaintiff's property originates”; hence, said exoneration is not applicable, as the prerequisites of good faith required by the legal system were not verified (vote 986-F-2025).

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Citations of Legislation and Doctrine

**Content of Interest:**
**Type of content:** Unanimous vote
**Branch of Law:** Agrarian
**Topic:** Cassation Appeal
**Subtopics:**
Costs.
The cassation appeal filed by the plaintiff is dismissed, and she must pay the costs (costas) generated by its filing (vote 986-F-2025).

Text of the Resolution

180001420993AG
Exp: 18-000142-0993-AG

Res. No. 000986-S1-2025

FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at ten hours zero minutes on June twelfth, two thousand twenty-five.

ORDINARY PROCEEDING filed by NOE HERRERA ARREDONDO against MARCO VINICIO MOLINA SALAS. The STATE, represented by the Procuraduría General de la República, in the person of the procuradora Yannia Lorena Salas Víquez, was joined as an interested third party. Attorney Ana Cristina Hernández Steller, public agrarian defender for the plaintiff, appears; and attorney Mario Alexis González Zeledón appears as legal representative for the defendant.

Magistrate Rivas Loáiciga drafts

Considering

I.- On October 19, 2018, Mr. Noé Herrera Arredondo filed an ordinary lawsuit against Mr. Marco Vinicio Molina Salas, based on the following facts of interest: First: The plaintiff stated that he was the owner of the property registered under folio real (finca matrícula) 560648-000 with survey plan (plano) A1931236-2016. Second: He stated that the defendant is the owner of the Alajuela property registered under folio real 189285-001 with plan A-1181810-2007. Third: He stated that he had acquired his property through a division of common property (división de cosa común) process. Fourth: He stated that, approximately one month prior, the defendant had begun the construction of pools, bridges, and roads within his property. He indicated that he filed a complaint with the Municipality of San Ramón, which proceeded to shut down the work for lack of permits. Furthermore, he considered that the pools were located within the protection zone (zona de protección). Fifth: He noted that the invasion corresponded to a strip of approximately 500 m². Sixth: He stated that the construction carried out by the defendant altered the use of his property. Based on the foregoing facts, he requested that the judgment resolve: 1. That the lawsuit be granted. 2. That it be declared that the plaintiff was the owner of the described land. 3. That it be declared that the defendant had no right over said land. 4. That the defendant be ordered to restore the portion of land invaded. 5. That the plaintiff be placed in possession (posesión) of the land in dispute. 6. That the defendant be ordered to refrain from disturbing the plaintiff's possession. 7. That the defendant be ordered to remove and destroy, at his cost, the constructions made on the land; or, that the plaintiff be authorized to do so on his own, but at the defendant's expense. 8. The condemnation of the defendant to pay for the deterioration suffered by the property. 9. Damages (daños y perjuicios). The defendant responded negatively and raised the exceptions of lack of right (falta de derecho), lack of active and passive standing (falta de legitimación activa y pasiva), lack of factual basis (falta de fundamentación), positive and negative prescription (prescripción), and the generic exception sine actione agit. By resolution at 13:28 hours on December 12, 2019, the Procuraduría General de la República was notified, and it responded in its capacity as an Interested Third Party. By brief filed on November 22, 2018, the defendant Molina Salas filed a counterclaim (reconvención) against the plaintiff, based on the following facts of interest: First: He stated that he is the owner of property A-189285-001 and 002, according to plan A-1181810-2007. Second: He explained that originally the property measured 5,481.54 m² and bordered the La Paz River to the east, but a lot was segregated (segregó) in 1999. In 2012, upon formalizing the succession of Ramón Abel Castillo Arias, the area was rectified according to the cadastral plan (plano catastrado), leaving out a portion between the road and the river from the same original property. Third: He stated that in 2013 he acquired the property along with the right of possession (derecho de posesión) of said non-registered portion, adjacent to the La Paz River. That area is shown in plan A-1807365-2015. Fourth: He affirmed that since the acquisition he exercised public, peaceful, and continuous possession (posesión) under title of ownership over both lands, making improvements and paying taxes. Fifth: He stated that in 2016 he initiated a possessory information (información posesoria) process to register the non-registered portion, and his exclusive possession was confirmed. Sixth: He maintained that he learned of the existence of the counter-defendant's plan A-1931236-2016, which completely overlapped his prior plan A-1807365-2015. Seventh: He affirmed that the counter-defendant never had possession over the disputed land. Based on the foregoing facts, he requested in judgment that it be declared: 1. The absolute nullity of plan A-1931236-2016 registered by the counter-defendant. 2. That the National Registry be ordered to cancel said plan. 3. "That the nullity of the property registered under folio real A-560648-000 be declared, because it was based on a null plan and encompasses land of which I am a legitimate possessor and which did not belong to the parent property that was materially divided". 4. The registral cancellation of that property before the National Registry. 5. That his legitimate possession and ownership over the land described in plan A-1807365-2015 be declared, and that said plan prevail over any subsequent one that includes it. 6. That the counter-defendant be warned to refrain from performing acts affecting his right of disposal over the property. 7. That the counter-defendant be condemned to pay the costs (costas). The plaintiff counter-defendant responded negatively to the lawsuit and raised the exceptions of lack of right, and lack of active and passive standing. The Agrarian Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, composed of Judge Ignacio Rodríguez Sancho, resolved: “(…) 1. The exceptions of Lack of Right, Lack of Active and Passive Standing, Lack of Factual Basis, Positive Prescription, and the Generic Sine Actione Agit are rejected. A ruling was omitted on the exception of Negative Prescription as it had been dismissed in an interlocutory proceeding. 2. The ordinary lawsuit filed by NOE HERRERA ARREDONDO against MARCO VINICIO MOLINA SALAS is partially granted, as follows: A: That the plaintiff in this proceeding Noé Herrera Arredondo has a better right over the area of land that was the subject of the dispute (…) B: The payment of the damages and losses (daños y perjuicios) claimed solely for the area that is not part of the protective zone (zona protectora) of the La Paz River, (…) C: The plaintiff shall be reinstated (reivindicado) in the area of land subject to dispute (…) D: (…) the defendant-counterclaimant must proceed with the demolition of all works located within the protection area of the La Paz River, (…) and regarding the rest constructed outside that inalienable area, the payment of a betterment benefit (beneficio de mejoras) is not granted to the defendant-counterclaimant. (…) F: Furthermore, the restitution of the area of land that was the subject of the dispute to the plaintiff is ordered, (…) G: Consequently, the nullity of cadastral plan number A-1807365-2015 is ordered, (…) 3. The defendant is condemned to pay the personal and procedural costs (costas personales y procesales), which will be settled in the execution phase. 4. The counterclaim filed is dismissed (…) 5. The exceptions of lack of right, lack of active and passive standing, filed by the counter-defendant, are GRANTED (articles 55 of the Ley de Jurisdicción Agraria and 73.1 and 74 of the Código Procesal Civil).” Disagreeing with the resolution, the defendant counterclaimant files an appeal. The Agrarian Tribunal of the Second Circuit of San José, composed of the judges Antonio Darcia Carranza, Carlos Adolfo Picado Vargas, and Enrique Ulate Chacon, resolved: “Regarding what was appealed, the resolution is partially revoked insofar as it granted the lawsuit filed by Noe Herrera Arredondo against Marco Vinicio Molina Salas and dismissed the counterclaim filed by Marco Vinicio Molina Salas against Noe Herrera Arredondo. Instead, it is resolved as follows: The exceptions of lack of right, the exception of lack of active and passive standing filed by the defendant Marco Vinicio Molina Salas are granted. (…). Based on the foregoing, the lawsuit filed by Noe Herrera Arredondo against Marco Vinicio Molina Salas is dismissed. The plaintiff is condemned to pay the costs (costas) of the lawsuit. Only the order to proceed with the demolition of the works located within the 15-meter protection area of the La Paz River is upheld, in accordance with the provisions of articles 33 and 34 of the Ley Forestal, as they were carried out without permits and are within the protection area. Regarding the counterclaim filed by Marco Vinicio Molina Salas against Noe Herrera Arredondo (…). The counterclaim is granted on the following terms: 1.- The plan prepared by Noe Herrera Arredondo No. A-1931236-2016 is absolutely null. 2.- The Catastro Nacional of the National Registry is ordered to cancel plan A-1931236-2016. 3.- It is declared that the portion of land in dispute between the La Paz River and the public road belongs to the defendant counterclaimant Marco Vinicio Molina Salas, so the Registro Público de la Propiedad sobre Bienes Inmuebles is ordered to rectify the measurement of property No. A-560648-000, subtracting the four hundred meters that the disputed land measures from said property, and to correct the boundary on the east side, establishing that it borders the La Paz River and not a public road. 4.- It is declared that Mr. Marco Vinicio Molina Salas is the legitimate possessor of the land described in cadastral plan number A-1807365-2015 and therefore its true owner; as well as that said plan prevails over any other subsequently registered plan that encompasses the land described in that plan. 5.- The counter-defendant Noe Herrera Arredondo is warned to refrain from performing actions that threaten or impede the free disposal of the right over the property described in plan A-1807365-2015 held by Mr. Marco Vinicio Molina Salas. 6.- The counter-defendant Noe Herrera Arredondo is condemned to pay both costs (costas) of the counterclaim.” Disagreeing with the resolution, the plaintiff counter-defendant files a cassation appeal.

Procedural grievances (Agravios procesales).

II.- As a first grievance, the appellant argues that the judgment incurs in incongruence by granting something not requested by the defendant counterclaimant, exceeding its powers by reformulating ex officio the counterclaim's claims, which infringes Article 54 of the Ley de la Jurisdicción Agraria and Article 61 of the Código Procesal Civil. He indicates that the counterclaimant requested the cancellation of the property under folio real number A-560648-000 and a declaration as the legitimate possessor of the land described in plan number A-1807365-2015, but never requested the rectification of the measurement of said property nor a declaration of ownership. He points out that the Tribunal declared that the portion of land belongs to the counterclaimant and ordered the Registry to subtract 400 meters from the property, as well as to correct its boundary, and also declared him owner of the land. He notes that the resolution differs from what was requested and therefore requests the annulment of the second-instance judgment issued by the Agrarian Tribunal.

III.- From a comprehensive analysis of the claims contained in the counterclaim, it is verified that the counterclaimant expressly requested, as relevant: "3.- That the nullity of the registration of the property under folio real number A-560648-000 be declared (…) 4.- That the National Registry be asked to cancel the registration of the property under folio real number A-560648-000, as it was made based on a null plan (…). 5.- That it be declared that I am the legitimate possessor of the land described in cadastral plan number A-1807365-2015 and therefore its true owner; as well as that said plan prevails over any other subsequently registered one (…)”, which entails a direct request for registral action; thus, the Tribunal, when partially granting these claims through a different technical approach—the partial rectification of the property instead of its total cancellation—does not incur in incongruence, as it does not reformulate or introduce new claims, but resolves within the limits set by the parties. Indeed, the resolution issued by the ad quem is in full correspondence with what was requested by the counterclaimant, who also expressly requested that his plan prevail over any other subsequently created plan covering the same land, as was indeed resolved, as stated in the holding (por tanto): “3.- It is declared that the portion of land in dispute between the La Paz River and the public road belongs to the defendant counterclaimant Marco Vinicio Molina Salas, so the Registro Público de la Propiedad sobre Bienes Inmuebles is ordered to rectify the measurement of property No. A-560648-000, subtracting the four hundred meters that the disputed land measures from said property, and to correct the boundary on the east side, establishing that it borders the La Paz River and not a public road. 4.- It is declared that Mr. Marco Vinicio Molina Salas is the legitimate possessor of the land described in cadastral plan number A-1807365-2015 and therefore its true owner; as well as that said plan prevails over any other subsequently registered plan that encompasses the land described in that plan”. For this reason, the manner in which the registral and possessory-patrimonial protection is implemented does not transgress the principle of congruence provided for in Article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria, nor does it constitute an ex officio reformulation of the claims, insofar as nothing was granted that was not expressly requested, without prejudice to the fact that the decision-making technique adopted by the judge differs from the literal expression of the claims contained in the counterclaim brief. For the foregoing reasons, the grievance raised is dismissed.

IV.- As a second grievance, the appellant alleges a serious contradiction in the reasoning of the judgment. He considers that the Agrarian Tribunal, despite accepting proven facts 6 and 7 from the first-instance judgment as demonstrated facts, "6) That within the area indicated by expert Chacón Barquero as being in dispute, the defendant proceeded to build tilapia ponds, swimming pool basins, benches, bridges, bathrooms, among others. 7) That many of these constructions made by the defendant within the disputed area were built in the protective zone (zona protectora) of the La Paz River and the defendant did not have the pertinent permits for this (…)”, declares that the defendant counterclaimant is the legitimate possessor and owner of the disputed land. He argues that this is inconsistent with the type of property and the applicable protection regime for the area in dispute. He points out that the Tribunal merely bases the legitimacy of the possession on the existence of public deed number 288-2018 authorized by notary Mario Alexis González Zeledón, without analyzing whether the possessory acts performed by the counterclaimant are suitable according to the nature of the property. He criticizes that it was not considered that, according to repeated case law of the same Agrarian Tribunal, the possession that can be exercised over protection areas such as that of the La Paz River must be qualified as ecological possession (posesión ecológica). He notes that in the present case, the opposite is proven, as the counterclaimant himself admits in his counterclaim and in his statement that he has built works on the protected area, which prevents him from being considered a legitimate possessor and excludes the possibility of usucapion (usucapión). He argues that it is contradictory for the same Tribunal that declared the demolition order for said works due to their illegality to also grant him the recognition of ownership and legitimate possession over that same land, and he cites case law in support of his argument.

V.- From a comprehensive analysis of the challenged judgment, it is verified that the ad quem did not recognize a possessory right based on ecological acts; rather, its reasoning was based exclusively on the non-existence of a legal link between the plaintiff's property and the land in dispute, having determined that said portion never formed part of the parent property (finca madre) from which the plaintiff's title derives. Indeed, the Tribunal adopted the proven facts from the first instance, with the exception of item 12, considering instead as proven that: 1) The plaintiff's parent property bordered the La Paz River to the east, and 2) The portion of land in dispute is located on the other side of the river, and therefore never formed part of said property nor was it donated or transferred by the plaintiff's predecessor in interest (see proven facts 15 to 21 of the second-instance ruling). Likewise, the Tribunal assessed as fully demonstrated the defendant's acquisition of the land in conflict through a public deed of sale, in which possessory rights over that strip of land were expressly transferred, and questioned the inclusion of that area within the plaintiff's cadastral plan, which was prepared years later during a rights location process and without support from previously registered boundaries (see considering XII of the judgment). Therefore, the legitimacy of the possession attributed to the defendant is not based on the lawfulness of the constructions carried out, but on the antiquity, continuity, and origin of the possession, as well as on the lack of standing of the plaintiff over that land, which was not contested by the cassation appellant. Regarding the constructions within the protection area, the judgment does uphold the demolition order for them, which demonstrates that the Tribunal did not sanction illegal material acts as the basis for possessory legitimacy, but rather recognized possessory rights by title and exercise over an area that does not belong to the plaintiff, according to the body of evidence reviewed. Therefore, this Chamber considers that the ruling does not contain a contradiction in its reasoning in the terms indicated by the cassation appellant. Based on the foregoing, the cassation ground is dismissed.

Substantive grievances (Agravios sustantivos).

VI.- As a third grievance, violation of substantive norms. He indicates that according to plan A-1931236-2016, the area in dispute forms part of the property registered under folio real number 2-560648-000, and that there is no claim for said area to cease being registered; therefore, he points out that as long as the land remains registered, a mere possessor cannot claim possessory rights over it. He cites vote number 63-F-S1-1997 of 15:00 hours on February 6, 1997, in which it is established that for registered properties, the owner can exercise reivindication (reivindicación) unless another has acquired by usucapion in accordance with Article 220 of the Código Civil. He also cites vote number 00223-1990 of 15:00 hours on June 6, 1990, which distinguishes between agrarian reivindication and the agrarian publiciana (publiciana agraria), both available against an illegitimate possessor and subject to the identity of the property and active and passive standing. He argues that the plaintiff counter-defendant maintains the status of registered owner and that the defendant counterclaimant has not raised any claim to divest him of said title, which in his view constitutes an infringement of Articles 264, 266, 267, 277 to 286, 295, 316 to 321 of the Código Civil and constitutes a substantive grievance in accordance with Article 588 of the Código de Trabajo.

VII.- Although in agrarian matters, the cassation appeal is not subject to special formalities, it is true that the cassation appeal is not exempt from all procedural technique, as provided in Article 557 of the Código de Trabajo, which requires the exposition of “clear and precise reasons that warrant the admissibility of the appeal…”. Consequently, the cassation appellant must necessarily explain, in a clear and precise manner, the grounds on which they base their disagreement with the challenged resolution. This entails examining and refuting directly and specifically the ruling’s analysis of the evidence, the interpretation of the substantive norm, and its application to the specific case. In the present case, the appellant insists that the disputed land forms part of his registered property, basing his thesis on plan A-1931236-2016 and his registral right; however, he fails to directly address the core arguments of the Tribunal, which based its decision on the fact that the parent property number 235389, from which the plaintiff's property derives, historically bordered the La Paz River to the east and not a public road, which rules out that the disputed portion formed part of that property; that said parent property did not have a cadastral plan at the time of its material division; that plan A-1931236-2016 was prepared after the possessory acquisition made by the defendant counterclaimant; and that the latter proved having acquired possession of the land in 2013 through a public deed, in which the sellers (heirs of the previous possessor) transferred their rights over the strip of land in dispute, located beyond the natural boundary of the river. It is observed that none of these arguments provided by the Tribunal are the object of refutation in the appeal, which merely reiterates the validity of the registral plan and its inscription. Therefore, by not challenging the Tribunal's decision, the grievance must be dismissed.

VIII.- As a fourth grievance, he argues that the condemnation of costs (costas) imposed by the ad quem is disproportionate and lacks reasoning. He indicates that his client acted in good faith by initiating the action as the registered owner of the property and by reporting the environmental damage caused by the defendant when intervening in the river's protection area. He points out that there is no justification for the condemnation against him and notes that, as a person of scarce resources represented by the Public Defense, the usual practice has been to apply a percentage between five percent (5 %) and fifteen percent (15 %). He criticizes that the tribunal omitted this criterion.

IX.- Despite this grievance being titled as procedural in nature, its content reveals an allegation of improper application of Article 55 of the Ley de Jurisdicción Agraria. Therefore, it will be resolved in that sense. This Collegiate Organ agrees with the criterion of the Appellate Tribunal regarding the imposition of procedural costs. Pursuant to Article 55 of the Ley de Jurisdicción Agraria, exoneration from the payment of costs constitutes an exception applicable only when it is clearly demonstrated that the losing party litigated in good faith, either because there was sufficient motive to litigate or because the claims of the winning party were disproportionate. In the present case, even though the plaintiff claims to have filed suit under the belief of being the legitimate owner of the land, the truth is that the judgment held it as proven that the disputed portion of land “never formed part of the parent property from which the plaintiff's property originates”, because said property “never bordered the public road but rather had the La Paz River as its boundary”; therefore, the exoneration provided for in the cited norm is not applicable, as the prerequisites of good faith required by the legal system were not verified. Consequently, the grievance is dismissed.

IX.- By virtue of the foregoing, the cassation appeal filed by the plaintiff will be dismissed, and she must pay the costs (costas) generated by its filing.

POR TANTO

The cassation appeal filed by the plaintiff is dismissed, and she must pay the costs (costas) generated by its filing. VBUENDIA

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

Rocío Rojas Morales

Damaris Vargas Vásquez

Jorge Leiva Poveda

Carlos Guillermo Zamora Campos

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