Res. 01235-2025 Sala Primera de la Corte — Annulment of municipal license for quarry in forest protection zoneAnulación de licencia municipal para cantera en zona de protección forestal

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Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 01235 - 2025

Fecha de la Resolución: 22 de Agosto del 2025 a las 09:05

Expediente: 17-006505-1027-CA

Redactado por: Iris Rocío Rojas Morales

Clase de asunto: CONOCIMIENTO

Analizado por: SALA PRIMERA




Sentencia con Voto Salvado



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Contencioso Administrativo

Tema: Ambiental

Subtemas:

Zona de protección forestal.

Tema: Principio de inderogabilidad singular del reglamento

Subtemas:

Concepto y alcance.

El Reglamento de Zonificación del Cantón de la Unión refiere a la zona de protección forestal como aquellas áreas que se establecen para conservar los bosques y el uso forestal. También ayudan a prevenir desastres naturales y a mantener los recursos naturales. Su ordinal 11 señala los proyectos permitidos (ordinal 2.b ibidem) en la zona de protección forestal: forestal, vivienda unifamiliar con características suburbanas, viveros y zonas ecoturísticas, los cuales están sujetos a un estudio de impacto ambiental. Véase, la norma establece los usos específicos que se permiten desarrollar, es decir, no hay margen para autorizar proyectos fuera de los usos permitidos. En el presente proceso, el Tribunal anuló la licencia municipal para la actividad de “tajos” otorgada a la empresa accionada y todos los demás actos conexos, por quebranto al principio de inderogabilidad singular de las normas, toda vez que se otorgó en infracción del citado Reglamento (el que no permite la actividad de cantera dentro de la zona donde se ubica la propiedad de la demandada) y de la Ley de Planificación Urbana (al resultar incompatible con la zonificación y carecer de certificado de uso de suelo municipal); lo cual coincide esta Cámara (voto 1235-F-2025).

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Contencioso Administrativo

Tema: Licencia

Subtemas:

Licencia municipal.

Tema: Certificado de uso de suelo

Subtemas:

Cantera y tajo.

La licencia municipal es un acto administrativo de autorización mediante el cual el respectivo Gobierno Local habilita a un particular para realizar una determinada actividad lucrativa. Su regulación se encuentra en el Código Municipal (mandato 79). Para obtener una licencia comercial de explotación de tajos y canteras, la Ley de Planificación Urbana exige que la actividad a desarrollar en determinado terreno sea compatible con la zonificación implantada, para lo cual se debe contar con el certificado de uso de suelo aprobado por el Gobierno Local correspondiente (cardinales 28 y 29 ibidem) (voto 1235-F-2025).

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Contencioso Administrativo

Tema: Recurso de casación

Subtemas:

Formalidades del recurso.

Al confrontar el fallo impugnado y la censura planteada, estima esta Cámara que es informal. No detalla la recurrente cuales son -en concreto- las pruebas aportadas por la demandada y aquellas admitidas como prueba para mejor resolver que dejó de valorar el Tribunal. Tampoco se alude al contenido de esos elementos demostrativos, ni se explica de qué forma, de haber sido analizados por los Jueces, la demanda se hubiera declarada sin lugar.  Tampoco explica o detalla la casacionista cuales apreciaciones subjetivas y juicios de valor emitieron los Juzgadores, por lo que el argumento resulta ayuno de respaldo fáctico, jurídico y probatorio. Se rechaza por informal otro motivo, al infringir el canon 139.3 del Código Procesal Contencioso Administrativo, norma que establece la obligación de indicar de manera clara y precisa los motivos del recurso, con la fundamentación fáctica y jurídica del caso. El cargo es confuso, sin un hilo conductor de lo reprochado al Tribunal. Constata esta Cámara, la sentencia impugnada no establece lo que arguye la recurrente. La casacionista no explica claramente, en el desarrollo de la tesis argumentativa, de que forma el Tribunal incurre en una indebida aplicación normativa, el impacto de dicho vicio en el elenco de hechos probados o indemostrados y su efecto al momento de la subsunción del derecho sustantivo en el resultado o conclusión a la que arribaron los Juzgadores. Corolario, al no ajustarse a la técnica casacional, se desestima el reparo (voto 1235-F-2025).

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Citas de Legislación y Doctrina
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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Contencioso Administrativo

Tema: Recurso de casación

Subtemas:

Casación útil.

Las razones del Tribunal para anular la licencia municipal otorgada a la accionada (quebranto al principio de inderogabilidad singular de las normas), no fueron combatidas por la recurrente en su agrario. Otro argumento resulta inatendible para quebrar el fallo recurrido. Revisadas las consideraciones de los Jueces, no encuentra esta Cámara mención alguna sobre un permiso de salud de comentario, menos aún que tal aspecto haya influido para declarar parcialmente con lugar la demanda. Ahora bien, aún en el caso hipotético de acoger el reclamo, persistiría el citado vicio de nulidad evidenciado por el Tribunal. Tocante al último cargo, el accionante requirió en sentencia el establecimiento de un sistema de monitoreo en el sector de las Casuelas, aunado a un sistema de alerta. Esos requerimientos fueron rechazados por los Juzgadores, quienes estimaron que el sistema de monitoreo existente en la zona resultaba adecuado, sin que la actora haya aportado prueba técnica que respaldara la necesidad de su cambio o de adoptar una medida distinta. Deficiencia probatoria que no fue combatida en casación. Además, la recurrente pretende que se adopten medidas a costa del erario público sin ningún tipo de prueba técnica en respaldo (voto 1235-F-2025).

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Contencioso Administrativo

Tema: Área silvestre protegida

Subtemas:

Concepto y alcance.

El precepto 3.a del Reglamento a la Ley de Biodiversidad dispone que, un área silvestre protegida es el: “Espacio geográfico definido, declarado oficialmente y designado con una categoría de manejo en virtud de su importancia natural, cultural y/o socioeconómica, para cumplir con determinados objetivos de conservación y de gestión”. Dentro de las categorías de áreas silvestre protegidas en Costa Rica se encuentran: a) reservas forestales, b) zonas protectoras, c) parques nacionales, d) reservas biológicas, e) refugios nacionales de vida silvestre, f) refugios nacionales de vida silvestre de propiedad estatal, g) refugios nacionales de vida silvestre de propiedad privada, h) refugios nacionales de vida silvestre de propiedad mixta, i) humedales, j) monumentos naturales, k) reservas marinas y, l) áreas marinas de manejo (voto 1235-F-2025).

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Citas de Legislación y Doctrina
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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Contencioso Administrativo

Tema: Ambiental

Subtemas:

Viabilidad ambiental.

Tema: Secretaría Técnica Nacional Ambiental

Subtemas:

Competencia.

Labor de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en evaluar el impacto ambiental de los diferentes proyectos de desarrollo del país, otorgando o rechazando su viabilidad desde un análisis ambiental. En este caso, revisó el contexto de uso de suelo existente el sitio del proyecto, a partir de la certificación emitida por el SINAC, un informe técnico y una visita de campo. Con ese fundamento y después de que el Departamento de Evaluación Ambiental de SETENA analizara la documentación presentada, el contenido del estudio y las medidas de mitigación indicadas en el Plan de Gestión Ambiental, emitió la resolución que otorga la viabilidad ambiental al proyecto de solicitud de concesión de cantera para la extracción de materiales (voto 1235-F-2025).

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Contencioso Administrativo

Tema: Costas

Subtemas:

Exoneración.

Análisis sobre tener motivo suficiente para litigar y aplicación al caso (voto 1235-F-2025).

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Texto de la resolución

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Exp. 17-006505-1027-CA

 

Res. 001235-F-S1-2025

 

 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del veintidos de agosto de dos mil veinticinco .

Proceso de conocimiento establecido por la ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LA URBANIZACIÓN SIERRAS DE LA UNIÓN contra la MUNICIPALIDAD DE LA UNION, el ESTADO, representado por el procurador Alonso Ernesto Moya y, HACIENDA SAN RAFAEL H.R.S SOCIEDAD ANÓNIMA. Figuran como apoderados especiales judiciales de la actora, Bernal Gamboa Mora; del Gobierno Local, Eida Barrantes Román y; de la sociedad co-accionada, Luis Antonio Álvarez Chaves. Todas las partes formulan recursos de casación contra la sentencia no. 001-2022-IV de las 10 horas 30 minutos del 4 de enero de 20222, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativos y Civil de Hacienda, Sección Cuarta, integrado por los jueces Elías Baltodano Gómez, Judith Reyes Castillo e Iván Salas Leitón.

Redacta la magistrada Rojas Morales

CONSIDERANDO

I. De conformidad con los hechos que tuvo por demostrados el Tribunal y la prueba constante en autos, se tiene lo siguiente. La empresa Hacienda San Rafael H.S.R S.A, es propietaria del inmueble del partido de Cartago, matrícula de Folio Real no. 65878-000, con plano catastrado C-4022-1969. A principios de los años ochenta, en la margen derecha del río Chiquito justo en el área que corresponde a la concesión no. 2754 que se dirá, ocurrió un deslizamiento que represó el río, desencadenando una avalancha que derivó en daños a infraestructura de la ciudad de Tres Ríos y poblaciones adyacentes. En fecha 28 de enero de 2011, la sociedad Hacienda San Rafael solicitó ante el Registro Nacional Minero de la Dirección de Geología y Minas, la reserva temporal para el proyecto de cantera y el 11 de mayo siguiente entregó a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) el formulario para su aprobación, al que se le asignó el número de expediente administrativo D1-1573-2011-SETENA. Mediante resolución no. 1152-2011-SETENA del 25 de mayo de 2011, se le solicitó al desarrollador presentar un estudio de impacto ambiental. Por informe no. DPM-INF-0852-2011 de setiembre 2011, el Geólogo Julio Eduardo Madrigal Mora de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) señaló: "Indudablemente es necesario implementar un Sistema de Alerta Temprana que involucre a la población de las parte (sic) baja de la micro-cuenca del Río Chiquito." Por certificación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAV), no. SINAC-D-ACCVC-0610-2013 del 31 de julio de 2013, se indicó en lo de interés: "(…) se ha determinado con base en la ubicación consignada en el plano catastrado número C-4022-1969, propiedad de QUEBRADOR SAN RAFAEL S.A. con Folio Real 3065878-000, que este describe un terreno que se ubica FUERA DE CUALQUIER ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA SEA CUAL SEA SU CATEGORÍA DE MANEJO ADMINISTRADA POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y MINAS." Por resolución no. 2191-2013-SETENA de las 8 horas 15 minutos del 29 de agosto de 2013, la SETENA dispuso: "Descripción del Proyecto: Consiste en desarrollar la extracción de materiales en cantera, se extraerán brechas y lavas, las cuales serán procesadas con el uso de un quebrador primario, secundario y clasificación mediante cribas. La fragmentación del material requerirá del uso de explosivos. Se pretende suministrar agregados gruesos y finos para la fabricación de concretos de cementos hidráulicos y asfálticos en la industria de la construcción. El área solicitada en concesión es de 19 ha 9050 m2 para un plazo de 15 años. Por lo que se le otorga la VIABILIDAD (Licencia) AMBIENTAL al proyecto, quedando abierta la etapa de Gestión Ambiental y en el entendido de cumplir con la Cláusula de Compromiso Ambiental fundamental, indicado en el Considerando Tercero anterior." Por oficio DST-004-14 del 24 de enero de 2014, suscrito por el ingeniero Renato Jiménez Zúñiga, Jefe del Departamento de Servicios Técnicos del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria -INTA-, dirigido al señor Sergio Retana Mora en su condición de representante legal de la empresa Hacienda San Rafael se indicó: "Con relación a su solicitud del pasado 20 de enero 2014, me permito indicarle que esta Dependencia ha revisado y aprobado el documento denominado "ESTUDIO DETALLADO DE SUELOS Y CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS DE LA PROPIEDAD PERTENECIENTE A HACIENDA SAN RAFAEL HSR S.A., levantado por los ingenieros agrónomos ROY McDONALD BOURNE M., MSc., y JORGE ACÓN HO, certificadores de uso conforme del suelo autorizados (No. 06 y No. 16 respectivamente ... Así las cosas, y de acuerdo a los alcances científicos y técnicos de la investigación edafológica realizada por los ingenieros McDonald y Acón; y a tenor de lo establecido en el Artículo 66 de la ley No. 7779, de Uso, Manejo y Conservación de Suelos... es que esta instancia considera que de otorgarse por la Dirección de Geología y Minas del MINAE, una concesión para la extracción áridos para tajo, para la sección estudiada (8.43 ha), no se estará causando una pérdida a la productividad de los suelos del cantón de La Unión, en virtud que las limitaciones de las tierras fehacientemente demostradas en la investigación realizada, no permiten una producción agrícola rentable y competitiva." Por resolución R-0083-2015-MINAE de las 9 horas 40 minutos del 20 de marzo de 2015, suscrita por el entonces Presidente de la República, señor Luis Guillermo Solís Rivera y la Ministra a.i. de Ambiente y Energía, señora Patricia Madrigal Cordero, se dispuso otorgar "Concesión de Extracción de Materiales en una Cantera" por el plazo de 15 años a favor de Hacienda San Rafael H.S.R S.A. Mediante constancia de uso de suelo, resolución municipal de ubicación SSPU-1110-15-8800701 del 13 de agosto de 2015, el arquitecto José Carlos Barrantes Cubillo, en su condición de Coordinador de Planificación Urbana de la Municipalidad de La Unión, señaló: "SOLICITANTE: SERGIO RETANA MORA. PLANO DE CATASTRO: C-4022-69. ZONA: ZONA DE PROTECCIÓN FORESTAL. USO: CONSULTA. ACTIVIDAD: INFORMATIVO. Zona de Protección Forestal: Propósitos. Esta zona es necesaria para retener el desarrollo urbano y continúan en ella el uso forestal. 4. Usos permitidos: 1. Forestales. 5. (sic) Vivienda unifamiliar con características suburbanas, quedan excluidos en todo caso los conjuntos residenciales y las urbanizaciones de cualquier tipo. 6. (sic) Viveros. 4. (sic) Zonas ecoturísticas. Usos condicionales. No se permitirán usos condicionales. NOTA: TERRENO CON AFECTACIÓN POR RIESGO POTENCIAL DE SOCAVAMIENTO DE RÍO Y CON ANTECEDENTES DE DESLIZAMIENTOS IMPORTANTES (SOLICITAR CRITERIO A LA COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS). LA ZONA NO PERMITE ACTIVIDAD DE CANTERA, SEGÚN EL ARTÍCULO 11.b. DEL REGLAMENTO DEL PLAN REGULADOR VIGENTE DEL CANTÓN DE LA UNIÓN. UN USO DE SUELO NO ES NI OTORGA PERMISO O LICENCIA MUNICIPAL". Por oficio MLU-AI-552-2015 del 6 de octubre de 2015, la señora Auditora de la Municipalidad de La Unión, formuló una serie de consultas a la Jefatura del Registro Nacional Minero relacionas con la concesión otorgada a la empresa codemandada, siendo de interés para el asunto que se analiza las interrogantes números 3, 4 y 5, en las que expresamente consultó: "3. ¿Es cierto que bajo la concesión extendida por el MINAE a la empresa Hacienda San Rafael H.S.R. Sociedad Anónima, se incluyen las licencias para la excavación, el movimiento de tierra, la construcción de ciertas obras, el terraceo, aún cuando la Ley de Construcciones en sus artículos 1, 55 y 74 señala que para todo tipo de obra constructiva, es necesario contar con la licencia municipal para dicho fin? 4. ¿Dentro de los requisitos que exige la Dirección de Geología y Minas del MINAE, a través del Código de Minería u otra normativa, establece como parte de los requisitos para la obtención de una concesión como la que aquí se indica, el uso de suelo debidamente aprobado de previo por la Municipalidad involucrada, tal y como lo señala la Ley de Planificación Urbana y las potestades municipales para planificar el Desarrollo Urbano? 5. ¿Podría considerarse que el otorgamiento de una concesión por parte del MINAE, faculta en forma implícita al concesionario, la exoneración para tramitar las licencias constructivas y de movimiento de tierras que establece la normativa urbana, así como el cambio de uso de suelo que establezca un plan regulador de un municipio?."  Por oficio DGM-RNM-985-2015 del 16 de noviembre de 2015, la Jefatura del Registro Nacional Minero dio respuesta a las interrogantes formuladas, indicando respecto de las preguntas 3, 4 y 5, lo siguiente: "3. Según lo dispuesto por el artículo 12 del Código de Minería, la concesión de explotación es un derecho real limitado, que nace de un acto administrativo y soberano del Estado, en virtud del cual éste, sin perder el dominio, autoriza a personas físicas o jurídicas, únicamente para realizar actividades de explotación de los yacimientos o depósitos minerales, bajo las condiciones y requisitos que establecen esta ley, su reglamento y otras leyes especiales. Es decir, el otorgamiento de la concesión no exime al concesionario de cumplir en forma íntegra con todas las demás regulaciones, trámites, normas técnicas o legales vigentes en el país y, que deberán cumplirse antes (sic) otras instituciones del Estado. De ahí que la concesión minera no incluye ninguna licencia constructiva o del (sic) cualquier otro tipo." 4. Dentro de los requisitos que debe cumplir todo interesado en obtener una concesión de explotación, según lo dispuesto por el Código de Minería y su reglamento, no se requiere la presentación de uso de suelo aprobado por la Municipalidad del lugar donde se ubica el área solicitada. No obstante, tal y como se indicó en el punto segundo del presente oficio, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 25 del Código de Minería y el artículo 24 del Reglamento No. 29300, para el caso de las concesiones de explotación de Cantera, se deberá contar con la aprobación de un Estudio de Uso Conforme del Suelo por parte del departamento correspondiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, es decir del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA)." "5. Sobre esta interrogante, se reitera lo indicado en el punto 3 del presente oficio, en cuanto a que, el otorgamiento de una concesión no exime al concesionario de cumplir en forma íntegra con todas las demás regulaciones, trámites, normas técnicas o legales vigentes en el país y, que deberán cumplirse ante otras instituciones del Estado." Por escrito del 16 de noviembre de 2015, en el que se consignó como "Asunto. Cambio de Uso de Suelo. Licencia de Comercialización de Materiales Extraídos en Cantera. Deslizamiento Río Chiquito", el señor Sergio Retana Mora, en su condición de propietario a esa fecha del inmueble del Partido de Cartago, matrícula de Folio Real 65878-000, plano catastrado C-0004022-1969, peticionó al Concejo Municipal de La Unión, lo siguiente: "Con base en los argumentos de hecho y derecho expuestos, estudios y pruebas técnicas que los sustentan y ante la necesidad apremiante y comprobada de ejecutar las obras descritas, SOLICITO a esta Municipalidad modificar el USO DE SUELO para el inmueble de mi propiedad de manera que se AUTORICE LA COMERCIALIZACIÓN DEL MATERIAL EXTRAÍDO EN CANTERA que posibilitará la financiación de la estabilización del deslizamiento del Río Chiquito. Todo sujeto a los parámetros, obligaciones, compromisos y limitaciones establecidas en Resolución R-0083-2015-MINAE que es Concesión de Extracción de Materiales en una Cantera por un plazo de quince años." El 18 de noviembre de 2015, la Municipalidad de La Unión confeccionó la solicitud no. 8803914, mediante la cual Hacienda San Rafael presentó formal requerimiento para desarrollar la actividad comercial de cantera. Por oficio no. MLU-DJUR-023-2016 del 19 de enero de 2016, el Director Jurídico del Gobierno Local, señor Rommel Calvo Padilla, se refirió al tema del uso de suelo respecto de la mencionada concesión, indicando -en lo de interés-: "(...) La determinación del uso del suelo se enmarca dentro de la normativa urbana, de manera que el uso permitido es el que determine cada municipio en el plan regulador y su reglamento de zonificación vigente, o en su defecto, con base en el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, en caso de no contarse con plan regulador (artículo 169 constitucional; Ley 4240, numerales 15, 16, inciso c); 21, 24 y Transitorio II, dictamen C-327-2001). Cabe agregar que el Código Sísmico tiene disposiciones específicas sobre las zonas de riesgo geológico, de acatamiento obligatorio para las municipalidades. También debe considerarse como marco jurídico y técnico para la prevención de riesgos, la Ley No. 8488 y su Reglamento, conforme a las cuales la Comisión Nacional de Emergencias ostenta la competencia máxima para dictaminar situaciones de riesgo, emergencia y peligro inminente, por lo que puede y debe establecer los criterios técnicos para orientar las decisiones municipales sobre las áreas de riesgo dentro de los procesos de planificación territorial que podría generar limitaciones a la propiedad privada. (dictamen C-308-2013). Y, si bien como dijimos, los planes reguladores son de acatamiento obligatorio para los administrados y la Administración, pues ostentan naturaleza normativa (C-100-1995, C-93-2007, OJ-11-1996 y OJ-42-2005), por razón de su jerarquía -acto de administrativo de carácter general (sentencias constitucionales 6653-2000 y 4252-2002; opinión jurídica OJ-011-1996)- no pueden vulnerar normas de rango superior como la ley, tratados, ni modificar el destino previsto para los bienes demaniales (OJ-42-2005). De manera que ante una eventual dicotomía de orden jurídico, los funcionarios públicos deben aplicar la norma de grado superior (Constitución Política, artículo 11; Ley 6227, numerales 6 y 11). (...) Con vista en la normativa antes transcrita derivada de la ley 8488, donde se establece que los informes técnicos de la CNE son de acatamiento obligatorio para las instituciones públicas y sobre todo para las Municipalidades, se desprende de la jurisprudencia citada por la Junta Directiva de la CNE, de la Sala Constitucional y de la Procuraduría General de la República que las autoridades municipales deben proceder a enfrentar el deslizamiento identificado en la margen derecha del río chiquito, (sic) en forma ineludible. Para estos efectos, conviene aprovechar la concesión de explotación de cantera autorizada por el MINAE y la Dirección de Geología y Minas para que se brinde el adecuado manejo de taludes y limpieza de cauce del río chiquito (sic). Para el cumplimiento de esta conclusión, recuérdese que el uso de suelo en la finca perteneciente a Hacienda San Rafael HSR. S.A., como objeto de la concesión de extracción de materiales, se fundamenta no solo en la concesión otorgada sino como bien los (sic) expresa el MSC. Róger Ovares, "... una concesión minera con un adecuado programa de explotación; puede coadyuvar en mitigar los riesgos e impactos ocasionados por un deslizamiento..." Con base en lo anterior, existe suficiente base normativa y legal para que el concesionario Hacienda San Rafael HSR S.A., pueda iniciar sus actividades de explotación pétrea, sin mayor cuestionamiento, amparado al Código de Minería, así como a la Ley de Emergencias 8488. Para estos efectos, el concesionario deberá gestionar lo pertinente ante la Dirección Tributaria a fin de obtener la correspondiente licencia comercial”. Por resolución administrativa no. MLU-PAT-0127-2016 del 26 de enero de 2016, emitida por la Dirección de Administración Tributaria y la Coordinación del Departamento de Patentes de la Administración Municipal accionada, se dispuso otorgar a la sociedad Hacienda San Rafael la licencia municipal no. 04-0717 para la actividad de "TAJOS". El 14 de mayo siguiente, la Asociación de Vecinos de Sierras de la Unión, presentó recurso de revisión contra la resolución que autorizó la licencia 04-0717, posteriormente; interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Por oficio DGM-RNM-473-2016 del 14 de noviembre de 2016, emitido por la Jefatura del Registro Nacional Minero en respuesta a consulta formulada por la empresa Hacienda San Rafael, se indicó: "La consulta se refiere puntualmente al hecho de que si para ejercer el derecho que el Poder Ejecutivo otorgo (sic) a la concesionaria del expediente minero No. 2754, es necesario contar con el Permiso Sanitario de Funcionamiento, para la extracción de materiales en cantera. (...) La aplicación del principio general de la inderogabilidad singular de la norma; principio general de rango constitucional, es aplicable a la totalidad del ordenamiento jurídico, como derivación y a la vez condición del Estado de Derecho en su integridad. (...) Así las cosas, es necesario indicar que para el desarrollo de la actividad extractiva en una concesión se requiere entre otras cosa (sic) por ejemplo contar con patente comercial, si la actividad se efectúa con intereses comerciales; para desarrollar la actividad se hace necesario contar con empleados que ejecuten distintas labores, los cuales deben contar con las garantías sociales que se establece (sic) en el régimen de seguridad social; igualmente deben cumplirse con las disposiciones del Ministerio de Salud, ya que dentro de la normativa a nivel nacional se encuentra el Decreto No. 34728-S, que es el "REGLAMENTO GENERAL PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD", en la categoría "Grupo de Riesgo A", incluye en la tabla de clasificación de establecimientos y actividades regulados por el Ministerio de Salud, según el Riesgo Sanitario Ambiental, en la categoría C: Explotación de Minas y Canteras, en la División 14 Explotación de otras Minas y Canteras, en el grupo 141, numeral 1410 "EXTRACCIÓN DE PIEDRA, ARENA, Y ARCILLA (TAJOS)... Ante lo indicado anteriormente, se debe concluir que para el ejercicio efectivo del derecho de concesión otorgado por el Poder Ejecutivo, no solo es necesario el cumplimiento de la normativa establecida en el Código de Minería y su Reglamento, sino que además se deben acatar las normas de otras leyes especiales, que no pueden derogarse en forma singular un caso particular."  

II. En fecha 4 de julio 2017, la Asociación de Vecinos de la urbanización Sierras de La Unión demandó a la Mu nicipalidad de la Unión, al Estado y a la sociedad Hacienda San Rafael H.R.S. Solicitó en sentencia: "1. De conformidad al artículo 42 incisos a) y b) del CPCA, respetuosamente solicito la declaración de disconformidad de las siguientes conductas administrativas con el ordenamiento jurídico y de todos los actos o las actuaciones conexas, así como la anulación de todos estos actos: a. La Licencia o Patente Comercial N° 04-717 y actos conexos. b. La Viabilidad Ambiental dada mediante resolución 2191-2013-SETENA, al proyecto denominado "Estabilización de deslizamiento con extracción de cantera" a nombre de la sociedad Hacienda San Rafael H.S.R. S.A. y actos conexos. c. La resolución R-083-2015-MINAE donde el presidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera y la Ministra de Ambiente y Energía Patricia Madrigal Cordero otorgaron a Hacienda San Rafael H.S.R. S.A. la concesión de explotación de materiales, y actos conexos. 2. De conformidad al artículo 42 incisos c), d) y f) y el 99 incisos c) y f) de la Ley Orgánica del Ambiente, en caso de no declararse la nulidad de las anteriores conductas, respetuosamente solicito se ordene la cancelación de todas esas conductas y actos conexos, por los incumplimientos de las obligaciones legales y contractuales indicados en esta demanda, y se ordene la ejecución de la garantía ambiental. 3. De conformidad al artículo 42 inciso i) del CPCA, respetuosamente solicito que se ordene a la Administración Pública, que se abstenga de adoptar y ejecutar cualquier conducta con la pretensión de revivir esta concesión, sin previamente tener los estudios técnicos respectivos. 4. De conformidad al artículo 42 incisos e), g) y j), del CPCA, y el 99 de la Ley Orgánica del Ambiente, respetuosamente solicito se condene a los demandados a demoler y/o eliminar las obras efectuadas, a reparar el daño ambiental causado y a establecerles obligaciones compensatorias al daño causado. De igual manera, solicito se ordene a la Municipalidad de la Unión de Tres Ríos a establecer un sistema de monitoreo, en tiempo real utilizando cámaras y pluviómetros, control del movimiento del sector inestable en el sector de Las Casuelas (sic) utilizando (GPS); establecer sistemas de alerta con sirenas y medios electrónicos, realizar limpieza del cauce, así como un proceso de análisis más detallado de los movimientos del terreno y los distintos escenarios ante un derrumbe mayor, donde se establezcan los mapas de vulnerabilidad ante posibles derrumbes en este sector de las Cazuelas. 5. De conformidad al artículo 193 del CPCA, respetuosamente solicito se condene a los demandados al pago de las costas de este proceso, pues nosotros nos hemos visto obligados a litigar en el presente asunto, para anular o cancelar los actos impugnados. 6. De conformidad al artículo 42 incisos f) y g) del CPCA, el 98 de la Ley Orgánica del Ambiente, el artículo 199 y siguientes de la LGAP y del 67 y siguientes de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, una vez declarada con lugar esta demanda, respetuosamente solicitamos se testimonien piezas a la Contraloría General de la República, a efecto que se realicen las investigaciones administrativas para sancionar y cobrar los daños y perjuicios a los funcionarios responsables de las nulidades o caducidades declaradas con esta demanda. 7. De conformidad al artículo 42 incisos f) y g) del CPCA, declarada con lugar esta demanda, y si el Tribunal considere que pudo existir algún tipo de delito en los hechos y actos base de la misma, respetuosamente solicito se testimonien piezas al Ministerio Público para su debida investigación. PETITORIA SUBSIDIARIA. 1. De conformidad al artículo 42 inciso c), g) y j), del CPCA, y el 99 de la Ley Orgánica del Ambiente, en caso de no ser posible la anulación o cancelación de la Licencia o Patente Comercial No. 04-717 y actos conexos, la Viabilidad Ambiental dada mediante resolución 2191-2013-SETENA y la resolución R-083-2015-MINAE de otorgamiento de la concesión, respetuosamente solicito que previo a su ejecución, se realicen los estudios técnicos necesarios conforme la recomendación de la CNE, a efecto de garantizar que no se inestabilizará aún más el terreno con las obras realizadas, de igual manera, solicito se ordene a la Municipalidad de la Unión de Tres Ríos establecer un sistema de monitoreo, en tiempo real, utilizando cámaras y pluviómetros, control del movimiento del sector inestable en el sector de Las Casuelas (sic) utilizando (GPS), establecer sistemas de alerta con sirenas y medios electrónicos, realizar limpieza del cauce, además de realizar un proceso de análisis más detallado de los movimientos del terreno y los distintos escenarios ante posible derrumbe mayor, donde se establezcan los mapas de vulnerabilidad ante posibles derrumbes en este sector de las Cazuelas. 2. De conformidad al artículo 193 del CPCA, respetuosamente solicito se condene a los demandados al pago de ambas costas de este proceso, pues mi representada se ha visto obligada a litigar en el presente asunto, con el objetivo depara (sic) anular o cancelar los actos aquí impugnados. 3. De conformidad al artículo 42 incisos f) y g) del CPCA, el 98 de la Ley Orgánica del Ambiente, el articulo 199 y siguientes de la LGAP y del 67 y siguientes de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, al declararse con lugar esta demanda, respetuosamente solicito se testimonien piezas a la Contraloría General de la República, a efecto que se realicen las investigaciones administrativas dirigidas a sancionar y cobrar los daños y perjuicios a los funcionarios responsables de las nulidades o caducidades declaradas en esta demanda 4. De conformidad al artículo 42 incisos f) y g) del CPCA, al declararse con lugar esta demanda, si el Tribunal considerare que pudo existir algún tipo de delito proveniente de los hechos y actos acá discutidos, respetuosamente solicito se testimonien piezas al Ministerio Público, para su debida investigación.” Los co-accionados contestaron de forma negativa. En general, opusieron las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa, indebida acumulación de pretensiones, litispendencia, falta de: interés actual, derecho, legitimación activa y pasiva. El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Cuarta, integrado por los jueces: Elías Baltodano Gómez, Judith Reyes Castillo e Iván Salas Leitón, en sentencia no. 001-2022-IV de las 10 horas 30 minutos del 4 de enero de 2022, dispuso: “Se admite la prueba para mejor resolver aportada por el Estado y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias -CNE-. Se rechazan las excepciones de Falta de Legitimación tanto Activa como Pasiva, así como de Falta de Interés Actual. Se declara parcialmente con lugar la demanda incoada por la Asociación de Vecinos de la Urbanización Sierras de La Unión contra la Municipalidad de la Unión y la Hacienda San Rafael HSR S.A., entendiéndose denegada en lo no expresamente concedida: i) Se anula la Resolución Administrativa No. MLU-PAT-0127-2016 del 26 de enero de 2016, emitida por la Dirección de Administración Tributaria y la Coordinación del Departamento de Patentes de la Administración Municipal accionada, mediante la cual se dispuso otorgar a la empresa Hacienda San Rafael HRS S.A. la Licencia Municipal No. 04-0717 para la actividad de "TAJOS" y todos los demás actos conexos con la misma -entiéndase anteriores o posteriores, de trámite o de trámite con efecto propio-. En este sentido, para mayor claridad, ha de indicarse que la nulidad aquí decretada de la referida Licencia Comercial, se extiende a los oficios de la Dirección Jurídica MLU-DJUR-023-2016, fechado 19 de enero de 2016 y MLU-DJUR-480-2017 del 5 de junio de 2017, ambos suscritos por el Licenciado Rommel Calvo Padilla, así como la Resolución MLU-DAM-DJUR-292-2016 de las 9:00 horas del 26 de mayo de 2016 emitida por la Alcaldía Municipal, respecto de la cual, la Sección Tercera de este Tribunal rechazó el Recurso de Apelación por considerarlo interpuesto extemporáneamente. Además, cualquier decisión adoptada por el ente municipal u otra Administración Pública, al amparo de lo indicado por el mencionado profesional en Derecho en los referidos oficios, resulta de igual forma absolutamente nula. ii) Tome nota la entidad municipal de lo indicado en este Fallo respecto de cómo debe procederse en caso de que existan obras construidas sin permiso municipal. iii) Las costas procesales y personales correrán por cuenta de la Municipalidad de la Unión, quedando la determinación de su quantum para la Etapa de Ejecución de Sentencia a instancia de la Asociación vencedora. Pues respecto de la codemandada Hacienda San Rafael H.R.S. S.A., se falla sin especial condenatorio (sic) en costas. iv) Por considerar esta Cámara que la nulidad aquí declarada es evidente y manifiesta -entiéndase grosera-, se ordena comunicar la presente Sentencia tanto a la Contraloría General de la República como a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, quedando tanto el expediente judicial como los administrativos a disposición de dichas autoridades, para que dentro del ámbito de sus competencias, valoren la apertura de las investigaciones que estimaren pertinentes, sin que sea necesario que comuniquen a esta Cámara lo que finalmente llegaren a decidir. En lo que la demanda se dirigió contra el Estado, se acoge la excepción de Falta de Derecho y en consecuencia, la misma se declara sin lugar en todos sus extremos, siendo que por las razones dadas en cuanto a ello, se resuelve sin especial condenatoria en costas.”  Por resolución no. 001-2022 de las 15 horas 30 minutos del 1° de febrero de 2022, se adicionó a la parte dispositiva del fallo trascrito lo siguiente: “(…) Se procede adicionar la parte dispositiva de la Sentencia No. 001-2022-IV de las diez horas treinta minutos del cuatro de enero de dos mil veintidós, dictada por esta Cámara, para que en lo sucesivo se entienda incorporado al Por Tanto de la misma, lo siguiente: "v) Se condena a la Municipalidad de la Unión a la reparación de todo daño ambiental que se haya causado en la zona concesionada con ocasión de las obras constructivas que se hayan realizado sin contar con permiso municipal. Lo así dispuesto se hará sobre bases técnico-científicas y tomando en cuenta lo siguiente: a) En cuanto a los elementos del ambiente dañados en forma reversible, es decir, los que permiten su recuperación, deberán ser plenamente restablecidos a su estado natural o situación anterior a su intervención -entiéndase reparación “in natura”-. b) En relación a los elementos afectados en forma irreversible, deberá procederse al pago de una compensación del “daño moral colectivo o social“, en la medida en que ya no podrán ser disfrutados por la comunidad, lo que implica un menoscabo a un interés general tutelable. El monto que llegare a cuantificarse en firme, deberá depositarse a la Caja Única del Estado en una cuenta cliente creada específicamente para tal fin, cuyo titular será el Ministerio de Ambiente y Energía, quien deberá destinarlo para ejecutar obras de reparación y restauración, en forma exclusiva, en la zona impactada. Todo lo anterior deberá determinarse en la Fase de Ejecución de Sentencia a instancia de la Asociación vencedora." Inconformes la parte actora y todos los co-accionados formulan recursos de casación, los cuales fueron admitidos por esta Sala. Valga aclarar, de previo se conocerán los recursos planteados por las partes co-demandadas, pues de resultar procedentes devendría innecesario referirse a los alegatos de la accionante.

Recurso de la co-demandada Hacienda San Rafael H.R.S, S.A

III. Como única censura, esgrime, indebida interpretación normativa. Señala, el Tribunal tiene por acreditado el quebranto al principio de inderogabilidad de las normas, dado que la Municipalidad de la Unión inaplicó el precepto 11.b del Reglamento a su Plan Regulador. Sin embargo, reclama, los Juzgadores incorporaron una nueva frase a dicho artículo, al indicar que los proyectos “permitidos” en esa zona están sujetos a un estudio de impacto ambiental. Critica, a los Jueces no les compete fungir como legisladores y añadir ideas o conceptos que no están dispuestos literalmente en el ordenamiento. De seguido trascribe el canon 10 del Código Civil. Agrega, el numeral 11 del Plan Regulador no establece, según el sentido propio de sus palabras, que solo los proyectos “permitidos” en la zona están sujetos a un estudio de impacto ambiental. Dice, esa adición no existente en la norma y creada por el Tribunal, tuvo como consecuencia que se acogiera la tesis de inderogabilidad singular planteada por la actora, lo que vulnera los principios de legalidad e interpretación normativa. Asevera, el párrafo final del mandato en cuestión habilita desarrollar cualquier proyecto en la zona, mientras cuente con el estudio de impacto ambiental.

IV. Señaló el Tribunal, conforme el artículo 13 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), la Administración tiene vedado derogar o desaplicar, para casos concretos, tanto las normas escritas como las no escritas, incluidas las disposiciones reglamentarias (principio de inderogabilidad de las normas). En el asunto de estudio, indicó, el canon 11 del Plan Regulador del cantón de la Unión -aplicable al subjúdice- consagra: "Zona de protección forestal: a) Propósitos. Esta zona es necesaria para retener el desarrollo urbano y continúan en ella el uso forestal. b) Usos permitidos: 1. Forestales (…). 2. Vivienda unifamiliar con características suburbanas, quedan excluidos en todo caso los conjuntos residenciales y las urbanizaciones de cualquier tipo. 3. Viveros 4. Zonas ecoturísticas c) Usos condicionales. No se permitirán usos condicionales. d) Requisitos. En la zona norte (Zurquí) y sur (Carpintera), se aplicarán los requisitos del artículo 5º del reglamento GAM. (…). Los proyectos en esta zona están sujetos a un estudio de impacto ambiental.” Argumentaron los Juzgadores, la norma transcrita es prístina en cuanto a los usos permitidos (forestales, vivienda unifamiliar, viveros y zonas ecoturísticas), aquellos no permitidos (usos condicionales), así como; que los proyectos -entiéndase los permitidos- están sujetos a un estudio de impacto ambiental. Agregaron, se hace expresa referencia a proyectos permitidos en esa zona, pues de estimarse lo contrario -como parece hacerlo la empresa accionada-, sea que cualquier proyecto mientras cuente con un estudio de impacto ambiental puede desarrollarse en la misma, se vaciaría de contenido la norma y se tornaría en absurda la lista de los usos permitidos y por supuesto la prohibición de usos condicionales. Estimaron, en tal supuesto -sea como parece entenderlo la sociedad codemandada-, hubiere bastado que el ordinal indicara que además de los usos permitidos, todo proyecto que cuente con estudio de impacto ambiental se encuentra permitido en esa zona. O bien, que el precepto dijera que además de los usos expresamente permitidos, se considerarían como tales -porque los condicionales se prohibieron de forma expresa- aquellos que fuera de esta lista taxativa, contaran con un estudio de impacto ambiental. Así las cosas, comentaron, se podría establecer la diferencia entre proyectos permitidos que no requerirían de estudio de impacto ambiental de los también permitidos por contar con estudio de impacto ambiental, lo que sería un despropósito regulatorio en materia de Planes Reguladores, porque finalmente no regularía nada respecto del uso de suelo (todo se podría hacer -entiéndase desarrollar-). Destacaron los Jueces:” (…) la propia Municipalidad accionada lo entiende como esta Cámara, en tanto al resolver la gestión de Certificado de Uso de Suelo, de forma clara y precisa el Arquitecto José Carlos Barrantes Cubillo, en su condición de Coordinador de Planificación Urbana de la entidad Municipal accionada, señaló -hecho probado No. 7- que: "SOLICITANTE: SERGIO RETANA MORA. PLANO DE CATASTRO: C-4022-69. ZONA: ZONA DE PROTECCIÓN FORESTAL. USO: CONSULTA. ACTIVIDAD: INFORMATIVO. Zona de Protección Forestal: Propósitos. Esta zona es necesaria para retener el desarrollo urbano y continúan en ella el uso forestal. 4. Usos permitidos: 1. Forestales. 5. (sic) Vivienda unifamiliar con características suburbanas, quedan excluidos en todo caso los conjuntos residenciales y las urbanizaciones de cualquier tipo. 6. (sic) Viveros. 4. (sic) Zonas ecoturísticas. Usos condicionales. No se permitirán usos condicionales. NOTA: TERRENO CON AFECTACIÓN POR RIESGO POTENCIAL DE SOCAVAMIENTO DE RÍO Y CON ANTECEDENTES DE DESLIZAMIENTOS IMPORTANTES (SOLICITAR CRITERIO A LA COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS). LA ZONA NO PERMITE ACTIVIDAD DE CANTERA, SEGÚN EL ARTÍCULO 11.b. DEL REGLAMENTO DEL PLAN REGULADOR VIGENTE DEL CANTÓN DE LA UNIÓN. UN USO DE SUELO NO ES NI OTORGA PERMISO O LICENCIA MUNICIPAL." El referido funcionario al resolver la citada gestión, no deja margen a duda alguna, externando un criterio experto claramente acorde con el contenido de la norma supra citada. (…) En este sentido cabe recordar, que el Plan Regulador "en razón de su contenido y de su eficacia u obligatoriedad general, debe estimarse que se trata de verdaderas normas jurídicas o leyes en sentido material, toda vez que reconoce derechos y establece obligaciones para los titulares y poseedores de los inmuebles ubicados en la circunscripción territorial del respectivo cantón"

V. Por su importancia se transcribe nuevamente el ordinal 11 del Reglamento de Zonificación del Cantón de la Unión (aplicable en la especie): “Artículo 11.- Zona de protección forestal: a) Propósitos. Esta zona es necesaria para retener el desarrollo urbano y continúan en ella el uso forestal. b) Usos permitidos: 1. Forestales. De acuerdo al artículo 48, capítulo I de la Ley Forestal y sus Modificaciones, se aplica para los efectos de este Plan lo siguiente: "Artículo 48.-Los terrenos forestales y bosques de propiedad privada incluidos en una reserva forestal o zona protectora, deberán utilizarse de acuerdo con el respectivo plan de manejo. Sus propietarios tendrán derecho a gozar de los beneficios e incentivos que fija la presente Ley. Asimismo, los dueños de estas tierras, deberán ajustarse a lo expuesto en los artículos 60 al 65 de la sección II, capítulo 1, del aprovechamiento del recurso forestal en terrenos de propiedad privada de la Ley Forestal. 2. Vivienda unifamiliar con características suburbanas, quedan excluidos en todo caso los conjuntos residenciales y las urbanizaciones de cualquier tipo. 3. Viveros 4. Zonas ecoturísticas c) Usos condicionales. No se permitirán usos condicionales. d) Requisitos. En la zona norte (Zurquí) y sur (Carpintera), se aplicarán los requisitos del artículo 5º del reglamento GAM. 1. Superficie mínima 10 Ha. en zona norte a partir de la Autopista Florencio del Castillo y 5 Ha. zona sur con la misma referencia. 2. Frente mínimo del lote 50 metros. 3. Retiros: Frontal 20 metros, Lateral 5 metros, Posterior 5 metros, 4. Cobertura máxima el 10% del lote. 5. Área máxima de piso 10% del área del lote. Los proyectos en esta zona están sujetos a un estudio de impacto ambiental.” La negrita es suplida. Contrario al criterio de la recurrente, la lectura integral de la norma trascrita no deja margen duda, en el sentido que la frase “Los proyectos en esta zona están sujetos a un estudio de impacto ambiental”, hace referencia a los proyectos permitidos en la zona de protección forestal, sea: forestal, vivienda unifamiliar con características suburbanas, viveros y zonas ecoturística. En esa dirección, el propio Reglamento de Zonificación de comentario (numeral 2.b) aclara que el uso permitido es: “(…) aquel uso urbano o rural de un lote o finca al cual tiene derecho el propietario a destinar, construyendo las instalaciones que sean necesarias, sin más restricciones que las aquí indicadas y previa tramitación de los permisos correspondientes. Los usos permitidos están consignados para cada zona.” El uso permitido es el destino o utilización que un terreno o edificio tenga autorizado, conforme al Plan Regulador de la localidad, sea aquellos expresamente permitidos por el Reglamento de Zonificación en las diferentes zonas de uso. Como bien indica la parte actora (al referirse al recurso de casación incoado por la sociedad co-accionada), el párrafo final del canon 11 del Reglamento de Zonificación del Cantón de la Unión no implica que cualquier proyecto se pueda realizar en la zona forestal de contar con un estudio de impacto ambiental. La norma establece los usos específicos que se permiten desarrollar e incluso, señala expresamente que no se permiten usos condicionales, lo que significa que no hay margen para autorizar proyectos fuera de los usos permitidos. El requisito del estudio de impacto ambiental solo aplica a los proyectos dentro de los usos permitidos, sin excepciones ni inclusión de otros tipos de proyectos. Al entenderlo de esa forma el Tribunal, la interpretación realizada deviene objetiva y conforme el cardinal 10 del Código Civil. Norma que establece: “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas.” Por los motivos expuestos, el reparo esgrimido deberá ser rechazado.

Recurso de la co-demandada Municipalidad del Cantón de La Unión

 

VI. Como primer agravio, aduce, indebida valoración probatoria y preterición probatoria. Dice, los Jueces no valoraron la prueba aportada por las partes co-demandadas y aquella admitida para mejor resolver, de ahí que, no tuvieron por acreditadas las pretensiones incoadas en el escrito de contestación de la demanda. Aduce, no se examinaron pruebas trascendentales, lo que condujo a declarar con lugar la acción. Afirma, la actora no aportó prueba científica o técnica para desacreditar el rigor técnico de la licencia comercial impugnada. Añade, contrario al criterio del Tribunal, la accionante tampoco demostró la violación al principio de legalidad, pues los oficios DGM-RNM-985-2015, DTS-004-14 y MLU-DJUR-023-2016 acreditan que la Administración cumplió con lo dispuesto en los preceptos 11 y 16 de la LGAP. Afirma, no existe la nulidad por la nulidad misma y en la especie, no se probó la existencia de perjuicio o indefensión. Apunta, en el oficio DGM-RNM-985-2015, el Registro Nacional Minero aclaró las dudas de la Auditoría Interna de la Municipalidad de la Unión, relacionadas al estudio de uso de suelo, en concreto; que para obtener una concesión de explotación minera no era necesaria la presentación del uso de suelo aprobado por el Gobierno Local, pues bastaba con un estudio de uso conforme de suelo por parte del INTA (presentado al proceso mediante oficio DST-004-14). Agrega, tampoco se conculcó el principio de legalidad, pues si bien se cuenta con la autorización para ejercer la actividad (oficio MLU-PAT-0127-2016 y licencia municipal comercial no. 04-17) esta no ha sido explotada, a falta de que se emita el permiso respectivo. Sostiene, el Tribunal al dictar sentencia se basó en apreciaciones subjetivas y meros juicios de valor, sin fundamento alguno. Además, critica, se obviaron los informes técnicos presentados por el Estado, en relación a la necesidad e importancia de los trabajos realizados por la sociedad Hacienda San Rafael, así como; del seguimiento realizado por el SINAC y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE). Enlista como pruebas no apreciadas ni valoradas por los Jueces las siguientes: 1) el oficio DGM-CRC1-078-2021 del 29 de Julio de 2021, suscrito por el señor Esteban Bonilla Elizondo en calidad de Geólogo y Coordinador Minero de la Región Central de la Dirección de Geología y Minas, el que demuestra las labores de explotación de la concesión, de los volúmenes de material extraído, cumpliendo a cabalidad con las pretensiones de la accionante; 2) la prueba para mejor resolver aportada, la que acredita el trabajo conjunto, organizado y apegado al principio de coordinación y colaboración realizado entre la CNE, la Dirección de Geología y Minas y el Comité Municipal de Emergencias de La Unión, para dar cumplimiento a las recomendaciones establecidas en los informes de 1994 y 2011 de la referida Comisión. Labores que superan tales recomendaciones, lo que satisface la pretensión b de la actora; 3) el oficio DGMRNM-508-2021 del 3 de agosto de 2021, emitido por el Registro Nacional Minero de la Dirección de Geología y Minas, el cual reporta que la concesión otorgada a la empresa Hacienda San Rafael se encuentra vigente y en proceso de explotación, así como; el área explotada y la cantidad de material que ha sido extraído, de ahí que, la pretensión a) de la accionante también está satisfecha y; 4) el informe técnico CNE-UIAR-INF-0595-2021, emitido por la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la CNE en fecha 2 de Junio de 2021, el que establece: “...1. Por parte de la CNE, se le recomienda al CME-La Unión y al ente municipal solicitarle al concesionario, que proceda con la implementación de acciones o medidas de mitigación en cuanto a sistemas de desagües para prevenir la escorrentía superficial, remoción del material que reduce la sección hidráulica y de mantener una estricta vigilancia, control y monitoreo del área de deslizamiento a partir de este periodo lluvioso más fuerte de junio 2021 a futuro de acuerdo a lo observado e indicado en las páginas de la 3 a la 5 inclusive.” Asevera, si tales probanzas se hubieran valorado conforme las reglas de la sana critica, la demanda se hubiera declarado sin lugar.

VII. Al confrontar el fallo impugnado y la censura planteada, estima esta Cámara que la misma es informal e inútil, en los términos que se dirán. En primer lugar, no detalla la recurrente cuales son -en concreto- las pruebas aportadas por la parte demandada y aquellas admitidas como prueba para mejor resolver que dejó de valorar el Tribunal. Tampoco se alude al contenido de esos elementos demostrativos, ni se explica de qué forma, de haber sido analizados por los Jueces, la demanda se hubiera declarada sin lugar. Continua la casacionista cuestionando que la accionante no aportó prueba alguna para desacreditar el rigor técnico de la licencia municipal otorgada. Sin embargo, a quien correspondía demostrar que dicho acto administrativo se encuentra ajustado a derecho era la Municipalidad de la Unión, lo que no hizo. Tómese en cuenta, los Juzgadores de instancia dispusieron la nulidad de la licencia comercial impugnada por quebranto al principio de inderogabilidad de las normas, toda vez que se otorgó en infracción del Reglamento de Zonificación del Cantón de La Unión (el que no permite dentro de la zona donde se ubica la propiedad de la sociedad co-accionada la actividad de cantera) y de la Ley de Planificación Urbana (al resultar incompatible con la zonificación y además; por carecer de certificado de uso de suelo municipal). Aspectos que no combate la recurrente en el agravio. Señala la casacionista que, contrario al criterio del Tribunal, los oficios DGM-RNM-985-2015, DTS-004-14 y MLU-DJUR-023-2016 descartan la violación del principio de legalidad. Afirmación que se formula sin ningún respaldo argumentativo. La recurrente se limita a apuntar que, conforme a tales documentos, no era necesario presentar el certificado de uso de suelo previo al otorgamiento de la licencia comercial impugnada, pues bastaba con el estudio de uso conforme emitido por el INTA. No obstante, deja de lado la casacionista que el argumento principal de los Jueces para disponer la nulidad de la referida licencia, se reitera, radica en el quebranto al principio de inderogabilidad singular de las normas, al concederse en contravención con el Reglamento de Zonificación del Cantón de La Unión y de la Ley de Planificación Urbana. Valga resaltar, si la sociedad Hacienda San Rafael ha explotado o no la actividad de cantera al día de hoy, es un dato intrascendente, pues no descarta la actuación ilegal de la Municipalidad co-accionada (en los términos expuestos). Por otra parte, tampoco explica o detalla la casacionista cuales apreciaciones subjetivas y juicios de valor emitieron los Juzgadores, por lo que el argumento resulta ayuno de respaldo fáctico, jurídico y probatorio. Critica la recurrente, que no se valoraron los informes técnicos que dan cuenta de los trabajos efectuados por la empresa Hacienda San Rafael y el seguimiento realizado por parte del SINAC y la CNE. Reproche que no combate el fallo impugnado, pues al margen de tales trabajos y seguimiento, estimaron los Jueces que la licencia impugnada se otorgó en contravención del Plan Regulador del Cantón de la Unión y de la Ley de Planificación Urbana, sin que se acreditara la existencia de un Decreto de Emergencia que autorizara su inaplicación. Aspectos -se reitera- no combatidos por la casacionista. No comprende este Órgano Decisor, porque no se explica en el cargo endilgado, en qué medida un oficio -DGM-CRC1-078-2021- relacionado a las presuntas labores de explotación de la concesión y a los volúmenes de material extraído, satisface las pretensiones de la Asociación actora (ni siquiera establece a cuales requerimientos se refiere); o bien, porque razón la prueba para mejor resolver aportada a los autos es reflejo del cumplimiento de la pretensión “b” (la que entiende esta Sala corresponde a la enumerada como 2) por la actora, en la que solicita la cancelación de las conductas impugnadas y de los actos conexos, por incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales indicados en la demanda, con la consecuente ejecución de la garantía ambiental); tampoco se detalla en qué medida no se valoró el informe técnico CNE-UIAR-INF-0595-2021 y de qué forma habría variado el fallo recurrido. Ante las deficiencias que presenta el reparo esgrimido, lo procedente es disponer su rechazo.

VIII. Como segundo cargo, invoca, hechos demostrados e indemostrados en contradicción con la prueba. Para el Tribunal, critica, el Gobierno Local irrespetó el canon 11.b de su Plan Regulador, al otorgar una patente comercial para la explotación de un tajo o cantera, en una zona que es exclusivamente de protección forestal, violentando así el principio de inderogabilidad singular de las normas. No obstante, opina, tal valoración resulta contraria al hecho tenido por probado no. 3). Sobre tal hecho, detalla, en la certificación SINAC-D-ACCVC-0610-2013 del 31 de julio de 2013, se indicó que el área del terreno propiedad de Quebrador San Rafael está fuera de cualquier área silvestre protegida, de ahí que no resulta aplicable la norma de comentario. Aduce, los Jueces basan sus consideraciones en la Constancia de Uso de Suelo Resolución Municipal de Ubicación SSPU-1110-15-8800701 del 13 de agosto de 2015, emitida por el señor José Carlos Barrantes Cubillo, en su condición de Coordinador de Planificación Urbana de la Municipalidad de La Unión, quien ubicó el terreno en zona forestal y denegó el otorgamiento del certificado de uso de suelo, constancia que estima nula, al no tomar en cuenta la certificación previa emitida por el SINAC (no. SINAC-D-ACCVC-0610-2013). De seguido trascribe los hechos tenidos por probados 8) y 9). Apunta, en el oficio DGM- RNM-985-2015 del 16 de noviembre de 2015 (hecho probado no. 9), la Jefatura del Registro Nacional Minero, en atención a una serie de consultas planteadas por la Auditora de la Municipalidad de La Unión (hecho probado 8), estableció que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 25 del Código de Minería y 24 del Reglamento no. 29300, para el caso de concesiones de explotación de cantera se debe contar con la aprobación de un estudio de uso conforme del suelo por parte del INTA; prueba aportada a los autos, la que acredita el cumplimiento del principio de legalidad y que no se violentó el Plan Regulador. Discrepa con el Tribunal en cuanto -este último-, considera absurdo y violatorio del numeral 25 de la Ley de Planificación Urbana, estimar que el uso de suelo municipal pueda ser sustituido con el criterio técnico del INTA (oficio no. DST-004-14, según el cual la concesión no causaba una pérdida a la productividad de los suelos del cantón de La Unión). Reitera, por oficio DGM- RNM-985-2015, el Registro Minero estableció que no se requería la presentación de uso de suelo aprobado por la Municipalidad, bastaba con contar con la aprobación del estudio de uso emitido por el INTA; criterio técnico no valorado en sentencia. Prosigue, para los Juzgadores se otorgó la patente municipal sin contar con el permiso de salud respectivo. No obstante, dice, consta en la prueba para mejor resolver aportada la copia del permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud, no. CSARS-CU-205-2019 del 29 de marzo de 2019, emitido por el área rectora de salud de Curridabat.

IX. Conforme se detalló en el Considerando IV del presente fallo, establecieron los Juzgadores de instancia que, la Administración tiene vedado derogar o desaplicar, para casos concretos, tanto las normas escritas como las no escritas, incluidas las disposiciones reglamentarias (principio de inderogabilidad de las normas). En el asunto particular, razonaron, el precepto 11 del Plan Regulador del cantón de la Unión es claro en cuanto a los usos permitidos (forestales, vivienda unifamiliar, viveros y zonas ecoturísticas), aquellos no permitidos (usos condicionales) y que, los proyectos permitidos están sujetos a un estudio de impacto ambiental. Consideró el Tribunal:” (…) la propia Municipalidad accionada lo entiende como esta Cámara, en tanto al resolver la gestión de Certificado de Uso de Suelo, de forma clara y precisa el Arquitecto José Carlos Barrantes Cubillo, en su condición de Coordinador de Planificación Urbana de la entidad Municipal accionada, señaló -hecho probado No. 7- que: "SOLICITANTE: SERGIO RETANA MORA. PLANO DE CATASTRO: C-4022-69. ZONA: ZONA DE PROTECCIÓN FORESTAL. USO: CONSULTA. ACTIVIDAD: INFORMATIVO. Zona de Protección Forestal: Propósitos. Esta zona es necesaria para retener el desarrollo urbano y continúan en ella el uso forestal. 4. Usos permitidos: 1. Forestales. 5. (sic) Vivienda unifamiliar con características suburbanas, quedan excluidos en todo caso los conjuntos residenciales y las urbanizaciones de cualquier tipo. 6. (sic) Viveros. 4. (sic) Zonas ecoturísticas. Usos condicionales. No se permitirán usos condicionales. NOTA: TERRENO CON AFECTACIÓN POR RIESGO POTENCIAL DE SOCAVAMIENTO DE RÍO Y CON ANTECEDENTES DE DESLIZAMIENTOS IMPORTANTES (SOLICITAR CRITERIO A LA COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS). LA ZONA NO PERMITE ACTIVIDAD DE CANTERA, SEGÚN EL ARTÍCULO 11.b. DEL REGLAMENTO DEL PLAN REGULADOR VIGENTE DEL CANTÓN DE LA UNIÓN. UN USO DE SUELO NO ES NI OTORGA PERMISO O LICENCIA MUNICIPAL." El referido funcionario al resolver la citada gestión, no deja margen a duda alguna, externando un criterio experto claramente acorde con el contenido de la norma supra citada (…). En este sentido cabe recordar, que el Plan Regulador "en razón de su contenido y de su eficacia u obligatoriedad general, debe estimarse que se trata de verdaderas normas jurídicas o leyes en sentido material, toda vez que reconoce derechos y establece obligaciones para los titulares y poseedores de los inmuebles ubicados en la circunscripción territorial del respectivo cantón" (Sala Constitucional 2006-13330 del 06 de setiembre de 2006) y en razón de ello, es que si bien es posible su inaplicación por razones de emergencia, tal circunstancia debe encontrarse amparada a la existencia formal de un Decreto de Emergencia. (…), lo que claramente no ocurrió en el caso que se analiza (…). Igualmente resulta de relevancia aclarar, que si bien la Municipalidad accionada hace expresa mención a un estudio de suelo aprobado por el INTA -Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria- no realiza a nivel argumentativo un desarrollo de las razones por las cuales considera que a través de un estudio avalado o aprobado por dicho órgano desconcentrado en grado máximo con personalidad jurídica instrumental y adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería, puede "actualizarse" el uso de suelo previsto en el Plan Regulador, desatendiendo lo que al efecto establece la Ley de Planificación Urbana. (…) Luego, como se ha dicho, la Municipalidad no argumentó absolutamente nada respecto a este tema, como para ahondar en el mismo, pues ni explicó por qué a su juicio es viable esta "vía indirecta de actualización" que utilizó en el caso bajo estudio. Lo que a no dudarlo resultaba de suma trascendencia, si se toma en consideración que el INTA, conforme al ordinal 2 de su Ley de creación, fue ideado con el objetivo de "contribuir al mejoramiento y la sostenibilidad del sector agropecuario, por medio de la generación, innovación, validación, investigación y difusión de tecnología, en beneficio de la sociedad costarricense." Autorizándosele a "vender servicios de investigación agropecuaria siempre y cuando no menoscabe la atención de las demandas de investigaciones de interés social." Y obligándosele a promover y desarrollar "investigaciones relacionadas con la producción agropecuaria orgánica..." facilitando "la transferencia de tecnología entre las personas productoras." Dicho de otra forma, no explica el ente municipal accionado, cómo -entiéndase al amparo de cuáles normas- un Instituto creado para el Sector Agropecuario, a través de un estudio realizado o aprobado por el mismo, puede sustituir, reemplazar, reformar o "actualizar" el uso suelo previsto en un Plan Regulador, sin acudir el Procedimiento contemplado en la citada Ley de Planificación Urbana (…). Llegado a este punto, cabe concluir, que lo actuado por el ente municipal accionado sobre la base de que lo hacía por la existencia de dictámenes, informes o recomendaciones vinculantes emitidos por la CNE, es absolutamente nulo por quebranto evidente y manifiesto del Principio de Inderogabilidad Singular de las Normas, no sólo respecto del ordinal 11.b) del Plan Regulador, sino además los ordinales 28 - que prohíbe "aprovechar o dedicar terrenos, edificios, estructuras, a cualquier uso que sea incompatible con la zonificación implantada"- y 29 -en cuanto establece que "sin el certificado de uso correspondiente, no se concederán patentes para establecimiento comerciales o industriales"; ambos de la Ley de Planificación Urbana.”

X. Los reclamos de la casacionista giran alrededor de tres disconformidades. Primero, critica, para el Tribunal se violentó el principio de inderogabilidad de las normas, con fundamentó en la constancia de uso de suelo no. SSPU-1110-15-8800701 del 13 de agosto de 2015 emitida por el Gobierno Local, en la que se indica que la propiedad de la Asociación co-accionada se encuentre dentro de zona de protección forestal, aun y cuando mediante certificación previa emitida por el SINAC -no. SINAC-D-ACCVC-0610-2013 del 31 de julio de 2013- se estableció que la propiedad esta fuera de cualquier área silvestre protegida. Valga resaltar, deviene inaudito que la casacionista pretenda desconocer la certificación por ella misma emitida, pues fue la propia Municipalidad de La Unión quien determinó que el inmueble perteneciente a la empresa Hacienda San Rafael se encuentre dentro de zona forestal, la que no permite desarrollar actividad de cantera. En todo caso, interesa aclarar, lo determinado por el SINAC en la certificación aludida fue: “(…) con base en la ubicación consignada en el plano catastrado número C-4022-1969, propiedad de QUEBRADOR SAN RAFAEL S.A. con Folio Real 3065878-000, que este describe un terreno que se ubica FUERA DE CUALQUIER ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA SEA CUAL SEA SU CATEGORÍA DE MANEJO ADMINISTRADA POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y MINAS."  Al tenor del precepto 3.a del Reglamento a la Ley de Biodiversidad, un área silvestre protegida es el: “Espacio geográfico definido, declarado oficialmente y designado con una categoría de manejo en virtud de su importancia natural, cultural y/o socioeconómica, para cumplir con determinados objetivos de conservación y de gestión”. Dentro de las categorías de áreas silvestre protegidas en Costa Rica se encuentran: a) reservas forestales, b) zonas protectoras, c) parques nacionales, d) reservas biológicas, e) refugios nacionales de vida silvestre, f) refugios nacionales de vida silvestre de propiedad estatal, g) refugios nacionales de vida silvestre de propiedad privada, h) refugios nacionales de vida silvestre de propiedad mixta, i) humedales, j) monumentos naturales, k) reservas marinas y, l) áreas marinas de manejo. En el caso concreto, el SINAC certificó que el área propiedad de Quebrador San Rafael no se encontraba en ninguno de esos espacios geográficos declarados oficialmente áreas silvestres protegidas. Ahora, establece el numeral 11 del Reglamento de Zonificación del Cantón de La unión (aplicable al sublite), que dentro de la “Zona de Protección Forestal” solo se permite los usos forestales, vivienda unifamiliar, viveros y zonas ecoturísticas. Véase, el Reglamento refiere a “zona de protección forestal” (sea, aquellas áreas que se establecen para conservar los bosques y el uso forestal. También ayudan a prevenir desastres naturales y a mantener los recursos naturales no refiere a ninguna de las categorías de áreas silvestres protegidas. Así las cosas, congruente con el Plan Regulador de la localidad, mediante constancia SSPU-1110-15-8800701, la Municipalidad de La Unión resolvió (al conocer la gestión de certificado de uso de suelo de la sociedad co-accionada): "SOLICITANTE: SERGIO RETANA MORA. PLANO DE CATASTRO: C-4022-69. ZONA: ZONA DE PROTECCIÓN FORESTAL. USO: CONSULTA. ACTIVIDAD: INFORMATIVO. Zona de Protección Forestal: Propósitos. Esta zona es necesaria para retener el desarrollo urbano y continúan en ella el uso forestal. 4. Usos permitidos: 1. Forestales. 5. (sic) Vivienda unifamiliar con características suburbanas, quedan excluidos en todo caso los conjuntos residenciales y las urbanizaciones de cualquier tipo. 6. (sic) Viveros. 4. (sic) Zonas ecoturísticas. Usos condicionales. No se permitirán usos condicionales. NOTA: TERRENO CON AFECTACIÓN POR RIESGO POTENCIAL DE SOCAVAMIENTO DE RÍO Y CON ANTECEDENTES DE DESLIZAMIENTOS IMPORTANTES (SOLICITAR CRITERIO A LA COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS). LA ZONA NO PERMITE ACTIVIDAD DE CANTERA, SEGÚN EL ARTÍCULO 11.b. DEL REGLAMENTO DEL PLAN REGULADOR VIGENTE DEL CANTÓN DE LA UNIÓN. UN USO DE SUELO NO ES NI OTORGA PERMISO O LICENCIA MUNICIPAL."  Contrario al criterio de la casacionista el Tribunal no resolvió en contradicción con ninguna prueba, tuvo como hecho probado 3) lo certificado por el SINAC y en el hecho probado 4) la constancia municipal trascrita, conforme a tales probanzas arribó a la conclusión que la licencia comercial impugnada devenía nula, pues a pesar de que la propiedad de la empresa co-demandada se encontraba fuera de cualquier categoría de área silvestre protegida, es lo cierto que se ubica dentro de zona de protección forestal (según el Plan Regulador del Cantón de La Unión), la que no permite la actividad de cantera. En el asunto de examen, la Municipalidad no podía otorgar licencia comercial de cantera, pues ello contravenía la zonificación, como bien determinaron los Jueces. Segundo, arguye, no resultaba necesaria la constancia de uso de suelo municipal, pues bastaba con la aprobación de un estudio de uso conforme del suelo por parte del INTA (así dispuesto por el Registro Nacional Minero en el oficio DGM-RNM-985-2015). Sin embargo, no comparte esta Sala el argumento esgrimido. En el oficio de comentario, el Registro Nacional Minero fue claro al establecer que, para la obtención de una concesión de explotación minera se deben cumplir los requisitos establecidos en distintas regulaciones, trámites, normas técnicas o legales vigentes en el país, entre ellos; presentar un estudio de uso conforme del suelo emitido por el INTA (así estipulado en el Código de Minería y su Reglamento). Ahora, situación distinta ocurre para obtener la licencia comercial de explotación de tajos y canteras, en el tanto la Ley de Planificación Urbana exige que la actividad a desarrollar en determinado terreno sea compatible con la zonificación implantada, para lo cual se debe contar con el certificado de uso de suelo aprobado por el Gobierno Local correspondiente (cánones 29 y 28). Por su parte, la licencia municipal es un acto administrativo de autorización, mediante  el cual el Gobierno Local habilita a un particular para la realizar una determinada actividad lucrativa. En el caso de las licencias para el ejercicio de actividades lucrativas dentro de las circunscripciones cantonales, su regulación se encuentra en el Código Municipal, y se constituyen como una habilitación que el ente municipal otorga a quienes pretendan realizar alguna actividad dentro de su jurisdicción. Normativamente, la licencia como autorización encuentra su sustento legal en el ordinal 79 del Código citado, el cual dispone: “Artículo 79. — Para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán contar con licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante el pago de un impuesto. Dicho impuesto se pagará durante todo el tiempo en que se haya ejercido la actividad lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la licencia, aunque la actividad no se haya realizado”. Tengase claro, la prueba que refiere la casacionista como no valorada se encuentra relacionada al otorgamiento de la concesión minera (la que no fue afectada por el Tribunal), pues el Código de Minería y su Reglamento exigen para su obtención contar con el estudio de uso conforme del suelo por parte del INTA. En conclusión, son dos actos distintos, como bien estimaron los Jueces. Para la obtención de la licencia comercial -al momento que fue gestionada- resultaba imprescindible el certificado de uso de suelo expedido por la Municipalidad, así establecido en la Ley de Planificación Urbana. Valga destacar, en la actualidad lo que deviene necesario es la conformidad de la actividad con el uso propuesto. Ahora, el estudio del INTA dictamina si los suelos perderán o no capacidad productiva desde el punto de vista agrícola; y efectivamente es un requisito para este tipo de proyectos, pero eso no significa que tal documento sea el certificado de uso de suelo municipal, como lo ha pretendido la Municipalidad de la Unión en este proceso, indicando que acá no aplica la regulación del artículo 28 de la Ley de Planificación Urbana, ni sus propias normas locales. En consecuencia, en torno al segundo aspecto alegado, tampoco existe contradicción con la prueba. Tercero, la casacionista refuta la supuesta inexistencia para el Tribunal del permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud. No obstante, tal argumento resulta inatinente para quebrar el fallo recurrido. En primer lugar; revisadas las consideraciones de los Jueces no encuentra este Órgano Colegiado mención alguna sobre el permiso de salud de comentario, menos aún que tal aspecto haya influido para declarar parcialmente con lugar la demanda. En segundo término, aún en el caso hipotético de acoger el reclamo, persistiría el vicio de nulidad evidenciado por el Tribunal, sea; el quebranto al principio de inderogabilidad singular de las normas (en los términos expuestos). Por las razones expuestas, el cargo formulado deberá ser desestimado.

XI. Como tercer reparo, esgrime, indebida aplicación normativa. Arguye la casacionista: “ Manifiestan los Señores Jueces de esta Cámara, que el 7 de Julio del 2015, mediante oficio DGM-CMRC 1-61-2015 se comprobó que se estaban realizando trabajos de acondicionamiento, conformación de terrazas, construcción de pilas de sedimentación, construcción de oficinas, previsión de una aguja, entre otras y que llama la atención como para junio del 2015 se constatan labores de estabilización de taludes, caminos terminados, oficinas y baños casi listos, si para el 13 de agosto del 2015 se emitió la Constancia de Uso de Suelo SPPU- 1110-15-8800701 y según los Jueces se debe de aplicar lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Construcciones. No obstante, considera esta Representación, que los Jueces incurren en la violación de RAZONABILIDAD JURÍDICA, por cuanto, hacen una confusión en la aplicación de las normas. Primero aducen que, en cuanto a la Constancia de Uso de Suelo, se aplica la Ley de Planificación Urbana, luego el Reglamento del Plan Regulador, y ahora indican que también dicha constancia está regulada por la Ley de Construcciones. Así las cosas, en este caso en particular, se está cuestionando la nulidad de los actos administrativos como lo son la Resolución Administrativa N°. MLU-PAT- 0127-2016 del 26 de enero del 2016 emitida por la Dirección de Administración Municipal y la Coordinación del Departamento de Patentes de la Administración Municipal accionada, mediante la cual se dispuso otorgar a la empresa Hacienda San Rafael HSR S.A la Licencia Municipal N°. 04-0717, NO UN PERMISO DE CONSTRUCCIÓN, SIENDO QUE, PARA LA ACTIVIDAD OBJETO DEL PRESENTE PROCESO JUDICIAL, LA NORMATIVA QUE RIGE ES EL CÓDIGO DE MINERÍA y el REGLAMENTO N°. 29300 y en el artículo 3 del Código de Minería establece la competencia de la Dirección de Minería Geología, Minas e Hidrocarburos, otorgar permisos exclusivos de exploración y concesiones de explotación, previo análisis y aprobación del estudio que haga el correspondiente organismo gubernamental de control sobre el impacto ambiental de tales actividades, razón por la cual, LOS JUECES DE ESTA CÁMARA HAN INCURRIDO DE FORMA EVIDENTE Y MANIFIESTA EN UNA APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA JURÍDICA.”

 XII. Para esta Sala el agravio esgrimido debe rechazarse por informal, al infringir el canon 139.3 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), norma que establece la obligación de indicar de manera clara y precisa los motivos del recurso, con la fundamentación fáctica y jurídica del caso. El cargo es confuso, sin un hilo conductor de lo reprochado al Tribunal. Constata esta Cámara, la sentencia impugnada no establece lo que arguye la recurrente. Los Juzgadores ni siquiera hace mención al oficio DGM-CMRC 1-61-2015, menos aún al precepto 18 de la Ley de Construcciones. Tómese en cuenta, respecto al “irrespeto del principio de legalidad por construcción de obras sin permisos” alegado por la parte actora, únicamente indicaron los Jueces: “(…) de existir obras realizadas sin permiso de constructivo expedido por el Gobierno Local, es ineludible (…) proceder en los términos previstos en la Ley de Construcciones -artículos 93 y siguientes-.” La casacionista no explica claramente, en el desarrollo de la tesis argumentativa, de que forma el Tribunal incurre en una indebida aplicación normativa, el impacto de dicho vicio en el elenco de hechos probados o indemostrados y, su efecto al momento de la subsunción del derecho sustantivo en el resultado o conclusión a la que arribaron los Juzgadores. Corolario, al no ajustarse a la técnica casacional, el reparo plateado deberá ser desestimado.

Recurso del Estado

 

XIII. Como único motivo, acusa, indebida aplicación del artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA). En términos generales, el casacionista se encuentra disconforme con la exoneración en costas dispuesta a favor de la actora. Alega, la demanda contra el Estado fue declarada sin lugar en todos sus extremos, por lo que la accionante resultó vencida frente a la representación estatal. Señala, para los Jueces la demandante tuvo motivo suficiente para litigar, dada la complejidad jurídica del asunto al abarcar cuestiones técnicas de otras disciplinas ajenas al derecho. Sin embargo, reprocha, esa situación resulta ser habitual en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que tal argumento no constituye un motivo válido para entender que la actora tuvo razones suficientes para traer al proceso al Estado. Por el contrario, apunta, la referida complejidad revela el esfuerzo y tiempo que tuvo que emplear la representación estatal en su defensa, labor letrada que amerita ser retribuida mediante la imposición de costas a la vencida. Resalta, no debe confundirse la complejidad con el desinterés de la parte en informarse y estudiar el caso, toda vez que la Asociación accionante no aportó prueba científica o técnica que desacreditara el rigor técnico de la concesión minera en disputa, en su lugar, se basó en apreciaciones subjetivas y meros juicios de valor. Aunado a lo anterior, afirma, exonerar en costas por “la maraña jurídica que creó la Municipalidad accionada” perjudica al Estado, sin tener ninguna responsabilidad a ese respecto, pues se tuvo por demostrado que sus actuaciones estuvieron apegadas al ordenamiento jurídico. Agrega, no es cierto que se deduzca “razonablemente” que el galimatías provocado por la corporación municipal generó una suerte de confusión en el planteamiento de la actora respecto a quien demandar, pues en su escrito de demanda separa con claridad los vicios de las conductas formales que le imputa a la Municipalidad codemandada, a la SETENA y a la Dirección de Geología y Minas, como así lo consignaron los Jueces al estructurar el análisis de cada uno de esos cuestionamientos en el considerando IV del fallo. En todo caso, estima injusto y desproporcionado que no se reconozcan costas a favor del Estado, por la conducta imputable a otra Administración.

XIV. Al analizar las excepciones planteadas por los co-demandados, argumentó el Tribunal: “Por último, respecto de la excepción de Falta de Derecho opuesta por el Órgano Procurador, en tanto el ordenamiento jurídico no ampara lo argumentado y pedido contra el mismo, lo procedente es acoger la misma, como en efecto se dispone.” Indicó, durante la tramitación de la viabilidad ambiental y de la concesión, no se aprecian acciones u omisiones capaces de invalidar lo actuado por la SETENA y por la Dirección de Geología y Minas. Ahora bien, respecto a las costas estimaron: “En cuanto al Estado, el mismo fue traído al Proceso por cuanto dos de sus dependencias fueron autoras algunas de las conductas impugnadas y la demanda en su contra ha sido declarada sin lugar, razón por la cual, lo procedente respecto del mismo, es resolver sin especial condenatoria en costas. Ahora bien, a pesar del sin lugar antes dicho, estima este Órgano Colegiado que la Asociación actora no debe correr con las costas a favor del Estado, pues claramente la misma tuvo motivo suficiente para litigar, en tanto no sólo la situación planteada involucra aspectos técnicos de otra ciencia distinta al Derecho -como la Geología-, sino que además, la propia perspectiva jurídica en este asunto resulta de alto grado de complejidad y ello, aunado a la maraña jurídica que creó la Municipalidad accionada para intentar "justificar" su ilegal accionar, razonablemente permitía proyectar a la Asociación actora, que todo podría estar viciado de nulidad, incluido obviamente lo relativo a la Viabilidad Ambiental y la Concesión. Así las cosas, se reitera que en criterio de esta Cámara, la Asociación actora tenía motivo suficiente para accionar contra el Estado y en razón de ello, pese al rechazo de su demanda contra dicho Ente Mayor, se estima que no ha lugar a la condenatoria en costas pedida por la Representación Estatal.” No comparte este Órgano Decisor lo resuelto, toda vez que no puede aducirse la existencia de ninguno de los supuestos que prevé el cardinal 193 del CPCA para exonerar en costas a la actora. La Asociación de Vecinos de la Urbanización Sierras de La Unión interpuso la demanda objeto de este proceso pretendiendo, en cuanto al Estado, que se declarara la nulidad de la viabilidad ambiental dada por la SETENA en resolución 2191-2013-SETENA, así como; la nulidad de la resolución R-083-2015-MINAE mediante la que se otorgó la concesión de explotación de materiales a la sociedad Hacienda San Rafael, pedimentos que fueron declarados improcedentes. En relación, estimaron los Jueces que las conductas impugnadas resultaban sustancialmente conformes con el ordenamiento jurídico (lo que no se desvirtuó en casación). Ante tal panorama, considera esta Sala, no le asiste a la accionante motivo suficiente para litigar y ha hecho mal el Tribunal en exonerarla en costas. Tal posición, deriva de la necesidad de reconocer a la parte victoriosa los gastos en que incurrió para ejercer la defensa de un derecho o interés que debió tutelar a causa de la perturbación provocada por la demanda, al defenderse de pretensiones desplegadas en su contra; costos que, de no haberse interpuesto el proceso, no habría afrontado. Interesa resaltar, el motivo suficiente para litigar no consiste en la simple convicción de la parte perdidosa sobre su buena fe, como mal parece entenderlo los Juzgadores, sino que requiere que el convencimiento se funde en datos objetivos del proceso, por ejemplo; pruebas que demuestren la disconformidad jurídica de la viabilidad ambiental y de la concesión otorgada. En la especie, los argumentos del Tribunal para no condenar a la actora en costas son insuficientes a efecto de fundamentar la exención peticionada. El caso concreto no involucra aspectos técnicos de otra ciencia, sino la aplicación de distintas ramas del derecho a los actos administrativos impugnados. Tampoco hay mayor complejidad jurídica o técnica en el asunto de estudio, cuando se tiene claro que el trámite y requisitos para el otorgamiento de una concesión de cantera, difieren de aquellos necesarios para la obtención de una licencia municipal de explotación. Aunado, a la improcedencia de achacarle responsabilidad alguna al Estado por el actuar del Gobierno Local. Es lo cierto, respecto al Estado, lo argumentado por la actora resultó insuficiente para disponer la nulidad de lo actuado por la SETENA y la Dirección de Geología y Minas. Así las cosas, el reparo formulado deberá ser acogido y lo procedente será condenar a la accionante al pago de las costas a favor del Estado.

Recurso de la Parte actora

 XV. Como primera censura, endilga, falta de aplicación del canon 18.8 del Reglamento General Sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental. Señala, contrario al criterio de los Jueces, previo al otorgamiento de la viabilidad ambiental la SETENA debió valorar el contexto de planificación de uso del suelo de que se disponga en el lugar, lo que pudo haber constatado al analizar la ubicación del proyecto y el Plan Regulador del cantón de La Unión, o bien; de haberle solicitado al interesado el uso de suelo emitido por el Gobierno Local. Arguye, de haber aplicado la SETENA el precepto de comentario, habría constatado que en el año 2013 no existía uso de suelo conforme por parte de la Municipalidad de la Unión, el que se emitió hasta el 2015. Documento que hace énfasis, en lo de interés, que en esa zona no se permite actividad de cantera, según mandato 11.b del Reglamento al Plan Regulador. Afirma, no era posible otorgar viabilidad ambiental a un proyecto que el Plan Regulador del cantón y su ubicación, no permiten esa actividad. Así las cosas, pide que se disponga la nulidad de la viabilidad ambiental dada por resolución 2191-2013-SETENA y de los actos conexos, por efecto domino requiere también la nulidad de la resolución que otorgó la concesión no. R-083-2015-MINAE y de los actos conexos.

 XVI. Razonaron los Jueces de instancia, el numeral 6 párrafo primero del Código de Minería establece que se: "declara de utilidad pública toda la actividad minera, tanto en los trabajos de exploración, como en los de explotación. Tendrán el mismo carácter la concentración, beneficio, transformación, transporte de sustancias minerales y los terrenos de propiedad particular o estatal necesarios para estos fines.", lo que evidencia que el Poder Ejecutivo no necesitaba justificar el interés público inherente en la concesión otorgada a la empresa codemandada a través de la resolución No. R-083-2015-MINAE. Señalaron, durante el trámite seguido para el otorgamiento de la concesión minera, consta en el expediente administrativo no. 2754, la publicación en La Gaceta del correspondiente edicto los días 6 y 10 de junio del 2014, en lo que se dio aviso del proyecto de concesión solicitado por la empresa co-demandada, sin que dentro de los 15 días hábiles siguientes a la última publicación se haya presentado objeción por parte de la Asociación actora o de cualquier otro interesado. Manifestaron: “(…) sobra decir, que el tema vinculado al Certificado del Uso de Suelo -que en este caso el Gobierno Local ilegalmente decidió no exigir-, es competencia exclusiva y excluyente de la Municipalidad de La Unión. Es decir, para efectos de la Viabilidad Ambiental y la Concesión de comentario, SETENA y la Dirección General de Geología y Minas, no se encontraban legalmente obligadas a exigir el Certificado de Uso de Suelo expedido por la Municipalidad accionada, pues ese y otros requisitos -como el Permiso Sanitario de Funcionamiento-, son necesarios para otro tipo de trámites como licencias comerciales, por ejemplo, no para la tramitación de la Viabilidad Ambiental y la Concesión. Lo antes señalado evidencia entre otras cosas, el carácter instrumental de la Viabilidad (Licencia) Ambiental otorgada mediante la citada resolución 2191-2013-SETENA, pues dicho acto no exime a su destinatario, de cumplir con el resto de permisos de las autoridades competentes que son exigidos por el Ordenamiento Jurídico para poder desarrollar la actividad de explotación de Cantera, en este caso (…).  De igual forma, en lo atinente a la Concesión otorgada mediante la resolución No. R-083-2015-MINAE, el ordinal 12 del Código de Minería establece el alcance limitado de dicho título habilitante, debiendo cumplir el concesionario con el resto de requisitos previstos en el Ordenamiento Jurídico para poder dar inicio a las labores de extracción. Esto último -alcance de la Concesión y la necesidad de contar con demás permisos, licencias y autorizaciones de otras Administraciones Públicas- se evidencia además de la contestación a las dudas que fueron planteadas ante el Registro Nacional Minero tanto por la Auditora Municipal como por la empresa accionada. (Hechos probados Nos. 8, 9 y 13). En consecuencia, durante la tramitación de la viabilidad ambiental y de la concesión, no aprecia esta Cámara que se hayan incurrido en acciones u omisiones capaces de invalidar los actuado por la SETENA y la Dirección de Geología y Minas.”  Aunado a lo anterior, valoraron los Jueces: “(…)  la SETENA, como la Dirección de Geología y Minas, al momento de analizar la gestión de la empresa codemandada, tomaron en cuenta la alta inestabilidad de la zona del proyecto y la situación de vulnerabilidad existente, con fundamento en las conclusiones arrojadas por el informe No. DPM-INF-0852-2011 de la CNE. Así fue como desde una perspectiva técnico-científica, tal y como lo afirma el Órgano Procurador, ambas Administraciones determinaron que la explotación de la Cantera, al tiempo que cumplía con los fines propios de este tipo de actividades, podía servir como una medida para mitigar el riesgo de represamiento del río Chiquito y contribuir a la estabilización del macizo de tierra.”

 XVII. Establece el canon 18.8 del Reglamento General Sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental: “Trámite técnico del expediente. El trámite técnico del expediente que debe llevar a cabo el departamento respectivo seguirá los siguientes pasos: (…) 8. Revisión de la categoría del espacio geográfico en que se localizará la actividad, obra o proyecto, respecto a su localización en un área ambientalmente frágil o no (Anexo Nº 3), y al contexto de planificación de uso del suelo de que se disponga.” Entiende esta Sala, al indicar la norma y la casacionista que la SETENA debió valorar el contexto de planificación de uso de suelo de que se disponga, hace referencia al plan regulador del cantón de La Unión. Sin embargo, al margen que dicha Secretaría hubiera consultado el documento previo al otorgamiento de la viabilidad ambiental, el resultado sería el mismo, pues el hecho de que el inmueble se ubique dentro de zona de protección forestal -como determina el Reglamento al Plan Regulador- no impedía que la SETENA otorgará la viabilidad ambiental, como pretende hacer creer la recurrente. Al consultar el expediente administrativo no. D1-1573-2011-SETENA aportado a los autos, se verifica que la SETENA cumplió con el requisito de revisar el espacio geográfico en que se localizaría el proyecto disponible a ese momento, previo al otorgamiento de la certificación ambiental. En esa dirección, anexado al expediente se encuentra el informe técnico DEA-2457-2013-SETENA del 20 de agosto de 2013 (folio 109), emitido por el Departamento de Evaluación Ambiental de la SETENA, el que se indica que la propiedad de la empresa Hacienda San Rafael no se encontraba dentro de ninguna de las categorías de áreas silvestres protegidas. Informe que resultó congruente con la certificación emitida por el SINAC, no. SINAC-D-ACCVC-0610-2013 del 31 de julio de 2013, la que determinó su exclusión de áreas silvestres protegidas (acto no impugnado en este proceso). Las actuaciones ulteriores de la SETENA fueron consistentes con la situación del terreno, así lo demuestra el acta de la inspección realizada el 23 de abril de 2013 por los señores Oscar Umaña Fernández, Sergio Retana Mora y Andrés Montero, en la que se consignó en relación con el tipo de cobertura vegetal existente: “Charral, algunos árboles dispersos”. También, se estableció que no había cuerpos de agua superficial, ni presencia de áreas protegidas, y como parte de las observaciones se anotó: “Es urgente hacer el movimiento de tierra por seguridad humana” (folio 74). Tengase claro, la labor de la SETENA es evaluar el impacto ambiental de los diferentes proyectos de desarrollo del país, otorgando o rechazando su viabilidad desde un análisis ambiental. En esa dirección, en el caso concreto, revisó el contexto de uso de suelo existente el sitio del proyecto, a partir de la certificación emitida por el SINAC, el informe técnico mencionado y la visita de campo realizada. Y es con fundamento en todo lo anterior y después de que el Departamento de Evaluación Ambiental de SETENA analizara la documentación presentada, el contenido del estudio y las medidas de mitigación indicadas en el Plan de Gestión Ambiental, que se emitió la resolución no. 2191-2013-SETENA del 29 de agosto de 2013 que otorga la viabilidad ambiental al proyecto de solicitud de concesión de cantera para la extracción de materiales. En consecuencia, lleva razón los Jueces al estimar conformes a derecho, los actos y actuaciones de la SETENA y de la Dirección de Geología y Minas, por lo que la censura deviene de rechazo.

 XVIII. Como segundo y tercer cargo, recrimina, violación del numeral 193 inciso b) del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA). Manifiesta, al resultar nula la viabilidad ambiental otorgada por la SETENA y por efecto dominó la concesión minera objeto del presente proceso (por los motivos invocados en el primer reparo alegado), lo procedente es condenar -también- al Estado al pago de las costas. Sostiene, la representación estatal defendió una tesis contraria al ordenamiento jurídico, de ahí que no tuvo motivo suficiente para litigar. Por otra parte, apunta, el Tribunal exoneró en costas a la sociedad co-demandada, pues estimó que no litigó de mala fe y que de los autos no se desprenden conductas procesales temerarias o una postura absurda en defensa de su esfera jurídica. Sin embargo, acota, en el fallo impugnado se indicó que la referida empresa realizó aseveraciones absurdas -al entender que cualquier proyecto puede desarrollarse en la zona, mientras cuenta con el estudio de impacto ambiental, aun cuando no se encuentre dentro de los usos permitidos-. Añade, conforme se tuvo por demostrado, desde el 13 de agosto de 2015 se emitió la constancia de uso de suelo SPPU-1110-15-8800701 a la empresa San Rafael respecto a la propiedad con plano catastrado C-4022-69, la que indica que no se permite en la zona la actividad de cantera. A pesar de lo anterior, asevera, la referida sociedad insistió ante otras instancias y ante la propia Municipalidad de La Unión para que se le otorgaran los permisos respectivos, lo que dio como resultado la licencia municipal no. 04-0717 para la actividad de “tajos”. Permisos declarados nulos en la sentencia recurrida. Expresa, dado que era evidente que en el sitio no se podía autorizar la actividad de cantera, tampoco se puede afirmar que la empresa tuvo motivo suficiente para litigar, al defender un acto administrativo absolutamente nulo.

 XIX. Sobre las costas determinó el Tribunal: “En lo que atañe a la sociedad demandada, la misma fue llamada al Proceso en tanto derivaba derechos e intereses de las conductas impugnadas y en ese tanto se vio obligada a litigar, sin que se aprecie que tal litigio haya sido de mala fe, pues de los autos no se desprenden conductas procesales temerarias o una postura absurda en defensa de su esfera jurídica. Y en ese tanto, respecto de la misma, el presente asunto se falla sin especial condenatoria en costas. En cuanto al Estado, el mismo fue traído al Proceso por cuanto dos de sus dependencias fueron autoras algunas de las conductas impugnadas y la demanda en su contra ha sido declarada sin lugar, razón por la cual, lo procedente respecto del mismo, es resolver sin especial condenatoria en costas. Ahora bien, a pesar del sin lugar antes dicho, estima este Órgano Colegiado que la Asociación actora no debe correr con las costas a favor del Estado, pues claramente la misma tuvo motivo suficiente para litigar, en tanto no sólo la situación planteada involucra aspectos técnicos de otra ciencia distinta al Derecho -como la Geología-, sino que además, la propia perspectiva jurídica en este asunto resulta de alto grado de complejidad y ello, aunado a la maraña jurídica que creó la Municipalidad accionada para intentar "justificar" su ilegal accionar, razonablemente permitía proyectar a la Asociación actora, que todo podría estar viciado de nulidad, incluido obviamente lo relativo a la Viabilidad Ambiental y la Concesión. Así las cosas, se reitera que en criterio de esta Cámara, la Asociación actora tenía motivo suficiente para accionar contra el Estado y en razón de ello, pese al rechazo de su demanda contra dicho Ente Mayor, se estima que no ha lugar a la condenatoria en costas pedida por la Representación Estatal.” Según se indicó en el Considerando XVII del presente fallo (al que se remite), respecto del Estado las actuaciones de la SETENA y de la Dirección de Geología y Minas devienen conforme a derecho, motivo por el cual, como se detalló en el Considerando XIV ibid, la accionante deberá ser condena en costas (lo que se establecerá en el dispositivo de esta sentencia), de ahí que lo pretendido resulta improcedente. Ahora bien, en torno a la sociedad Hacienda San Rafael no comparte este Órgano Colegiado la exoneración en costas. Los Juzgadores, al analizar el precepto 11 del Reglamento de Zonificación del Cantón de La Unión, fueron contestes en cuanto a la improcedencia de la postura de la empresa co-accionada, al estimar que cualquier proyecto en la zona de protección forestal es permitido mientras cuente con un estudio de impacto ambiental. Las argumentaciones irracionales de la empresa dentro del proceso, evidenciadas por el Tribunal, descartan la buena fe y la exoneración en costas. Además, como acertadamente apunta la recurrente, desde el 13 de agosto de 2015 la sociedad Hacienda San Rafael tuvo conocimiento que su propiedad se encontraba dentro de zona de protección forestal conforme el plan regulador de la localidad. Pese a lo anterior, continuaron con el trámite para obtener la licencia comercial para la actividad de cantera, posteriormente anulada. Así las cosas, procederá acoger la censura, únicamente, en torno a la exoneración en costas dispuesta a favor de la co-accionada Hacienda San Rafael, para en su lugar condenarla en ese extremo.

 XX. Como cuarto agravio, reclama, hechos demostrados e indemostrados en contradicción con la prueba constante en el proceso. Indica, el Tribunal tuvo por demostrado que, mediante informe no. DPM-INF-0852-2011, el geólogo Julio Madrigal Mora aludió a la necesidad de implementar un sistema de alerta temprana, el cual alertara a los vecinos de la parte baja del sector de Las Casuelas de un deslizamiento y sus posibles efectos (hecho probado no. 2 del fallo impugnado). No obstante, reprocha, estimaron los Jueces: "En cuanto al tema del monitoreo, siendo que los testigos-peritos de la CNE, reconocieron la existencia de un sistema de monitoreo que si bien es distinto al pretendido por quien acciona, ha dado resultados adecuados, no encuentra esta Cámara motivo técnico-científico para disponer su cambio u ordenar alguna otra medida adicional sobre tal tema.” Señala, durante la declaración rendida en la audiencia de juicio, el geólogo Madrigal Mora manifestó que, para el caso del deslizamiento en el sector de Las Casuelas, únicamente existe un chat de whatssap para alertas, integrado por personeros de la CNE y de la empresa Hacienda San Rafael. Además, señaló que desconocía si en dicho chat participaban vecinos de las comunidades de Sierras de La Unión u otras comunidades. Agrega, no consta en autos ningún documento que acredite la existencia de un sistema de alerta temprana como lo recomendó la CNE en el informe DPM-INF-0852-2011. Aspecto que no reconocen los Juzgadores al confundir los conceptos de alerta temprana y monitoreo de deslizamiento.

 XXI.  Como se detalló en el Considerando II del presente fallo, en lo de interés, la parte actora solicitó en sentencia: “(…) 4. De conformidad al artículo 42 incisos e), g) y j), del CPCA, y el 99 de la Ley Orgánica del Ambiente, respetuosamente solicito (…) se ordene a la Municipalidad de la Unión de Tres Ríos a establecer un sistema de monitoreo, en tiempo real utilizando cámaras y pluviómetros, control del movimiento del sector inestable en el sector de Las Casuelas (sic) utilizando (GPS); establecer sistemas de alerta con sirenas y medios electrónicos, (…).” En relación, consideró el Tribunal: “En cuanto al tema del monitoreo, siendo que los testigos-peritos de la CNE, reconocieron la existencia de un sistema de monitoreo que si bien es distinto al pretendido por quien acciona, ha dado resultados adecuados, no encuentra esta Cámara motivo técnico-científico para disponer su cambio u ordenar alguna otra medida adicional sobre tal tema.” Véase, la Asociación accionante requirió en sentencia el establecimiento de un sistema de monitoreo en el sector de las Casuelas, aunado a un sistema de alerta. Requerimientos rechazados por los Juzgadores, quienes estimaron que el sistema de monitoreo existente en la zona resultaba adecuado, sin que la actora haya aportado prueba técnica que respaldara la necesidad de su cambio o de adoptar una medida distinta. Deficiencia probatoria que no fue combatida en casación. Además, como bien indicó el Estado al contestar la demanda, la recurrente pretende que se adopten medidas a costa del erario público sin ningún tipo de prueba técnica en respaldo, pues busca que se ordene la implementación de un sistema de alerta temprana que se ajuste a sus preferencias; a pesar de que el geólogo Julio Madrigal Mora, funcionario de la CNE y quien suscribió el informe no. DPM-INF-0852-2011, al declarar en la audiencia de juicio señaló que se han seguido las recomendaciones que en su momento emitió la CNE en sus informes, y más concretamente, estimó que los sistemas de monitoreo que propone la Asociación actora son inidóneos –incluido el uso de sirenas que presentan distintas dificultades prácticas y por eso no se emplean– y están fuera del alcance de la Administración Pública. De hecho, el funcionario indicó que el monitoreo y la vigilancia en el campo forman parte de la alerta temprana, tal y como se venía haciendo al momento del dictado del fallo impugnado. Así las cosas, no comparte esta Sala la supuesta existencia de hechos demostrados en contradicción con la prueba, por lo que el cargo esgrimido deberá ser desestimado.

 XXII.  En mérito de lo expuesto, procederá acoger el recurso del Estado y parcialmente el de la parte actora. En consecuencia, se casará el fallo impugnado solo en cuanto resolvió sin condenatoria en costas respecto al Estado y a la empresa Hacienda San Rafael  H.R.S S.A. En su lugar, fallando por el fondo, se impondrá a la Asociación accionante el pago de las costas a favor del Estado. Además, se condenará a la sociedad Hacienda San Rafael al pago de las costas a favor de la Asociación Vecinos de la Urbanización Sierras de La Unión. En lo demás se mantiene incólume la resolución.

XXIII.- Voto salvado del magistrado Zamora Campos. Con mi consabido respeto hacia mis colegas integrantes de esta Cámara, me separo del voto en cuanto acoge el recurso formulado por la Procuraduría General de la República y condena en costas a la parte actora. Allende las razones esgrimidas por el Tribunal Contencioso Administrativo para desestimar la demanda interpuesta contra el Estado, en criterio del suscrito, la Asociación accionante demandó al primero en un interés difuso o supraindividual, a partir de hechos concretos que pudieron hacerle creer verosímilmente la relación con lo actuado por la Municipalidad de la Unión. Así, a manera de ejemplo, véase los hechos de la demanda, números 27 al 30 (imágenes 11 y 12 del expediente judicial completo en formato PDF), donde se alude expresamente a actuaciones municipales que se refieren a otras del Ministerio de Ambiente y Energía, Comisión Nacional de Emergencias, SETENA e Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología; hechos donde se reprocha concretamente la falta de cumplimiento en el requisito del uso de suelo para el otorgamiento de la licencia municipal a favor de la Sociedad codemandada. En ese sentido, los hechos 27 y 30 de la acción refieren expresamente: «27. El 19 de enero de 2016, el Director Jurídico de la Municipalidad de La Unión de Tres Ríos emitió el Oficio número MLU-DJUR-023-2016 que indicó: “Al tenor de lo expresado por el MSC. Julio Madrigal Mora, Geólogo de la CNE en su informe DPM-INF-0852-2011, con ocasión de la inspección técnica realizada en el sitio el 10 de junio del 2011 (…) Con vista. En-la (sic) normativa antes transcrita derivada de la ley 8488. Donde se establece que los informes técnicos de la CNE son de acatamiento obligatorio para las instituciones públicas y sobre todo para las Municipalidades, se desprende de la jurisprudencia citada por la Junta Directiva de la CNE, de la Sala Constitucional y de la Procuraduría General de la República que las autoridades municipales deben proceder a enfrentar el deslizamiento identificado en la margen derecha del río chiquito, en forma ineludible. Para estos efectos conviene aprovechar la concesión de explotación de cantera autorizada por el MINAE y la Dirección de Geología y Minas para que se brinde el adecuado manejo de taludes y limpieza del cauce del río chiquito. (…) Con base en lo anterior existe suficiente base normativa y legal para que el concesionario Hacienda San Rafael H.S.R S.A., pueda iniciar sus actividades de explotación pétrea, sin mayor cuestionamiento, amparado al Código de Minería así como a la Ley de Emergencias 8488…» (el texto no aparece así resaltado originalmente) y «30. En el citado Oficio MLU-DATSAC-0006-2016 el Director de Administración Tributaria emite la orden escrita: “Por lo anterior, siguiendo la instrucción de la Dirección Jurídica se le solicita proceda con el otorgamiento de la Licencia Municipal a Hacienda San Rafael H.S.R. Sociedad Anónima; toda vez que analizado el caso se determina que no requiere del uso de suelo de la municipalidad, por cuanto prevalece el criterio de la Comisión Nacional de Emergencias como órgano competente y de acatamiento obligatorio.” Así como las resoluciones dictadas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), SETENA y el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA). Todo de conformidad con el criterio de la Dirección Jurídica expuesta en el oficio precitado.» (el texto no aparece así resaltado originalmente). Al respecto, nótese que el referido oficio MLU-DJUR-023-2016 se tuvo por acreditado en el undécimo hecho probado de la sentencia. Es decir, con independencia del análisis pormenorizado realizado por el Tribunal, quien dispuso declarar sin lugar la demanda interpuesta contra el Estado, claramente la causa de pedir de la acción expresa una relación directa entre la justificación del actuar municipal y lo indicado por las instituciones antes resaltadas. Por ello, se comparte la fundamentación exoneratoria de las costas, expresada por el A Quo, en tanto consideró que, «… la propia perspectiva jurídica en este asunto resulta de alto grado de complejidad y ello, aunado a la maraña jurídica que creó la Municipalidad accionada para intentar "justificar" su ilegal accionar, razonablemente permitía proyectar a la Asociación actora, que todo podría estar viciado de nulidad, incluido obviamente lo relativo a la Viabilidad Ambiental y la Concesión. Así las cosas, se reitera que en criterio de esta Cámara, la Asociación actora tenía motivo suficiente para accionar contra el Estado y en razón de ello, pese al rechazo de su demanda contra dicho Ente Mayor, se estima que no ha lugar a la condenatoria en costas pedida por la Representación Estatal.». De tal manera, el suscrito considera que, si bien es cierto, el motivo bastante para litigar no puede agotarse en una mera opinión o simple convicción sobre la bondad del litigio, en la especie, la parte accionante contaba con información que, en el marco de la demanda, resultaba objetiva y suficiente para demandar al Estado y, si bien fue necesario el análisis integral del caso por parte del Tribunal para desestimar la acción contra aquél, ello no demerita la seriedad del planteamiento así deducido. Sumado a lo anterior, esa razón bastante de litigio se potencia con el carácter difuso con que ha actuado la Asociación demandante en un interés de tutela que trasciende su esfera personal y, en esa inteligencia, se dirige a la defensa de derechos colectivos. Como consecuencia, en voto de minoría declaro sin lugar el recurso de casación formulado por la representación estatal en este aspecto impugnado y, mantengo la exoneración a la demandante de los efectos económicos del proceso y de este recurso de casación.

POR TANTO

Por mayoría, se acoge el recurso del Estado y parcialmente el de la parte actora. En consecuencia, se casa el fallo impugnado solo en cuanto resolvió sin condenatoria en costas respecto al Estado y a la empresa Hacienda San Rafael  H.R.S S.A. En su lugar, fallando por el fondo, se impone a la Asociación de Vecinos de la Urbanización Sierras de La Unión el pago de las costas a favor del Estado. Además, se condena a la sociedad Hacienda San Rafael al pago de las costas a favor de la Asociación actora. En lo demás se mantiene incólume la resolución.Salva el voto el magistrado Zamora Campos.

 

 

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 




Rocío Rojas Morales

	

 

	

Jorge Leiva Poveda




Carlos Guillermo Zamora Campos

	

 

	

Ignacio Jose Monge Dobles

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 5GDF1H58IL061

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Clasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 08:38:50.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Text of the resolution**

Exp. 17-006505-1027-CA

Res. 001235-F-S1-2025

**FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours five minutes on the twenty-second of August, two thousand twenty-five.

Ordinary proceeding brought by the ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LA URBANIZACIÓN SIERRAS DE LA UNIÓN against the MUNICIPALIDAD DE LA UNION, the STATE, represented by attorney Alonso Ernesto Moya, and HACIENDA SAN RAFAEL H.R.S SOCIEDAD ANÓNIMA. Appearing as special judicial representatives for the plaintiff, Bernal Gamboa Mora; for the Local Government, Eida Barrantes Román; and for the co-defendant company, Luis Antonio Álvarez Chaves. All parties file cassation appeals against judgment no. 001-2022-IV of 10 hours 30 minutes on January 4, 2022, issued by the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal, Fourth Section, composed of judges Elías Baltodano Gómez, Judith Reyes Castillo, and Iván Salas Leitón.

Drafted by Judge Rojas Morales

**CONSIDERING**

**I.** In accordance with the facts the Tribunal deemed proven and the evidence on record, the following is established. The company Hacienda San Rafael H.S.R S.A. is the owner of the property in the Cartago district, Real Folio registration no. 65878-000, with cadastral map C-4022-1969. In the early eighties, on the right bank of the río Chiquito, precisely in the area corresponding to concession no. 2754 discussed below, a landslide occurred that dammed the river, triggering an avalanche that resulted in damage to infrastructure in the city of Tres Ríos and adjacent populations. On January 28, 2011, the company Hacienda San Rafael requested a temporary reservation for the quarry project before the National Mining Registry of the Directorate of Geology and Mines, and on the following May 11, it submitted the form for its approval to the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), which was assigned administrative file number D1-1573-2011-SETENA. By resolution no. 1152-2011-SETENA of May 25, 2011, the developer was asked to submit an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental, EIA). By report no. DPM-INF-0852-2011 of September 2011, Geologist Julio Eduardo Madrigal Mora of the Comisión Nacional de Emergencias (CNE) stated: "Undoubtedly, it is necessary to implement an Early Warning System involving the population of the lower part of the Río Chiquito micro-basin." By certification from the National System of Conservation Areas (SINAV), no. SINAC-D-ACCVC-0610-2013 of July 31, 2013, the following was indicated regarding matters of interest: "(…) it has been determined based on the location recorded on cadastral map number C-4022-1969, property of QUEBRADOR SAN RAFAEL S.A. with Real Folio 3065878-000, that this describes a piece of land located OUTSIDE ANY WILD PROTECTED AREA (Área Silvestre Protegida) WHATEVER ITS MANAGEMENT CATEGORY ADMINISTERED BY THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND MINES." By resolution no. 2191-2013-SETENA of 8 hours 15 minutes on August 29, 2013, SETENA ordered: "Project Description: It consists of developing the extraction of materials in a quarry; breccias and lavas will be extracted, which will be processed using a primary crusher (quebrador primario), secondary crusher, and classification by screens. Material fragmentation will require the use of explosives. It is intended to supply coarse and fine aggregates for the manufacture of hydraulic and asphalt cement concretes in the construction industry. The area requested under concession is 19 ha 9050 m² for a term of 15 years. Therefore, ENVIRONMENTAL VIABILITY (Licencia) is granted to the project, leaving the Environmental Management stage open and on the understanding of complying with the fundamental Environmental Commitment Clause, indicated in the Third Considering above." By official communication DST-004-14 of January 24, 2014, signed by engineer Renato Jiménez Zúñiga, Head of the Department of Technical Services of the Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria -INTA-, addressed to Mr. Sergio Retana Mora in his capacity as legal representative of the company Hacienda San Rafael, it was stated: "Regarding your request of last January 20, 2014, I am pleased to inform you that this Department has reviewed and approved the document called 'DETAILED STUDY OF SOILS AND LAND-USE CAPABILITY (ESTUDIO DETALLADO DE SUELOS Y CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS) OF THE PROPERTY BELONGING TO HACIENDA SAN RAFAEL HSR S.A.,' conducted by agricultural engineers ROY McDONALD BOURNE M., MSc., and JORGE ACÓN HO, authorized certifiers of land use conformity (No. 06 and No. 16 respectively) ... Therefore, and according to the scientific and technical scope of the soil science research conducted by engineers McDonald and Acón; and pursuant to the provisions of Article 66 of Law No. 7779, on Use, Management and Conservation of Soils... this body considers that if the Directorate of Geology and Mines of MINAE grants a concession for the extraction of aggregates for a quarry (tajo), for the section studied (8.43 ha), it will not cause a loss to the productivity of the soils of the canton of La Unión, by virtue of the fact that the land limitations reliably demonstrated in the research conducted do not allow for profitable and competitive agricultural production." By resolution R-0083-2015-MINAE of 9 hours 40 minutes on March 20, 2015, signed by the then President of the Republic, Mr. Luis Guillermo Solís Rivera, and the Acting Minister of Environment and Energy, Ms. Patricia Madrigal Cordero, it was ordered to grant a "Concession for the Extraction of Materials in a Quarry" for a term of 15 years in favor of Hacienda San Rafael H.S.R S.A. By means of a land use certificate (certificado de uso de suelo), municipal location resolution SSPU-1110-15-8800701 of August 13, 2015, architect José Carlos Barrantes Cubillo, in his capacity as Urban Planning Coordinator of the Municipality of La Unión, stated: "APPLICANT: SERGIO RETANA MORA. CADASTRAL MAP: C-4022-69. ZONE: FOREST PROTECTION ZONE (ZONA DE PROTECCIÓN FORESTAL). USE: CONSULTATION. ACTIVITY: INFORMATIONAL. Forest Protection Zone: Purposes. This zone is necessary to retain urban development, and forest use continues within it. 4. Permitted uses: 1. Forestry. 5. (sic) Single-family dwelling with suburban characteristics, residential complexes and urbanizations of any type are excluded in all cases. 6. (sic) Nurseries (Viveros). 4. (sic) Ecotourism zones. Conditional uses. No conditional uses will be permitted. NOTE: LAND AFFECTED BY POTENTIAL RIVER UNDERCUTTING RISK AND WITH A HISTORY OF SIGNIFICANT LANDSLIDES (REQUEST OPINION FROM THE NATIONAL EMERGENCY COMMISSION). THE ZONE DOES NOT PERMIT QUARRY ACTIVITY, ACCORDING TO ARTICLE 11.b. OF THE CURRENT REGULATORY PLAN REGULATIONS OF THE CANTON OF LA UNIÓN. A LAND USE DESIGNATION DOES NOT CONSTITUTE NOR GRANT A MUNICIPAL PERMIT OR LICENSE". By official communication MLU-AI-552-2015 of October 6, 2015, the Internal Auditor of the Municipality of La Unión posed a series of queries to the Head of the National Mining Registry related to the concession granted to the co-defendant company, with questions numbers 3, 4, and 5 being of interest to the matter under analysis, in which she expressly asked: "3. Is it true that under the concession issued by MINAE to the company Hacienda San Rafael H.S.R. Sociedad Anónima, licenses for excavation, earthworks (movimiento de tierra), construction of certain works, and terracing are included, even though the Construction Law in its articles 1, 55, and 74 states that for any type of construction work, it is necessary to have the municipal license for that purpose? 4. Within the requirements demanded by the Directorate of Geology and Mines of MINAE, through the Mining Code or other regulations, is the land use duly approved beforehand by the involved Municipality established as part of the requirements for obtaining a concession such as the one indicated here, as stated by the Urban Planning Law and the municipal powers to plan Urban Development? 5. Could the granting of a concession by MINAE be considered as implicitly empowering the concessionaire to be exempted from processing the construction and earthworks (movimiento de tierras) licenses established by urban regulations, as well as the land-use change (cambio de uso del suelo) established by a municipality's regulatory plan?" By official communication DGM-RNM-985-2015 of November 16, 2015, the Head of the National Mining Registry responded to the queries posed, stating regarding questions 3, 4, and 5, the following: "3. According to the provisions of Article 12 of the Mining Code, the exploitation concession is a limited real right, which arises from an administrative and sovereign act of the State, by virtue of which the latter, without losing ownership, authorizes natural or legal persons solely to carry out exploitation activities of the mineral deposits or bodies, under the conditions and requirements established by this law, its regulation, and other special laws. That is, the granting of the concession does not exempt the concessionaire from fully complying with all other regulations, procedures, technical or legal rules in force in the country and that must be fulfilled before other State institutions. Hence, the mining concession does not include any construction license or any other type." "4. Within the requirements that any interested party must meet to obtain an exploitation concession, according to the provisions of the Mining Code and its regulation, the presentation of a land use approval by the Municipality where the requested area is located is not required. However, as indicated in the second point of this official communication, in accordance with the provisions of Article 25 of the Mining Code and Article 24 of Regulation No. 29300, in the case of Quarry exploitation concessions, approval of a Land Use Conformity Study (Estudio de Uso Conforme del Suelo) by the corresponding department of the Ministry of Agriculture and Livestock, that is, the Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), is required." "5. Regarding this query, what was indicated in point 3 of this official communication is reiterated, to the effect that the granting of a concession does not exempt the concessionaire from fully complying with all other regulations, procedures, technical or legal rules in force in the country and that must be fulfilled before other State institutions." By written submission of November 16, 2015, in which the "Subject. Land-Use Change (Cambio de Uso de Suelo). License for Commercialization of Materials Extracted in Quarry. Río Chiquito Landslide" was recorded, Mr. Sergio Retana Mora, in his capacity as owner at that date of the property in the Cartago district, Real Folio registration 65878-000, cadastral map C-0004022-1969, petitioned the Municipal Council of La Unión for the following: "Based on the arguments of fact and law set forth, studies and technical evidence supporting them, and given the pressing and proven need to execute the described works, I REQUEST this Municipality to modify the LAND USE for the property I own so that the COMMERCIALIZATION OF MATERIAL EXTRACTED FROM THE QUARRY is AUTHORIZED, which will enable the financing of the stabilization of the Río Chiquito landslide. All subject to the parameters, obligations, commitments, and limitations established in Resolution R-0083-2015-MINAE, which is a Concession for the Extraction of Materials in a Quarry for a term of fifteen years." On November 18, 2015, the Municipality of La Unión prepared application no. 8803914, by which Hacienda San Rafael formally requested authorization to develop the commercial activity of quarrying. By official communication no. MLU-DJUR-023-2016 of January 19, 2016, the Legal Director of the Local Government, Mr. Rommel Calvo Padilla, referred to the land use issue regarding the aforementioned concession, stating - in matters of interest -: "(...) The determination of land use is framed within urban regulations, such that the permitted use is that determined by each municipality in its regulatory plan and its current zoning regulations, or failing that, based on the Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones (Regulation for the National Control of Subdivisions and Urbanizations), in case there is no regulatory plan (constitutional article 169; Law 4240, numerals 15, 16, subsection c); 21, 24, and Transitory II, opinion C-327-2001). It should be added that the Seismic Code has specific provisions on geological risk zones, which are mandatory for municipalities. Law No. 8488 and its Regulation must also be considered as a legal and technical framework for risk prevention, according to which the Comisión Nacional de Emergencias holds the highest authority to rule on situations of risk, emergency, and imminent danger, therefore it can and must establish the technical criteria to guide municipal decisions on risk areas within territorial planning processes that could generate limitations on private property (opinion C-308-2013). And, although as we said, regulatory plans are mandatory for citizens and the Administration, as they have a normative nature (C-100-1995, C-93-2007, OJ-11-1996, and OJ-42-2005), due to their hierarchy - a general administrative act (constitutional judgments 6653-2000 and 4252-2002; legal opinion OJ-011-1996) - they cannot violate higher-ranking norms such as the law or treaties, nor modify the intended purpose for public domain assets (OJ-42-2005). So, in the event of a potential legal dichotomy, public officials must apply the higher-ranking norm (Political Constitution, article 11; Law 6227, numerals 6 and 11). (...) In view of the regulations transcribed above derived from Law 8488, which establishes that the technical reports of the CNE are mandatory for public institutions, and above all for Municipalities, it follows from the jurisprudence cited by the Board of Directors of the CNE, by the Constitutional Chamber, and by the Attorney General's Office that the municipal authorities must proceed to address the landslide identified on the right bank of the río chiquito, unavoidably. For these purposes, it is convenient to take advantage of the quarry exploitation concession authorized by MINAE and the Directorate of Geology and Mines so that the adequate management of slopes and cleaning of the río chiquito channel is provided. For compliance with this conclusion, it should be remembered that the land use on the farm belonging to Hacienda San Rafael HSR. S.A., as the object of the material extraction concession, is based not only on the concession granted but also, as expressed by MSc. Róger Ovares, '... a mining concession with an adequate exploitation program can help mitigate the risks and impacts caused by a landslide...' Based on the foregoing, there is sufficient normative and legal basis for the concessionaire Hacienda San Rafael HSR S.A. to be able to start its stone exploitation activities, without further questioning, under the protection of the Mining Code, as well as the Emergency Law 8488. For these purposes, the concessionaire must manage the relevant steps before the Tax Directorate to obtain the corresponding commercial license." By administrative resolution no. MLU-PAT-0127-2016 of January 26, 2016, issued by the Directorate of Tax Administration and the Coordination of the Patents Department of the defendant Municipal Administration, it was ordered to grant the company Hacienda San Rafael municipal license no. 04-0717 for the activity of "QUARRIES (TAJOS)". On the following May 14, the Asociación de Vecinos de Sierras de la Unión filed a review appeal against the resolution that authorized license 04-0717, and subsequently filed an appeal before the Contentious-Administrative Tribunal. By official communication DGM-RNM-473-2016 of November 14, 2016, issued by the Head of the National Mining Registry in response to a query made by the company Hacienda San Rafael, it was stated: "The query refers specifically to the fact of whether, in order to exercise the right that the Executive Power granted to the concessionaire of mining file No. 2754, it is necessary to have the Sanitary Operating Permit, for the extraction of materials in a quarry. (...) The application of the general principle of the singular non-derogability of regulations (inderogabilidad singular de la norma); a general principle of constitutional rank, is applicable to the entire legal system, as a derivation and at the same time a condition of the Rule of Law in its entirety. (...) Thus, it is necessary to indicate that for the development of the extractive activity in a concession, it is required, among other things, for example, to have a commercial patent, if the activity is carried out with commercial interests; to develop the activity, it is necessary to have employees who perform different tasks, who must have the social guarantees established in the social security regime; likewise, the provisions of the Ministry of Health must be complied with, since within the national regulations there is Decree No. 34728-S, which is the 'GENERAL REGULATION FOR THE GRANTING OF OPERATING PERMITS OF THE MINISTRY OF HEALTH', in the category 'Risk Group A', it includes in the classification table of establishments and activities regulated by the Ministry of Health, according to the Environmental Health Risk, in category C: Exploitation of Mines and Quarries, in Division 14 Exploitation of Other Mines and Quarries, in group 141, numeral 1410 'EXTRACTION OF STONE, SAND, AND CLAY (QUARRIES)... Given the foregoing, it must be concluded that for the effective exercise of the concession right granted by the Executive Power, it is not only necessary to comply with the regulations established in the Mining Code and its Regulation, but that the norms of other special laws must also be observed, which cannot be singularly derogated in a particular case."

**II.** On July 4, 2017, the Asociación de Vecinos de la urbanización Sierras de La Unión sued the Municipalidad de la Unión, the State, and the company Hacienda San Rafael H.R.S. It requested in the judgment: "1. In accordance with article 42 subsections a) and b) of the CPCA, I respectfully request the declaration of non-conformity with the legal system of the following administrative conducts and all related acts or actions, as well as the annulment of all these acts: a. The License or Commercial Patent No. 04-717 and related acts. b. The Environmental Viability granted by resolution 2191-2013-SETENA, to the project called 'Stabilization of landslide with quarry extraction' in the name of the company Hacienda San Rafael H.S.R. S.A. and related acts. c. Resolution R-083-2015-MINAE where the president of the Republic Luis Guillermo Solís Rivera and the Minister of Environment and Energy Patricia Madrigal Cordero granted Hacienda San Rafael H.S.R. S.A. the concession for the exploitation of materials, and related acts. 2. In accordance with article 42 subsections c), d), and f) and 99 subsections c) and f) of the Organic Environmental Law, in the event that the nullity of the preceding conducts is not declared, I respectfully request that the cancellation of all those conducts and related acts be ordered, due to the breaches of the legal and contractual obligations indicated in this lawsuit, and that the execution of the environmental guarantee be ordered. 3. In accordance with article 42 subsection i) of the CPCA, I respectfully request that the Public Administration be ordered to refrain from adopting and executing any conduct with the intention of reviving this concession, without first having the respective technical studies. 4. In accordance with article 42 subsections e), g), and j), of the CPCA, and 99 of the Organic Environmental Law, I respectfully request that the defendants be ordered to demolish and/or eliminate the works executed, to repair the environmental damage caused, and to establish compensatory obligations for the damage caused. Likewise, I request that the Municipalidad de la Unión de Tres Ríos be ordered to establish a monitoring system, in real time using cameras and rain gauges, control of the movement of the unstable sector in the Las Cazuelas sector using (GPS); to establish alert systems with sirens and electronic means, to carry out channel cleaning, as well as a more detailed analysis process of the terrain movements and the different scenarios in the event of a major landslide, where vulnerability maps are established for possible landslides in this sector of Las Cazuelas. 5. In accordance with article 193 of the CPCA, I respectfully request that the defendants be ordered to pay the costs of this proceeding, as we have been forced to litigate in this matter to annul or cancel the contested acts. 6.

In accordance with article 42, subsections f) and g) of the CPCA, article 98 of the Environmental Organic Law (Ley Orgánica del Ambiente), article 199 et seq. of the LGAP, and article 67 et seq. of the Organic Law of the Comptroller General of the Republic (Ley Orgánica de la Contraloría General de la República), once this claim has been granted, we respectfully request that certified excerpts be sent to the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República), so that administrative investigations may be carried out to sanction and collect damages and losses from the officials responsible for the nullities or lapses declared in this claim. 7. In accordance with article 42, subsections f) and g) of the CPCA, if this claim is granted and the Court considers that some type of crime may have existed in the underlying facts and acts, I respectfully request that certified excerpts be sent to the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) for its proper investigation. SUBSIDIARY PRAYER. 1. In accordance with article 42, subsections c), g) and j), of the CPCA, and article 99 of the Environmental Organic Law, if it is not possible to annul or cancel the License or Commercial Patent No. 04-717 and related acts, the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) granted through resolution 2191-2013-SETENA and resolution R-083-2015-MINAE granting the concession, I respectfully request that prior to its execution, the necessary technical studies be carried out in accordance with the recommendation of the CNE, in order to guarantee that the land will not be further destabilized by the works carried out; likewise, I request that the Municipality of La Unión de Tres Ríos be ordered to establish a real-time monitoring system, using cameras and rain gauges, movement control of the unstable sector in the Las Casuelas (sic) sector using (GPS), establish alert systems with sirens and electronic means, clean the riverbed, in addition to carrying out a more detailed analysis process of the land movements and the different scenarios for a possible major landslide, establishing vulnerability maps for possible landslides in this sector of Las Cazuelas. 2. In accordance with article 193 of the CPCA, I respectfully request that the defendants be ordered to pay the costs of both parties in this proceeding, since my represented party has been forced to litigate in this matter, with the objective of (sic) annulling or canceling the acts challenged herein. 3. In accordance with article 42, subsections f) and g) of the CPCA, article 98 of the Environmental Organic Law, article 199 et seq. of the LGAP, and article 67 et seq. of the Organic Law of the Comptroller General of the Republic, upon granting this claim, I respectfully request that certified excerpts be sent to the Comptroller General of the Republic, so that administrative investigations may be carried out aimed at sanctioning and collecting damages and losses from the officials responsible for the nullities or lapses declared in this claim. 4. In accordance with article 42, subsections f) and g) of the CPCA, upon granting this claim, if the Court should consider that some type of crime could have existed arising from the facts and acts discussed herein, I respectfully request that certified excerpts be sent to the Public Prosecutor's Office for its proper investigation." The co-claimants answered negatively. In general, they raised the defenses of failure to exhaust administrative remedies (falta de agotamiento de la vía administrativa), improper joinder of claims (indebida acumulación de pretensiones), lis pendens (litispendencia), and lack of: current interest (interés actual), right (derecho), and active and passive standing (legitimación activa y pasiva). The Administrative and Civil Treasury Tribunal (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda), Fourth Section, composed of judges: Elías Baltodano Gómez, Judith Reyes Castillo, and Iván Salas Leitón, in judgment no. 001-2022-IV at 10:30 a.m. on January 4, 2022, ordered: "The evidence for better resolution (prueba para mejor resolver) provided by the State and the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias - CNE) is admitted. The defenses of Lack of Standing (Falta de Legitimación), both Active and Passive, as well as Lack of Current Interest (Falta de Interés Actual), are rejected. The claim filed by the Neighborhood Association of the Sierras de La Unión Urbanization (Asociación de Vecinos de la Urbanización Sierras de La Unión) against the Municipality of La Unión and Hacienda San Rafael HSR S.A. is partially granted, with it being understood as denied in what is not expressly granted: i) Administrative Resolution No. MLU-PAT-0127-2016 of January 26, 2016, issued by the Tax Administration Directorate (Dirección de Administración Tributaria) and the Coordination of the Patent Department (Coordinación del Departamento de Patentes) of the respondent Municipal Administration, by which it was ordered to grant the company Hacienda San Rafael HRS S.A. Municipal License No. 04-0717 for the activity of "TAJOS" (quarries) and all other acts related thereto – whether prior or subsequent, procedural or procedural with independent effect – is annulled. In this sense, for greater clarity, it must be indicated that the nullity herein decreed of the referred Commercial License extends to the official letters of the Legal Directorate MLU-DJUR-023-2016, dated January 19, 2016, and MLU-DJUR-480-2017 of June 5, 2017, both signed by Licentiate Rommel Calvo Padilla, as well as Resolution MLU-DAM-DJUR-292-2016 at 9:00 a.m. on May 26, 2016, issued by the Municipal Mayor's Office (Alcaldía Municipal), regarding which the Third Section of this Court rejected the Appeal (Recurso de Apelación) for considering it filed untimely. Furthermore, any decision adopted by the municipal entity or other Public Administration, under the protection of what was indicated by the aforementioned legal professional in the referred official letters, is likewise absolutely null. ii) The municipal entity shall take note of what is indicated in this Ruling with respect to how it must proceed in the event that works have been built without municipal permission. iii) The procedural and personal costs will be borne by the Municipality of La Unión, with the determination of their amount remaining for the Judgment Enforcement Phase (Etapa de Ejecución de Sentencia) at the request of the victorious Association. For as regards the co-defendant Hacienda San Rafael H.R.S. S.A., judgment is entered without special ruling on costs (sin especial condenatorio (sic) en costas). iv) Since this Panel considers that the nullity herein declared is evident and manifest – understood as gross –, it is ordered that this Judgment be communicated to both the Comptroller General of the Republic and the Deputy Prosecutor's Office for Probity, Transparency, and Anti-Corruption (Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción), leaving both the judicial file and the administrative files available to said authorities, so that within the scope of their powers, they may assess the opening of the investigations they deem pertinent, without it being necessary for them to communicate to this Panel what they finally decide. In the part of the claim directed against the State, the defense of Lack of Right (Falta de Derecho) is upheld, and consequently, the same is declared without merit in all its aspects, and for the reasons given regarding this, it is resolved without special ruling on costs." By resolution no. 001-2022 at 3:30 p.m. on February 1, 2022, the following was added to the operative part of the transcribed ruling: "(…) We proceed to add to the operative part of Judgment No. 001-2022-IV of ten-thirty a.m. on January fourth, two thousand twenty-two, issued by this Panel, so that henceforth the following is understood to be incorporated into the 'Therefore' (Por Tanto) thereof: \"v) The Municipality of La Unión is ordered to repair all environmental damage (daño ambiental) that may have been caused in the concession zone on the occasion of the construction works that may have been carried out without municipal permission. What is thus ordered shall be done on technical-scientific bases and taking into account the following: a) Regarding the elements of the environment damaged in a reversible manner, that is, those that allow their recovery, they must be fully restored to their natural state or situation prior to their intervention – understood as 'in natura' repair. b) In relation to the elements affected in an irreversible manner, payment of compensation for the 'collective or social moral damage' (daño moral colectivo o social) must proceed, to the extent that they can no longer be enjoyed by the community, which implies an impairment of a protectable general interest. The amount that may be firmly quantified must be deposited to the Single State Fund (Caja Única del Estado) in a client account created specifically for this purpose, whose holder will be the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía), which must allocate it to execute repair and restoration works, exclusively, in the impacted zone. All the foregoing must be determined in the Judgment Enforcement Phase at the request of the victorious Association.\"" Disagreeing, the plaintiff and all the co-respondents file cassation appeals (recursos de casación), which were admitted by this Chamber. It is worth clarifying that the appeals filed by the co-defendant parties will be heard first, since if they were to be successful, it would become unnecessary to refer to the allegations of the plaintiff.

Cassation Appeal of the Co-defendant Hacienda San Rafael H.R.S, S.A.

III. As its sole criticism, it asserts improper normative interpretation. It points out that the Court considers the violation of the principle of non-derogability of norms (principio de inderogabilidad) to be proven, given that the Municipality of La Unión failed to apply precept 11.b of the Regulation of its Regulatory Plan (Plan Regulador). However, it claims, the Judges incorporated a new phrase into said article, by indicating that the "permitted" projects in that zone are subject to an environmental impact assessment. It criticizes that the Judges are not competent to act as legislators and add ideas or concepts that are not literally provided for in the legal system. It then transcribes canon 10 of the Civil Code. It adds that numeral 11 of the Regulatory Plan does not establish, according to the proper meaning of its words, that only the "permitted" projects in the zone are subject to an environmental impact assessment. It says that this non-existent addition to the norm, created by the Court, had the consequence of upholding the thesis of singular non-derogability raised by the plaintiff, which violates the principles of legality and normative interpretation. It asserts that the final paragraph of the mandate in question enables any project to be developed in the zone, as long as it has the environmental impact assessment.

IV. The Court pointed out that, in accordance with article 13 of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública, LGAP), the Administration is prohibited from derogating or disapplying, for specific cases, both written and unwritten norms, including regulatory provisions (principle of non-derogability of norms). In the matter under study, it indicated that canon 11 of the Regulatory Plan of the canton of La Unión – applicable to the sub judice – enshrines: "Forest Protection Zone (Zona de protección forestal): a) Purposes. This zone is necessary to retain urban development and forest use continues in it. b) Permitted uses: 1. Forestry (…). 2. Single-family housing with suburban characteristics, residential complexes and urbanizations of any type are excluded in all cases. 3. Nurseries 4. Ecotourism zones c) Conditional uses. Conditional uses will not be permitted. d) Requirements. In the north zone (Zurquí) and south zone (Carpintera), the requirements of article 5 of the GAM regulation will be applied. (…). Projects in this zone are subject to an environmental impact assessment." The Judges argued that the transcribed norm is clear as to the permitted uses (forestry, single-family housing, nurseries, and ecotourism zones), those not permitted (conditional uses), as well as that projects – understood as the permitted ones – are subject to an environmental impact assessment. They added that express reference is made to permitted projects in that zone, since if the contrary were considered – as the respondent company seems to do –, that is, that any project, as long as it has an environmental impact assessment, can be developed therein, the norm would be emptied of content and the list of permitted uses and, of course, the prohibition of conditional uses would become absurd. They estimated in such a case – as the co-defendant company seems to understand it – that it would have sufficed if the ordinal indicated that, in addition to the permitted uses, any project with an environmental impact assessment is permitted in that zone. Or that the precept stated that, in addition to the expressly permitted uses, those outside this exhaustive list that had an environmental impact assessment would be considered as such – because conditional uses were expressly prohibited. Thus, they commented, the difference could be established between permitted projects that would not require an environmental impact assessment and those also permitted because they have an environmental impact assessment, which would be a regulatory nonsense in the matter of Regulatory Plans, because ultimately, it would not regulate anything regarding land use (everything could be done – understood as developed). The Judges highlighted: "(…) the respondent Municipality itself understands it as this Panel does, given that, when resolving the request for a Land Use Certificate (Certificado de Uso de Suelo), clearly and precisely, Architect José Carlos Barrantes Cubillo, in his capacity as Urban Planning Coordinator of the respondent Municipal entity, indicated – proven fact No. 7 – that: \"APPLICANT: SERGIO RETANA MORA. CADASTRE MAP: C-4022-69. ZONE: FOREST PROTECTION ZONE. USE: CONSULTATION. ACTIVITY: INFORMATIVE. Forest Protection Zone: Purposes. This zone is necessary to retain urban development and forest use continues in it. 4. Permitted uses: 1. Forestry. 5. (sic) Single-family housing with suburban characteristics, residential complexes and urbanizations of any type are excluded in all cases. 6. (sic) Nurseries. 4. (sic) Ecotourism zones. Conditional uses. Conditional uses will not be permitted. NOTE: LAND AFFECTED BY POTENTIAL RISK OF RIVER SCOURING AND WITH ANTECEDENTS OF SIGNIFICANT LANDSLIDES (REQUEST CRITERIA FROM THE NATIONAL EMERGENCY COMMISSION). THE ZONE DOES NOT PERMIT QUARRY ACTIVITY, ACCORDING TO ARTICLE 11.B. OF THE REGULATION OF THE CURRENT REGULATORY PLAN OF THE CANTON OF LA UNIÓN. A LAND USE DOES NOT CONSTITUTE NOR GRANT A MUNICIPAL PERMIT OR LICENSE.\" The aforementioned official, when resolving the cited request, leaves no room for doubt, expressing an expert opinion clearly in accordance with the content of the norm cited above. (…) In this sense, it should be remembered that the Regulatory Plan 'by reason of its content and its general effectiveness or obligatory nature, must be considered to constitute true juridical norms or laws in a material sense, since it recognizes rights and establishes obligations for the owners and possessors of the properties located in the territorial circumscription of the respective canton'"

V. Due to its importance, ordinal 11 of the Zoning Regulation of the Canton of La Unión (applicable in this case) is transcribed again: "Article 11.- Forest Protection Zone: a) Purposes. This zone is necessary to retain urban development and forest use continues in it. b) Permitted uses: 1. Forestry. In accordance with article 48, chapter I of the Forestry Law (Ley Forestal) and its Amendments, the following applies for the purposes of this Plan: \"Article 48.- Privately owned forest lands and forests included in a forest reserve or protected zone must be used in accordance with the respective management plan. Their owners shall have the right to enjoy the benefits and incentives established by this Law. Likewise, the owners of these lands must comply with the provisions of articles 60 to 65 of section II, chapter 1, on the use of the forest resource on privately owned lands of the Forestry Law. 2. Single-family housing with suburban characteristics, residential complexes and urbanizations of any type are excluded in all cases. 3. Nurseries 4. Ecotourism zones c) Conditional uses. Conditional uses will not be permitted. d) Requirements. In the north zone (Zurquí) and south zone (Carpintera), the requirements of article 5 of the GAM regulation will be applied. 1. Minimum area of 10 Ha. in the north zone from the Florencio del Castillo Motorway and 5 Ha. in the south zone with the same reference. 2. Minimum lot frontage of 50 meters. 3. Setbacks: Frontal 20 meters, Lateral 5 meters, Posterior 5 meters, 4. Maximum coverage 10% of the lot. 5. Maximum floor area 10% of the lot area. Projects in this zone are subject to an environmental impact assessment." The emphasis is supplied. Contrary to the appellant's view, the comprehensive reading of the transcribed norm leaves no room for doubt, in the sense that the phrase "Projects in this zone are subject to an environmental impact assessment" refers to the projects permitted in the forest protection zone, namely: forestry, single-family housing with suburban characteristics, nurseries, and ecotourism zones. In that line, the Zoning Regulation under comment itself (numeral 2.b) clarifies that a permitted use is: "(…) that urban or rural use of a lot or property which the owner has the right to allocate, building the necessary installations, without further restrictions than those indicated here and after processing the corresponding permits. The permitted uses are stated for each zone." The permitted use is the destination or utilization that a land or building is authorized to have, in accordance with the locality's Regulatory Plan, namely, those expressly permitted by the Zoning Regulation in the different use zones. As the plaintiff correctly indicates (when referring to the cassation appeal filed by the co-defendant company), the final paragraph of canon 11 of the Zoning Regulation of the Canton of La Unión does not imply that any project can be carried out in the forest zone if it has an environmental impact assessment. The norm establishes the specific uses that are permitted to be developed and even expressly states that conditional uses are not permitted, which means there is no margin to authorize projects outside the permitted uses. The requirement for an environmental impact assessment only applies to projects within the permitted uses, without exceptions or the inclusion of other types of projects. By understanding it this way, the interpretation made by the Court is objective and in accordance with cardinal 10 of the Civil Code. A norm that establishes: "Norms shall be interpreted according to the proper meaning of their words, in relation to the context, the historical and legislative background, and the social reality of the time in which they are to be applied, fundamentally attending to their spirit and purpose." For the stated reasons, the criticism raised must be rejected.

Cassation Appeal of the Co-defendant Municipality of the Canton of La Unión

VI. As a first grievance, it alleges improper evidentiary assessment and pretermission of evidence. It says the Judges did not assess the evidence provided by the co-defendant parties and that admitted for better resolution, hence they did not deem the claims filed in the statement of defense (contestación de la demanda) as proven. It argues that transcendental evidence was not examined, which led to the action being granted. It affirms that the plaintiff did not provide scientific or technical evidence to discredit the technical rigor of the contested commercial license. It adds that, contrary to the Court's criteria, the plaintiff also did not demonstrate the violation of the principle of legality, since official letters DGM-RNM-985-2015, DTS-004-14, and MLU-DJUR-023-2016 prove that the Administration complied with the provisions of precepts 11 and 16 of the LGAP. It affirms that nullity for the sake of nullity does not exist, and in this case, the existence of harm or lack of defense was not proven. It notes that in official letter DGM-RNM-985-2015, the National Mining Registry (Registro Nacional Minero) clarified the doubts of the Internal Audit Office of the Municipality of La Unión, related to the land use suitability study, specifically; that to obtain a mining exploitation concession, the presentation of the land use approved by the Local Government was not necessary, as a land use suitability study (estudio de uso conforme de suelo) by the INTA (presented to the proceeding via official letter DST-004-14) sufficed. It adds that the principle of legality was also not violated, since although there is authorization to exercise the activity (official letter MLU-PAT-0127-2016 and municipal commercial license no. 04-17), it has not been exploited, pending the issuance of the respective permit. It maintains that the Court, when issuing judgment, relied on subjective assessments and mere value judgments, without any foundation. Furthermore, it criticizes that the technical reports presented by the State were ignored, regarding the necessity and importance of the works carried out by the company Hacienda San Rafael, as well as the monitoring carried out by the SINAC and the National Emergency Commission (Comisión Nacional de Emergencias, CNE). It lists the following as evidence neither appreciated nor assessed by the Judges: 1) official letter DGM-CRC1-078-2021 of July 29, 2021, signed by Mr. Esteban Bonilla Elizondo in his capacity as Geologist and Mining Coordinator of the Central Region of the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas), which demonstrates the exploitation works of the concession, the volumes of material extracted, fully complying with the plaintiff's claims; 2) the evidence for better resolution provided, which proves the joint, organized work, adhering to the principle of coordination and collaboration, carried out between the CNE, the Directorate of Geology and Mines, and the Municipal Emergency Committee of La Unión, to comply with the recommendations established in the 1994 and 2011 reports of the said Commission. Works that exceed such recommendations, which satisfies claim b of the plaintiff; 3) official letter DGMRNM-508-2021 of August 3, 2021, issued by the National Mining Registry of the Directorate of Geology and Mines, which reports that the concession granted to the company Hacienda San Rafael is current and in the process of exploitation, as well as the exploited area and the quantity of material that has been extracted, hence, claim a) of the plaintiff is also satisfied; and 4) the technical report CNE-UIAR-INF-0595-2021, issued by the Risk Research and Analysis Unit of the CNE on June 2, 2021, which establishes: "...1. On behalf of the CNE, it is recommended to the CME-La Unión and the municipal entity to ask the concessionaire to proceed with the implementation of mitigation actions or measures regarding drainage systems to prevent surface runoff, removal of material that reduces the hydraulic section, and to maintain strict surveillance, control, and monitoring of the landslide area starting from this stronger rainy period of June 2021 onwards in accordance with what was observed and indicated on pages 3 to 5 inclusive." It asserts that if such evidence had been assessed according to the rules of sound criticism (sana crítica), the claim would have been declared without merit.

VII. Confronting the contested ruling and the criticism raised, this Panel considers that it is informal and useless, in the terms that will be stated. Firstly, the appellant does not detail which are – specifically – the evidence provided by the defendant party and those admitted as evidence for better resolution that the Court failed to assess. Nor does it allude to the content of those demonstrative elements, nor does it explain how, if they had been analyzed by the Judges, the claim would have been declared without merit. The cassation appellant continues by questioning that the plaintiff did not provide any evidence to discredit the technical rigor of the municipal license granted. However, it was the Municipality of La Unión who was responsible for demonstrating that said administrative act is in accordance with the law, which it did not do. It should be noted that the first-instance Judges ordered the nullity of the contested commercial license due to a breach of the principle of non-derogability of norms, since it was granted in violation of the Zoning Regulation of the Canton of La Unión (which does not permit quarry activity within the zone where the co-defendant company's property is located) and of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana) (by being incompatible with the zoning and, furthermore, by lacking a municipal land use certificate). These are aspects that the appellant does not challenge in the grievance. The cassation appellant points out that, contrary to the Court's criteria, official letters DGM-RNM-985-2015, DTS-004-14, and MLU-DJUR-023-2016 rule out the violation of the principle of legality. An affirmation made without any argumentative support. The appellant limits itself to noting that, according to such documents, it was not necessary to present the land use certificate prior to granting the contested commercial license, as the land use suitability study issued by the INTA sufficed. However, the cassation appellant overlooks that the main argument of the Judges for ordering the nullity of the said license, it bears repeating, lies in the breach of the principle of singular non-derogability of norms, by being granted in contravention of the Zoning Regulation of the Canton of La Unión and the Urban Planning Law. It is worth emphasizing that whether or not the company Hacienda San Rafael has exploited the quarry activity to date is an irrelevant fact, as it does not rule out the illegal action of the co-defendant Municipality (in the terms stated). On the other hand, the cassation appellant also fails to explain or detail which subjective assessments and value judgments the Judges issued, so the argument is devoid of factual, juridical, and evidentiary support. The appellant criticizes that the technical reports accounting for the works carried out by the company Hacienda San Rafael and the monitoring carried out by the SINAC and the CNE were not assessed. A reproach that does not challenge the contested ruling, since regardless of such works and monitoring, the Judges considered that the contested license was granted in contravention of the Regulatory Plan of the Canton of La Unión and the Urban Planning Law, without proving the existence of an Emergency Decree that authorized its non-application. These are aspects – it bears repeating – not challenged by the cassation appellant. This Deciding Body does not understand why the charge brought does not explain to what extent an official letter – DGM-CRC1-078-2021 – related to the alleged exploitation works of the concession and the volumes of material extracted, satisfies the claims of the plaintiff Association (it does not even state which requests it refers to); or, for what reason the evidence for better resolution provided to the case file reflects compliance with claim "b" (which this Chamber understands corresponds to the one numbered as 2) by the plaintiff, in which it requests the cancellation of the contested conducts and related acts, for non-compliance with the legal and contractual obligations indicated in the claim, with the consequent execution of the environmental guarantee); nor is it detailed to what extent the technical report CNE-UIAR-INF-0595-2021 was not assessed and how the appealed ruling would have varied. Given the deficiencies presented by the criticism raised, the appropriate course is to dismiss it.

VIII. As a second charge, it invokes proven and unproven facts in contradiction with the evidence. For the Court, it criticizes, the Local Government disrespected canon 11.b of its Regulatory Plan by granting a commercial patent for the exploitation of a quarry (tajo o cantera) in a zone that is exclusively for forest protection, thus violating the principle of singular non-derogability of norms. However, it opines, such an assessment is contrary to the fact held as proven no. 3). Regarding this fact, it details that in the certification SINAC-D-ACCVC-0610-2013 of July 31, 2013, it was indicated that the land area owned by Quebrador San Rafael is outside any protected wild area, hence the norm under comment is not applicable. It argues that the Judges base their considerations on the Land Use Certificate (Constancia de Uso de Suelo), Municipal Location Resolution SSPU-1110-15-8800701 of August 13, 2015, issued by Mr. José Carlos Barrantes Cubillo, in his capacity as Urban Planning Coordinator of the Municipality of La Unión, who located the land in a forest zone and denied the granting of the land use certificate, a certificate it considers null, for not taking into account the prior certification issued by the SINAC (no. SINAC-D-ACCVC-0610-2013). It then transcribes the facts held as proven 8) and 9). It notes that in official letter DGM-RNM-985-2015 of November 16, 2015 (proven fact no. 9), the Head of the National Mining Registry, in response to a series of queries raised by the Auditor of the Municipality of La Unión (proven fact 8), established that, in accordance with the provisions of articles 25 of the Mining Code (Código de Minería) and 24 of Regulation no. 29300, for quarry exploitation concessions, the approval of a land use suitability study by the INTA must be obtained; evidence provided to the case file, which proves compliance with the principle of legality and that the Regulatory Plan was not violated. It disagrees with the Court insofar as – the latter – considers it absurd and violative of numeral 25 of the Urban Planning Law to consider that the municipal land use can be substituted with the technical criteria of the INTA (official letter no. DST-004-14, according to which the concession did not cause a loss to the productivity of the soils of the canton of La Unión). It reiterates that through official letter DGM-RNM-985-2015, the Mining Registry established that the presentation of the land use approved by the Municipality was not required, and that it was sufficient to have the approval of the suitability study issued by the INTA; technical criteria not assessed in the judgment.

It continues, for the Judges the municipal license was granted without the respective health permit. However, it states, the evidence provided for a better resolution includes a copy of the sanitary operating permit from the Ministry of Health, no. CSARS-CU-205-2019 of March 29, 2019, issued by the governing health area of Curridabat.

IX. As detailed in Considering IV of this judgment, the Trial Judges established that the Administration is prohibited from repealing or disapplying, for specific cases, both written and unwritten rules, including regulatory provisions (principle of non-derogability of rules). In the particular matter, they reasoned, precept 11 of the Regulating Plan (Plan Regulador) of the canton of La Unión is clear regarding permitted uses (forestry, single-family housing, nurseries, and ecotourism zones), those not permitted (conditional uses), and that permitted projects are subject to an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental). The Court considered: “(…) the defendant Municipality itself understands it as this Chamber does, since when resolving the Land Use Certificate (Certificado de Uso de Suelo) request, clearly and precisely Architect José Carlos Barrantes Cubillo, in his capacity as Urban Planning Coordinator of the defendant Municipal entity, indicated -proven fact No. 7- that: \"APPLICANT: SERGIO RETANA MORA. CADASTRAL MAP: C-4022-69. ZONE: FOREST PROTECTION ZONE (ZONA DE PROTECCIÓN FORESTAL). USE: CONSULTATION. ACTIVITY: INFORMATIONAL. Forest Protection Zone: Purposes. This zone is necessary to retain urban development and forest use continues within it. 4. Permitted uses: 1. Forestry. 5. (sic) Single-family housing with suburban characteristics, excluding in all cases residential complexes and subdivisions (urbanizaciones) of any type. 6. (sic) Nurseries. 4. (sic) Ecotourism zones. Conditional uses. Conditional uses will not be permitted. NOTE: LAND AFFECTED BY POTENTIAL RISK OF RIVER UNDERCUTTING AND WITH A HISTORY OF SIGNIFICANT LANDSLIDES (REQUEST CRITERIA FROM THE COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS). THE ZONE DOES NOT PERMIT QUARRYING ACTIVITY, ACCORDING TO ARTICLE 11.b. OF THE CURRENT REGULATING PLAN REGULATIONS OF THE CANTON OF LA UNIÓN. A LAND USE DOES NOT CONSTITUTE NOR GRANT A MUNICIPAL PERMIT OR LICENSE.\" The aforementioned official, when resolving the cited request, leaves no room for doubt, expressing an expert opinion clearly consistent with the content of the supra-cited rule (…). In this sense, it should be remembered that the Regulating Plan \"by reason of its content and its general efficacy or obligatory nature, must be considered true legal norms or laws in a material sense, since it recognizes rights and establishes obligations for the titleholders and possessors of properties located in the territorial circumscription of the respective canton\" (Sala Constitucional 2006-13330 of September 06, 2006) and for this reason, although its disapplication for emergency reasons is possible, such circumstance must be supported by the formal existence of an Emergency Decree. (…), which clearly did not occur in the case under analysis (…). It is equally relevant to clarify that, although the defendant Municipality expressly mentions a soil study approved by INTA -Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria- it does not develop, at an argumentative level, the reasons why it considers that through a study endorsed or approved by said body, which is a highly decentralized body with instrumental legal personality attached to the Ministry of Agriculture and Livestock, the land use provided for in the Regulating Plan can be \"updated,\" disregarding what the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana) establishes for that purpose. (…) Then, as has been said, the Municipality argued absolutely nothing regarding this issue in order to delve into it, as it did not even explain why, in its opinion, this \"indirect update method\" used in the case under study is viable. Which was undoubtedly of utmost importance, if one takes into consideration that INTA, according to ordinance 2 of its Creation Law, was devised with the objective of \"contributing to the improvement and sustainability of the agricultural sector, through the generation, innovation, validation, research, and dissemination of technology, for the benefit of Costa Rican society.\" It is authorized to \"sell agricultural research services provided it does not impair attention to research demands of social interest.\" And it is obligated to promote and develop \"research related to organic agricultural production...\" facilitating \"the transfer of technology among producers.\" In other words, the defendant municipal entity does not explain how—understandably, under which rules—an Institute created for the Agricultural Sector, through a study conducted or approved by it, can substitute, replace, reform, or \"update\" the land use provided for in a Regulating Plan, without resorting to the Procedure contemplated in the cited Urban Planning Law (…). At this point, it must be concluded that what was done by the defendant municipal entity on the basis that it was acting due to the existence of binding opinions, reports, or recommendations issued by the CNE, is absolutely null and void due to evident and manifest breach of the Principle of Singular Non-Derogability of Norms, not only with respect to ordinance 11.b) of the Regulating Plan, but also ordinances 28 - which prohibits \"using or dedicating lands, buildings, structures, to any use that is incompatible with the implemented zoning\" - and 29 - in that it establishes that \"without the corresponding use certificate, licenses for commercial or industrial establishments will not be granted\"; both from the Urban Planning Law.”

X. The appellant's claims revolve around three disagreements. First, it criticizes that for the Court, the principle of non-derogability of rules was violated, based on the land use certificate no. SSPU-1110-15-8800701 of August 13, 2015 issued by the Local Government, which indicates that the property of the co-defendant Association is within a forest protection zone (zona de protección forestal), even though a prior certification issued by SINAC -no. SINAC-D-ACCVC-0610-2013 of July 31, 2013- established that the property is outside any protected wilderness area (área silvestre protegida). It is worth highlighting that it becomes unheard of for the appellant to attempt to disregard the certification it itself issued, for it was the Municipality of La Unión itself that determined that the property belonging to the company Hacienda San Rafael is within a forest zone, which does not permit quarrying activity. In any case, it is pertinent to clarify that what SINAC determined in the aforementioned certification was: “(…) based on the location recorded in cadastral map number C-4022-1969, property of QUEBRADOR SAN RAFAEL S.A. with Real Folio 3065878-000, that this describes a piece of land that is located OUTSIDE ANY PROTECTED WILDERNESS AREA WHATEVER ITS MANAGEMENT CATEGORY ADMINISTERED BY THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND MINES.\" According to precept 3.a of the Regulation to the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), a protected wilderness area is the: “Defined geographical space, officially declared and designated with a management category by virtue of its natural, cultural and/or socioeconomic importance, to fulfill specific conservation and management objectives.” Among the categories of protected wilderness areas in Costa Rica are: a) forest reserves, b) protective zones, c) national parks, d) biological reserves, e) national wildlife refuges, f) state-owned national wildlife refuges, g) privately-owned national wildlife refuges, h) mixed-ownership national wildlife refuges, i) wetlands, j) natural monuments, k) marine reserves, and l) marine management areas. In the specific case, SINAC certified that the area belonging to Quebrador San Rafael was not located in any of those geographical spaces officially declared as protected wilderness areas. Now, numeral 11 of the Zoning Regulations of the Canton of La Unión (applicable to the sub lite case) establishes that within the “Forest Protection Zone” only forestry uses, single-family housing, nurseries, and ecotourism zones are permitted. Observe, the Regulation refers to a “forest protection zone” (that is, those areas established to conserve forests and forest use. They also help prevent natural disasters and maintain natural resources), it does not refer to any of the categories of protected wilderness areas. Thus, consistent with the locality's Regulating Plan, through certificate SSPU-1110-15-8800701, the Municipality of La Unión resolved (upon hearing the co-defendant company's land use certificate request): \"APPLICANT: SERGIO RETANA MORA. CADASTRAL MAP: C-4022-69. ZONE: FOREST PROTECTION ZONE. USE: CONSULTATION. ACTIVITY: INFORMATIONAL. Forest Protection Zone: Purposes. This zone is necessary to retain urban development and forest use continues within it. 4. Permitted uses: 1. Forestry. 5. (sic) Single-family housing with suburban characteristics, excluding in all cases residential complexes and subdivisions of any type. 6. (sic) Nurseries. 4. (sic) Ecotourism zones. Conditional uses. Conditional uses will not be permitted. NOTE: LAND AFFECTED BY POTENTIAL RISK OF RIVER UNDERCUTTING AND WITH A HISTORY OF SIGNIFICANT LANDSLIDES (REQUEST CRITERIA FROM THE COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS). THE ZONE DOES NOT PERMIT QUARRYING ACTIVITY, ACCORDING TO ARTICLE 11.b. OF THE CURRENT REGULATING PLAN REGULATIONS OF THE CANTON OF LA UNIÓN. A LAND USE DOES NOT CONSTITUTE NOR GRANT A MUNICIPAL PERMIT OR LICENSE.\" Contrary to the appellant's opinion, the Court did not resolve in contradiction with any evidence; it had as proven fact 3) what was certified by SINAC and in proven fact 4) the transcribed municipal certificate, and based on such evidence, it concluded that the challenged commercial license had become null, because even though the property of the co-defendant company was outside any category of protected wilderness area, it is a fact that it is located within a forest protection zone (according to the Regulating Plan of the Canton of La Unión), which does not permit quarrying activity. In the matter under examination, the Municipality could not grant a commercial quarry license, as it contravened the zoning, as the Judges correctly determined. Second, it argues that the municipal land use certificate was not necessary, as the approval of a proper land use study (estudio de uso conforme del suelo) by INTA was sufficient (as ordered by the Registro Nacional Minero in official letter DGM-RNM-985-2015). However, this Chamber does not share the argument put forth. In the comment letter, the Registro Nacional Minero was clear in establishing that, to obtain a mining exploitation concession, the requirements established in different regulations, procedures, technical or legal standards in force in the country must be met, among them; presenting a proper land use study issued by INTA (as stipulated in the Mining Code (Código de Minería) and its Regulation). Now, a different situation occurs for obtaining the commercial license for the exploitation of pits and quarries, insofar as the Urban Planning Law requires that the activity to be developed on a certain piece of land be compatible with the implemented zoning, for which the land use certificate approved by the corresponding Local Government must be obtained (canons 29 and 28). For its part, the municipal license is an administrative act of authorization, through which the Local Government enables an individual to carry out a specific lucrative activity. In the case of licenses for the exercise of lucrative activities within cantonal circumscriptions, their regulation is found in the Municipal Code (Código Municipal), and they are constituted as an authorization that the municipal entity grants to those who intend to carry out some activity within its jurisdiction. Normatively, the license as authorization finds its legal support in ordinance 79 of the cited Code, which provides: “Article 79. — To carry out any lucrative activity, the interested parties must have the respective municipal license, which will be obtained through the payment of a tax. Said tax shall be paid during the entire time the lucrative activity has been carried out or for the time the license has been held, even if the activity has not been carried out.” Let it be clear that the evidence the appellant refers to as not assessed is related to the granting of the mining concession (which was not affected by the Court), since the Mining Code and its Regulation require, for its obtention, having the proper land use study from INTA. In conclusion, they are two distinct acts, as the Judges correctly considered. To obtain the commercial license—at the time it was processed—the land use certificate issued by the Municipality was essential, as established in the Urban Planning Law. It is worth noting that currently what has become necessary is the conformity of the activity with the proposed use. Now, the INTA study determines whether or not the soils will lose productive capacity from an agricultural point of view; and it is indeed a requirement for this type of project, but that does not mean that such a document is the municipal land use certificate, as the Municipality of La Unión has attempted to claim in this process, indicating that the regulation of Article 28 of the Urban Planning Law does not apply here, nor its own local rules. Consequently, regarding the second aspect alleged, there is also no contradiction with the evidence. Third, the appellant refutes the alleged non-existence, for the Court, of the sanitary operating permit from the Ministry of Health. However, such an argument is irrelevant for breaking the appealed judgment. In the first place; upon reviewing the considerations of the Judges, this Collegiate Body finds no mention whatsoever of the commented health permit, let alone that such an aspect influenced the decision to partially uphold the claim. Second, even in the hypothetical case of accepting the claim, the nullity defect evidenced by the Court would persist, that is; the breach of the principle of singular non-derogability of rules (in the terms set forth). For the reasons stated, the formulated charge must be dismissed.

XI. As a third objection, it argues an improper application of norms. The appellant argues: “The Judges of this Chamber state that on July 7, 2015, through official letter DGM-CMRC 1-61-2015, it was verified that conditioning works, terrace formation, construction of sedimentation ponds, construction of offices, provision of a needle, among others, were being carried out and that it is striking how, by June 2015, slope stabilization work, finished roads, offices and bathrooms almost ready were verified, if the Land Use Certificate SPPU- 1110-15-8800701 was issued on August 13, 2015, and according to the Judges, the provisions of Article 18 of the Construction Law (Ley de Construcciones) must be applied. However, this Representation considers that the Judges incur in a violation of LEGAL REASONABLENESS, as they confuse the application of the norms. First, they claim that, regarding the Land Use Certificate, the Urban Planning Law applies, then the Regulating Plan Regulation, and now they indicate that said certificate is also regulated by the Construction Law. Therefore, in this particular case, the nullity of administrative acts is being questioned, such as Administrative Resolution No. MLU-PAT- 0127-2016 of January 26, 2016 issued by the Municipal Administration Directorate and the Coordination of the Patent Department of the defendant Municipal Administration, through which it was ordered to grant the company Hacienda San Rafael HSR S.A Municipal License No. 04-0717, NOT A CONSTRUCTION PERMIT, SINCE, FOR THE ACTIVITY THAT IS THE OBJECT OF THIS JUDICIAL PROCEEDING, THE GOVERNING REGULATIONS ARE THE MINING CODE and REGULATION No. 29300, and Article 3 of the Mining Code establishes the competence of the Dirección de Minería Geología, Minas e Hidrocarburos, to grant exclusive exploration permits and exploitation concessions, prior analysis and approval of the study conducted by the corresponding governmental control body on the environmental impact of such activities, which is why, THE JUDGES OF THIS CHAMBER HAVE INCURRED, IN AN EVIDENT AND MANIFEST MANNER, IN AN IMPROPER APPLICATION OF THE LEGAL NORM.”

XII. For this Chamber, the alleged grievance must be rejected as informal, for infringing canon 139.3 of the Contencioso-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo, CPCA), a rule that establishes the obligation to clearly and precisely indicate the grounds for the appeal, with the factual and legal foundation of the case. The charge is confusing, without a common thread regarding what the Court is reproached for. This Chamber confirms that the appealed judgment does not establish what the appellant argues. The Judges do not even mention official letter DGM-CMRC 1-61-2015, let alone precept 18 of the Construction Law. It should be noted that regarding the “disrespect of the principle of legality due to the construction of works without permits” alleged by the plaintiff, the Judges only indicated: “(…) if there are works carried out without a construction permit issued by the Local Government, it is unavoidable (…) to proceed in the terms provided in the Construction Law -Articles 93 and following-.” The appellant does not clearly explain, in the development of the argumentative thesis, how the Court incurs in an improper application of norms, the impact of said defect on the list of proven or unproven facts, and its effect at the moment of subsuming substantive law into the result or conclusion reached by the Judges. Corollary, by not adjusting to cassation technique, the proposed objection must be dismissed.

Appeal of the State

XIII. As its sole ground, it accuses improper application of Article 193 of the Contencioso-Administrative Procedural Code (CPCA). In general terms, the appellant disagrees with the exoneration of costs ordered in favor of the plaintiff. It alleges that the claim against the State was declared without merit in all its aspects, so the plaintiff was defeated against the State representation. It points out that for the Judges, the plaintiff had sufficient reason to litigate, given the legal complexity of the matter as it encompasses technical issues from other disciplines foreign to law. However, it reproaches, that situation happens to be common in the contencioso-administrative jurisdiction, so such an argument does not constitute a valid reason to understand that the plaintiff had sufficient reasons to bring the State into the process. On the contrary, it points out, the referred complexity reveals the effort and time that the State representation had to use in its defense, legal work that deserves to be compensated through the imposition of costs on the defeated party. It highlights that complexity should not be confused with the party's lack of interest in informing itself and studying the case, since the plaintiff Association did not provide scientific or technical evidence that discredited the technical rigor of the disputed mining concession; instead, it relied on subjective appreciations and mere value judgments. Added to the above, it affirms, exonerating from costs due to “the legal tangle created by the defendant Municipality” harms the State, without it having any responsibility in that regard, since it was proven that its actions were compliant with the legal system. It adds that it is not true that it is \"reasonably\" deduced that the confusion caused by the municipal corporation generated a kind of confusion in the plaintiff's approach regarding whom to sue, since in its complaint it clearly separates the defects of the formal conducts imputed to the co-defendant Municipality, to SETENA, and to the Dirección de Geología y Minas, just as the Judges recorded when structuring the analysis of each of those questions in considering IV of the judgment. In any case, it considers it unjust and disproportionate that costs are not recognized in favor of the State, due to conduct attributable to another Administration.

XIV. When analyzing the exceptions raised by the co-defendants, the Court argued: “Finally, regarding the Lack of Right exception raised by the Procuraduría, insofar as the legal system does not support what is argued and requested against it, it is appropriate to uphold it, as is indeed ordered.” It indicated that during the processing of the environmental viability and the concession, no actions or omissions capable of invalidating what was done by SETENA and the Dirección de Geología y Minas are observed. Now, regarding costs, they considered: “As for the State, it was brought into the Process because two of its dependencies were the authors of some of the challenged conducts, and the claim against it has been declared without merit, for which reason, the appropriate course regarding it is to resolve without special condemnation in costs. Now, despite the aforementioned dismissal, this Collegiate Body considers that the plaintiff Association should not bear the costs in favor of the State, as it clearly had sufficient reason to litigate, insofar as not only does the situation presented involve technical aspects of a science other than Law—such as Geology—but also, that the very legal perspective in this matter is of a high degree of complexity and that, coupled with the legal tangle the defendant Municipality created to try to \"justify\" its illegal actions, reasonably allowed the plaintiff Association to project that everything could be vitiated by nullity, including obviously matters related to the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) and the Concession. Thus, it is reiterated that in this Chamber's opinion, the plaintiff Association had sufficient reason to sue the State and for that reason, despite the rejection of its claim against said Major Entity, it is considered that the condemnation in costs requested by the State Representation is not appropriate.” This Deciding Body does not share what was resolved, since the existence of any of the assumptions provided for in cardinal 193 of the CPCA to exonerate the plaintiff from costs cannot be invoked. The Asociación de Vecinos de la Urbanización Sierras de La Unión filed the claim that is the object of this process, seeking, regarding the State, that the nullity of the environmental viability granted by SETENA in resolution 2191-2013-SETENA be declared, as well as the nullity of resolution R-083-2015-MINAE through which the material exploitation concession was granted to the company Hacienda San Rafael, requests that were declared without merit. In relation to this, the Judges considered that the challenged conducts were substantially in accordance with the legal system (which was not disproven in cassation). Given this scenario, this Chamber considers that the plaintiff does not have sufficient reason to litigate and that the Court erred in exonerating it from costs. Such a position derives from the need to recognize the victorious party for the expenses incurred in exercising the defense of a right or interest that it had to protect due to the disturbance caused by the claim, by defending itself against pretensions deployed against it; costs that, had the process not been filed, it would not have faced. It is important to highlight that sufficient reason to litigate does not consist in the simple conviction of the losing party regarding its good faith, as the Judges seem to misunderstand, but rather requires that the conviction be based on objective data from the process, for example, evidence demonstrating the legal non-conformity of the environmental viability and the granted concession. In this case, the Court's arguments for not condemning the plaintiff to pay costs are insufficient to substantiate the requested exemption. The specific case does not involve technical aspects of another science, but the application of different branches of law to the challenged administrative acts. Nor is there greater legal or technical complexity in the matter under study, when it is clear that the procedure and requirements for granting a quarry concession differ from those necessary for obtaining a municipal exploitation license. In addition to the inappropriateness of attributing any responsibility to the State for the actions of the Local Government. It is a fact that, regarding the State, what was argued by the plaintiff was insufficient to order the nullity of the actions of SETENA and the Dirección de Geología y Minas. Thus, the formulated objection must be upheld and the appropriate course is to condemn the plaintiff to pay costs in favor of the State.

Appeal of the Plaintiff

XV. As a first censure, it attributes a lack of application of canon 18.8 of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General Sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental). It points out that, contrary to the Judges' opinion, prior to granting the environmental viability, SETENA should have assessed the land-use planning context available for the location, which it could have verified by analyzing the project's location and the Regulating Plan of the canton of La Unión, or else, by having requested the land use permit issued by the Local Government from the interested party. It argues that if SETENA had applied the commented precept, it would have verified that in 2013 there was no compliant land use from the Municipality of La Unión, which was not issued until 2015. A document that emphasizes, regarding the matter of interest, that in that zone quarrying activity is not permitted, according to mandate 11.b of the Regulation to the Regulating Plan. It affirms that it was not possible to grant environmental viability to a project that the canton's Regulating Plan and its location do not permit for that activity. Therefore, it requests that the nullity of the environmental viability granted by resolution 2191-2013-SETENA and the related acts be ordered; by domino effect, it also requires the nullity of the resolution granting concession No. R-083-2015-MINAE and the related acts.

XVI. The Trial Judges reasoned that numeral 6, first paragraph of the Mining Code establishes that: \"all mining activity is declared of public utility, both in exploration and exploitation works. Concentration, beneficiation, transformation, transport of mineral substances and lands of private or state property necessary for these purposes shall have the same character.\", which shows that the Executive Branch did not need to justify the inherent public interest in the concession granted to the co-defendant company through Resolution No. R-083-2015-MINAE. They pointed out that during the procedure followed for the granting of the mining concession, administrative file No. 2754 records the publication of the corresponding edict in La Gaceta on June 6 and 10, 2014, in which notice was given of the concession project requested by the co-defendant company, without any objection having been filed by the plaintiff Association or any other interested party within the 15 business days following the last publication. They stated: “(…) it goes without saying that the issue linked to the Land Use Certificate -which in this case the Local Government illegally decided not to require-, is the exclusive and excluding competence of the Municipality of La Unión. That is, for the purposes of the Environmental Viability and the Concession in question, SETENA and the Dirección General de Geología y Minas were not legally obligated to demand the Land Use Certificate issued by the defendant Municipality, since that and other requirements -such as the Sanitary Operating Permit-, are necessary for other types of procedures such as commercial licenses, for example, not for processing the Environmental Viability and the Concession. The foregoing demonstrates, among other things, the instrumental character of the Environmental (License) Viability granted through the cited resolution 2191-2013-SETENA, since said act does not exempt its recipient from complying with the rest of the permits from the competent authorities that are required by the Legal System to be able to develop the Quarry exploitation activity, in this case (…). Likewise, regarding the Concession granted through Resolution No. R-083-2015-MINAE, ordinance 12 of the Mining Code establishes the limited scope of said enabling title, the concessionaire having to comply with the rest of the requirements provided in the Legal System to be able to begin extraction work. This latter point -scope of the Concession and the need to have other permits, licenses, and authorizations from other Public Administrations- is also evident from the response to the doubts raised before the Registro Nacional Minero by both the Municipal Auditor and the defendant company. (Proven facts Nos. 8, 9 and 13).

Consequently, during the processing of the environmental viability and the concession, this Chamber does not find that any actions or omissions capable of invalidating the proceedings of SETENA and the Directorate of Geology and Mines were incurred.” In addition to the foregoing, the Judges assessed: “(…) SETENA, as well as the Directorate of Geology and Mines, when analyzing the management of the co-defendant company, took into account the high instability of the project area and the existing situation of vulnerability, based on the conclusions set forth in report No. DPM-INF-0852-2011 from the CNE. Thus, from a technical-scientific perspective, as stated by the Procuraduría, both Administrations determined that the exploitation of the Quarry, while fulfilling the purposes inherent to this type of activity, could serve as a measure to mitigate the risk of damming of the Chiquito River and contribute to the stabilization of the earth mass.”

XVII. Canon 18.8 of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures establishes: “Technical processing of the file. The technical processing of the file to be carried out by the respective department shall follow these steps: (…) 8. Review of the category of the geographical space in which the activity, work, or project is to be located, regarding its location in an environmentally fragile area or not (Anexo Nº 3), and the context of land-use planning (contexto de planificación de uso del suelo) available.” This Chamber understands, when the rule and the appellant indicate that SETENA should have assessed the context of land-use planning available, it refers to the regulatory plan (plan regulador) of the canton of La Unión. However, regardless of whether said Secretariat had consulted the document prior to granting environmental viability, the result would be the same, because the fact that the property is located within a forest protection zone (zona de protección forestal) —as determined by the Regulation to the Regulatory Plan— did not prevent SETENA from granting environmental viability, as the appellant seeks to suggest. Upon consulting the administrative file no. D1-1573-2011-SETENA provided to the record, it is verified that SETENA complied with the requirement to review the geographical space in which the project would be located available at that time, prior to granting the environmental certification. In this regard, annexed to the file is the technical report DEA-2457-2013-SETENA dated August 20, 2013 (folio 109), issued by the Environmental Assessment Department of SETENA, which indicates that the property of the company Hacienda San Rafael was not located within any of the categories of protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas). This report was consistent with the certification issued by SINAC, no. SINAC-D-ACCVC-0610-2013 dated July 31, 2013, which determined its exclusion from protected wilderness areas (an act not challenged in this process). The subsequent actions of SETENA were consistent with the situation of the land, as demonstrated by the minutes of the inspection conducted on April 23, 2013, by Messrs. Oscar Umaña Fernández, Sergio Retana Mora, and Andrés Montero, in which it was recorded regarding the type of existing vegetation cover: “Scrubland, some scattered trees.” It was also established that there were no surface water bodies, nor presence of protected areas, and as part of the observations it was noted: “It is urgent to carry out earthworks (movimiento de tierra) for human safety” (folio 74). It must be clear, SETENA's task is to evaluate the environmental impact of the country's different development projects, granting or denying their viability from an environmental analysis. In this direction, in the specific case, it reviewed the context of existing land use (uso de suelo) at the project site, based on the certification issued by SINAC, the aforementioned technical report, and the field visit conducted. And it is on the basis of all the foregoing and after the Environmental Assessment Department of SETENA analyzed the documentation submitted, the content of the study, and the mitigation measures indicated in the Environmental Management Plan, that resolution no. 2191-2013-SETENA dated August 29, 2013, was issued, granting environmental viability to the project for the request for a quarry concession for material extraction. Consequently, the Judges are correct in considering the acts and proceedings of SETENA and the Directorate of Geology and Mines to be in accordance with law, and therefore the objection must be rejected.

XVIII. As a second and third charge, it objects to a violation of numeral 193 subsection b) of the Contencioso Administrativo Procedure Code (CPCA). It argues that, since the environmental viability granted by SETENA is null and, by domino effect, the mining concession subject to this process (for the reasons invoked in the first objection raised), it is appropriate to also condemn the State to pay costs. It maintains that the State representation defended a thesis contrary to the legal system, hence it had no sufficient reason to litigate. On the other hand, it points out that the Court exempted the co-defendant company from costs, because it considered that it did not litigate in bad faith and that the record does not reveal reckless procedural conduct or an absurd stance in defense of its legal sphere. However, it notes that the challenged ruling stated that the referred company made absurd assertions —understanding that any project can be developed in the zone, as long as it has an environmental impact study (estudio de impacto ambiental), even when it is not among the permitted uses—. It adds that, as was proven, since August 13, 2015, the land use (uso de suelo) certificate SPPU-1110-15-8800701 was issued to the company San Rafael regarding the property with cadastral map C-4022-69, which indicates that quarry activity is not permitted in the zone. Despite the above, it asserts, the referred company insisted before other bodies and before the Municipality of La Unión itself to obtain the respective permits, which resulted in municipal license no. 04-0717 for the activity of “quarries (tajos).” Permits declared null in the appealed judgment. It expresses that, since it was evident that quarry activity could not be authorized on the site, it cannot be affirmed that the company had sufficient reason to litigate, by defending an absolutely null administrative act.

XIX. Regarding costs, the Court determined: “As for the defendant company, it was called to the Process insofar as it derived rights and interests from the challenged conduct and, to that extent, it was forced to litigate, without it being appreciated that such litigation was in bad faith, since the record does not reveal reckless procedural conduct or an absurd stance in defense of its legal sphere. And in that respect, regarding the same, this matter is decided without a special ruling on costs. As for the State, it was brought into the Process because two of its dependencies were the authors of some of the challenged conduct and the claim against it has been declared without merit, which is why, the appropriate course regarding the same is to resolve without a special ruling on costs. Now then, despite the aforementioned dismissal, this Collegiate Body considers that the plaintiff Association should not bear the costs in favor of the State, as it clearly had sufficient reason to litigate, given that not only does the situation raised involve technical aspects of another science distinct from Law —such as Geology—, but also, the legal perspective itself on this matter is of a high degree of complexity and this, coupled with the legal tangle created by the defendant Municipality to try to \"justify\" its illegal actions, reasonably allowed the plaintiff Association to project that everything could be vitiated by nullity, obviously including matters relating to Environmental Viability and the Concession. Thus, it is reiterated that in this Chamber's opinion, the plaintiff Association had sufficient reason to act against the State and, for that reason, despite the rejection of its claim against said Major Entity, it is deemed that the ruling for costs requested by the State Representation is not applicable.” As indicated in Considerando XVII of this judgment (to which reference is made), regarding the State, the actions of SETENA and the Directorate of Geology and Mines are in accordance with law, for which reason, as detailed in Considerando XIV ibid, the plaintiff must be condemned in costs (which will be established in the operative part of this judgment), hence what is sought is inadmissible. Now then, regarding the company Hacienda San Rafael, this Collegiate Body does not share the exemption from costs. The Judges, when analyzing precept 11 of the Zoning Regulation of the Canton of La Unión, were in agreement regarding the inadmissibility of the co-defendant company's stance, considering that any project in the forest protection zone is permitted as long as it has an environmental impact study. The irrational arguments of the company within the process, evidenced by the Court, rule out good faith and exemption from costs. Furthermore, as the appellant rightly points out, since August 13, 2015, the company Hacienda San Rafael knew that its property was located within a forest protection zone according to the locality's regulatory plan. Despite this, they continued with the process to obtain the commercial license for quarry activity, subsequently annulled. Thus, the objection will be upheld, only regarding the exemption from costs ordered in favor of the co-defendant Hacienda San Rafael, to instead condemn it on that point.

XX. As a fourth grievance, it claims proven and disproven facts in contradiction with the evidence in the process. It indicates that the Court found it proven that, through report No. DPM-INF-0852-2011, geologist Julio Madrigal Mora alluded to the need to implement an early warning system, which would alert the residents of the lower part of the Las Casuelas sector of a landslide and its possible effects (proven fact no. 2 of the challenged ruling). However, it reproaches that the Judges considered: “As for the issue of monitoring, given that the CNE expert-witnesses acknowledged the existence of a monitoring system that, although different from the one sought by the plaintiff, has yielded adequate results, this Chamber does not find a technical-scientific reason to order its change or order any other additional measure on this matter.” It points out that, during the testimony given at the trial hearing, geologist Madrigal Mora stated that, for the case of the landslide in the Las Casuelas sector, there is only a WhatsApp chat for alerts, composed of personnel from the CNE and the company Hacienda San Rafael. Furthermore, he indicated that he did not know if residents of the communities of Sierras de La Unión or other communities participated in said chat. It adds that there is no document in the record proving the existence of an early warning system as recommended by the CNE in report DPM-INF-0852-2011. An aspect that the Judges do not acknowledge, confusing the concepts of early warning (alerta temprana) and landslide monitoring.

XXI. As detailed in Considerando II of this judgment, with respect to what is of interest, the plaintiff requested in judgment: “(…) 4. In accordance with article 42 subsections e), g), and j) of the CPCA, and 99 of the Ley Orgánica del Ambiente, I respectfully request (…) that the Municipality of La Unión de Tres Ríos be ordered to establish a real-time monitoring system using cameras and rain gauges, movement control of the unstable sector in the Las Casuelas sector (sic) using (GPS); to establish alert systems with sirens and electronic means, (…).” In relation, the Court considered: “As for the issue of monitoring, given that the CNE expert-witnesses acknowledged the existence of a monitoring system that, although different from the one sought by the plaintiff, has yielded adequate results, this Chamber does not find a technical-scientific reason to order its change or order any other additional measure on this matter.” See, the plaintiff Association required in judgment the establishment of a monitoring system in the Las Casuelas sector, together with an alert system. Requirements rejected by the Judges, who considered that the existing monitoring system in the area was adequate, without the plaintiff having provided technical evidence to support the need for its change or for adopting a different measure. An evidentiary deficiency that was not contested in cassation. Moreover, as the State correctly indicated when answering the claim, the appellant seeks for measures to be adopted at the expense of public funds without any supporting technical evidence, as it seeks to order the implementation of an early warning system that suits its preferences; despite the fact that geologist Julio Madrigal Mora, an official of the CNE and who signed report no. DPM-INF-0852-2011, when testifying at the trial hearing, indicated that the recommendations that the CNE issued in its reports at the time have been followed, and more specifically, he considered that the monitoring systems proposed by the plaintiff Association are unsuitable —including the use of sirens, which present various practical difficulties and are therefore not used— and are beyond the scope of the Public Administration. In fact, the official indicated that field monitoring and surveillance are part of the early warning (alerta temprana), as was being done at the time the challenged ruling was rendered. Thus, this Chamber does not share the alleged existence of proven facts in contradiction with the evidence, and therefore the charge raised must be dismissed.

XXII. By virtue of the foregoing, it is appropriate to uphold the appeal of the State and partially that of the plaintiff. Consequently, the challenged judgment shall be overturned only insofar as it ruled without a ruling on costs regarding the State and the company Hacienda San Rafael H.R.S S.A. In its place, ruling on the merits, the plaintiff Association is ordered to pay costs in favor of the State. Furthermore, the company Hacienda San Rafael is condemned to pay costs in favor of the Asociación Vecinos de la Urbanización Sierras de La Unión. In all other respects, the resolution stands unaltered.

XXIII.- Dissenting vote of Magistrate Zamora Campos. With my well-known respect for my colleagues who are members of this Chamber, I separate from the vote insofar as it upholds the appeal filed by the Procuraduría General de la República and condemns the plaintiff in costs. Beyond the reasons put forth by the Contencioso Administrativo Court to dismiss the claim filed against the State, in the opinion of the undersigned, the plaintiff Association sued the former in a diffuse or supra-individual interest, based on concrete facts that could have made it plausibly believe there was a relationship with the actions of the Municipality of La Unión. Thus, by way of example, see the facts of the claim, numbers 27 through 30 (images 11 and 12 of the complete judicial file in PDF format), where express reference is made to municipal actions referring to others by the Ministerio de Ambiente y Energía, Comisión Nacional de Emergencias, SETENA, and Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología; facts where the lack of compliance with the land use (uso de suelo) requirement for granting the municipal license in favor of the co-defendant company is specifically reproached. In this sense, facts 27 and 30 of the action expressly state: «27. On January 19, 2016, the Legal Director of the Municipality of La Unión de Tres Ríos issued Official Letter number MLU-DJUR-023-2016 which indicated: “As expressed by MSC. Julio Madrigal Mora, CNE Geologist, in his report DPM-INF-0852-2011, on the occasion of the technical inspection conducted on site on June 10, 2011 (…) In view. In the (sic) regulations transcribed above derived from law 8488. Where it is established that the technical reports of the CNE are mandatory for public institutions and especially for Municipalities, it follows from the jurisprudence cited by the CNE Board of Directors, the Sala Constitucional, and the Procuraduría General de la República that municipal authorities must proceed to address the landslide identified on the right bank of the Chiquito River, in an unavoidable manner. For these purposes, it is convenient to take advantage of the quarry exploitation concession authorized by MINAE and the Directorate of Geology and Mines so that proper slope management and cleaning of the Chiquito river channel are provided. (…) Based on the foregoing, there is sufficient normative and legal basis for the concessionaire Hacienda San Rafael H.S.R S.A., to begin its stone exploitation activities, without further question, protected by the Código de Minería as well as the Ley de Emergencias 8488…” (the text does not originally appear highlighted in this manner) and «30. In the cited Official Letter MLU-DATSAC-0006-2016, the Director of Tax Administration issues the written order: “Therefore, following the instruction of the Legal Directorate, you are requested to proceed with the granting of the Municipal License to Hacienda San Rafael H.S.R. Sociedad Anónima; given that upon analyzing the case, it is determined that it does not require the municipality's land use (uso de suelo) permit, as the criteria of the Comisión Nacional de Emergencias as the competent body of mandatory compliance prevails.” As well as the resolutions issued by the Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), SETENA, and the Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA). All in accordance with the criteria of the Legal Directorate set forth in the aforementioned official letter.» (the text does not originally appear highlighted in this manner). In this regard, note that the referred official letter MLU-DJUR-023-2016 was accredited in the eleventh proven fact of the judgment. That is, regardless of the detailed analysis carried out by the Court, which decided to dismiss the claim filed against the State, clearly the cause of action of the claim expresses a direct relationship between the justification of the municipal action and what was indicated by the institutions highlighted above. Therefore, the exonerating reasoning on costs expressed by the Lower Court is shared, as it considered that, «… the legal perspective itself on this matter is of a high degree of complexity and this, coupled with the legal tangle created by the defendant Municipality to try to \"justify\" its illegal actions, reasonably allowed the plaintiff Association to project that everything could be vitiated by nullity, obviously including matters relating to Environmental Viability and the Concession. Thus, it is reiterated that, in this Chamber's opinion, the plaintiff Association had sufficient reason to act against the State and, for that reason, despite the rejection of its claim against said Major Entity, it is deemed that the ruling for costs requested by the State Representation is not applicable.» Thus, the undersigned considers that, although it is true that sufficient reason to litigate cannot be exhausted in a mere opinion or simple conviction about the goodness of the litigation, in this specific case, the plaintiff party had information that, within the context of the claim, was objective and sufficient to sue the State and, although a comprehensive analysis of the case by the Court was necessary to dismiss the action against it, this does not detract from the seriousness of the approach thus deduced. Added to the above, this sufficient reason to litigate is strengthened by the diffuse character with which the plaintiff Association has acted in an interest of protection that transcends its personal sphere and, in that understanding, is directed at the defense of collective rights. Consequently, in a minority vote, I declare the cassation appeal filed by the state representation on this challenged aspect without merit, and I maintain the exemption of the plaintiff from the economic effects of the process and of this cassation appeal.

THEREFORE

By majority, the appeal of the State is upheld, and that of the plaintiff is partially upheld. Consequently, the challenged judgment is overturned only insofar as it ruled without a ruling on costs regarding the State and the company Hacienda San Rafael H.R.S S.A. In its place, ruling on the merits, the Asociación de Vecinos de la Urbanización Sierras de La Unión is ordered to pay costs in favor of the State. Furthermore, the company Hacienda San Rafael is condemned to pay costs in favor of the plaintiff Association. In all other respects, the resolution stands unaltered. Magistrate Zamora Campos dissents.

 

 

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 




Rocío Rojas Morales

	

 

	

Jorge Leiva Poveda




Carlos Guillermo Zamora Campos

	

 

	

Ignacio Jose Monge Dobles

 

 

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