Res. 01435-2025 Sala Primera de la Corte — Inadmissibility of View Easement by Adverse Possession Against Legal ProhibitionsImprocedencia de servidumbre de vista por prescripción positiva contra prohibiciones legales

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Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 01435 - 2025

Fecha de la Resolución: 09 de Octubre del 2025 a las 09:39

Expediente: 16-000050-0181-CI

Redactado por: Iris Rocío Rojas Morales

Clase de asunto: ORDINARIO

Analizado por: SALA PRIMERA





Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Civil

Tema: Recurso de casación

Subtemas:

Vista o audiencia.

La audiencia oral no se encuentra prevista para ampliar el recurso, sino para que las cuestiones ya planteadas sean debatidas a viva voz, en concurrencia de las partes con el órgano decisor, siempre y cuando este lo estime pertinente para obtener mayor claridad, precisión o una mejor comprensión de los asuntos cuyas características particulares lo ameriten, como aquellos que revisten una complejidad especial, lo que no ocurre en la especie, o cuando se realiza excepcionalmente algún señalamiento probatorio. Los argumentos y conclusiones de las partes disconformes con respecto a los yerros reclamados cuentan con claridad suficiente como para ser atendidos y resueltos, sin que se aprecie la necesidad de una audiencia oral para una mejor comprensión. Así, como el numeral 69.7.2 del Código Procesal Civil dispone que el señalamiento para audiencia oral es procedente siempre y cuando el órgano casacional lo estime pertinente, se rechaza la solicitud planteada (voto 1435-F-2025).

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Citas de Legislación y Doctrina
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Civil

Tema: Recurso de casación

Subtemas:

Casación útil.

Sin un argumento claro que ataque que la servidumbre de vista no puede constituirse por posesión, sobre prohibiciones expresas, es imposible concluir que exista un adecuado combate al fallo impugnado sobre la servidumbre denegada. Por otro lado, el Tribunal concluyó que la accionada cumplió con las disposiciones municipales y la normativa legal en materia de apertura de ventanas. Empero, al no ser controvertido dicho razonamiento, a nada conduce introducir unas declaraciones, ya que no logran quebrar el fallo, aún si se introdujeran hipotéticamente (voto 1435-F-2025).

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Civil

Tema: Servidumbre

Subtemas:

Servidumbre de vista.

Imposibilidad de constituir servidumbres de vista y ventilación por prescripción positiva frente a prohibiciones expresas y de orden público (ordinales 292, 383 y 407 Código Civil, 45 y 50 Constitución Política). Ver resoluciones 275-2000, 507-2004 y 251-2006 de la Sala Primera. Análisis normativo sobre la apertura de ventanas hacia el predio vecino (ordinales 406 y 407 Código Civil, IV.20 y VI.3.8.3 Reglamento de Construcción) (voto 1435-F-2025).

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Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Civil

Tema: Propiedad

Subtemas:

Límites a la propiedad.

La propiedad privada sobre inmuebles está sujeta a ciertas cargas u obligaciones que la ley impone a favor de los predios vecinos por motivos de utilidad pública (cardinales 45 y 50 Constitución Política, 292 y 383 Código Civil). No cabe la constitución de servidumbres que infrinjan estas disposiciones. Ver resoluciones 507-2004 y 1309-2013 de la Sala Primera (voto 1435-F-2025).

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Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Civil

Tema: Recurso de casación

Subtemas:

Costas.

Se declara sin lugar el recurso, con sus costas a cargo de quienes lo interpusieron (mandato 73.1 Código Procesal Civil) (voto 1435-F-2025).

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Texto de la resolución

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Exp. 16-000050-0181-CI

Res. 001435-F-S1-2025

 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y nueve minutos del nueve de octubre de dos mil veinticinco .

En proceso ordinario interpuesto por MAGDA MONTERO BARQUERO y LUIS ÁNGEL QUESADA CÉSPEDES contra KARLA PAOLA SOLANO JIMÉNEZ, en el cual, el apoderado de las partes accionantes presentó recurso de casación en contra de la sentencia número 383-2021 de las 8 horas del 1 de junio de 2021, del Tribunal Primero Colegiado Primera Instancia Civil del Primer Circuito Judicial de San José, integrado por las personas juzgadoras Jackeline Brenes Segura, Angélica Delgado Madrigal e Ian Alberto Berrocal Azofeifa. Intervienen, las personas profesionales en derecho, Heiner Alberto Lemaitre Zamora y Alwin Mendoza Oviedo; el primero en calidad de apoderado especial judicial de la parte actora y el segundo en su condición de abogado director de la parte demandada.

CONSIDERANDO

Redacta la magistrada Rojas Morales

 I. El presente asunto se origina a partir de la controversia surgida por la construcción de una tapia divisoria en julio de 2015, realizada por Karla Paola Solano Jiménez, propietaria de la finca matrícula número 1-580962. Los accionantes Magda Montero Barquero y Luis Ángel Quesada Céspedes alegan que dicha tapia invadió un metro con ochenta y nueve centímetros de la finca número 1-588778, de la cual poseen los derechos 003 y 004. Además, sostienen que el muro obstruyó su “derecho de vista hacia el infinito”, derecho que disfrutaban desde la adquisición de su propiedad y que era visible desde una de sus ventanas. Afirman que existía una servidumbre de luz, aireación, ventilación y vista, que habría sido vulnerada y que fue adquirida por prescripción positiva y/o por acuerdo con el anterior propietario, disfrutándola de forma pacífica, pública y de buena fe durante más de diez años. Asimismo, señalan que la Municipalidad había ordenado a la demandada sellar unas ventanas construidas ilegalmente, tanto por no formar parte del diseño original ni contar con permiso de construcción, como por infringir la distancia reglamentaria con respecto a la propiedad colindante. Alegan que, con el propósito de justificar la permanencia de dichas ventanas y evitar su clausura, la demandada procedió a edificar la tapia. En lo medular, pretenden la restitución del área invadida en sus linderos al sur; la demolición de la tapia del límite sur y, en caso de no cumplirse, se autorice a los actores a demolerla; se paralicen todas las “perturbaciones contra la servidumbre establecida por el convenio con el antiguo dueño de la propiedad demandada”; la eliminación de árboles o arbustos cercanos a su vivienda que obstruyan la vista hacia el infinito; la supresión de las ventanas construidas a su juicio ilegalmente, al no estar contempladas en los permisos ni planos aprobados, a menos de un metro de distancia, las cuales no están autorizadas en los permisos ni en los planos de la vivienda. Además, peticionan indemnización por conceptos de: daño moral por la suma de ₡3.000.000, daño material por ₡2.130.000 y perjuicios por el monto ₡5.630.000. Finalmente, solicitan ambas costas, intereses e indexación. Por su parte, la accionada contesta en forma negativa e interpone la excepción de falta de derecho. Señala ser propietaria de la finca colindante desde marzo de 2014, y afirma que la tapia de 3,90 metros de altura fue construida con el permiso municipal correspondiente, conforme a la normativa vigente, negando haber invadido linderos. Rechaza la acusación de haber plantado árboles para obstruir la vista, señalando que ya existían en su propiedad antes de adquirirla. Aduce que no existe ninguna servidumbre de luz, aireación y vista, ni prescripción positiva que respalde tal reclamo. Indica que los diez años requeridos por la prescripción positiva, se refiere a la posesión sobre un bien, y la vista “al infinito” no es un bien. Por último, resalta que no existe de su parte ninguna ilegalidad en la construcción de la infraestructura de su casa, que todo se realizó contando con los permisos correspondientes por las autoridades administrativas y que las ventanas que alegan los actores les afectan, son ventanas de baños que se mantuvieron tapadas hasta que se construyó la tapia. Ese muro, dice tiene como justificación delimitar las propiedades, salvaguardar la privacidad del hogar y de su propiedad, derecho otorgado por ley.

II. El Tribunal Primero Colegiado de Primera Instancia Civil del Primer Circuito Judicial de San José, integrado por las personas juzgadoras Jackeline Brenes Segura, Ian Alberto Berrocal Azofeifa y Angélica Delgado Madrigal, en resolución número 218-2021 dictada a las 8 horas 58 minutos (8:58 am) del 1 de junio de 2021, dispuso: “…Se declara una falta de derecho. Se declara sin lugar la demanda interpuesta por Magda Montero Barquero y Luis Ángel Quesada Céspedes, en contra de Karla Paola Solano Jiménez. Previa liquidación, se condena de forma solidaria a la parte actora al pago de las costas generadas por esta acción a favor de la demandada”. Inconforme el apoderado especial judicial de las partes actoras recurre y solicita audiencia oral. Mediante el auto de las 8 horas 40 minutos del 5 de mayo de 2022 de esta Sala se admitieron únicamente los agravios cuarto y octavo por razones de fondo.

 III. Sobre la solicitud de audiencia oral. Los argumentos y conclusiones de las partes disconformes con respecto a los yerros reclamados cuentan con una claridad suficiente como para ser atendidos y resueltos, sin que se aprecie la necesidad de una audiencia oral, para una mejor comprensión. Conviene aclarar, la audiencia oral no se encuentra prevista para ampliar el recurso, sino para que las cuestiones ya planteadas sean debatidas a viva voz, en concurrencia de las partes con el órgano decisor, siempre y cuando este lo estime pertinente para obtener mayor claridad, precisión o una mejor comprensión de aquellos asuntos cuyas características particulares lo ameriten, como ocurre, por ejemplo, cuando se trata de asuntos que revisten una complejidad especial, lo que no se estima que ocurra en la especie, o bien, cuando se realiza, de manera excepcional, algún señalamiento probatorio. Así las cosas, como el numeral 69.7.2 del Código Procesal Civil dispone que el señalamiento para audiencia oral es procedente siempre y cuando el órgano casacional lo estime pertinente, se procede rechazar la solicitud planteada.

MOTIVOS SUSTANTIVOS DEL RECURSO

IV. En el primer agravio de fondo (cuarto motivo del recurso). En un primer punto, el recurrente cuestiona que la sentencia impugnada negara el reconocimiento de la servidumbre de vista. Alega que, mediante el testimonio de Álvaro Montero, quedó demostrado que la vivienda de los actores tenía más de quince años de construida, circunstancia que, a su juicio, acredita la existencia de dicha servidumbre y que no fue valorada por el Tribunal. Considera que esto quebranta lo estipulado en el artículo 378 del Código Civil.  En el segundo cargo (octavo en el orden del recurso) su disconformidad es similar, por lo que se conocerá en conjunto, su oposición es en cuanto al rechazo de las servidumbres de vista, ventilación, aireación y luz a favor de las partes accionantes. Aduce, que han sido disfrutadas, por los actores desde que compraron la casa en el 2012, en forma pacífica, pública, ininterrumpida, por lo que a su criterio se dan los presupuestos del numeral 378 del Código Civil. Afirma que, al rechazar la servidumbre de vista constituida por prescripción positiva, el Tribunal vulneró los artículos 853, 854 y 860 de ese mismo cuerpo normativo. El recurrente invoca además los artículos 406, 806, 850, 852, 855 y 856 del Código Civil, que, a su entender, permiten constituir las servidumbres alegadas por convenio, por última voluntad o por el uso y la tolerancia del propietario del predio sirviente. Ataca, el razonamiento del Tribunal en el que estimó que el requisito de posesión decenal, no se cumplió, debido a que la propiedad fue adquirida por los actores, el 6 de julio de 2012. Sobre ese punto alegó: “La servidumbre de vista, se ha constituido conforme al tiempo, ya que desde hace 15 años, como lo dice el testigo Álvaro Barquero Monestel en su testimonio dijo ‘Cuando ella compró esa propiedad tenía 15 años de estar construida’, la misma demandada en su declaración de parte manifiesta que ‘desconozco si vivían en esa propiedad’ también indicó que ella ‘… adquirió la propiedad en el 2014’. En ese mismo sentido, aduce que el informe del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en la página 17 dice “…al ser una construcción antigua con más de 15 años de construida…”. Agrega “el requisito de posesión decenal, se cumple, debido a que la propiedad fue adquirida por los actores, el 06 de julio del 2012, desde que se hizo la segregación en el 2007, al 2012, habían transcurrido 5 años, al 2016, cuando presentó la demanda tenía 9 años de haberla adquirido, y debe sumarse los 6 años antes del 2007 de la segregación que se había construido la casa con los permisos municipales.” Finalmente alega, “En cuanto al artículo 407, se indica que fue violentado por el juzgador, dado que para él basta que la servidumbre sea ejercida con evidente buena fe para soslayar el hecho de que los ventanales construidos incumplían con las restricciones establecidas por dicha norma”. Arguye, los actores no fueron quienes construyeron los ventanales, sino que ya existían desde 2012, en una propiedad segregada en 2007 y vendida posteriormente a la demandada, lo que exime a los actores de responsabilidad por un uso indebido.

V. Con relación al cargo reprochado, el Tribunal resolvió: “el siguiente punto para analizar, consiste en presunta la perturbación del derecho de vista, o como lo llama la parte accionante, afectación a la servidumbre de luz, aireación, ventilación y vista, que existe a su favor, como consciencia de acuerdos privados allegados con el anterior propietario de la finca colindante, y con base en el cual reclama, el derecho adquirido mediante prescripción positiva. Perturbación que indican les ha causado la construcción de la tapia divisoria realizada por la accionada. Al respecto y de previo a determinar si existe un derecho a favor de los actores, tendiente de ser tutelado, debe quedar en claro la figura de la servidumbre de vista o el derecho de vista, su naturaliza jurídica, clasificación y las formas de constitución. Al respecto ha dicho la jurisprudencia: ‘Existen varias clasificaciones tradicionales de las servidumbres que tienen importancia para la constitución de ellas.- Se habla en nuestro Código Civil artículos 378 y 379 de las servidumbres aparentes y no aparentes, sin conceptualizarse en ninguna norma lo que eso significa, pero que se refieren a la constitución por usucapión lo que ayuda a conceptualizarlas.- Se puede entonces decir que una servidumbre es ‘aparente’ cuando existe un signo externo que la evidencia inobjetablemente en su existencia. Por otro lado, cuando la servidumbre no se manifiesta a simple vista por algún signo exterior estaríamos ante una servidumbre ‘no aparente’.- En relación con las servidumbres continuas y discontinuas podemos decir que se debe entender por ‘continua’ aquella cuyo ejercicio se lleva a cabo sin necesidad de un acto o actividad del hombre; y ‘discontinua’ aquella que para su ejercicio o disfrute requiere de la actividad del hombre.- Hay otras clasificaciones que ahora no interesan aquí analizar.- Por lo expuesto, se puede concluir que la ‘servidumbre de vista’ es de tipo discontinua, no aparente.- En esas condiciones la normativa aplicable es el numeral 379 del Código Civil, que establece: ‘Las servidumbres discontinuas de toda clase y las continuas no aparentes, sólo pueden constituirse por convenio o por última voluntad. La posesión, aún la inmemorial, no basta para establecerlas’. (Tribunal Primero Civil, resolución Nº 142-E, de las 8:50 horas del 26 de enero de 2001.) Ahora bien, la parte actora reclama la eliminación del derecho de vista y a la vez reclama afectación en la ventilación y la aireación, sin embargo, todos los argumentos que son expuesto en la demanda, se dirigen a la perturbación de la vista hacia el ‘infinito’ que existía desde los ventanales de su casa, que fue el motivo por el cual compraron la propiedad. Pero en lo que respecta a una presunta afectación en la ventilación o afectación en cuanto a la falta de aire, no se expone alegato alguno, ni mucho menos se aporta pruebas de alguna afectación al respecto. Por ello, conforme a la carga probatoria, es que le corresponde a la parte actora demostrar la existencia de esa servidumbre o del derecho que reclama, debidamente inscrito, circunstancia que se echa de menos en este proceso y por ello, no es posible tutelar, el presunto derecho que se reclama. Se trata de la violación de un derecho, que sólo puede constituirse por convenio o última voluntad, y si bien indican los actores, que existió un convenio con el anterior propietario de la finca que ahora pertenece a la accionada, no existe prueba de ello. De las certificaciones registrales de las propiedades en cuestión, aportadas al proceso, no se desprende que exista servidumbre alguna debidamente inscrita. Las servidumbres de vista o de luz, en todo caso, corresponden a gravamen impuesto a un fundo, para proporcionar y aumentar la vista o la luz a favor de otro, concediendo con ello el derecho a tenerlas sobre predios ajenos, y esta existencia, es la que facultad al beneficiario de impedir obras de su vecino que disminuyan o entorpezcan el derecho constituido. Las vistas siempre van unidas a la luz, de la combinación de ambas surge una imposición del gravamen sobre la propiedad inmobiliaria, y suele considerarse como una limitación al dominio. El numeral 406 del Código Civil, dispone que: ‘El dueño de pared divisoria no medianera puede abrir ventanas y claraboyas, con tal que estén guarnecidas por rejas de hierro y de una red de alambre, y que disten del piso de la vivienda a que se quiere dar luz, dos metros y medio a lo menos’. Asimismo los artículos 407 y 408 ibídem, disponen que las vistas a habitaciones, patios y corrales vecinos, a través de balcones o ventanas, se permiten a una distancia mínima de tres metros, que se medirá entre el plano vertical de la línea más sobresaliente de la ventana o balcón, y el plano vertical de la línea divisoria de los dos predios, disposiciones que se ubican dentro del título que se ocupa de las cargas y limitaciones de la propiedad impuestas por ley, cuyo fin es el mantenimiento de la paz social, implementando normas adecuadas, a fin de que el interés de un propietario en particular prevalezca sobre la comunidad. Pero si no está comprobada la existencia de tal limitación al derecho de propiedad, no es posible impedir que en el predio vecino o sirviente, se construyan paredes o edificios que eliminen o limiten tales derechos, en virtud de uno mucho más amplio, como lo es el derecho de propiedad privada. Sin embargo, es el uso de ese mismo derecho de propiedad entre vecinos, que se pueden constituir tales cargas reales, limitaciones o restricciones, pues como se indicó, pueden ser constituidas por convenio entre partes, o de la última voluntad. Bajo estas circunstancias, si los actores no demostraron la inexistencia de tal servidumbre o derecho, a favor de su fundo y en contra del fundo ocupado por la demandada, conforme expresamente lo dispone el numeral 308 del Código Civil: ‘Tratándose de servidumbres continuas no aparentes, o de servidumbres discontinuas, el reclamo, para ser atendible, debe fundarse en título que provenga del propietario del fundo sirviente, o de aquellos de quienes éste lo hubo.’, no es posible tutelar el presunto derecho violado que reclaman con la interposición de la demanda. Cabe resaltar que con fundamento en la mera posesión, no es amparable el reconocimiento y constitución de una servidumbre de vista como limitación la derecho de propiedad de fundo vecino, por no ser susceptible de ello, aunado a que el requisito de posesión decenal, no se cumple, debido a que la propiedad fue adquirida por los actores, el 06 de julio del 2012, según consta en las certificaciones literales que acompañan la demanda, y expresamente en el hecho primero de su escrito, narran haberla adquirido cinco años antes de la presentación del proceso (marzo del 2016), de esta forma, no es posible tampoco analizar la procedencia de un derecho que según algunas corrientes doctrinarias, es posible de ser adquirido mediante la prescripción positiva. En lo que respecta al amparo de la posesión del derecho de vista, bajo los términos narrados, ha dispuesto la reiterada jurisprudencia que: ‘...para que lo fuera, la posesión tendría que estarse ejerciendo sobre un objeto poseíble, esto es, ‘sobre cosas’ o ‘sobre derechos’ y en el subjudice se procura sobre una limitación que el legislador ha impuesto al derecho de propiedad. Los artículos 407 y 408 del Código Civil disponen las únicas formas en que se admite la construcción de ventanas, claraboyas y balcones, en paredes divisorias y cuando aquellas den vistas al predio vecino. Son límites al dominio, no derechos que concedan facultades en predios vecinos. Veamos, en principio el derecho de propiedad regulado en el Código Civil concede amplias facultades a su titular, las que sólo pueden limitarse por disposición del legislador –reserva de ley, artículo 45 de la Constitución Política-. En el caso de la construcción de ventanas, claraboyas y balcones, si las limitaciones referidas no existieran, el propietario podría construirlas sin más, ejercitando así su derecho. Sin embargo, como el legislador las impuso, los propietarios se ven compelidos a ejercer el dominio limitado, pues el contenido de su derecho se ha visto comprimido o disminuido en virtud de esas limitantes. Por ello, nadie podría alegar tener un derecho sobre el predio vecino sustentado en limitaciones, menos aún en situaciones que las violen, pues sería una posesión sobre un imposible, no sobre un objeto que el legislador ha reconocido poseíble: cosas y derechos. Jamás podría constituirse una servidumbre sobre el predio vecino, sustentándose en una limitación al derecho de propiedad sobre el propio predio, menos aún si se viola ese límite.’ (Resolución Nº 638 -G. Tribunal Primero Civil, Sección Segunda, de las 13:00 horas del 31 de marzo de 2004.) (…) Si bien la jurisprudencia citada no es de carácter vinculante, la misma es citada por coincidir con el criterio que comparte y externa ahora este Tribunal. Si existe una limitación debidamente constituida no puede la parte actora solicitar que se restablezca un derecho que no es parte de su inmueble, en razón del derecho de propiedad de protección constitucional del cual también goza la parte accionada sobre su inmueble. El querer imponer un derecho a su favor no debe implicar hacer recaer una carga o limitación sobre el predio vecino por la simple liberalidad de la voluntad de solo una de las partes. De forma tal que el reclamo sobre el resguardo al presunto derecho de vista, luz y aireación debe ser denegado.” (el resaltado no es del original)

VI. Se acusa al Tribunal de haber realizado una valoración indebida de la declaración del señor Álvaro Montero, esposo de la coactora, y del informe del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, que a juicio del recurrente acreditaban que las ventanas de la casa de los actores tenían quince años de construcción. Sin embargo, esta Sala estima que no existe una casación útil en determinar si dichas pruebas demuestran que las ventanas de los actores tenían ese tiempo de construidas, a efectos de acreditar la prescripción positiva. Como se indicó en el considerando anterior, el Tribunal rechazó la constitución de una servidumbre de vista como limitación al derecho de propiedad del fundo vecino, por considerar que esta no puede constituirse ni ampararse mediante posesión, sino únicamente por convenio o por acto de última voluntad, conforme a los artículos 379 y 308 del Código Civil. En ese sentido, la sentencia impugnada clasificó la servidumbre de vista dentro del tipo no aparente, ya que no tiene un signo externo que evidencie su existencia, y del tipo discontinua, ya que requiere de la actividad del ser humano. Además, la sentencia impugnada señaló que “aunado a que el requisito de posesión decenal no se cumple debido a que la propiedad fue adquirida por los actores el 6 de julio del 2012”. No obstante, la principal razón por la cual el Tribunal rechazó la constitución de la servidumbre de vista fue que las limitaciones impuestas por ley no pueden ser utilizadas como base para reclamar un derecho sobre propiedad ajena, ya que ello implicaría amparar una posesión fundada en una prohibición legal, lo que constituye una posesión de imposible reconocimiento. En otras palabras, la servidumbre de vista no puede constituirse por posesión cuando esta se ejerce sobre prohibiciones expresas. Respecto del rechazo de la servidumbre de ventilación y aireación, el Tribunal estimó que no se aportaron alegatos específicos que demostraran la afectación en términos de ventilación y aireación, debido a que la demanda se centró en la perturbación de la vista, aspectos no atacados. Así, sin un argumento claro que ataque que la servidumbre de vista no puede constituirse por posesión, sobre prohibiciones expresas, no es posible concluir que exista un adecuado combate al fallo impugnado para combatir lo dicho por el Tribunal sobre la servidumbre denegada. Por lo expuesto, deberá ser desestimado el agravio. Además, resulta oportuno señalar que en jurisprudencia de esta Sala —entre otras, la sentencia número 000507-F-04, de las 11 horas 55 minutos del 17 de junio del año 2004, 251-F-2006 de las 15 horas 40 minutos del 12 de mayo de 2006, 000275-F-00 de 16 horas 5 minutos del 14 de abril del año dos mil, se ha sostenido de forma reiterada la imposibilidad de constituir servidumbres de vista y ventilación por prescripción positiva frente a prohibiciones expresas, como las que invoca la actora al pretender el derribo de un muro construido dentro del terreno de la demandada. Ello resultaría violatorio del ordenamiento jurídico, en tanto contravendría normas de orden público, tales como lo sería contravenir con la prohibición expresa de los numerales 407 del Código Civil (sobre las limitaciones para abrir vistas y proteger la intimidad del vecino), 45 de la Constitución Política (garantizar el respeto al derecho de propiedad, como un derecho fundamental, nadie puede ser privado de su propiedad sino por interés público debidamente comprobado). En armonía con el numeral 50 de la Norma Suprema, así como normas de orden público, de necesidades colectivas, ambientales, de intereses públicos superiores y en el beneficio colectivo (ambiente sano el derecho a la privacidad y a la intimidad personal y familiar,). En las sentencias supra citadas, cuya naturaleza es similar al presente asunto, este Órgano Decisor dispuso, “que no cabe imponer derechos por prescripción positiva en infracción de una prohibición absoluta que sobrepasa el interés individual para radicarse en el seno del conjunto de los intereses individuales, lo que permite afirmar que no es posible la constitución de servidumbres en circunstancias fácticas violatorias del Ordenamiento Jurídico, pues la misma ley no puede cohonestar la constitución de derechos sobre la base de conductas expresamente prohibidas por razones de un interés público superior. La tesis tradicional de la servidumbre que en este sentido se ha impuesto por vía jurisprudencial (a manera de ejemplo, puede verse el voto de esta Sala, N° 275-F-00 de las 16:05 hrs. del 14 de abril del 2000; así como el de la Sección Primera del Tribunal Contencioso Administrativo. N° 179-99, de las 15:10 hrs. del 31 de mayo de 1999; del Tribunal Segundo Civil. Sección Primera. N° 278 de las 9:00 hrs. del 22 de noviembre de 1996 y del Tribunal Segundo Civil. Sección Segunda. N° 699 de 9:15 hrs. del 23 de diciembre de 1991; N° 315 de 9:10 hrs. del 11 de julio de 1991 y la N° 299 de 9:25 hrs. del 14 de junio de 1993).” En dichas resoluciones se realizó un análisis que refleja que la concepción contemporánea y la evolución del derecho de propiedad más allá del concepto absoluto y tradicional. Esta visión está influenciada por las ideas postrevolucionarias francesas y se manifiesta en la Constitución, que redefine la propiedad no como un derecho irrestricto, sino como un “derecho función” ajustado a necesidades colectivas y ambientales, conforme se establece en el artículo 45 y 50 de la Norma Suprema. Estos artículos califican la propiedad como inviolable y se armonizan con limitaciones por intereses públicos, garantizando un medio de vida sano para los habitantes del territorio. Además, se abordan las limitaciones a la propiedad establecidas legalmente, como las referentes a la construcción de ventanas contiguas a inmuebles vecinos, contenidas en los artículos 406 y 407 de la normativa civil. Estas son limitaciones ex lege, no sujetas a renuncia, y se aplican en base a la ley para proteger intereses colectivos sobre los individuales. Abordó que la ley es explícita, según el artículo 292 del Código Civil, en que los derechos de transformación y enajenación son inherentes a la propiedad, y solo pueden ser restringidos por ley en casos específicos y de forma prescrita. El artículo 383 también señala que la propiedad privada sobre inmuebles está sujeta a ciertas cargas u obligaciones que la ley impone a favor de los predios vecinos por motivos de utilidad pública. En ambos casos destacaron que no se puede establecer una servidumbre basada en una situación que infrinja normas prohibitivas de orden público, ya que tal acción contradiría el espíritu del sistema legal, que busca proteger los intereses colectivos y evitar la creación de derechos a partir de conductas ilegales. Además, la ley es clara al señalar que los derechos de propiedad pueden estar sujetos a cargas u obligaciones impuestas legalmente en beneficio de la utilidad pública, y no cabe la constitución de servidumbres que infrinjan estas disposiciones.  A mayor abundamiento sobre el tema, puede consultarse el voto número 507-F-2004 de esta Sala, en el cual se desarrolló un extenso razonamiento sobre la naturaleza jurídica del derecho de propiedad y los límites que le impone el ordenamiento urbanístico, condicionándola a su función social. Este órgano casacional, en dicha sentencia, reafirmó que el dominio no es un derecho absoluto ni ilimitado, sino que convive con restricciones legales orientadas al bienestar colectivo, al ambiente y al urbanismo —criterio reiterado en la sentencia 0001309-F-S1-13—.En esa línea, se destacó que la planificación urbana y la normativa civil sobre construcciones delimitan el contenido esencial del derecho de propiedad, por lo que el propietario debe ejercer sus facultades dentro del marco normativo imperativo que garantiza la seguridad, la privacidad y la armonía social. Así, se concluyó que las restricciones contenidas en los artículos 406 y 407 del Código Civil, no son meras normas privadas ni dispositivos disponibles por las partes, sino mandatos de orden público, establecidos para proteger bienes jurídicos colectivos como la privacidad, la salubridad, la seguridad y la convivencia vecinal. Por ende, tales limitaciones no pueden ser derogadas ni mediante consentimiento tácito ni por el transcurso del tiempo. En consecuencia, la Sala rechazó la posibilidad de adquirir por usucapión una servidumbre de vista o iluminación cuando esta se haya ejercido en contravención a una norma imperativa, como ocurre cuando se abren ventanas en infracción de dichas limitaciones legales, pues tal ejercicio no puede prevalecer sobre el marco urbanístico. Asimismo, se vinculó el derecho urbanístico con el derecho constitucional a un ambiente sano, afirmando que la propiedad privada debe armonizarse con la protección ambiental y el ordenamiento territorial. En este sentido, la regulación urbanística funciona como un puente entre el derecho de propiedad y el derecho al ambiente, asegurando un desarrollo racional, equitativo y sostenible del espacio urbano. De esta forma, se concluyó que la potestad de edificar o modificar un inmueble está sujeta al cumplimiento de condiciones legales de edificabilidad, tales como permisos municipales, retiros, alturas, medidas de seguridad, entre otras exigencias normativas. En ausencia de dicho cumplimiento, el ejercicio del derecho de propiedad deviene antijurídico. Todo ello conduce a compartir el criterio del Tribunal de que no puede establecerse una servidumbre basada en hechos que infringen normas prohibitivas y de orden público. Por ende, procede el rechazo del cargo.    

VII.- En el tercer cargo por el fondo (segundo punto, en el agravio cuarto en el orden del recurso). Su disconformidad es en cuanto la sentencia impugnada denegó la pretensión de ordenarle a los demandados la eliminación de las ventanas de la propiedad de la demandada KARLA PAOLA SOLANO JIMÉNEZ que tienen dirección con el predio de los actores. El casacionista alega indebidamente valorado el testimonio del señor Álvaro Montero Esquivel, padre de la actora registrado en el minuto 43:50 de la audiencia complementaria, que asevera indicó “esa ventana que hizo esa señora ahí que irrespetó la ley de construcción y alineamiento que lo tiene que dar la municipalidad eso tiene 1,83 y el artículo 408 del Código Civil dice que para medir esa medida de la casa tiene que ser de la parte más cercana o aproximadamente para ver sin están los tres metros me explico…la medí cuando eso estaba en construcción y yo vi que era un metro ochenta y tres aproximadamente que hay de la casa de la vecina que hizo una ventana violando las leyes y los derechos de la construcción y entonces pusieron ese montón de latas viejas ahí…bueno no tuve la curiosidad pero eso si no se ve, pero eso si la tapia posterior a la casa de mi hija la tapa hasta el techo.” El recurrente sostiene que el Tribunal falló al no considerar este testimonio junto con el documento a folio 149, de fecha 8 de junio de 2015 sobre el permiso de construcción que a su criterio estipulaba que las construcciones debían mantener una distancia mínima de tres metros de las propiedades vecinas.

VIII. Con relación al cargo reprochado, el Tribunal resolvió: “V.- Aunado al reclamo de la perturbación al presunto derecho de vista, se reprocha la construcción de ventanas ilegalmente en la propiedad de la accionada, que dan hacia su propiedad. En este caso, la accionada al construir su casa de habitación y abrir ventanas dirigidas al predio de los actores contaba con los permisos municipales de construcción otorgados según el número 213-14 de fecha 25 de agosto del 2014 (folio145-147), sin embargo, según lo establecido por la municipalidad del lugar, en el informe MM-UI-043-2016 del 01 de agosto del 2016, emitido por Inspector Municipal de la Unidad de Inspecciones y Policía Municipal de la Municipalidad de Mora, (folio 150 y 234) ante una denuncia presentada en dicho ente, precisamente respecto a la existencia de las ventanas, indican que realizada la visita de inspección se corrobora la existencia de ventanas, en ambas construcciones, que dan vista directa a las propiedades y le requieren a ambos propietarios, que proceden con el cierre de las ventanas o se apeguen a lo establecido por el articulo VI.20 del Reglamento de Construcciones, el cual indica: " Artículo IV. 20.-Ventanas a colindancia. No se permite abrir ventanas hacia el predio vecino, a menos que intervenga una distancia mínima de tres metros (3,00 m) medida entre el plano vertical de la línea más sobresaliente de la ventana y el plano vertical de la línea divisoria de los predios, en el punto en que dichas líneas se estrechen más, si no son paralelas. Sólo se autorizarán distancias menores cuando las ventanas abran a patios, con tapia construida en la línea divisoria entre los predios, de acuerdo con las dimensiones señaladas en el artículo VI. 3.7. de este Reglamento." (Lo subrayado no es del original). Como consecuencia de tal apercibimiento, es que la parte accionada realiza la solicitud de los permisos correspondientes para construcción de la tapia divisoria, ello en fecha 6 de abril del 2015, pero igualmente se prueba que las ventanas si fueron cubiertas con plástico negro a fin de impedir la visibilidad al predio vecino y para el 08 de junio del 2015, según el número 120-15 se dio la autorización para la construcción, y la arquitecta encargada da fe de que la tapia se construirá conforme a lo requerido por el Reglamento de Construcciones y de esa forma la construyó pues no hay prueba que acredite lo contrario. Incluso, un año antes de la realización de ese informe (MM-UI-043-2016) por parte de la misma Unidad de Inspecciones, se le había comunicado al actor Quesada Céspedes mediante el oficio del informe ref. 144-14 ante la queja interpuesta, en su punto segundo y octavo que: " Punto 2: Según Visita realizada a la propiedad de la señora Karla Paola Solano Jiménez la construcción se efectuó tal y como se presentó en plano para ser aprobados por el Departamento correspondiente. Punto 8: Como se indicó en el punto 2 la señora Solano, cumple con los retiros establecidos por ley para la apertura de ventanas." (folio 189 del expediente físico). Por lo expuesto, se puede concluir que la parte accionada contaba con los permisos municipales correspondientes para la realización de su obra constructiva incluyendo las ventanas que daban a la colindancia con los actores, que aún y cuando, se les apercibió a ambas partes para sellar las mismas, la parte accionada cumplió con ello, al colocar plásticos negros sobre las ventanas, lo cual fue aceptado por la accionada en su declaración la cual consta en la grabación de la audiencia complementaria a partir del minuto 00:18:10, y posteriormente, lo soluciona al levantar la tapia divisoria, que igualmente contó con los permisos municipales necesarios. De tal forma que se puede concluir que se cumple con lo establecido por el artículo 407 del Código Civil: "No pueden abrirse ventanas ni balcones que dan vista a las habitaciones, patios o corrales del predio vecino, a menos que intervenga una distancia de tres metros", y al amparo de lo dispuesto por el artículo 302 del mismo Código, el cual reza: " Todo propietario o poseedor tiene derecho de cerrar su propiedad o posesión con paredes, cercas, zanjas o cualquier otro modo que le convenga, salvo las servidumbres constituidas en favor de otro predio y lo que dispongan los reglamentos de policía", y como se ha indicado, al no existir servidumbres debidamente constituidas a favor de los actores, o que puedan ser constituidas mediante el derecho de usucapión, al estar lo construido acorde con las disposiciones municipales, no existe perturbación actual tendiente de ser amparada a favor de los gestionante, como consecuencia de la existencia de los ventanales y la construcción de la tapia divisoria, por lo cual se impone el rechazo de las pretensiones que al respecto realizó la parte actora.”

 IX. El reclamo no es de recibo. El recurrente alega preterición de: a) el permiso de construcción a nombre de la actora y b) la declaración del señor Álvaro Montero Esquivel, padre de la actora, en la que manifestó haber medido la distancia entre la ventana y el muro, resultando ser menor a tres metros. El artículo 407 del Código Civil establece que no pueden abrirse ventanas ni balcones con vista directa hacia las habitaciones, patios o corrales del predio vecino, salvo que medie una distancia de al menos tres metros. Por su parte, el articulo IV 20 y VI.3.8.3. del Reglamento de Construcción, permite abrir a una distancia menor siempre, bajo ciertas condiciones, que garantizan no lesione el bien jurídico tutelado de la intimidad, y con ello el interés público supra citado, siempre que haya una tapia construida en la línea divisora entre los predios con las dimensiones y características especificaciones de acuerdo con el número de pisos. En ese sentido “Artículo IV. 20.-Ventanas a colindancia. No se permite abrir ventanas hacia el predio vecino, a menos que intervenga una distancia mínima de tres metros (3,00 m) medida entre el plano vertical de la línea más sobresaliente de la ventana y el plano vertical de la línea divisoria de los predios, en el punto en que dichas líneas se estrechen más, si no son paralelas. Sólo se autorizarán distancias menores cuando las ventanas abran a patios, con tapia construida en la línea divisoria entre los predios, de acuerdo con las dimensiones señaladas en el artículo VI. 3.83de este Reglamento” y el numeral VI. 3.8.3. “Retido lateral: No se exigirá cuando el material de la pared en la respectiva colindancia sea incombustible y no tenga ventana o linternilla. En caso contrario se exigirá:- Uno y medio metros (1,50 m) para unidades habitacionales de un piso.- Tres metros (3,00 m) para las de dos pisos.- Por cada piso adicional deberá agregarse un metro (1,00 m) de retiro lateral”.  Los argumentos del Tribunal no son combatidos. En el caso concreto, la sentencia impugnada confirmó que, tras una inspección en 2016 de la Municipalidad de Mora, se confirmó la existencia de ventanas que daban vista directa a la propiedad vecina, menor a tres metros, sin un muro. La Municipalidad requirió a los propietarios (ambas partes) que cerraran las ventanas o que cumplieran con las regulaciones que exigen una distancia mínima de tres metros entre las ventanas y la línea divisoria de las propiedades, o que construyeran una tapia en dicha línea. También acreditó -ese Órgano Jurisdiccional- que la parte accionada respondió cubriendo las ventanas con plástico negro para impedir la visibilidad y, posteriormente, construyó una tapia con los permisos necesarios. El Tribunal concluyó que la parte accionada cumplió con las normativas y regulaciones aplicables, y que, conforme a una segunda inspección de la Municipalidad (ref. 144-14), lo construido se encontraba acorde con las disposiciones municipales y la normativa legal en materia de apertura de ventanas. Por ello, estimó que no existía una perturbación actual susceptible de ser amparada en favor de los gestionantes. Por lo que, al no ser controvertido el razonamiento del Tribunal, a nada conduce introducir las declaraciones indicadas, ya que no lograrían quebrar el fallo, aun si se introdujeran hipotéticamente. En consecuencia, el agravio planteado debe ser desestimado.

X - En mérito de lo razonado y expuesto, se denegará la audiencia oral solicitada. Se declara sin lugar el recurso, con sus costas a cargo de quienes lo interpusieron (canon 73.1 del Código Procesal Civil Ley no. 9342).

 

 

POR TANTO

Se deniega la audiencia oral solicitada. Se declara sin lugar el recurso, con sus costas a cargo de quienes lo interpusieron.

 

 

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 




Rocío Rojas Morales

	

 

	

Damaris Vargas Vásquez




Jorge Leiva Poveda

	

 

	

Carlos Guillermo Zamora Campos

 

 

Documento Firmado Digitalmente

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Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected]

Clasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:36:33.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Sala Primera de la Corte**

**Resolution No. 01435 - 2025**

**Date of Resolution:** October 9, 2025 at 09:39

**Case File:** 16-000050-0181-CI

**Drafted by:** Iris Rocío Rojas Morales

**Type of Matter:** ORDINARIO

**Analyzed by:** SALA PRIMERA

**Content of Interest:**

**Type of content:** Unanimous vote

**Branch of Law:** Civil

**Topic:** Recurso de casación

**Subtopics:**

**Vista or hearing.**

The oral hearing is not provided for expanding the appeal, but rather so that the issues already raised can be debated aloud, with the concurrence of the parties with the deciding body, provided that the latter deems it pertinent to obtain greater clarity, precision, or a better understanding of matters whose particular characteristics warrant it, such as those of special complexity, which is not the case here, or when some evidentiary proceeding is exceptionally scheduled. The arguments and conclusions of the dissenting parties regarding the alleged errors are sufficiently clear to be addressed and resolved, without the need for an oral hearing for a better understanding being appreciated. Thus, as numeral 69.7.2 of the Código Procesal Civil provides that scheduling an oral hearing is appropriate only when the cassation body deems it pertinent, the request made is rejected (vote 1435-F-2025).

**Content of Interest:**

**Type of content:** Unanimous vote

**Branch of Law:** Civil

**Topic:** Recurso de casación

**Subtopics:**

**Useful cassation (casación útil).**

Without a clear argument attacking the fact that an easement (servidumbre) of view cannot be established by possession, against express prohibitions, it is impossible to conclude that there is an adequate challenge to the contested judgment regarding the denied easement (servidumbre). On the other hand, the Tribunal concluded that the defendant complied with municipal provisions and legal regulations regarding the opening of windows. However, since that reasoning was not challenged, introducing some statements leads nowhere, as they do not manage to break the judgment, even if they were hypothetically introduced (vote 1435-F-2025).

**Content of Interest:**

**Type of content:** Unanimous vote

**Branch of Law:** Civil

**Topic:** Easement (Servidumbre)

**Subtopics:**

**Easement of view (servidumbre de vista).**

Impossibility of establishing easements (servidumbres) of view and ventilation by adverse possession (prescripción positiva) in the face of express prohibitions of public order (ordinals 292, 383 and 407 Código Civil, 45 and 50 Constitución Política). See resolutions 275-2000, 507-2004 and 251-2006 of the Sala Primera. Normative analysis on the opening of windows towards a neighboring property (ordinals 406 and 407 Código Civil, IV.20 and VI.3.8.3 Reglamento de Construcción) (vote 1435-F-2025).

**Content of Interest:**

**Type of content:** Unanimous vote

**Branch of Law:** Civil

**Topic:** Property

**Subtopics:**

**Limits to property.**

Private property over real estate is subject to certain charges or obligations that the law imposes in favor of neighboring properties for reasons of public utility (cardinals 45 and 50 Constitución Política, 292 and 383 Código Civil). The constitution of easements (servidumbres) that violate these provisions is not permissible. See resolutions 507-2004 and 1309-2013 of the Sala Primera (vote 1435-F-2025).

**Content of Interest:**

**Type of content:** Unanimous vote

**Branch of Law:** Civil

**Topic:** Recurso de casación

**Subtopics:**

**Costs (costas).**

The appeal is declared without merit (sin lugar), with its costs (costas) to be borne by those who filed it (mandate 73.1 Código Procesal Civil) (vote 1435-F-2025).

**Text of the resolution**

Exp. 16-000050-0181-CI
Res. 001435-F-S1-2025

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours thirty-nine minutes of October nine, two thousand twenty-five.

In an ordinary proceeding (proceso ordinario) filed by MAGDA MONTERO BARQUERO and LUIS ÁNGEL QUESADA CÉSPEDES against KARLA PAOLA SOLANO JIMÉNEZ, in which the legal representative of the plaintiffs filed a recurso de casación against judgment number 383-2021 of 8 hours on June 1, 2021, of the Tribunal Primero Colegiado Primera Instancia Civil del Primer Circuito Judicial de San José, composed of the judges Jackeline Brenes Segura, Angélica Delgado Madrigal, and Ian Alberto Berrocal Azofeifa. The legal professionals Heiner Alberto Lemaitre Zamora and Alwin Mendoza Oviedo appear; the former as special judicial representative of the plaintiff party and the latter as directing attorney for the defendant party.

CONSIDERANDO

Drafted by Magistrate Rojas Morales

I. This matter originates from the controversy arising from the construction of a dividing wall (tapia divisoria) in July 2015, carried out by Karla Paola Solano Jiménez, owner of property registration number 1-580962. The plaintiffs Magda Montero Barquero and Luis Ángel Quesada Céspedes allege that said wall (tapia) encroached one meter and eighty-nine centimeters onto property number 1-588778, of which they hold rights 003 and 004. Furthermore, they argue that the wall obstructed their "right of view towards infinity (derecho de vista hacia el infinito)," a right they had enjoyed since acquiring their property and which was visible from one of their windows. They affirm that there was an easement (servidumbre) of light, aeration, ventilation, and view, which would have been violated and which was acquired by adverse possession (prescripción positiva) and/or by agreement with the previous owner, enjoying it peacefully, publicly, and in good faith for more than ten years. Likewise, they point out that the Municipality had ordered the defendant to seal some illegally built windows, both for not being part of the original design nor having a construction permit, and for violating the regulatory distance with respect to the adjoining property. They allege that, for the purpose of justifying the permanence of said windows and avoiding their closure, the defendant proceeded to build the wall (tapia). In essence, they seek the restitution of the invaded area on their southern boundaries; the demolition of the wall (tapia) on the southern boundary and, in case of non-compliance, authorization for the plaintiffs to demolish it; the cessation of all "disturbances against the easement (servidumbre) established by agreement with the former owner of the defendant's property"; the elimination of trees or bushes near their home that obstruct the view towards infinity; the removal of windows constructed, in their view, illegally, as they were not contemplated in the permits or approved plans, at a distance of less than one meter, which are not authorized in the permits or plans for the dwelling. Additionally, they request compensation for the following concepts: moral damages (daño moral) in the sum of ₡3,000,000, material damages (daño material) for ₡2,130,000, and loss of profits (perjuicios) in the amount of ₡5,630,000. Finally, they request both costs (costas), interest, and indexation. For her part, the defendant answers in the negative and files the exception of lack of right (falta de derecho). She states she has been the owner of the adjacent property since March 2014, and affirms that the wall (tapia), 3.90 meters high, was built with the corresponding municipal permit, in accordance with current regulations, denying having invaded boundaries. She rejects the accusation of having planted trees to obstruct the view, pointing out that they already existed on her property before she acquired it. She argues that no easement (servidumbre) of light, aeration, and view exists, nor adverse possession (prescripción positiva) to support such a claim. She indicates that the ten years required by adverse possession (prescripción positiva) refers to possession over an asset, and the view "to infinity" is not an asset. Finally, she highlights that there is no illegality on her part in the construction of her house's infrastructure, that everything was done with the corresponding permits from the administrative authorities, and that the windows the plaintiffs claim affect them are bathroom windows that were kept covered until the wall (tapia) was built. That wall (muro), she says, has the justification of delimiting the properties, safeguarding the privacy of the home and her property, a right granted by law.

II. The Tribunal Primero Colegiado de Primera Instancia Civil del Primer Circuito Judicial de San José, composed of the judges Jackeline Brenes Segura, Ian Alberto Berrocal Azofeifa, and Angélica Delgado Madrigal, in resolution number 218-2021 issued at 8 hours 58 minutes (8:58 a.m.) on June 1, 2021, ordered: “…A lack of right (falta de derecho) is declared. The lawsuit filed by Magda Montero Barquero and Luis Ángel Quesada Céspedes against Karla Paola Solano Jiménez is declared without merit (sin lugar). Upon prior liquidation, the plaintiff party is jointly and severally ordered to pay the costs (costas) generated by this action in favor of the defendant.” Disagreeing, the special judicial representative of the plaintiffs appeals and requests an oral hearing. By the order of 8 hours 40 minutes of May 5, 2022, this Chamber admitted only the fourth and eighth grievances on substantive grounds.

III. Regarding the request for an oral hearing. The arguments and conclusions of the dissenting parties regarding the alleged errors are sufficiently clear to be addressed and resolved, without the need for an oral hearing being appreciated for a better understanding. It is appropriate to clarify that the oral hearing is not provided for expanding the appeal, but rather so that the issues already raised can be debated aloud, with the concurrence of the parties with the deciding body, provided that the latter deems it pertinent to obtain greater clarity, precision, or a better understanding of those matters whose particular characteristics warrant it, such as, for example, matters of special complexity, which is not considered to be the case here, or when, exceptionally, some evidentiary proceeding is scheduled. Thus, as numeral 69.7.2 of the Código Procesal Civil provides that scheduling an oral hearing is appropriate only when the cassation body deems it pertinent, the request made is rejected.

SUBSTANTIVE GROUNDS OF THE APPEAL (RECURSO)

IV. In the first substantive grievance (fourth ground of the appeal). First, the appellant questions that the contested judgment denied the recognition of the easement of view (servidumbre de vista). He alleges that, through the testimony of Álvaro Montero, it was demonstrated that the plaintiffs' home had been built more than fifteen years ago, a circumstance that, in his view, proves the existence of said easement (servidumbre) and was not assessed by the Tribunal. He considers this violates the provisions of Article 378 of the Código Civil. In the second charge (eighth in the order of the appeal), his disagreement is similar, and therefore they will be examined together; his opposition concerns the rejection of the easements (servidumbres) of view, ventilation, aeration, and light in favor of the plaintiffs. He argues that they have been enjoyed by the plaintiffs since they bought the house in 2012, peacefully, publicly, uninterruptedly, and therefore, in his opinion, the conditions of numeral 378 of the Código Civil are met. He affirms that, by rejecting the easement of view (servidumbre de vista) established by adverse possession (prescripción positiva), the Tribunal violated Articles 853, 854, and 860 of that same normative body. The appellant also invokes Articles 406, 806, 850, 852, 855, and 856 of the Código Civil, which, in his understanding, allow the alleged easements (servidumbres) to be established by agreement, by last will, or by the use and tolerance of the owner of the servient tenement. He attacks the Tribunal's reasoning in which it considered that the decennial possession requirement was not met because the property was acquired by the plaintiffs on July 6, 2012. On this point, he alleged: “The easement of view (servidumbre de vista) has been established over time, since for 15 years, as witness Álvaro Barquero Monestel stated in his testimony 'When she bought that property, it had been built for 15 years,' the defendant herself in her party statement says 'I don't know if they lived in that property,' she also stated that she '… acquired the property in 2014.' In that same sense, he argues that the report from the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos on page 17 says '…being an old construction more than 15 years built…'. He adds, 'the decennial possession requirement is met, because the property was acquired by the plaintiffs on July 6, 2012, from the time the segregation was made in 2007 to 2012, 5 years had elapsed, by 2016, when the lawsuit was filed, it was 9 years since they had acquired it, and the 6 years before the 2007 segregation when the house was built with municipal permits must be added.' Finally, he alleges, 'Regarding article 407, it is indicated that it was violated by the judge, given that for him it is enough that the easement (servidumbre) is exercised with evident good faith to circumvent the fact that the built windows failed to comply with the restrictions established by said norm.' He argues that the plaintiffs were not the ones who built the windows, but rather they already existed since 2012, on a property segregated in 2007 and later sold to the defendant, which exempts the plaintiffs from liability for improper use.

V. Regarding the reproached charge, the Tribunal resolved: “the next point to analyze concerns the alleged disturbance of the right of view, or as the plaintiff party calls it, the affecting of the easement (servidumbre) of light, aeration, ventilation, and view, which exists in their favor, as a consequence of private agreements reached with the previous owner of the adjacent property, and based on which they claim the right acquired by adverse possession (prescripción positiva). Disturbance that they indicate has been caused to them by the construction of the dividing wall (tapia divisoria) carried out by the defendant. In this regard, and prior to determining if there is a right in favor of the plaintiffs, tending to be protected, the figure of the easement of view (servidumbre de vista) or the right of view must be clarified, its legal nature, classification, and forms of establishment. In this regard, jurisprudence has stated: 'There are several traditional classifications of easements (servidumbres) that are important for their establishment. - Our Código Civil speaks in articles 378 and 379 of apparent and non-apparent easements (servidumbres), without any norm conceptualizing what that means, but which refer to the establishment by usucapion, which helps to conceptualize them. - It can then be said that an easement (servidumbre) is 'apparent' when there is an external sign that unquestionably evidences its existence. On the other hand, when the easement (servidumbre) is not manifested at first sight by any exterior sign, we would be facing a 'non-apparent' easement (servidumbre). - In relation to continuous and discontinuous easements (servidumbres), we can say that 'continuous' must be understood as that whose exercise is carried out without the need for an act or activity of man; and 'discontinuous' that which for its exercise or enjoyment requires human activity. - There are other classifications that are not of interest to analyze here. - Based on the foregoing, it can be concluded that the 'easement of view (servidumbre de vista)' is discontinuous, non-apparent. - Under these conditions, the applicable regulations are numeral 379 of the Código Civil, which establishes: 'Discontinuous easements (servidumbres) of all kinds and continuous non-apparent ones can only be established by agreement or by last will. Possession, even immemorial, is not sufficient to establish them.' (Tribunal Primero Civil, resolution No. 142-E, of 8:50 hours on January 26, 2001.) Now then, the plaintiff party claims the elimination of the right of view and at the same time claims an affectation on ventilation and aeration, however, all the arguments that are exposed in the lawsuit are directed at the disturbance of the view towards the 'infinity' that existed from the windows of their house, which was the reason they bought the property. But regarding a presumed affectation on ventilation or affectation due to lack of air, no argument is presented, nor is any evidence of any affectation in this respect provided. Therefore, in accordance with the burden of proof, it is up to the plaintiff party to demonstrate the existence of that easement (servidumbre) or the right they claim, duly registered, a circumstance that is lacking in this process and therefore, it is not possible to protect the presumed right that is claimed. It concerns the violation of a right, which can only be established by agreement or last will, and although the plaintiffs indicate that there was an agreement with the previous owner of the property that now belongs to the defendant, there is no proof of this. From the property registry certifications of the properties in question, provided to the process, it is not clear that any duly registered easement (servidumbre) exists. The easements (servidumbres) of view or light, in any case, correspond to an encumbrance imposed on a fund, to provide and increase the view or light in favor of another, thereby granting the right to have them over neighboring properties, and this existence is what empowers the beneficiary to prevent works by their neighbor that diminish or hinder the established right. Views are always linked to light; from the combination of both, an imposition of the encumbrance on the real estate arises, and it is usually considered a limitation on ownership. Numeral 406 of the Código Civil provides that: 'The owner of a dividing wall that is not a party wall (medianera) may open windows and skylights, provided they are fitted with iron grilles and a wire mesh, and that they are at least two and a half meters from the floor of the dwelling to which light is to be given.' Likewise, articles 407 and 408 ibidem provide that views into neighboring rooms, patios, and corrals, through balconies or windows, are allowed at a minimum distance of three meters, which will be measured between the vertical plane of the most protruding line of the window or balcony, and the vertical plane of the dividing line of the two properties, provisions that are located within the title dealing with the charges and limitations of property imposed by law, the purpose of which is the maintenance of social peace, implementing adequate rules, so that the interest of a particular owner prevails over the community. But if the existence of such a limitation on property rights is not proven, it is not possible to prevent the neighboring or servient property from building walls or buildings that eliminate or limit such rights, by virtue of a much broader one, such as the right to private property. However, it is through the use of that same property right between neighbors that such real charges, limitations, or restrictions can be established, since as indicated, they can be established by agreement between parties, or by last will. Under these circumstances, if the plaintiffs did not demonstrate the existence of such easement (servidumbre) or right, in favor of their fund and against the fund occupied by the defendant, as expressly provided by numeral 308 of the Código Civil: 'In the case of continuous non-apparent easements (servidumbres), or of discontinuous easements (servidumbres), the claim, to be admissible, must be based on a title originating from the owner of the servient fund, or from those from whom the latter acquired it.', it is not possible to protect the alleged violated right they claim with the filing of the lawsuit. It is worth highlighting that based on mere possession, the recognition and establishment of an easement of view (servidumbre de vista) as a limitation on the property right of the neighboring fund is not admissible, as it is not susceptible to this, coupled with the fact that the decennial possession requirement is not met, because the property was acquired by the plaintiffs, on July 6, 2012, as stated in the property registry certifications accompanying the lawsuit, and expressly in the first fact of their brief, they narrate having acquired it five years before the filing of the process (March 2016), thus, it is not possible to analyze the origin of a right that according to some doctrinal currents is possible to acquire by adverse possession (prescripción positiva). Regarding the protection of the possession of the right of view, under the narrated terms, reiterated jurisprudence has ordered that: '...for it to be so, the possession would have to be exercised over a possessable object, that is, 'over things' or 'over rights' and in the sub judice it is sought over a limitation that the legislator has imposed on the right to property. Articles 407 and 408 of the Código Civil provide the only ways in which the construction of windows, skylights, and balconies is permitted, in dividing walls and when those provide views to the neighboring property. They are limits to ownership, not rights that grant faculties over neighboring properties. Let us see, in principle, the right of property regulated in the Código Civil grants broad powers to its owner, which can only be limited by provision of the legislator –reserva de ley, article 45 of the Constitución Política-. In the case of the construction of windows, skylights, and balconies, if the aforementioned limitations did not exist, the owner could build them without more, thus exercising their right. However, as the legislator imposed them, the owners are compelled to exercise ownership in a limited manner, since the content of their right has been compressed or diminished by virtue of these limitations. Therefore, no one could claim to have a right over a neighboring property based on limitations, even less in situations that violate them, as it would be possession over an impossibility, not over an object that the legislator has recognized as possessable: things and rights. An easement (servidumbre) over a neighboring property could never be established, based on a limitation on the property right over one's own property, even less so if that limit is violated.' (Resolution No. 638 -G. Tribunal Primero Civil, Sección Segunda, of 13:00 hours on March 31, 2004.) (…) Although the cited jurisprudence is not binding, it is cited because it coincides with the criterion that this Tribunal now shares and expresses. If there is a duly established limitation, the plaintiff party cannot request that a right that is not part of their property be restored, by reason of the constitutionally protected property right that the defendant also enjoys over her property. Wanting to impose a right in their favor must not imply imposing a charge or limitation on the neighboring property by the simple liberality of the will of only one of the parties. In such a way that the claim regarding the safeguarding of the presumed right of view, light, and aeration must be denied.” (the highlighting is not from the original)

VI. The Tribunal is accused of having made an improper assessment of the statement of Mr. Álvaro Montero, husband of the co-plaintiff, and of the report from the Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, which in the appellant's view proved that the windows of the plaintiffs' house had been built for fifteen years. However, this Chamber considers that there is no useful cassation (casación útil) in determining whether said evidence demonstrates that the plaintiffs' windows had been built for that length of time, for the purpose of proving adverse possession (prescripción positiva). As indicated in the preceding considerando, the Tribunal rejected the establishment of an easement of view (servidumbre de vista) as a limitation on the property right of the neighboring fund, considering that this cannot be established or protected through possession, but only by agreement or by act of last will, in accordance with Articles 379 and 308 of the Código Civil. In that sense, the contested judgment classified the easement of view (servidumbre de vista) as a non-apparent type, since it has no external sign evidencing its existence, and as a discontinuous type, since it requires human activity. Furthermore, the contested judgment indicated that “coupled with the fact that the decennial possession requirement is not met because the property was acquired by the plaintiffs on July 6, 2012.” However, the main reason the Tribunal rejected the establishment of the easement of view (servidumbre de vista) was that the limitations imposed by law cannot be used as a basis to claim a right over a neighboring property, since that would imply protecting possession based on a legal prohibition, which constitutes a possession of impossible recognition. In other words, the easement of view (servidumbre de vista) cannot be established by possession when this is exercised over express prohibitions. Regarding the rejection of the easement of ventilation and aeration, the Tribunal considered that no specific arguments were provided to demonstrate the affectation in terms of ventilation and aeration, because the lawsuit focused on the disturbance of the view, aspects that were not attacked. Thus, without a clear argument attacking the fact that the easement of view (servidumbre de vista) cannot be established by possession, against express prohibitions, it is not possible to conclude that there is an adequate challenge to the contested judgment to combat what the Tribunal said about the denied easement (servidumbre). Based on the foregoing, the grievance must be dismissed. Furthermore, it is opportune to note that in the jurisprudence of this Chamber — among others, judgment number 000507-F-04, of 11 hours 55 minutes of June 17, 2004, 251-F-2006 of 15 hours 40 minutes of May 12, 2006, 000275-F-00 of 16 hours 5 minutes of April 14, two thousand— the impossibility of establishing easements (servidumbres) of view and ventilation by adverse possession (prescripción positiva) against express prohibitions, such as those invoked by the plaintiff when seeking the demolition of a wall built within the defendant's land, has been repeatedly upheld. This would violate the legal system, as it would contravene public order norms, such as contravening the express prohibition of numerals 407 of the Código Civil (on the limitations for opening views and protecting the neighbor's privacy), 45 of the Constitución Política (guaranteeing respect for property rights, as a fundamental right, no one can be deprived of their property except for duly proven public interest). In harmony with numeral 50 of the Norma Suprema, as well as public order norms, collective needs, environmental considerations, higher public interests and for the collective benefit (a healthy environment, the right to privacy and personal and family intimacy). In the supra cited judgments, the nature of which is similar to the present matter, this Deciding Body ordered, “that one cannot impose rights by adverse possession (prescripción positiva) in violation of an absolute prohibition that goes beyond individual interest to take root in the core of the set of individual interests, which allows affirming that the constitution of easements (servidumbres) in factual circumstances that violate the Legal System is not possible, since the law itself cannot condone the establishment of rights based on conducts expressly prohibited for reasons of higher public interest. The traditional thesis of easements (servidumbre) that in this sense has been imposed by judicial means (by way of example, see the vote of this Chamber, No. 275-F-00 of 16:05 hrs. of April 14, 2000; as well as that of the Sección Primera del Tribunal Contencioso Administrativo. No. 179-99, of 15:10 hrs. of May 31, 1999; of the Tribunal Segundo Civil. Sección Primera. No. 278 of 9:00 hrs. of November 22, 1996 and of the Tribunal Segundo Civil. Sección Segunda. No. 699 of 9:15 hrs. of December 23, 1991; No. 315 of 9:10 hrs. of July 11, 1991 and No. 299 of 9:25 hrs. of June 14, 1993).” In said resolutions, an analysis was carried out reflecting the contemporary conception and evolution of property rights beyond the absolute and traditional concept. This vision is influenced by post-revolutionary French ideas and is manifested in the Constitution, which redefines property not as an unrestricted right, but as a “function right” adjusted to collective and environmental needs, as established in Articles 45 and 50 of the Norma Suprema. These articles classify property as inviolable and are harmonized with limitations due to public interests, guaranteeing a healthy living environment for the inhabitants of the territory. Additionally, the limitations to property legally established are addressed, such as those relating to the construction of windows adjacent to neighboring properties, contained in Articles 406 and 407 of civil regulations. These are ex lege limitations, not subject to waiver, and are applied based on the law to protect collective interests over individual ones. It addressed that the law is explicit, according to Article 292 of the Código Civil, in that the rights of transformation and alienation are inherent to property, and can only be restricted by law in specific cases and in a prescribed manner. Article 383 also indicates that private property over real estate is subject to certain charges or obligations that the law imposes in favor of neighboring properties for reasons of public utility.

In both cases they stressed that an easement cannot be established based on a situation that violates prohibitive norms of public policy, since such an action would contradict the spirit of the legal system, which seeks to protect collective interests and prevent the creation of rights arising from illegal conduct. Moreover, the law is clear in indicating that property rights may be subject to encumbrances or obligations legally imposed for the benefit of public utility, and the creation of easements (servidumbres) that violate these provisions is not permissible. For further elaboration on the subject, see vote number 507-F-2004 of this Chamber, in which an extensive reasoning was developed on the legal nature of the right of property and the limits imposed upon it by urban planning regulations, conditioning it to its social function. In that judgment, this cassation body reaffirmed that ownership (dominio) is not an absolute or unlimited right, but coexists with legal restrictions oriented toward collective welfare, the environment, and urbanism—a criterion reiterated in judgment 0001309-F-S1-13. Along these lines, it was highlighted that urban planning and civil construction regulations define the essential content of the right of property, and therefore the owner must exercise their powers within the imperative regulatory framework that guarantees safety, privacy, and social harmony. Thus, it was concluded that the restrictions contained in articles 406 and 407 of the Civil Code are not mere private norms or provisions available at the parties’ discretion, but rather mandates of public policy, established to protect collective legal interests such as privacy, health, safety, and neighborly coexistence. Therefore, such limitations cannot be derogated either by tacit consent or by the passage of time. Consequently, the Chamber rejected the possibility of acquiring a view or light easement by usucapion when it has been exercised in contravention of an imperative norm, as occurs when windows are opened in violation of said legal limitations, since such exercise cannot prevail over the urban planning framework. Likewise, urban planning law was linked to the constitutional right to a healthy environment, affirming that private property must be harmonized with environmental protection and territorial planning. In this sense, urban planning regulation functions as a bridge between the right of property and the right to the environment, ensuring rational, equitable, and sustainable development of urban space. Thus, it was concluded that the power to build on or modify a property is subject to compliance with legal buildability conditions, such as municipal permits, setbacks (retiros), heights, safety measures, among other regulatory requirements. In the absence of such compliance, the exercise of the right of property becomes unlawful. All of this leads to sharing the criterion of the Court that an easement cannot be established based on facts that violate prohibitive and public-policy norms. Therefore, the challenge is rejected.

**VII.-** In the third challenge on the merits (second point, in the fourth grievance in the order of the appeal). His disagreement concerns the contested judgment’s denial of the claim to order the defendants to eliminate the windows on the property of defendant KARLA PAOLA SOLANO JIMÉNEZ that face the plaintiffs’ property. The appellant erroneously claims that the testimony of Mr. Álvaro Montero Esquivel, father of the plaintiff, recorded at minute 43:50 of the supplementary hearing, was improperly assessed; he asserts that it stated “that window that that lady made there that disrespected the construction and alignment law that the municipality has to provide, that is 1.83 and article 408 of the Civil Code says that to measure that measurement of the house it must be from the closest part or approximately to see if they are the three meters, I explain… I measured it when that was under construction and I saw that it was approximately one meter eighty-three that there is from the neighbor’s house who made a window violating the laws and rights of construction and then they put that pile of old tin sheets there… well I wasn’t curious but that you certainly cannot see, but that yes the wall (tapia) behind my daughter’s house covers it up to the roof.” The appellant maintains that the Court erred by not considering this testimony together with the document at folio 149, dated June 8, 2015, regarding the construction permit which, in his opinion, stipulated that constructions must maintain a minimum distance of three meters from neighboring properties.

**VIII.** Regarding the challenged charge, the Court resolved: “V.- In addition to the claim of disturbance to the alleged view right, the illegal construction of windows on the defendant’s property that face her property is reproached. In this case, when the defendant built her dwelling and opened windows facing the plaintiffs’ property, she had municipal construction permits granted under number 213-14 dated August 25, 2014 (folios 145-147); however, according to what was established by the local municipality, in report MM-UI-043-2016 of August 1, 2016, issued by the Municipal Inspector of the Inspection and Municipal Police Unit of the Municipality of Mora (folio 150 and 234), in response to a complaint filed with that entity, precisely regarding the existence of the windows, they indicate that during the inspection visit, the existence of windows in both constructions that provide direct view to the properties was corroborated, and they require both owners to proceed with closing the windows or to comply with the provisions of article VI.20 of the Construction Regulations, which states: ‘Article IV. 20.- Windows on the property line (Ventanas a colindancia). Opening windows toward the neighboring property is not permitted, unless a minimum distance of three meters (3.00 m) intervenes, measured between the vertical plane of the most protruding line of the window and the vertical plane of the dividing line of the properties, at the point where said lines are closest, if they are not parallel. Shorter distances shall only be authorized when the windows open onto courtyards, with a wall (tapia) built on the dividing line between the properties, in accordance with the dimensions indicated in article VI. 3.7. of these Regulations.’ (Underlining not in original). As a consequence of such warning, the defendant filed the request for the corresponding permits for the construction of the dividing wall, on April 6, 2015; but it is also proven that the windows were indeed covered with black plastic to prevent visibility onto the neighboring property, and by June 8, 2015, under number 120-15, authorization for construction was granted, and the architect in charge certifies that the wall will be built in accordance with the requirements of the Construction Regulations, and she built it that way since there is no evidence to prove otherwise. Even a year before the issuance of that report (MM-UI-043-2016) by the same Inspection Unit, the plaintiff Quesada Céspedes had been informed by official communication ref. 144-14, in response to the complaint filed, in its second and eighth points that: ‘Point 2: According to a visit made to the property of Mrs. Karla Paola Solano Jiménez, the construction was carried out exactly as presented in the plans for approval by the corresponding Department. Point 8: As indicated in point 2, Mrs. Solano complies with the setbacks established by law for the opening of windows.’ (folio 189 of the physical case file). Based on the foregoing, it can be concluded that the defendant had the corresponding municipal permits for carrying out her construction work, including the windows that faced the property line with the plaintiffs; that even when both parties were warned to seal them, the defendant complied by placing black plastic over the windows, which was accepted by the defendant in her statement recorded in the supplementary hearing starting at minute 00:18:10, and subsequently resolved it by erecting the dividing wall, which likewise had the necessary municipal permits. In such a way that it can be concluded that the provisions of article 407 of the Civil Code are complied with: ‘Windows or balconies that provide view into the rooms, courtyards, or corrals of the neighboring property may not be opened, unless a distance of three meters intervenes,’ and under the protection of article 302 of the same Code, which reads: ‘Every owner or possessor has the right to enclose his property or possession with walls, fences, ditches, or any other means convenient to him, except for easements constituted in favor of another property and as provided by police regulations,’ and as noted, since there are no easements duly constituted in favor of the plaintiffs, or that could be constituted through the right of usucapion, as the construction complied with municipal provisions, there is no current disturbance that should be protected in favor of the petitioners as a consequence of the existence of the windows and the construction of the dividing wall; therefore, the rejection of the claims made by the plaintiff in this regard is imposed.”

**IX.** The claim is not admissible. The appellant alleges the omission of: a) the construction permit in the name of the plaintiff; and b) the statement of Mr. Álvaro Montero Esquivel, father of the plaintiff, in which he stated having measured the distance between the window and the wall, resulting in less than three meters. Article 407 of the Civil Code establishes that windows or balconies with direct view into the rooms, courtyards, or corrals of the neighboring property cannot be opened, unless a minimum distance of three meters intervenes. For its part, article IV.20 and VI.3.8.3. of the Construction Regulations allow opening at a smaller distance, provided certain conditions are met that guarantee no harm to the protected legal interest of privacy, and thereby to the aforementioned public interest, as long as there is a wall (tapia) built on the dividing line between the properties with the specified dimensions and characteristics according to the number of floors. In this regard: “Article IV. 20.- Windows on the property line. Opening windows toward the neighboring property is not permitted, unless a minimum distance of three meters (3.00 m) intervenes, measured between the vertical plane of the most protruding line of the window and the vertical plane of the dividing line of the properties, at the point where said lines are closest, if they are not parallel. Shorter distances shall only be authorized when the windows open onto courtyards, with a wall built on the dividing line between the properties, in accordance with the dimensions indicated in article VI. 3.83 of these Regulations,” and numeral VI. 3.8.3.: “Lateral setback (Retido lateral): It shall not be required when the wall material on the respective property line is non-combustible and has no window or skylight. Otherwise, the following shall be required: - One and a half meters (1.50 m) for single-story housing units. - Three meters (3.00 m) for two-story units. - For each additional floor, one meter (1.00 m) of lateral setback shall be added.” The Court’s arguments are not challenged. In the specific case, the contested judgment confirmed that, after a 2016 inspection by the Municipality of Mora, the existence of windows providing direct view to the neighboring property at less than three meters, without a wall, was confirmed. The Municipality required the owners (both parties) to close the windows, or to comply with the regulations requiring a minimum distance of three meters between the windows and the dividing line of the properties, or to build a wall on said line. That Jurisdictional Body also accredited that the defendant responded by covering the windows with black plastic to prevent visibility, and subsequently built a wall with the necessary permits. The Court concluded that the defendant complied with the applicable rules and regulations, and that, according to a second inspection by the Municipality (ref. 144-14), the construction was in accordance with the municipal provisions and the legal regulations regarding the opening of windows. For this reason, it considered that there was no ongoing disturbance that could be protected in favor of the petitioners. Therefore, since the Court’s reasoning is not controverted, introducing the indicated statements is pointless, as they would not succeed in overturning the ruling, even if hypothetically introduced. Consequently, the grievance raised must be dismissed.

**X -** By virtue of the reasoning and arguments set forth, the requested oral hearing shall be denied. The appeal is declared without merit, with costs to be borne by those who filed it (canon 73.1 of the Civil Procedure Code, Law No. 9342).

**POR TANTO**

The requested oral hearing is denied. The appeal is declared without merit, with costs to be borne by those who filed it.

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

Rocío Rojas Morales

Damaris Vargas Vásquez

Jorge Leiva Poveda

Carlos Guillermo Zamora Campos

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