Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)III. En atención a lo pretendido en el presente asunto, con independencia de la naturaleza del proceso y de la fase en la que se encuentra, a juicio de esta Sala, no se está ante el supuesto de excepción establecido en la norma reglamentaria referida; sino más bien en una revaloración que debe hacer el Tribunal de la medida cautelar mantenida. En consecuencia, lo procedente es separar la gestión del expediente y remitirla de inmediato al Tribunal de Apelaciones Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, quien conoció inicialmente de este asunto, para que resuelva lo que en derecho corresponda con la debida prioridad (Circular 06-2025).
English (translation)III. In light of what is sought in this matter, regardless of the nature of the proceeding or the stage it is in, this Chamber finds that the exceptional scenario set forth in the cited regulatory provision is not present; rather, the court must reassess the maintained precautionary measure. Therefore, the appropriate course is to sever the request from the case file and immediately forward it to the Administrative and Civil Tax Court of Appeals, which initially heard this matter, so that it may resolve as required by law with due priority (Circular 06-2025).
Remitted to the appellate court
Grande Normal Pequeña Sala Primera de la Corte Resolución Nº 01599 - 2025 Fecha de la Resolución: 28 de Octubre del 2025 a las 13:46 Expediente: 21-007586-1027-CA Redactado por: Damaris María Vargas Vásquez Clase de asunto: CONOCIMIENTO Analizado por: SALA PRIMERA Texto de la resolución Exp. 21-007586-1027-CA Res. 001599-F-S1-2025 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece horas cuarenta y seis minutos del veintiocho de octubre de dos mil veinticinco.- Proceso de conocimiento establecido ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda; interpuesto por WALTER BRENES SOTO; contra el ESTADO y LOS MANANTIALES DEL PACÍFICO NYS S.A., representada por el señor Norman Campos Vindas. Participa como apoderado especial judicial de la demandada, el abogado Henry Arroyo Villegas. Como procuradora Natalia Aguilar Porras. El actor se representa a sí mismo, debido a su calidad de abogado. Redacta la Magistrada Vargas Vásquez; CONSIDERANDO I. En voto número 162-2023-I, de las 14 horas 04 minutos del 28 de abril de 2023, emitida por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Primera, resolvió: “Se revoca la resolución No. 94-2023, de las 15:35 horas del 23/01/2023, dictada por el Juez Tramitador Rodrigo Huertas. Se ordena a la DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA Y MINAS, en la persona de su Director, para que, en el plazo de un mes, contado a partir del próximo 2 de mayo, se coordine y ejecute la inspección interinstitucional, en el lugar de la concesión otorgada. De igual forma y hasta tanto no exista la sentencia firme, deberán hacerse cada 4 meses, una inspección de la misma naturaleza, sea interinstitucional, con el fin de verificar que la concesión se esté realizando dentro de los parámetros en que fue otorgada y en cumplimiento de las posibles correcciones que se soliciten por parte de las autoridades competentes. De cada una de esas inspecciones, deberá presentarse un reporte dentro de los cinco días hábiles siguientes a su realización a la persona juzgadora ejecutora del Tribunal de Instancia, bajo el apercibimiento de que, de no cumplirse con lo ordenado, se verá expuesto a la aplicación de sanciones previstas en el capítulo de ejecución de sentencia del CPCA. La inspección se hará a juicio y bajo la responsabilidad de la Dirección de Geología y Minas y se determinará si es necesaria la participación de otra administración competente para la fiscalización de la concesión.”. Luego, mediante resolución de fondo emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, número 2025002240 de las 11 horas 02 minutos del 7 de marzo de 2025, en su parte dispositiva se indicó: “Se admite la prueba ofrecida para mejor resolver por parte del actor. Se rechaza la defensa de falta de derecho alegada por El Estado. Se declara con lugar la demanda interpuesta por WALTER BRENES SOTO contra LOS MANANTIALES DEL PACÍFICO N Y S S.A. y EL ESTADO. En consecuencia, se declara que, en el caso particular, se dieron incumplimientos a las condiciones y términos de otorgamiento de la concesión de cauce de dominio público a favor de la empresa Los Manantiales del Pacífico N Y S S.A., siendo en consecuencia, responsable ambientalmente de la degradación ambiental de la zona de la concesión. Se ordena la cancelación de la concesión de explotación de cauce de dominio público sobre el Río Naranjo dada a Los Manantiales del Pacífico N Y S S.A, mediante resolución dictada por el Poder Ejecutivo N° R-097-2018-MINAE de las catorce horas cincuenta y cinco minutos del veintiuno de marzo del 2018. Se ordena a la sociedad codemandada, en coordinación y vigilancia del Estado por medio de sus órganos competentes, confeccionar y aplicar efectivamente, un plan remedial y de recuperación del Río Naranjo, en cuanto a la zona de la concesión otorgada, así como otras áreas aledañas, según criterio técnico de las autoridades competentes. Todo lo anterior asumiendo su costo y que se discutirá en fase de ejecución. Se ordena mantener la vigencia de la medida cautelar dictada mediante Voto N° 162-2023-I de las catorce horas cuatro minutos del 28 de abril del 2023 del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, hasta que esta decisión alcance su firmeza. Se condena a los codemandados al pago de las costas de esta acción, mismas que serán liquidadas en fase de ejecución de sentencia.”. El subrayado es suplido. El 26 de marzo de 2025, el abogado Walter Brenes Soto presentó ante ese Tribunal una solicitud de modificación de medida cautelar, aduciendo que la empresa demandada mantenía la intervención en el río, por ello pidió: “En razón de lo expuesto, con el fin de garantizar la protección del objeto del proceso hasta la ejecución de la sentencia, se solicita se ordene la suspensión INMEDIATA de las labores de la concesión en cauce de dominio público ubicada en el río Naranjo, identificada bajo el expediente minero N°7-2016 y el expediente administrativo n.° D1-11591-2013-SETENA, a nombre de Los Manantiales del Pacífico N y S S.A.”. Dicho despacho, mediante auto de las 10 horas 01 minuto del 23 de mayo de 2025, decidió: “Visto la gestión presentada por la parte actora en relación con la SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR, se ordena remitir los autos a La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia para que se resuelva lo que en derecho corresponda.”. En virtud de lo anterior, el actor mediante escritos presentados el 18 de julio, 11 de agosto y 1 de septiembre, todos de 2025, solicita a esta Sala resuelva la modificación de la medida cautelar que ya opera dentro de este proceso. II. De conformidad con lo establecido en el artículo 19 inciso 1) del Código Procesal Contencioso Administrativo, las solicitudes de medidas cautelares pueden presentarse durante todo el proceso; es decir, no existe un límite temporal para ello respecto de la situación jurídica tutelable en el momento. No obstante, no debe interpretarse, menos aún, debe darse por establecido, que corresponde a esta Sala pronunciarse sobre una petición cautelar en virtud de encontrarse el asunto ante esta instancia casacional. Como se ha reconocido, la tutela cautelar, componente esencial de la tutela judicial pronta y cumplida, garantiza provisionalmente, desde una doble perspectiva, la eficacia de la sentencia definitiva (objetiva) y la integridad o satisfacción anticipada y provisional de las situaciones jurídico-sustanciales (subjetiva). Por su naturaleza, instrumento del proceso principal, el conocimiento y resolución de tales solicitudes (supuesto distinto), en esencia, corresponde a la persona juzgadora, quien inicialmente conoce del asunto, bien sea en el trámite o en la ejecución; eventualmente en la conciliación, y excepcionalmente a casación. Es así como, de interés, en los términos del artículo 44, inciso 5) del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda, a esta Cámara le corresponde adoptar y excepcionalmente, ejecutar medidas cautelares “…cuando las circunstancias del caso así lo requieran”. III. En atención a lo pretendido en el presente asunto, con independencia de la naturaleza del proceso y de la fase en la que se encuentra, a juicio de esta Sala, no se está ante el supuesto de excepción establecido en la norma reglamentaria referida; sino más bien en una revaloración que debe hacer el Tribunal de la medida cautelar mantenida. En consecuencia, lo procedente es separar la gestión del expediente y remitirla de inmediato al Tribunal de Apelaciones Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, quien conoció inicialmente de este asunto, para que resuelva lo que en derecho corresponda con la debida prioridad (Circular 06-2025). Ver en tal sentido, entre otras, las resoluciones emitidas por esta Sala números 66-2016 de las 11:16 horas del 5 de febrero y 255-2016 de las 15:16 horas de15 de marzo, ambas de 2016. La Secretaría de la Sala procederá conforme a lo aquí dispuesto a la mayor brevedad. POR TANTO Remítase la presente solicitud de medida cautelar al Tribunal de Apelaciones Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, para que resuelva lo que en derecho corresponda, con la debida prioridad. AMV X9EX5V8SRZA61 LUIS GUILLERMO RIVAS LOAICIGA - MAGISTRADO/A KNNWHERDZFS61 IRIS ROCIO ROJAS MORALES - MAGISTRADO/A 3SHJJCSCX8O61 CARLOS GUILLERMO ZAMORA CAMPOS - MAGISTRADO/A QSWBQSYJXCK61 DAMARIS MARIA VARGAS VASQUEZ - MAGISTRADO/A PCA4GCZXKZQ61 JORGE LEIVA POVEDA - MAGISTRADO/A Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected] Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:37:07. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Sala Primera de la Corte Resolution No. 01599 - 2025 Date of Resolution: October 28, 2025, at 13:46 Expediente: 21-007586-1027-CA Drafted by: Damaris María Vargas Vásquez Type of matter: COGNIZANCE Analyzed by: SALA PRIMERA Text of the resolution Exp. 21-007586-1027-CA Res. 001599-F-S1-2025 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at thirteen hours forty-six minutes on the twenty-eighth of October, two thousand twenty-five.- Cognizance proceeding (proceso de conocimiento) filed before the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda; brought by WALTER BRENES SOTO; against the STATE and LOS MANANTIALES DEL PACÍFICO NYS S.A., represented by Mr. Norman Campos Vindas. Attorney Henry Arroyo Villegas participates as special judicial representative (apoderado especial judicial) of the defendant. As prosecutor (procuradora) Natalia Aguilar Porras. The plaintiff (actor) represents himself, due to his status as an attorney. Drafted by Magistrate Vargas Vásquez; CONSIDERANDO I. In Voto number 162-2023-I, of 14 hours 04 minutes on April 28, 2023, issued by the Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, First Section, it resolved: “Resolution No. 94-2023, of 15:35 hours on 01/23/2023, issued by Processing Judge (Juez Tramitador) Rodrigo Huertas, is revoked. The DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA Y MINAS, in the person of its Director, is ordered to coordinate and execute, within a period of one month starting from the next May 2, the inter-institutional inspection at the location of the granted concession. Likewise, and until there is a final judgment (sentencia firme), an inspection of the same nature, that is, inter-institutional, must be conducted every 4 months, for the purpose of verifying that the concession is being carried out within the parameters under which it was granted and in compliance with any corrections requested by the competent authorities. For each of these inspections, a report must be submitted within the five business days following its completion to the executing judge (persona juzgadora ejecutora) of the Trial Court, under the warning that, if the ordered action is not complied with, they will be exposed to the application of sanctions provided for in the judgment enforcement chapter of the CPCA. The inspection shall be conducted at the discretion and under the responsibility of the Dirección de Geología y Minas, and it shall be determined whether the participation of another competent administration is necessary for the oversight of the concession.”. Subsequently, through a substantive ruling issued by the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, number 2025002240 of 11 hours 02 minutes on March 7, 2025, its operative part stated: “The evidence offered for better resolution (para mejor resolver) by the plaintiff is admitted. The defense of lack of right (falta de derecho) alleged by the State is rejected. The lawsuit (demanda) filed by WALTER BRENES SOTO against LOS MANANTIALES DEL PACÍFICO N Y S S.A. and the STATE is declared granted (con lugar). Consequently, it is declared that, in this particular case, there were breaches of the conditions and terms of the granting of the public domain watercourse concession (concesión de cauce de dominio público) in favor of the company Los Manantiales del Pacífico N Y S S.A., and it is consequently held environmentally responsible for the environmental degradation of the concession area. The cancellation is ordered of the public domain watercourse exploitation concession over the Río Naranjo given to Los Manantiales del Pacífico N Y S S.A, through resolution issued by the Poder Ejecutivo No. R-097-2018-MINAE of fourteen hours fifty-five minutes on March 21, 2018. The co-defendant company (sociedad codemandada) is ordered, in coordination with and under the supervision of the State through its competent bodies, to design and effectively implement a remedial and recovery plan for the Río Naranjo, regarding the area of the granted concession, as well as other surrounding areas, according to the technical criteria of the competent authorities. All of the foregoing bearing its cost, which will be discussed in the enforcement phase. It is ordered that the validity of the interim measure (medida cautelar) issued through Voto No. 162-2023-I of fourteen hours four minutes on April 28, 2023, of the Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda be maintained, until this decision becomes final. The co-defendants are ordered to pay the costs of this action, which will be settled in the judgment enforcement phase.”. The underlining is supplied. On March 26, 2025, Attorney Walter Brenes Soto filed a request for modification of the interim measure with that Court, arguing that the defendant company maintained the intervention in the river, and therefore he requested: “Based on the foregoing, in order to guarantee the protection of the object of the proceeding until the enforcement of the judgment, it is requested that the IMMEDIATE suspension be ordered of the concession operations in the public domain watercourse located on the Río Naranjo, identified under mining file (expediente minero) No. 7-2016 and administrative file (expediente administrativo) No. D1-11591-2013-SETENA, in the name of Los Manantiales del Pacífico N y S S.A.”. Said office, by order of 10 hours 01 minute on May 23, 2025, decided: “Having reviewed the motion filed by the plaintiff in relation to the REQUEST FOR EXPANSION OF THE INTERIM MEASURE, it is ordered that the case file be sent to La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia so that what is legally appropriate can be resolved.”. By virtue of the foregoing, the plaintiff, through briefs filed on July 18, August 11, and September 1, all of 2025, requests that this Chamber resolve the modification of the interim measure that is already operative within this proceeding. II. In accordance with the provisions of Article 19, subsection 1) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, requests for interim measures can be filed throughout the entire proceeding; that is, there is no time limit for this regarding the protectable legal situation at any given moment. However, it should not be interpreted, much less taken as established, that it is incumbent upon this Chamber to rule on a petition for an interim measure by virtue of the matter being before this cassation instance. As has been recognized, interim protection (tutela cautelar), an essential component of prompt and complete judicial protection, provisionally guarantees, from a dual perspective, the effectiveness of the final judgment (objective) and the integrity or anticipated and provisional satisfaction of the substantive legal situations (subjective). By its nature, as an instrument of the main proceeding, the cognizance and resolution of such requests (a different assumption), in essence, corresponds to the judge who initially hears the matter, whether during the proceedings or enforcement; eventually in conciliation, and exceptionally in cassation. Thus, of interest here, under the terms of Article 44, subsection 5) of the Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda, this Chamber is responsible for adopting and, exceptionally, executing interim measures “…when the circumstances of the case so require”. III. In consideration of what is sought in this matter, regardless of the nature of the proceeding and the phase in which it is found, in the judgment of this Chamber, this is not an exceptional case as established in the referenced regulatory provision; but rather a reassessment that the Court must make of the maintained interim measure. Consequently, the appropriate course of action is to separate the petition from the case file and immediately refer it to the Tribunal de Apelaciones Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, which initially heard this matter, so that it can resolve what is legally appropriate with the due priority (Circular 06-2025). See in this regard, among others, the resolutions issued by this Chamber numbers 66-2016 of 11:16 hours on February 5 and 255-2016 of 15:16 hours on March 15, both of 2016. The Chamber Secretariat shall proceed in accordance with what is ordered here as soon as possible. POR TANTO Refer this request for an interim measure to the Tribunal de Apelaciones Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, so that it resolves what is legally appropriate, with due priority. AMV X9EX5V8SRZA61 LUIS GUILLERMO RIVAS LOAICIGA - MAGISTRATE KNNWHERDZFS61 IRIS ROCIO ROJAS MORALES - MAGISTRATE 3SHJJCSCX8O61 CARLOS GUILLERMO ZAMORA CAMPOS - MAGISTRATE QSWBQSYJXCK61 DAMARIS MARIA VARGAS VASQUEZ - MAGISTRATE PCA4GCZXKZQ61 JORGE LEIVA POVEDA - MAGISTRATE Teléfonos: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email [email protected] Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:37:07. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República