Res. 00519-2026 Sala Primera de la Corte — Expropriation and compensation denied for AyA restrictions in Moín-Limón aquifer protection zoneImprocedencia de expropiación e indemnización por restricciones del AyA en zona de protección del acuífero Moín-Limón

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Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 00519 - 2026

Fecha de la Resolución: 16 de Abril del 2026 a las 09:36

Expediente: 12-000264-1028-CA

Redactado por: Iris Rocío Rojas Morales

Clase de asunto: CONOCIMIENTO

Analizado por: SALA PRIMERA





Texto de la resolución

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Exp. 12-000264-1028-CA

 

Res.  000519-F-S1-2026

 

 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y seis minutos del dieciseis de abril de dos mil veintiseis .

 Proceso de conocimiento establecido por RAYMOND EDWARDS KELLY y ANABETH EDWARDS KELLY contra el ESTADO, representado por el procurador Bernardo Lara Flores y el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. Intervienen como terceros interesados: Roberto Edwards Kelly, Wilbert Edwards Kelly, Andra Edwards Loban, Charles Nataniel Edwards Kelly, Javier Edwards Kelly, Gloria Cristina Edwards Kelly, Olman Edwards Kelly, Sucesorio de Oscar Edwards Kelly, Ruperto Edwards Loban, Tansy Edwards Hamn, Ruth Edwards Hudson, Yenory Edwards Griffits, Ulrica Edwards Griffits, Noily Angélica Ferguson MC Knight en su condición de albacea de Oscar Francisco Edwards Kelly. Figuran como apoderados especiales judiciales de la actora y de los terceros interesados, Rodolfo Rojas Araya, Roberto Soto Vega y Frank Mckenzie Peterkin; del Instituto demandado, Pablo Rodríguez Fallas. La parte accionante, los terceros interesados y el Estado plantean recursos de casación contra la sentencia no. 47-2023-V de las 8 horas 30 minutos del 8 de junio de 2023, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Quinta, integrado por los jueces Ileana Isabel Sánchez Navarro, Marianella Álvarez Molina y  Juan Luis Giusti Soto.

Redacta la magistrada Rojas Morales

CONSIDERANDO

 I. Conforme los hechos que tuvo por demostrados el Tribunal y la prueba constante en autos se tiene lo siguiente. En sesión ordinaria no. 2007-020, realizada el 10 de abril de 2007, artículo 6°, la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (en adelante AyA), adoptó el acuerdo no. 2007-177, en el  que dicho órgano determinó la ubicación topográfica de la zona de protección restringida catalogada como zona 6 del Acuífero Moín-Limón y estableció las siguientes restricciones: "1. Toda actividad industrial, 2. Uso y almacenamiento de plaguicida, pesticidas y combustibles o precursores de éstos con cualquier fin, 3. La remoción o extracción de todo tipo de materiales. 4. Cambio de uso de la tierra. 5. Toda corta de vegetación forestal. 6. Toda actividad agropecuaria e instalaciones ligadas a la misma. 7. La perforación o excavación de pozos, galerías de infiltración o cualquier obra de captación de aguas. 8. El desarrollo de urbanizaciones y de lotificaciones. 9. Instalaciones de basureros, rellenos sanitarios o botaderos de desperdicios de cualquier índole. 10. Actividades de cualquier índole que afecten a criterio del AyA la calidad y la cantidad del agua que se utiliza para el abastecimiento a poblaciones". El referido acuerdo se fundamentó en el Estudio Hidrogeológico y Vulnerabilidad del Acuífero Moín-Limón realizado por la hidrogeóloga Viviana Ramírez Sánchez y las recomendaciones emitidas por la Dirección de Gestión Ambiental en el informe DGAMB-2007-031 del 15 de enero de 2007. En sesión ordinaria no. 2011-20, realizada el 5 de abril de 2011, artículo 5°, la Junta Directiva del AyA adoptó el acuerdo no. 2011-112, el cual modificó parcialmente el acuerdo 2007-177 del 10 de abril de 2007, por considerar que las regulaciones que establecía: "resultan amplias, no brindan claridad al administrado, y no respetan el principio de oportunidad en la presentación de prueba por parte del administrado, que demuestre la no afectación al ambiente, de conformidad con el artículo 109 de la Ley de Biodiversidad no. 7788", de modo que se varió la enumeración de las recomendaciones de uso del suelo de la zona 6 como sigue: "1. Para toda actividad el área de impermeabilización por hectárea no debe sobre pasar el 20% 2. Aquellas ACTIVIDADES INDUSTRIALES que a lo largo de las distintas etapas de construcción y operación, generen impacto ambiental negativo al acuífero, deberán presentar un Estudio de Impacto Ambiental debidamente aprobado por SETENA. De acuerdo con el Reglamento del Ministerio de Salud; Decreto 30465 S y el Reglamento de Vertidos y Rehúso de Aguas Residuales N° 26041S-MINAE, no se permiten las actividades industriales de alto riesgo por la posible afectación de la contaminación. Se definen estas actividades de alto riesgo como aquellas que tienen posibilidad de explosión, incendio, fuga o derrame súbito que resulte del proceso en el curso de las actividades industriales, así como en ductos y en transportes, en los que intervengan una o varias sustancias peligrosas y que suponga un peligro grave (de manifestación inmediata o retardada, reversible o irreversible) para la población, sus bienes, el ambiente y los ecosistemas. 3. No autorizar actividades de almacenamiento y USO DE PLAGUICIDAS, PESTICIDAS, COMBUSTIBLES Y SUSTANCIAS PELIGROSAS, O PRECURSORES DE ESTOS CON CUALQUIER FIN. 4. Para la REMOCIÓN, CORTE Y RELLENO DE MATERIALES (MOVIMIENTOS DE TIERRA), deberá realizarse un estudio Hidrogeológico que compruebe que no habrá afectación al acuífero y un Plan de Gestión Ambiental debidamente Firmado por SETENA. 5. NO SE AUTORIZA LA CONSTRUCCIÓN O EXCAVACIÓN DE POZOS, GALERÍAS DE INFILTRACIÓN O CUALQUIER OTRA OBRA DE APROVECHAMIENTOS DE AGUAS. 6. Para el caso de DESARROLLOS DE URBANIZACIONES, LOTIFICACIONES, FRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS, deberá construirse alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales de tipo ordinario. Se pueden permitir desarrollos con densidades iguales o inferiores a 50 unidades habitacionales, de manera que se ubique cada una en lotes de 1000 metros cuadrados. 7. Para el caso de HOTELES Y SIMILARES PARA HOSPEDAJE, se puede permitir sujeto al manejo de afluentes con planta de tratamiento cumpliendo con el Reglamento de Vertidos vigente. El número de habitaciones no debe exceder de una carga equivalente a 50 personas por hectárea. 8. NO INSTALAR BASUREROS, RELLENOS SANITARIOS O BOTADEROS DE DESPERDICIOS DE CUALQUIER ÍNDOLE. 9. El AyA considerando los estudios presentados por el interesado y avalados por las instancias pertinentes, podrá dictaminar otro tipo de actividades de las no enumeradas en este acuerdo, que afecten la calidad y la cantidad del agua, estableciendo las recomendaciones técnicas vinculantes para la regulación de la actividad. El AYA estará facultado por la Ley 2726, para evaluar si existe afectación al acuífero y la disposición correcta de las aguas residuales de conformidad con el reglamento de vertidos vigente, además de la aprobación o denegatoria de la actividad. 10. Se admitirá en la Zona 6 las construcciones de viviendas originadas por el crecimiento vegetativo, siempre que se asegure que las aguas residuales no se viertan a dolinas y se realice la recolección de las basuras por el servicio municipal u otros medios." Según el Registro Nacional, la finca matrícula 16619, del partido de Limón, distrito y cantón primeros, tiene una cabida de trescientos cuarenta y siete mil treinta y dos metros con setenta y seis decímetros cuadrados, limita al norte con la trocha del ferrocarril, al sur con Club Social Musa Sociedad Anónima y Mata Grande Sociedad Anónima, al este con Sidney Edwards y al oeste con Alex Phillips, Manuel Morera, Jorge Hooper y la sociedad Mata Grande; y tiene 20 personas copropietarias, cada una con el número de derecho que se dirá, sin que conste que éstos hayan sido localizados: 001 Wilberth, 002 Eloise Delia, 003 Ulrica María, 004 Yenori, todos de apellidos Edwards Griffiths; 005 Marcelo, 006 Ismael Alexander, ambos de apellidos Smith Edwards; 007 Thelma Griffiths Barnes; 008 Charles Nataniel, 009 Roberto, 011 Javier Anthony, 012 Gloria Cristina, 013 Wilbert Roman, 014 Olman, 015 Raymond, 016 Oscar Francisco, los ocho de apellidos Edwards Kelly; 017 Ruperto; 018 Andra Joyce , 019 Julet los tres de apellidos Edwards Loban; 020 Ruth Edwards Hudson; 021 Luis Alberto Edwards Gómez. La finca matrícula 16619 se encuentra ubicada en la zona 6 del mapa Área de Protección Fuentes Moín-Limón establecido por el acuerdo no. 2007-177.

 II. En fecha 19 de marzo de 2012, los señores Raymond Edwards Kelly y Anabeth Edwards Kelly demandaron al Estado y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Solicitaron se declare en sentencia: "1. EN VISTA DE QUE LA FINCA 16619 DE LA PROVINCIA DE LIMÓN QUE ES DE NUESTRA PROPIEDAD ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, ASI (sic) LO HEMOS PROBADO A TRAVÉS (sic) DE LOS DIFERENTES ESTUDIOS TECNICOS (sic) Y CIENTIFICOS (sic) QUE EL MISMO AYA HA DESARROLLADO PARA EL SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE DE LA PROVINCIA DE LIMON (sic), SOLICITAMOS SE ORDENE A DICHO INSTITUTO Y AL MISMO ESTADO COSTARRICENSE EL INICIO DEL TRÁMITE DE EXPROPIACIÓN DE LA FINCA L-16619 DE LA PROVINCIA DE LIMON (sic), PREVIO PAGO DEL VALOR DE NUESTRAS TIERRAS, CONFORME NUESTRA ESTIMACIÓN. 2. ORDENAR AL INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS Y AL ESTADO A COMPRAR EN FORMA DIRECTA LA FINCA MATRICULA (sic) 16619 DE LA PROVINCIA DE LIMON (sic) EN EL MONTO ESTIMADO EN NUESTRAS (sic) TIERRAS YA QUE ASI(sic) LA LEY LOS FACULTAY (SIC) SON DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL ICAA. 3. CONDENAR AL INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS Y AL ESTADO A PAGAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE HAN COMETIDO AL LIMITAR EL USO DE LA FINCA NUMERO (sic) 16619 DE LA PROVINCIA DE LIMON (sic), AL ESTAR CON ESTA (sic) LIMITACIONES NO HEMOS PODIDO NEGOCIARLA, NI DESARROLLARLA. 4. CONDENAR AL INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS Y AL ESTADO AL PAGO DE AMBAS COSTAS. 5. COMO MEDIDA CAUTELAR, SOLICITAMOS DECLARAR LA NULIDAD DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NUMEROS (sic) 2007-177 DE FECHA 19 DE ABRIL DEL AÑO 2007 Y ACUERDO NUMERO (sic) 2011-112 DEL 07 DE ABRIL DEL AÑO 2011, POR CUANTO CON ESTOS ACUERDOS SE NOS EXPROPIA ILEGALMENTE LA FINCA DE LA PROVINCIA DE LIMON (sic) MATRICULA (sic) 16619, LO CUAL VA EN CONTRA DE NUESTROS DERECHOS FUNDAMENTALES. 6. SE NOS OTORGUE LA AUTORIZACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AGUA SOLICITADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL AÑO 2011." Los co-demandados contestaron de forma negativa. En general opusieron las excepciones de falta de: derecho y de legitimación pasiva, así como; la de incompetencia y litis consorcio pasiva necesaria (rechazadas en lo interlocutorio). En la audiencia preliminar llevada a cabo el 12 de junio de 2014, se ajustaron las pretensiones como sigue: "como pretensión PRINCIPAL: Que lo que se solicita es que se ordene la expropiación. Y como SUBSIDIARIA: Es que se pague el valor de los terrenos (...) Se indica que en relación con la pretensión numero (sic) dos y número uno las pretensiones versan sobre la totalidad de la finca, lo cual implica todos los derechos sobre esa finca, además se aclara que los derechos sobre la finca no están individualizados, ni delimitados materialmente, por lo que corresponde a una sola finca (...) 1) Daño económico, por la imposibilidad de disponer del terreno a raíz de que el AYA, no ha otorgado la disponibilidad del agua. 2) Perjuicio: La falta de retribución económica de parte del AyA, por el agua que se extrae en la propiedad. Además se indica que la cuantificación de estos rubros aún no lo han podido realizar. En cuanto a la pretensión N° 6, aclaró que ésta es subsidiaria a la 1. "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA... Nulidad absoluta de los acuerdos de la Junta Directiva del AyA N° 2007-177 y 2011-112, ya que nunca fueron notificados a las partes (...)." El 21 de diciembre de 2018, los señores Andra Edwards Loban, Charles Nataniel Edwards Kelly, Javier Edwards Kelly, Gloria Cristina Edwards Kelly, Olman Edwards Kelly, Sucesorio de Oscar Edwards Kelly, albacea Alena Kelly Kelly, Ruperto Edwards Loban, Tansy Edwards Hamn, Ruth Edwards Hudson, solicitaron que se incluyeran como terceros interesados con pretensiones propias, tendientes a que se ordene la expropiación de la finca 16619 y la indemnización de daños y perjuicios. Asimismo, por escrito presentado el 29 de junio de 2022, se apersonaron como terceros interesados Yenory Edwards Griffits y Ulrica Edwards Griffits, quienes también formularon pretensiones tendientes a que se ordene la expropiación de la finca 16619 y la indemnización de daños y perjuicios. En escrito presentado el 5 de mayo de 2023, se apersonó Noily Angélica Ferguson MC Knight, en condición de albacea de Oscar Francisco Edwards Kelly. El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Quinta, integrado por los jueces Ileana Isabel Sánchez Navarro, Marianella Álvarez Molina y  Juan Luis Giusti, mediante sentencia no. 47-2023-V de las 8 horas 30 minutos del 8 de junio de 2023 dispuso: “Se admite de forma parcial la prueba presentada por el AyA para mejor resolver, según lo indicado en el considerando I de esta sentencia. Se acoge la defensa de falta de legitimación pasiva formulada por el representante estatal, y en lo que concierne al Estado, la demanda se declara inadmisible. Asimismo, se admite la excepción de falta de derecho esgrimida por el personero del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y se declara sin lugar la demanda planteada en su contra por Raymond Edwards Kelly, Anabeth Edwards Kelly, y en el cual intervienen como terceros interesados, Roberto Edwards Kelly, Wilbert Edwards Kelly, Andra Edwards Loban, Charles Nataniel Edwards Kelly, Javier Edwards Kelly, Gloria Cristina Edwards Kelly, Olman Edwards Kelly, Sucesorio de Oscar Edwards Kelly, albacea Alena Kelly Kelly, Ruperto Edwards Loban, Tansy Edwards Hamn, Ruth Edwards Hudson, Yenory Edwards Griffits, Ulrica Edwards Griffits, Noily Angélica Ferguson MC Knight, cédula 700790685, en su condición de albacea de Oscar Francisco Edwards Kelly, cédula 700850122. Se resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas.”  Inconformes: la parte accionante, los terceros interesados y el Estado formulan recursos de casación, los que fueron admitidos por esta Cámara.

III. De previo, ofrecen los terceros interesados como prueba los oficios DIM-0125-2019 y GDI-MI-321-2019, ambos emitidos por la Municipalidad de Limón. Dice, tales documentos acreditan que la señora Julieth Edwards Loban carece de permisos de construcción y patentes para ejercer actividades en la zona 6 del Acuífero Moín-Limón. Prueba que juran no conocer con anterioridad. A efectos de resolver la solicitud planteada, se estima necesario aclarar que el Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA) prevé dos formas para conocer prueba en la etapa extraordinaria las cuales se extraen de los artículos 145 y 148 ambos del CPCA. El primero, prevé la posibilidad para las partes, durante el trámite del recurso, de aportar prueba documental sobre hechos nuevos y posteriores al fallo recurrido, que juren no haber conocido con anterioridad. Se trata de una extensión del derecho de ofrecer prueba como correlato de la carga demostrativa que pesa sobre las partes, siempre y cuando se cumplan con los requisitos previstos en la disposición en comentario. No se califica la naturaleza del documento que se puede aportar, con la clara finalidad de que se presenten tanto los públicos como los privados. Aquella para mejor proveer, regulada en el mandato 148 ibidem, es del juzgador, y corresponde a un segundo escenario mediante el cual se pueden incorporar elementos de convicción. Se trata del reconocimiento de la iniciativa probatoria oficiosa a cargo, en esta etapa, de los jueces casacionales. Otra diferencia radica en los medios probatorios que pueden ser incorporados. Mientras que mediante la prueba para mejor resolver, se contemplan todos aquellos medios que resulten admisibles, en el caso de la ofrecida por la parte, se limita a la documental (pública o privada, conforme lo prevé el numeral 145 inciso 3 del CPCA). En la especie, la parte recurrente ofrece como prueba documentos tendientes acreditar que la señora Julieth Edwards Loban  carece de permisos y patentes para desarrollar actividades en el inmueble de su propiedad ubicado en la zona 6 del acuífero de Moín-Limón. Dichas probanzas presentadas por la recurrente deben ser rechazadas. Primero por el incumplimiento de los requisitos enmarcados en la norma 145 de CPCA y en segundo lugar porque no refieren en forma específica a la situación particular de la actora. No abona algún hecho relevante que pueda modificar el cuadro fáctico de la accionante, ni tiene relación alguna con el objeto del proceso. Si la señora Edwards Loban construyó conforme a derecho o no, deviene ajeno al proceso. Así las cosas, la proposición probatoria incorporada en este asunto identificada como prueba para mejor resolver, se estima innecesaria en el tanto, en criterio de esta Cámara la probanza constante en autos es suficiente para llegar a una conclusión ajustada a derecho. Ergo, se rechaza la solicitud de prueba para mejor resolver.

Recurso de la parte actora

 IV. En total plantea dos censuras, una de naturaleza procesal y la otra sustantiva. Como único cargo procesal, señala que al estimar el Tribunal que el motivo principal de la demanda gira en torno a una simple solicitud de disponibilidad de agua realizada ante el AyA, deja de lado el despojo de la propiedad producto de acuerdos revestidos de ilegalidad. Entre tales acuerdos refiere al 2011-112, en el que se establece el permiso para realizar, dentro de la denominada zona 6 del área de recarga del acuífero de Moín, desarrollos con densidades iguales o inferiores a una unidad habitacional por cada 1000 metros, de ahí, el impedimento para construir en sus terrenos al medir 400 metros cuadrados (en violación del canon 45 de la Constitución Política). Aduce, tales prohibiciones restringen en menor o mayor grado las facultades de los propietarios de disponer de sus terrenos. Agrega, los Jugadores violan el debido proceso al desconocer y dar validez a una circular interna, violatoria del derecho de propiedad consagrado en el cardinal 45 de la Carta Magna. Apunta, los Jueces desconocen también que la Ley de Constitución del AyA no le da competencia para la declaratoria de mantos acuíferos o áreas de recarga acuífera, en tanto, al tenor del precepto 2 de la Ley Forestal, el Poder Ejecutivo puede establecer en terrenos de dominio privado áreas silvestres protegidas (cualquiera que sea su categoría de manejo), no obstante, cuando no exista acuerdo entre partes debe proceder a su expropiación. Dice, a pesar de conocer las disposiciones de la Ley Forestal, el Tribunal continúa respaldando los acuerdos ilegales de comentario, los que sirven de base para despojar a los verdaderos propietarios de la finca matrícula 16619-000. Manifiesta, estimar que el inmueble 16619-000 no amerita su expropiación por no representar el interés público, contradice lo anotado en el oficio no. SIGDD-2023-00007741-1-1-1 (prueba constante en autos). Sostiene, desconocen los Juzgadores que un acto administrativo basado en ilegalidad (como ocurre en el subjúdice), no puede generar derechos ni obligaciones, menos aún imponer requisitos de difícil o imposible cumplimiento. Añade, se le dio valor de plena prueba al testimonio del señor Alejandro Rodríguez Vindas, a pesar de presentarse con un discurso aprendido, incurriendo en el delito de falso testimonio, en burla de la administración de justicia, pues ni siquiera conocía la ubicación de la finca matrícula 16619-000 e incluso, indicó que la importancia del inmueble para la recarga acuífera de las fuentes de Moín es del 3%. Finalmente, expresa, la testigo Viviana Ramos Sánchez desconocía la finca en que realizó el Estudio Hidrogeológico y de Vulnerabilidad del Acuífero de Moín, pues en un inicio señaló que el inmueble representaba el 8% de la recarga acuífera de Moín, pero luego cambió dicho porcentaje al 3% (en contraposición al oficio SIGDD-2023-00007741-1-1-1). Como único reparo sustantivo, afirma que el estudio realizado por la señora Ramos Sánchez de la Unidad de Estudios Básicos de la Dirección de Gestión Ambiental resulta cuestionable, al no contar con permisos de entrada a la propiedad y dado que en su comparecencia mencionó que no conoce el inmueble, lo que violenta el precepto 94 del Reglamento a la Ley Forestal, norma que establece el procedimiento a seguir para declarar un área de recarga acuífera. Asevera, el Estado ni el AyA siguieron los lineamientos obligatorios indicados en dicho canon, lo que a su vez infringe el cardinal 5 inciso i) de la Ley Constitutiva del referido Instituto. Incluso, destaca, a la fecha de interposición del recurso de casación, no se le había notificado de la realización de ningún estudio. Por otra parte, apunta, los acuerdos ilegales 80-121, 2007-117 y 2011-122 los dictó la Junta Directiva del AyA de forma individual, de ahí el rechazo de dicha prueba. Aduce como violentado el derecho de propiedad establecido en el canon 45 de la Constitución Política. Señala, durante  los últimos 43 años no han podido disfrutar de sus tierras y quien ha lucrado con ellas, mediante la extracción de agua, ha sido el Instituto co-accionado.

V. Señaló el Tribunal, el objeto de este asunto es determinar la conformidad o no con el ordenamiento jurídico de dos acuerdos adoptados por la Junta Directiva del AyA -2007-177 y 2011-112- y a partir de allí, determinar si procede o no ordenar la expropiación del inmueble propiedad de los co-accionantes y de los terceros interesados o bien; si procede a su favor algún tipo de indemnización. En esa dirección, argumentó, al tenor del artículo 264 de la Ley General de Salud, el agua es un bien de utilidad pública y la acción de tutela por parte de la Administración Pública constituye un deber legal indispensable para asegurar el derecho a su utilización para el consumo humano. Agregó, conforme el canon 2° de la Ley Constitutiva del AyA, no. 2726, dicho ente tiene la potestad de “resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable”, sin perjuicio de las competencias asignadas por ley a otros órganos y entes, vinculadas a la protección del referido recurso. Destacó, el AyA tiene la potestad de adoptar las providencias necesarias a fin de evitar la contaminación de las áreas de recarga de los acuíferos y zonas de captación. En el marco del ejercicio de sus competencias, indicaron los Juzgadores, el AyA a través de su Junta Directiva emitió los acuerdos 2007-177 y 2011-112, lo que parten del hecho -como antecedente fáctico- de que el área denominada como zona 6 forma parte del acuífero de Moín-Limón, área que sirve de abastecimiento del recurso hídrico a un sector importante de la población de Limón, de ahí; la obligación legal -como antecedente fáctico también- de llevar a cabo acciones para preservar y proteger dicha zona, como lo dispone el numeral 2 de la Ley no. 2726. Destacaron los Jueces, dada la relevancia para el suministro de agua potable de la zona a que refieren los acuerdos de comentario, por mandato de ley, el Instituto demandado tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para su conservación, conducta que en el subjúdice se plasmó en los acuerdos 2007-177 y 2011-112, los que además contaron como antecedente de carácter técnico del Estudio Hidrogeológico y Vulnerabilidad del Acuífero Moín-Limón elaborado por la hidrogeóloga del Área de Gestión Ambiental del AyA, señora Viviana Ramos Sánchez. Añadieron, si bien es cierto, mediante acuerdo 2011-112 se ampliaron las actividades que es posible desarrollar en la zona 6 del Acuífero Moín-Limón, no se aportó prueba a los autos de que tal acuerdo implique per se una regresión en la protección ambiental y un peligro para la preservación de esa área de recarga acuífera. Por el contrario, acotaron, del criterio experto de la hidrogeóloga Ramos Sánchez -entorno al que no existe prueba en contrario- es posible la protección del sitio de la mano con el desarrollo sostenible de la zona. En todo caso, manifestaron, el referido acuerdo también contó como antecedente técnico la “Matriz de Criterio de Uso del Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de los Acuíferos para la Protección del Recurso hídrico”, emitida por la Junta Directiva del Sistema Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (de aplicación obligatoria según sentencia de la Sala Constitucional no. 2021-08892 de las 16 horas 3 minutos del 27 de junio de 2012). Razonó el Tribunal: “De esta forma, el Tribunal corrobora, no solamente la existencia del motivo, esto es de la existencia de antecedentes fácticos y jurídicos que justifican la adopción de los acuerdos 2007-177 y 2011-112 emitidos por la Junta Directiva del AyA, sino además, que éstos han sido debidamente motivados y que su contenido se ajusta al fin público que persiguen en orden a proteger y preservar el recurso hídrico para la población de Limón, al tiempo que de forma paralela, resulte posible el desarrollo económico de la zona, siempre y cuando se acaten las medidas necesarias que garanticen que el desarrollo de actividades en la zona de protección, no vulneren o impacten de forma negativa el Acuífero. La representación de la parte actora aduce que el acto administrativo en cuestión nunca les fue notificado, ni se brindó audiencia alguna. Sobre el particular es preciso indicar que este Órgano decisor estima que la participación de los administrados en el proceso de conformación de ciertas conductas de la Administración no solamente es una manifestación de la democratización del ejercicio del poder, sino que además resulta acorde con los principios de transparencia y publicidad que rigen sus actuaciones. No obstante, los acuerdos 2007-177 y 2011-112 emitidos por la Junta Directiva del AyA, constituyen una manifestación de la discrecionalidad técnica, en cuanto están basados en apreciaciones y valoraciones surgidos a la luz de conocimientos especializados, y que consisten en recomendaciones emitidas en el marco de las competencias que, en orden a la protección del recurso hídrico, el ordenamiento jurídico le confiere al AyA, como ente rector en la materia, y que están dirigidas a otros órganos o entes que ostentan potestades cuyo accionar podría incidir en la preservación de dicho recurso. Así, sin desconocer la enorme relevancia que sin duda alguna tiene la participación ciudadana, existen casos límite, en las cuestiones que deben atenderse y ser resueltas con fundamento en elementos exclusivamente técnicos, como ocurre en este caso, en donde la conducta administrativa lo que hace es determinar una serie de recomendaciones relacionadas con las actividades que pueden o no realizarse en una zona de interés para la conservación del recurso hídrico. En consecuencia, este Órgano no encuentra que en la especie ocurra el vicio de nulidad apuntado, al no otorgarse audiencia respecto del contenido de los acuerdos, a los propietarios de los inmuebles localizados en la zona en cuestión, sin perjuicio de que fueron publicados en Las gacetas número 83 del 02 de mayo del 2007 y 83 del 02 de mayo del 2011, dados los efectos generales que tienen los mismos, conforme a lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 240 de la Ley General de la Administración Pública. En consecuencia, se concluye que los acuerdos N° 2007-177 y 2011-112, emitidos por la Junta Directiva del AyA, no presentan algún tipo de patología que amerite declarar su nulidad, por lo cual, la pretensión planteada en orden a que éstos se supriman debe rechazarse.” Teniendo claro lo anterior, procedieron los Jueces a examinar el efecto expropiatorio y supuestamente lesivo de los acuerdos 2007-177 y 2011-112 respecto de los propietarios del inmueble matrícula 16619. En ese sentido, determinaron que el acuerdo 2007-177 presentaba una enunciación de actividades no permitidas que socavaban el derecho de propiedad de los demandades, sin embargo; tales efectos cesaron al emitirse el acuerdo 2011-112, de ahí que el punto carece de interés actual. Señalaron, la parte actora y los terceros interesados no acreditaron que, con ocasión del acuerdo 2007-177 se le haya negado la realización de alguna actividad y además, una vez interpuesta la demandada, el acuerdo 2007-177 había dejado de surtir efectos. Ahora, indicaron los Juzgadores, en el acuerdo 2011-112 el ente accionado amplio de forma considerable las actividades permitidas en la zona 6 del Acuífero Moín-Limón, por lo que no es cierto que devenga imposible o poco factible la explotación y el desarrollo económico de los inmuebles que se ubican en dicha zona (entre ellas; construcción de vivienda, hoteles u otro tipo de edificaciones). Señalaron, ciertamente la zona es de baja densidad, lo que limita el número de unidades por metro cuadrado, pero la sola adopción del acuerdo 2011-112 no supone la concurrencia de un daño real, efectivo e individualizable que justifique ordenar la expropiación pretendida ni la estimación del reclamo indemnizatorio. Destacaron, los alegatos a fin de que se establezca la obligación de expropiar y la indemnización de daños y perjuicios tiene sustento en meras conjeturas, sin respaldo en los autos. Resaltan, los accionantes no demostraron la efectiva concurrencia de las lesiones cuya reparación pretenden y que sostienen únicamente en apreciaciones subjetivas. Consideró el Tribunal: “En autos no existe una sola probanza de alguna gestión realizada por los demandantes que haya sido rechazada, y a partir de la cual sea posible colegir la existencia de una perturbación real al derecho de propiedad, que sea de carácter individual y que vaya más allá de las limitaciones que en atención a la función social de la propiedad y a la naturaleza del bien jurídico tutelado, puedan imponerse válidamente sin que ello implique per se, dejar sin contenido el derecho de propiedad o que se ocasionen los daños y perjuicios reclamados. Los detrimentos reclamados no pueden ser dados por supuestos por este Tribunal, ya que no es posible que, sin constar conductas administrativas concretas, que impliquen que los propietarios del bien no puedan disponer de éste, se valoren como consecuencia lógica y necesaria del acuerdo N° 2011-112. Son por ende meras conjeturas, que no acreditan un detrimento real e inminente y que no se encuentran amparadas en elementos tangibles y objetivos de demostración, lo cual necesariamente conlleva a su rechazo. (…) Finalmente, ha quedado debidamente acreditado que en la zona 6 del Acuífero Moín-Limón se han desarrollado actividades de distinta naturaleza, y existe infraestructura como el estadio nuevo de Limón, la Universidad Estatal a Distancia, el Benemérito Cuerpo de Bomberos y otras edificaciones, realizadas incluso por otros miembros de la familia Edwards Kelly, lo cual ratifica el hecho de que la conducta administrativa impugnada no ha tenido los efectos perniciosos aducidos por los demandantes. (…) A pesar de que el perito designado en autos, señala en su informe, y reiteró en la audiencia de juicio, que sí hay una afectación, el Tribunal estima que no motivó adecuadamente su conclusión, y resulta además contradictoria con lo que él mismo indicó que pudo observar en la zona, por lo anterior, sin perjuicio de que el informe resulta útil por la información registral, y fotográfica del área, no lo es para determinar si existe o no alguna lesión al derecho de propiedad. Luego, al no corroborarse que con ocasión de la conducta administrativa impugnada, se ha vaciado de contenido el derecho de propiedad de los demandantes, ni acreditarse tampoco la generación de un daño real, efectivo e individualizable, lo procedente será rechazar las pretensiones tendientes a que se obligue a la AyA a expropiar el inmueble N° 16619 del partido de Limón, así como el pago de daños y perjuicios.”

VI. Al confrontar lo resuelto por el Tribunal y lo reclamado por la recurrente en ambos agravios, deviene evidente que se está ante una casación informal. Las acusaciones que se endilgan resultan informales al no combatir, como en derecho corresponde, lo dispuesto por el Tribunal y los fundamentos dados en apoyo de lo decidido. La casacionista no sigue una adecuada técnica en su formulación, oscila sobre diferentes argumentos que desarrolla sin un hilo conductor de la forma como se abordó el tema en conflicto por parte de los Juzgadores, lo que resulta ajeno al control casacional. Tomase en cuenta, los Jueces de instancia fueron claros al rechazar la demanda por estimar conforme a derecho los acuerdos adoptados por la Junta Directiva del AyA, números 2007-177 y 2011-112, además, tuvieron por no acreditado que, con ocasión de tales acuerdos, se le haya denegado la realización de alguna actividad a los co-accionantes o terceros interesados o bien; que devenga imposible o poco factible la explotación y el desarrollo económico de los inmuebles que se ubican en la zona 6 del acuífero Moín-Limón. Así las cosas, para los Jueces la sola adopción de los referidos acuerdos no supone la concurrencia de un daño real, efectivo e individualizable que justifique ordenar la expropiación requerida ni la estimación del reclamo indemnizatorio. Sin embargo, nada de ello es combatido por la recurrente como en derecho correspondía. Las acusaciones no dejan de ser una simple inconformidad sin sustento fáctico y normativo, por las razones que se dirán. La casacionista no establece de forma concreta cual es el cargo procesal reprochado, aspecto que de ninguna forma corresponde definir a esta Cámara. La estructura y claridad de los alegatos son fundamentales, ya que el órgano casacional no tiene la carga de “interpretar” los posibles agravios o reorganizarlos para su análisis. La claridad y precisión en la formulación de los cargos es esencial para que este Órgano Colegiado pueda cumplir su función sin asumir responsabilidades que competen exclusivamente a la parte recurrente. Reorganizar o interpretar los reparos pondría en riesgo la imparcialidad, ya que implicaría para este Órgano Decisor actuar de manera activa en la formulación de las censuras, lo que no corresponde a su competencia. Tómese en cuenta, la recurrente alega que el Tribunal se equivoca al establecer que el objeto del proceso radica en simples solicitudes de disponibilidad de agua realizadas ante el AyA, sin embargo; tal afirmación no es correcta, pues como se detalló en el Considerando V del presente fallo, los Juzgadores determinaron que el objeto de este asunto gira en torno a la conformidad o no de los acuerdos adoptados por la Junta Directiva del referido Instituto, números 2007-177 y 2011-112 y a partir de allí, determinar la procedencia o no de ordenar la expropiación del inmueble matricula 16619 o bien, de algún tipo de indemnización. Acuerdos que estimaron conforme a derecho, de ahí la improcedencia de la expropiación e indemnización pretendidas. De seguido, la casacionista refiere al contenido del acuerdo no. 2011-112 y su consecuente violación del artículo 45 de la Constitución Política, más no relaciona dichos aspectos a lo resuelto por los Jueces de instancia. En otras palabras, desconoce esta Cámara cual es el vicio procesal en que incurre el Tribunal respecto a dicho acuerdo. Por otra parte, la recurrente invoca que los Juzgadores incurren en violación del debido proceso al desconocer y dar validez a una circular interna, sin embargo; no establece de forma concreta a que circular hace referencia, la forma en que fue analizada por los Jueces y su importancia en la resolución del caso concreto (lo que en todo caso correspondería a un agravio sustantivo y no procesal). Prosigue la casacionista aludiendo a las competencias del AyA conforme a su Ley Constitutiva y a lo establecido en la Ley Forestal, limitándose a indicar que el Tribunal desconoce ambos cuerpos normativos. Afirmación que no relaciona a un cargo procesal concreto y más se asemeja a un vicio sustantivo (pero no detalla la recurrente de qué forma los Juzgadores violentaron dichos cuerpos normativos y en qué medida su correcta aplicación o interpretación hubiera variado lo decidido en sentencia). Señala la casacionista que, estimar que la finca matrícula 16619-000 no amerita su expropiación contradice lo anotado en el oficio no. SIGDD-2023-00007741-1-1-1, no obstante; tal afirmación corresponde a una censura sustantiva por indebida valoración probatoria y no a un cargo procesal. Reparo sustantivo que deviene informal, pues no se alude al contenido de ese elemento demostrativo, ni se explica de qué forma, de haber sido analizados por los Jueces, la demanda se hubiera declarado con lugar. Tampoco detalla la recurrente cual es la ilegalidad que sirve de base a los actos impugnados. Finalmente, cuestiona la casacionista el valor probatorio otorgado a los testimonios rendidos por el señor Alejandro Rodríguez Vindas y la señora Viviana Ramon Sánchez, lo que también corresponde a un agravio de naturaleza sustantiva y no procesal. Cabe destacar, al alegarse indebida valoración del acervo probatorio o preterición de prueba, es decir, violación indirecta de ley, resulta requisito indispensable, además de mencionar las pruebas preteridas o mal apreciadas, se debe citar las normas eventualmente infringidas consecuencia de los yerros, así como explicar en qué consiste el quebranto y su influencia en el dispositivo de la sentencia, todo lo cual extraña y dice de una falta motivación del cargo procesal. Ahora, en relación a la única censura de naturaleza sustantiva reclamada, la recurrente incurre en los mismos vicios señalados hasta el momento. No endilga un agravio concreto a lo resuelto por el Tribunal. Cuestiona el estudio técnico realizado por la hidrogeóloga Viviana Ramos Sánchez, pero no especifica de qué forma los Juzgadores incurren en una indebida valoración de dicha prueba. Se alega que el Estado y el AyA no siguieron los lineamientos establecidos en la Ley Forestal para declarar un área de recarga acuífera, mas no relaciona tales inobservancias con lo resuelto en sentencia. Asevera que no se le notificó la realización de ningún estudio por parte del AyA, aspecto que los Jueces estimaron innecesario en aras de proteger y preservar el recurso hídrico, máxime que los acuerdos adoptados por la Junta Directiva del AyA fueron publicados en el diario oficial La Gaceta, lo que no combate la casacionista. Achaca que los acuerdos 80-121, 2007-177 y 2011-122 los dictó la referida Junta Directiva en forma individual, pero sin detallar porque tal aspecto conlleva al rechazó de las pruebas y su importancia en lo decidido en sentencia. Por último, arguye como violentado el canon 45 de la Constitución Política, al no haber podido disfrutar durante 43 años de sus tierras, lo que no deja de ser una mera apreciación subjetiva carente de prueba y de relación con lo dispuesto por el Tribunal. Ante las deficiencias que presentan los reparos esgrimidos, lo procedente será disponer su rechazo.

Recurso de los terceros interesados: Tansi Edwards Hamn, Olman Edwards Kelly, Wilbert Roman Edwards Kelly, Roberto Edwards Kelly, Yenory Edwards Griffits, Ulrica Edwards Griffits y Melba Owen Gumbs.

Casación por violación de normas procesales

VII.  Como primer cargo, arguye, indefensión con la consecuente violación del numeral 33 de la Constitución Política. Apunta, bajo la justificación de que se está ante un asunto de puro derecho, el Tribunal se negó a admitir la declaración de parte de al menos uno de los actores o terceristas, a fin de que declararan sobre los hechos de la demanda, los daños y perjuicios reclamados y, las limitaciones al uso, goce y disfrute de la propiedad privada. Señala, los Juzgadores rechazaron la prueba argumentando que desconocen las razones por las cuales el juez tramitador admitió la prueba testimonial, al tratarse de un proceso de puro derecho, lo cual —indica— no es cierto, pues en el propio fallo los Jueces analizan y otorgan plena credibilidad a los testigos de la parte demandada, cuyas declaraciones resultaron trascendentales para declarar sin lugar la demanda. En ese sentido, detalla, en el hecho probado no. 8 se concluyó que en la zona 6 del Acuífero Moín-Limón se han desarrollado actividades de distinta naturaleza y existen edificaciones públicas y privadas, incluso de miembros de la familia Edwards Kelly, con base en la declaración en juicio del testigo Alejandro Rodríguez Vindas. Además, se valoró en el fallo el testimonio de la ingeniera Viviana Ramos Sánchez, funcionaria del AyA, cuyo estudio hidrogeológico se tomó como fundamento de los acuerdos impugnados. Lo anterior, critica, evidencia el quebranto al principio de igualdad, pues se niega la prueba de declaración de parte que permitía acreditar la humanidad y el factor social trascendente para resolver el asunto, así como los daños y perjuicios alegados. Afirma  resulta contradictorio argumentar que se está ante un asunto de puro derecho, no obstante, se proceda a valorar prueba testimonial de la contraparte.

VIII. La denegatoria de prueba ocurre cuando el Tribunal decide no admitir una prueba en el proceso por considerar que es irrelevante, impertinente, o que no cumple con los requisitos legales y procedimentales necesarios. En este caso, la prueba no formará parte del expediente y no será considerada por los Jueces al tomar su decisión. La denegación de una prueba implica una exclusión definitiva de la misma, lo que puede obstaculizar significativamente la capacidad de la parte para sustentar su caso. Si la parte afectada considera que la denegación fue injusta, puede intentar recurrir la decisión mediante los recursos procesales pertinentes. En el presente asunto, consta del archivo de audio y video de la audiencia de juicio celebrada el 11 de mayo de 2023, los Juzgadores de instancia rechazaron la declaración de parte ofrecida por los terceros interesados al estimar que no resultaba oportuna, relevante, ni necesaria para resolver el asunto concreto, dado que los hechos y pretensiones de la demanda eran concretos. Indicaron, en el subjúdice el Tribunal tenía una función fiscalizadora de dos actos emitidos por el AyA, a fin de valorar su legalidad, sea; que fueran dictados conforme a derecho y, además si, con ocasión de esa conducta se derivan daños y perjuicios para la parte actora y los terceros interesados. Expresamente, señalaron los Jueces que la prueba sería evacuada en atención al objeto del proceso, de ahí; la denegatoria dispuesta. Inconforme con lo decidido, el representante legal de los terceros interesados interpuso recurso de revocatoria, el que fue rechazado por el Tribunal en la misma audiencia de juicio. Señaló este último, corresponde a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa revisar la legalidad de la conducta impugnada, de manera que la prueba por excelencia en este tipo de asuntos consta en el expediente administrativo, el que evidencia a las personas Juzgadoras esas conductas, las que una vez revisadas se confrontan con el ordenamiento jurídico, para determinar la existencia o no de una limitación al derecho de propiedad. Determinación que no se lograr obtener con lo que puedan indicar las partes, sino con el contenido que el ordenamiento jurídico le da al derecho de propiedad. Comentaron los Jueces, es una revisión meramente jurídica la que corresponde realizar en el asunto de examen, de ahí que no estimaban necesaria la probanza ofrecida. Agregaron, la declaración de parte seria subjetiva y esas apreciaciones, aseveró el Tribunal, no iban incidir en lo decidido. Añadieron, los daños y perjuicios se prueban de forma objetiva. Al confrontar el cargo endilgado y lo resuelto por los Juzgadores la indefensión acusada deberá ser rechazada. No es cierto que los Jueces denegaron la prueba ofrecida por estimar que se está ante un proceso de puro derecho, tal afirmación es una mera invención de la recurrente. La declaración de parte fue denegada por estimarse irrelevante, dado el control de legalidad que correspondía realizar al Tribunal (no combatido en casación). Además, por no constituir prueba objetiva de los daños y perjuicios reclamados, criterio que comparte este Cámara. Tómese en cuenta, aún de introducirse hipotéticamente la prueba que echa de menos la casacionista, las manifestaciones de los co-accionantes o de los terceros interesados no podrían asumirse como ciertas sin más (sea, sin ningún respaldo probatorio), pues se trata de la versión de quien tiene interés directo en el asunto, en tanto le puede afectar personalmente. Es decir, no es la declaración de un tercero imparcial y ajeno al conflicto. Los daños y perjuicios correspondían ser demostrados con prueba documental idónea (lo que no sucedió), no con argumentos subjetivos de las partes interesadas (atinentes a aspectos de humanidad o factores sociales), como bien indicaron los Jueces. Así las cosas, el motivo reprochado deberá ser rechazado.

IX. Como segunda censura, recrimina, medios probatorios ilegítimos, con el consecuente quebranto de los artículos 20, 21 y 22 del Código Civil, por abuso antisocial del derecho contrario a las reglas de la buena fe y fraude de ley. Señala, en el hecho probado no. 8, el Tribunal tuvo por acreditado que en la zona 6 del Acuífero Moín-Limón se han desarrollado actividades de distinta naturaleza por parte de otros miembros de la familia Edwards Kelly, concretamente por  la señora Julieth Edwards Loban, apoyándose en el oficio GSP-RHC-2021-01557 de fecha 17 de agosto de 2021, valorado como elemento probatorio para demostrar la posibilidad de realizar actividades en la zona. Sin embargo, alega, con la introducción de dicha prueba se omite el hecho cierto de que doña Julieth no posee patentes municipales y realizó construcciones sin autorización, de modo que —arguye— el derecho no puede tutelar situaciones antijurídicas como las reconocidas en la sentencia. Indica, al tratarse de una prueba admitida como prueba para mejor resolver, corresponde en esta etapa su impugnación, y ofrece como contraprueba los oficios GDI-ML-321-2019 del 12 de septiembre de 2019, emitido por el señor Óscar Walter Oviedo, ingeniero de la Municipalidad de Limón, y el oficio DIM-0125-2019. Sostiene, tal prueba acredita que se construyó sin contar con permisos municipales y que el Tribunal fue inducido a error al resolver con prueba engañosa para acreditar la existencia de actividades de desarrollo en la zona 6, configurándose así el quebranto directo del Código Civil, por contravenir las reglas de la buena fe al haberse introducido elementos probatorios ilícitos por parte del AyA mediante omisión de hechos ciertos. Agrega, la señora Julieth Edwards por necesidad económica se vio obligada a construir sin permisos y el AyA, de forma hábil, preconstituyó dicha prueba en agosto de 2021 para crear un sofisma dirigido a influir en los Jueces y hacerles creer en la viabilidad del desarrollo en esa zona. Resalta que la señora Edwards no es parte en este proceso, por lo que el actuar del AyA al introducir prueba engañosa amerita el rechazo de esa prueba para mejor resolver y la revocatoria de la resolución en tal extremo. Añade, el Tribunal utiliza dicha prueba para denegar las pretensiones de los recurrentes, dando por sentada la legalidad de las actividades y construcciones realizadas por la señora Julieth Edwards, pese a tratarse de obras ilegales.

X. No comparte esta Cámara el reproche planteado. Consta en autos mediante escrito del 18 de agosto de 2021, el AyA ofreció como prueba para mejor resolver, en lo de interés, dos documentos: primero, un escrito de compromisos de fecha 21 de julio de 2021, asumidos por la señora Julieth Edwards Loban, a fin de legalizar la actividad comercial desarrollada en su propiedad con plano de catastro es L-1359213-2009 y folio real 156992-000; segundo, el oficio GSP-RHC-2021-01557 del 17 de agosto de 2021, mediante el cual el señor Alejandro Rodríguez Vindas, de la Región Huetar Caribe del AyA le informó a la señora Edwards Loban sobre las medidas que debe implementar para garantizar la protección del manto Acuífero en la zona 6 del Acuífero de Moín y contar con el visto bueno del referido Instituto para poner a derecho la actividad comercial realizada en la propiedad. En torno a la prueba ofrecida, estimaron los Juzgadores de instancia: “El Tribunal estima que dicha prueba sí debe admitirse, pues está vinculada estrechamente con la teoría del caso planteada por ambas partes de este asunto, en lo que concierne a la posibilidad de realizar actividades en la zona 6 del Acuífero Moín-Limón.” Cabe destacar, este Órgano Decisor discrepa de la calificación otorgada por la recurrente a la prueba objetada, sea; como medio probatorio ilegítimo. El numeral 137.1.c del CPCA establece la casación por razones procesales cuando el Tribunal se funde en medios probatorios ilegítimos o introducidos ilegalmente al proceso, lo que califica como una prueba espuria. Valga agregar, la prueba ilegítima es considerada inadmisible, por cuanto el ordenamiento jurídico dispone la ineficacia, es decir, que esta no es susceptible jurídicamente de ser considerada a efectos de sustentar el cuadro fáctico de un fallo jurisdiccional. Caso de una prueba obtenida ilegalmente (ordinal 137.c ibidem). En la especie, se califica como prueba ilegítima el oficio GSP-RHC-2021-01557 por la usencia de permisos por parte de la señora Edwards Loban (de construcción, patentes, entre otras), situación que es reconocida en el propio documento y no se ocultó al Tribunal. Además, no existe norma o principio que sustente que la circunstancia de que un acto no se ajuste a derecho impida su consideración como prueba en un proceso contencioso. El hecho de que el Tribunal admitiera la prueba ofrecida, no trae aparejado que este tutelando situaciones antijuridicas o que haya incurrido en engaño por parte del AyA, como alega la recurrente. Tómese en cuenta, en el propio escrito de compromisos suscrito por doña Julieth, se reconoce el ejercicio de actividad en el inmueble en contravención con el ordenamiento jurídico (por ausencia de permisos emitidos por el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Limón, entre muchos otros) y se proponen medidas para solventar las irregularidades del inmueble. Reconocimiento que torna irrelevante la contraprueba ofrecida por la recurrente, dirigida a acreditar las ausencias de tales permisos (aspecto que en todo caso deviene ajeno al objeto del proceso). Ahora, contrario al reclamo de la recurrente, tales deficiencias tampoco descartan que en la propiedad objeto de este proceso (la que se reitera, se encuentre ubicada en la zona 6 del Acuífero de Moín), sea posible la realización de actividades, como expresamente establece el AyA en el oficio GSP-RHC-2021-01557, previo cumplimiento de medidas suficientes para garantizar la protección del manto Acuífero (no desvirtuado en casación). En todo caso, valga señalar, en el asunto concreto no se encuentra en discusión la legalidad o no de las construcciones por parte de doña Julieth, lo que valora es la posibilidad de ponerlas a derecho. Al entenderlo de esa forma el Tribunal no se esta ante un medio probatorio ilegítimo, por lo que el agravio deberá desestimarse.

Casación por violación de normas sustantivas

 XI. Como primer reparo, reclama, violación de los artículos 50 de la Constitución Política, 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, 109 de la Ley de Biodiversidad y 82.4 del CPCA en relación a las reglas de la sana critica racional. Arguye, para el Tribunal el acuerdo 2011-112 no constituye una regresión en materia de protección al medio ambiente. No obstante, señala, dicho acuerdo tiene como sustento el mismo estudio con el que se impuso en el año 2007 el acuerdo 2007-177. Cuestiona cómo es posible que un mismo estudio impusiera limitaciones del más alto nivel en el 2007 y después haga más permisivas las actividades en la zona (sin variar o actualizar el estudio), aspecto no cuestionado ni fundamentado por los Juzgadores. En ese sentido, considera que los Jueces violentan las reglas de la lógica y el correcto entendimiento humano al valorar dicha prueba, pues sin argumentos técnicos estiman que un mismo estudio que recomendó la conservación absoluta, luego se puede utilizar para flexibilizar sus usos. Dice, no consta en autos prueba que acredite la forma que interpretó el AyA el referido estudio para hacer más permisivas las actividades que se desarrollan en la zona 6. Además, destaca, el acuerdo del año 2011 tampoco obtuvo la viabilidad ambiental del SETENA, requisito exigido para una actuación general de planificación de un territorio que forma parte del Plan Regulador del cantón de Limón, lo que violenta los numerales 17 de la Ley Organiza del Ambiente y 109 de la Ley de Biodiversidad (pues quien debía probar la ausencia de afectación, contaminación o degradación era el AyA). Aunado a lo anterior, acota, el acuerdo 2011-112 no deviene en un acto administrativo definitivo, pues su propia definición lo acredita como un “PROYECTO DE ACUERDO”, de ahí que, técnicamente no se podría considerar como nacido a la vida jurídica, pues no existe para los administrados certeza de su aplicación o vigencia.

 XII. Luego de un estudio pormenorizado del expediente, se determina que todos aquellos cuestionamientos en torno a la interpretación por parte del AyA al sustento técnico del acuerdo 2012-112, la falta de viabilidad ambiental del referido acuerdo y, al hecho de si se están ante un acto administrativo definitivo o ante un “proyecto de acuerdo”, se tratan de argumentos novedosos, no propuestos ni debatidos oportunamente por ninguna de las partes. En consecuencia, conforme al principio procesal positivizado en el canon 69.5.7 del Código Procesal Civil, aplicable a esta lite por la remisión dispuesta en el ordinal 220 del CPCA, esta Cámara no puede efectuar análisis alguno al respecto. Sobre el particular, la Sala Primera ha indicado que si un tema nunca ha sido propuesto ni debatido en la litis “… deviene en un argumento novedoso que resulta imposible de abordar en esta sede, por cuanto violentaría el derecho de defensa de las partes; de ahí que el agravio deba rechazarse.” Sentencia no. 716 de las 16 horas 10 minutos del 11 de junio de 2019 (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-931688). En virtud de ello, en esos aspectos concretos el presente reparo constituye un argumento novedoso y, por lo tanto, no sujeto de análisis por este Tribunal. Ahora, en relación al cuestionamiento sobre el sustento técnico del acuerdo 2011-112, no es cierto que  los Jueces no se pronunciación. En primer término, indicaron los Juzgadores, que el referido acuerdo no constituye una regresión en materia de protección al ambiente, pues trae aparejada la coexistencia entre la protección del recurso hídrico y el desarrollo sostenible. Destacaron, no fue aportado por ninguno de los intervinientes en este asunto, algún elemento probatorio que permita confirmar que la recomendación contenida en el acuerdo, respecto a la ampliación de las actividades que es posible de desarrollar en la zona 6, implique una regresión en la protección ambiental. Aspectos no combatidos ni desvirtuados en casación, lo que dice de la informalidad del cargo. Agregó el Tribunal, el acuerdo impugnado tiene como base técnica, no solo el Estudio Hidrogeológico y de Vulnerabilidad del Acuífero Moín-Limón, sino también; la "Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de los Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico", emitida por la Junta Directiva del Sistema Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento en el año 2006. Tómese en cuenta, según se colige del propio acuerdo 2011-117 constante en el expediente virtual, el Estudio hidrogeológico de comentario sirvió de base para establecer la ubicación topográfica de la zona de protección catalogada como zona 6. No obstante, en aplicación de la "Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de los Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico" se modificaron las recomendaciones de regulación de uso de suelo en la zona 6 del Acuífero de Moín-Limón. Sustento técnico no cuestionado ni combatido por la recurrente. Aunado a lo anterior, interesa agregar, la posibilidad de cuestionar el Estudio Hidrogeológico de comentario era en la vía ordinaria, no en esta instancia. Aspectos todos que confirman la informalidad del cargo y su consecuente rechazo.

 XIII. Como segundo motivo, invoca, quebrado del voto emitido por la Sala Constitucional no. 2008-0471. Afirma, en el fallo no. 2008-04781 los Juzgadores Constitucionales ordenaron modificar el Plan Regulador del cantón de Limón, a efectos de incluir las disposiciones establecidas en el acuerdo no. 80-121 adoptado por el AyA en la sesión 80-028 del 14 de abril de 1980. Asevera, al equipararse los usos dispuestos por el AyA a los de un plan regulador, deviene aplicables las reglas establecidas para la elaboración de estos últimos, de ahí que, el Tribunal desaplica el ordinal 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, al realizar la modificación de usos sin contar con la viabilidad ambiental y el precepto 29.d de la Ley de Planificación Urbana, en cuanto estipula que los planes de ordenamiento territorial deben promover la participación activa de los habitantes y de la sociedad organizada. Acota, la variable ambiental debe encontrarse implícita en cualquier modificación realizada por el AyA, en razón de lo dispuesto por la Sala Constitucional en la sentencia de comentario. Añade, los acuerdos 2007-177 y 2011-112 han burlado lo ordenado por el Tribunal Constitucional, al efectuar modificaciones que varían una obligación erga omnes. Apunta, al formar parte del plan regulador el estudio adoptado en la sesión 80-028, no se puede pasar por alto que la única forma de modificar los usos lo era mediante una modificación del referido plan regulador, procedimiento que obvio el AyA (entre ellos; la consulta pública). Concluye, la contradicción con el fallo constitucional de comentario sirve de fundamento para la nulidad pretendida en sentencia.

 XIV. La casación deviene de rechazo, por las siguientes razones. Refiere la recurrente al quebrando de dos votos distintos de la Sala Constitucional, a saber; primero alude al no. 2008-0471 y de seguido al no. 2008-04781, de ahí la falta de una determinación clara, precisa y concordante del reclamo planteado. Ahora, examinadas ambas sentencias en el sistema Nexus del Poder Judicial, se determina que ninguna de las dos tiene relación con el caso concreto. El fallo no. 2008-0471, corresponde a uno emitido el 14 de enero de 2008, dirigido contra el Consejo de Transporte Publico por temas ajenos al subjúdice (explotación del permiso de taxi placas SJP-4253). En tanto el voto no. 2004-04781 del 27 de marzo de 2008, gira en torno a un recurso de amparo contra el Director General de Migración y Extraería, por temas - también- ajenos al asunto particular (solicitud de vida y residencia). Deficiencias que acreditan la informalidad del cargo y que no permiten analizar el quebranto reclamado (ante la imposibilidad de confrontar el fallo constitucional y los acuerdos impugnados). Además, aspectos atinentes a la presunta falta de la viabilidad ambiental en infracción del precepto 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, falta de participación ciudadana en la adopción de los acuerdos impugnados y aquellos en relación el estudio adoptado por el AyA en la sesión 80-028, constituyen argumentos novedosos, no propuestos ni debatidos oportunamente por ninguna de las partes, de ahí; la imposibilidad de proceder a su análisis. En razón de lo expuesto, el reparo deberá ser rechazado.

XV. Como tercera censura, reprocha, quebranto a las reglas de la sana critica, por violación de las reglas de la lógica y el correcto entendimiento humano, al denegar los daños y perjuicios pretendidos por la limitación a la propiedad privada sufrida desde el año 2007 hasta el 2011, en infracción de los artículos 191, 192 y 194 de la Ley General de la Administración Pública. Aduce, son personas de escasos recursos, que no pueden realizar proyectos en la zona, pues la propiedad tiene una limitación en una relación proporcional de cinco veces menos que cualquiera otra (así indicado en el informe del perito Luis Paulino Siles). Limitación excesiva y desproporcionada, de ahí que no resulta necesario realizar estudios o solicitudes estériles e improcedentes (para determinar la existencia de proyectos de desarrollos frustrados), como echa de menos el Tribunal. Asevera, ante la gravedad de las limitaciones impuestas en los acuerdos del AyA, la prueba que requieren los Juzgadores deviene innecesaria. Afectación pública y notoria que se pudo haber probado de aceptarse la declaración de parte de cualquiera de los terceros. Incluso, destacan, los Jueces tienen por probado que el acuerdo del año 2007 era absolutamente violatorio del derecho de propiedad, lo que varió al adoptarse el acuerdo del 2011, de ahí que lo procedente era condenar en abstracto al pago de los daños y perjuicios ocasionados durante el tiempo que estuvo vigente el acuerdo de 2007. Dice, es contrario al entendimiento humano exigir a las partes realizar inversiones en un proyecto en que la propiedad se encuentra severamente afectada, como sucede en el caso concreto. Dice, el derecho de propiedad sufrió un vaciamiento durante el período 2007-2011, al tratarse de limitaciones públicas y notorias.

XVI. Por las razones expuestas en el Considerando V del presente fallo (a las que se remite, a fin de evitar reiteraciones innecesarias), los Juzgadores estimaron conforme a derecho los acuerdos emitidos por la Junta Directiva del AyA, números 2007-177 y 2011-112. Establecida dicha validez, examinaron si su aplicación a los propietarios de los inmuebles ubicados en la zona 6 del Acuífero de Moín-Limón vaciaba o no el derecho de propiedad, con la consecuente procedencia del reclamo expropiatorio e indemnizatorio solicitado en sentencia. En esa dirección, argumentaron, el acuerdo 2007-177 sí socaba el derecho de propiedad, efectos que cesaron al emitirse el acuerdo 2011-112 (sea, antes de la interposición de la demanda), sin que la parte actora o los terceros interesados haya acreditado que con ocasión de esos acuerdos se les haya denegado la realización de alguna actividad o la imposición de requisitos que resultan imposibles de cumplir al efecto. Agregaron, la sola adopción del acuerdo 2011-112, no supone de forma automática la concurrencia de un daño real, efectivo e individualizable, que justifique la expropiación o pago indemnizatorio alguno (sin que resulten suficientes argumentar meras conjeturas, sin respaldo probatorio). Asimismo, tuvo por demostrado el Tribunal que, la zona 6 de comentario se han desarrollado actividades de distinta naturaleza y que existe infraestructura (como el estadio de Limón, la Universidad Estatal a Distancia, el Benemérito Cuerpo de Bomberos y otras edificaciones, realizadas incluso por  miembros de la familia Edwards Kelly), de ahí que las conductas impugnadas no han tenido los efectos perniciosos acusados. En respaldo refiere a la prueba para mejor resolver admitida en el proceso: oficio GSP-RHC-2021-01557, en el que el AyA informó a la señora Julieth Edwards Loban sobre las gestiones y requisitos que debía cumplir para poner a derecho la actividad desarrolla en el inmueble de su propiedad. Finalmente, en relación al peritaje rendido en juicio, señaló el Tribunal: “A pesar de que el perito designado en autos, señala en su informe, y reiteró en la audiencia de juicio, que sí hay una afectación, el Tribunal estima que no motivó adecuadamente su conclusión, y resulta además contradictoria con lo que él mismo indicó que pudo observar en la zona, por lo anterior, sin perjuicio de que el informe resulta útil por la información registral, y fotográfica del área, no lo es para determinar si existe o no alguna lesión al derecho de propiedad.”

XVII. En el caso concreto, el pedimento de daños y perjuicios es accesorio a la determinación de un daño real, efectivo, evaluable e indemnizable, el que tuvo por no acreditado el Tribunal. En consecuencia, si los daños y perjuicios requeridos son accesorios de una situación que no se demostró, va de suyo, dicha pretensión -accesoria- no puede prosperar. En todo caso, llevan razón los Jueces de instancia al rechazar tal pedimento. Ni la parte actora, ni los terceros interesados, acreditaron actos concretos de violación o perturbación al derecho de propiedad, lo esgrimido son simples elucubraciones, sin respaldo probatorio. Actos que, contrario al reclamo de la casacionista, no exigían realizar fuertes inversiones económicas, bastaba con plantear una solicitud de información o consulta al AYA sobre el alcance del acuerdo sobre su propiedad (por ejemplo; si determinada actividad era posible realizarla en el inmueble). El hecho de que los terceros interesados sean personas de escasos recursos (como se alega), no trae aparejado la imposibilidad de realizar proyectos en la zona 6 del Acuífero de Moín-Limón, ni el vaciamiento del derecho de propiedad. Si bien es cierto, la zona está sujeta a limitaciones en la regulación de uso de suelo, también lo es que, previo cumplimiento de los tramites y requisitos estipulados en el propio acuerdo 2011-112, resulta factible realizar diversas actividades en la zona (llámase: actividades industriales, movimientos de tierra, desarrollos de urbanizaciones, lotificaciones, fraccionamientos, condominios, hoteles y construcción de viviendas). Como indicó el Tribunal, en el subjúdice no se ha demostrado la denegatoria de ninguna de esas actividades, prueba necesaria a efectos de acreditar el efecto pernicioso atribuido a los actos impugnados. No podrían otorgarse daños y perjuicios con fundamento en las restricciones establecidas en los acuerdos adoptados por el AyA, al no demostrarse la perturbación del derecho de propiedad. Al entenderlo de esa forma los Juzgadores, la censura formulada deberá ser rechazada.

 XVIII. Como cuarto cargo, endilga, quebranto e interpretación sesgada del voto de la Sala Constitucional no. 2022-022070 de las 9 horas del 23 de setiembre de 2022. Señala, al referirse a la expropiación solicitada en sentencia, el Tribunal citó el referido fallo constitucional para establecer que las limitaciones dispuestas en el acuerdo 2011-112 se ajustan a lo permisivo. Acota, la Sala Constitucional remitió a la recurrente para acreditar en la vía contenciosa el vaciamiento del derecho de propiedad, pero no se arrogó tal competencia, de ahí que los Juzgadores de instancia no podían basar el rechazo de la demanda en tal voto.

XIX. No comparte este Órgano Decisor el reproche planteado. Si bien es cierto, el Tribunal trascribió un extracto del fallo constitucional no. 2022-022070, no lo fue para establecer que las limitaciones contenidas en el acuerdo 2011-112 se ajustan a lo permisivo, a tal conclusión arriba después de determinar la legalidad de los actos administrativos impugnados (acuerdos 2007-177 y 2011-122) y la ausencia de elementos probatorios que acreditan el vaciamiento del derecho de propiedad. Aspectos que no ha logrado desvirtuar la casacionista. Los Jueces trascriben el voto de comentario, a fin de establecer que la posible vulneración de derecho de propiedad, producto de la aplicación del acuerdo 2011-112, debía discutirse y probarse en la jurisdicción ordinaria y no en sede penal. A ninguna otra conclusión puede arribarse del fallo trascrito. Así las cosas, la censura esgrimida deberá desestimarse.

XX. Como quinto agravio, reclama, quebranto de los principios de razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica e igualdad, cánones 39 y 41 de la Constitución Política.

Acusa, trato desigual por parte del Tribunal entre los particulares y la Administración Pública. Aclara, los Jueces denegaron la expropiación y el reclamo indemnizatorio requeridos, con fundamento en la prueba para mejor resolver presentada por el AyA en 2021, pues de ella tuvieron por acreditado que si era posible realizar actividades económicas en la zona 6 del Acuífero de Moín. Apunta, es ilógico comparar a los particulares con el Estado. Destaca, ni el Tribunal ni el AyA pudieron acreditar la existencia de un proyecto realizado por un particular en la zona, lo que evidencia que el acuerdo impugnado sí vacía de contenido el derecho de propiedad, así confirmado en el informe del perito Luis Paulino Mora (quien indicó que la propiedad no es atractiva desde el punto de vista de bienes raíces y que solo se permite la construcción de una vivienda cada mil metros cuadrados). Prueba pericial que los Jueces estimaron no creíble, sin fundamento alguno.

XXI. La casación deviene de rechazo. Como se ha indicado a lo largo de la presente sentencia, el Tribunal declaró sin lugar la demanda al estimar conforme a derecho los acuerdos de la junta directiva del AyA, números 2007-177 y 2011-112, así como; improcedente la expropiación y el reclamo indemnizatorio requeridos, al no acreditarse un vaciamiento del derecho de propiedad producto de la aplicación de esos acuerdos. Echa de menos los Jueces pruebas concretas que demuestren los efectos perniciosos que la recurrente le atribuye a esos actos administrativos, por ejemplo; actos o conductas administrativas que impliquen el rechazo de alguna gestión planteada por los propietarios en relación a sus inmuebles. Prueba que correspondía aportar a la parte actora o a los terceros interesados, no así al AyA ni al Tribunal, sin que ello implique un trato desigual entre los administrados y la Administración, como erróneamente se acusa. Ahora, la ausencia probaría endilgada por los Juzgadores, encuentra respaldo en la prueba para mejor resolver aceptada, sea, el oficio mediante el cual se le informó a la señora Julieth Edwards Loban las gestiones que debía realizar a efectos de legalizar las actividades desarrollas en su propiedad. Prueba no desvirtuada en casación, de la que se colige la posibilidad para los particulares de explotar y desarrollar la zona 6 del Acuífero de Moín, claro está, previo cumplimiento de los requisitos y gestiones necesarias a fin de preservar el manto acuífero. Si bien es cierto, el perito Luis Paulino Mora concluyó sobre la existencia de afectación productos de los acuerdos impugnados, también lo es que, dicha probanza no le mereció fe al Tribunal, al no motivarse adecuadamente la conclusión a la que arriba y devenir contradictorio con su propio contenido. Aspecto que tampoco combate el recurrente. Por las razones expuestas, el cargo esgrimido deberá ser desestimado.

Recurso del Estado

XXII. Como único agravio, acusa, violación del artículo 193 del CPCA. Señala, durante la tramitación del proceso se vio obligado a atender diferentes diligencias, entre ellas: tres audiencias preliminares, una ampliación de pretensiones, varias solicitudes de tercerías, contestar un requerimiento de medida cautelar y acudir a la audiencia de juicio (en la que se interrogaron dos testigos y un perito, además, se emitieron conclusiones). Así confirmado en los Resultandos del fallo recurrido. Además, destaca, en los Considerandos se hace referencia a la prueba para mejor resolver, los hechos probados, los argumentos de los intervinientes y de seguido, se entra a analizar la nulidad de los acuerdos impugnados, las excepciones planteadas y la oposición del AyA a la intervención de terceros. En lo de interesa, resalta, el Tribunal acogió la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la representación estatal y exoneró en costas a la parte accionante al estimar que litigó de buena fe. Sin embargo, reprocha, omitieron los Jueces referirse a la intervención del Estado en el proceso y de la advertencia realizada en la fase previa, en relación a la falta de capacidad pasiva de la representación estatal (no atendida por la actora, quien se negó a desistir de la demanda contra el Estado). Actuaciones que en su criterio evidencia una falta de fundamentación. En todo caso, apunta, al tenor del numeral 193 del CPCA, la condenatoria en costas a la parte vencida debe hacerse de oficio. Asevera, si bien podría alegarse buena fe y motivo suficiente para litigar respecto al AyA, más no así contra el Estado, en razón de la falta de legitimación pasiva alegada en el trascurso del proceso y establecida en sentencia.

XXIII. Al examinar las excepciones opuestas por las partes, consideró el Tribunal procedente acoger la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Estado y respecto a él declarar inadmisible la demanda. Indicó, en torno al Estado no fue planteada pretensión alguna, solo contra el AyA, ente que goza de autonomía administrativa y presupuestaria, con capacidad y personalidad jurídica que lo habilitan y legitiman como sujeto pasivo en el proceso, de ahí, la inadmisibilidad de la demanda respecto a la representación estatal. Ahora, en cuanto a las costas solicitadas en sentencia resolvió: “De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, estima este Tribunal que se configura la eximente relacionada con el motivo para litigar, pues está claro que el ente accionado adoptó una serie de actos administrativos que sí inciden en el derecho de propiedad de los demandantes, a pesar de que no se logró acreditar una afectación derivada per se de la emisión de los acuerdos impugnados, y mucho menos la existencia de daños y perjuicios ciertos, efectivos e individualizables. Por consiguiente se resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas.” No comparte este Órgano Decisor lo resuelto, toda vez que no puede aducirse la existencia de ninguno de los supuestos que prevé el cardinal 193 del CPCA para exonerar en costas a la actora respecto al Estado. La parte accionante interpuso la demanda objeto de este proceso pretendiendo, en cuanto al Estado y al AyA (sin distinción alguna), que se ordenara iniciar el proceso expropiatorio de la finca matricula 16619; se ordenara la compra del terreno; el pago de daños y perjuicios por limitar el derecho de propiedad y; se dispusiera la nulidad de los acuerdos de la Junta Directiva del AyA números 2007-177 y 2011-112. En relación, estimaron los Jueces que las conductas impugnadas resultaban sustancialmente conformes con el ordenamiento jurídico y la aplicación de los referidos acuerdos no vacía de contenido el derecho de propiedad, en tanto en la denominada zona 6 del Acuífero Moín-Limón resulta posible y factible la explotación y el desarrollo económico de los inmuebles ubicados en ella (lo que no se desvirtuó en casación). Ante tal panorama, considera esta Cámara, no le asiste a la parte actora motivo suficiente para litigar y ha hecho mal el Tribunal en exonerarla en costas respecto al Estado (único co-accionado que interpuso recurso de casación). Tal posición, deriva de la necesidad de reconocer a la parte victoriosa los gastos en que incurrió para ejercer la defensa de un derecho o interés que debió tutelar a causa de la perturbación provocada por la demanda, al defenderse de pretensiones desplegadas en su contra; costos que, de no haberse interpuesto el proceso, no habría afrontado. Interesa resaltar, el motivo suficiente para litigar no consiste en la simple convicción de la parte perdidosa sobre su buena fe, como mal parece entenderlo los Juzgadores, sino que requiere que el convencimiento se funde en datos objetivos del proceso, por ejemplo; pruebas que demuestren la disconformidad jurídica de los acuerdos impugnados o bien; el rechazo de alguna gestión tendiente a la obtención de algún permiso o licencia para el desarrollo de determinada actividad en el inmueble 16619. En la especie, los argumentos del Tribunal para no condenar a la actora a pagarle costas al Estado son inexistentes. Los Juzgadores de instancia se limitaron a esbozar razones para exonerar a la accionante al pago de las costas del ente demandado, no así en torno a la representación estatal. Valga agregar, en el caso concreto deviene improcedente achacarle responsabilidad alguna al Estado por el actuar del AyA. Es lo cierto, respecto al Estado, lo argumentado por la actora resultó insuficiente para ordenar la expropiación y el pago de daños y perjuicios requeridos. Así las cosas, el reparo formulado deberá ser acogido y lo procedente será condenar a la accionante al pago de las costas a favor del Estado

XXIV. En mérito de lo expuesto, procederá rechazar los recursos interpuestos por la parte actora y los terceros interesados, así como, acoger el recurso del Estado. En consecuencia, se casará el fallo impugnado solo en cuanto resolvió sin condenatoria en costas respecto al Estado. En su lugar, fallando por el fondo, se impondrá a la parte accionante el pago de las costas a favor de la representación estatal. En lo demás se mantiene incólume la resolución.

POR TANTO

Se rechaza el recurso interpuesto por la parte actora y los terceros interesados. Se acoge el recurso del Estado. En consecuencia, se casa el fallo impugnado solo en cuanto resolvió sin condenatoria en costas respecto al Estado. En su lugar, fallando por el fondo, se impone a la parte accionante el pago de las costas a favor de la representación estatal. En lo demás se mantiene incólume la resolución.

 

 

 

 

 

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 




Rocío Rojas Morales

	

 

	

Damaris Vargas Vásquez




Jorge Leiva Poveda

	

 

	

Carlos Guillermo Zamora Campos

 

 

Documento Firmado Digitalmente

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Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected]

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:37:56.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

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First Chamber of the Court

Resolution No. 00519 - 2026

Date of Resolution: April 16, 2026, at 09:36

Case File: 12-000264-1028-CA

Drafted by: Iris Rocío Rojas Morales

Type of Matter: COGNIZANCE

Analyzed by: FIRST CHAMBER






Text of the resolution

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Exp. 12-000264-1028-CA

 

Res. 000519-F-S1-2026

 

 FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty-six minutes on the sixteenth of April, two thousand twenty-six.

 Cognizance proceeding established by RAYMOND EDWARDS KELLY and ANABETH EDWARDS KELLY against the STATE, represented by the procurator Bernardo Lara Flores, and the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS. Appearing as interested third parties: Roberto Edwards Kelly, Wilbert Edwards Kelly, Andra Edwards Loban, Charles Nataniel Edwards Kelly, Javier Edwards Kelly, Gloria Cristina Edwards Kelly, Olman Edwards Kelly, the Estate of Oscar Edwards Kelly, Ruperto Edwards Loban, Tansy Edwards Hamn, Ruth Edwards Hudson, Yenory Edwards Griffits, Ulrica Edwards Griffits, Noily Angélica Ferguson MC Knight in her capacity as executrix of Oscar Francisco Edwards Kelly. Acting as special judicial attorneys for the plaintiff and the interested third parties are Rodolfo Rojas Araya, Roberto Soto Vega, and Frank Mckenzie Peterkin; for the defendant Institute, Pablo Rodríguez Fallas. The plaintiff, the interested third parties, and the State file cassation appeals against judgment no. 47-2023-V of 8 hours 30 minutes on June 8, 2023, issued by the Contentious Administrative and Civil Treasury Tribunal, Fifth Section, composed of Judges Ileana Isabel Sánchez Navarro, Marianella Álvarez Molina, and Juan Luis Giusti Soto.

Drafted by Magistrate Rojas Morales

CONSIDERING

 I. According to the facts the Tribunal deemed proven and the evidence in the record, the following is established. In ordinary session no. 2007-020, held on April 10, 2007, Article 6, the Board of Directors of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (hereinafter AyA) adopted agreement no. 2007-177, in which said body determined the topographic location of the restricted protection zone classified as zone 6 of the Moín-Limón Aquifer and established the following restrictions: "1. All industrial activity, 2. Use and storage of pesticides, pesticides, and fuels or precursors thereof for any purpose, 3. The removal or extraction of all types of materials. 4. Land-use change (cambio de uso de la tierra). 5. All cutting of forest vegetation. 6. All agricultural activity and related installations. 7. The drilling or excavation of wells, infiltration galleries, or any water catchment works. 8. The development of urbanizations and lotifications. 9. Installations of garbage dumps, sanitary landfills, or waste disposal sites of any kind. 10. Activities of any kind that, in the judgment of AyA, affect the quality and quantity of water used for supplying populations." The referred agreement was based on the Hydrogeological Study and Vulnerability of the Moín-Limón Aquifer conducted by hydrogeologist Viviana Ramírez Sánchez and the recommendations issued by the Environmental Management Directorate in report DGAMB-2007-031 of January 15, 2007. In ordinary session no. 2011-20, held on April 5, 2011, Article 5, the Board of Directors of AyA adopted agreement no. 2011-112, which partially modified agreement 2007-177 of April 10, 2007, considering that the regulations it established: "are broad, do not provide clarity to the administered party, and do not respect the principle of opportunity in the presentation of evidence by the administered party, demonstrating no environmental impact, in accordance with Article 109 of the Biodiversity Law no. 7788," so the enumeration of land-use recommendations for zone 6 was varied as follows: "1. For any activity, the impermeabilization area per hectare must not exceed 20%. 2. Those INDUSTRIAL ACTIVITIES that, throughout the different stages of construction and operation, generate negative environmental impact to the aquifer must present an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) duly approved by SETENA. In accordance with the Ministry of Health Regulation; Decree 30465 S and the Regulation for Discharges and Reuse of Wastewater No. 26041S-MINAE, high-risk industrial activities are not permitted due to possible contamination. These high-risk activities are defined as those having the possibility of explosion, fire, leak, or sudden spill resulting from the process in the course of industrial activities, as well as in pipelines and transport, involving one or more hazardous substances and posing a serious danger (of immediate or delayed manifestation, reversible or irreversible) to the population, their property, the environment, and ecosystems. 3. Do not authorize activities for STORAGE AND USE OF PESTICIDES, PESTICIDES, FUELS, AND HAZARDOUS SUBSTANCES, OR PRECURSORS OF THESE FOR ANY PURPOSE. 4. For the REMOVAL, CUTTING, AND FILLING OF MATERIALS (earthworks (movimientos de tierra)), a hydrogeological study must be conducted proving no impact to the aquifer and an Environmental Management Plan duly signed by SETENA. 5. THE CONSTRUCTION OR EXCAVATION OF WELLS, INFILTRATION GALLERIES, OR ANY OTHER WATER EXPLOITATION WORKS IS NOT AUTHORIZED. 6. In the case of DEVELOPMENTS OF URBANIZATIONS, LOTIFICATIONS, subdivisions (fraccionamientos), AND CONDOMINIUMS, a sanitary sewer system and an ordinary-type wastewater treatment plant must be built. Developments with densities equal to or less than 50 housing units may be permitted, such that each is located on lots of 1000 square meters. 7. In the case of HOTELS AND SIMILAR LODGING, it may be permitted subject to effluent management with a treatment plant complying with the current Discharge Regulation. The number of rooms must not exceed a load equivalent to 50 people per hectare. 8. DO NOT INSTALL GARBAGE DUMPS, SANITARY LANDFILLS, OR WASTE DISPOSAL SITES OF ANY KIND. 9. AyA, considering studies presented by the interested party and endorsed by the relevant instances, may rule on other types of activities not enumerated in this agreement that affect the quality and quantity of water, establishing binding technical recommendations for the regulation of the activity. AyA shall be empowered by Law 2726 to evaluate whether there is an impact on the aquifer and the correct disposal of wastewater in accordance with the current discharge regulation, in addition to the approval or denial of the activity. 10. The construction of housing originating from vegetative growth shall be permitted in Zone 6, provided that wastewater is not discharged into sinkholes and garbage collection is carried out by the municipal service or other means." According to the National Registry, property registration number 16619, of the Limón party, first district and canton, has an area of three hundred forty-seven thousand thirty-two square meters with seventy-six square decimeters, bordered on the north by the railroad track, on the south by Club Social Musa Sociedad Anónima and Mata Grande Sociedad Anónima, on the east by Sidney Edwards, and on the west by Alex Phillips, Manuel Morera, Jorge Hooper, and the company Mata Grande; and has 20 co-owners, each with the share number to be stated, without it being recorded that they have been located: 001 Wilberth, 002 Eloise Delia, 003 Ulrica María, 004 Yenori, all with the surnames Edwards Griffiths; 005 Marcelo, 006 Ismael Alexander, both with the surnames Smith Edwards; 007 Thelma Griffiths Barnes; 008 Charles Nataniel, 009 Roberto, 011 Javier Anthony, 012 Gloria Cristina, 013 Wilbert Roman, 014 Olman, 015 Raymond, 016 Oscar Francisco, the eight with the surnames Edwards Kelly; 017 Ruperto; 018 Andra Joyce, 019 Julet, the three with the surnames Edwards Loban; 020 Ruth Edwards Hudson; 021 Luis Alberto Edwards Gómez. Property registration number 16619 is located in zone 6 of the Moín-Limón Sources Protection Area map established by agreement no. 2007-177.

 II. On March 19, 2012, Mr. Raymond Edwards Kelly and Ms. Anabeth Edwards Kelly sued the State and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. They requested that the judgment declare: "1. IN VIEW THAT FARM 16619 OF THE PROVINCE OF LIMÓN WHICH IS OUR PROPERTY IS OF UTMOST IMPORTANCE TO THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS, THUS (sic) WE HAVE PROVEN THROUGH (sic) THE DIFFERENT TECHNICAL (sic) AND SCIENTIFIC (sic) STUDIES THAT THE SAME AYA HAS DEVELOPED FOR THE SUPPLY OF DRINKING WATER TO THE PROVINCE OF LIMON (sic), WE REQUEST THAT SAID INSTITUTE AND THE COSTA RICAN STATE ITSELF BE ORDERED TO INITIATE THE EXPROPRIATION PROCEEDING FOR FARM L-16619 OF THE PROVINCE OF LIMON (sic), PRIOR PAYMENT OF THE VALUE OF OUR LANDS, ACCORDING TO OUR ESTIMATE. 2. ORDER THE INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS AND THE STATE TO DIRECTLY PURCHASE FARM REGISTRATION (sic) 16619 OF THE PROVINCE OF LIMON (sic) IN THE AMOUNT ESTIMATED IN OUR (sic) LANDS SINCE THUS (sic) THE LAW EMPOWERS THEM (SIC) AND THEY ARE OF UTMOST IMPORTANCE TO ICAA. 3. CONDEMN THE INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS AND THE STATE TO PAY THE DAMAGES (daños y perjuicios) THEY HAVE CAUSED BY LIMITING THE USE OF FARM NUMBER (sic) 16619 OF THE PROVINCE OF LIMON (sic), BEING WITH THIS (sic) LIMITATIONS WE HAVE NOT BEEN ABLE TO NEGOTIATE IT, NOR DEVELOP IT. 4. CONDEMN THE INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS AND THE STATE TO PAY BOTH COSTS. 5. AS A PRECAUTIONARY MEASURE, WE REQUEST THE NULLITY OF THE AGREEMENTS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS NUMBERS (sic) 2007-177 DATED APRIL 19, 2007 AND AGREEMENT NUMBER (sic) 2011-112 OF APRIL 7, 2011, BE DECLARED, AS THESE AGREEMENTS ILLEGALLY EXPROPRIATE THE FARM OF THE PROVINCE OF LIMON (sic) REGISTRATION (sic) 16619 FROM US, WHICH GOES AGAINST OUR FUNDAMENTAL RIGHTS. 6. WE BE GRANTED THE AUTHORIZATION FOR WATER AVAILABILITY REQUESTED ON MARCH 29, 2011." The co-defendants answered negatively. In general, they raised the defenses of lack of: standing and passive legitimation, as well as; incompetence and necessary passive joinder (rejected in interlocutory proceedings). In the preliminary hearing held on June 12, 2014, the claims were adjusted as follows: "as the MAIN claim: That what is requested is that expropriation be ordered. And as SUBSIDIARY: That the value of the lands be paid (...) It is indicated that in relation with claim number (sic) two and number one, the claims concern the entirety of the farm, which implies all the rights over that farm, furthermore it is clarified that the rights over the farm are not individualized, nor materially delimited, therefore it corresponds to a single farm (...) 1) Economic damage (daño económico), due to the impossibility of disposing of the land as a result of AyA not having granted water availability. 2) Loss (perjuicio): The lack of economic compensation from AyA for the water extracted on the property. Furthermore, it is indicated that the quantification of these items has not yet been possible to carry out. Regarding Claim No. 6, it clarified that this is subsidiary to Claim 1. "EXPANSION OF THE COMPLAINT... Absolute nullity (nulidad absoluta) of the agreements of the Board of Directors of AyA No. 2007-177 and 2011-112, given that they were never notified to the parties (...)." On December 21, 2018, Ms. Andra Edwards Loban, Mr. Charles Nataniel Edwards Kelly, Mr. Javier Edwards Kelly, Ms. Gloria Cristina Edwards Kelly, Mr. Olman Edwards Kelly, the Estate of Oscar Edwards Kelly, executrix Alena Kelly Kelly, Mr. Ruperto Edwards Loban, Ms. Tansy Edwards Hamn, Ms. Ruth Edwards Hudson, requested to be included as interested third parties with their own claims, tending toward ordering the expropriation of farm 16619 and compensation for damages (daños y perjuicios). Likewise, by brief filed on June 29, 2022, Ms. Yenory Edwards Griffits and Ms. Ulrica Edwards Griffits appeared as interested third parties, who also formulated claims tending toward ordering the expropriation of farm 16619 and compensation for damages (daños y perjuicios). In a brief filed on May 5, 2023, Ms. Noily Angélica Ferguson MC Knight appeared, in her capacity as executrix of Oscar Francisco Edwards Kelly. The Contentious Administrative and Civil Treasury Tribunal, Fifth Section, composed of Judges Ileana Isabel Sánchez Navarro, Marianella Álvarez Molina, and Juan Luis Giusti, through judgment no. 47-2023-V of 8 hours 30 minutes on June 8, 2023, ordered: “The evidence submitted by AyA for better resolution is partially admitted, as indicated in Considering I of this judgment. The defense of lack of passive legitimation formulated by the state representative is upheld, and insofar as it concerns the State, the complaint is declared inadmissible. Likewise, the defense of lack of standing raised by the representative of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is admitted, and the complaint filed against it by Raymond Edwards Kelly, Anabeth Edwards Kelly, and in which Roberto Edwards Kelly, Wilbert Edwards Kelly, Andra Edwards Loban, Charles Nataniel Edwards Kelly, Javier Edwards Kelly, Gloria Cristina Edwards Kelly, Olman Edwards Kelly, the Estate of Oscar Edwards Kelly, executrix Alena Kelly Kelly, Ruperto Edwards Loban, Tansy Edwards Hamn, Ruth Edwards Hudson, Yenory Edwards Griffits, Ulrica Edwards Griffits, Noily Angélica Ferguson MC Knight, ID number 700790685, in her capacity as executrix of Oscar Francisco Edwards Kelly, ID number 700850122, intervene as interested third parties, is declared without merit. This matter is resolved without special condemnation for costs.” Disagreeing: the plaintiff, the interested third parties, and the State file cassation appeals, which were admitted by this Chamber.

III. Preliminarily, the interested third parties offer as evidence official letters DIM-0125-2019 and GDI-MI-321-2019, both issued by the Municipality of Limón. They say such documents prove that Ms. Julieth Edwards Loban lacks construction permits and licenses to carry out activities in zone 6 of the Moín-Limón Aquifer. Evidence which they swear they did not know of previously. In order to resolve the request made, it is deemed necessary to clarify that the Contentious Administrative Procedure Code (CPCA) provides two ways to hear evidence in the extraordinary stage, which are extracted from Articles 145 and 148, both of the CPCA. The first provides the possibility for the parties, during the processing of the appeal, to provide documentary evidence on new facts subsequent to the appealed ruling, which they swear not to have known of previously. This is an extension of the right to offer evidence as a correlate to the evidentiary burden borne by the parties, provided the requirements set forth in the provision under comment are met. The nature of the document that may be provided is not qualified, with the clear purpose that both public and private documents be presented. That for better provision, regulated in mandate 148 ibidem, belongs to the adjudicator, and corresponds to a second scenario through which elements of conviction can be incorporated. It concerns the recognition of ex officio evidentiary initiative by the cassation judges at this stage. Another difference lies in the evidentiary means that can be incorporated. While evidence for better resolution contemplates all those means that are admissible, in the case of that offered by the party, it is limited to documentary evidence (public or private, as provided for in numeral 145, subsection 3 of the CPCA). In this case, the appellant party offers as evidence documents tending to prove that Ms. Julieth Edwards Loban lacks permits and licenses to develop activities on the property owned by her, located in zone 6 of the Moín-Limón aquifer. Said evidence presented by the appellant must be rejected. Firstly, for failure to comply with the requirements framed in rule 145 of the CPCA, and secondly, because they do not specifically refer to the particular situation of the plaintiff. It does not contribute any relevant fact that could modify the factual picture of the plaintiff, nor does it have any relation to the object of the proceeding. Whether Ms. Edwards Loban built in accordance with the law or not is alien to the proceeding. Thus, the evidentiary proposition incorporated in this matter, identified as evidence for better resolution, is deemed unnecessary insofar as, in the opinion of this Chamber, the evidence in the record is sufficient to reach a conclusion in accordance with the law. Ergo, the request for evidence for better resolution is rejected.

Appeal of the plaintiff

 IV. In total, she raises two objections, one procedural in nature and the other substantive. As the sole procedural charge, she points out that by deeming that the main reason for the complaint revolves around a simple request for water availability made before AyA, the Tribunal disregards the dispossession of the property resulting from agreements clothed in illegality. Among such agreements, she refers to 2011-112, which establishes permission to carry out, within the so-called zone 6 of the recharge area of the Moín aquifer, developments with densities equal to or less than one housing unit per 1000 meters, hence, the impediment to building on their lands as they measure 400 square meters (in violation of canon 45 of the Political Constitution). She alleges, such prohibitions restrict, to a lesser or greater degree, the powers of the property owners to dispose of their lands. She adds that the Judges violate due process by ignoring and giving validity to an internal circular that is violative of the property right enshrined in cardinal 45 of the Magna Carta. She points out that the Judges also ignore that the Constitutive Law of AyA does not give it competence to declare aquifer mantles or aquifer recharge areas, whereas, pursuant to precept 2 of the Forest Law ("Ley Forestal"), the Executive Branch may establish protected wilderness areas on privately owned lands (whatever their management category), but when there is no agreement between the parties, it must proceed to their expropriation. She says that despite knowing the provisions of the Forest Law ("Ley Forestal"), the Tribunal continues to endorse the illegal agreements under comment, which serve as the basis to dispossess the true owners of farm registration number 16619-000. She states that deeming that property 16619-000 does not warrant expropriation because it does not represent the public interest contradicts what is noted in official letter no. SIGDD-2023-00007741-1-1-1 (evidence in the record). She argues that the Judging body ignores that an administrative act based on illegality (as occurs in the subjúdice) cannot generate rights or obligations, much less impose requirements that are difficult or impossible to fulfill. She adds that full evidentiary value was given to the testimony of Mr. Alejandro Rodríguez Vindas, despite him presenting a learned speech, incurring in the crime of false testimony, in mockery of the administration of justice, since he did not even know the location of farm registration number 16619-000 and even indicated that the importance of the property for the aquifer recharge of Moín sources is 3%. Finally, she expresses that witness Viviana Ramos Sánchez did not know the farm where she conducted the Hydrogeological and Vulnerability Study of the Moín Aquifer, since initially she indicated that the property represented 8% of the Moín aquifer recharge, but later changed said percentage to 3% (in contrast to official letter SIGDD-2023-00007741-1-1-1). As the sole substantive objection, she states that the study carried out by Ms. Ramos Sánchez of the Basic Studies Unit of the Environmental Management Directorate is questionable, as it lacked entry permits to the property and given that in her appearance she mentioned she does not know the property, which violates precept 94 of the Regulation to the Forest Law, a rule that establishes the procedure to be followed to declare an aquifer recharge area. She asserts that neither the State nor AyA followed the mandatory guidelines indicated in said canon, which in turn infringes upon cardinal 5, subsection i) of the Constitutive Law of the referred Institute. Even, she highlights, that as of the date of filing of the cassation appeal, they had not been notified of the performance of any study. On the other hand, she points out that the illegal agreements 80-121, 2007-117, and 2011-122 were dictated by the Board of Directors of AyA individually, hence the rejection of said evidence. She alleges as violated the property right established in canon 45 of the Political Constitution. She indicates that during the last 43 years they have not been able to enjoy their lands and that it is the co-defendant Institute that has profited from them through water extraction.

V. The Tribunal indicated that the object of this matter is to determine the conformity or not with the legal system of two agreements adopted by the Board of Directors of AyA -2007-177 and 2011-112- and based on that, to determine whether it is appropriate or not to order the expropriation of the property owned by the co-plaintiffs and the interested third parties, or else; whether any type of compensation proceeds in their favor. In that direction, it argued that pursuant to Article 264 of the General Health Law, water is a good of public utility, and the protective action by the Public Administration constitutes an indispensable legal duty to ensure the right to its use for human consumption. It added that according to canon 2 of the Constitutive Law of AyA, no. 2726, said entity has the power to “resolve everything related to the supply of drinking water,” without prejudice to the competences assigned by law to other bodies and entities linked to the protection of the referred resource. It highlighted that AyA has the power to adopt the necessary measures to prevent contamination of aquifer recharge areas and catchment zones. In the framework of the exercise of its competences, the Judges indicated, AyA, through its Board of Directors, issued agreements 2007-177 and 2011-112, which are based on the fact - as a factual background - that the area called zone 6 forms part of the Moín-Limón aquifer, an area that serves to supply water resources to a significant sector of the population of Limón, hence; the legal obligation - also as a factual background - to carry out actions to preserve and protect said zone, as provided in numeral 2 of Law no. 2726. The Judges emphasized that, given the relevance for the supply of drinking water of the zone referred to in the agreements under comment, by mandate of law, the defendant Institute has the obligation to adopt the necessary measures for its conservation, conduct which in the subjúdice was expressed in agreements 2007-177 and 2011-112, which also had as a technical background the Hydrogeological Study and Vulnerability of the Moín-Limón Aquifer prepared by the hydrogeologist of the Environmental Management Area of AyA, Ms. Viviana Ramos Sánchez. They added that while it is true that through agreement 2011-112 the activities that can be developed in zone 6 of the Moín-Limón Aquifer were expanded, no evidence was provided to the record that such agreement per se implies a regression in environmental protection and a danger for the preservation of that aquifer recharge area. On the contrary, they noted, according to the expert opinion of hydrogeologist Ramos Sánchez - regarding which there is no evidence to the contrary - the protection of the site is possible hand in hand with the sustainable development of the zone. In any case, they stated that the referred agreement also had as a technical background the “Matrix of Land Use Criteria according to Aquifer Contamination Vulnerability for the Protection of Water Resources,” issued by the Board of Directors of the National System of Groundwater, Irrigation, and Drainage (of obligatory application according to judgment of the Constitutional Chamber no. 2021-08892 of 16 hours 3 minutes on June 27, 2012). The Tribunal reasoned: “Thus, the Tribunal corroborates not only the existence of the motive, that is, the existence of factual and legal antecedents that justify the adoption of agreements 2007-177 and 2011-112 issued by the Board of Directors of AyA, but also, that these have been duly motivated and that their content conforms to the public purpose they pursue in order to protect and preserve the water resource for the population of Limón, while in parallel, the economic development of the zone is possible, provided the necessary measures to guarantee that the development of activities in the protection zone does not violate or negatively impact the Aquifer are observed. The representation of the plaintiff argues that the administrative act in question was never notified to them, nor was any hearing granted. In this regard, it is necessary to indicate that this Deciding Body deems that the participation of the administered parties in the process of shaping certain conduct of the Administration is not only a manifestation of the democratization of the exercise of power, but is also consistent with the principles of transparency and publicity that govern its actions. However, agreements 2007-177 and 2011-112 issued by the Board of Directors of AyA constitute a manifestation of technical discretion, insofar as they are based on appreciations and evaluations arising in light of specialized knowledge, and consist of recommendations issued within the framework of the competences that, in order to protect the water resource, the legal system confers on AyA, as the governing body in the matter, and which are directed to other bodies or entities that hold powers whose actions could affect the preservation of said resource. Thus, without ignoring the enormous relevance that citizen participation undoubtedly has, there are borderline cases in matters that must be addressed and resolved based on exclusively technical elements, as occurs in this case, where the administrative conduct determines a series of recommendations related to the activities that may or may not be carried out in an area of interest for the conservation of the water resource. Consequently, this Body does not find that the alleged nullity defect occurs in this case for not granting a hearing to the owners of the properties located in the zone in question regarding the content of the agreements, without prejudice to the fact that they were published in Gazettes number 83 of May 2, 2007, and 83 of May 2, 2011, given the general effects they have, in accordance with the provisions of subsection 1 of Article 240 of the General Law of Public Administration. Consequently, it is concluded that agreements No. 2007-177 and 2011-112, issued by the Board of Directors of AyA, do not present any type of pathology that warrants declaring their nullity, therefore, the claim made in order to have them annulled must be rejected.” Having clarity on the foregoing, the Judges proceeded to examine the expropriatory and allegedly injurious effect of agreements 2007-177 and 2011-112 with respect to the owners of property registration number 16619. In that sense, they determined that agreement 2007-177 presented an enumeration of non-permitted activities that undermined the property right of the defendants; however, such effects ceased upon the issuance of agreement 2011-112, hence the point lacks current interest. They indicated that the plaintiff and the interested third parties did not prove that, on the occasion of agreement 2007-177, they were denied the undertaking of any activity, and furthermore, once the complaint was filed, agreement 2007-177 had ceased to have effect. Now, the Judges indicated, in agreement 2011-112, the defendant entity considerably expanded the permitted activities in zone 6 of the Moín-Limón Aquifer, so it is not true that the exploitation and economic development of the properties located in said zone becomes impossible or unlikely (among them; housing construction, hotels, or other types of buildings). They indicated that certainly, the zone is of low density, which limits the number of units per square meter, but the mere adoption of agreement 2011-112 does not imply the concurrence of real, effective, and individualizable damage that justifies ordering the intended expropriation or the estimation of the compensation claim. They emphasized that the arguments aimed at establishing the obligation to expropriate and the compensation for damages (daños y perjuicios) are based on mere conjectures, without support in the record. They highlight that the plaintiffs did not demonstrate the effective concurrence of the injuries whose reparation they seek and which they base solely on subjective appraisals.

The Court considered: “In the case file there is not a single piece of evidence of any procedure carried out by the plaintiffs that has been rejected, and from which it is possible to infer the existence of a real disturbance to the right of property, of an individual nature and going beyond the limitations that, in light of the social function of property and the nature of the protected legal interest, may be validly imposed without this implying per se that the right of property is rendered devoid of content or that the claimed damages and losses are caused. The claimed detriments cannot be taken for granted by this Court, since it is not possible for them to be assessed as a logical and necessary consequence of Agreement No. 2011-112 without evidence of specific administrative conduct implying that the property owners cannot dispose of the property. They are therefore mere conjectures, which do not prove a real and imminent detriment and are not supported by tangible and objective elements of proof, which necessarily leads to their rejection. (…) Finally, it has been duly proven that in zone 6 of the Moín-Limón Aquifer, activities of different natures have been developed, and there is infrastructure such as the new Limón stadium, the Universidad Estatal a Distancia, the Benemérito Cuerpo de Bomberos, and other buildings, built even by other members of the Edwards Kelly family, which confirms the fact that the challenged administrative conduct has not had the pernicious effects alleged by the plaintiffs. (…) Although the expert appointed in the case file indicates in his report, and reiterated at the trial hearing, that there is an impact, the Court considers that he did not adequately justify his conclusion, and it is also contradictory to what he himself stated he was able to observe in the area; therefore, without prejudice to the fact that the report is useful for the registry and photographic information of the area, it is not useful for determining whether or not there is any injury to the right of property. Consequently, since it has not been corroborated that the right of property of the plaintiffs has been rendered devoid of content on the occasion of the challenged administrative conduct, nor has the generation of a real, effective, and individualizable damage been proven, it will be appropriate to reject the claims seeking to compel the AyA to expropriate property No. 16619 of the Limón registry, as well as the payment of damages and losses.”

VI. Upon comparing what was decided by the Court and what the appellant claims in both grievances, it becomes evident that this is an informal appeal in cassation. The accusations made are informal because they do not challenge, as required by law, what was ordered by the Court and the grounds given in support of the decision. The appellant in cassation does not follow an adequate technique in its formulation; it wavers between different arguments that it develops without a common thread connecting to the way in which the Judges addressed the issue in conflict, which is outside the scope of cassation review. It must be considered that the trial Judges were clear in rejecting the claim because they deemed the agreements adopted by the Board of Directors of the AyA, numbers 2007-177 and 2011-112, to be in accordance with the law; furthermore, they considered it not proven that, on the occasion of such agreements, the co-plaintiffs or interested third parties had been denied permission to carry out any activity, or that the exploitation and economic development of the properties located in zone 6 of the Moín-Limón aquifer had become impossible or scarcely feasible. Thus, for the Judges, the mere adoption of the referred agreements does not imply the concurrence of a real, effective, and individualizable damage that would justify ordering the required expropriation or the estimation of the compensation claim. However, none of this is challenged by the appellant as required by law. The accusations remain a simple disagreement without factual and normative support, for the reasons that will be stated. The appellant in cassation does not concretely establish what procedural defect is being reproached, an aspect that this Chamber is in no way responsible for defining. The structure and clarity of the arguments are fundamental, since the cassation body does not have the burden of “interpreting” the possible grievances or reorganizing them for analysis. Clarity and precision in the formulation of the charges are essential for this Collegiate Body to fulfill its function without assuming responsibilities that belong exclusively to the appellant. Reorganizing or interpreting the objections would jeopardize impartiality, as it would require this Deciding Body to act actively in formulating the criticisms, which is not within its competence. Consider that the appellant argues that the Court is mistaken in establishing that the object of the process lies in simple water availability requests made to the AyA; however, this statement is not correct, since, as detailed in Considering V of this ruling, the Judges determined that the object of this matter revolves around the conformity or not of the agreements adopted by the Board of Directors of the referred Institute, numbers 2007-177 and 2011-112, and from there, to determine the appropriateness or not of ordering the expropriation of property registration number 16619 or, alternatively, some type of compensation. Agreements that they deemed in accordance with the law, hence the inappropriateness of the expropriation and compensation sought. Next, the appellant in cassation refers to the content of Agreement No. 2011-112 and its consequent violation of Article 45 of the Political Constitution, but it does not relate these aspects to what was decided by the trial Judges. In other words, this Chamber does not know what the procedural defect is that the Court incurs in regarding said agreement. Furthermore, the appellant claims that the Judges incur in a violation of due process by disregarding and validating an internal circular; however, it does not concretely establish which circular it is referring to, the way it was analyzed by the Judges, or its importance in resolving the specific case (which in any event would correspond to a substantive grievance and not a procedural one). The appellant in cassation continues by alluding to the powers of the AyA according to its Enabling Law and the provisions of the Forest Law (Ley Forestal), limiting itself to indicating that the Court disregards both normative bodies. An assertion that it does not relate to a specific procedural charge and is more akin to a substantive defect (but the appellant does not detail in what way the Judges violated said normative bodies or to what extent their correct application or interpretation would have changed what was decided in the judgment). The appellant in cassation points out that considering that farm registration number 16619-000 does not warrant expropriation contradicts what was noted in official letter No. SIGDD-2023-00007741-1-1-1; however, such an assertion corresponds to a substantive criticism for improper evidentiary assessment and not to a procedural charge. A substantive objection that becomes informal, since the content of that evidentiary element is not alluded to, nor is it explained how, had it been analyzed by the Judges, the claim would have been upheld. The appellant also does not detail what the illegality is that serves as the basis for the challenged acts. Finally, the appellant in cassation questions the evidentiary weight given to the testimonies given by Mr. Alejandro Rodríguez Vindas and Ms. Viviana Ramon Sánchez, which also corresponds to a grievance of a substantive and not a procedural nature. It should be noted that, when alleging improper assessment of the body of evidence or pretermission of evidence, that is, indirect violation of the law, it is an indispensable requirement, in addition to mentioning the pretermitted or poorly appreciated evidence, to cite the rules presumably infringed as a consequence of the errors, as well as to explain what the breach consists of and its influence on the disposition of the judgment, all of which is lacking and indicates a lack of motivation for the procedural charge. Now, in relation to the only claimed criticism of a substantive nature, the appellant incurs in the same defects pointed out up to this moment. It does not attribute a specific grievance to what was decided by the Court. It questions the technical study carried out by the hydrogeologist Viviana Ramos Sánchez, but does not specify in what way the Judges incur in an improper assessment of said evidence. It is alleged that the State and the AyA did not follow the guidelines established in the Forest Law to declare an aquifer recharge area (área de recarga acuífera), but it does not relate such non-observances to what was decided in the judgment. It asserts that it was not notified of any study being carried out by the AyA, an aspect that the Judges deemed unnecessary in order to protect and preserve the water resource, especially since the agreements adopted by the Board of Directors of the AyA were published in the official gazette La Gaceta, which the appellant in cassation does not challenge. It attributes that Agreements 80-121, 2007-177, and 2011-122 were issued by the referred Board of Directors individually, but without detailing why this aspect leads to the rejection of the evidence and its importance in what was decided in the judgment. Lastly, it argues that Canon 45 of the Political Constitution was violated, due to not having been able to enjoy its lands for 43 years, which is nothing more than a mere subjective assessment lacking evidence and unconnected to the Court's findings. Given the deficiencies presented by the objections raised, the appropriate course will be to order their rejection.

Appeal of the interested third parties: Tansi Edwards Hamn, Olman Edwards Kelly, Wilbert Roman Edwards Kelly, Roberto Edwards Kelly, Yenory Edwards Griffits, Ulrica Edwards Griffits, and Melba Owen Gumbs.

Cassation for violation of procedural rules

VII. As a first charge, it argues defenselessness with the consequent violation of numeral 33 of the Political Constitution. It points out that, under the justification that it is a matter of pure law, the Court refused to admit the party statement of at least one of the plaintiffs or third-party intervenors, so that they could testify about the facts of the claim, the damages and losses claimed, and the limitations on the use, enjoyment, and disposition of private property. It indicates that the Judges rejected the evidence arguing they do not know the reasons why the processing judge admitted the testimonial evidence, given that it is a process of pure law, which—it states—is not true, since in the judgment itself the Judges analyze and grant full credibility to the witnesses of the defendant, whose statements were decisive in dismissing the claim. In that regard, it details that in proven fact No. 8 it was concluded that in zone 6 of the Moín-Limón Aquifer, activities of different natures have been developed and there are public and private buildings, including those of members of the Edwards Kelly family, based on the trial testimony of the witness Alejandro Rodríguez Vindas. Furthermore, the testimony of engineer Viviana Ramos Sánchez, an AyA official, whose hydrogeological study was taken as the foundation for the challenged agreements, was assessed in the judgment. The foregoing, it criticizes, demonstrates the breach of the principle of equality, since the party statement evidence that would have allowed proving the humanity and the decisive social factor for resolving the matter, as well as the alleged damages and losses, is denied. It affirms it is contradictory to argue that this is a matter of pure law yet proceed to assess testimonial evidence from the counterparty.

VIII. The denial of evidence occurs when the Court decides not to admit a piece of evidence in the process considering it to be irrelevant, impertinent, or that it does not meet the necessary legal and procedural requirements. In this case, the evidence will not form part of the case file and will not be considered by the Judges when making their decision. The denial of evidence implies its definitive exclusion, which can significantly hinder the party's ability to support its case. If the affected party considers the denial was unjust, it can attempt to appeal the decision through the pertinent procedural remedies. In the present matter, it is evident from the audio and video file of the trial hearing held on May 11, 2023, that the trial Judges rejected the party statement offered by the interested third parties because they deemed it was not timely, relevant, or necessary to resolve the specific matter, given that the facts and claims of the lawsuit were specific. They indicated that in the case under review, the Court had a supervisory function over two acts issued by the AyA, in order to assess their legality, that is, whether they were issued in accordance with the law and, furthermore, whether on the occasion of that conduct, damages and losses arise for the plaintiff and the interested third parties. The Judges expressly stated that the evidence would be taken in consideration of the object of the process; hence, the ordered denial. Dissatisfied with the decision, the legal representative of the interested third parties filed a motion to reconsider, which was rejected by the Court at the same trial hearing. The latter stated that it corresponds to the Contentious-Administrative Jurisdiction to review the legality of the challenged conduct, so that the evidence par excellence in this type of matter is found in the administrative file, which provides the judging persons with evidence of those conducts, which, once reviewed, are compared with the legal system to determine the existence or not of a limitation on the right of property. A determination that cannot be obtained from what the parties might state, but rather from the content that the legal system gives to the right of property. The Judges commented that the review corresponding to be carried out in the matter under examination is a purely legal one, hence they did not consider the offered evidence necessary. They added that the party statement would be subjective, and those assessments, the Court asserted, would not influence the decision. They added that damages and losses are proven by objective means. When confronting the attributed charge and what was decided by the Judges, the alleged defenselessness must be rejected. It is not true that the Judges denied the offered evidence because they deemed it was a process of pure law; such an assertion is a mere invention of the appellant. The party statement was denied because it was deemed irrelevant, given the legality review that the Court was required to carry out (not challenged in cassation). Furthermore, because it did not constitute objective proof of the claimed damages and losses, a criterion shared by this Chamber. Consider that, even if the evidence that the appellant in cassation misses were hypothetically introduced, the statements of the co-plaintiffs or the interested third parties could not be assumed as true outright (that is, without any evidentiary support), since it involves the version of someone with a direct interest in the matter, insofar as it can affect them personally. In other words, it is not the statement of an impartial third party unconnected to the conflict. The damages and losses needed to be demonstrated with suitable documentary evidence (which did not happen), not with subjective arguments from the interested parties (pertaining to aspects of humanity or social factors), as the Judges correctly indicated. Thus, the reproached ground must be rejected.

IX. As a second criticism, it reproaches illegitimate means of proof, with the consequent violation of Articles 20, 21, and 22 of the Civil Code, due to antisocial abuse of right contrary to the rules of good faith and fraud of law. It points out that in proven fact No. 8, the Court held it as proven that in zone 6 of the Moín-Limón Aquifer, activities of different natures have been developed by other members of the Edwards Kelly family, specifically by Ms. Julieth Edwards Loban, relying on official letter GSP-RHC-2021-01557 dated August 17, 2021, assessed as an evidentiary element to demonstrate the possibility of carrying out activities in the zone. However, it alleges that with the introduction of said evidence, the certain fact that Ms. Julieth does not have municipal licenses and carried out constructions without authorization is omitted, so—it argues—the law cannot protect unlawful situations such as those recognized in the judgment. It indicates that, as it is evidence admitted as evidence for better provision, its challenge corresponds at this stage, and it offers as counter-evidence official letters GDI-ML-321-2019 of September 12, 2019, issued by Mr. Óscar Walter Oviedo, engineer of the Municipality of Limón, and official letter DIM-0125-2019. It maintains that such evidence proves that construction was done without obtaining municipal permits and that the Court was misled into deciding with misleading evidence to prove the existence of development activities in zone 6, thus configuring a direct violation of the Civil Code, by contravening the rules of good faith by having introduced unlawful evidentiary elements by the AyA through the omission of certain facts. It adds that Ms. Julieth Edwards, due to economic necessity, was forced to build without permits and the AyA skillfully pre-constituted said evidence in August 2021 to create a sophism aimed at influencing the Judges and making them believe in the viability of development in that area. It highlights that Ms. Edwards is not a party to this process, so the AyA's action in introducing misleading evidence warrants the rejection of that evidence presented for better provision and the reversal of the decision in that respect. It adds that the Court uses said evidence to deny the claims of the appellants, taking for granted the legality of the activities and constructions carried out by Ms. Julieth Edwards, despite being illegal works.

X. This Chamber does not share the objection raised. It is evident in the case file, through a brief dated August 18, 2021, that the AyA offered as evidence for better provision, regarding matters of interest, two documents: first, a document of commitments dated July 21, 2021, assumed by Ms. Julieth Edwards Loban, in order to legalize the commercial activity developed on her property with cadastral plan L-1359213-2009 and real folio 156992-000; second, official letter GSP-RHC-2021-01557 of August 17, 2021, through which Mr. Alejandro Rodríguez Vindas, of the Huetar Caribe Region of the AyA, informed Ms. Edwards Loban about the measures she must implement to guarantee the protection of the Aquifer mantle in zone 6 of the Moín Aquifer and obtain the referred Institute's approval to bring the commercial activity carried out on the property into compliance with the law. Regarding the offered evidence, the trial Judges considered: “The Court considers that said evidence must be admitted, as it is closely linked to the theory of the case presented by both parties in this matter, concerning the possibility of carrying out activities in zone 6 of the Moín-Limón Aquifer.” It should be noted that this Deciding Body disagrees with the qualification given by the appellant to the objected evidence, that is, as an illegitimate means of proof. Numeral 137.1.c of the CPCA establishes cassation for procedural reasons when the Court bases its decision on illegitimate means of proof or those introduced illegally into the process, which qualifies as spurious evidence. It is worth adding that illegitimate evidence is considered inadmissible, insofar as the legal system provides for its ineffectiveness, meaning that it is not legally susceptible to being considered for the purpose of supporting the factual framework of a court ruling. Case of evidence obtained illegally (subsection 137.c ibidem). In this case, official letter GSP-RHC-2021-01557 is qualified as illegitimate evidence due to the absence of permits on the part of Ms. Edwards Loban (construction, licenses, among others), a situation that is acknowledged in the document itself and was not hidden from the Court. Furthermore, there is no rule or principle that supports that the circumstance that an act does not conform to the law prevents its consideration as evidence in a contentious process. The fact that the Court admitted the offered evidence does not entail that it is protecting unlawful situations or that it was deceived by the AyA, as the appellant alleges. Consider that in the very document of commitments signed by Ms. Julieth, the exercise of activity on the property in contravention of the legal system is acknowledged (due to the absence of permits issued by the Ministry of Health and the Municipality of Limón, among many others) and measures are proposed to resolve the property's irregularities. An acknowledgment that renders irrelevant the counter-evidence offered by the appellant, aimed at proving the absence of such permits (an aspect that, in any case, is outside the object of the process). Now, contrary to the appellant's claim, such deficiencies do not rule out the possibility that on the property subject to this process (which, it is reiterated, is located in zone 6 of the Moín Aquifer), activities may be carried out, as expressly established by the AyA in official letter GSP-RHC-2021-01557, upon prior compliance with sufficient measures to guarantee the protection of the Aquifer mantle (not disproven in cassation). In any case, it is worth noting that in the specific matter, the legality or not of the constructions by Ms. Julieth is not under discussion; what is being assessed is the possibility of bringing them into compliance with the law. By the Court understanding it in that way, this is not a case of an illegitimate means of proof, so the grievance must be dismissed.

Cassation for violation of substantive rules

XI. As a first objection, it claims violation of Articles 50 of the Political Constitution, 17 of the Organic Law of the Environment, 109 of the Biodiversity Law, and 82.4 of the CPCA in relation to the rules of sound rational criticism. It argues that for the Court, Agreement 2011-112 does not constitute a regression in environmental protection. However, it points out that said agreement is based on the same study with which Agreement 2007-177 was imposed in 2007. It questions how it is possible for the same study to have imposed the highest level of limitations in 2007 and later to make the activities in the zone more permissive (without varying or updating the study), an aspect not questioned or justified by the Judges. In that sense, it considers that the Judges violate the rules of logic and correct human understanding when assessing said evidence, since without technical arguments they consider that the same study that recommended absolute conservation can later be used to make its uses more flexible. It says that there is no evidence in the case file proving the way in which the AyA interpreted the referred study to make the activities developed in zone 6 more permissive. Furthermore, it highlights that the 2011 agreement also did not obtain the environmental feasibility (viabilidad ambiental) from SETENA, a requirement demanded for a general territorial planning action that forms part of the Regulatory Plan of the canton of Limón, which violates numerals 17 of the Organic Law of the Environment and 109 of the Biodiversity Law (since it was the AyA who had to prove the absence of impact, contamination, or degradation). In addition to the above, it notes that Agreement 2011-112 does not become a final administrative act, since its own definition identifies it as a “DRAFT AGREEMENT”, hence, technically it could not be considered as having come into legal existence, as there is no certainty for the administered parties regarding its application or validity.

XII. After a detailed study of the case file, it is determined that all of those questions regarding the interpretation by the AyA of the technical support for Agreement 2012-112, the lack of environmental feasibility of the referred agreement, and the fact of whether it is a final administrative act or a “draft agreement”, are novel arguments, not proposed or timely debated by any of the parties. Consequently, in accordance with the procedural principle positivized in Canon 69.5.7 of the Civil Procedural Code, applicable to this dispute by referral established in ordinal 220 of the CPCA, this Chamber cannot conduct any analysis in this regard. On this subject, the First Chamber has indicated that if an issue has never been proposed or debated in the litigation “...it becomes a novel argument that is impossible to address in this venue, because it would violate the right of defense of the parties; hence the grievance must be rejected.” Judgment No. 716 of 4:10 p.m. on June 11, 2019 (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-931688). By virtue of this, in those specific aspects the present objection constitutes a novel argument and, therefore, is not subject to analysis by this Court. Now, regarding the questioning of the technical support for Agreement 2011-112, it is not true that the Judges did not rule. First, the Judges indicated that the referred agreement does not constitute a regression in environmental protection, as it entails the coexistence of water resource protection and sustainable development. They highlighted that no evidentiary element was provided by any of the participants in this matter that would allow confirming that the recommendation contained in the agreement, regarding the expansion of activities possible to develop in zone 6, implies a regression in environmental protection. Aspects not challenged or disproven in cassation, which speaks to the informality of the charge. The Court added that the challenged agreement has as its technical basis, not only the Hydrogeological and Vulnerability Study of the Moín-Limón Aquifer, but also the "Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de los Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico", issued by the Board of Directors of the Sistema Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento in 2006. Consider that, according to what can be inferred from Agreement 2011-117 itself contained in the virtual case file, the Hydrogeological study under discussion served as a basis for establishing the topographical location of the protection zone classified as zone 6. However, in application of the "Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de los Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico", the recommendations for land-use regulation in zone 6 of the Moín-Limón Aquifer were modified. Technical support not questioned or challenged by the appellant. In addition to the foregoing, it is relevant to add that the possibility of questioning the Hydrogeological Study under discussion was in the ordinary route, not in this instance. All of which confirms the informality of the charge and its consequent rejection.

XIII. As a second ground, it invokes a breach of the decision issued by the Constitutional Chamber No. 2008-0471. It affirms that in ruling No. 2008-04781 the Constitutional Judges ordered the modification of the Regulatory Plan of the canton of Limón, for the purpose of including the provisions established in Agreement No. 80-121 adopted by the AyA in session 80-028 of April 14, 1980. It asserts that by equating the uses established by the AyA with those of a regulatory plan, the rules established for the drafting of the latter become applicable; hence, the Court misapplies ordinal 17 of the Organic Law of the Environment by making the modification of uses without having the environmental feasibility and precept 29.d of the Urban Planning Law, insofar as it stipulates that territorial planning plans must promote the active participation of the inhabitants and organized society. It notes that the environmental variable must be implicit in any modification made by the AyA, based on what was ordered by the Constitutional Chamber in the ruling under discussion. It adds that Agreements 2007-177 and 2011-112 have circumvented what was ordered by the Constitutional Court, by making modifications that vary an erga omnes obligation. It points out that, as the study adopted in session 80-028 forms part of the regulatory plan, it cannot be overlooked that the only way to modify the uses was through a modification of the referred regulatory plan, a procedure that the AyA bypassed (including public consultation). It concludes that the contradiction with the constitutional ruling under discussion serves as grounds for the nullity sought in the judgment.

XIV. The cassation appeal must be rejected, for the following reasons. The appellant refers to the breach of two different decisions of the Constitutional Chamber, namely; it first alludes to No. 2008-0471 and then to No. 2008-04781, hence the lack of a clear, precise, and concordant determination of the objection raised. Now, upon examining both judgments in the Nexus system of the Judicial Branch, it is determined that neither is related to the specific case. Ruling No. 2008-0471 corresponds to one issued on January 14, 2008, directed against the Public Transport Council for matters unconnected to the case under review (exploitation of taxi permit plates SJP-4253). Meanwhile, decision No. 2004-04781 of March 27, 2008, revolves around an appeal for protection against the Director General of Immigration and Foreign Nationals, for matters—also—unconnected to the particular case (request for visa and residency). Deficiencies that prove the informality of the charge and do not allow for an analysis of the alleged breach (given the impossibility of comparing the constitutional ruling and the challenged agreements).

Furthermore, aspects concerning the alleged lack of environmental viability (viabilidad ambiental) in violation of precept 17 of the Environmental Organic Law (Ley Orgánica del Ambiente), lack of citizen participation in the adoption of the challenged agreements, and those related to the study adopted by AyA in session 80-028 constitute novel arguments, neither proposed nor debated timely by any of the parties; hence, the impossibility of proceeding with their analysis. Given the foregoing, the objection must be dismissed.

XV. As a third censure, it reproaches an infringement of the rules of sound criticism (sana critica), for violation of the rules of logic and correct human understanding, by denying the damages (daños y perjuicios) claimed for the limitation on private property suffered from 2007 to 2011, in violation of articles 191, 192, and 194 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública). It alleges they are persons of scarce resources, who cannot carry out projects in the area, given that the property has a limitation in a proportional relationship five times less than any other (as indicated in the expert report of Luis Paulino Siles). An excessive and disproportionate limitation, hence it is not necessary to carry out sterile and improper studies or applications (to determine the existence of frustrated development projects), as the Tribunal finds lacking. It asserts that, given the seriousness of the limitations imposed in AyA’s agreements, the proof the Judges require becomes unnecessary. A public and notorious impact that could have been proven had the oral statement (declaración de parte) of any of the interested third parties been accepted. Even, they highlight, the Judges have it as proven that the 2007 agreement was absolutely violative of property rights, which changed when the 2011 agreement was adopted; therefore, the proper course was to order an abstract award (condenar en abstracto) for the payment of the damages (daños y perjuicios) caused during the time the 2007 agreement was in force. It states that it is contrary to human understanding to require the parties to make investments in a project where the property is severely affected, as is the case here. It states that the property right suffered a hollowing-out (vaciamiento) during the 2007-2011 period, as these were public and notorious limitations.

XVI. For the reasons set forth in Considerando V of this ruling (to which reference is made, in order to avoid unnecessary reiterations), the Judges deemed in accordance with law the agreements issued by the Board of Directors of AyA, numbers 2007-177 and 2011-112. Having established said validity, they examined whether their application to the owners of the properties located in zone 6 of the Moín-Limón Aquifer (Acuífero de Moín-Limón) hollowed out the property right or not, with the consequent appropriateness of the expropriation (expropiatorio) and compensatory claim sought in the judgment. In that direction, they argued that agreement 2007-177 did undermine the property right, effects that ceased upon the issuance of agreement 2011-112 (that is, before the filing of the lawsuit), without the plaintiff party or the interested third parties having proven that, on the occasion of these agreements, they were denied the realization of any activity or subjected to requirements that were impossible to fulfill to that effect. They added that the mere adoption of agreement 2011-112 does not automatically entail the concurrence of a real, effective, and individualizable harm (daño) that would justify expropriation or any compensatory payment (mere conjectures, without evidentiary support, being insufficient). Likewise, the Tribunal had it as proven that, in the zone 6 under discussion, activities of different natures have been developed and that infrastructure exists (such as the Limón stadium, the Universidad Estatal a Distancia, the Benemérito Cuerpo de Bomberos, and other buildings, some even carried out by members of the Edwards Kelly family); hence, the challenged conducts have not had the pernicious effects alleged. In support, it refers to the evidence for better judgment (prueba para mejor resolver) admitted in the process: official letter GSP-RHC-2021-01557, in which AyA informed Mrs. Julieth Edwards Loban about the procedures and requirements she had to fulfill to bring into legality the activity developed on her property. Finally, regarding the expert opinion (peritaje) rendered in the trial, the Tribunal noted: “Despite the fact that the expert appointed in the case file points out in his report, and reiterated at the trial hearing, that there is indeed an impact (afectación), the Tribunal finds that he did not adequately justify his conclusion, and it is also contradictory to what he himself indicated he could observe in the area; therefore, without prejudice to the fact that the report is useful for the registry and photographic information of the area, it is not so for determining whether or not there is any injury to the property right.”

XVII. In the specific case, the claim for damages (daños y perjuicios) is accessory to the determination of a real, effective, assessable, and compensable harm (daño), which the Tribunal held as not proven. Consequently, if the required damages (daños y perjuicios) are accessory to a situation that was not demonstrated, it stands to reason that said accessory claim cannot succeed. In any case, the trial Judges are correct in rejecting such a claim. Neither the plaintiff party nor the interested third parties proved concrete acts of violation or disturbance to the property right; what is argued are simple conjectures, without evidentiary support. Acts which, contrary to the cassation appellant's (casacionista) claim, did not require making large economic investments; it was enough to file a request for information or consultation with AYA about the scope of the agreement on their property (for example, whether a certain activity was possible to carry out on the property). The fact that the interested third parties are persons of scarce resources (as is alleged) does not entail the impossibility of carrying out projects in zone 6 of the Moín-Limón Aquifer (Acuífero de Moín-Limón), nor the hollowing-out of the property right. While it is true that the area is subject to limitations on land-use regulation (regulación de uso de suelo), it is also true that, upon prior compliance with the procedures and requirements stipulated in agreement 2011-112 itself, it is feasible to carry out various activities in the area (namely: industrial activities, earthworks (movimientos de tierra), urban development projects, lotifications (lotificaciones), subdivisions (fraccionamientos), condominiums, hotels, and housing construction). As the Tribunal indicated, in the sub judice case, the denial of any of these activities has not been demonstrated, evidence necessary to prove the pernicious effect attributed to the challenged acts. Damages (daños y perjuicios) could not be granted based on the restrictions established in the agreements adopted by AyA, when the disturbance of the property right was not demonstrated. The Judges having understood it this way, the censure made must be dismissed.

XVIII. As a fourth charge, it attributes a breach and biased interpretation of Constitutional Chamber (Sala Constitucional) ruling no. 2022-022070 of 9:00 a.m. on September 23, 2022. It points out that, when referring to the expropriation (expropiación) sought in the judgment, the Tribunal cited said constitutional ruling to establish that the limitations set forth in agreement 2011-112 conform to what is permissible. It notes that the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) referred the appellant (recurrente) to prove the hollowing-out of the property right in the contentious-administrative jurisdiction (vía contenciosa), but did not arrogate such competence to itself; therefore, the trial Judges could not base the dismissal of the lawsuit on that ruling.

XIX. This Deciding Body does not share the reproach raised. While it is true that the Tribunal transcribed an excerpt of constitutional ruling no. 2022-022070, it was not to establish that the limitations contained in agreement 2011-112 conform to what is permissible; it reaches that conclusion after determining the legality of the challenged administrative acts (agreements 2007-177 and 2011-122) and the absence of evidentiary elements proving the hollowing-out of the property right. Aspects that the cassation appellant (casacionista) has not managed to refute. The Judges transcribe the ruling under discussion, in order to establish that the possible violation of property rights, resulting from the application of agreement 2011-112, had to be discussed and proven in the ordinary jurisdiction and not in the criminal venue. No other conclusion can be drawn from the transcribed ruling. This being the case, the censure raised must be dismissed.

XX. As a fifth grievance, it complains of a breach of the principles of reasonableness, proportionality, legal certainty (seguridad jurídica), and equality, canons 39 and 41 of the Political Constitution (Constitución Política).

It accuses unequal treatment by the Tribunal between private individuals and the Public Administration (Administración Pública). It clarifies that the Judges denied the expropriation (expropiación) and the compensatory claim sought, based on the evidence for better judgment (prueba para mejor resolver) submitted by AyA in 2021, since from it they held it as proven that it was indeed possible to carry out economic activities in zone 6 of the Moín Aquifer (Acuífero de Moín). It notes that it is illogical to compare private individuals with the State. It highlights that neither the Tribunal nor AyA could prove the existence of a project carried out by a private individual in the area, which shows that the challenged agreement does indeed hollow out the content of the property right, as confirmed in the expert report of Luis Paulino Mora (who indicated that the property is not attractive from a real estate point of view and that only the construction of one house per thousand square meters is allowed). Expert evidence that the Judges deemed not credible, without any basis.

XXI. The cassation appeal (casación) must be rejected. As has been indicated throughout this judgment, the Tribunal declared the lawsuit without merit upon deeming agreements numbers 2007-177 and 2011-112 of AyA's board of directors to be in accordance with law, as well as deeming the requested expropriation (expropiación) and compensatory claim improper, as a hollowing-out of the property right resulting from the application of those agreements was not proven. The Judges find lacking concrete evidence demonstrating the pernicious effects that the appellant (recurrente) attributes to those administrative acts, for example; administrative acts or conducts that involve the rejection of some procedure filed by the owners in relation to their properties. Evidence that the plaintiff party or the interested third parties were responsible for providing, not AyA or the Tribunal, without this implying unequal treatment between the administered parties and the Administration, as is erroneously accused. Now, the evidentiary absence attributed by the Judges finds support in the evidence for better judgment (prueba para mejor resolver) admitted, that is, the official letter through which Mrs. Julieth Edwards Loban was informed of the procedures she had to carry out in order to legalize the activities developed on her property. Evidence not refuted in cassation, from which the possibility for private individuals to exploit and develop zone 6 of the Moín Aquifer (Acuífero de Moín) can be inferred, of course, upon prior compliance with the necessary requirements and procedures in order to preserve the aquifer mantle (manto acuífero). While it is true that the expert Luis Paulino Mora concluded the existence of an impact (afectación) resulting from the challenged agreements, it is also true that this evidence did not merit the Tribunal's faith, as the conclusion he reached was not adequately justified and became contradictory with its own content. An aspect that the appellant does not contest either. For the reasons stated, the charge raised must be dismissed.

Appeal of the State

XXII. As a sole grievance, it accuses a violation of article 193 of the CPCA. It points out that during the processing of the case it was forced to attend various proceedings, among them: three preliminary hearings, an expansion of claims, several requests for third-party interventions (tercerías), answering a request for a precautionary measure (medida cautelar), and attending the trial hearing (at which two witnesses and one expert were questioned, and closing arguments were also presented). As confirmed in the Resultandos of the appealed ruling. Furthermore, it highlights that in the Considerandos, reference is made to the evidence for better judgment (prueba para mejor resolver), the proven facts, the arguments of the participants, and subsequently, it proceeds to analyze the nullity of the challenged agreements, the exceptions raised, and AyA's opposition to the intervention of third parties. Of interest, it emphasizes that the Tribunal upheld the exception of lack of passive standing (falta de legitimación pasiva) filed by the State representation and exempted the plaintiff party from costs upon finding that it litigated in good faith. However, it reproaches that the Judges omitted to refer to the State's intervention in the process and to the warning made in the preliminary phase regarding the lack of passive capacity of the State representation (not heeded by the plaintiff, who refused to desist from the lawsuit against the State). Actions that, in its view, demonstrate a lack of proper reasoning (fundamentación). In any case, it points out that, per numeral 193 of the CPCA, the order to pay costs against the losing party must be made ex officio. It asserts that, although good faith and sufficient reason to litigate regarding AyA could be alleged, the same cannot be said against the State, due to the lack of passive standing (falta de legitimación pasiva) alleged throughout the process and established in the judgment.

XXIII. Upon examining the exceptions raised by the parties, the Tribunal considered it proper to uphold the exception of lack of passive standing (falta de legitimación pasiva) raised by the State and, regarding it, to declare the lawsuit inadmissible. It indicated that no claim whatsoever was made against the State, only against AyA, an entity that enjoys administrative and budgetary autonomy, with legal capacity and personality that enable and legitimize it as a passive subject in the process; hence, the inadmissibility of the lawsuit regarding the State representation. Now, regarding the costs (costas) requested in the judgment, it resolved: “In accordance with numeral 193 of the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), procedural and personal costs (costas procesales y personales) constitute a burden imposed on the losing party for the fact of being so. The exemption from this sentence is only viable when, in the Tribunal's judgment, there was sufficient reason to litigate (motivo suficiente para litigar) or when the judgment is handed down by virtue of evidence whose existence was unknown to the opposing party. In this case, this Tribunal finds that the exemption related to the reason to litigate is configured, since it is clear that the sued entity adopted a series of administrative acts that do affect the plaintiffs' property right, despite the fact that an impact (afectación) derived per se from the issuance of the challenged agreements could not be proven, much less the existence of certain, effective, and individualizable damages (daños y perjuicios). Therefore, this matter is resolved without a special award of costs (sin especial condenatoria en costas).” This Deciding Body does not share what was resolved, given that the existence of any of the assumptions provided for in cardinal 193 of the CPCA to exempt the plaintiff from costs (costas) with respect to the State cannot be adduced. The plaintiff party filed the lawsuit that is the subject of this process, seeking, regarding both the State and AyA (without any distinction), that the expropriation process (proceso expropiatorio) be ordered for farm registration number 16619; that the purchase of the land be ordered; the payment of damages (daños y perjuicios) for limiting the property right; and that the nullity of agreements numbers 2007-177 and 2011-112 of AyA's Board of Directors be declared. In this regard, the Judges found that the challenged conducts were substantially in conformity with the legal system and the application of the referenced agreements does not hollow out the content of the property right, insofar as in the so-called zone 6 of the Moín-Limón Aquifer (Acuífero Moín-Limón), the exploitation and economic development of the properties located therein is possible and feasible (which was not refuted in cassation). Given this scenario, this Chamber finds that the plaintiff party does not have sufficient reason to litigate (motivo suficiente para litigar), and the Tribunal has erred in exempting it from costs (costas) with respect to the State (the only co-defendant that filed a cassation appeal (recurso de casación)). Such a position derives from the need to recognize the victorious party for the expenses it incurred to defend a right or interest it had to safeguard due to the disturbance caused by the lawsuit, by defending itself against claims brought against it; costs that, had the process not been filed, it would not have faced. It is important to note that the sufficient reason to litigate (motivo suficiente para litigar) does not consist of the losing party's simple conviction about its good faith, as the Judges seem to understand it, but rather requires that the conviction be based on objective data from the process, for example; evidence demonstrating the legal non-conformity of the challenged agreements or; the rejection of some procedure aimed at obtaining a permit or license for the development of a particular activity on property 16619. In this case, the Tribunal's arguments for not ordering the plaintiff to pay costs (costas) to the State are non-existent. The trial Judges limited themselves to outlining reasons to exempt the plaintiff from paying the costs of the sued entity, but not regarding the State representation. It is worth adding, in the specific case, it is improper to attribute any responsibility to the State for the actions of AyA. The fact is, regarding the State, what was argued by the plaintiff was insufficient to order the expropriation (expropiación) and the payment of the requested damages (daños y perjuicios). This being the case, the formulated reproach must be upheld, and the proper course will be to order the plaintiff to pay the costs (costas) in favor of the State.

XXIV. In view of the foregoing, it will be proper to reject the appeals filed by the plaintiff party and the interested third parties, as well as to uphold the State's appeal. Consequently, the challenged ruling shall be partially quashed (casado) only insofar as it resolved without a cost award (sin condenatoria en costas) regarding the State. In its place, ruling on the merits (fallando por el fondo), the plaintiff party shall be ordered to pay the costs (costas) in favor of the State representation. In all other respects, the resolution remains unaltered.

POR TANTO

The appeal filed by the plaintiff party and the interested third parties is rejected. The State's appeal is upheld. Consequently, the challenged ruling is partially quashed (casado) only insofar as it resolved without a cost award (sin condenatoria en costas) regarding the State. In its place, ruling on the merits (fallando por el fondo), the plaintiff party is ordered to pay the costs (costas) in favor of the State representation. In all other respects, the resolution remains unaltered.








Luis Guillermo Rivas Loaiciga






Rocío Rojas Morales




Damaris Vargas Vásquez



Jorge Leiva Poveda




Carlos Guillermo Zamora Campos



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