Res. 00675-2007 Sala Primera de la Corte — Standing to claim collective environmental damages in amparo enforcementLegitimación para reclamar daño ambiental colectivo en ejecución de amparo

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Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 00675 - 2007

Fecha de la Resolución: 21 de Setiembre del 2007 a las 10:00

Expediente: 02-000682-0163-CA

Redactado por: Anabelle León Feoli

Analizado por: SALA PRIMERA




Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencias Relacionadas


Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Contencioso Administrativo

Tema: Daño

Subtemas:

Daño moral colectivo.

Daños irreversibles que ya no podrán ser disfrutados por la comunidad, lo que implica un menoscabo a un interés general tutelable. El daño ambiental afecta a la sociedad en general. Los destinatarios no son las personas, sino categorías o clases de sujetos, vinculados por alguna calidad o característica que da conexión al conjunto.

Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Contencioso Administrativo

Tema: Daño

Subtemas:

Daño ambiental.

Concepto de ambiente, daño ambiental y contaminación. Distinción entre el daño al ambiente y daños a través del ambiente. Categorías de daño ambiental y régimen de responsabilidad. Análisis sobre las soluciones a adoptar, el interés difuso o legitimación activa para denunciar su irrespeto; así como el sujeto titular para percibir la indemnización por daño colectivo -reparación en especie o volver las cosas al estado anterior- y los órganos de fiscalización en materia ambiental.

Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Contencioso Administrativo

Tema: Recurso de casación

Subtemas:

Ejecución de sentencia.

Recurso de casación contra la sentencia que se dicta en procesos de ejecución, en cuanto al quebranto de la autoridad de la cosa juzgada material, por existir disimilitud entre la sentencia declarativa y el fallo de la ejecución. Por ende, no es dable considerar violaciones procesales o sustantivas.

Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Contencioso Administrativo

Tema: Ejecución de sentencia

Subtemas:

Condena en abstracto.

La condenatoria en abstracto debe ser concretada en ejecución de sentencia, valorando las circunstancias en las que los derechos tutelados fueron vulnerados. Abre la competencia al juzgador para analizar la existencia real o no de los daños y perjuicios y fijar su monto acorde con las circunstancias del caso. Se conculca lo ejecutoriado cuando no se reconozca íntegramente su reparación; se conceda la indemnización de aquellas lesiones que no sean consecuencia de los hechos discutidos y decididos en esa sede; o cuando no estén relacionados directamente con lo debatido en la sentencia ejecutoria.

Texto de la resolución

 

* 020006820163CA *

EXP: 02-000682-0163-CA

RES: 000675-F-2007

            SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA. San José, a las diez horas del veintiuno de setiembre de dos mil siete.

            Ejecución de Sentencia establecida en el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, por JULIE ROOS AYUB, publicista; JOSÉ LUIS MADRIGAL MOYA, pensionado; ASOCIACIÓN CONSERVACIONISTA DE LOS RÍOS Y EL AMBIENTE DE CIRUELAS DE ALAJUELA y ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MEDIO AMBIENTE DEL RÍO SIQUIARES Y SUS NACIENTES DE TURRÚCARES; contra la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE RESPONSABILIDAD LIMITADA, representada por Jorge Julio Pattoni Sáenz, ingeniero mecánico, vecino de San José y contra el ESTADO, representado por su procurador administrativo, Iván Vincenti Rojas, abogado, vecino de San José. Las personas físicas son mayores de edad, casados y con las salvedades hechas, vecinos de Alajuela. 

RESULTANDO

          1.- Con base en la sentencia firme de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia  no. 01882-2001, dictada a las 9 horas 24 minutos del 9 de marzo de 2001, los ejecutantes  presentan la respectiva liquidación, para que en sentencia se imponga a la parte demandada la cancelación de: " 2) … por concepto de daños y perjuicios, la suma de CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOLARES (sic) o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio oficial… 3) … por concepto de costas derivadas del Recurso de Amparo debe cancelarse la suma de ¢ (sic) 90.00000 (NOVENTA MIL COLONES). 4) … pago de ambas costas de esta ejecución de sentencia. 5) …  pago de los montos por concepto de gestión comunal, que son gastos en que incurrieron los habitantes de las comunidades afectadas para acceder a las instancias administrativas y judiciales en defensa de la salud de los habitantes de las comunidades y del ambiente, por la contaminación de que fue objeto el Río Siquiares.”

          2.- Los ejecutantes se opusieron a la ejecución. La Cooperativa interpuso las excepciones de falta de capacidad, de pago, falta de formalidad, falta de derecho, prescripción del principal e intereses, cosa juzgada, falta de competencia y la expresión genérica “sine actione agit”.  El Estado, por su parte, las de falta de legitimación, falta de derecho y falta de interés actual.

          3.- Los señores Julie Roos Ayub y José Luis Madrigal, en escritos presentados el 21 de julio y el 23 de setiembre de 2003, en su condición de presidentes de ACORACI y ASAMARS, respectivamente, desistieron de la ejecución y el Juez Luis Guillermo  Ruiz Bravo, en resolución 1060-2003 de las 11 horas del 16 de diciembre de 2003, resolvió: "Se enderezan los procedimientos.  Se corrige la resolución de las once horas y veintitrés minutos del cinco de agosto del año dos mi (sic) dos, en cuanto omitió indicar que la presente ejecución la formulan en carácter personal JULIE ROSS AYUB y a (sic) JOSE (sic) LUIS MADRIGAL MOYA, contra la Cooperativa de Productores de leche (sic) R.L y El (sic) Estado. Asimismo, en (sic) tratándose lo formulado por la representación de la cooperativa demandada, no de una excepción de falta de competencia contra esta autoridad, sino mas bien de un cuestionamiento de la facultad de los ejecutantes para reclamar lo pretendido en este proceso, se dispensa dicha excepción del tramite (sic) incidental y exclusivo que, en principio corresponde a una excepción de incompetencia; (sic) En su lugar, se reserva lo argumentado para la valoración de fondo correspondiente.  Se ordena que una vez se encuentre firme esta resolución, pasen los autos al suscrito o al Juez que corresponda para que sin mayor dilación, se dicte la sentencia definitiva de este asunto.

          4.-  El Juez Luis Guillermo Ruiz Bravo, en sentencia no. 807-04 de las 10 horas del 6 de julio de 2004, resolvió: "Por todo lo expuesto y citas de ley indicadas, se rechazan las excepciones de prescripción de principal e intereses, la excepción de falta de derecho e interés actual y la genérica de sine actione agit, la de pago y cosa juzgada. Se acogen las excepciones denominadas, falta de formalidad y de derecho en el pago al ambiente y falta de competencia atinente a las pretensiones de los ejecutantes. Se declara con lugar la excepción de falta de legitimación y capacidad de las Asociaciones Conservacionista de los Ríos y el Ambiente de Ciruelas de Alajuela (ACORACE) y Amigos del medio (sic) ambiente (sic) del río (sic) Siquiares y sus Nacientes de Turrucares (ASAMARS) (sic). Se declara parcialmente con lugar la presente ejecución de sentencia, en consecuencia se condena en forma solidaria al Estado y la Cooperativa de Productores de Leche R.L., al pago en favor de la ejecutante Julie Roos Ayub, de la suma de ciento setenta y ocho mil seiscientos treinta y cuatro colones con veinte céntimos por concepto de costas procesales y personales del recurso de amparo, mas los intereses que tal rubro genere desde la firmeza de esta resolución y hasta su efectivo pago. Son las costas procesales y personales de esta ejecución a cargo de los demandados. "

           5.- Los ejecutantes  apelaron y el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, integrada por los Jueces Horacio González Quiroga, Roberto J. Gutiérrez Freer y Silvia C. Fernández Brenes, en sentencia no. 379-2006 de las 11 horas 40 minutos del 22 de setiembre de 2006, dispuso: “En lo apelado, se revoca la sentencia venida en alzada, para en su lugar rechazar las excepciones de falta de legitimación activa y falta de competencia de los actores para recibir el pago. Se acogen parcialmente las excepciones de pago y de falta de derecho (también denominada como de falta de formalidad), entendiéndose denegada la demanda en lo no indicado. En virtud de lo anterior, se condena al Estado y a la Cooperativa Productora de Leche, R.L. Dos Pinos al pago solidario de las siguientes sumas a favor de la Asociación Conservacionista de los Ríos y el Ambiente de Ciruelas de Alajuela (ACORACI) y a la Asociación de Amigos del Medio Ambiente del Río Siquiares y sus Nacientes de Turrúcares (ASAMARS): VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO DÓLARES AMERICANOS ($27.665.00) en concepto de daño al ambiente y CINCO MILLONES DE COLONES EXACTOS (¢ 5.000.000.00) en concepto de costo social por el daño ambiental producido, para destinarlo única y exclusivamente a proyectos de restauración del río Siquiares, montos sobre los que se reconocen intereses a partir de la firmeza de este fallo y hasta su efectivo pago, conforme al tipo legal del artículo 1163 del Código Civil. Asimismo, se impone a la Cooperativa Productora de Leche Dos Pinos, R.L a adecuar su funcionamiento conforme a los parámetros ambientales establecidos en el ordenamiento y a realizar una limpieza artificial de los cauces del río en las cercanías de la salida de la planta de tratamiento de esa empresa y hasta un kilómetro aguas abajo una vez por tres años consecutivos. Al Ministerio de Salud se le recuerda su obligación de ejercer el control de la actividad industrial realizada por la codemandada, de manera que debe –al menos– realizar cuatro monitoreos de la calidad del agua al año (uno en la época lluviosa, uno en la época seca, uno en cada período de transición). Comuníquese a la Defensoría de los Habitantes y a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental para lo de su cargo, una vez firme esta sentencia.”

          6.- Los co-ejecutados formulan recurso de casación.  El Ing. Jorge Pattoni Sáenz, en su expresado carácter, arguye razones procesales y de fondo, citando como conculcados los ordinales 42 y 50 de la Constitución Política; 162 siguientes y concordantes  del Código Procesal Civil.  A su vez, el Procurador señala motivos de fondo, alegando el quebranto de los numerales 162, 163 y 704 del Código Procesal Civil; 42, 50, 129 y 153 de la Constitución Política; 33, 35 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

           7.- En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones  de ley. Interviene en la decisión de este asunto el Magistrado Suplente Gerardo Parajeles Vindas.

Redacta la Magistrada León Feoli

CONSIDERANDO

          I.- En el recurso de amparo que presentaran Julie Roos Ayub, Carlos Luis Quesada Altamirano, Abel Víquez Fuentes y José Luis Madrigal Moya, manifestaron que en el río Siquiares se ubican cinco nacientes importantes que abastecen de agua potable a las comunidades de Turrúcares, Cebadilla, San Miguel y Siquiares, pero además, que ese afluente se utiliza para el riego de plantaciones y consumo animal. Adujeron, en él existe una amplia variedad de especies animales y vegetales, sin embargo, la Cooperativa de Productores de Leche R.L., Dos Pinos (en adelante la Cooperativa) lo ha contaminado con la descarga de grasas y aguas residuales a cualquier hora del día o de la noche, a vista y paciencia de las autoridades públicas. A pesar de que se ha denunciado, añadieron, no se ha hecho nada para normalizar la situación y sancionar a la causante. Afirmaron, se llegó al punto de que, al conversar con representantes de la empresa, han dicho que se ubican en una zona industrial que otorga ciertos derechos, teniendo los vecinos que esperar cuatro meses para que empezaran a funcionar las plantas de tratamiento o se estabilizara la situación. Por último, alegaron que las omisiones de las Administraciones Públicas lesionan el derecho a la salud, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La Sala Constitucional, en la sentencia n° 1882-2001 de las 9 horas 24 minutos del 9 de marzo del 2001, declaró con lugar el amparo. Condenó a la Cooperativa y al Estado, de forma solidaria, al pago de las costas, daños y perjuicios causados. En ejecución de ese fallo, la señora Julie Roos Ayub, en su carácter personal y como Presidenta de la Asociación Conservacionista de los Ríos y el Ambiente de Ciruelas de Alajuela (en lo sucesivo ACORACI) y José Luis Madrigal Moya, en su condición personal y como Presidente de la Asociación de Amigos del Medio Ambiente del Río Siquiares y sus Nacientes de Turrúcares (ASAMARS en adelante) pretenden en lo que al caso interesa, que se declare que la Cooperativa y el Estado están obligados a pagarles, por concepto de daños y perjuicios, $410.000,00 o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio oficial y que sean indexados. Además, que por costas derivadas del recurso de amparo se les cancele la suma de ¢90.000,00 y se les impongan ambas costas de esta ejecución. También solicitaron el “… pago de los montos por concepto de gestión comunal, que son gastos en que incurrieron los habitantes de las comunidades afectadas para acceder a las instancias administrativas y judiciales en defensa de la salud de los habitantes de las comunidades y del ambiente, por la contaminación de que fue objeto el Río Siquiares. 6) Que los montos a que sean condenados tanto la Dos Pinos como el Estado, solicitamos se empleen en proyectos ambientales que favorezcan a las comunidades afectadas. A tales efectos me permito presentar y detallar los distintos proyectos en que solicitamos se empleen estos dineros, así como solicitamos al Despacho que se ordene que estos montos sean manejados en una cuenta especial, debidamente monitoreada por el mismo Despacho, otorgando la administración de dichos dineros a las asociaciones ambientalistas que representamos bajo la supervisión del Juzgado u otro órgano u organización ambientalista que el Despacho designe, para evitar que dichos dineros vayan a parar a otras organizaciones no ambientalistas o a la Caja Única del Estado, que es precisamente copartícipe en el daño ambiental y a la salud que se le provocó a las comunidades de Siquiares, Ciruelas y Turrúcares, entre otras, y con ello garantizar que los dineros que se recuperen por estos conceptos se empleen en proyectos que tienden a mejorar la salud y el ambiente de las comunidades afectadas: COMPENSACIÓN A LAS COMUNIDADES DE CIRUELAS Y TURRUCARES POR PARTE DE LA COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS Y EL ESTADO ANTE LA EVIDENTE CONTAMINACIÓN DEL RIO SIQUIARES, POR EL DESASTRE ECOLÓGICO CAUSADO A LA ZONA Y POR EL DAÑO FÍSICO, SOCIAL Y MATERIAL OCASIONADO A LA POBLACIÓN. En razón de la similitud entre el peritaje presentado por IPS y el contratado por la comunidad, con respecto a los diferentes tipos de afectación provocada por la contaminación del Río Siquiares en Ciruelas y Turrucares, se somete a consideración del juzgado el siguiente plan de compensación hacia dichas comunidades por parte de la empresa Dos Pinos y el Estado. 1. COMPENSACIÓN POR LA CONTAMINACIÓN A.- La empresa Dos Pinos cumplirá de por vida con todos los requerimientos necesarios para estabilizar y poner a funcionar óptimamente su planta de tratamiento, como es y ha sido su obligación para con el ambiente y comunidades que le rodean/ desde que empezó a producir, de manera que sus aguas de vertido en vez de contaminar, ayuden a la purificación natural de que es objeto el Río Siquiares tal y como lo demuestran las pruebas biológicas descritas en el peritaje contratado por la comunidad. B. Para que las Asociaciones conservacionistas de Ciruelas y Turrúcares puedan estar seguras del cumplimiento de la empresa para con el ambiente, la empresa destinará un rubro mensualmente por cinco años para que cada una de estas asociaciones pueda desempeñar su función fiscalizadora y denunciante. C. La empresa Dos Pinos pagará los gastos de la Gestión Comunal, gastos que la comunidad nunca debió haber tenido que realizar. 1. COMPENSACIÓN POR EL DAÑO BIOLÓGICO AL RIO Y SUS ALREDEDORES A. La cooperativa patrocinará una campaña comunal de reforestación de las márgenes del río desde (a pista hasta Turrúcares, mediante la adquisición de árboles autóctonos de la zona, los cuales a manera de motivación y promoción para la empresa, serán sembrados por los mismos vecinos y niños de la comunidad, quienes a su vez deberán velar por su desarrollo. B. La empresa patrocinará por cinco años, una vez a! año, una campaña de limpieza profunda de basura no tradicional a lo largo de todo el río, desde la pista hasta Turrúcares. (incluye personal y vehículos). C. Siembra de peces autóctonos de esta zona. D. Hacer el estudio para encontrar la mejor forma para captar la naciente del Río Siquiares, realizar dicho captación y entubar el río hasta la zona industrial, para evitar la contaminación del río con materia fecal proveniente de Las (sic) urbanizaciones construidas en los alrededores del río, y con esto obtener un perfecto control de la contaminación que la zona industrial pudiera ocasionar al Río Siquiares, y contribuir con ello a la salud de los habitantes de toda esta zona. 2. COMPENSACIÓN POR EL DAÑO SOCIAL, FÍSICO (a la salud), MATERIAL Y MORAL DE LA POBLACIÓN DE CIRUELAS A. La Dos Pinos pagará por una sola vez a una empresa privada, escogida por la Asociación Conservacionista, un estudio de las aguas negras que van al río para determinar puntos y soluciones estratégicas. B. La Dos Pinos proporcionará todos los materiales y mano de obra necesarios para la construcción de mínimo cuatro tanques sépticos comunales para captar las aguas negras y domésticas en lugares en donde por las condiciones sociales se dificulta su captación y son dirigidas al río. La Asociación conservacionista de Ciruelas será la responsable de buscar permisos con los propietarios de las propiedades en donde se harían estos tanques. 3. COMPENSACIÓN POR EL DAÑO SOCIAL, FÍSICO, MATERIAL Y MORAL DE LA POBLACIÓN DE TURRÚCARES A. La empresa Dos Pinos colaborará, tal y como lo había acordado con la Municipalidad en 1998, con la protección de las dos primeras nacientes, que son las que se encuentran a nivel del río (Siquiares y Turrúcares centro). Asumirá los costos de un buen estudio por parte de un hidrólogo que determine el método más conveniente de hacerlo, y proporcionará todos los materiales y mano de obra necesarios para la construcción. B. La Dos Pinos proporcionará todos los materiales para una nueva captación de agua en la Pradera la cual se encuentra lejos del Río Siquiares previniendo que las antiguas nacientes se inunden por el posible aumento del caudal del río, producto de la recepción de las aguas residuales de la empresa ó bien hará un pozo en Turrúcares Centro que abastezca de agua potable a la comunidad durante la época de sequía. 3. OTRAS FORMAS DE COMPENSACIÓN A. La compensación aprobada por los tribunales deberá ser publicado en La Nación, La República y el Extra/ para de esta manera, la justicia aplicada sirva de ejemplo a todas las empresas que en lo sucesivo intenten dañar nuestros recursos, perturbando la tranquilidad de las poblaciones/ y poniendo en peligro la salud de las comunidades y así sentar un precedente. B. Con el fin de asegurar el cumplimiento y el buen desarrollo de las obras, en pro del bienestar de todos, proponemos que la ONG Asociación Justicia para la Naturaleza se haga cargo del monitoreo en la zona. visitando las obras las veces que sea necesario y arreglando personalmente con la empresa sus honorarios por esta función. A esta inspección deberán asistir regularmente miembros de las Asociaciones Conservacionistas de Ciruelas y Turrúcares, y se convocará, de ser necesario, a miembros del MINAE. Municipalidad y Ministerio de Salud, para que asistan a la inspección. PARA EL ESTADO A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE SALUD: A. Que agilice todos los procedimientos y permisos necesarios para el buen desarrollo de todos los proyectos que proponemos y que se aprueben en los Tribunales. B. Que el Ministerio de Salud proteja de toda contaminación la naciente del río Siquiares, que actualmente, y también por negligencia de este Ministerio por falta de exigencia y control, está siendo contaminada por urbanizaciones que no tienen plantas de tratamiento. C. Que el Ministerio de Salud presente a las asociaciones conservacionistas de Ciruelas y Turrúcares, cada dos meses un informe sobre el funcionamiento de la empresa Dos Pinos." El Juzgado dio curso al proceso, indicando que la ejecutante es la ACORACI (folio 1132). La Cooperativa se opuso y formuló las excepciones de falta: capacidad, formalidad, derecho, competencia, así como las de pago, prescripción, cosa juzgada, la expresión genérica de sine actione agit. Por su parte, el representante estatal manifestó su oposición e interpuso las excepciones de falta de: derecho y legitimación ad causam activa y pasiva. Las asociaciones supra citadas desistieron del proceso (folios 1255 y 1269). Mediante resolución no. 1060- 2003 de las 11 horas del 16 de diciembre del 2003, el Juzgado corrigió el auto inicial e indicó que el proceso también lo interponen, en su carácter personal, Julie Roos Ayub y José Luis Madrigal Moya (folio 1288). En primera instancia se declaró parcialmente con lugar la ejecución y se condenó a los coejecutados en forma solidaria a pagar ¢178.634,20 por costas procesales y personales del recurso de amparo, más los intereses que genere desde la firmeza de la resolución hasta su efectivo pago, así como ambas costas. El Tribunal, en lo impugnado, revocó. Rechazó las excepciones de falta de legitimación y falta de competencia para recibir el pago. Acogió parcialmente las excepciones de pago y falta de derecho. Estimó que las asociaciones están legitimadas e impuso a los co-ejecutados los siguientes rubros: a) $27.665,00 por daño al ambiente. b) ¢5.000.000,00 por el costo social, para destinarlo única y exclusivamente a proyectos de restauración del río Siquiares. c) Intereses a partir de la firmeza del fallo hasta su efectivo pago. d) La Cooperativa debe adecuar su funcionamiento a los parámetros ambientales establecidos en el Ordenamiento y a realizar una limpieza artificial del río en las cercanías de la salida de la planta de tratamiento y hasta un kilómetro aguas abajo una vez por tres años consecutivos. e) Recordó al Ministerio de Salud la obligación de ejercer control sobre la actividad industrial realizada por la codemandada, de manera que debe -al menos-, realizar cuatro monitoreos de la calidad del agua al año. Los co-ejecutados formulan recurso de casación.

RECURSO DE LA COOPERATIVA.

RECURSO POR RAZONES PROCESALES.

          II.- De esta naturaleza, el representante de la Cooperativa plantea cinco cargos. Primero. Aduce quebranto del artículo 42 de la Constitución Política y del principio de cosa juzgada material, porque la condena por daño al ambiente y al costo social, había sido establecida y cancelada en el expediente no. 171-00, según resolución no. 369-01-TAA de las 8 horas del 4 de junio del 2001, dictada por el Tribunal Ambiental Administrativo. Segundo. De conformidad con el numeral 524.3 del Código Procesal Civil, alega incongruencia del fallo. Manifiesta, Julie Roos Ayub y José Luis Madrigal Moya, ambos en su condición de Presidente de la ACORACI y la ASAMARS, respectivamente, desistieron en forma expresa, por lo que, por auto no. 1060-2003 de las 11 horas del 16 de diciembre del 2003, el Juzgado enderezó los procedimientos, e indicó que el proceso lo formulan aquellos en su carácter personal. El Tribunal, asevera, ignoró el desistimiento y lo resuelto, al declarar sin lugar la excepción de falta de legitimación y de competencia, con fundamento en una subsunción de la ACORACI y la ASAMARS. Tercero. Con fundamento en el precepto 594.2 ibídem, arguye, no podía tenerse como legitimadas a las asociaciones para actuar, porque fue aportada prueba documental que certifica que ACORACI y ASAMARS no existían al momento de los hechos ni de la interposición del recurso de amparo, aunado a que habían desistido del proceso. Cuarto. Apoyándose  en ese mismo ordinal, señala, se aportó la resolución no. 369-01-TAA del Tribunal Ambiental Administrativo, y copia certificada del cheque no. 99273-4 del 1 de octubre del 2001 del Banco Nacional de Costa Rica, para demostrar la cancelación de los cánones a que fue condenada la Cooperativa. Critica, en el fallo que recurre no se apreció ni citó esa prueba, provocando indefensión, porque esos rubros son los mismos del pronunciamiento del Tribunal Ambiental. Quinto. Sostiene, por no constatar la prueba y al existir una excepción de pago, el Ad quem no cotejó los montos de ambas resoluciones para determinar si los daños ya estaban cancelados.

RECURSO POR RAZONES DE FONDO.

          III.- Centra su inconformidad en cuatro motivos. Primero. Transcribe el artículo 50 párrafo 2° de la Constitución Política, del cual reclama su infracción. Estima, el recurso de amparo fue resuelto debidamente, no así, la ejecución de sentencia. Terceras personas, añade, formularon este proceso, sin que hubieren sido parte actora en el proceso constitucional, por lo que al facultarlos el fallo del Tribunal Contencioso, quebrantó la legitimación activa. Interpretar que las asociaciones poseen legitimación y capacidad para actuar, agrega, violenta el Ordenamiento Jurídico, máxime si consta una solicitud para tener como ejecutantes únicamente a los señores Roos Ayub y Madrigal Moya. Ese desistimiento y lo resuelto por el Juzgado, considera, fueron ignorados por el Tribunal, con lo que incurre en una interpretación errada del precepto 50 antes citado. Si bien cualquier persona puede interponer un recurso de amparo, manifiesta, no cualquiera puede presentar el reclamo de los daños, pues solo están facultados los actores del proceso de tutela constitucional. Segundo. En su criterio, se infringió el valor de cosa juzgada, porque por los mismos hechos en resolución no. 369-01-TAA del Tribunal Ambiental Administrativo, se le impuso el pago de ¢30.123.677,00 por daño ambiental, pese a que nadie puede ser condenado por los mismos hechos dos veces, según el numeral 42 de la Constitución Política. Argumenta, la indemnización fue subsanada y cancelada en su totalidad, tal y como lo reconocen los propios actores. Para la tasación del daño ambiental, expone, fue utilizada la metodología del costo del tratamiento para evitar el daño, que tomó en cuenta los que la empresa debió habilitar para impedir la degradación del ambiente, suma que abarcó toda la afectación que la Cooperativa ocasionó en el río Siquiares. Cita vulnerados, el ordinal 42 supra citado, el 162 y siguientes del Código Procesal Civil. El Tribunal, arguye, hace referencia a dos nuevas clases de valoración del daño, que reitera, ya habían sido impuestas como sanción, el costo biótico y el costo social. El primero, explica, el fallo recurrido lo trata como el componente vida, la calidad del ambiente y las posibilidades de que satisfaga necesidades para los organismos que lo habitan, se desarrollen de manera saludable y el equilibrio que debe existir de manera natural, entre los aspectos físicos y químicos dentro de los rangos normales para cada situación para especificar la pérdida del oxígeno del agua; impidiendo los procesos respiratorios de los organismos acuáticos debido a que saturan las branquias de los peces, insectos y otros, provocando su muerte por asfixia. El segundo, sigue diciendo, lo define como el daño que sufre la comunidad por la contaminación, produciendo malos olores debido al arrastre del río de material orgánico y su sedimentación, lo que genera lodos orgánicos en proceso de descomposición anaeróbica, perdida de usos potenciales del río (para uso agrícola, ganadero, recreativo y esparcimiento) y crecimiento de algunas plagas (zancudos y moscas). Alega, ambos fueron incluidos en los alcances del daño ambiental, y por el que el Tribunal Ambiental Administrativo condenó. Por esta razón, asevera, imponer el pago del costo biótico y social, es cobrar un canon que ya fue sufragado, y por ende, se infringe el artículo 42 antes mencionado. Tercero. Sostiene, existe una evidente falta de fundamentación por parte del Tribunal en cuanto a los rubros que obliga a pagar, ya que los individualiza y otorga valor económico sin seguir un procedimiento y una apreciación adecuada. De igual forma, señala, al traer a colación el costo social del daño, está incurriendo en la misma improcedente valoración de los daños ocasionados -que ya fueron tomados en cuenta en la sanción administrativa- y sin establecer un método determinado, que por referirse a un daño a la sociedad, debe tomarse en cuenta la afectación de manera individual donde cada vecino solicite la tutela personal. Hay una inadecuada motivación, advierte, en cuanto al mecanismo utilizado para la fijación del monto de la condena a la Cooperativa, dado que no se fijó tomando en cuenta un método específico realizado por una entidad judicial acreditada, sino más bien, un estudio del SETENA, y a partir de allí, lo estableció sin basarse en peritajes que podían solicitarse para darle sustento. Afirma, el deber de fundamentar no se logra únicamente con la mera enunciación o descripción de los hechos probados, sino que se requiere de su objetiva y legitima acreditación. El fallo recurrido, añade, no cumple con los aspectos esenciales puesto que, no hay exámenes o peritajes solicitados por la autoridad judicial que permitan la imposición de la suma a pagar, y mucho menos, una expresa valoración de este tipo de pruebas. Sin lo anterior, apunta, no tiene validez jurídica la apreciación relativa de la existencia del costo biótico y social, porque queda como una enunciación vacía de contenido probatorio, dado que solo es posible justificar y motivar de modo válido, sobre la base de las específicas pruebas periciales, mediante un método que pueda revelar la existencia de los daños, así como acreditar su valor económico. Asegura, la sentencia no reseña base documental probatoria, ni una motivación adecuada en cuanto a la condena por esos rubros, además de que están contenidos en el daño ambiental que fue objeto de sanción por parte del Tribunal Ambiental Administrativo. Cuarto. La resolución atacada, critica, condena al Estado y a la Cooperativa al pago solidario de varias sumas de dinero por daño ambiental, a favor de la ACORACI y de la ASAMARS, disposición que atenta contra el ordinal 4 de la Constitución Política, porque les atribuye la soberanía sobre el río, obliga a reconocer indemnizaciones a su favor, cuando no son propietarias, depositarias o poseedoras del afluente.

RECURSO DE CASACIÓN DEL ESTADO.

          IV.- El representante estatal también recurre ante esta Sala. En su criterio, el Tribunal vulneró el valor de la cosa juzgada, específicamente los artículos 162, 163 y 704, todos del Código Procesal Civil. Recrimina, la sentencia impugnada proveyó en contra del contenido de la resolución de la Sala Constitucional, al avalar que asociaciones que no fueron parte de ese proceso -que carecen de legitimación activa-, sean indemnizadas por daño comprobado al ambiente, sin existir, además, norma que habilite a particulares a recibirlo, y mucho menos, a nombre y cuenta de una colectividad social, lo cual infringe el valor de la cosa juzgada. El recurso de amparo, acota, fue interpuesto por Julie Roos Ayub, Carlos Luis Quesada Altamirano, Abel Víquez Fuentes y José Madrigal Moya, todos en su carácter personal, contra el Estado y la Cooperativa. De tal forma, indica, la condenatoria en daños y perjuicios que se dispone en esa sede, es a favor de ellos, única y exclusivamente, tal y como se deriva de las normas de legitimación de la Ley de la respectiva jurisdicción. Agrega, así lo entendieron, en tanto no apelaron el auto del A quo, no. 1060-2003 de las 11 horas del 16 de diciembre de 2003. De acuerdo con el numeral 51 ibídem, arguye, cuando prospera un recurso de amparo, se debe condenar en abstracto al pago de los daños y perjuicios causados al recurrente, cuya liquidación debe hacerse en la vía de ejecución de sentencia. En apoyo a su planteamiento, cita y transcribe, en lo que interesa, una sentencia de esta Sala sobre el precepto mencionado (no. 594-F-2006 de las 14 horas 45 minutos del 30 de agosto del 2006). En consecuencia, apunta, surgen dos aspectos de importancia: primero, solo está legitimado para pretender en la vía jurisdiccional la indemnización de daños y perjuicios aquella persona que accionó en vía Constitucional, no así un tercero que, no tiene vinculo jurídico con la pretensión procesal, en concordancia con el artículo 104 del Código Procesal Civil; y segundo, esa condenatoria no presupone su existencia real, sino que sólo declara la infracción de derechos fundamentales, correspondiendo al interesado liquidar los montos respectivos y aportar la prueba que permita establecer el nexo causal entre la vulneración del derecho declarado y los daños alegados. Estima excesivo y desproporcionado el criterio seguido por el superior, cuando interpreta que se trata de los mismos actores, y que ha operado una “subsunción” de la representación que estaban ejerciendo los gestores del amparo, en las asociaciones creadas posteriormente a los hechos que analizó el Tribunal Constitucional, y que por lo anterior, estas organizaciones están legitimadas para derivar un derecho indemnizatorio. De esta manera, considera, sin sustento legal, se contravienen las reglas de la legitimación previstas en el Código Procesal Civil y la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y se quebranta el valor de la cosa juzgada de la sentencia que se ejecuta, en el sentido de que, se declara el derecho a percibir una indemnización a los accionantes, sin que pueda entenderse que puedan ceder, compartir, subsumir, o cualquier otra forma que haga “cedibles” o “solidarios” los derechos litigiosos a terceros. Sustenta lo anterior, remitiendo a la línea jurisprudencial del Juzgado Contencioso Administrativo en materia de legitimación en asuntos relacionados a ejecutar una sentencia estimatoria de un recurso de amparo, y transcribe parcialmente la resolución no. 194-2004 de las 9 horas del 11 de marzo del 2004 de ese Despacho. Indica, la Sala Constitucional declaró infringido el derecho al ambiente (artículo 50 de la Constitución Política), que por su especial naturaleza, trasciende las normas de legitimación para reclamar su tutela por parte de particulares, pero no para los efectos de derivar una indemnización pecuniaria a su favor, sustituyendo al legítimo representante, como es el Estado. El ordinal 51 de la Ley de la Jurisdicción Contitucional, reafirma, establece el deber del Tribunal Constitucional de condenar al pago de los daños y perjuicios en aquellos casos en que acoja un recurso, pero no puede obviarse que en los supuestos de derecho al ambiente, se presenta un inconveniente en punto a la legitimación para reclamar la reparación referida, por tratarse de un derecho que trasciende a toda una comunidad o grupo de personas, sin que sea específico a una de ellas en particular. Por lo expuesto, sostiene, no existe norma que avale que quiénes la pretendan, lo hagan en representación de todos los posibles lesionados, porque significaría admitir que, con base en la sentencia que se ejecuta, todo aquel que se encuentre en una posición semejante puede pedir similares indemnizaciones. De admitir tal tesis, agrega, se estaría “legalizando” una legitimación “popular”, cuando la Sala Constitucional ha declarado con lugar un amparo por violación a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Situación que, en su criterio, quebranta no sólo el valor de la cosa juzgada, sino además, el principio de la seguridad jurídica (artículos 42 y 153 de la Constitución Política). Insiste  en que es una interpretación contraria a las normas legales vigentes, entender que asociaciones de carácter ambientalista, que no fueron parte en el proceso del recurso de amparo, puedan reclamar una indemnización con fundamento en el pronunciamiento que lo acogió, por considerar que están legitimadas, en tanto sus representantes fueron los accionantes en su momento. Sobre este tema, transcribe un extracto de la resolución 596-2005 de las 14 horas del 9 de diciembre del 2005 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Aduce, la sentencia recurrida se dictó en contra de lo ejecutoriado, se interpretó de manera ilegal la legitimación, adelantó la vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, y desconoció las reglas mínimas previstas en las normas actuales, lo cual contraviene el numeral 129 constitucional. Por otra parte, afirma, introduce institutos que no tienen cabida en el Ordenamiento Jurídico, como son las denominadas “class action”, de donde deriva la legitimación de las asociaciones para percibir la indemnización por concepto de daño ambiental, lo cual genera un quebranto de la cosa juzgada. Aunado a lo expuesto, considera, tratándose de daños al ambiente y ante la falta de norma que habilite a un particular percibir una indemnización por tal concepto, debe concluirse que será el Estado el que se encargue de reclamar los montos que correspondan. Por ello, asevera, en virtud de que el Tribunal Ambiental en el expediente no. 171-00, mediante resolución no. 369-01-TAA de las 8 horas del 4 de junio del 2001, condenó por los mismos hechos a la Cooperativa, al pago por el daño ambiental debido a la contaminación del río Siquiares, además de la falta de legitimación referida, no hay interés actual para su reclamo, en tanto hay cosa juzgada. Reproduce parte de la resolución no. 1202-06 de las 9 horas del 13 de octubre del 2006, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. En síntesis, alega, el fallo recurrido provee en contra de lo ejecutoriado, debido a que condena al Estado y a la Cooperativa en forma solidaria, al pago de una indemnización a quien no es parte en el proceso -por haber precluído su participación dentro de la litis-, por daño ambiental derivada de una sentencia de la Sala Constitucional, no obstante carecer de legitimación activa para ejecutarla, y sin que exista norma que habilite a particulares a recibirlo. Por lo expuesto, señala, al tenor del carácter personal que tiene la legitimación que surge de los artículos 33, 35 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se ha generado un quebranto al valor de la cosa juzgada establecida en la sentencia de la Sala Constitucional. Asimismo, afirma, existe cosa juzgada en punto a la indemnización de daño ambiental, en virtud de que hay una resolución condenatoria en tales términos por parte del Tribunal Ambiental. Finalmente, destaca el contenido de la parte dispositiva de la sentencia recurrida, en tanto impone una condena de hacer, lo cual considera improcedente en la vía de ejecución de sentencia de amparo, donde se discute la posible indemnización de daños y perjuicios sujetos a su constatación mediante prueba idónea. Arguye, no es posible de manera conjunta imponer otras obligaciones que, en su momento, no fueron establecidas por los órganos competentes en sede administrativa. En su criterio, lo anterior quebranta el valor de la cosa juzgada que dimana de la sentencia de la Sala Constitucional, ya que bien podía pronunciarse sobre las medidas que debía adoptar la Cooperativa como el Estado. Y si no se hizo así, agrega, la suplencia que realizó el Tribunal Contencioso no tiene asidero en el Derecho vigente, dentro de un proceso que no está diseñado para hacer alegatos sobre las posibles acciones a ser impuestas a las partes, lo cual es propio de un ordinario. Repite, no es otra cosa que un evidente quebranto al valor de la cosa juzgada de la sentencia de amparo, y contraviene lo que debe resolverse en esta vía.

          V.- Dadas las especiales particularidades de este asunto, se estima pertinente abordar, de previo, algunos aspectos básicos. Por una parte, los requisitos y alcances del recurso de casación en procesos de ejecución de sentencia así como el marco de competencias y límites de esta Sala en el ejercicio de su revisión contralora. Por otra, las implicaciones que tiene la decisión de un juez contencioso administrativo, la condena en abstracto al pago de los daños y perjuicios que impone la Sala Constitucional. El numeral 704 del Código Procesal Civil, establece que “... contra las resoluciones que dicten los tribunales superiores, de acuerdo con las disposiciones de este capítulo, no cabrá recurso alguno, sin embargo, contra los fallos de segunda instancia, dictados en la ejecución de una sentencia en proceso ordinario o abreviado, u otras que produzcan autoridad de cosa juzgada -siempre que exceda de la cuantía fijada por la Corte Plena-, cuando no se trate de la ejecución en asuntos inestimables, se dará el recurso de casación, cuando se resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito ni decididos en la sentencia, así como cuando se provea en contradicción con lo ejecutoriado. El recurso se tramitará de acuerdo con lo dicho en el artículo 615, y deberá expresar, de modo concreto, bajo pena de ser rechazado aún de plano, cuáles son los puntos sustanciales no controvertidos en el pleito ni decididos en la sentencia, o cuáles han sido resueltos en contradicción con lo ejecutoriado, y reclamarse la violación de las leyes relativas al valor de la cosa juzgada.”. De lo anterior se colige que, si bien la sentencia que se dicte en este tipo de procesos tiene recurso de casación, las causales que abren la competencia de esta Sala, no se encuentran en los ordinales 594 y 595 del Código Procesal Civil, dado que su control se limita a que no se vulnere la autoridad de la cosa juzgada material, esto es, que no exista disimilitud entre la sentencia declarativa y el fallo de la ejecución. Sobre lo anterior existe reiterado criterio del cual pueden citarse entre muchas otras, las sentencias no. 582 de las 11 horas 30 minutos del 14 de julio, no. 937 de las 9 horas 30 minutos del 4 de noviembre y no. 1015 de las 10 horas del 25 de noviembre, todas del 2004. Por ello, a diferencia de la casación propia de los procesos ordinarios, no es dable considerar violaciones procesales o sustantivas, sean éstas por violación directa o indirecta. Se pretende garantizar, por esa vía, el ajuste cabal del Tribunal a los pronunciamientos judiciales firmes. En este caso, la casación actúa como guardián de la cosa juzgada, velando porque no se hayan resuelto puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, ni decididos en sentencia o bien que no se haya proveído en contra de lo ejecutoriado. Por otra parte, la Ley de la Jurisdicción Constitucional asigna a la Sala de la materia la potestad para condenar al pago de los daños y perjuicios que se deriven de los actos de las autoridades públicas o privadas sujetas al ámbito tutelar de este recurso, que lesionen el régimen de los derechos fundamentales. Respecto del proceso de amparo, el párrafo inicial del numeral 51 de ese cuerpo normativo indica con claridad: “... toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará sui liquidación para la ejecución de sentencia.” En este asunto, se trata de una condenatoria en abstracto que debe ser concretada en ejecución posterior, por ende, es de rigor valorar la situación y circunstancias en las que los derechos tutelados fueron vulnerados. Así, ese resultado lo que hace es abrir la competencia del juzgador contencioso administrativo para analizar sobre la existencia real o no de los daños y perjuicios, y fijar su monto acorde con las circunstancias propias del caso. En este tipo de asuntos constitucionales no existe un debate o análisis respecto de  los daños y perjuicios que puedan derivarse de la conducta transgresora, lo que en orden a su naturaleza sería improcedente. Por ello, tal valoración resultaría contraproducente a la razón y esencia de esa causa. Por tanto, es en la etapa de ejecución de sentencia donde debe acreditarse, la existencia de un vínculo de causalidad entre estos y la conducta, de modo que se le pueda imputar un efecto lesivo. En ese sentido, a esta Sala, corresponde verificar que el fallo de la ejecución se encuentre dentro de los parámetros preestablecidos por el pronunciamiento que da origen a ese proceso. Se trata entonces de una instancia de medición del ejercicio jurisdiccional, tendiente a garantizar que lo dado en la sentencia comprenda lo resuelto en sede constitucional. Consúltense en este sentido los votos números: 14 de las 16 horas del dos de marzo, 41 de las 15 horas del 18 de junio y 65 de las 14 horas del primero de octubre, todos de 1993. Por ende, en lo que atañe a los daños y perjuicios causados por la conculcación del derecho constitucional amparado, se estaría violando lo ejecutoriado cuando no se reconozca íntegramente su reparación, o cuando se conceda la indemnización de aquellas lesiones que no sean consecuencia de los hechos discutidos y decididos en esa sede; o cuando no estén relacionados directamente con lo debatido en la sentencia ejecutoria. En este sentido, puede verse la sentencia no. 269 de las 9 horas 10 minutos del 23 de abril del 2004.

          VI.-  Con fundamento en el marco jurídico que se ha desarrollado, procede ingresar al análisis de los cargos planteados. El representante de la Cooperativa alude en su impugnación, reparos de orden procesal y de fondo, aunado a que los repite, trata de separarlos como si fuesen de diferente naturaleza, cuando en realidad oscilan sobre el mismo tema, lo cual evidencia la ausencia de la técnica propia del recurso de casación. Reordenando los reproches, en síntesis, consisten en dos grandes temas: 1) Acusa que se vulneró el principio de cosa juzgada material, porque la condena por daño al ambiente y costo social fueron establecidas y canceladas dentro del procedimiento administrativo seguido por el Tribunal Ambiental Administrativo, expediente no 171-00, según resolución no. 369-01-TAA de las 8 horas del 4 de junio del 2001. No se apreció ni valoró adecuadamente la prueba, asevera, referente a la excepción de pago sobre esos cánones y la metodología utilizada para determinar los daños, por lo que advierte una inadecuada fundamentación de la sentencia recurrida. Agrega, nadie puede ser sancionado por los mismos hechos dos veces. 2) Endilga una falta de legitimación y competencia, ya que el Ad quem ignoró el desistimiento expreso de ambas asociaciones, además de que al momento de los hechos y de la interposición del recurso de amparo no habían nacido a la vida jurídica. Cualquier persona, aduce, puede interponer ese tipo de proceso, pero no cualquiera puede reclamar el pago de los daños. Lo resuelto, asegura, atenta contra la soberanía del Estado, por condenar al pago de indemnizaciones a favor de las asociaciones que no son las propietarias del río. En ese particular, los reparos que se formulan en torno a la valoración de la prueba en lo tocante al procedimiento que tramitó el Tribunal Ambiental Administrativo, la condena que se hizo en esa sede, el método para establecer la cuantía de los daños, y la violación al principio de “non bis in idem” (punto 1), no están referidos a la cosa juzgada -vertida en el recurso de amparo y que aquí se ejercita-, sino a aspectos probatorios, congruencia y motivación de la sentencia. Obsérvese que lo alegado, no propicia una trasgresión revisable en esta sede, dado que no supone una discordancia entre lo concedido en el fallo vertido en el recurso de amparo y lo otorgado en esta vía y que es, a la postre, conforme se expuso en el Considerando V, el límite que el legislador le impuso en esta clase de procesos. Por ende, en virtud del ámbito competencial de esta Sala, únicamente es procedente abordar el tema de la legitimación de las asociaciones.

          VII.- Por su parte, el representante estatal, le atribuye al Tribunal Contencioso Administrativo infringir la cosa juzgada, por tres razones: 1) Falta de legitimación, pues las asociaciones no fueron parte en el recurso de amparo por lo que no pueden ahora percibir ninguna indemnización. Arguye que se está legalizando una aptitud popular e introduciendo la “class action”, en supuestos donde es el propio Estado quién la ostenta para cobrar los daños y perjuicios. 2) Cosa juzgada porque el Tribunal Ambiental ya había condenado por esos mismos rubros. 3) Condenas “de hacer”, que a su juicio, son improcedentes en los procesos de ejecución de sentencia. De este modo, en lo que respecta al alegato de que en sede administrativa ya había sido establecida la obligación de indemnizar por los daños al ambiente y costo social, de conformidad con lo indicado en los apartados V y VI, cabe reiterar que se trata de un tema ajeno a la competencia de esta Sala. De ahí que el reclamo numerado 2, deba ser rechazado, porque en nada contradice o violenta la cosa juzgada. En todo caso, a mayor abundamiento, es importante indicar que, el Ad quem resolvió conforme a derecho, tal y como se infiere del considerando IX del fallo impugnado. Así, señaló que, el primer componente de la indemnización -costo del tratamiento por el daño-, fue cancelado en vía administrativa por la Cooperativa ($92.189,00), en virtud de la denuncia formulada ante el Tribunal Ambiental Administrativo, por los mismos hechos conocidos en el recurso de amparo. Sin embargo, el estudio técnico que realizó la valoración económica determinó “un mínimo” que debe cancelar el agente activo contaminador, en atención de que su cálculo se realiza sobre la base de los costos que esa industria debió hacer para adecuar su funcionamiento a los parámetros y estándares ambientales; aunado a que ese no es el único componente para cuantificar la compensación. De tal forma que, acogió de manera parcial la excepción de pago, en vista de que no se cubrió la totalidad del daño causado, dado que en sede administrativa no se reconoció el costo biótico, el cual fue estimado en $27.656,00 por el Tribunal Contencioso. En este mismo sentido, tampoco concurren los elementos necesarios para que prospere la excepción de cosa juzgada, en virtud de que si bien coinciden algunos de los sujetos activos y pasivos, no hay identidad en el objeto, es decir, entre lo sancionado en el procedimiento administrativo ambiental, y lo dispuesto en esta sede de ejecución.

          VIII.- Sobre los tipos de daños en materia ambiental. Previo a resolver los restantes cargos, resulta de vital importancia referirse a la tipología de daños que podrían ocurrir en esta materia, con el fin de analizar de forma acertada en lo tocante a la titularidad del derecho a la indemnización. El ambiente está conformado por aquellos recursos y sistemas naturales primarios de los que depende la existencia y el normal funcionamiento de la naturaleza en su conjunto, y que jurídicamente tienen la categoría de bienes comunes (aire, agua y suelo, componentes abióticos) y ecosistemas, flora y fauna (componentes bióticos) e incluso bellezas naturales, en cuanto portadores de ecosistemas que se pretendan conservar (paisaje) y culturales (herencia cultural). El daño ambiental, se apreciará en la alteración externamente inducida a los sistemas, inhabilitándolos, perjudicándolos en la materialización de sus imprescindibles funciones de apoyo a los ecosistemas menores. Este cambio puede provenir de agentes extraños al hombre, o de una acción humana (lo que hoy se denomina “contaminación”). De allí que, se ha definido como toda pérdida, disminución o menoscabo significativo inferido al ambiente, o a uno o más de sus componentes. Son de difícil reparación, y en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando se trata de la pérdida de especies, son irreparables. Siempre se deberán tutelar los daños que se hayan perpetrado. En principio, habrán tres tipos de soluciones a adoptar: a) ante la inminencia de nuevos actos, lo primero será -a modo de medida cautelar innovativa o de no hacer-, ordenar el cese de la conducta, ya que es la mejor forma de prevenir nuevos daños y dejar que el ecosistema comience a autorepararse. b) Para los elementos del ambiente dañados en forma reversible, es decir, los que permiten su recuperación, se deberá buscar el reestablecimiento específico “in natura”, mediante una indemnización para solventar los gastos que irrogue llevar adelante los mecanismos concretos con ese fin. c) En relación a los elementos afectados en forma irreversible, deberá examinarse la posibilidad de solicitar una compensación del “daño moral colectivo o social”, en la medida en que ya no podrán ser disfrutados por la comunidad, lo que implica un menoscabo a un interés general tutelable. Cuando un daño ambiental se ha producido, independientemente de la causa -voluntaria o accidental-, el principio de reparación, conocido como “in natura”, exige que no quede a elección la forma de realizarla. Los fenómenos de contaminación y degradación ambiental son tan extensos que resultan difíciles de determinar, con límites precisos tanto en el tiempo como en el espacio. El daño ambiental afecta a la sociedad en general y no solo a las personas individualmente consideradas. La Constitución Política contempla y ampara bienes de naturaleza e incidencia general, en cuanto interesan a la comunidad, tal y como sucede con esta materia. Vinculado a ello, surge la noción de daño sufrido colectivamente, entendido como aquel que nace cuando se lesiona un interés de esa índole, que tiene autonomía, y puede o no concurrir con los individuales, lo que revela una realidad grupal. No obstante, en ocasiones es posible que una conducta produzca, además de lesiones al ambiente como tal, detrimento de forma directa a particulares. En estos casos, de cara a la reparación, es necesario distinguir los elementos ambientales que benefician a toda la sociedad, de las lesiones a individuales. En este último, podrá darse a través de una indemnización, tomando en cuenta tanto el daño como el perjuicio personal. En el primer caso, por el contrario, se está ante un supuesto de interés difuso esto es, extendido, difundido, dilatado; se propaga o diluye entre los miembros del conjunto sea que este se encuentre o no organizado y compacto. Se trata de un daño supraindividual que no consiste en la suma de daños especiales. Ni en un perjuicio de bienes propios y particulares de los individuos, sino en una lesión actual y concreta, sólo desde el punto de vista de la sociedad entera que los sufre. El daño al colectivo afecta simultánea y coincidentemente al grupo. Se trata de un mismo y único daño, que hoy en día se acepta sin dificultad, como una noción con entidad propia, que atañe por igual a todos los miembros de la comunidad, o a determinados grupos de manera indistinta y no exclusiva. Los destinatarios no son ya las personas, en forma aislada, sino categorías o clases de sujetos, vinculados por alguna calidad o característica que da conexión al conjunto. Dentro de esta temática, de surgir la obligación de resarcir este tipo de menoscabo, no se configura una suma de porciones identificables; por el contrario, es una lesión general, que resulta aprehensible y experimentable, en donde el elemento afectado es comunitario o grupal, que llega a los sujetos individuales indivisiblemente, por la inserción en el conjunto. En vista de lo expuesto, se debe distinguir entre daños al ambiente y daños a través del ambiente. Este último se basa en la responsabilidad patrimonial tradicional: daños personales y económicos. El otro por el contrario, se refiere al daño ambiental per se. En conclusión, se pueden identificar dos categorías: 1) El ecológico o ambiental propiamente dicho. Afecta la flora y fauna, el paisaje, el aire, el agua, el suelo, es decir, el ambiente. Es el que sufre el ecosistema, inhibiéndolo en sus funciones naturales. No se ubica sobre ningún bien de pertenencia individual. Es el perjuicio o detrimento soportado por los elementos de la naturaleza o el ambiente, sin recaer en una persona o cosas jurídicamente tuteladas. Se trata de un daño al ambiente, ya sea mediante su alteración o destrucción parcial o total, afectando en forma mediata la calidad de vida de los diversos seres vivientes del planeta. 2) Los particulares. Son aquellos que por un impacto ambiental se derivan luego en personas o bienes individuales. Esta categoría resulta asimilable a las tradicionales hipótesis de daño, ya reconocidas por el Ordenamiento Jurídico. Si bien recibe la atención judicial como si se tratara de un daño ambiental, las reglas para atribuir responsabilidades y establecer su resarcimiento, no difieren sustancialmente de las clásicas del derecho. En estos casos, se trata de un daño a las personas o a las cosas por una alteración del medio a causa del obrar humano. No es un daño directo al ambiente, sino a las personas o a las cosas, por una alteración del primero.

          IX.- Sobre la legitimación activa en los procesos de ejecución de sentencia de los fallos dictados por la jurisdicción constitucional en recursos de amparo en protección del ambiente. Particular atención requieren los casos como el presente, donde la condena reside en la violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en los términos del numeral 50 de la Constitución Política, conforme al cual: “… Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.” Nótese cómo a favor de toda persona, se reconoce tanto el derecho a un ambiente sano, como la legitimación para denunciar su irrespeto y reclamar la reparación. En este sentido, sobre el tema de la legitimación en materia ambiental, la Sala Constitucional ha dicho que: “… el presupuesto procesal de la legitimación tiende a extenderse y ampliarse en una dimensión tal, que lleva necesariamente al abandono del concepto tradicional, debiendo entender que en términos generales, toda persona puede ser parte y que su derecho no emana de títulos de propiedad, derechos o acciones concretas que pudiera ejercer según las reglas del derecho convencional, sino que su actuación procesal responde a lo que los modernos tratadistas denominan el interés difuso, mediante el cual la legitimación original del interesado legítimo o aún del simple interesado, se difunde entre todos los miembros de una determinada categoría de personas que resultan así igualmente afectadas por los actos ilegales que los vulneran. Tratándose de la protección del ambiente, el interés típicamente difuso que legitima al sujeto para accionar, se transforma, en virtud de su incorporación al elenco de los derechos de la persona humana, convirtiéndose en un verdadero «derecho reaccional», que, como su nombre lo indica, lo que hace es apoderar a su titular para «reaccionar» frente a la violación originada en actos u omisiones ilegítimos. Es por ello que la vulneración de ese derecho fundamental, constituye una ilegalidad constitucional, es decir, una causal específica de amparo contra los actos concretos o normas autoaplicativas o, en su caso, en la acción de inconstitucionalidad, contra todas las normas o contra los actos no susceptibles de amparo, e incluso, contra las omisiones, categoría ésta que en el caso del derecho al ambiente se vuelve especialmente importante, porque al tratarse de conservar el medio que la naturaleza nos ha dado, la violación más frecuente se produce por la inercia de las autoridades públicas en realizar los actos necesarios para protegerlos. La Jurisdicción Constitucional, como medio jurídicamente idóneo y necesario para garantizar la supremacía del Derecho de la Constitución es, además de supremo, de orden público esencial, y ello implica, en general, que una legitimación mucho más flexible y menos formalista, es necesaria para asociar a los ciudadanos al interés del propio Estado de Derecho de fiscalizar y, en su caso, restablecer su propia juridicidad.” Sentencia no. 3705-93, de las 15 horas del 30 de julio de 1993. Por su carácter supraindividual, la legitimación se amplia en este campo, al establecer el Tribunal Constitucional, que la preservación y protección del ambiente es un derecho fundamental, que legitima para acudir a la vía del amparo a toda persona. Es evidente que el enfoque sobre esta materia, se separa en mucho de la posición que siempre se ha dado. Si tal es el sistema propugnado y plasmado en la Carta Magna, en base a esa estructura deberá sustentarse toda interpretación de los distintos procedimientos o procesos vigentes para tutelar el ambiente. De allí que, limitar el ejercicio de ese derecho a sujetos con características específicas para lograr su protección administrativa o jurisdiccional, implica únicamente un esfuerzo por circunscribirlo a requisitos que en modo alguno compatibilizan con los postulados constitucionales actuales, en donde como se vio, del numeral 50 supra indicado, surge como legitimada, “toda persona”, para instaurar la acción respectiva en resguardo del ambiente y demandar su reparación. Por su parte, el principio 10 de la Declaración de Río, haciendo alusión a la participación de todos los ciudadanos en cuestiones ambientales, señala que: “Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre otros el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes” (Declaración final de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro, Brasil, 14 de junio de 1992, en Torres Ugena, en donde Costa Rica figura como uno de los Estados signatarios).

          X.- Ahora bien, esta Sala estima que, a partir de una adecuada interpretación de la norma en comentario, en relación con el canon 49 también constitucional, el recurso de amparo no agota la posibilidad de instrumentos jurídicos que la Carta Magna otorga a todos los habitantes con el fin de tutelar el ambiente. Lo contrario significaría que el artículo 50 restringe su contenido, única y exclusivamente al proceso constitucional de amparo. El concepto “toda persona” utilizado por el constituyente, no puede asimilarse a titular de derecho subjetivo en sentido estricto. “Toda persona” es, todo habitante, vecino, ciudadano, física o jurídica, pública o privada, es en fin, cualquiera que ve lesionado su derecho a un ambiente sano. Por esa razón, en su defensa y protección, se debe favorecer una tutela suficientemente amplia, a fin de no inoperativizar la norma o limitar sus alcances. En ese sentido, la simple falta de relación directa o de perjuicio, en tesis de principio, no puede conducir a una pérdida de la legitimación para quien posee un derecho reconocido a nivel constitucional. Si se aceptara, en el derecho ambiental, la tesis tradicional de la legitimación, entendida como la aptitud de ser parte en un proceso concreto, donde no toda persona con capacidad procesal puede figurar en ese carácter, sino sólo quienes se encuentren en determinada relación con la pretensión, tal y como se expuso, conllevaría a vaciar de contenido esa norma. En los procesos de ejecución de los fallos dictados en la Jurisdicción Constitucional, que son los que aquí interesan, el tema cobra especial relevancia. Para establecer la procedencia del reclamo que en definitiva se traduce en una suma de dinero para pretender resarcir la lesión causada, debe ponderarse, entre otros, a favor de quien se dio la tutela constitucional, la relación de causalidad entre la infracción que se acusó y el daño que se pretende indemnizar. Este marco básico, no puede dejar de lado que en materia ambiental, se optó, con raigambre constitucional, por la protección amplia de este derecho. Un segundo tema de importancia, es que la legitimación debe ser analizada de acuerdo a la pretensión material, en este tipo de supuestos -daño al colectivo-. Al tratarse de un derecho de la tercera generación, en los que el afectado es un grupo de personas, en la mayoría de los casos indeterminado, requieren de una legitimación distinta al interés jurídico que ampara a los derechos subjetivos públicos. Tratándose de intereses difusos o de acción popular, por su naturaleza particular, no existe un único titular asistido por un interés jurídico, lo cual ha dificultado el acceso de los individuos a su eficaz tutela o garantía, pues se ha evidenciado la necesidad de encontrar una legitimación más amplia para hacerlos valer ante las autoridades administrativas y judiciales. Por ese motivo, es menester tomar en consideración que el primer y principal damnificado es la sociedad en su conjunto, o bien una generalidad indeterminada de sujetos; sin perjuicio de que simultáneamente también puedan resultar afectados en forma particular, algunos de los individuos del grupo. De todos modos, no cabe la posibilidad de reclamos personales, plurales y separados cuando el ofendido es la colectividad, ya que, es característica de dichos intereses su indivisibilidad, en razón de que el bien colectivo no es fraccionable entre quienes lo utilizan, tampoco es factible dividir su goce. Ello trae como consecuencia la imposibilidad de que existan distintos derechos subjetivos, por no existir un vínculo directo entre una persona y ese tipo de derecho. O es del grupo o no es de nadie, porque si alguien lo acapara para sí, deja de ser coparticipado para ser individual. Lo que no quita, como se dijo, la posible coexistencia de daños particulares o plurindividuales, porque una de las características del Derecho Ambiental es que el daño se causa siempre a la colectividad, pero con repercusiones, en ocasiones, sobre bienes individuales. En efecto, la persona tiene posibilidad de accionar en su nombre para pedir una indemnización propia (daño ambiental particular), como de accionar en nombre de una colectividad para pedir una indemnización de la cual no se puede apropiar pero sí puede gozar (daño ambiental al colectivo), que es realmente la que constituye la reparación del daño ambiental en su estado puro. La reparación del daño ambiental colectivo restablece el interés general vulnerado, con lo cual se excluye que restablezca solo un derecho individual, su objeto es diferente. El error reside, se repite, en el hecho de considerar daño ambiental puro las consecuencias que sufren bienes ambientales apropiables por los particulares, siendo que, en estricto sentido, no puede tener tal particularidad, porque es precisamente sobre un bien colectivo. Es cierto que hay bienes ambientales que pueden ser apropiados por particulares -por ejemplo, el caso del suelo-, pero ello no le quita la característica de bien ambiental y de lesión a un interés general que supone la posibilidad de que, aún si el propietario no desea su reparación, la puede, y aún la debe buscar, cualquier otra persona o cualquiera entidad pública o privada. Sobre la base de la concepción anterior, en donde el daño ambiental puro se distingue por afectar el normal funcionamiento de los ecosistemas o la renovabilidad de sus recursos y componentes, así como por ser “supraindividual”, se aleja entonces de la esfera estrictamente individual, en el sentido de bienes apropiables, como elemento definitorio de la lesión. La acción de defensa o de reparación no puede estar sólo en cabeza de cada damnificado. Tiene que ser colectiva o grupal como lo es también el daño causado. Es por ello que el daño se da directamente al ecosistema e indirectamente al ser humano que se sirve de él, y que la persona únicamente puede reclamar a favor del ecosistema gracias a su relación con él. Si se logra hacer la distinción entre daño ambiental puro y particular, se establece con claridad qué es lo que se está indemnizando por una u otra vía, porque se determina con anterioridad aquello que se dañó. La distinción señalada marcará no sólo la forma de reparación del daño, sino la finalidad de cada acción que busca proteger el ambiente. No obstante, a pesar de que en la mayoría de los casos no se puede lograr el objetivo de reparar el ambiente como si el daño no hubiere ocurrido, sí se puede predicar otra forma reparatoria, que busca dejar el bien en la forma más parecida posible a la que tenía antes del daño. En consecuencia, cualquier persona que alegue estar afectada por un daño ambiental, pertenece a la parte material titular del interés difuso y estará legitimada para ser parte activa en el proceso judicial que se inicie en protección del ambiente. De acuerdo con el parámetro constitucional, producido un daño ambiental, en cualquiera de sus dos vertientes, se concede acción para obtener la reparación del ambiente, lo que no obsta al ejercicio de la acción indemnizatoria. Para lo primero debe deducirse la “acción ambiental” -recurso de amparo o vía ordinaria -; para lo segundo, la “acción indemnizatoria” -ejecución de sentencia o vía ordinaria-. En este sentido, se define un nuevo y particular modo de daño, el cual goza de algunas especificaciones, y conforme a ello, las reglas para su reparación no podrán equipararse a las que otorgan protección a los derechos subjetivos, simplemente porque este tipo de daño puede conculcar además otro tipo de prerrogativas, como los derechos de incidencia colectiva o general. Es por ello que la legitimación para actuar, que se tiene en uno u otro caso, solo variará en el petitum del proceso: si el daño es personal, en el sentido de que aminora el patrimonio individual, se estará en presencia de una petición para sí. Por el contrario, si el patrimonio apropiable individualmente no se reduce, sino aquel que tiene por el hecho de vivir en sociedad, se estará ante una petición para la colectividad, es decir, a favor de los bienes ambientales, que de paso, benefician al individuo en su concepción socializada. En este último supuesto, habría un derecho constitucional lesionado, que debe ser procesalmente protegido. Es por ello que en esta materia se amplia la legitimación activa, cuando la pretensión material del actor sea la protección de intereses difusos o por acción popular, permitiéndose la posibilidad de actuar en juicio no en nombre propio o de otros, sino en nombre y beneficio de todos, dentro de los límites de dicho objeto. En consecuencia, en procesos como el presente, cualquier persona lo puede incoar, aunque no sea afectado de manera directa, donde la acción no se interpone en nombre propio sino a nombre del colectivo.

          XI.- Sujeto titular para percibir la indemnización por daño al colectivo. Al tratarse de bienes de interés general que componen el ambiente, y cuya tutela se asigna al Estado, cuando la lesión es al colectivo, no hay patrimonio individual que pueda reclamarlo para sí. Esta particularidad ha determinado que se privilegie la reparación en especie por sobre la indemnización dineraria, lo cual constituye otra de las evoluciones del moderno derecho de daños, de particular trascendencia en esta materia. Volver las cosas al estado anterior en aquellos supuestos en que sea total o parcialmente factible, esto es, recomponer el “hábitat” o el equilibrio de los valores ecológicos (p. ej., poblar de nuevo un río en caso de depredación), es la solución prevalente de la ciencia jurídica. La equivalencia dineraria no tiene sentido alguno frente a este tipo de daño, porque no podrá por sí, acrecentar el bien lesionado. Ese pago, nunca podrá cambiar uno por otro, sino que obligatoriamente se tiene que invertir en la reparación del ecosistema. Esto la diferencia con las reglas generales de la responsabilidad patrimonial común, donde el demandante tiene mayor libertad para disponer si el dinero pagado por su bien lesionado lo reinvierte en sí mismo, o no. Independientemente de la naturaleza jurídica del sujeto beneficiario de la indemnización, ya sea público o privado, deberá destinarse a la reparación, reposición o restauración de los recursos naturales o ecosistemas deteriorados. En consecuencia, siempre debe buscarse, en primer orden, la posibilidad de regenerar el daño ambiental, y así, como se ha dicho, favorecer la reparación “in natura”. Puede ser que ello se logre con obligaciones de hacer o con dinero, restituyendo el elemento dañado. De no lograrse, en segundo término, se debe velar por tomar medidas que estén en beneficio del ambiente como un todo. Esta posición se sustenta en el hecho de que el ecosistema es interactuado y, por tanto, aunque no se recupere de la primera forma, se restaura el sistema que se verá beneficiado en su conjunto. En efecto, si no es técnicamente posible, o sólo lo es en parte, la evaluación de los detrimentos causados a los recursos naturales tiene que basarse en el costo de soluciones alternativas que tengan como meta la reposición de recursos naturales equivalentes a los que se han destruido, con el objeto de recuperar el grado de conservación de la naturaleza y la biodiversidad. Este punto es importante porque se permite que el resarcimiento recaiga sobre otro componente del ambiente distinto del dañado, sin que se viole regla alguna con este proceder, porque en realidad se busca una equivalencia con lo destruido para rescatar la naturaleza. No es entonces difícil concluir que la reparación del daño ambiental puro debe ser, en lo posible, “in natura”.

          XII.- Recapitulando, se puede decir que el problema básico, en principio, radica en cómo repararlo, especialmente cuando este va más allá de la lesión a un interés individual. No existe suficiente regulación sobre este tipo de responsabilidad, en tanto la legislación vigente no toma en cuenta sus características específicas y los problemas para reclamar su reparación. Sin embargo, visto que el control ambiental importa a toda la comunidad, lo lógico es que se destinen a recomponerlo. De tal forma que, en atención a las particulares características del daño ambiental puro, la indemnización fijada debe ser pública y así los fondos provenientes de su pago, en las diferentes instancias, permitiría dedicar ese dinero a la reparación “in situ” de los recursos afectados o al financiamiento de otros proyectos ambientales suplementarios en esas zonas. Por tal motivo, estima esta Sala que, el monto por la indemnización del daño ambiental puro o a la colectividad se constituye en un fondo público, que pertenece a todos (numerales 8 y 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República). Ello significa que, si bien la acción por daño al colectivo puede ser ejercida por cualquier persona, quien puede percibir las sumas por ese concepto es, en principio, la “sociedad en general”, o en su caso algún “grupo indeterminado de personas”, en cuanto damnificados directos. A partir de lo dicho, es notable que en la legislación nacional, en cuanto al mecanismo, destino y control sobre las sumas de dinero percibidas por daños al ambiente, como en otros temas, existe un vacío jurídico, que debe ser resuelta aplicando los principios generales del derecho o la analogía (artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 12 y 13 del Código Civil, 7 al 10 de la Ley General de la Administración Pública). En ese sentido, a pesar de que no exista norma expresa que indique a quién deba resarcirse, bajo una interpretación del numeral 50 constitucional y los principios rectores del derecho ambiental, que se han desarrollado, en aras de reparar el daño causado y conservar el ambiente, ha de concluirse en que esas sumas deben girarse al Estado, entendido en sentido amplio. Definido el sujeto titular para percibir las sumas por daños ambientales a la sociedad o al colectivo, se debe precisar el órgano o ente público receptor, en aras de cumplir con su reparación. En este sentido, hay que acotar que, la organización administrativa, derivada de su configuración, con una importante descentralización, ha permitido acercar los mecanismos de decisión a la propia ciudadanía, pero a la vez diversifica y complica este reparto competencial. Esta dispersión se manifiesta en dos planos o niveles, verticalmente, por el reparto de competencias de la Administración; y horizontalmente, por la distribución, dentro de una misma, de competencias con un claro contenido ambiental entre las distintas áreas o departamentos. La regulación más directa ha estado en el ámbito competencial del Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Energía, y de las Municipalidades. La proximidad de estos entes a la ciudadanía y el presumible mayor y más directo conocimiento de la realidad, las convierten en el principal instrumento para hacer frente a la tutela ambiental. Si no fuera viable un mecanismo como el propuesto, se transformarían en letra muerta tanto las normas citadas, como los principios expuestos, y se dejaría un daño sin reparar. La tutela ambiental justifica soluciones expeditivas, porque se está ante un patrimonio de todos y el deterioro ambiental progresa de modo casi exponencial. Las soluciones tradicionales son inapropiadas para detenerlo, por lo que el juez debe actuar sus poderes para suplir la laguna jurídica, que aparece a partir de la legislación que dispone, que el Estado ejerce su soberanía sobre el ambiente y los recursos naturales del país (artículo 6 de la Constitución Política), pero sobre la indemnización de este tipo de daños, no se prevé la forma, el destino, su control y quién debe hacerse cargo de la reparación ambiental. A partir de lo anterior, el pago por la indemnización debe ser cancelado por los sujetos declarados responsables, que será destinado a la recomposición y reparación de los daños a los bienes ambientales de la sociedad. Este dinero, constituido como fondo público, tal y como ya se indicó, deberá depositarse a favor del Estado, correspondiéndole al juzgador determinar cuál órgano o ente público debe administrarlo. Decisión que debe ajustarse a una estricta aplicación de las reglas la ciencia o la técnica, y de los principios generales de justicia, lógica y conveniencia (numerales 16 y 17 de la Ley General de la Administración Pública), y en virtud de un análisis de las particularidades del caso en concreto, tales como por ejemplo, los sujetos condenados en la vía del amparo, el tipo de daño ocasionado, el grupo determinado o no receptor de la lesión, la circunscripción geográfica, la competencia institucional específica, etc. Y por supuesto, tomando siempre en consideración la finalidad última para la cual se deben destinar la indemnización decretada. Sería inaceptable que una sentencia quede en letra muerta y nunca sea llevada a la realidad, aniquilando sus efectos. Por eso, el juez cumple una función de garante, y se encuentra obligado a velar por la plena y efectiva ejecución, tanto de forma ágil como real. Desde el punto de vista de la dimensión negativa, surge el principio de intangibilidad de la cosa juzgada, entendido como la necesidad de que la ejecución de sentencia se cumpla en sus propios términos, según lo previsto en el fallo y sin alteraciones. No es permitido suprimir, modificar o agregar a su contenido exigencias o cargas que no están contenidas en él.

          XIII.- Sobre el caso en concreto.  En el sub-lite, la condenatoria al pago de los daños y perjuicios dictada en el recurso de amparo, obedeció a la contaminación del río Siquiares por parte de la Cooperativa y a la inactividad del Ministerio de Salud para tomar medidas que lo evitaran. La Sala Constitucional manifestó, en lo que interesa, que: “… según se desprende de la relación de hechos que se tuvieron por demostrados, la Cooperativa de Productores de Leche R.L. fue autorizada por el Ministerio de Salud en el mes de octubre del 2000 para operar su nueva planta procesadora de productos lácteos en el Coyol de Alajuela y, desde ese mismo mes la Asociación de Desarrollo Integral de Ciruelas de Alajuela hizo saber al Gerente General de la empresa el malestar de la comunidad por la contaminación del Río Siquiares, que se evidenciaba por el cambio de color de las aguas del río y la presencia de insoportables olores que afectan especialmente a los pobladores de las márgenes. La Sala aprecia que las inspecciones llevadas a cabo en el mes de diciembre del año anterior, por diferentes entidades a las que los accionantes acudieron a denunciar la contaminación de las aguas del Río Siquiares a causa de las descargas efectuadas por la Cooperativa de Productores de Leche, revelaron que la planta de tratamiento de aguas residuales no tuvo capacidad suficiente para tratar adecuadamente dichas aguas antes de ser vertidas al cauce –ver a folio 83 informe sobre la inspección realizada el 1 de diciembre del 2000 por el Ministerio de Salud; a folios 107 y 108 reporte sobre la inspección realizada el 7 de diciembre siguiente por el Area de Conservación de la Cordillera Volcánica Central del Ministerio de Ambiente y Energía; a folio 112 el acta de la inspección realizada por el Tribunal Ambiental Administrativo a la Planta de la Cooperativa el 13 de diciembre del 2000; a folio 126 el informe del Jefe de la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela-. Lo anterior agravó la situación de contaminación del río, durante un período aproximado de cuatro meses, hasta que se pusieron en marcha las acciones correctivas tendentes a mitigar el impacto producido por el efluente   de la planta de tratamiento de aguas residuales, aprobadas por el Ministerio de Salud el 30 de enero recién pasado, lo que motivó el otorgamiento de un nuevo permiso sanitario de funcionamiento por seis meses (folio 324 y 325). A juicio de la Sala, de la situación descrita se constata que durante el período señalado ocurrió la contaminación acusada, lo que constituyó una infracción a los derechos fundamentales a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de los vecinos de las comunidades afectadas, lo que obliga a estimar el amparo. El Ministerio de Salud, que en virtud del mandato derivado de los artículos 50 y 21 de la Constitución Política está obligado a velar porque la actividad industrial no lesione los recursos naturales, ni cause trastornos de gran magnitud en la vida cotidiana de los ciudadanos que residen cerca de donde se desarrolla, desde el mes de octubre del 2000 autorizó el funcionamiento de la planta, por lo que debió supervisar su correcta operación, dada la envergadura de la obra y la importancia de la tutela preventiva en esta materia dada la difícil reparación del daño ambiental. Por ello, aunque reaccionó ante la denuncia presentada el 23 de noviembre del año dos mil, mediante una inspección efectuada el l de diciembre, emitió la orden sanitaria N°RR-183-00, comunicada a la empresa el 8 de diciembre siguiente y dio seguimiento al caso mediante otra inspección realizada el 24 de enero del presente año (folio 290), lo cierto es que los problemas de contaminación del río empezaron desde el propio mes de octubre del dos mil, y no fue sino hasta el mes de febrero del año en curso que el Ministerio aprobó las medidas complementarias requeridas en la planta de tratamiento para controlar que las aguas residuales no produjeran contaminación en su cauce, y extendió el permiso sanitario de funcionamiento número 006-2001. Tal intervención a juicio de la Sala no fue suficiente para garantizar los derechos fundamentales de los amparados, por ello, el recurso debe ser estimado en cuanto al Ministerio de Salud, no así contra la Municipalidad de Alajuela, que no incurrió en una omisión que los lesione. Asimismo, debe estimarse el recurso solidariamente en cuanto a la Cooperativa de Productores de Leche R.L. No son de recibo los argumentos de su representante en el sentido de que el Río Siquiares estaba contaminado desde antes de la construcción de la planta en el Coyol de Alajuela, por lo que la Cooperativa no pudo contaminar lo que previamente estaba contaminado. De los documentos técnicos aportados al expediente se aprecia que, efectivamente, existen otras causas contaminantes del Río Siquiares, pero también que la forma en que operó la planta de elaboración de productos lácteos durante los últimos meses del año pasado y el mes de enero del corriente, agravó la contaminación sustancialmente. Pese a que se puso en marcha una plan de emergencia para mitigar los efectos causados por la mala operación de la planta de tratamiento de aguas residuales en el mes de diciembre del dos mil, que según se informó, disminuyó paulatinamente el problema de contaminación del río, y por ello se le renovó el permiso de funcionamiento, lo cierto es que se constata que se produjo la contaminación acusada a consecuencia de la actividad de la Cooperativa.” (el destacado no corresponde al original). Voto no. 1882- 2001 de las 9 horas con 24 minutos del 9 de marzo del 2001. De acuerdo a lo expuesto por ese Tribunal Constitucional, es importante resaltar que, es evidente la infracción por lesión al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que produjo un daño de carácter puro o al colectivo. Por lo anterior, no cabe la menor duda que el recurso fue acogido en virtud del daño sobre el afluente, lo cual a su vez afectó las comunidades de Siquiares, Turrúcares, San Miguel y Cebadilla, incidiendo en la calidad de vida de quienes viven en al margen. En esta inteligencia, y así se dispuso, el detrimento afectó a la comunidad o a la sociedad en general, que se localiza en esa zona, generando el menoscabo indicado.

          XIV.- Aclarado lo anterior, procede definir a quien corresponde solicitar el pago de los daños y perjuicios a que fueron condenados la Cooperativa y el Estado, como consecuencia de la estimación del amparo, así como el destino que debe darse al resarcimiento que se fije, el control de la inversión y la entidad encargada de hacer la reparación. Pero estos aspectos, aún y cuando se deriven con facilidad de todo cuanto se ha expuesto, no pueden dejar de lado la naturaleza particular de un proceso de ejecución en el que se persigue el cumplimiento material de las situaciones jurídicas reconocidas en una sentencia en firme. Su finalidad es “darle efectividad práctica a lo ordenado en la sentencia de condena (la cual impone al vencido el cumplimiento de una prestación -de hacer, no hacer o dar- para satisfacer el interés de la parte vencedora, (…) busca adecuar a la situación fáctica -realidad- el mandato o norma individualizada contenida en la parte dispositiva de una sentencia, a efecto de satisfacer el derecho de la parte vencedora” Resolución de esta Sala, no. 108 de las 15 horas del 16 de octubre de 1996. Tampoco pueden ignorarse situaciones propias del desarrollo del proceso, que pueden tener incidencia directa en los alcances del fallo que se dicte. En tesis de principio, las facultades conferidas al juez ejecutor deben comprender todas las medidas necesarias para lograr la plena efectividad y eficacia del fallo, según se desprende del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (artículos 39, 41 y 153 de la Constitución Política). Analizados los autos, se desprende que el recurso de amparo fue formulado por Julie Roos Ayub, Carlos Luis Quesada Altamirano, Abel Víquez Fuentes y José Luis Madrigal Moya. Este asunto por la señora Roos Ayub, en su carácter personal y como Presidenta de la ACORACI, y el señor Madrigal Moya, en su condición personal y como Presidente de la ASAMARS. En su transcurso las asociaciones desistieron, sin embargo, interlocutoriamente no se resolvió sobre el particular. En la sentencia de primera instancia, se decretó en su contra una falta de legitimación. Por su parte, el Tribunal, sin que el tema fuera planteado, admite su legitimación y reconoce en ellas el derecho a percibir la indemnización pretendida. Al margen de la apertura en punto a la legitimación para cobrar el daño ambiental en los términos ampliamente desarrollados, lo cierto es que en procesos como el presente, que nacen en virtud de un fallo de la Sala Constitucional, no le corresponde al juez de la ejecución, determinar quién es el titular del derecho que se reclama, por cuanto es un aspecto previamente definido en el fallo que se ejecuta. Por eso, no aplica el artículo 50 Constitucional -desarrollado en los considerandos IX y X-, que contempla lo relativo para accionar, y no, como aquí sucede para ejecutar. De tal forma que, esas agrupaciones no ostentan la aptitud suficiente para interponer este asunto, ni mucho menos la condición de titulares para percibir los montos exigidos. No por el desistimiento formulado, porque de la relación de los artículos 135 y 204 del Código Procesal Civil, se desprende que, para que surta efectos debe pronunciarse expresamente el juez, lo que no ocurrió en esta litis. Más bien, porque no fueron parte en el recurso de amparo, y además, por la naturaleza del daño que se intenta reparar, no siendo posible su reclamo a título directo. Con base en lo expuesto, hay contradicción con lo ejecutoriado, y por ende, violación a la cosa juzgada, al establecer el Tribunal que poseen legitimación para gestionar en este juicio y para que las sumas concedidas se giren a su favor. En ese sentido, estima esta Sala que no es posible aceptar a esas agrupaciones como parte procesal activa, ni mucho menos, que se fije a su favor alguna indemnización, por lo que corresponde acoger el agravio formulado por los casacionistas. En consecuencia, lo procedente es anular la sentencia del Tribunal, únicamente en cuanto declara legitimadas a la Asociación Conservacionista de los Ríos y el Ambiente de Ciruelas de Alajuela, y a la Asociación de Amigos del Medio Ambiente del Río Siquiares y sus Nacientes de Turrúcares, para incoar la presente ejecución de sentencia y percibir la indemnización establecida. En su lugar, resolviendo sobre el fondo, se debe acoger la falta de legitimación activa de esos gremios, y rechazarla en cuanto a Julie Roos Ayub y José Luis Madrigal Moya.

          XV.- Es menester indicar que, en casos como el presente -denuncia por daño ambiental colectivo-, no obstante que quién interpone el recurso de amparo funge como un colaborador y en su condición instrumental para coadyuvar con la protección que ofrece el Ordenamiento Jurídico, es también el legitimado para interponer la ejecución de sentencia y esgrimir la pretensión respectiva, a pesar de que, como se ha indicado, no se encuentra facultado para recibir el rubro fijado para la reparación. Se debe entender que la obligación jurídica que surge es de reparar al ambiente, y por ello, el particular no puede incorporar en su pretensión que le sean girados esos montos. En ese mismo orden de ideas, de acuerdo con lo desarrollado en el Considerando XI, con la finalidad de darle una plena y efectiva ejecución a la sentencia del recurso de amparo, corresponde a esta Sala determinar a cuál órgano o ente público se deben dirigir, con el fin de destinarlos a proyectos de restauración y reparación del río Siquiares. Al respecto, estima este órgano colegiado que, por la especialidad de la materia, los recursos técnicos y profesionales con que cuenta el Ministerio de Ambiente y Energía, para el caso en concreto, según sus particularidades y características propias, resulta el idóneo para llevar a cabo esa tarea. Del mismo modo, manteniendo como premisa la ejecución efectiva del fallo constitucional, es de rigor crear un mecanismo de naturaleza presupuestario que beneficie y potencie al máximo los principios de eficiencia, eficacia, celeridad y economía, por lo que, la suma dispuesta por el Tribunal Contencioso Administrativo que condenó solidariamente a la Cooperativa y al Estado, se deberá depositar en la Caja Única de este último (numerales 66 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 83 y 84 de su Reglamento), en una cuenta cliente creada específicamente para tal fin, cuyo titular será el Ministerio de Ambiente y Energía, quien deberá destinarlo para ejecutar obras de reparación y restauración, en forma exclusiva, a proyectos sobre el río Siquiares. Al haberse concluido que ese pago es fondo público, en aras de garantizar un manejo responsable de las finanzas públicas, es pertinente la utilización de esta herramienta financiera, la que ayudará a alcanzar los objetivos y metas ambientales en una forma efectiva, y para esto se requiere el apoyo del órgano rector del Sistema de Administración Financiera. De este modo, se insiste, para agilizar el recibo y administración de la condena, deberá depositarse en esa cuenta separada, con la identificación del origen y del destino al cual esta afecto. Por tal razón, en lo concerniente al Estado, deberá el Ministerio de Hacienda, a quien se comunicará esta resolución, tomar las previsiones financieras en el título presupuestario correspondiente.

          XVI.- Sobre la imposición de condenas de hacer. Por otra parte, el representante estatal, reclama que el fallo recurrido impone condenas de hacer a los ejecutados, cuando en esta vía lo procedente es discutir solamente la posible indemnización de daños y perjuicios. Por ello, afirma, no es posible condenar a otras obligaciones que no fueron establecidas por los órganos competentes. Por lo anterior, estima quebrantado el valor de la cosa juzgada que dimana de la sentencia de la Sala Constitucional. En el esquema de la tutela ambiental, no se desconoce que en virtud de su propia naturaleza, los daños llevan aparejada la obligación legal de reparar el causado -el que contamina paga y repara-. Esta obligación incluye los tres aspectos mencionados en líneas atrás: 1) La reparación “in natura” o reposición del ambiente dañado a su estado natural o situación anterior a la intervención. Es la forma ideal, pero muchas veces no es posible por el tipo de perjuicios que suelen producirse. 2) La indemnización por daños y perjuicios, como forma subsidiaria de hacer efectiva la reparación. 3) La posibilidad de cesación de la actividad o agente causante del menoscabo, aspecto relevante en los supuestos de contaminación continuada. Respecto al proceso constitucional de amparo, conforme con el numeral 49 de la Ley de esa jurisdicción, su finalidad es proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o su amenaza. Por la naturaleza propia de los procesos de ejecución de sentencia de fallos de la Sala Constitucional, sólo pueden formularse pretensiones para liquidar el cobro de la indemnización por daños y perjuicios decretada en abstracto. De conformidad con el numeral 51 ibídem, la petitoria formulada debe tener una directa conexidad con los daños y perjuicios realmente ocasionados a partir del hecho que motivó la sentencia condenatoria. Lo anterior en virtud de que el simple hecho de haber sido condenado por violación al régimen de los derechos fundamentales, no implica de forma automática, que además de los daños y perjuicios, pueda reclamar otro tipo de pretensiones en la vía de ejecución. Por el contrario, el ejecutante encuentra limitada su pretensión material, dado que debe circunscribirse al fallo constitucional, en particular a su parte dispositiva. Siendo que no se procedió de esta manera, se violó la cosa juzgada, pues en la especie, no obstante lo indicado, el Tribunal impuso a la Cooperativa, “adecuar su funcionamiento conforme a los parámetros ambiéntales establecidos en el ordenamiento (sic) y a realizar una limpieza artificial de los cauces del río en las cercanías de la salida de la planta de tratamiento de esa empresa y hasta un kilómetro aguas abajo una vez por tres años consecutivos”, y al Ministerio de Salud, le recordó “su obligación de ejercer control de la actividad industrial realizada por la codemandada, de manera que debe –al menos- realizar cuatro monitoreos de la calidad del agua al año (uno en la época lluviosa, uno en la época seca, uno en cada período de transición)”. Ahora bien, a pesar de que el cargo fue únicamente formulado por el representante estatal, en aras de resolver de forma integral, conforme a derecho y no provocar un desajuste evidente en lo concedido en el presente caso, con fundamento en el numeral 610 del Código Procesal Civil, la sentencia recurrida debe ser casada en cuanto dispone varias condenas de hacer. Aunado a lo anterior, las conductas impuestas no son consecuencia directa ni indirecta de lo debatido, ni propias de este proceso (artículo 704 del Código Civil). Por tal motivo, deberá anularse, en lo tocante a este aspecto, y resolviendo sobre el fondo, por las razones que aquí se indican, rechazarlas.

          XVII.- Órganos de fiscalización en materia ambiental. Dentro del ámbito de la fiscalización de la materia ambiental, se encuentran una serie de órganos públicos responsables de esa tarea, los cuales a través de sus informes, dictámenes y otros productos, coadyuvan de manera importante para la implementación de disposiciones que procuran solventar las situaciones evidenciadas, y así prevenir o reparar lesiones. Es importante recordar que en los últimos años se ha suscitado una expansión de la regulación ambiental y un replanteamiento de las responsabilidades, tanto del Gobierno Central, como de los gobiernos locales y organismos asociados, en aspectos tales como el control de la contaminación, el tratamiento de desechos y afluentes, la internalización de los costos ambientales y la conservación y protección de los recursos naturales. Se ubican dentro de este grupo de órganos control, entre otros, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Ambiente y Energía. La fiscalización en esta materia busca proteger, preservar y garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la aplicación de modelos de desarrollo sostenible por parte de las autoridades nacionales o regionales, y de los particulares, generando una cantidad de responsabilidades de acción a cargo de estas entidades. Tanto desde una perspectiva de valoración de las estrategias de la Administración Pública como de los sujetos privados, con respecto al ambiente, como mediante la fiscalización particular de actividades, programas o proyectos que ejecuten. De tal modo que, si en sede administrativa, o en la jurisdiccional, mediante un fallo se disponen medidas, a una persona física o jurídica, pública o privada, para prevenir, proteger o restaurar daños al ambiente, es indispensable que también se adopten disposiciones paralelas en aras de lograr la efectividad de lo resuelto, sin desbordar, por supuesto, el ámbito competencial del órgano decisor o ejecutor. En este sentido, impera el principio de que quien tiene la facultad para dictar la resolución, también la tiene para hacerla efectiva, siempre en resguardo de los principios de economía, celeridad y eficacia. El control y fiscalización de lo estatuido en una sentencia judicial, se convierte entonces, en uno de los presupuestos necesarios para que un Estado de Derecho se garantice sus pilares fundamentales, entre ellos, la justicia pronta y cumplida, que a su vez contempla el deber de ejecutar plenamente lo decidido por el juzgador. Esa resolución no es suficiente por sí sola para satisfacer las pretensiones concedidas, aún cuando se hubieren estimado, total o parcialmente, antes bien, será necesario que se dé cumplimiento a lo ordenado en el fallo, esto es, que se ejecute a los fines de materializar la satisfacción de la pretensión deducida. En consecuencia, al estar dentro del ámbito de su competencia -la tutela del ambiente- y en aras de darle un eficiente y eficaz cumplimiento a la presente decisión, esta Sala estima imperativo comunicarla al Área de Servicios Públicos Generales y Ambientales (Contraloría General de la República), Área de Derecho Agro Ambiental (Procuraduría General de la República) y a la Defensoría de los Habitantes, con la finalidad de que ejerzan el adecuado control y seguimiento.

          XVIII.- Acorde con todo cuanto se ha dicho, se deben acoger parcialmente los recursos interpuestos. En consecuencia, se anulará el fallo del Tribunal en cuanto, 1) legitima a la Asociación Conservacionista de los Ríos y el Ambiente de Ciruelas de Alajuela y a la Asociación de Amigos del Medio Ambiente del Río Siquiares y sus Nacientes de Turrúcares, para formular la presente ejecución de sentencia y las autoriza a percibir la indemnización establecida, y 2) impone a la Cooperativa de Productores de Leche R.L., Dos Pinos, y al Ministerio de Salud obligaciones de hacer. En su lugar, resolviendo sobre el fondo, respecto de las citadas Asociaciones, se declara una falta de legitimación activa, se rechaza en cuanto a Julie Roos Ayub y José Luis Madrigal Moya, y se deniegan las condenas de hacer a cargo de la Cooperativa y el Estado. En lo que atañe al destino de las indemnizaciones a que fueron solidariamente condenados estos últimos, se dispone que ese monto sea depositado en la Caja Única del Estado en una cuenta cliente creada específicamente para tal fin, cuyo titular será el Ministerio de Ambiente y Energía, quien deberá destinarlo para ejecutar obras de reparación y restauración, en forma exclusiva, a proyectos sobre el río Siquiares. Para tal efecto, en lo concerniente al Estado, deberá el Ministerio de Hacienda tomar las previsiones financieras en el título presupuestario correspondiente.

POR TANTO

Se declaran parcialmente con lugar los recursos de casación planteados. Se anula el fallo del Tribunal, únicamente en cuanto declara legitimadas a la Asociación Conservacionista de los Ríos y el Ambiente de Ciruelas de Alajuela, y a la Asociación de Amigos del Medio Ambiente del Río Siquiares y sus Nacientes de Turrúcares, para incoar la presente ejecución de sentencia y percibir la indemnización establecida. Así mismo, en cuanto dispone varias condenas de hacer a cargo de la Cooperativa de Productores de Leche R.L., Dos Pinos, y al Ministerio de Salud. En su lugar, resolviendo sobre el fondo, se acoge la falta de legitimación activa de esas agrupaciones, y se rechaza en cuanto a Julie Roos Ayub y José Luis Madrigal Moya. En lo tocante al monto que el Tribunal Contencioso Administrativo dispuso pagar solidariamente a la Cooperativa y al Estado, se dispone que su depósito se haga en la Caja Única de este último, en una cuenta cliente creada específicamente para tal fin, cuyo titular será el Ministerio de Ambiente y Energía, quien deberá destinarlo para ejecutar obras de reparación y restauración, en forma exclusiva, a proyectos sobre el río Siquiares. Para tal efecto, en lo concerniente al Estado, deberá el Ministerio de Hacienda tomar las previsiones financieras en el título presupuestario correspondiente. En lo referente a las condenas de hacer, se rechazan. Comuníquese esta resolución al Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República (Área de Servicios Públicos Generales y Ambientales), Procuraduría General de la República (Área de Derecho Agro Ambiental), y Defensoría de los Habitantes, para que ejerzan el adecuado control y seguimiento de esta resolución.

 

Anabelle León Feoli

 

 

Luis Guillermo Rivas Loáiciga                                                            Román Solís Zelaya

 

 

Óscar Eduardo González Camacho                               Gerardo Parajeles Vindas

 

portizr  

 

Clasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 23-02-2026 15:56:52.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Exp: 02-000682-0163-CA**

**Res: 000675-F-2007**

**FIRST DIVISION OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at ten o'clock on the twenty-first of September of two thousand seven.

**Execution of Judgment** filed in the Administrative and Civil Treasury Court by JULIE ROOS AYUB, publicist; JOSÉ LUIS MADRIGAL MOYA, retiree; ASOCIACIÓN CONSERVACIONISTA DE LOS RÍOS Y EL AMBIENTE DE CIRUELAS DE ALAJUELA and ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MEDIO AMBIENTE DEL RÍO SIQUIARES Y SUS NACIENTES DE TURRÚCARES; against COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE RESPONSABILIDAD LIMITADA, represented by Jorge Julio Pattoni Sáenz, mechanical engineer, resident of San José, and against the STATE, represented by its administrative attorney, Iván Vincenti Rojas, attorney, resident of San José. The individuals are of legal age, married, and with the exceptions noted, residents of Alajuela.

**WHEREAS**

1.- Based on the final judgment of the Constitutional Division of the Supreme Court of Justice No. 01882-2001, issued at 9:24 a.m. on March 9, 2001, the judgment creditors present the respective settlement, so that the judgment may order the defendant to pay: "2) … for damages (daños y perjuicios), the sum of FOUR HUNDRED TEN THOUSAND DOLLARS (sic) or its equivalent in national currency at the official exchange rate… 3) … for costs derived from the Amparo Appeal, the sum of ¢ (sic) 90,000.00 (NINETY THOUSAND COLONES) must be paid. 4) … payment of both costs of this execution of judgment. 5) … payment of the amounts for community management, which are expenses incurred by the inhabitants of the affected communities to access administrative and judicial instances in defense of the health of the inhabitants of the communities and the environment, due to the contamination to which the Río Siquiares was subjected."

2.- The judgment creditors opposed the execution. The Cooperative filed the exceptions of lack of capacity, payment, lack of formality, lack of right, statute of limitations of principal and interest, res judicata (cosa juzgada), lack of jurisdiction, and the generic expression "sine actione agit." The State, for its part, raised the exceptions of lack of standing (legitimación), lack of right, and lack of current interest.

3.- Mrs. Julie Roos Ayub and Mr. José Luis Madrigal, in writs filed on July 21 and September 23, 2003, in their capacity as presidents of ACORACI and ASAMARS, respectively, withdrew from the execution, and Judge Luis Guillermo Ruiz Bravo, in resolution 1060-2003 at 11:00 a.m. on December 16, 2003, resolved: "The proceedings are corrected. The resolution of eleven twenty-three in the morning of August fifth of the year two thousand two (sic) is corrected, insofar as it omitted to indicate that this execution is filed by JULIE ROSS AYUB and JOSE (sic) LUIS MADRIGAL MOYA in their personal capacity, against the Cooperativa de Productores de leche (sic) R.L and The (sic) State. Likewise, with (sic) regard to what was pleaded by the defendant Cooperative's representative, it is not an exception of lack of jurisdiction against this authority, but rather a challenge to the judgment creditors' capacity to claim what is sought in this proceeding, said exception is dispensed from the incidental and exclusive procedure that, in principle, corresponds to an exception of lack of jurisdiction; (sic) Instead, what is argued is reserved for the corresponding substantive assessment. It is ordered that once this resolution becomes final, the case file shall be transferred to the undersigned or the corresponding Judge so that, without further delay, the final judgment in this matter may be issued.

4.- Judge Luis Guillermo Ruiz Bravo, in judgment No. 807-04 at 10:00 a.m. on July 6, 2004, resolved: "For all the foregoing and cited legal provisions, the exceptions of statute of limitations of principal and interest, the exception of lack of right and current interest, and the generic one of sine actione agit, that of payment, and res judicata are denied. The exceptions called lack of formality and lack of right regarding payment to the environment, and lack of jurisdiction pertaining to the judgment creditors' claims, are upheld. The exception of lack of standing and capacity of the Asociación Conservacionista de los Ríos y el Ambiente de Ciruelas de Alajuela (ACORACE) and Amigos del medio (sic) ambiente (sic) del río (sic) Siquiares y sus Nacientes de Turrucares (ASAMARS) (sic) is declared with merit. This execution of judgment is partially declared with merit; consequently, the State and the Cooperativa de Productores de Leche R.L. are jointly and severally ordered to pay in favor of the judgment creditor Julie Roos Ayub the sum of one hundred seventy-eight thousand six hundred thirty-four colones and twenty céntimos for procedural and personal costs of the amparo appeal, plus the interest that such item generates from the finality of this resolution until its effective payment. The procedural and personal costs of this execution are to be borne by the defendants."

5.- The judgment creditors appealed, and the Administrative-Contentious Court, Third Section, composed of Judges Horacio González Quiroga, Roberto J. Gutiérrez Freer, and Silvia C. Fernández Brenes, in judgment No. 379-2006 at 11:40 a.m. on September 22, 2006, ordered: "Regarding the appealed matters, the judgment issued by the lower court is reversed, so that instead, the exceptions of lack of active standing and lack of jurisdiction of the plaintiffs to receive payment are denied. The exceptions of payment and lack of right (also called lack of formality) are partially upheld, the complaint being understood as denied in what is not indicated. By virtue of the foregoing, the State and the Cooperativa Productora de Leche, R.L. Dos Pinos are ordered to jointly and severally pay the following sums to the Asociación Conservacionista de los Ríos y el Ambiente de Ciruelas de Alajuela (ACORACI) and the Asociación de Amigos del Medio Ambiente del Río Siquiares y sus Nacientes de Turrúcares (ASAMARS): TWENTY-SEVEN THOUSAND SIX HUNDRED SIXTY-FIVE AMERICAN DOLLARS ($27,665.00) for environmental damage (daño al ambiente) and FIVE MILLION EXACT COLONES (¢5,000,000.00) for the social cost (costo social) of the environmental damage produced, to be allocated solely and exclusively to restoration projects of the Río Siquiares, amounts on which interest is recognized from the finality of this ruling until its effective payment, at the legal rate of article 1163 of the Civil Code. Likewise, the Cooperativa Productora de Leche Dos Pinos, R.L. is ordered to adapt its operations in accordance with the environmental parameters established in the legal system and to perform an artificial cleaning of the river channels near the outlet of that company's treatment plant and up to one kilometer downstream once every three consecutive years. The Ministry of Health is reminded of its obligation to exercise control over the industrial activity carried out by the co-defendant, such that it must -at least- carry out four water quality monitoring checks per year (one in the rainy season, one in the dry season, one in each transition period). Notify the Defensoría de los Habitantes and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental for what concerns them, once this judgment becomes final."

6.- The co-judgment debtors file an appeal in cassation. Mr. Jorge Pattoni Sáenz, in his stated capacity, argues procedural and substantive reasons, citing as violated articles 42 and 50 of the Political Constitution; 162 et seq. of the Civil Procedure Code. In turn, the State Attorney indicates substantive grounds, alleging the violation of articles 162, 163, and 704 of the Civil Procedure Code; 42, 50, 129, and 153 of the Political Constitution; 33, 35, and 51 of the Law of Constitutional Jurisdiction.

7.- The legal requirements have been observed in the proceedings before this Division. The Substitute Judge Gerardo Parajeles Vindas participates in the decision of this matter.

Judge León Feoli writes the opinion.

**WHEREAS**

I.- In the amparo appeal filed by Julie Roos Ayub, Carlos Luis Quesada Altamirano, Abel Víquez Fuentes, and José Luis Madrigal Moya, they stated that five important springs (nacientes) supplying drinking water to the communities of Turrúcares, Cebadilla, San Miguel, and Siquiares are located on the Río Siquiares, but also that this tributary is used for crop irrigation and animal consumption. They argued that there is a wide variety of animal and plant species in it; however, the Cooperativa de Productores de Leche R.L., Dos Pinos (hereinafter the Cooperative) has contaminated it by discharging grease and wastewater at any hour of the day or night, with the full knowledge and tolerance of public authorities. Despite the fact that it has been reported, they added, nothing has been done to normalize the situation and sanction the responsible party. They stated that it reached the point where, when speaking with representatives of the company, they said that they are located in an industrial zone that grants certain rights, and the residents had to wait four months for the treatment plants to begin operating or for the situation to stabilize. Finally, they alleged that the omissions of the Public Administrations injure the right to health and to a healthy and ecologically balanced environment. The Constitutional Division, in judgment No. 1882-2001 at 9:24 a.m. on March 9, 2001, declared the amparo with merit. It ordered the Cooperative and the State, jointly and severally, to pay the costs, damages, and losses caused. In execution of that ruling, Mrs. Julie Roos Ayub, in her personal capacity and as President of the Asociación Conservacionista de los Ríos y el Ambiente de Ciruelas de Alajuela (hereinafter ACORACI), and José Luis Madrigal Moya, in his personal capacity and as President of the Asociación de Amigos del Medio Ambiente del Río Siquiares y sus Nacientes de Turrúcares (hereinafter ASAMARS), seek, in what is relevant to the case, a declaration that the Cooperative and the State are obligated to pay them, for damages, $410,000.00 or its equivalent in national currency at the official exchange rate, and that they be indexed. Furthermore, that for costs derived from the amparo appeal, they be paid the sum of ¢90,000.00 and that both costs of this execution be imposed on them. They also requested the "… payment of the amounts for community management, which are expenses incurred by the inhabitants of the affected communities to access administrative and judicial instances in defense of the health of the inhabitants of the communities and the environment, due to the contamination to which the Río Siquiares was subjected. 6) That the amounts to which both Dos Pinos and the State are ordered to pay, we request be used in environmental projects that benefit the affected communities. For such purposes, I take the liberty of presenting and detailing the different projects in which we request these funds be used, and we request the Court to order that these amounts be managed in a special account, duly monitored by the Court itself, granting the administration of said funds to the environmental associations we represent under the supervision of the Court or another environmental body or organization that the Court designates, to prevent said funds from ending up in other non-environmental organizations or in the State's Single Fund, which is precisely a co-participant in the environmental and health damage caused to the communities of Siquiares, Ciruelas, and Turrúcares, among others, and thereby guarantee that the funds recovered for these concepts are used in projects that tend to improve the health and environment of the affected communities: COMPENSATION TO THE COMMUNITIES OF CIRUELAS AND TURRUCARES BY THE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS AND THE STATE FOR THE EVIDENT CONTAMINATION OF THE RIO SIQUIARES, FOR THE ECOLOGICAL DISASTER CAUSED TO THE AREA AND FOR THE PHYSICAL, SOCIAL, AND MATERIAL DAMAGE CAUSED TO THE POPULATION. Due to the similarity between the expert report presented by IPS and the one contracted by the community, regarding the different types of impact caused by the contamination of the Río Siquiares in Ciruelas and Turrucares, the following compensation plan for said communities by the company Dos Pinos and the State is submitted for the court's consideration. 1. COMPENSATION FOR CONTAMINATION A.- The company Dos Pinos will fulfill for life all the necessary requirements to stabilize and optimally operate its treatment plant, as is and has been its obligation towards the environment and surrounding communities/ since it began production, so that its discharge waters, instead of contaminating, help the natural purification to which the Río Siquiares is subjected, as demonstrated by the biological tests described in the expert report contracted by the community. B. So that the conservationist Associations of Ciruelas and Turrúcares can be sure of the company's compliance with the environment, the company will allocate a monthly item for five years so that each of these associations can perform its oversight and reporting function. C. The company Dos Pinos will pay the expenses of the Community Management, expenses that the community should never have had to incur. 1. COMPENSATION FOR THE BIOLOGICAL DAMAGE TO THE RIVER AND ITS SURROUNDINGS A. The cooperative will sponsor a community reforestation campaign of the riverbanks from (the track to Turrúcares), through the acquisition of native trees of the area, which, as motivation and promotion for the company, will be planted by the residents and children of the community themselves, who in turn must ensure their development. B. The company will sponsor, for five years, once a year, a deep clean-up campaign of non-traditional garbage along the entire river, from the track to Turrúcares. (includes personnel and vehicles). C. Planting of native fish of this area. D. Conduct the study to find the best way to capture the spring (naciente) of the Río Siquiares, carry out said capture and pipe the river to the industrial zone, to avoid contamination of the river with fecal matter from The (sic) housing developments built around the river, and thereby obtain perfect control over the contamination that the industrial zone could cause to the Río Siquiares, and contribute to the health of the inhabitants of this entire area. 2. COMPENSATION FOR THE SOCIAL, PHYSICAL (health), MATERIAL, AND MORAL DAMAGE TO THE POPULATION OF CIRUELAS A. Dos Pinos will pay a private company, chosen by the Conservationist Association, for a one-time study of the black waters going into the river to determine strategic points and solutions. B. Dos Pinos will provide all materials and labor necessary for the construction of at least four communal septic tanks to capture black and domestic waters in places where, due to social conditions, their capture is difficult and they are directed to the river. The conservationist Association of Ciruelas will be responsible for seeking permits from the owners of the properties where these tanks would be built. 3. COMPENSATION FOR THE SOCIAL, PHYSICAL, MATERIAL, AND MORAL DAMAGE TO THE POPULATION OF TURRÚCARES A. The company Dos Pinos will collaborate, as it had agreed with the Municipality in 1998, in the protection of the first two springs (nacientes), which are those found at river level (Siquiares and Turrúcares center). It will assume the costs of a proper study by a hydrologist to determine the most suitable method to do so, and will provide all materials and labor necessary for the construction. B. Dos Pinos will provide all materials for a new water capture system in La Pradera, which is located far from the Río Siquiares, preventing the old springs (nacientes) from flooding due to the possible increase in the river's flow as a result of receiving the company's wastewater, or it will make a well in Turrúcares Center to supply the community with drinking water during the dry season. 3. OTHER FORMS OF COMPENSATION A. The compensation approved by the courts must be published in La Nación, La República, and El Extra/ so that, in this way, the justice applied serves as an example to all companies that subsequently attempt to damage our resources, disturbing the tranquility of the populations/ and endangering the health of the communities, and thus set a precedent. B. In order to ensure compliance and the proper development of the works, for the well-being of all, we propose that the NGO Asociación Justicia para la Naturaleza be in charge of monitoring in the area. visiting the works as many times as necessary and arranging its fees for this function directly with the company. Members of the Conservationist Associations of Ciruelas and Turrúcares must regularly attend this inspection, and, if necessary, members of MINAE, the Municipality, and the Ministry of Health will be summoned to attend the inspection. FOR THE STATE THROUGH THE MINISTRY OF HEALTH: A. That it expedite all procedures and permits necessary for the proper development of all the projects we propose and that are approved by the Courts. B. That the Ministry of Health protect the spring (naciente) of the Río Siquiares from all contamination, which currently, and also due to this Ministry's negligence for lack of enforcement and control, is being contaminated by housing developments that do not have treatment plants. C. That the Ministry of Health present to the conservationist associations of Ciruelas and Turrúcares, every two months, a report on the operation of the company Dos Pinos." The Court proceeded with the proceeding, indicating that the judgment creditor is ACORACI (folio 1132). The Cooperative opposed and filed the exceptions of lack of: capacity, formality, right, jurisdiction, as well as those of payment, statute of limitations, res judicata, and the generic expression sine actione agit. For its part, the State representative expressed his opposition and raised the exceptions of lack of: right and standing ad causam active and passive. The above-cited associations withdrew from the proceeding (folios 1255 and 1269). By resolution No. 1060-2003 at 11:00 a.m. on December 16, 2003, the Court corrected the initial order and indicated that the proceeding is also filed, in their personal capacity, by Julie Roos Ayub and José Luis Madrigal Moya (folio 1288). In the first instance, the execution was partially declared with merit, and the co-judgment debtors were jointly and severally ordered to pay ¢178,634.20 for procedural and personal costs of the amparo appeal, plus interest generated from the finality of the resolution until its effective payment, as well as both costs. The Court, regarding the appealed matters, reversed. It denied the exceptions of lack of standing and lack of jurisdiction to receive payment. It partially upheld the exceptions of payment and lack of right. It considered that the associations have standing and imposed the following items on the co-judgment debtors: a) $27,665.00 for environmental damage. b) ¢5,000,000.00 for the social cost, to be allocated solely and exclusively to restoration projects of the Río Siquiares. c) Interest from the finality of the ruling until its effective payment. d) The Cooperative must adapt its operations to the environmental parameters established in the Legal System and perform an artificial cleaning of the river near the outlet of the treatment plant and up to one kilometer downstream once every three consecutive years. e) It reminded the Ministry of Health of its obligation to exercise control over the industrial activity carried out by the co-defendant, such that it must -at least- carry out four water quality monitoring checks per year. The co-judgment debtors file an appeal in cassation.

**COOPERATIVE'S APPEAL.**

**APPEAL ON PROCEDURAL GROUNDS.**

II.- Of this nature, the Cooperative's representative raises five objections. First. He alleges violation of article 42 of the Political Constitution and the principle of material res judicata, because the condemnation for environmental damage and social cost had already been established and paid in case file No. 171-00, according to resolution No. 369-01-TAA at 8:00 a.m. on June 4, 2001, issued by the Administrative Environmental Court. Second. In accordance with article 524.3 of the Civil Procedure Code, he alleges inconsistency of the ruling. He states that Julie Roos Ayub and José Luis Madrigal Moya, both in their capacity as President of ACORACI and ASAMARS, respectively, expressly withdrew; therefore, by order No. 1060-2003 at 11:00 a.m. on December 16, 2003, the Court corrected the proceedings and indicated that those individuals filed the proceeding in their personal capacity. He asserts that the Court ignored the withdrawal and what was resolved when it dismissed the exception of lack of standing and lack of jurisdiction, based on a subsumption of ACORACI and ASAMARS. Third. Based on article 594.2 ibidem, he argues that the associations could not be considered to have standing to act, because documentary evidence was provided certifying that ACORACI and ASAMARS did not exist at the time of the events or at the time the amparo appeal was filed, coupled with the fact that they had withdrawn from the proceeding. Fourth. Relying on that same article, he points out that resolution No. 369-01-TAA from the Administrative Environmental Court and a certified copy of check No. 99273-4 dated October 1, 2001, from the Banco Nacional de Costa Rica, were provided to demonstrate the payment of the levies to which the Cooperative was ordered. He criticizes that in the ruling being appealed, this evidence was not assessed or cited, causing defenselessness, because those items are the same as those in the ruling of the Environmental Court. Fifth. He argues that by not verifying the evidence and given the existence of a payment exception, the Ad quem did not compare the amounts of both resolutions to determine if the damages were already paid.

**APPEAL ON SUBSTANTIVE GROUNDS.**

III.- He centers his disagreement on four grounds. First. He transcribes article 50, paragraph 2 of the Political Constitution, whose violation he claims. He considers that the amparo appeal was duly resolved, but not the execution of judgment. Third parties, he adds, filed this proceeding, even though they were not plaintiffs in the constitutional proceeding; therefore, by empowering them, the ruling of the Administrative-Contentious Court violated active standing. He adds that interpreting that the associations possess standing and capacity to act violates the Legal System, especially since there is a request on file to have only Mr. Roos Ayub and Mr. Madrigal Moya considered as judgment creditors. He considers that this withdrawal and what was resolved by the Court were ignored by the Court, thus incurring an erroneous interpretation of the aforementioned article 50. He states that while any person can file an amparo appeal, not just anyone can submit the claim for damages, as only the plaintiffs in the constitutional protection proceeding are authorized. Second. In his view, the value of res judicata was infringed because, for the same facts, in resolution No. 369-01-TAA of the Administrative Environmental Court, he was ordered to pay ¢30,123,677.00 for environmental damage, even though no one can be condemned twice for the same facts, according to article 42 of the Political Constitution. He argues that the compensation was corrected and paid in full, as acknowledged by the plaintiffs themselves. For the valuation of the environmental damage, he explains that the methodology of the treatment cost to avoid the damage was used, which took into account those costs the company should have incurred to prevent environmental degradation, a sum that covered all the impact the Cooperative caused on the Río Siquiares. He cites as violated article 42 cited above, and 162 et seq. of the Civil Procedure Code. The Court, he argues, refers to two new classes of damage valuation, which he reiterates had already been imposed as a sanction: the biotic cost (costo biótico) and the social cost. The first, he explains, the appealed ruling treats as the life component, the quality of the environment and the possibilities for it to satisfy needs for the organisms that inhabit it, to develop them in a healthy manner, and the balance that must naturally exist between physical and chemical aspects within normal ranges for each situation to specify the loss of oxygen in the water; preventing the respiratory processes of aquatic organisms because they saturate the gills of fish, insects, and others, causing their death by asphyxiation. The second, he continues, is defined as the damage suffered by the community due to contamination, producing bad odors due to the river's dragging of organic material and its sedimentation, which generates organic sludge in the process of anaerobic decomposition, loss of potential uses of the river (for agricultural, livestock, recreational, and leisure use), and the growth of some pests (mosquitoes and flies). He argues that both were included in the scope of the environmental damage for which the Administrative Environmental Court imposed the condemnation. For this reason, he asserts that imposing payment of the biotic and social cost is to charge a levy that has already been paid, and therefore, the aforementioned article 42 is violated. Third. He argues there is a clear lack of reasoning by the Court regarding the items it orders to be paid, since it individualizes them and gives them economic value without following an appropriate procedure and assessment. Likewise, he points out that by bringing up the social cost of the damage, it is incurring the same improper valuation of the damages caused -which were already accounted for in the administrative sanction- and without establishing a specific method, because concerning damage to society, the impact must be considered individually, with each resident seeking personal protection. He warns of inadequate reasoning regarding the mechanism used to set the amount of the condemnation against the Cooperative, given that it was not set taking into account a specific method performed by an accredited judicial entity, but rather, a study from SETENA, and based on that, it established the amount without relying on expert reports that could have been requested to support it. He affirms that the duty to provide reasons is not met merely by listing or describing the proven facts, but rather requires their objective and legitimate accreditation.

The appealed ruling, it adds, does not comply with the essential aspects since there are no examinations or expert reports requested by the judicial authority that would allow the imposition of the sum to be paid, much less an express assessment of this type of evidence. Without the foregoing, it points out, the relative assessment of the existence of the biotic and social cost has no legal validity, because it remains an empty statement devoid of evidentiary content, given that it is only possible to justify and substantiate in a valid manner, on the basis of specific expert evidence, through a method that can reveal the existence of the damages, as well as prove their economic value. It asserts that the judgment does not set forth any evidentiary documentary basis, nor an adequate reasoning regarding the award for those items, in addition to the fact that they are contained in the environmental damage that was sanctioned by the Administrative Environmental Tribunal. Fourth. The contested decision, it criticizes, orders the State and the Cooperative to jointly and severally pay several sums of money for environmental damage, in favor of ACORACI and ASAMARS, a provision that violates Article 4 of the Political Constitution, because it attributes sovereignty over the river to them, obliges the recognition of compensation in their favor, when they are not the owners, depositaries or possessors of the watercourse.

CASSATION APPEAL OF THE STATE.

          IV.- The State representative also appeals before this Chamber. In his opinion, the Tribunal violated the value of res judicata (cosa juzgada), specifically Articles 162, 163 and 704, all of the Civil Procedure Code. He reproaches that the contested judgment ruled against the content of the decision of the Constitutional Chamber, by endorsing that associations that were not parties to that proceeding—which lack standing to sue (legitimación activa)—be compensated for proven damage to the environment, without there being, moreover, a norm that enables private individuals to receive it, much less in the name and on behalf of a social collectivity, which infringes the value of res judicata (cosa juzgada). The amparo appeal, he notes, was filed by Julie Roos Ayub, Carlos Luis Quesada Altamirano, Abel Víquez Fuentes and José Madrigal Moya, all in their personal capacity, against the State and the Cooperative. Thus, he indicates, the award for damages that is ordered in that venue is in favor of them, solely and exclusively, as derives from the standing rules of the Law of the respective jurisdiction. He adds that they understood it that way, since they did not appeal the lower court’s order, No. 1060-2003 of 11:00 a.m. on December 16, 2003. In accordance with Article 51 ibidem, he argues, when an amparo appeal succeeds, an abstract award must be made for the payment of the damages caused to the appellant, whose liquidation must be carried out in the sentence enforcement proceeding. In support of his argument, he cites and transcribes, to the extent relevant, a judgment of this Chamber on the aforementioned provision (No. 594-F-2006 of 2:45 p.m. on August 30, 2006). Consequently, he points out, two important aspects arise: first, only the person who filed the constitutional action has standing to claim compensation for damages in the judicial venue, not a third party that has no legal connection with the procedural claim, in accordance with Article 104 of the Civil Procedure Code; and second, that award does not presuppose its real existence, but only declares the infringement of fundamental rights, and it is incumbent upon the interested party to liquidate the respective amounts and provide the evidence that allows establishing the causal link between the violation of the declared right and the alleged damages. He deems the criterion followed by the appellate court to be excessive and disproportionate, when it interprets that it involves the same plaintiffs, and that a “subsumption” (subsunción) has occurred of the representation that the amparo petitioners were exercising, into the associations created after the events analyzed by the Constitutional Tribunal, and that therefore, these organizations have standing to derive a right to compensation. In this way, he considers, without legal support, the rules of standing provided for in the Civil Procedure Code and the Law of the Constitutional Jurisdiction are contravened, and the value of res judicata (cosa juzgada) of the judgment being enforced is violated, in the sense that the right to receive compensation is declared for the plaintiffs, without it being understood that they may assign, share, subsume, or any other form that makes the litigation rights “assignable” or “joint and several” to third parties. He supports the foregoing by referring to the case law of the Administrative Litigation Court regarding standing in matters related to enforcing a judgment upholding an amparo appeal, and partially transcribes decision No. 194-2004 of 9:00 a.m. on March 11, 2004 of that Court. He indicates that the Constitutional Chamber declared the right to the environment (Article 50 of the Political Constitution) infringed, which by its special nature transcends the standing rules for claiming its protection by private individuals, but not for the purposes of deriving monetary compensation in their favor, substituting the legitimate representative, which is the State. Article 51 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, he reaffirms, establishes the duty of the Constitutional Tribunal to award payment of damages in those cases where it upholds an appeal, but it cannot be overlooked that in cases of the right to the environment, an inconvenience arises regarding standing to claim the referred reparation, because it is a right that transcends an entire community or group of persons, without being specific to one of them in particular. For the foregoing reasons, he maintains, there is no norm that endorses that those who claim it do so on behalf of all potential injured parties, because it would mean admitting that, based on the judgment being enforced, anyone in a similar position can claim similar compensation. If such a thesis were admitted, he adds, a “popular” standing would be “legalized,” whenever the Constitutional Chamber has upheld an amparo for violation of a healthy and ecologically balanced environment. A situation which, in his opinion, violates not only the value of res judicata (cosa juzgada), but also the principle of legal certainty (Articles 42 and 153 of the Political Constitution). He insists that it is an interpretation contrary to the legal norms in force, to understand that environmental associations, which were not parties to the amparo proceeding, can claim compensation based on the ruling that upheld it, on the grounds that they have standing, insofar as their representatives were the plaintiffs at the time. On this subject, he transcribes an excerpt from decision 596-2005 of 2:00 p.m. on December 9, 2005 of the Administrative Litigation Tribunal, Second Section. He argues that the appealed judgment was rendered against what had become res judicata (ejecutoriado), that standing was interpreted illegally, that it anticipated the entry into force of the Administrative Litigation Procedure Code, and ignored the minimum rules provided for in the current norms, which contravenes Article 129 of the Constitution. On the other hand, he affirms, it introduces institutions that have no place in the Legal System, such as the so-called “class actions,” from which it derives the standing of the associations to receive compensation for environmental damage, which generates a violation of res judicata (cosa juzgada). In addition to the foregoing, he considers, in the case of damages to the environment and in the absence of a norm enabling a private individual to receive compensation for such concept, it must be concluded that it is the State that will be responsible for claiming the corresponding amounts. Therefore, he asserts, by virtue of the fact that the Environmental Tribunal in case file No. 171-00, through decision No. 369-01-TAA of 8:00 a.m. on June 4, 2001, sanctioned the Cooperative for the same facts, ordering payment for the environmental damage due to the contamination of the Siquiares River, in addition to the aforementioned lack of standing, there is no current interest for its claim, as there is res judicata (cosa juzgada). He reproduces part of decision No. 1202-06 of 9:00 a.m. on October 13, 2006, issued by the Administrative Litigation and Civil Treasury Court. In summary, he alleges, the appealed ruling rules against what had become res judicata (ejecutoriado), because it orders the State and the Cooperative jointly and severally to pay compensation to a party that is not a participant in the proceeding—because its participation in the litis precluded—for environmental damage derived from a judgment of the Constitutional Chamber, despite lacking standing to sue (legitimación activa) to enforce it, and without there being a norm that enables private individuals to receive it. For the foregoing reasons, he points out, in accordance with the personal nature of the standing that arises from Articles 33, 35 and 51 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, a violation has been generated of the value of res judicata (cosa juzgada) established in the judgment of the Constitutional Chamber. Likewise, he affirms, there is res judicata (cosa juzgada) regarding the compensation for environmental damage, by virtue of the fact that there is a condemnatory decision in such terms by the Environmental Tribunal. Finally, he highlights the content of the operative part of the appealed judgment, insofar as it imposes an order to do something, which he considers improper in the enforcement proceeding of an amparo judgment, where the possible compensation for damages subject to verification through suitable evidence is discussed. He argues that it is not possible to jointly impose other obligations that, at the time, were not established by the competent bodies in the administrative venue. In his opinion, the foregoing violates the value of res judicata (cosa juzgada) emanating from the judgment of the Constitutional Chamber, since it could well have ruled on the measures that the Cooperative and the State should adopt. And if it was not done so, he adds, the supplementation carried out by the Administrative Litigation Tribunal has no basis in the Law in force, within a proceeding that is not designed for making allegations about the possible actions to be imposed on the parties, which is proper to an ordinary proceeding. He repeats that it is nothing other than a clear violation of the value of res judicata (cosa juzgada) of the amparo judgment, and contravenes what must be resolved in this venue.

          V.- Given the special particularities of this matter, it is deemed pertinent to address, beforehand, some basic aspects. On the one hand, the requirements and scope of the cassation appeal in sentence enforcement proceedings as well as the framework of competencies and limits of this Chamber in the exercise of its supervisory review. On the other, the implications of the decision of an administrative litigation judge regarding the abstract award for the payment of damages imposed by the Constitutional Chamber. Article 704 of the Civil Procedure Code establishes that “… no appeal shall lie against the decisions issued by the superior tribunals, in accordance with the provisions of this chapter; however, against second-instance judgments issued in the enforcement of a judgment in an ordinary or summary proceeding, or others that produce the authority of res judicata (cosa juzgada)—provided they exceed the amount set by the Full Court—when it does not involve enforcement in non-pecuniary matters, the cassation appeal shall be available, when substantial points not controverted in the lawsuit nor decided in the judgment are resolved, as well as when a ruling is made in contradiction with what has become res judicata (ejecutoriado). The appeal shall be processed in accordance with what is stated in Article 615, and must expressly state, under penalty of being rejected outright, which are the substantial points not controverted in the lawsuit nor decided in the judgment, or which have been resolved in contradiction with what has become res judicata (ejecutoriado), and claim the violation of the laws relating to the value of res judicata (cosa juzgada).” From the foregoing it follows that, although the judgment issued in this type of proceeding is subject to cassation appeal, the grounds that open the competence of this Chamber are not found in Articles 594 and 595 of the Civil Procedure Code, given that its control is limited to ensuring that the authority of material res judicata (cosa juzgada material) is not violated, that is, that there is no dissimilarity between the declaratory judgment and the enforcement ruling. On the foregoing there is reiterated criterion, from which may be cited, among many others, judgments No. 582 of 11:30 a.m. on July 14, No. 937 of 9:30 a.m. on November 4, and No. 1015 of 10:00 a.m. on November 25, all of 2004. Therefore, unlike cassation proper to ordinary proceedings, it is not possible to consider procedural or substantive violations, whether by direct or indirect violation. The aim is to guarantee, through this avenue, the full adjustment of the Tribunal to final judicial pronouncements. In this case, cassation acts as guardian of res judicata (cosa juzgada), ensuring that substantial points not controverted in the lawsuit nor decided in the judgment have not been resolved, or that a ruling has not been made against what has become res judicata (ejecutoriado). On the other hand, the Law of the Constitutional Jurisdiction assigns to the Constitutional Chamber the power to award payment of damages arising from acts of public or private authorities subject to the protective scope of this appeal, that injure the regime of fundamental rights. Regarding the amparo proceeding, the first paragraph of Article 51 of that regulatory body clearly indicates: “… any decision upholding the appeal shall award in abstract the compensation for damages caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the sentence enforcement proceeding.” In this matter, it involves an abstract award that must be concretized in a subsequent enforcement; therefore, it is essential to assess the situation and circumstances in which the protected rights were violated. Thus, what that result does is to open the competence of the administrative litigation judge to analyze the real existence or not of the damages, and to set their amount in accordance with the specific circumstances of the case. In this type of constitutional matters, there is no debate or analysis regarding the damages that may arise from the transgressing conduct, which, given its nature, would be improper. Therefore, such an assessment would be counterproductive to the reason and essence of that cause. Hence, it is in the sentence enforcement stage that the existence of a causal link between these and the conduct must be proven, so that a harmful effect can be attributed. In that sense, it is incumbent upon this Chamber to verify that the enforcement ruling falls within the parameters pre-established by the pronouncement that gives rise to that proceeding. It is, then, an instance of measuring the jurisdictional exercise, aimed at guaranteeing that what was granted in the judgment encompasses what was resolved in the constitutional venue. See, in this regard, decisions numbers: 14 of 4:00 p.m. on March 2, 41 of 3:00 p.m. on June 18, and 65 of 2:00 p.m. on October 1, all of 1993. Therefore, with regard to the damages caused by the violation of the protected constitutional right, what has become res judicata (ejecutoriado) would be violated when their reparation is not fully recognized, or when compensation is granted for injuries that are not a consequence of the facts discussed and decided in that venue; or when they are not directly related to what was debated in the enforcement judgment. In this sense, see judgment No. 269 of 9:10 a.m. on April 23, 2004.

          VI.- Based on the legal framework that has been developed, we shall proceed to analyze the charges raised. The Cooperative’s representative alludes in his challenge to procedural and substantive objections, and moreover, he repeats them, trying to separate them as if they were of a different nature, when in reality they revolve around the same issue, which evidences the absence of the proper technique of the cassation appeal. Reordering the reproaches, in summary, they consist of two main themes: 1) He accuses that the principle of material res judicata (cosa juzgada material) was violated, because the award for environmental damage and social cost were established and paid within the administrative proceeding conducted by the Administrative Environmental Tribunal, case file No. 171-00, pursuant to decision No. 369-01-TAA of 8:00 a.m. on June 4, 2001. The evidence, he asserts, referring to the defense of payment regarding those charges and the methodology used to determine the damages, was not properly assessed or valued, for which he notes an inadequate reasoning of the appealed judgment. He adds that no one can be sanctioned twice for the same facts. 2) He attributes a lack of standing and competence, since the Ad quem ignored the express withdrawal of both associations, in addition to the fact that at the time of the facts and the filing of the amparo appeal they had not come into legal existence. Anyone, he argues, can file this type of proceeding, but not anyone can claim payment of damages. What was resolved, he assures, violates the sovereignty of the State, by ordering payment of compensation in favor of associations that are not the owners of the river. In this regard, the reproaches made regarding the assessment of the evidence concerning the proceeding conducted by the Administrative Environmental Tribunal, the award made in that venue, the method for establishing the amount of the damages, and the violation of the principle of “non bis in idem” (point 1), are not related to the res judicata (cosa juzgada)—issued in the amparo appeal and exercised here—but to evidentiary aspects, consistency, and reasoning of the judgment. It should be noted that what is alleged does not give rise to a violation reviewable in this venue, given that it does not imply a discrepancy between what was granted in the ruling issued in the amparo appeal and what was granted in this venue, which is, ultimately, as stated in Considering V, the limit that the legislator imposed in this class of proceedings. Therefore, by virtue of the scope of competence of this Chamber, it is only appropriate to address the issue of the standing of the associations.

          VII.- For his part, the State representative attributes to the Administrative Litigation Tribunal the infringement of res judicata (cosa juzgada), for three reasons: 1) Lack of standing, since the associations were not parties to the amparo appeal and therefore cannot now receive any compensation. He argues that a popular capacity is being legalized and the “class action” is being introduced, in cases where it is the State itself that holds it to collect damages. 2) Res judicata (cosa juzgada) because the Environmental Tribunal had already awarded for those same items. 3) Orders “to do,” which, in his opinion, are improper in sentence enforcement proceedings. Thus, with respect to the argument that the administrative venue had already established the obligation to compensate for damage to the environment and social cost, in accordance with what was indicated in Sections V and VI, it is worth reiterating that this is a matter outside the competence of this Chamber. Hence, the claim numbered 2 must be rejected, because it in no way contradicts or violates res judicata (cosa juzgada). In any case, for the sake of greater clarity, it is important to indicate that the Ad quem ruled in accordance with the law, as inferred from Considering IX of the contested ruling. Thus, it pointed out that the first component of the compensation—cost of treatment for the damage—was paid in the administrative venue by the Cooperative ($92,189.00), by virtue of the complaint filed before the Administrative Environmental Tribunal, for the same facts known in the amparo appeal. However, the technical study that carried out the economic valuation determined “a minimum” that the active polluting agent must pay, given that its calculation is made on the basis of the costs that this industry should have incurred to adapt its operation to environmental parameters and standards; in addition to the fact that this is not the only component for quantifying the compensation. In such a way that it partially upheld the defense of payment, given that the totality of the damage caused was not covered, since the biotic cost was not recognized in the administrative venue, which was estimated at $27,656.00 by the Administrative Litigation Tribunal. In this same sense, the necessary elements for the defense of res judicata (cosa juzgada) to prosper are also not present, by virtue of the fact that although some of the active and passive subjects coincide, there is no identity in the object, that is, between what was sanctioned in the environmental administrative proceeding, and what was ordered in this enforcement venue.

          VIII.- On the types of damages in environmental matters. Before resolving the remaining charges, it is of vital importance to refer to the typology of damages that could occur in this matter, in order to analyze correctly regarding the ownership of the right to compensation. The environment is made up of those primary natural resources and systems on which the existence and normal functioning of nature as a whole depends, and which legally have the category of common goods (air, water and soil, abiotic components) and ecosystems, flora and fauna (biotic components) and even natural beauties, as carriers of ecosystems intended to be conserved (landscape) and cultural ones (cultural heritage). Environmental damage shall be assessed in the externally induced alteration to systems, disabling them, harming them in the realization of their essential support functions for smaller ecosystems. This change may come from agents foreign to man, or from human action (what is now called “pollution”). Hence, it has been defined as any significant loss, decrease or detriment inflicted on the environment, or on one or more of its components. They are difficult to repair, and on some occasions, for example, when it involves the loss of species, they are irreparable. Damage that has been perpetrated must always be protected. In principle, there will be three types of solutions to adopt: a) in the face of the imminence of new acts, the first thing will be—as an innovative precautionary measure or an order not to do—to order the cessation of the conduct, since it is the best way to prevent new damages and allow the ecosystem to begin to self-repair. b) For elements of the environment damaged in a reversible manner, that is, those that allow their recovery, specific reestablishment “in natura” must be sought, through compensation to cover the expenses incurred to carry out the concrete mechanisms for that purpose. c) In relation to elements affected in an irreversible manner, the possibility of requesting compensation for “collective or social moral damage” must be examined, to the extent that they can no longer be enjoyed by the community, which implies a detriment to a protectable general interest. When environmental damage has occurred, regardless of the cause—voluntary or accidental—the principle of reparation, known as “in natura,” requires that the form of carrying it out not be optional. The phenomena of environmental pollution and degradation are so extensive that they are difficult to determine, with precise limits both in time and space. Environmental damage affects society in general and not only individually considered persons. The Political Constitution contemplates and protects goods of a general nature and incidence, insofar as they are of interest to the community, as happens with this matter. Linked to this, the notion of collectively suffered damage arises, understood as that which is born when an interest of that nature is injured, which has autonomy, and may or may not concur with individual ones, which reveals a group reality. However, on occasions it is possible that a conduct produces, in addition to injuries to the environment as such, direct detriment to private individuals. In these cases, with a view to reparation, it is necessary to distinguish the environmental elements that benefit all of society, from the injuries to individuals. In the latter case, it may be given through compensation, taking into account both the damage and the personal injury. In the first case, on the contrary, one is faced with a situation of diffuse interest, that is, extended, spread, dilated; it propagates or dilutes among the members of the group, whether or not it is organized and compact. It is a supra-individual damage that does not consist of the sum of special damages. Nor of an injury to own and particular goods of individuals, but rather an actual and concrete injury, only from the point of view of the entire society that suffers them. Damage to the collective affects the group simultaneously and coincidentally. It is one and the same unique damage, which is now accepted without difficulty, as a notion with its own entity, which concerns equally all members of the community, or certain groups indistinctly and not exclusively. The recipients are no longer persons, in isolation, but categories or classes of subjects, linked by some quality or characteristic that gives connection to the group. Within this subject matter, if the obligation to compensate this type of detriment arises, it does not constitute a sum of identifiable portions; on the contrary, it is a general injury, which is apprehensible and experienceable, where the affected element is communitarian or group-based, which reaches individual subjects indivisibly, through insertion in the group. In view of the foregoing, a distinction must be made between damages to the environment and damages through the environment. The latter is based on traditional patrimonial liability: personal and economic damages. The former, on the contrary, refers to environmental damage per se. In conclusion, two categories can be identified: 1) The ecological or environmental damage proper. It affects flora and fauna, the landscape, the air, the water, the soil, that is, the environment. It is what the ecosystem suffers, inhibiting it in its natural functions. It is not located on any individually owned good. It is the injury or detriment borne by the elements of nature or the environment, without falling on a legally protected person or thing. It is damage to the environment, whether through its alteration or partial or total destruction, indirectly affecting the quality of life of the various living beings of the planet. 2) Particular damages. Those that, due to an environmental impact, subsequently affect individual persons or goods. This category is assimilable to the traditional hypotheses of damage, already recognized by the Legal System. Although it receives judicial attention as if it were environmental damage, the rules for attributing liability and establishing its compensation do not differ substantially from the classic ones of law. In these cases, it is damage to persons or things due to an alteration of the environment caused by human action. It is not direct damage to the environment, but to persons or things, due to an alteration of the former.

          IX.- On standing to sue (legitimación activa) in proceedings to enforce judgments issued by the constitutional jurisdiction in amparo appeals for the protection of the environment. Particular attention is required by cases such as the present one, where the award lies in the violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment, in the terms of Article 50 of the Political Constitution, according to which: “… Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they have standing to denounce acts that infringe that right and to claim reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions.” Note how, in favor of every person, both the right to a healthy environment and the standing to denounce its disrespect and claim reparation are recognized. In this sense, on the subject of standing in environmental matters, the Constitutional Chamber has said that: “… the procedural prerequisite of standing tends to extend and broaden in such a dimension, that it necessarily leads to the abandonment of the traditional concept, and it must be understood that in general terms, any person can be a party and that their right does not emanate from property titles, rights or concrete actions that they could exercise according to the rules of conventional law, but rather that their procedural action responds to what modern scholars call the diffuse interest, through which the original standing of the legitimate interested party or even of the simple interested party, diffuses among all the members of a certain category of persons who are thus equally affected by the illegal acts that harm them. In the case of environmental protection, the typically diffuse interest that gives standing to the subject to bring an action, is transformed, by virtue of its incorporation into the list of rights of the human person, becoming a true «reactional right,» which, as its name indicates, empowers its holder to «react» against the violation originating from illegitimate acts or omissions.”

It is for this reason that the violation of that fundamental right constitutes a constitutional illegality, that is, a specific ground for amparo against concrete acts or self-executing norms or, as the case may be, in an unconstitutionality action, against all norms or against acts not susceptible to amparo, and even against omissions, a category which in the case of the right to the environment becomes especially important, because when it comes to conserving the environment that nature has given us, the most frequent violation occurs through the inertia of public authorities in carrying out the acts necessary to protect them. The Constitutional Jurisdiction, as the legally suitable and necessary means to guarantee the supremacy of the Law of the Constitution, is, in addition to being supreme, of essential public order, and this implies, in general, that a much more flexible and less formalistic standing is necessary to associate citizens with the interest of the Rule of Law itself in overseeing and, as the case may be, reestablishing its own legality." Judgment No. 3705-93, of 3:00 p.m. on July 30, 1993. Due to its supra-individual nature, standing is broadened in this field, as the Constitutional Court has established that the preservation and protection of the environment is a fundamental right, which gives standing to any person to resort to the amparo remedy. It is evident that the approach to this matter departs greatly from the position that has always been taken. If such is the system advocated and embodied in the Magna Carta, all interpretation of the different procedures or processes in force to protect the environment must be based on that structure. Hence, limiting the exercise of that right to subjects with specific characteristics in order to achieve its administrative or jurisdictional protection implies merely an effort to circumscribe it to requirements that in no way are compatible with current constitutional postulates, where, as seen, from numeral 50 mentioned above, "any person" has standing to bring the respective action to safeguard the environment and demand its repair. For its part, Principle 10 of the Rio Declaration, alluding to the participation of all citizens in environmental matters, states that: "Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided" (Final Declaration of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, Brazil, June 14, 1992, in Torres Ugena, in which Costa Rica appears as one of the signatory States).

          X.- Now then, this Chamber considers that, based on a proper interpretation of the norm under comment, in relation with canon 49, also constitutional, the amparo remedy does not exhaust the possibility of legal instruments that the Magna Carta grants to all inhabitants for the purpose of protecting the environment. The contrary would mean that Article 50 restricts its content solely and exclusively to the constitutional amparo process. The concept "any person" used by the constitution-maker cannot be assimilated to the holder of a subjective right in the strict sense. "Any person" is every inhabitant, neighbor, citizen, natural or legal person, public or private; it is, in short, anyone whose right to a healthy environment is harmed. For that reason, in its defense and protection, a sufficiently broad protection must be favored, so as not to render the norm inoperative or limit its scope. In that sense, the simple lack of a direct relationship or of harm, in principle, cannot lead to a loss of standing for one who possesses a right recognized at the constitutional level. If, in environmental law, the traditional thesis of standing were accepted, understood as the capacity to be a party in a specific proceeding, where not every person with procedural capacity can appear in that character, but only those who are in a certain relationship with the claim, as has been set forth, it would lead to emptying that norm of its content. In the enforcement proceedings of judgments handed down in the Constitutional Jurisdiction, which are those of interest here, the issue takes on special relevance. To establish the admissibility of the claim that ultimately translates into a sum of money to seek compensation for the harm caused, there must be weighed, among other things, in favor of whom the constitutional protection was granted, the causal relationship between the violation that was alleged and the damage for which compensation is sought. This basic framework cannot disregard that in environmental matters, a broad protection of this right was opted for, with constitutional roots. A second issue of importance is that standing must be analyzed according to the material claim, in this type of situation -harm to the collective-. As this is a third-generation right, in which the affected party is a group of persons, in most cases indeterminate, it requires a standing different from the legal interest that protects public subjective rights. In the case of diffuse interests or popular actions, due to their particular nature, there is no single holder assisted by a legal interest, which has made it difficult for individuals to access their effective protection or guarantee, since the need to find a broader standing to assert them before administrative and judicial authorities has become evident. For that reason, it is necessary to take into consideration that the first and primary injured party is society as a whole, or else an indeterminate generality of subjects; without prejudice to the fact that some of the individuals in the group may simultaneously also be affected in a particular manner. In any case, personal, plural, and separate claims are not possible when the injured party is the collectivity, since a characteristic of such interests is their indivisibility, because the collective good is not divisible among those who use it, nor is it feasible to divide its enjoyment. This results in the impossibility of different subjective rights existing, because there is no direct link between a person and that type of right. It either belongs to the group or it belongs to no one, because if someone monopolizes it for themselves, it ceases to be shared and becomes individual. Which does not preclude, as stated, the possible coexistence of particular or multi-individual damages, because one of the characteristics of Environmental Law is that the damage is always caused to the collectivity, but with repercussions, on occasions, on individual assets. Indeed, a person has the possibility of suing in their own name to request their own compensation (particular environmental damage), as well as suing in the name of a collectivity to request compensation which they cannot appropriate but can enjoy (environmental damage to the collective), which is truly what constitutes the repair of environmental damage in its pure state. The repair of collective environmental damage restores the violated general interest, which excludes the restoration of only an individual right; its object is different. The error lies, it is repeated, in considering the consequences suffered by environmental assets that can be appropriated by private individuals as pure environmental damage, given that, in the strict sense, it cannot have such particularity, because it is precisely upon a collective good. It is true that there are environmental assets that can be appropriated by private individuals -for example, the case of land-, but that does not remove its characteristic as an environmental good and as an injury to a general interest, which implies the possibility that, even if the owner does not desire its repair, any other person or any public or private entity can, and even should, seek it. On the basis of the above conception, in which pure environmental damage is distinguished by affecting the normal functioning of ecosystems or the renewability of their resources and components, as well as by being "supra-individual," it thus departs from the strictly individual sphere, in the sense of appropriable assets, as a defining element of the injury. The action for defense or repair cannot be held only by each injured party. It must be collective or group-based, just as the damage caused is. It is for this reason that the damage occurs directly to the ecosystem and indirectly to the human being who makes use of it, and that a person can only claim on behalf of the ecosystem thanks to their relationship with it. If the distinction between pure and particular environmental damage is achieved, it is clearly established what is being compensated through one avenue or another, because what was damaged is determined beforehand. The indicated distinction will mark not only the form of repair of the damage, but also the purpose of each action that seeks to protect the environment. However, despite the fact that in most cases the objective of repairing the environment as if the damage had not occurred cannot be achieved, another form of repair can be advocated, one that seeks to leave the asset in the most similar form possible to that which it had before the damage. Consequently, any person who claims to be affected by environmental damage belongs to the material party holding the diffuse interest and will have standing to be an active party in the judicial proceeding initiated to protect the environment. In accordance with the constitutional parameter, once environmental damage has occurred, in either of its two aspects, an action is granted to obtain the repair of the environment, which does not preclude the exercise of the action for damages. For the former, the "environmental action" must be brought -amparo remedy or ordinary proceeding-; for the latter, the "action for damages" -enforcement of judgment or ordinary proceeding-. In this sense, a new and particular type of damage is defined, which enjoys some specifications, and according to this, the rules for its repair cannot be equated to those that grant protection to subjective rights, simply because this type of damage can also infringe upon other types of prerogatives, such as rights of collective or general incidence. It is for this reason that the standing to act, which one has in either case, will only vary in the petitum of the proceeding: if the damage is personal, in the sense that it diminishes the individual patrimony, one is in the presence of a petition for oneself. Conversely, if the individually appropriable patrimony is not reduced, but rather that which one has by virtue of living in society, one is facing a petition for the collectivity, that is, in favor of environmental assets, which, incidentally, benefit the individual in their socialized conception. In this latter scenario, there would be a constitutional right harmed, which must be procedurally protected. It is for this reason that in this matter, active standing is broadened, when the material claim of the plaintiff is the protection of diffuse interests or by popular action, allowing the possibility of acting in court not in one's own name or that of others, but in the name and for the benefit of all, within the limits of that object. Consequently, in proceedings such as the present one, any person may initiate it, even if they are not directly affected, where the action is not brought in their own name but in the name of the collective.

          XI.- Subject holder to receive compensation for damage to the collective. When dealing with assets of general interest that make up the environment, and whose protection is assigned to the State, when the injury is to the collective, there is no individual patrimony that can claim it for itself. This particularity has determined that repair in kind is privileged over monetary compensation, which constitutes another of the evolutions of modern tort law, of particular significance in this matter. Returning things to their prior state in those cases where it is totally or partially feasible, that is, restoring the "habitat" or the balance of ecological values (e.g., restocking a river in the case of depredation), is the prevailing solution in legal science. Monetary equivalence makes no sense whatsoever in the face of this type of damage, because it cannot by itself increase the harmed asset. That payment can never exchange one for another, but must obligatorily be invested in the repair of the ecosystem. This differentiates it from the general rules of common patrimonial liability, where the plaintiff has greater freedom to decide whether to reinvest the money paid for their harmed asset in themselves or not. Regardless of the legal nature of the beneficiary subject of the compensation, whether public or private, it must be allocated to the repair, replacement, or restoration of the deteriorated natural resources or ecosystems. Consequently, the possibility of regenerating the environmental damage must always be sought, in the first order, and thus, as has been said, favor repair "in natura." This may be achieved with obligations to do or with money, restoring the damaged element. If this is not achieved, in the second place, care must be taken to adopt measures that benefit the environment as a whole. This position is based on the fact that the ecosystem is interactive and, therefore, even if it does not recover in the first way, the system is restored and will benefit as a whole. Indeed, if it is not technically possible, or only partially so, the evaluation of the detriments caused to natural resources must be based on the cost of alternative solutions aimed at replacing natural resources equivalent to those that have been destroyed, with the object of recovering the degree of conservation of nature and biodiversity. This point is important because it allows the compensation to fall upon another component of the environment different from the one damaged, without any rule being violated by this action, because what is actually sought is an equivalence with what was destroyed in order to rescue nature. It is not difficult, then, to conclude that the repair of pure environmental damage must be, as far as possible, "in natura."

          XII.- Recapitulating, it can be said that the basic problem, in principle, lies in how to repair it, especially when this goes beyond the injury to an individual interest. There is no sufficient regulation on this type of liability, insofar as the legislation in force does not take into account its specific characteristics and the problems in claiming its repair. However, given that environmental control matters to the entire community, it is logical that the funds be allocated to restoring it. In such a way that, in view of the particular characteristics of pure environmental damage, the compensation set must be public, and thus the funds proceeding from its payment, in the different instances, would allow dedicating that money to the "in situ" repair of the affected resources or to the financing of other supplementary environmental projects in those areas. For that reason, this Chamber considers that the amount for compensation of pure environmental damage or damage to the collectivity constitutes a public fund, which belongs to everyone (numerals 8 and 9 of the Organic Law of the Comptroller General of the Republic). This means that, although the action for damage to the collective can be exercised by any person, the one who can receive the sums for that concept is, in principle, "society in general," or as the case may be, some "indeterminate group of persons," as the directly injured parties. From the foregoing, it is notable that in national legislation, as regards the mechanism, destination, and control over the sums of money received for damages to the environment, as in other matters, there exists a legal vacuum, which must be resolved by applying the general principles of law or analogy (Article 5 of the Organic Law of the Judicial Branch, 12 and 13 of the Civil Code, 7 to 10 of the General Law of Public Administration). In that sense, despite there being no express norm indicating to whom compensation should be paid, under an interpretation of constitutional numeral 50 and the guiding principles of environmental law that have been developed, for the sake of repairing the damage caused and conserving the environment, it must be concluded that those sums must be transferred to the State, understood in a broad sense. Having defined the subject holder to receive the sums for environmental damages to society or the collective, the specific receiving organ or public entity must be specified, for the sake of complying with their repair. In this sense, it must be noted that the administrative organization, derived from its configuration, with significant decentralization, has made it possible to bring decision-making mechanisms closer to the citizenry itself, but at the same time diversifies and complicates this distribution of competences. This dispersion manifests on two planes or levels: vertically, through the distribution of competences of the Administration; and horizontally, through the distribution, within the same entity, of competences with a clear environmental content among different areas or departments. The most direct regulation has been within the jurisdictional sphere of the Ministry of Health, Ministry of Environment and Energy, and the Municipalities. The proximity of these entities to the citizenry and the presumably greater and more direct knowledge of reality make them the principal instrument for addressing environmental protection. If a mechanism like the one proposed were not viable, both the cited norms and the set forth principles would become dead letter, and an un-repaired damage would be left. Environmental protection justifies expeditious solutions, because we are dealing with a patrimony belonging to all, and environmental deterioration progresses in an almost exponential manner. Traditional solutions are inappropriate to halt it, therefore the judge must exercise his powers to fill the legal gap that appears from the legislation that provides that the State exercises its sovereignty over the environment and the country's natural resources (Article 6 of the Political Constitution), but regarding the compensation for this type of damages, the form, destination, its control, and who must take charge of environmental repair is not provided for. From the foregoing, the payment for compensation must be made by the subjects declared responsible, which will be allocated to the restoration and repair of the damages to the environmental assets of society. This money, constituted as a public fund, as already indicated, must be deposited in favor of the State, with the judge being responsible for determining which organ or public entity must administer it. A decision that must conform to a strict application of the rules of science or technique, and of the general principles of justice, logic, and convenience (numerals 16 and 17 of the General Law of Public Administration), and by virtue of an analysis of the particularities of the specific case, such as, for example, the subjects condemned in the amparo proceeding, the type of damage caused, the determined or indeterminate recipient group of the injury, the geographical circumscription, the specific institutional competence, etc. And of course, always taking into consideration the ultimate purpose for which the decreed compensation must be allocated. It would be unacceptable for a judgment to remain dead letter and never be brought into reality, annihilating its effects. Therefore, the judge fulfills a function of guarantor, and is obligated to ensure full and effective enforcement, both in an agile and real manner. From the point of view of the negative dimension, the principle of the intangibility of res judicata arises, understood as the need for the enforcement of the judgment to be fulfilled in its own terms, as provided in the ruling and without alterations. It is not permitted to suppress, modify, or add to its content requirements or burdens that are not contained within it.

          XIII.- Regarding the specific case. In the sub-lite, the order to pay damages and losses issued in the amparo remedy was due to the contamination of the Siquiares River by the Cooperative and the inactivity of the Ministry of Health in taking measures to prevent it. The Constitutional Chamber stated, in what is relevant, that: “… as is evident from the statement of facts that were taken as proven, the Cooperativa de Productores de Leche R.L. was authorized by the Ministry of Health in October 2000 to operate its new dairy products processing plant in Coyol de Alajuela and, from that same month, the Asociación de Desarrollo Integral de Ciruelas de Alajuela informed the General Manager of the company of the community's discomfort due to the contamination of the Siquiares River, which was evidenced by the change in color of the river waters and the presence of unbearable odors that especially affect the residents along the banks. The Chamber appreciates that the inspections carried out in December of the previous year, by different entities to which the plaintiffs went to denounce the contamination of the waters of the Siquiares River due to the discharges made by the Cooperativa de Productores de Leche, revealed that the wastewater treatment plant did not have sufficient capacity to adequately treat said waters before being discharged into the watercourse –see folio 83 report on the inspection carried out on December 1, 2000, by the Ministry of Health; folios 107 and 108 report on the inspection carried out the following December 7 by the Cordillera Volcánica Central Conservation Area of the Ministry of Environment and Energy; folio 112 the record of the inspection carried out by the Administrative Environmental Tribunal at the Cooperative's Plant on December 13, 2000; folio 126 the report of the Head of the Environmental Management Unit of the Municipality of Alajuela-. The foregoing aggravated the river contamination situation, for an approximate period of four months, until the corrective actions aimed at mitigating the impact produced by the effluent from the wastewater treatment plant, approved by the Ministry of Health on the recently past January 30, were set in motion, which led to the granting of a new sanitary operating permit for six months (folio 324 and 325). In the Chamber's judgment, from the described situation, it is verified that during the indicated period the alleged contamination occurred, which constituted a violation of the fundamental rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment of the residents of the affected communities, which obliges the granting of the amparo. The Ministry of Health, which by virtue of the mandate derived from Articles 50 and 21 of the Political Constitution is obligated to ensure that industrial activity does not harm natural resources, nor cause major disturbances in the daily life of the citizens residing near where it is carried out, authorized the plant's operation since October 2000, for which reason it should have supervised its correct operation, given the scale of the work and the importance of preventive protection in this matter given the difficult repair of environmental damage. Therefore, although it reacted to the complaint filed on November 23 of the year two thousand, by means of an inspection carried out on December 1, issued sanitary order No. RR-183-00, communicated to the company on the following December 8, and followed up on the case through another inspection carried out on January 24 of this year (folio 290), the fact is that the river contamination problems began in October of the year two thousand itself, and it was not until February of this year that the Ministry approved the complementary measures required in the treatment plant to control so that the residual waters did not produce contamination in its watercourse, and extended sanitary operating permit number 006-2001. Such intervention, in the Chamber's judgment, was not sufficient to guarantee the fundamental rights of the protected parties, therefore, the remedy must be granted with respect to the Ministry of Health, but not against the Municipality of Alajuela, which did not incur in an omission that harms them. Likewise, the remedy must be granted jointly and severally with respect to Cooperativa de Productores de Leche R.L. The arguments of its representative that the Siquiares River was contaminated before the construction of the plant in Coyol de Alajuela, so the Cooperative could not contaminate what was previously contaminated, are not receivable. From the technical documents contributed to the expediente it is appreciated that, indeed, there are other contaminating causes of the Siquiares River, but also that the way in which the dairy products processing plant operated during the last months of last year and the month of January of the current year, substantially aggravated the contamination. Despite the fact that an emergency plan was set in motion to mitigate the effects caused by the poor operation of the wastewater treatment plant in December of the year two thousand, which, as reported, gradually diminished the river contamination problem, and for which reason the operating permit was renewed, the fact is that it is verified that the alleged contamination occurred as a consequence of the Cooperative's activity." (the highlighting does not correspond to the original). Voto No. 1882-2001 of 9:24 a.m. on March 9, 2001. According to what was stated by that Constitutional Court, it is important to highlight that the violation by injury to the right to a healthy and ecologically balanced environment is evident, which produced damage of a pure or collective nature. Therefore, there is not the slightest doubt that the remedy was granted by virtue of the damage to the tributary, which in turn affected the communities of Siquiares, Turrúcares, San Miguel, and Cebadilla, affecting the quality of life of those who live along the bank. In this understanding, and as was ordered, the detriment affected the community or society in general, located in that area, generating the indicated impairment.

          XIV.- Having clarified the foregoing, it is appropriate to define who is entitled to request payment of the damages and losses to which the Cooperative and the State were condemned, as a consequence of the granting of the amparo, as well as the destination to be given to the compensation that is set, the control of the investment, and the entity in charge of carrying out the repair. But these aspects, even though they are easily derived from everything that has been set forth, cannot disregard the particular nature of an enforcement proceeding in which the material fulfillment of the legal situations recognized in a final judgment is pursued. Its purpose is "to give practical effectiveness to what was ordered in the condemnation judgment (which imposes on the defeated party the fulfillment of a provision -to do, not to do, or to give- to satisfy the interest of the prevailing party, (…) seeks to adapt the factual situation -reality- to the mandate or individualized norm contained in the operative part of a judgment, in order to satisfy the right of the prevailing party." Resolution of this Chamber, No. 108 of 3:00 p.m. on October 16, 1996. Nor can situations inherent to the development of the proceeding be ignored, which can have a direct impact on the scope of the ruling to be issued. In principle, the powers conferred on the enforcement judge must include all necessary measures to achieve the full effectiveness and efficacy of the ruling, as follows from the fundamental right to effective judicial protection (Articles 39, 41, and 153 of the Political Constitution). Having analyzed the case file, it is evident that the amparo remedy was filed by Julie Roos Ayub, Carlos Luis Quesada Altamirano, Abel Víquez Fuentes, and José Luis Madrigal Moya. This matter was initiated by Mrs. Roos Ayub, in her personal capacity and as President of ACORACI, and Mr. Madrigal Moya, in his personal capacity and as President of ASAMARS. In the course thereof, the associations withdrew; however, no ruling was made on this matter through an interlocutory order. In the first-instance judgment, a lack of standing was decreed against them. For its part, the Tribunal, without the issue having been raised, admits their standing and recognizes in them the right to receive the compensation sought. Setting aside the openness regarding standing to claim environmental damage in the broadly developed terms, the fact is that in proceedings such as the present one, which arise by virtue of a ruling of the Constitutional Chamber, it is not for the enforcement judge to determine who is the holder of the right being claimed, because it is an aspect previously defined in the ruling being enforced. Therefore, Constitutional Article 50 –developed in Considerando IX and X– does not apply, which contemplates what is relevant for bringing an action, and not, as is the case here, for enforcing. In such a way that those groups do not possess the sufficient capacity to bring this matter, much less the condition of holders to receive the amounts demanded. Not because of the withdrawal filed, for from the relationship of Articles 135 and 204 of the Code of Civil Procedure, it follows that, for it to have effect, the judge must rule expressly, which did not occur in this litis. Rather, because they were not parties in the amparo remedy, and furthermore, because of the nature of the damage sought to be repaired, its claim in a direct capacity is not possible.

Based on the foregoing, there is a contradiction with what was res judicata, and thus a violation of res judicata, because the Tribunal established that they have standing to bring this action and for the sums granted to be paid in their favor. In that regard, this Chamber considers that it is not possible to accept those groups as an active procedural party, much less to set any compensation in their favor, and therefore the grievance raised by the appellants in cassation must be upheld. Consequently, the appropriate course is to annul the Tribunal's judgment, only insofar as it declares the Asociación Conservacionista de los Ríos y el Ambiente de Ciruelas de Alajuela and the Asociación de Amigos del Medio Ambiente del Río Siquiares y sus Nacientes de Turrúcares to have standing to initiate this enforcement of judgment proceeding and to receive the established compensation. In its place, ruling on the merits, the lack of active standing of those associations must be upheld, and it is dismissed with regard to Julie Roos Ayub and José Luis Madrigal Moya.

          XV.- It is necessary to indicate that, in cases such as the present one -a complaint for collective environmental damage-, although the person filing the amparo appeal acts as a collaborator and in an instrumental capacity to assist with the protection offered by the legal system (Ordenamiento Jurídico), they are also the party with standing to bring the enforcement of judgment and to assert the respective claim, even though, as has been indicated, they are not empowered to receive the amount set for repair. It must be understood that the legal obligation that arises is to repair the environment, and for that reason, the individual cannot include in their claim that those amounts be paid to them. In the same line of thought, in accordance with what was developed in Considering XI, with the purpose of giving full and effective enforcement to the judgment of the amparo appeal, it is incumbent upon this Chamber to determine to which public body or entity the funds should be directed, in order to allocate them to restoration and repair projects for the río Siquiares. In this regard, this collegiate body considers that, due to the specialized nature of the matter, the technical and professional resources available to the Ministerio de Ambiente y Energía, for this specific case, according to its particularities and characteristics, is the ideal entity to carry out that task. Likewise, maintaining as a premise the effective enforcement of the constitutional ruling, it is essential to create a budgetary mechanism that benefits and maximizes the principles of efficiency, effectiveness, speed, and economy, so that the sum ordered by the Tribunal Contencioso Administrativo that jointly and severally condemned the Cooperative (Cooperativa) and the State shall be deposited in the State's Single Fund (Caja Única) (articles 66 of the Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 83 and 84 of its Reglamento), into a client account created specifically for that purpose, whose holder shall be the Ministerio de Ambiente y Energía, which must allocate it to execute repair and restoration works, exclusively, on projects concerning the río Siquiares. Having concluded that this payment constitutes public funds, in order to guarantee responsible management of public finances, the use of this financial tool is pertinent, which will help achieve environmental objectives and goals in an effective manner, and for this, the support of the governing body of the Financial Administration System (Sistema de Administración Financiera) is required. In this way, it is reiterated, to expedite the receipt and administration of the award, it must be deposited in that separate account, identifying its origin and the destination to which it is tied. For that reason, regarding the State, the Ministerio de Hacienda, to which this ruling shall be communicated, must make the necessary financial provisions under the corresponding budget line item.

          XVI.- On the imposition of orders to act. Furthermore, the State representative complains that the appealed judgment imposes orders to act on the judgment debtors, when in this proceeding the only appropriate discussion is the possible compensation for damages. For this reason, they assert, it is not possible to order other obligations that were not established by the competent bodies. Therefore, they consider the value of res judicata emanating from the Constitutional Chamber's judgment to be breached. Within the framework of environmental protection, it is not ignored that by their very nature, damages carry with them the legal obligation to repair the harm caused -the polluter pays and repairs-. This obligation includes the three aspects mentioned previously: 1) Repair "in natura" or restoration of the damaged environment to its natural state or the situation prior to the intervention. This is the ideal form, but it is often not possible due to the type of harm that usually occurs. 2) Compensation for damages, as a subsidiary form of making the repair effective. 3) The possibility of cessation of the activity or agent causing the harm, a relevant aspect in cases of continuous contamination. Regarding the constitutional amparo process, in accordance with article 49 of the Law of that jurisdiction, its purpose is to protect constitutional rights, restoring matters to the state prior to the violation or threat thereof. Due to the very nature of the proceedings for enforcement of judgments from the Constitutional Chamber, claims can only be asserted to liquidate the collection of compensation for damages decreed in the abstract. In accordance with article 51 ibidem, the claim formulated must have a direct connection to the damages actually caused by the act that motivated the condemnatory judgment. The foregoing because the mere fact of having been condemned for violation of the fundamental rights regime does not automatically imply that, in addition to compensation for damages, other types of claims can be pursued in the enforcement proceeding. On the contrary, the enforcing party's material claim is limited, since it must be confined to the constitutional ruling, particularly its operative part. Since this was not done, res judicata was violated, as in this case, despite what was indicated, the Tribunal imposed on the Cooperative to "adapt its operations according to the environmental parameters established in the legal system (sic) and to perform an artificial cleaning of the riverbeds in the vicinity of the outlet of that company's treatment plant and up to one kilometer downstream once every three consecutive years," and reminded the Ministerio de Salud of "its obligation to exercise control over the industrial activity carried out by the co-defendant, so that it must –at least– carry out four water quality monitoring assessments per year (one in the rainy season, one in the dry season, one in each transition period)." Now, although the objection was only raised by the State representative, in the interest of resolving integrally, in accordance with the law, and to avoid a clear imbalance in what has been granted in this case, based on article 610 of the Código Procesal Civil, the appealed judgment must be cassated insofar as it orders various orders to act. In addition to the foregoing, the imposed conduct is neither a direct nor indirect consequence of what was debated, nor proper to this process (article 704 of the Código Civil). For that reason, it must be annulled, regarding this aspect, and ruling on the merits, for the reasons stated herein, they are dismissed.

          XVII.- Oversight bodies in environmental matters. Within the sphere of environmental oversight, there are a series of public bodies responsible for this task, which through their reports, opinions, and other products, significantly contribute to the implementation of provisions seeking to resolve the situations detected, and thus prevent or repair harm. It is important to remember that in recent years there has been an expansion of environmental regulation and a rethinking of responsibilities, both of the Central Government and of local governments and associated organizations, in aspects such as pollution control, waste and effluent treatment, the internalization of environmental costs, and the conservation and protection of natural resources. Included within this group of control bodies are, among others, the Contraloría General de la República, the Procuraduría General de la República, the Defensoría de los Habitantes, and the Ministerio de Ambiente y Energía. Oversight in this area seeks to protect, preserve, and guarantee a healthy and ecologically balanced environment, as well as the application of sustainable development models by national or regional authorities and by private individuals, generating a number of action responsibilities for these entities. This occurs both from a perspective of evaluating the strategies of the Public Administration and private subjects regarding the environment, and through the specific oversight of activities, programs, or projects they execute. In such a way that, if in an administrative proceeding, or in a judicial one, measures are ordered by a ruling, against a natural or legal person, public or private, to prevent, protect, or restore environmental damage, it is indispensable that parallel provisions also be adopted in order to achieve the effectiveness of what was decided, without exceeding, of course, the jurisdictional scope of the deciding or executing body. In this sense, the principle prevails that whoever has the power to issue the resolution also has the power to make it effective, always safeguarding the principles of economy, speed, and effectiveness. The control and oversight of what is established in a judicial sentence thus becomes one of the necessary requirements for a Rule of Law State to guarantee its fundamental pillars, among them, prompt and complete justice, which in turn contemplates the duty to fully execute what was decided by the judge. That resolution is not sufficient by itself to satisfy the claims granted, even when they have been upheld, totally or partially; rather, it will be necessary for what was ordered in the ruling to be fulfilled, that is, for it to be enforced for the purpose of materializing the satisfaction of the claim brought. Consequently, being within its scope of competence -environmental protection- and in order to give efficient and effective compliance to this decision, this Chamber considers it imperative to communicate it to the General Public and Environmental Services Area (Area de Servicios Públicos Generales y Ambientales) of the Contraloría General de la República, the Agro-Environmental Law Area (Area de Derecho Agro Ambiental) of the Procuraduría General de la República, and to the Defensoría de los Habitantes, so that they may exercise adequate control and follow-up.

          XVIII.- In accordance with all that has been stated, the appeals filed must be partially upheld. Consequently, the judgment of the Tribunal shall be annulled insofar as, 1) it grants standing to the Asociación Conservacionista de los Ríos y el Ambiente de Ciruelas de Alajuela and the Asociación de Amigos del Medio Ambiente del Río Siquiares y sus Nacientes de Turrúcares to bring this enforcement of judgment and authorizes them to receive the established compensation, and 2) it imposes obligations to act on the Cooperativa de Productores de Leche R.L., Dos Pinos, and the Ministerio de Salud. In its place, ruling on the merits, with respect to the cited Associations, a lack of active standing is declared, it is dismissed with regard to Julie Roos Ayub and José Luis Madrigal Moya, and the orders to act against the Cooperative and the State are denied. Regarding the destination of the compensation that the latter were jointly and severally ordered to pay, it is ordered that this amount be deposited in the State's Single Fund (Caja Única del Estado) into a client account created specifically for that purpose, whose holder shall be the Ministerio de Ambiente y Energía, which must allocate it to execute repair and restoration works, exclusively, on projects concerning the río Siquiares. For such purpose, regarding the State, the Ministerio de Hacienda must make the necessary financial provisions under the corresponding budget line item.

POR TANTO

The cassation appeals filed are declared partially with merit. The judgment of the Tribunal is annulled, only insofar as it declares the Asociación Conservacionista de los Ríos y el Ambiente de Ciruelas de Alajuela and the Asociación de Amigos del Medio Ambiente del Río Siquiares y sus Nacientes de Turrúcares to have standing to initiate this enforcement of judgment and to receive the established compensation. Likewise, insofar as it orders various orders to act against the Cooperativa de Productores de Leche R.L., Dos Pinos, and the Ministerio de Salud. In their place, ruling on the merits, the lack of active standing of those groups is upheld, and it is dismissed with regard to Julie Roos Ayub and José Luis Madrigal Moya. Regarding the amount that the Tribunal Contencioso Administrativo ordered the Cooperative and the State to pay jointly and severally, it is ordered that its deposit be made into the State's Single Fund (Caja Única), into a client account created specifically for that purpose, whose holder shall be the Ministerio de Ambiente y Energía, which must allocate it to execute repair and restoration works, exclusively, on projects concerning the río Siquiares. For such purpose, regarding the State, the Ministerio de Hacienda must make the necessary financial provisions under the corresponding budget line item. Regarding the orders to act, they are dismissed. This ruling shall be communicated to the Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República (Área de Servicios Públicos Generales y Ambientales), Procuraduría General de la República (Área de Derecho Agro Ambiental), and Defensoría de los Habitantes, so that they may exercise adequate control and follow-up of this ruling.

 

Anabelle León Feoli

 

 

Luis Guillermo Rivas Loáiciga                                                           Román Solís Zelaya

 

 

Óscar Eduardo González Camacho                               Gerardo Parajeles Vindas

 

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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 23-02-2026 15:56:52.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República