Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)La ausencia de una regulación más amplia del tema no conlleva a que el régimen cautelar se agote en el incidente de suspensión. Por el contrario, dicha facultad es consustancial a la tramitación del procedimiento administrativo, por lo que el órgano competente puede adoptar aquellas medidas que considere oportunas, sin que por ello vulnere el principio de legalidad. Se trata de una potestad implícita, habilitada por la regulación de los fines públicos (los cuales siempre se derivan del ordenamiento jurídico) cuya consecución busca el respectivo procedimiento administrativo del cual pende, y a los cuales se encuentra supeditado. En materia ambiental, esta habilitación se ve reforzada en tanto se reconoce el derecho fundamental de toda persona a un “ambiente sano y ecológicamente equilibrado” y concomitantemente, el deber constitucional del Estado de “garantizar, defender y preservar ese derecho” (ordinal 50 de la Carta Magna).
En virtud de lo anterior, lleva razón el recurrente cuando endilga el quebranto de los principios de instrumentalidad y provisionalidad, los cuales, de conformidad con lo establecido en el numeral 7 de la Ley General de la Administración Pública, ante el vacío normativo que existe en la materia, adquieren rango legal. En este sentido, no resulta admisible el criterio expuesto por el Tribunal cuando aduce que “las medidas acordadas por el Ministerio de Ambiente y Energía, serían el primer paso en la recuperación de bienes pertenecientes a la Nación”. Tal y como se ha indicado, las medidas cautelares se dan en función de un procedimiento principal que, en el caso concreto, y según se desprende del considerando segundo del acto impugnado, es la denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo por la invasión de un área protegida.
No obstante lo anterior, y por la relevancia del tema, es importante referirse al régimen de protección de las nacientes, el cual prevé distintos supuestos, los cuales tienen en común, el establecimiento de un área alrededor de estas sobre la cual recae la respectiva tutela. El ordenamiento jurídico dispone dos supuestos; una afectación de esa franja al demanio público (ordinales 7 de la Ley de Tierras y Colonización y 31 de la Ley de Aguas), o bien, mantener el inmueble como propiedad privada pero protegida (artículos 33 y 34 de la Ley Forestal). Al margen de la naturaleza del terreno en cuestión (que no se encuentra en discusión en el presente proceso), aún en el supuesto de menor protección, es decir, tratándose de un área protegida en propiedad privada, no puede dejarse de lado que las consecuencias que de esta calificación legal se desprenden una serie de limitaciones a la propiedad. Además de la explícita a que hace referencia el numeral 34 del cuerpo normativa citado, y que consiste en una prohibición para cortar árboles, lo cierto es que el establecimiento de un área de protección alrededor de la naciente lleva implícito una restricción al ejercicio de aquellas facultades de dominio que puedan afectar, directa o indirectamente, una naciente permanente.
English (translation)The absence of a broader regulation of the matter does not mean that the precautionary regime is exhausted in the suspension incident. On the contrary, that power is inherent to the processing of the administrative procedure, so the competent body may adopt such measures as it deems appropriate, without thereby violating the principle of legality. It is an implied power, enabled by the regulation of public purposes (which are always derived from the legal system) which the respective administrative procedure seeks to achieve and to which it is subject. In environmental matters, this empowerment is reinforced insofar as the fundamental right of every person to a “healthy and ecologically balanced environment” is recognized, and concomitantly, the constitutional duty of the State to “guarantee, defend and preserve that right” (Article 50 of the Constitution).
By virtue of the above, the appellant is correct in alleging the violation of the principles of instrumentality and temporariness, which, in accordance with Article 7 of the General Public Administration Law, given the regulatory gap that exists in the matter, acquire statutory rank. In this sense, the criterion expressed by the Tribunal is not admissible when it argues that “the measures agreed upon by the Ministry of Environment and Energy would be the first step in the recovery of assets belonging to the Nation”. As stated, precautionary measures are given based on a principal procedure that, in the specific case and as follows from the second recital of the challenged act, is the complaint before the Environmental Administrative Tribunal for the encroachment of a protected area.
Notwithstanding the foregoing, and due to the relevance of the issue, it is important to refer to the regime for the protection of springs, which provides for different scenarios, all of which have in common the establishment of an area around them over which the respective protection applies. The legal system provides for two scenarios: an affectation of that strip to the public domain (Article 7 of the Land and Colonization Law and Article 31 of the Water Law), or keeping the property as private but protected (Articles 33 and 34 of the Forestry Law). Regardless of the nature of the land in question (which is not under discussion in this proceeding), even in the scenario of lesser protection, i.e., in the case of a protected area on private property, it cannot be ignored that this legal classification entails a series of limitations on ownership. In addition to the explicit one referred to in Article 34 of the cited statute, which consists of a prohibition on cutting trees, the establishment of a protection area around the spring implicitly restricts the exercise of those ownership powers that may affect, directly or indirectly, a permanent spring.
Partially granted
Grande Normal Pequeña Sala Primera de la Corte Resolución Nº 00199 - 2010 Fecha de la Resolución: 04 de Febrero del 2010 a las 15:30 Expediente: 04-001271-0163-CA Redactado por: Oscar González Camacho Analizado por: SALA PRIMERA Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencias Relacionadas Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Daño Subtemas: Daño ambiental. Análisis normativo sobre la obligación de proteger el medio ambiente, procurando un desarrollo sano y ecológicamente equilibrado. En la especie, si bien la medida cautelar impugnada debe ser anulada, tanto la actora como el Ministerio de Ambiente, así como cualquier otra institución competente, se encuentran en la obligación legal de prevenir cualquier acción que pueda incidir en forma negativa sobre una naciente. Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Daño Subtemas: Daños y perjuicios. Para acredictar los daños y perjuicios se requiere su efectiva demostración (artículo 290, inciso 5, Código Procesal Civil). Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Medio ambiente Subtemas: Concepto y alcance. Análisis normativo sobre la obligación de proteger el medio ambiente, procurando un desarrollo sano y ecológicamente equilibrado. En la especie, si bien la medida cautelar impugnada debe ser anulada, tanto la actora como el Ministerio de Ambiente, así como cualquier otra institución competente, se encuentran en la obligación legal de prevenir cualquier acción que pueda incidir en forma negativa sobre una naciente. Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Medida cautelar Subtemas: Concepto y alcance. Análisis sobre el régimen cautelar en sede administrativa: concepto, momento en que puede ser adoptada, principios de instrumentalidad o accesoriedad y provisionalidad; así como la forma en que se extingue o sustituye. En la especie, el Ministerio de Ambiente y Energía dictó una medida cautelar para detener las obras constructivas en un área de protección de una naciente, lo cual se estimó contrario a los citados principios, debido a que no se inició el procedimiento administrativo respectivo, conllevando el decaimiento de la medida cautelar. Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Naciente Subtemas: Concepto y alcance. Análisis sobre el régimen de protección de las nacientes: supuestos y limitaciones a la facultad de dominio. Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Interpretación normativa Subtemas: Concepto y alcance. La norma administrativa debe interpretarse de la manera que mejor garantice el fin público que se persigue (ordinal 10 Ley General de la Administración Pública). Texto de la resolución *040012710163CA* Exp. 04-001271-0163-CA Res. 000199-F-S1-2010 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas treinta minutos del cuatro de febrero de dos mil diez. Proceso ordinario establecido en el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, por CÓMPUTOS CONTABLES SOCIEDAD ANÓNIMA, ROMARICA SOCIEDAD ANÓNIMA, ambas representadas por apoderado generalísimo sin límite de suma Carlos Manuel Rodríguez Murillo, licenciado en ciencias económicas y sociales, HILDA MARÍA RODRÍGUEZ BRENES, divorciada, contadora privada; contra el ESTADO, representado por las procuradoras Ana Cecilia Chen Apuy, vecina de Heredia, y Maureen Medrano Brenes. Figuran como apoderados especiales judiciales de la parte actora, Eduardo Sancho González y Miguel Eduardo Sancho Monge. Las personas físicas son mayores de edad, y con las salvedades hechas, casados, abogados y vecinos de San José. RESULTANDO 1.- Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, la parte actora estableció demanda cuya cuantía se fijó en la suma de cincuenta millones de colones, a fin de que en sentencia se declare: “a.- Que es absolutamente nula, por arbitraria, la medida cautelar dictada por el MINAE mediante resolución SRSJ-061-03, de las 14:10 horas, del 27 de enero del 2002; b.- Que como consecuencia de la nulidad que se declara, se restituye a la parte actora en el pleno goce de sus derechos fundamentales, derivados de los permisos y licencias de construcción de la Urbanización Los Helechos, ubicada en el Cantón de Vázquez de Coronado; c.- Que debe, el Estado, resarcir plenariamente –“restitutio in íntegrum”- a la parte actora, de todos los daños –incluido el moral- y perjuicios irrogados, con el dictado de la medida cautelar que se anula, los que se liquidarán en la vía de ejecución de sentencia. d.- Que son ambas costas a cargo del Estado.” 2.- El representante estatal contestó negativamente y opuso la defensa previa de litisconsorcio pasivo necesario, la cual fue rechazada interlocutoreamente, así como las excepciones de falta de derecho y la expresión genérica de “sine actione agit”. 3.- El Juez Otto González Vilchez, en sentencia no. 1223-07 de las 8 horas del 19 de noviembre de 2007, resolvió: "Se declara sin lugar la excepción de litis consorcio pasivo necesario. Se declaran con lugar las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva y falta de interés actual. Se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda interpuesta por ROMARICA S.A (sic), CÓMPUTOS CONTABLES S.A (sic) y Hilda María Rodríguez Brenes contra EL (sic) ESTADO. Se condena al pago de ambas costas de este asunto a la parte actora.” 4.- El licenciado Sancho González, en su expresado carácter, apeló; y el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Décima, integrado por la Juezas Alinne Solano Ramírez, Judith Reyes Castillo, y el Juez Jonatán Canales Hernandez, en sentencia no. 32-2009 de las 11 horas 40 minutos del 3 de marzo de 2009, resolvió: “Se declara sin lugar el recurso de apelación de las actoras y se confirma la sentencia impugnada.-“ 5.- Los representantes del actor formulan recurso de casación indicando las razones en que se apoyan para refutar la tesis del Tribunal de instancia. Redacta el Magistrado González Camacho CONSIDERANDO I.- La empresa ROMARICA S.A. (en adelante ROMARICA) y Cómputos Contables S.A. (en lo sucesivo, Cómputos Contables) iniciaron el desarrollo de un proyecto habitacional en su propiedad, ubicada en Vázquez de Coronado, y que se denominaría Los Helechos. El funcionario del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Francisco Arce Umaña, en una visita de inspección, determinó que se dio una invasión de un área de protección de una naciente permanente con obras constructivas. Como consecuencia de lo anterior, procedió a interponer la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía del Segundo Circulito Judicial de San José, causa que se tramitó bajo el número de expediente 02-002322-0175-PE. El Área de Conservación de la Oficina Subregional de San José, del Ministerio de Ambiente y Energía, mediante oficio SRSJ-061-03, emitió una medida cautelar en la que se ordenó la abstención de continuar con las labores dentro de esa área. Inconforme las interesadas con dicho acto, lo impugnaron hasta agotar la vía administrativa. Las empresas indicadas interpusieron proceso contencioso administrativo en el que solicitan, en lo medular, que se declare nula la medida cautelar dictada, y en consecuencia, se les restituya en el pleno goce de sus derechos fundamentales, derivados de los permisos y licencias de construcción, se le indemnicen todos los daños y perjuicios irrogados, los que se liquidarán en ejecución de sentencia. Requiere, además, se condene al Estado al pago de ambas costas. La representación estatal se opuso y planteó la excepción previa de litisconsorcio pasivo necesario, rechazada mediante resolución interlocutoria no. 1130-2003, de las 10 horas del 28 de setiembre de 2006. Asimismo, interpuso las de falta de derecho y la denominación genérica de “sine actione agit”. El juez de primera instancia se refirió nuevamente a la defensa previa de litisconsoricio pasivo necesario, la cual rechazó, y acogió la de falta de derecho por lo que declaró sin lugar en todos sus extremos la demanda, condenando a las actoras al pago de ambas costas. El Tribunal, por su parte, confirmó la sentencia. Acude en casación el representante de las actoras. II.- Como primer motivo, acusa un error de derecho en la valoración de los hechos probados 10 y 18, así como el segundo hecho no probado, por violación a las reglas de la sana crítica (numeral 330 del Código Procesal Civil) y del valor probatorio de los documentos públicos (ordinales 369 y 370 del mismo cuerpo normativo). Endilga conculcados los principios generales del derecho que informan las medidas cautelares, de conformidad con los párrafos 1 y 2 del artículo 7 de la Ley General de Administración Pública (en lo sucesivo, LGAP), así como el cardinal 145 LGAP. Aclara que en la formulación del recurso, hace referencia tanto al cuadro fáctico que tuvieron por acreditado el Juzgado y el Tribunal, debido a que este último confirmó la mayoría de los hechos fijados por el primero. En cuanto al hecho probado 18, narra, se tiene por acreditado que el acto que impone la medida cautelar impugnada es la resolución administrativa SRSJ-061-03, la cual limita sus efectos temporales o su eficacia hasta tanto el Tribunal Ambiental Administrativo adopte la decisión final. En el número 10, apunta, se tiene por acreditado que mediante oficio TAA-212-02, este órgano se declaró incompetente, por lo que resulta imposible tramitar un proceso administrativo contra el proyecto de los actores, y en el hecho no probado identificado con el número dos, adicionado por el Ad quem, se establece que no se ha demostrado la existencia de algún proceso administrativo sancionatorio establecido con posterioridad a la medida cautelar ante el Tribunal Ambiental Administrativo. Asevera, no se valoró en forma correcta el oficio TAA-212-02, el cual, por ser documento público, constituye plena prueba, mediante el cual se determina que no hay proceso administrativo alguno al cual se pueda subordinar la medida cautelar. Arguye, los fallos de instancia reconocen, de manera tácita, este hecho, por lo que, en forma oficiosa han intentado subsanar dicha situación subordinando la medida cautelar a la causa penal tramitada bajo el expediente 02-2322-0175-PE, lo que califica como incorrecto. Esto por cuanto, afirma, el acto en cuestión sujeta su validez y eficacia al dictado del acto final del procedimiento administrativo ordinario y no al judicial. En todo caso, agrega, la causa penal fue desestimada desde el año 2006, mediante sentencia de las 7 horas 40 minutos del 5 de mayo de ese año. Como consecuencia de lo anterior, expone, se violentan los principios de subordinación y accesoriedad (o instrumentalidad) de las medidas cautelares, aplicables en virtud de lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del numeral 7 de la LGAP, en ausencia de disposiciones normativas que regulan la materia, y que adquieren rango de ley. En este sentido, plantea, el ordenamiento jurídico costarricense no regula las características y naturaleza de dicho instituto procesal. Desarrolla el concepto de medida cautelar y destaca que su finalidad es el aseguramiento del objeto en un proceso principal, por lo que también se les conoce como asegurativas. En respaldo de lo anterior, cita al autor colombiano Devis Echandía. Señala que si bien no existe coincidencia en cuanto a las características, dentro de las cuales cita la instrumentalidad, provisionalidad, sumariedad y urgencia, si existe uniformidad respecto a las dos primeras. Según la primera, indica, las medidas cautelares sostienen una relación de servicio respecto del proceso principal en el que son dictadas. Explica, la dependencia es tal que, una vez que este último finaliza, la medida deja de existir. En cuanto a la provisionalidad, dice, esta tiene una limitación temporal, puesto que se extingue al momento de dictarse una resolución definitiva, por lo que su duración viene a ser determinada por la pendencia del proceso principal. Transcribe, en refuerzo de lo anterior, lo expuesto por el autor costarricense Jinesta Lobo. Respecto del caso concreto, aduce, al no existir procedimiento administrativo, y siendo que el propio acto mediante el cual se adoptó condicionó sus efectos a la finalización de éste, la violación se vuelve más grosera. De igual forma, endilga quebranto del numeral 145 de la LGAP ya que el acto contenía el límite temporal indicado. Concluye, al día de hoy, 6 años después de dictada la medida cautelar, la cual se supone provisional o de efectos limitados en el tiempo, se ha perpetuado y mantiene su vigencia. Como segundo motivo, considera vulnerado, por errónea interpretación, los ordinales 33 y 34 de la Ley Forestal, los cuales, refiere, deben ser analizados en forma conjunta, así como su aplicación indebida, por lo que se conculca el numeral III.3.7.6 del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones. Expone, la propia Procuraduría General de la República, en ejercicio de su competencia consultiva, ha dado el sentido correcto de dichas normas, para lo cual transcribe parcialmente el dictamen C-295-2001, en donde, afirma, la zona de prohibición de 100 metros se refiere, únicamente, a la corta de árboles. Con base en las opiniones jurídicas OJ-022-99 del 19 de febrero de 1999 y OJ-064-2002 (sin indicar su fecha) plantea que la posición de la Procuraduría es más explícita al indicar que esa zona de protección es una limitación de corta de arboles, y que la titularidad de esa área le pertenece al dueño registral del inmueble, ya que ambas normas se encuentran dentro del capítulo sobre propiedad forestal privada. Además, señala, el pronunciamiento hace referencia al Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU, según el cual, la prohibición para construir alrededor de nacientes es en un radio de 50 metros. Aclara lo anterior explicando que dentro de los 100 metros, no se puede talar árboles, y dentro de los 50 metros, no se puede construir. Por ello considera que se ha incurrido en una interpretación indebida al prohibirse la construcción dentro de la primera de estas zonas. Por ello, aduce, el Ad quem debió determinar que la medida cautelar resultaba contraria a derecho, y que nunca se estableció ni se comprobó que el desarrollo urbanístico en la zona del proyecto hubiese derivado en la corta de árboles, como es lógico entender ya que la naciente se ubica en una propiedad ajena y que nada tiene que ver con el inmueble de las sociedades actoras. III.- En su primer reparo, el recurrente cuestiona la validez de la medida cautelar por cuanto vulnera los principios generales del derecho aplicables al régimen cautelar en materia administrativa. En primer término, debe aclararse que si bien la censura fue planteada como un error de derecho, esto es, una violación indirecta, lo cierto del caso es que su reclamo no se dirige a cuestionar la valoración del elenco probatorio y la fijación del cuadro fáctico, que con base en este, fue realizada en primera y segunda instancia. Lo anterior resulta más claro si se observa que el propio recurrente se basa en los hechos que se tuvieron por acreditados y por no demostrados para afirmar la improcedencia de la medida cautelar. En este sentido, lo que se cuestiona es la aplicación del régimen cautelar al caso en concreto, por lo que la censura debe ser recalificada como una violación directa, por falta de aplicación. Ahora bien, es importante destacar que el recurrente no cuestiona la posibilidad que tiene la Administración Pública para adoptar la medida en cuestión, sin embargo, es importante realizar algunas precisiones sobre el régimen cautelar en sede administrativa. El tema de las medidas cautelares ha sido analizado, primordialmente, a partir del proceso jurisdiccional, sin embargo, la Administración Pública, en el ejercicio de sus funciones, y en particular, en relación con los procedimientos administrativos que debe seguir para la emisión de actos administrativos que inciden sobre la esfera jurídica de los particulares (artículo 308 de la Ley General de la Administración Pública), se ubica en una situación similar a la de los órganos jurisdiccionales. Esto es, de cara al procedimiento administrativo, en determinados casos surge la necesidad de evitar que se produzca un daño de imposible o difícil reparación en tanto se adopta la decisión final. Desde esta perspectiva, el marco general de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo, así como sus alcances, características y requisitos, resulta aplicable, mutatis mutandi, en sede administrativa. En esta línea, la Ley General de la Administración Pública prevé la posibilidad de suspender los efectos del acto administrativo, a pesar del principio de ejecutoriedad, cuando su ejecución pueda causar daños de difícil o imposible reparación. No obstante, no debe entenderse que esta es la única medida con que cuenta la Administración. La ausencia de una regulación más amplia del tema no conlleva a que el régimen cautelar se agote en el incidente de suspensión. Por el contrario, dicha facultad es consustancial a la tramitación del procedimiento administrativo, por lo que el órgano competente puede adoptar aquellas medidas que considere oportunas, sin que por ello vulnere el principio de legalidad. Se trata de una potestad implícita, habilitada por la regulación de los fines públicos (los cuales siempre se derivan del ordenamiento jurídico) cuya consecución busca el respectivo procedimiento administrativo del cual pende, y a los cuales se encuentra supeditado. En materia ambiental, esta habilitación se ve reforzada en tanto se reconoce el derecho fundamental de toda persona a un “ambiente sano y ecológicamente equilibrado” y concomitantemente, el deber constitucional del Estado de “garantizar, defender y preservar ese derecho” (ordinal 50 de la Carta Magna). Ahora bien, la medida cautelar puede ser conceptualizada como aquella decisión del juez o del órgano administrativo, según el caso, en donde se dispone una protección, necesaria, idónea y temporal a un derecho, interés (el cual puede ser incluso difuso) o situación jurídica a efectos de evitar un daño de imposible o difícil reparación que incida o pueda incidir en el objeto del proceso o procedimiento o en la ejecución de la resolución final. Esta puede ser adoptada durante la tramitación del proceso o procedimiento, o bien con anterioridad, a condición de que se interponga el principal. Ahora bien, en cuanto a los principios que le son aplicables, y en lo que interesa para el caso concreto, es necesario referirse a los de instrumentalidad y provisionalidad. En cuanto al primero, calificado también como accesoriedad, se refiere a la función indicada de garantizar la efectividad –que no necesariamente ejecución- de la decisión final que se adopte. Así, la medida cautelar se encuentra vinculada y supeditada al procedimiento principal (de ahí que se haga la distinción entre proceso cautelar y principal), de forma tal que esta, sólo puede ser dictada con motivo de aquél. Adquiere, en consecuencia, una posición vicarial, al servicio del procedimiento principal. De igual forma, en caso de que el procedimiento finalice por cualquier otra causa, o bien, que no se interponga, la medida adoptada no puede subsistir, por lo que se da su decaimiento. La provisionalidad, por su parte, se refiere a la eficacia temporal de la medida cautelar. En este sentido, la resolución final viene a extinguir y/o sustituir la previsión adoptada en forma interlocutoria. IV.- Como se indicó, la censura del recurrente no viene a cuestionar la facultad de la Administración para adoptar medidas cautelares, sino por el contrario, a recriminar que el acto contenido en el oficio SRSJ-061-03 de las 14 horas 10 minutos del 27 de enero de 2003, objeto de impugnación en el presente proceso, resulta disconforme con el ordenamiento jurídico, al vulnerar los principios de instrumentalidad y provisionalidad, así como el 145 de la Ley General de la Administración Pública. En la especie, se puede observar que el oficio impugando ordenó la paralización de las obras en el área protegida como un mecanismo para asegurar la efectividad de lo que en definitiva se resolviera en sede administrativa sobre la supuesta invasión realizada por la empresa actora. Lo anterior se desprende de la parte dispositiva del acto en cuestión, en donde se indica, textualmente: “Los efectos de esta medida cautelar interlocutoria persistirán hasta que el Tribunal Ambiental Administrativo dicte el acto final del procedimiento ordinario administrativo.” Esta condición suspensiva, consustancial a la figura y manifestación de los principios a que se ha hecho referencia en el considerando anterior, según lo ya explicado, no se dio. Tal y como se tuvo por probado en la sentencia de primera instancia, y que fue ratificado por el Ad quem, mediante el oficio TAA-212-02, el Tribunal Ambiental Administrativo consideró que resultaba incompetente para conocer la denuncia interpuesta por haber sido presentada en forma previa en sede penal. De igual forma, no consta prueba de que se haya iniciado, o que se esté tramitando, ningún procedimiento administrativo para definir la situación jurídica de las sociedades actoras en relación con el proyecto urbanístico. En virtud de lo anterior, lleva razón el recurrente cuando endilga el quebranto de los principios de instrumentalidad y provisionalidad, los cuales, de conformidad con lo establecido en el numeral 7 de la Ley General de la Administración Pública, ante el vacío normativo que existe en la materia, adquieren rango legal. En este sentido, no resulta admisible el criterio expuesto por el Tribunal cuando aduce que “las medidas acordadas por el Ministerio de Ambiente y Energía, serían el primer paso en la recuperación de bienes pertenecientes a la Nación”. Tal y como se ha indicado, las medidas cautelares se dan en función de un procedimiento principal que, en el caso concreto, y según se desprende del considerando segundo del acto impugnado, es la denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo por la invasión de un área protegida. En este sentido, dicho oficio, luego de afirmar que el objetivo es prevenir una afectación de bienes demaniales, ratifica las potestades sancionatorias de la Administración Pública según el numeral 9 de la Ley Orgánica del Ambiente, y señala: “En el presente caso se ha acreditado que la empresa ROMARICA S.A., ha invadido las áreas de la implementación de la presente protección de un (sic) naciente ubicado en el desarrollo de la urbanización Los Helechos en Coronado, quien ejecuta las labores detalladas en la denuncia de marras, podrían ocasionar daños ambientales de imposible reparación al área de protección que afectarán la naciente y su caudal con su posible pérdida.” (el subrayado no es del original) De lo anterior se puede extraer que la intención de la Administración no ha sido expropiar dichos terrenos, sino garantizar el eventual resultado de la denuncia interpuesta por el funcionario Francisco Arce Umaña y es respecto de esta que debe analizarse la instrumentalidad. En consecuencia, al no haberse iniciado el procedimiento respectivo, conlleva al decaimiento de la medida cautelar. En razón de lo expuesto, debe acogerse la censura planteada. V.- No obstante lo anterior, y por la relevancia del tema, es importante referirse al régimen de protección de las nacientes, el cual prevé distintos supuestos, los cuales tienen en común, el establecimiento de un área alrededor de estas sobre la cual recae la respectiva tutela. El ordenamiento jurídico dispone dos supuestos; una afectación de esa franja al demanio público (ordinales 7 de la Ley de Tierras y Colonización y 31 de la Ley de Aguas), o bien, mantener el inmueble como propiedad privada pero protegida (artículos 33 y 34 de la Ley Forestal). Al margen de la naturaleza del terreno en cuestión (que no se encuentra en discusión en el presente proceso), aún en el supuesto de menor protección, es decir, tratándose de un área protegida en propiedad privada, no puede dejarse de lado que las consecuencias que de esta calificación legal se desprenden una serie de limitaciones a la propiedad. Además de la explícita a que hace referencia el numeral 34 del cuerpo normativa citado, y que consiste en una prohibición para cortar árboles, lo cierto es que el establecimiento de un área de protección alrededor de la naciente lleva implícito una restricción al ejercicio de aquellas facultades de dominio que puedan afectar, directa o indirectamente, una naciente permanente. Afirmar lo contrario podría derivar en el contrasentido de que se permita levantar una edificación que destruya dicho recurso natural a condición de que no se tale ningún árbol, o como en el presente caso, que no hayan árboles sembrados. En este sentido, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el numeral 10 de la Ley General de la Administración Pública, el cual establece que la norma administrativa debe interpretarse de la manera que mejor garantice el fin público que se persigue. En materia ambiental, además de lo preceptuado en el ordinal 50 constitucional y que fue objeto de análisis en el considerando III, debe tenerse en cuenta que el Estado se encuentra compelido a velar por la protección del ambiente, procurando un desarrollo sano y ecológicamente equilibrado. Esta obligación de rango constitucional ha sido desarrollada en diversas normas de rango legal, como por ejemplo la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Biodiversidad, entre otras. En virtud de lo anterior, si bien la medida cautelar impugnada debe ser anulada, tanto la parte actora como el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, así como cualquier otra institución competente, se encuentran en la obligación legal de prevenir cualquier acción que pueda incidir en forma negativa sobre la naciente. Adicionalmente, aprecia esta Cámara que existe una disputa en cuanto al cumplimiento o no de los requisitos que en materia ambiental exige la legislación, en particular, respecto de la exoneración en el cumplimiento de la evaluación de impacto ambiental. Este es un aspecto que no fue conocido ni definido en el presente proceso, por lo que lo acá dispuesto, no incide en la solución de dicho diferendo. En consecuencia, debe la Administración Pública velar por el cumplimiento de las normas que rigen la materia. VI.- Sobre los restantes extremos de la demanda. Siendo que tanto en primera como en segunda instancia la demanda fue declarada sin lugar en cuanto a la pretensión anulatoria, de conformidad con el artículo 610 inciso 2) del Código Procesal Civil, procede hacer pronunciamiento expreso en cuanto a las restantes pretensiones aducidas por las sociedades actoras en la deducción de la demanda. Así, en cuanto a los daños y perjuicios, se observa que estos no han sido acreditados mediante prueba en el sub judice. Tal y como lo ha indicado en otras ocasiones esta Sala, no basta con alegar que estos se han producidos, sino que resulta necesario su efectiva demostración. En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el canon 290 inciso 5 del Código Procesal Civil, este extremo de la demanda debe ser rechazado. En cuanto a la condenatoria en costas, considera este órgano que lo procedente es condenar en ambas costas al vencido. VII.- En virtud de lo anterior, se debe acoger el recurso y anular la sentencia del Tribunal. Por la forma en que se resuelve, se omite pronunciamiento en cuanto al segundo reparo planteado. Según lo prescribe el cardinal 610 del Código Procesal Civil, fallando por el fondo, se revoca la sentencia de primera instancia, y en su lugar se acoge parcialmente la excepción de falta de derecho en cuanto a los daños y perjuicios rechazándose en lo demás, junto con la expresión genérica sine actione agit. Así, se debe declarar parcialmente procedente la demanda, anulando el oficio SRSJ-061-03 del 27 de enero de 2002. POR TANTO Se acoge el recurso. Se anula la sentencia del Tribunal y fallando por el fondo, se revoca la sentencia de primera instancia. En su lugar se rechaza la excepción de falta de derecho y la expresión genérica sine actione agit, se declara parcialmente procedente la demanda y sus extremos, se anula el oficio SRSJ-061-03 del 27 de enero de 2002. En cuanto al extremo de daños y perjuicios, se acoge la excepción de falta de derecho y en consecuencia se deniega dicha pretensión. Se impone el pago de las costas personales y procesales al Estado. Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Óscar Eduardo González Camacho Carmenmaría Escoto Fernández José Rodolfo León Díaz DCASTROA Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected] Clasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-03-2026 21:00:06. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Sala Primera de la Corte **Ruling No. 00199 - 2010** **Date of Ruling:** February 4, 2010 at 15:30 **Case File:** 04-001271-0163-CA **Drafted by:** Oscar González Camacho **Analyzed by:** SALA PRIMERA **Relevance Indicators** Relevant ruling **Related Rulings** **Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** Administrative Litigation **Topic:** Damage **Subtopics:** Environmental damage. Regulatory analysis of the obligation to protect the environment, ensuring healthy and ecologically balanced development. In the case at hand, although the challenged interim measure must be annulled, both the plaintiff and the Ministry of Environment, as well as any other competent institution, are under a legal obligation to prevent any action that could negatively affect a spring (naciente). **Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** Administrative Litigation **Topic:** Damage **Subtopics:** Damages (daños y perjuicios). To prove damages (daños y perjuicios), their effective demonstration is required (article 290, subsection 5, Civil Procedure Code). **Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** Administrative Litigation **Topic:** Environment **Subtopics:** Concept and scope. Regulatory analysis of the obligation to protect the environment, ensuring healthy and ecologically balanced development. In the case at hand, although the challenged interim measure must be annulled, both the plaintiff and the Ministry of Environment, as well as any other competent institution, are under a legal obligation to prevent any action that could negatively affect a spring (naciente). **Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** Administrative Litigation **Topic:** Interim measure (medida cautelar) **Subtopics:** Concept and scope. Analysis of the interim relief regime in administrative proceedings: concept, moment at which it may be adopted, principles of instrumentality or accessoriness and provisionality; as well as the manner in which it is extinguished or substituted. In the case at hand, the Ministry of Environment and Energy issued an interim measure to halt construction works in a protection area of a spring (naciente), which was deemed contrary to the cited principles, because the respective administrative proceeding was not initiated, leading to the lapse of the interim measure. **Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** Administrative Litigation **Topic:** Spring (naciente) **Subtopics:** Concept and scope. Analysis of the regime for protecting springs (nacientes): assumptions and limitations on the power of ownership. **Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** Administrative Litigation **Topic:** Regulatory interpretation **Subtopics:** Concept and scope. The administrative norm must be interpreted in the manner that best guarantees the public purpose pursued (section 10, General Public Administration Law). **Text of the Ruling** *040012710163CA* Exp. 04-001271-0163-CA Res. 000199-F-S1-2010 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at fifteen hours thirty minutes on February fourth, two thousand ten. Ordinary proceeding filed in the Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, by CÓMPUTOS CONTABLES SOCIEDAD ANÓNIMA, ROMARICA SOCIEDAD ANÓNIMA, both represented by general attorney-in-fact without sum limit Carlos Manuel Rodríguez Murillo, licentiate in economic and social sciences, HILDA MARÍA RODRÍGUEZ BRENES, divorced, private accountant; against the STATE, represented by prosecutors Ana Cecilia Chen Apuy, resident of Heredia, and Maureen Medrano Brenes. Appearing as special judicial attorneys of the plaintiff, Eduardo Sancho González and Miguel Eduardo Sancho Monge. The natural persons are of legal age, and with the exceptions noted, married, attorneys, and residents of San José. RESULTANDO 1.- Based on the facts stated and the legal provisions cited, the plaintiff filed a complaint whose amount was set at fifty million colones, so that in judgment it be declared: “a.- That the interim measure issued by MINAE by resolution SRSJ-061-03, at 14:10, on January 27, 2002, is absolutely null, as arbitrary; b.- That as a consequence of the declared nullity, the plaintiff be restored to full enjoyment of its fundamental rights, derived from the construction permits and licenses for the Urbanización Los Helechos, located in the Canton of Vázquez de Coronado; c.- That the State must fully compensate—‘restitutio in integrum’—the plaintiff, for all damages –including moral damages– and losses caused, by the issuance of the annulled interim measure, which shall be liquidated in the judgment enforcement phase. d.- That both costs be borne by the State.” 2.- The state representative answered negatively and raised the preliminary defense of necessary passive joinder, which was rejected interlocutorily, as well as the exceptions of lack of right and the generic expression “sine actione agit”. 3.- Judge Otto González Vilchez, in judgment no. 1223-07 at 8:00 a.m. on November 19, 2007, resolved: “The exception of necessary passive joinder is declared without merit. The exceptions of lack of right, lack of active and passive standing, and lack of current interest are granted. The complaint filed by ROMARICA S.A (sic), CÓMPUTOS CONTABLES S.A (sic), and Hilda María Rodríguez Brenes against THE (sic) STATE is declared without merit in all its parts. The plaintiff is ordered to pay both costs of this matter.” 4.- Attorney Sancho González, in his stated capacity, appealed; and the Tribunal Contencioso Administrativo, Section Ten, composed of Judges Alinne Solano Ramírez, Judith Reyes Castillo, and Judge Jonatán Canales Hernandez, in judgment no. 32-2009 at 11:40 a.m. on March 3, 2009, resolved: “The appeal of the plaintiffs is declared without merit and the contested judgment is affirmed.” 5.- The plaintiff’s representatives filed a cassation appeal, indicating the reasons on which they rely to refute the thesis of the lower court. Magistrate González Camacho drafts CONSIDERANDO I.- The company ROMARICA S.A. (hereinafter ROMARICA) and Cómputos Contables S.A. (hereinafter, Cómputos Contables) began the development of a housing project on their property, located in Vázquez de Coronado, to be called Los Helechos. An official of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, Francisco Arce Umaña, during an inspection visit, determined that there was an encroachment on a protection area of a permanent spring (naciente) with construction works. As a consequence, he proceeded to file the corresponding criminal complaint before the Prosecutor’s Office of the Segundo Circuito Judicial de San José, a case processed under file number 02-002322-0175-PE. The Área de Conservación of the Oficina Subregional de San José, of the Ministry of Environment and Energy, by official letter SRSJ-061-03, issued an interim measure ordering that work be stopped within that area. Dissatisfied with that act, the interested parties challenged it until exhausting administrative remedies. The indicated companies filed an administrative litigation proceeding essentially requesting that the issued interim measure be declared null, and consequently, that they be restored to the full enjoyment of their fundamental rights, derived from the construction permits and licenses, and that they be compensated for all damages and losses caused, to be liquidated in judgment enforcement. They also request that the State be ordered to pay both costs. The state representation opposed and raised the preliminary exception of necessary passive joinder, rejected by interlocutory resolution no. 1130-2003, at 10:00 a.m. on September 28, 2006. It also raised those of lack of right and the generic denomination “sine actione agit”. The first-instance judge again addressed the preliminary defense of necessary passive joinder, which he rejected, and granted that of lack of right, therefore declaring the complaint without merit in all its parts, ordering the plaintiffs to pay both costs. The Tribunal, for its part, affirmed the judgment. The representative of the plaintiffs appeals in cassation. II.- As a first ground, he alleges an error of law in the assessment of proven facts 10 and 18, as well as the second unproven fact, for violation of the rules of sound criticism (section 330 of the Civil Procedure Code) and the evidentiary value of public documents (sections 369 and 370 of the same regulatory body). He claims that the general principles of law that inform interim measures were violated, in accordance with paragraphs 1 and 2 of article 7 of the General Public Administration Law (hereinafter, LGAP), as well as section 145 LGAP. He clarifies that in the formulation of the appeal, he refers to both the factual framework that the Trial Court and the Tribunal considered accredited, since the latter affirmed the majority of the facts established by the former. Regarding proven fact 18, he narrates, it was considered accredited that the act imposing the challenged interim measure is administrative resolution SRSJ-061-03, which limits its temporal effects or its effectiveness until the Tribunal Ambiental Administrativo adopts a final decision. In number 10, he points out, it was considered accredited that by official letter TAA-212-02, this body declared itself incompetent, making it impossible to process an administrative proceeding against the plaintiffs’ project, and in the unproven fact identified as number two, added by the Ad quem, it is established that the existence of any sanctioning administrative proceeding initiated after the interim measure before the Tribunal Ambiental Administrativo has not been proven. He asserts that official letter TAA-212-02, which, being a public document, constitutes full proof, was not correctly assessed, through which it is determined that there is no administrative proceeding whatsoever to which the interim measure can be subordinated. He argues, the lower court judgments tacitly recognize this fact, so, sua sponte, they have attempted to remedy said situation by subordinating the interim measure to the criminal case processed under file 02-2322-0175-PE, which he describes as incorrect. This is because, he affirms, the act in question makes its validity and effectiveness contingent upon the issuance of the final act of the ordinary administrative proceeding, and not on the judicial one. In any case, he adds, the criminal case had been dismissed since 2006, by judgment at 7:40 a.m. on May 5 of that year. As a consequence of the foregoing, he states, the principles of subordination and accessoriness (or instrumentality) of interim measures, applicable by virtue of the provisions in paragraphs 1 and 2 of section 7 of the LGAP, in the absence of regulatory provisions governing the matter, and which acquire the rank of law, are violated. In this sense, he argues, the Costa Rican legal system does not regulate the characteristics and nature of said procedural institute. He develops the concept of interim measure and highlights that its purpose is the securing of the object in a main proceeding, which is why they are also known as assurance measures. In support of the foregoing, he cites Colombian author Devis Echandía. He notes that although there is no coincidence regarding the characteristics, among which he cites instrumentality, provisionality, summary nature, and urgency, there is uniformity regarding the first two. According to the first, he indicates, interim measures maintain a service relationship with respect to the main proceeding in which they are issued. He explains, the dependence is such that once the latter ends, the measure ceases to exist. As for provisionality, he says, this has a temporal limitation, since it extinguishes at the moment a final resolution is issued, so its duration is determined by the pendency of the main proceeding. He transcribes, in reinforcement of the foregoing, what was stated by Costa Rican author Jinesta Lobo. Regarding the specific case, he argues, since there is no administrative proceeding, and since the very act that adopted it conditioned its effects on its conclusion, the violation becomes all the more egregious. Likewise, he alleges breach of section 145 of the LGAP since the act contained the indicated temporal limit. He concludes, to date, 6 years after the interim measure, supposedly provisional or of limited effect in time, was issued, it has been perpetuated and maintains its validity. As a second ground, he considers sections 33 and 34 of the Ley Forestal, which, he refers, must be analyzed jointly, as violated by erroneous interpretation, as well as their improper application, thereby violating section III.3.7.6 of the Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones. He states, the Procuraduría General de la República itself, in the exercise of its advisory competence, has given the correct meaning of those norms, for which he partially transcribes opinion C-295-2001, where, he affirms, the 100-meter prohibition zone refers solely to tree felling. Based on legal opinions OJ-022-99 of February 19, 1999 and OJ-064-2002 (without indicating its date), he suggests that the Procuracy’s position is more explicit in indicating that said protection zone is a limitation on tree felling, and that the ownership of that area belongs to the registered owner of the property, since both norms are found within the chapter on private forest property. Furthermore, he notes, the pronouncement refers to the Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones of INVU, according to which the prohibition on building around springs (nacientes) is within a 50-meter radius. He clarifies the above by explaining that within 100 meters, trees cannot be felled, and within 50 meters, building is prohibited. He therefore considers that an improper interpretation has been made by prohibiting construction within the first of these zones. For this reason, he argues, the Ad quem should have determined that the interim measure was contrary to law, and that it was never established nor proven that the urban development in the project area had resulted in tree felling, which is logical to understand since the spring (naciente) is located on a third-party property that has nothing to do with the property of the plaintiff companies. III.- In his first objection, the appellant questions the validity of the interim measure because it violates the general principles of law applicable to the interim relief regime in administrative matters. First, it must be clarified that although the challenge was raised as an error of law, that is, an indirect violation, the truth of the matter is that his complaint is not aimed at questioning the assessment of the evidentiary array and the establishment of the factual framework, which, based on it, was carried out in the first and second instance. The foregoing is clearer if it is observed that the appellant himself relies on the facts that were considered accredited and not proven to assert the inadmissibility of the interim measure. In this sense, what is questioned is the application of the interim relief regime to the specific case, so the challenge must be reclassified as a direct violation, for lack of application. Now, it is important to note that the appellant does not question the possibility of the Public Administration to adopt the measure in question; however, it is important to make some clarifications about the interim relief regime in administrative proceedings. The topic of interim measures has been analyzed, primarily, from the jurisdictional process perspective; however, the Public Administration, in the exercise of its functions, and particularly, in relation to the administrative procedures it must follow for the issuance of administrative acts that affect the legal sphere of individuals (article 308 of the General Public Administration Law), is in a situation similar to that of jurisdictional bodies. That is, regarding the administrative proceeding, in certain cases the need arises to prevent irreparable or difficult-to-repair damage while the final decision is being adopted. From this perspective, the general framework of interim measures in administrative litigation proceedings, as well as their scope, characteristics, and requirements, is applicable, mutatis mutandi, in administrative proceedings. Along these lines, the General Public Administration Law provides for the possibility of suspending the effects of an administrative act, despite the principle of enforceability, when its execution may cause difficult or impossible to repair damages. However, it should not be understood that this is the only measure available to the Administration. The absence of a broader regulation on the topic does not mean that the interim relief regime is exhausted in the suspension incident. On the contrary, said power is inherent to the processing of the administrative proceeding, so the competent body may adopt those measures it deems appropriate, without thereby violating the principle of legality. It is an implied power, enabled by the regulation of the public purposes (which are always derived from the legal system) sought by the respective administrative proceeding upon which it depends, and to which it is subordinated. In environmental matters, this enabling is reinforced insofar as the fundamental right of every person to a “healthy and ecologically balanced environment” is recognized, and concomitantly, the constitutional duty of the State to “guarantee, defend and preserve that right” (section 50 of the Magna Carta). Now, an interim measure can be conceptualized as that decision of the judge or the administrative body, as the case may be, ordering necessary, suitable, and temporary protection for a right, interest (which may even be diffuse), or legal situation, in order to prevent impossible or difficult-to-repair damage that has or may have an impact on the object of the process or proceeding or on the execution of the final resolution. It may be adopted during the processing of the process or proceeding, or beforehand, provided the main action is filed. Now, as to the principles applicable to it, and as relevant to the specific case, it is necessary to refer to those of instrumentality and provisionality. As to the first, also described as accessoriness, it refers to the indicated function of guaranteeing the effectiveness—not necessarily the execution—of the final decision adopted. Thus, the interim measure is linked and subordinated to the main proceeding (hence the distinction between interim proceeding and main proceeding), in such a way that it can only be issued by reason of the latter. It consequently acquires a vicarious position, at the service of the main proceeding. Likewise, in the event that the proceeding ends for any other cause, or that it is not filed, the adopted measure cannot subsist, wherefore its lapse occurs. Provisionality, for its part, refers to the temporal effectiveness of the interim measure. In this sense, the final resolution extinguishes and/or substitutes the provision adopted interlocutorily. IV.- As indicated, the appellant’s challenge does not question the Administration’s power to adopt interim measures, but rather, reproaches that the act contained in official letter SRSJ-061-03 at 14:10 on January 27, 2003, the object of challenge in this proceeding, is inconsistent with the legal system, violating the principles of instrumentality and provisionality, as well as section 145 of the General Public Administration Law. In the case at hand, it can be observed that the challenged official letter ordered the stoppage of works in the protected area as a mechanism to ensure the effectiveness of whatever was definitively resolved in administrative proceedings regarding the alleged encroachment by the plaintiff company. The foregoing is evident from the operative part of the act in question, where it states, textually: “The effects of this interlocutory interim measure shall persist until the Tribunal Ambiental Administrativo issues the final act of the ordinary administrative proceeding.” This suspensive condition, inherent to the institute and a manifestation of the principles referred to in the preceding considering clause, as already explained, did not occur. As was considered proven in the first-instance judgment, and confirmed by the Ad quem, through official letter TAA-212-02, the Tribunal Ambiental Administrativo considered that it was incompetent to hear the filed complaint because it had been previously presented in criminal court. Likewise, there is no evidence that any administrative proceeding has been initiated, or is being processed, to define the legal situation of the plaintiff companies in relation to the urban project. By virtue of the foregoing, the appellant is correct when alleging the breach of the principles of instrumentality and provisionality, which, in accordance with the provisions of section 7 of the General Public Administration Law, given the regulatory vacuum existing in the matter, acquire legal rank. In this sense, the criterion stated by the Tribunal is not admissible when it argues that “the measures agreed by the Ministry of Environment and Energy would be the first step in the recovery of assets belonging to the Nation.” As has been noted, interim measures are made in function of a main proceeding that, in the specific case, and as evident from the second recital of the challenged act, is the complaint before the Tribunal Ambiental Administrativo for the encroachment of a protected area. In this sense, said official letter, after affirming that the objective is to prevent damage to public domain assets, ratifies the sanctioning powers of the Public Administration according to section 9 of the Ley Orgánica del Ambiente, and states: “In the present case, it has been proven that the company ROMARICA S.A., has encroached upon the areas for the implementation of this protection of a spring (naciente) located in the development of the urbanización Los Helechos in Coronado, whose execution of the labors detailed in the complaint in question, could cause irreversible environmental damage to the protection area that will affect the spring (naciente) and its flow with its possible loss.” (the underlining is not in the original) From the foregoing, it can be inferred that the Administration’s intention has not been to expropriate those lands, but to guarantee the eventual outcome of the complaint filed by official Francisco Arce Umaña, and it is with respect to this that instrumentality must be analyzed. Consequently, the failure to initiate the respective proceeding leads to the lapse of the interim measure. For the reasons stated, the challenge raised must be admitted. V.- Notwithstanding the foregoing, and due to the relevance of the issue, it is important to refer to the protection regime for springs (nacientes), which provides for different scenarios, all having in common the establishment of an area around them over which the respective protection rests. The legal system provides for two scenarios: the inclusion of that strip in the public domain (sections 7 of the Ley de Tierras y Colonización and 31 of the Ley de Aguas), or maintaining the property as privately owned but protected (articles 33 and 34 of the Ley Forestal). Regardless of the nature of the land in question (which is not under discussion in this proceeding), even under the lesser protection scenario, i.e., dealing with a protected area on private property, it cannot be ignored that the consequences of this legal designation entail a series of limitations on property rights. In addition to the explicit one referred to in section 34 of the cited regulatory body, which consists of a prohibition on felling trees, the fact is that the establishment of a protection area around a spring (naciente) implicitly entails a restriction on the exercise of those ownership powers that could directly or indirectly affect a permanent spring (naciente). To assert the contrary could lead to the contradiction of allowing a building to be erected that destroys said natural resource provided no trees are felled, or as in the present case, where there are no planted trees. In this sense, the provisions of section 10 of the General Public Administration Law must be taken into account, which establishes that administrative norms must be interpreted in the manner that best guarantees the public purpose pursued. In environmental matters, in addition to what is prescribed in constitutional section 50 and which was the subject of analysis in considering clause III, it must be borne in mind that the State is compelled to ensure the protection of the environment, striving for healthy and ecologically balanced development. This obligation, of constitutional rank, has been developed in various laws, such as the Ley Orgánica del Ambiente, the Biodiversity Law, among others. By virtue of the foregoing, although the challenged interim measure must be annulled, both the plaintiff and the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, as well as any other competent institution, are under the legal obligation to prevent any action that could negatively affect the spring (naciente). Additionally, this Chamber appreciates that there is a dispute as to whether or not the requirements demanded by environmental legislation are fulfilled, particularly regarding the exemption from completing the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental). This is an aspect that was not heard or defined in this proceeding, so what is ordered herein does not affect the resolution of that dispute. Consequently, the Public Administration must ensure compliance with the norms governing the matter. VI.- On the remaining parts of the complaint. Given that in both the first and second instance, the complaint was declared without merit regarding the annulment claim, in accordance with article 610, subsection 2) of the Civil Procedure Code, an express pronouncement must be made on the remaining claims asserted by the plaintiff companies in the complaint. Thus, regarding damages (daños y perjuicios), it is observed that these have not been proven by evidence in the sub judice. As this Chamber has indicated on other occasions, it is not enough to allege that they have occurred, but their effective demonstration is necessary. By virtue of the foregoing, in accordance with the provisions of article 290, subsection 5 of the Civil Procedure Code, this part of the complaint must be rejected. Regarding the award of costs, this body considers that it is proper to order the losing party to pay both costs. VII.- By virtue of the foregoing, the appeal must be granted and the Tribunal’s judgment annulled. Given the manner in which this is resolved, pronouncement on the second challenge raised is omitted. As prescribed by article 610 of the Civil Procedure Code, ruling on the merits, the first-instance judgment is reversed, and in its place, the exception of lack of right is partially granted regarding damages (daños y perjuicios), and rejected on the remainder, along with the generic expression sine actione agit. Thus, the complaint must be declared partially admissible, annulling official letter SRSJ-061-03 of January 27, 2002. POR TANTO The appeal is granted. The Tribunal’s judgment is annulled, and ruling on the merits, the first-instance judgment is reversed. In its place, the exception of lack of right and the generic expression sine actione agit are rejected, the complaint and its claims are declared partially admissible, and official letter SRSJ-061-03 of January 27, 2002 is annulled. Regarding the claim for damages (daños y perjuicios), the exception of lack of right is granted, and consequently, said claim is denied. The payment of personal and procedural costs is imposed on the State. Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Óscar Eduardo González Camacho Carmenmaría Escoto Fernández José Rodolfo León Díaz DCASTROA Telephones: (506) 2295-3658 or 2295-3659, e-mail [email protected] Classification prepared by SALA PRIMERA of the Poder Judicial. Prohibited its reproduction and/or distribution for profit. It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-03-2026 21:00:06. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República