Res. 01088-2011 Sala Primera de la Corte — Nullification of illegal transfer of forest-covered land forming part of the State’s natural heritageNulidad de traspaso ilegal de bien cubierto de bosque que es patrimonio natural del Estado

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Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 01088 - 2011

Fecha de la Resolución: 08 de Agosto del 2011 a las 08:55

Expediente: 08-000903-1027-CA

Redactado por: Luis Guillermo Rivas Loáiciga

Analizado por: SALA PRIMERA




Sentencia con nota separada

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Contencioso Administrativo

Tema: Bien demanial

Subtemas:

Bosque.

En la especie, se declaró la nulidad de un acuerdo, así como los actos y contratos que permitieron al Instituto de Desarrollo Agrario el traspaso ilegal de un bien de dominio público (sustentado en un reglamento declarado inconstitucional), el cual fue titulado en favor de un particular. El inmueble está dentro del patrimonio natural del Estado y tiene amplia cobertura boscosa, lo cual se acreditó con distintas probanzas. Por otro lado, estos bienes son inembargables e inalienables, cuya posesión por particulares no causará derecho alguno a su favor, siendo imprescriptible la acción reivindicatoria del Estado (numerales 13 y 14 de la Ley Forestal).

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Contencioso Administrativo

Tema: Patrimonio natural del Estado

Subtemas:

Concepto y alcance.

El artículo 13 de la Ley Forestal delimita el concepto normativo de patrimonio natural del Estado. Estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables y de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública. Para determinar si un inmueble formaba parte del patrimonio natural del Estado, se debe investigar los antecedentes de la finca, con el afán de precisar, si estuvo dentro del dominio del Estado o alguna de sus instituciones y si está cubierta de bosque.

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Texto de la resolución

 

*080009031027CA*

Exp: 08-000903-1027-CA

Res: 001088-F-S1-2011

         SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las ocho horas cincuenta y cinco minutos del ocho de agosto de dos mil once.

         Proceso de conocimiento de trámite preferente establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta del Segundo Circuito Judicial de San José por la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representado por sus gerentes asociados de la División de Asesoría y Gestión Jurídica, la licenciada Rosa María Fallas Ibáñez y el licenciado Luis Diego Ramírez González; contra el INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, representado por su presidente ejecutivo, Carlos Alberto Bolaños Céspedes y RONALD ELIZONDO SOLANO, agricultor, vecino de San José. Figuran además, como apoderada especial judicial del Instituto demandado, la licenciada Carmelina Vargas Hidalgo, divorciada y del codemandado Elizondo Solano, la licenciada Blanca Iris Navarro Miranda, soltera, abogada.  Las personas  físicas son mayores de edad y con las salvedades hechas, casados, abogados y vecinos de Heredia.

RESULTANDO

          1.- Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, la parte actora estableció proceso de conocimiento de trámite preferente, a fin de que en sentencia se declare:  “1) Que se anule el acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, contenido en el Artículo 32 de la sesión número 016-04 – de fecha 3 de mayo del 2004, únicamente, en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor del señor Ronald Elizondo Solano, descrita en el plano catastrado número SJ-600333-1999. 2) Que se anule la escritura pública número 47, otorgada ante los Notarios Públicos Giovanni Varela Dijeres y Alba Iris Ortiz Recio, a las 8 horas del día 24 de mayo del 2004, que formalizó y protocolizó la titulación emitida por el Instituto de Desarrollo Agrario, únicamente, en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor del señor Ronald Elizondo Solano. 3) Que se anule el asiento registral de inscripción de la finca inscrita bajo el sistema de Folio Real matrícula número 1-561877-000 (finca titulada), emitido por el Registro Nacional. 4) Que se declarare que la finca inscrita bajo el Folio Real matrícula número 1-561877-000 (finca titulada) fue inscrita ilegalmente a favor del señor Ronald Elizondo Solano. 5) Que se declare la finca inscrita bajo el sistema de Folio Real matrícula número 1-561877-000 (finca titulada), Patrimonio Natural del Estado y su traslado al Ministerio del Ambiente y Energía, debiéndose ordenar a la Notaría del Estado confeccionar la escritura de traspaso de dicha finca a favor del Estado, así como tramitar su inscripción en el Registro Público con el respectivo cambio de naturaleza. 6) Que se ponga en posesión de esa finca al Estado y se ordene el desalojo del señor Ronald Elizondo Solano. 7) Que se condene a los demandados, en abstracto, al pago de los daños y perjuicios ocasionados.”  En audiencia de las 8 horas 22 minutos del 3 de agosto de 2009, se ajustaron las pretensiones, numeradas en el escrito de demanda, como 4), 5) y 6), fijándose éstas de la siguiente manera: “4) Que la finca inscrita a folio real matrícula número 1-561877-000 fue inscrita técnica y jurídicamente de forma indebida a favor del señor Ronald Elizondo Solano. 5) Que la finca descrita en el plano catastrado número SJ-60033-1999 es Patrimonio Natural del Estado y por ende, el competente para ejercer su administración es el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), debiendo el Instituto de Desarrollo Agrario adoptar las acciones pertinentes para confeccionar la escritura de traspaso a favor del Estado, así como, tramitar su inscripción en el registro Público con el respectivo cambio en su naturaleza. 6) Que se ponga en posesión de esa finca al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y se desaloje al Señor Ronald Elizondo Solano."

          2.- Los codemandados contestaron negativamente. El Instituto de Desarrollo Agrario opuso la defensa previa de incompetencia en razón de la materia, la cual fue rechazada mediante sentencia oral no. 766-2008 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta de las 8 horas 30 minutos del 3 de octubre de 2008.

        3.- La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución no. 000028-C-S1-2009 de las 10 horas 30 minutos del 15 de enero de 2009, y con voto salvado de la Magistrada Escoto Fernández, resolvió: “Por mayoría, se declara que el conocimiento del presente proceso corresponde al Tribunal Procesal Contencioso Administrativo.” 

         4.- Para la audiencia de conciliación, se señalaron las 11 horas 30 minutos del 3 de octubre de 2008, no obstante, no hubo proceso conciliatorio por lo que se dio por fracasada la audiencia.

5.- En la audiencia preliminar de las 8 horas 22 minutos del 3 de agosto de 2009, hicieron uso de la palabra los representantes de las partes.

        6.- El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta, integrado por la Jueza Marianella Álvarez Molina, los Jueces Otto González Vilchez y Roberto Garita Navarro, en sentencia no. 1842-2009 de las 7 horas 30 minutos del 31 de agosto de 2009, dispuso: “Se declara con lugar la presente demanda, en los siguientes términos: 1) Se ordena anular el acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, contenido en el Artículo 32 de la sesión número 016-04 , de fecha 3 de mayo del 2004, únicamente, en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor del codemandado Ronald Elizondo Solano, descrita en el plano catastrado número SJ-600333-1999 . 2) Se ordena anular la escritura pública número 47, otorgada ante los Notarios Públicos Giovanni Varela Dijeres y Alba Iris Ortiz Recio, a las 8 horas del día 24 de mayo del 2004, que formalizó y protocolizó la titulación emitida por el Instituto de Desarrollo Agrario, únicamente, en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor del señor Ronald Elizondo Solano. 3) Se ordena anular el asiento registral de inscripción de la finca inscrita bajo el sistema de Folio Real matrícula número 1-561877-000 (finca titulada), emitido por el Registro Nacional. 4) Se declara que la finca inscrita a folio real matrícula número 1-561877-000 fue inscrita técnica y jurídicamente de forma indebida a favor del señor Ronald Elizondo Solano. 5) Se declara el inmueble descrito en el plano catastrado número SJ-60033-1999 como Patrimonio Natural del Estado y por ende, el competente para ejercer su administración es el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). 6) Se le ordena a la Procuraduría General de la República, por medio de la Notaría del Estado, confeccionar la nueva escritura de traspaso, del inmueble objeto de este proceso, con su respectivo cambio de naturaleza, y hacer las gestiones pertinentes para inscribir esa escritura en el Registro Público de la Propiedad Inmueble. 7) Se ordena desalojar del inmueble objeto de este proceso al Señor Ronald Elizondo Solano y poner en posesión de esa finca al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). Expídanse, los mandamientos respectivos al Registro Público. Se le indica a las partes que cualquier aspecto establecido en esta resolución, deberá ser ejecutado ante el Juez Ejecutor de este Tribunal, si así fuere necesario, para la debida ejecución de esta sentencia. 8) Se condena al IDA al pago en abstracto de los daños y perjuicios a favor del Estado o Administración Pública Central, representada en este caso por la Contraloría General de la República. Daños y perjuicios que se determinaran en su existencia y cuantía en la fase de ejecución de sentencia. 9) Se ordena mantener las medidas cautelares dictadas por este Tribunal, en la audiencia de medida cautelar, efectuada a las ocho horas y treinta y cinco minutos del ocho de octubre del dos mil ocho, mediante resolución oral, número 700-2008, hasta la firmeza de esta sentencia. 10) Se condena al IDA, al pago de las costas procesales y personales de este proceso. Asimismo, se declara sin lugar la demanda en los siguientes aspectos: 1) Se exonera del pago de los daños y perjuicios al señor Ronald Elizondo Solano; 2) Se exonera del pago de las costas procesales y personales de este proceso, al señor Ronald Elizondo Solano.”

        7.- Los codemandados formulan sendos recursos de casación indicando las razones en que se apoyan para refutar la tesis del Tribunal.

          8.- En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Rivas Loáiciga

CONSIDERANDO

I.- Por Decreto Ejecutivo no. 3667-G del 18 de marzo de 1974 (publicado en el Alcance no. 64 del Diario Oficial La Gaceta, no. 72 del 17 de abril de 1974), el Estado traspasó al entonces Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), hoy Instituto de Desarrollo Agrario (en adelante IDA), un terreno con un área de 267.239 hectáreas, para crear el programa de titulación denominado “Parrita-Puriscal”. La Junta Directiva del IDA, en sesión 055-02, celebrada el 12 de agosto de 2002, artículo 2,  aprobó el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales (Reglamento en lo sucesivo), con la finalidad de legalizar la tenencia en áreas en donde existían personas poseyendo, pero sin de títulos de propiedad. Ese mismo año, el señor Ronald Elizondo Solano, solicitó al IDA, con base en la normativa dictada, título de propiedad de la parcela no. 92691, ubicada en el área del programa “Parrita-Puriscal”, cuyo plano catastrado es el SJ-600333-99, terreno de montaña y tacotales. El inmueble referido, fue traspasado al señor Elizondo Solano e inscrito a su nombre en el Registro Público de la Propiedad Inmueble. Tiempo después, la Sala Constitucional,  por resolución no. 02063-07, de las 14 horas 40 minutos del 14 de febrero de 2007, declaró la inconstitucionalidad del Reglamento. La Contraloría General de la República interpuso demanda contra el IDA y el señor Elizondo Solano. Solicita, se anulen los siguientes actos y contratos: el acuerdo de la Junta Directiva del IDA, artículo 32 de la sesión 016-04 del 3 de mayo de 2004, únicamente en lo que se refiere a la titulación a favor del señor Ronald Elizondo; la escritura pública no. 47 otorgada ante los Notarios Públicos Giovanni Varela y Alba Iris Ortiz, a las 8 horas del 24 de mayo de 2004, donde se formalizó esa titulación;  el asiento registral de inscripción de la finca folio real matrícula 1-561877-000. Pide, además, se declare que el inmueble en cuestión fue inscrito ilegalmente a favor de  Ronald Elizondo Chaves; es Patrimonio Natural del Estado y, por ende, debe ser traslado al Ministerio de Ambiente y Energía (hoy MINAET); se ordene a  la Notaría del Estado confeccionar la escritura de traspaso de dicho bien a favor del Estado, así como tramitar su inscripción en el Registro Público con el respectivo cambio de naturaleza. Solicita, también, se ponga en posesión de ese predio al Estado,  se ordene el desalojo de Ronald Elizondo Solano; se condene a los codemandados, en abstracto, al pago de los daños y perjuicios ocasionados, así como a ambas costas.  El proceso fue declarado de trámite preferencial. Los demandados contestaron en forma negativa. El IDA interpuso excepción de incompetencia en razón de la materia, la cual fue rechazada interlocutoriamente. El Tribunal declaró con lugar la demanda, excepto en relación a daños,  perjuicios y costas, tanto procesales como personales, en que exoneró de su pago al señor Elizondo Solano. Inconformes con lo resuelto, los codemandados formulan recurso de casación.

Recurso de casación del IDA

II.- El recurrente se muestra disconforme con lo resuelto por el Tribunal, al haber determinado que el terreno objeto de este proceso forma parte del patrimonio natural del Estado, por estar en su mayoría, cubierto de bosque.  Se refiere a los documentos que sirvieron de base a la sentencia recurrida. En el reclamo, cuestiona la valoración de las pruebas realizada, así como la aplicación de normas jurídicas. El Tribunal, advierte, no valoró el contenido de la constancia ACOPAC-OTC-065, de 25 de noviembre de 2002, emitida por el M.Sc. Julio Bustamante, Coordinador Ordenamiento Territorial, del Área de Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAET, cuyo contenido transcribe. En su criterio, el Tribunal le resta importancia a todo lo que en ella se dice y se limita a relacionar el artículo 33 con el 13, ambos de la Ley Forestal (no. 7575 de 5 de febrero de 1996 y sus reformas), para concluir que el terreno titulado, por estar cubierto de bosque, es patrimonio natural del Estado. Omite, añade, el análisis de otros extremos que contiene el numeral 13 de la citada Ley, como es que los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales han de ser declaradas áreas inalienables, condición que no reúnen los terrenos titulados por el IDA. La parcela en cuestión, amplía, tampoco se encuentra en alguna área del patrimonio natural del Estado delimitada por el MINAET, mucho menos dentro de la categoría de dominio público, como confusamente interpretan los juzgadores de instancia. Con relación al voto 2063-2007 de la Sala Constitucional, mediante el cual se anuló el Reglamento, afirma, se enumeran allí los bienes que conforman el patrimonio natural del Estado, y se hace un análisis sobre los bienes de dominio público. No obstante lo anterior, asegura, el Tribunal no consideró estos aspectos y realizó una indebida interpretación del voto constitucional. La Sala Constitucional, opina, dispuso que lo resuelto tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la normativa declarada inconstitucional, de manera que procede la recuperación de los bienes que siendo de dominio público hayan sido objeto de titulación al tenor del reglamento anulado. El Tribunal omitió, arguye, el análisis sobre los bienes de dominio público y simplemente indica que al ser  el terreno en cuestión patrimonio natural del Estado, la titulación a favor del señor Elizondo Solano carece de sustento legal, por lo que debe ser recuperado. Como consecuencia de esa desatención, discute, erróneamente concluyó el Tribunal que con la anulación del Reglamento, el IDA, vía administrativa, debía anular todos los títulos nacidos de los proyectos de titulación, lo cual considera  arbitrario e inconstitucional.   En su criterio, la Sala Constitucional determino que eran recuperables todos aquellos terrenos que siendo de dominio público hubiesen sido titulados al tenor del Reglamento anulado; en ningún momento ordenó que se anularan todos las titulaciones realizadas. De tal manera que, opina, si el terreno del señor Elizondo Solano, no reúne la condición de dominio público, su título no podía ser invalidado, según dispuso  la sentencia impugnada. Recrimina la falta de análisis del contenido de los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 33 de la Ley Forestal, respecto de  la verdadera naturaleza jurídica del terreno de marras. Estima, no se consideró, que el bien no ha sido declarado inalienable y que no se encuentra afecto a la categoría de dominio público, ni dentro de alguna área de patrimonio natural del Estado, aspectos que permiten concluir que el predio titulado no tiene esta última condición. Por otro lado, dice,  el Tribunal tuvo por demostrado el traspaso de forma gratuita al ITCO, hoy IDA,  de la finca madre de la cual se segregó la parcela titulada e inscrita a nombre del codemandado Elizondo Solano. Esa circunstancia, asegura, legitimaba a su representada para tramitar el título pedido por el señor Elizondo Solano. Sin embargo, combate, por una errónea interpretación del voto de la Sala Constitucional no. 2063 de 14 de febrero de 2007 y del Decreto no. 34654-MGP de 13 de julio de 2008, el Tribunal lo anuló. Este también, aduce, valoró como prueba, el incumplimiento del IDA en la obtención del estudio de uso conforme de suelo, como requisito para la tramitación del título al señor Ronald Elizondo. El fallo, explica no consideró a ese respecto, que el terreno titulado por el IDA ha permanecido en posesión del señor Elizondo Solano por más de 20 años y ha formado parte del proyecto de titulación desde abril de 1974, por lo que a todas luces resulta caprichoso esperar que el terreno haya sido aprovechado siguiendo las técnicas que vino a implementar la Ley de Uso, Manejo y Conservación del Suelo, de 1998, y su Reglamento de 2001. El certificado de uso conforme de suelo expedido por el ingeniero agrónomo Germán José Aguilar, de julio de 2009, anota, revela que el terreno en su totalidad mide 35 hectáreas 82,59 metros cuadrados, de las cuales en un 90,42% se ha ejercido un uso conforme al suelo y en un escaso 9,38%, tres hectáreas aproximadamente, no se ha hecho. Con dicha prueba, sostiene, queda claro que el terreno no ha sufrido daño alguno y, consecuentemente, sus condiciones  y naturaleza originarias han sido resguardadas y protegidas por don Ronald Elizondo, con un uso racional, circunstancias que no han sido consideradas por el Tribunal en su análisis. Como respaldo normativo, cita los preceptos 33 de la Ley Forestal, 32 y 36 de la Ley Orgánica del Ambiente y explica su contenido.

Recurso de casación el señor Ronald Elizondo Solano

          III.- El Tribunal, manifiesta, incurrió en una indebida apreciación de la prueba al considerar el terreno plasmado en el plano catastrado SJ-600333-1999, patrimonio natural del Estado. Son seis  los elementos probatorios que dice sirvieron de base para tal aseveración, los cuales recrimina fueron erróneamente apreciados. Estos son: Primero,   la constancia emitida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, contenida en el oficio ACOPAC-OTC-065, fechada 25 de noviembre de 2002. En ella se indica, dice, que la propiedad se encuentra fuera de áreas silvestres protegidas, sea, que no se halla dentro de alguna de las categorías establecidas en el artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, llámese reserva forestal, zona protectora, parque nacional, reserva biológica, refugios nacionales de vida silvestre, humedales, monumentos naturales, situación que no fue tomada en consideración por el Tribunal, a pesar de que ya se le había indicado tanto en la audiencia de la medida cautelar como en la audiencia preliminar tal circunstancia. También estimó irrelevante, que la finca no estuviera afectada por el numeral 33 de la Ley Forestal, disposición que regula lo relacionado con las áreas de protección en las riberas de los ríos, quebradas, nacientes, etc. Sin embargo, reprocha, hizo una relación entre éste canon y el 13 de esa misma Ley, concluyendo que lo que esa constancia indicó, era que ese terreno no se encontraba ubicado en un área de protección, lo cual era irrelevante, pues de la relación de esos preceptos, se deriva, que el patrimonio natural del Estado, esta constituido por los inmuebles que se encuentren cubiertos de bosques, independientemente de que se ubiquen dentro o fuera de las reservas nacionales o áreas de protección. Esa exégesis, afirma, es errónea. La constancia referida, sostiene, es clara en que la finca descrita en el plano SJ-600333-1999 no está afectada por el artículo 33 de la Ley Forestal y no es parte de área silvestre protegida, pero los juzgadores de instancia insistieron  en darle una categoría de protección, sin que de previo así hubiera sido declarado mediante decreto ejecutivo o ley específica. Esa constancia, anota, era un requisito de admisibilidad de la solicitud de titulación por parte del IDA, por lo que de haber indicado que el terreno estaba con afectación a dominio público no se hubiera titulado. Segundo, el plano catastrado SJ-600333-1999. En su valoración, determina, el Tribunal se limitó a considerar y recalcar que la finca tiene bosque y “per se” es patrimonio natural del Estado, dejándose de lado el hecho cierto de que la finca también tiene áreas de potrero, en la que se ha realizado una actividad agraria de pastoreo de semovientes sin afectar el área de bosque. Esta área, arguye,  más bien se ha cuidado y protegido durante más de diez años, tanto en la posesión real y efectiva que él ha realizado desde el momento mismo de la adquisición del inmueble, como la ejercida por los anteriores poseedores, situación que tampoco fue valorada por el Tribunal, a pesar de que se le señaló. Tercero, las declaraciones juradas sobre la posesión del inmueble, adjuntas a la solicitud ante el IDA. En ellas, se indicó la naturaleza del terreno como de montaña, teniendo esa condición antes del procedimiento de titulación. El predio, expone, que mide en su totalidad 35 hectáreas 82,59 metros cuadrados, si bien efectivamente tiene un área con cobertura de bosque, tiene también superficies de repasto y otras en las cuales, por un espíritu proteccionista, se ha dejado para regeneración natural. El proceso de titulación, aclara, fue necesario e imperativo realizarlo ante el ente administrativo, en razón de que al existir una afectación registral de un área tan extensa de tierras inscritas a nombre del IDA desde 1974, era material y legalmente imposible en ese entonces, año 2002, promover e interponer un proceso de información posesoria ante el Juzgado Agrario competente. Cuarto, el reconocimiento judicial llevado a cabo a las 10 horas 30 minutos del 29 de setiembre de 2008. En esta diligencia, asegura, se corroboró la amplia existencia de cobertura boscosa, apreciando además aspectos tales como difícil acceso, carencias de siembras o actividades agrícolas, ganado en el área de potrero, condiciones climáticas de humedad, cercas del terreno con alambre de púas, casa de zinc en el área de potrero, existencia de una quebrada, algunos árboles quemados, que no se vive en el terreno; todo lo cual llevó al Tribunal a las siguientes conclusiones: 1) la existencia de bosque y una quebrada que lo convierte en patrimonio natural del Estado, 2) no se vive en el terreno, lo que le permitió determinar que la finca no se tiene como medio de subsistencia y; 3)  no existen siembras o actividades agrícolas, salvo ocho cabezas de ganado, y, por ende, el terreno no es utilizado para fines de producción agropecuaria; 4) el acceso a la propiedad es difícil, lo que imposibilitaría una comercialización de carne y productos agrícolas. El Tribunal, repite, considera en forma tajante que el hecho que la finca tenga una cobertura boscosa y una quebrada, es suficiente para tenerla como patrimonio natural del Estado, dejando de lado en sus apreciaciones, el área de potrero que tiene  y la actividad “silvopastoril” que se realiza en ella, la cual permite la coexistencia de bosque en combinación con la actividad ganadera, ejerciendo las medidas precautorias de protección. Con la errónea apreciación de esta prueba, manifiesta,  cae el órgano decisor en consideraciones subjetivas que muestran  desconocimiento sobre la actividad agraria, que ha venido con el transcurso de los años incorporando los derechos de la tercera generación, que incluyen como parte de ella  el ejercicio de actividades agroforestales, con el reconocimiento de una posesión forestal concebida como aquella que se realiza sobre terrenos con bosque o de aptitud forestal. En el área de bosque que tiene la finca, advierte, siempre se ha protegido y conservado ese importante recurso, teniendo incluso debidamente cercada la finca, lo que fue apreciado el por Tribunal en el sitio. Otro elemento que analiza para llegar a sus conclusiones, censura, radica en el hecho de que él no ha residido en la finca y, por esa razón consideran que el inmueble no podría afirmarse que sea un medio de subsistencia. Ello, sostiene, sigue demostrando la falta de conocimiento del Tribunal. Primero, en el hecho de que no es un requisito “sine qua non” para la titulación de un inmueble, exceptuándose el caso de un terreno para uso habitacional, que se tenga que residir en forma permanente dentro de éste. En cuanto al medio de subsistencia o único medio de subsistencia, reprocha, no es un elemento para desvirtuar el procedimiento de titulación, en razón de que este no versa sobre si el poseedor tiene el terreno como un medio o no de subsistencia, ya que de medirse la subsistencia como parámetro, se estaría ante una hipótesis totalmente diferente, como sería un conflicto de ocupación en precario.  Ahora bien, apunta, sobre la afirmación de que en el terreno no se localizaron siembras o actividades agrícolas y, en el acceso a la propiedad, nuevamente se equivoca en su criterio. Existe y fue comprobado por el Tribunal, señala, que dentro de la finca se localizaron semovientes, es decir, que hay actividad pecuaria. La actividad agrícola, argumenta, no va encaminada únicamente a la siembra de cultivos perennes o cultivos de corto ciclo, la ganadería ya sea de engorde o lechera es actividad agraria. Con respecto a la accesibilidad al terreno, indica, son las condiciones normales de las comunidades rurales, en donde predominan caminos de tierra o lastre, por lo que tampoco es un criterio válido y objetivo para desacreditar un proceso de titulación y, tampoco lo es para pretender despojarlo de un terreno que ha poseído por más de diez años. Quinto, la prueba técnica elaborada por el Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, contenida en el oficio DEGEQ-047-09 del 30 de marzo de 2009 (folios 548 a 551 del expediente judicial). Esta prueba, denuncia, no debió considerarse por la imprecisión que refleja, la cual es reconocida incluso por la entidad que extendió el informe. Aún así, expresa, en el supuesto de que se trate de la misma finca, se reconoce en ella, que en un amplio sector existen áreas de pasto y, que no ha sufrido variación desde 1997, fecha de la primera fotografía aérea utilizada para el estudio, lo que afirmaría el hecho innegable de la protección de que ha venido realizando del recurso forestal. Sexta, el Estudio de Uso Conforme de Suelos solicitado por la Contraloría General de la República al Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), en el  oficio DJ-0018-2009 y, que se emite en el oficio DST-217-2009 del 23 de julio de 2009. De este informe, expone, los juzgadores de instancia valoraron lo siguiente: “a) Nunca fue elaborado durante el trámite de titulación realizado por el IDA, siendo obligatorio para la institución; b) Que el informe sectoriza la finca en Sector A: Potrero 3.36 hectáreas (9.58%), Charral 5.23 hectáreas (14.91%), Bosque 6.30 hectáreas (17.95%); Sector B: Bosque 7.13 hectáreas (20.33%); Sector C: Potrero 2.90 hectáreas (8.27%); Sector D: Matorral 10.16 hectáreas (28.96%); c) Que el informe elaborado por el INTA le permitió llegar a las siguientes conclusiones: i) porcentaje elevado de hectáreas que son bosque, que las zonas de charral y matorral son áreas de regeneración natural, que deben ser protegidas, así la finca es patrimonio natural del Estado en su totalidad; H) que el inmueble titulado está afectado por el artículo 33 de la Ley Forestal 7575 y que esta comprendido dentro de un área de protección forestal; ii) que la zona de potrero tiene una fertilidad baja, así no es apta para el desarrollo de actividades agrícolas y tampoco es adecuada para actividades ganaderas. Así determina que el inmueble no califica para fines agrarios; que el inmueble titulado por el IDA constituye patrimonio natural del Estado, de conformidad con los artículo 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 33 de la Ley Forestal 7575, lo que lo hace inembargable, imprescriptible e inalienable al ser un bien de dominio público, por lo que no es de recibo para el Tribunal las alegaciones en cuanto a que el derecho de titulación se deriva de los derechos de posesión ejercidos por el suscrito y mi familia, al ser terrenos en donde la posesión por particulares no causa derecho alguno; que al ser la propiedad patrimonio natural del Estado y tener una naturaleza demanial antes, durante y después del procedimiento administrativo ante el IDA, vicia de nulidad absoluta las conductas administrativas”. Sobre lo anterior, indica, al momento de presentar la documentación que solicitaba el IDA para el procedimiento de titulación, no se incluía como requisito un estudio de uso conforme. Así, sostiene, cumplió a cabalidad con la presentación de toda la documentación solicitada, dentro de la cual sí era necesario aportar una certificación del MINAE mediante la cual se dejara constancia que el inmueble a titular, no estuviera incluido dentro de alguna área de conservación administradas por el MINAE. Esto último, expresa,  se pudo corroborar con la constancia que emite el Sistema Nacional de Áreas de Conservación ACOPAC-QTC-065 del 25 de noviembre de 2002, que indica que el inmueble descrito en el plano SJ-600333-1999, se encontraba fuera de cualquier Área Silvestre Protegida. De nuevo insiste, en que la existencia de bosque en un sector de la finca, no significa que por ese sólo hecho es patrimonio natural del Estado, pues para ello requiere de una declaratoria previa de afectación al dominio público. Combate, la apreciación de la finca folio real matrícula 1-561877-000, como patrimonio natural del Estado, bien de dominio público, en el que es nugatorio el derecho de posesión y, su consecuente demanialidad. La finca que se describe en el plano catastrado indicado, explica, no se encuentra dentro de Área Silvestre Protegida, según la clasificación que contiene el artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente; la afectación del artículo 33 de la Ley Forestal está referida a la protección de ambos lados de las afluentes de agua; no existe declaratoria previa de afectación a dominio público, mediante Decreto Ejecutivo y Ley de la República, por lo que tampoco es un bien demanial. Estos, desarrolla, son aquellos creados y designados por la Constitución Política o  mediante ley específica, lo que en la especie no sucede. Se refiere, al voto no. 2063-07 de la Sala Constitucional y el análisis que en dicha resolución se hace sobre la demanialidad de los bienes afectados a dominio público. Según el casacionista, de dicho voto se desprende, que un bien sólo podrá ser afectado al dominio publico, cuando así lo establezca la Constitución Política o cuando por norma expresa se le incluya, inclusión que no deberá ser arbitraria, ni caprichosa, ni consecuencia del azar y, necesariamente estar precedida de estudios técnicos que lo justifiquen. En el caso de su propiedad, recuerda, no existe tal afectación. Alude, también, al procedimiento que estima debe seguirse para incorporar un bien al patrimonio natural del Estado. El Tribunal, arguye, acogió la demanda, sin tan siquiera haber valorado, de acuerdo a la reglas de la sana crítica, la prueba que consta en el expediente. Reprocha, que por haberse declarado el proceso de puro derecho, se descartó la recepción de la prueba testimonial propuesta. Indica, que su título le fue otorgado dos años antes de que el Reglamento fuera anulado, es decir, que al momento de solicitarlo, el IDA tenía la legitimación y la competencia para concederlo, aunque ahora el Tribunal estime que no existía sustento normativo para ello, dada la declaratoria de inconstitucionalidad del Reglamento. Insiste, esa no podría considerarse con efectos retroactivos en perjuicio de los miles de títulos de propiedad otorgados por el ITCO y el IDA en todo el territorio nacional, incluido el suyo, puesto que sus actuaciones siempre estuvieron precedidas y permeadas de buena fe. Alega erróneamente interpretado el artículo 27 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, que establece la obligación para el IDA de contar con estudios de capacidad de uso de la tierra antes de adquirir terrenos para fines de titulación, norma que según la exégesis del Tribunal, no hace exclusión alguna entre si los terrenos que adquiere el IDA son con fondos públicos o por simple traspaso. Esta norma, opina, esta referida a la conformación de asentamientos campesinos, no para programas de titulación, que involucran grandes extensiones de tierra. Considera también infringidos, los numerales 58, 59, 60, 61, 62 y 63 del Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, al exigirse el estudio de uso conforme. Esto por cuanto la entidad administrativa encargada  de realizar esos estudios fue creada en noviembre de 2001 y no fue sino hasta el año 2006, que se le otorgó como función realizar esos informes. Se refiere de nuevo  al contenido del oficio DST-217-09 del 23 de julio de 2009 e indica que en su texto  no se dice que el inmueble no sea apto para el ejercicio de una actividad ganadera. Lo que da, estima, son recomendaciones de cómo aprovechar de una mejor manera las áreas de repasto y cómo mejorar la calidad del forraje. Así, considera un error la afirmación del Tribunal, de que el título que se le otorgó es nulo por no haberse realizado de previo a la titulación, un estudio de uso conforme. Como respaldo normativo, acusa indebida interpretación de los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 33 de la Ley Forestal, pues no todo terreno que tenga cobertura boscosa es patrimonio natural del Estado; ya que la afectación al dominio público de un bien inmueble, nace por norma expresa y en este caso no ha habido declaratoria en ese sentido, en los términos del precepto 32 de la Ley Orgánica del Ambiente. Obvia el Tribunal y se otorga funciones que no le competen, afirma,  ya que la declaratoria de dominio público únicamente la podrá realizar el MINAET, al tenor de lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley Orgánica de Ambiente, previa realización de estudios técnicos que justifiquen el fin público, norma que no entró a analizar en su sentencia. Omite de igual forma, asevera, el canon 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, según el cual la incorporación de un bien al dominio público estará necesariamente precedida de una compra o expropiación, previa indemnización, salvo que el propietario se someta en forma voluntaria al régimen forestal; norma que necesariamente se debe relacionar con  la disposición 2 de la Ley Forestal. Esta, autoriza al Poder Ejecutivo, por intermedio del MINAET, para que en terrenos de dominio privado se puedan establecer áreas silvestres protegidas independientemente de su categoría, las que podrán ser incluidas voluntariamente, compradas o bien expropiadas, previos estudios científicos o técnicos que justifiquen el interés público mediante ley. Asimismo, agrega, se denota una “laguna en la aplicación de la norma jurídica”, ya que ni tan siquiera consideró el Tribunal, lo establecido por el artículo 22 y siguientes de la Ley Forestal, que crea el Certificado para la Conservación del Bosque, mediante el cual se retribuye a los propietarios e incluso a los poseedores de terrenos con cobertura boscosa, para que protejan el bosque. Como prueba nueva, aporta una certificación del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, número PSA-065-2009 del 17 de septiembre de 2009, en donde se indica el número de contratos y cuanto representan en hectáreas en todo el país, a quienes se les entregan los beneficios del Pago de Servicios Ambientales. El Estado, asegura,  incentiva a aquellas personas que tienen fincas con bosque para que las protejan, como bien quedó demostrado en su caso, con el estudio realizado por el INTA, según el cual en un 90,42 por ciento de la finca se ha ejercido un uso conforme, es decir, se han cuidado y protegido las áreas con cobertura boscosa. En cuanto a la aplicación de la norma 33 de la Ley Forestal, reitera, si bien ésta tiene como finalidad la protección de las nacientes, quebradas, yurros y cualquier otro medio por donde discurra recurso hídrico; su resguardo afecta a toda clase de inmuebles, ya sean públicos y privados, sujetas incluso al otorgamiento de concesiones. En consecuencia, sostiene, no es argumento para justificar la nulidad de su título de propiedad. Sobre la supuesta violación al artículo 27 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, asevera, es producto de una indebida interpretación, ya que ésta se refiere a los terrenos que adquiera el IDA para fines de titulación, pero en asentamientos campesinos; así es imperativo para este Instituto disponer de estudios de capacidad de uso de suelos, antes de adquirir una finca con fondos propios. Es de suma importancia para las resultas de este caso, plantea, señalar que la Ley Forestal introduce una reforma al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, según el cual el poseedor de un área silvestre protegida cualquiera que sea su categoría de manejo, podrá titularla mediante proceso de información posesoria, previa demostración de una posesión decenal ejercida por lo menos diez años antes de la declaratoria de la zona silvestre. Además, en aquellos casos de terrenos con bosque, menciona, en donde no haya de previo una afectación al dominio público, podrán ser tituladas demostrando una posesión decenal y, la protección del recurso natural. Por ello, sostiene, es viable y legalmente procedente titular bienes inmuebles insertos dentro de alguna de las categorías de áreas silvestres protegidas, bajo las condiciones indicadas. Y, es también legalmente asequible titular terrenos con cobertura de bosque no incorporados al dominio público, con la demostración de la posesión decenal y, la protección del bosque. La falta de aplicación de otras normas del bloque de legalidad, declara, llevó al Tribunal a emitir una sentencia contraria al ordenamiento jurídico, pues se limitó prácticamente a la interpretación de los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal y el 27 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, que fue precisamente el único fundamento jurídico de la parte actora, para solicitar la nulidad de actos administrativos, nulidad de escrituras públicas, el traslado de su propiedad al MINAET y su desalojo del bien en litigio.

IV.- Pese a que en ambos recursos existen objeciones respecto a la valoración de elementos probatorios, se considera oportuno proceder primero a delimitar el concepto normativo de patrimonio natural del Estado, eje central de los reclamos, en los términos en que esta Sala se ha referido en un caso similar al presente: “IV.- … Conforme al numeral 13 de la Ley Forestal “El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio...” De esta forma, son tres posibilidades las que brinda la norma, respecto a los bienes que integran dicho patrimonio: a) bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales; b) bosques y terrenos forestales de las áreas declaradas inalienables, y c) bosques y terrenos forestales de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. De esta forma, el criterio externado  por el IDA, respecto a que la finca objeto de este proceso no puede considerarse parte del patrimonio natural del Estado, ya que no se localiza dentro de una reserva nacional, un área silvestre protegida, una reserva forestal o biológica, surge de una indebida interpretación del ordinal citado. En este sentido, el mandato 13 ibídem es claro al determinar, que una propiedad cubierta de bosque, y que pertenezca al Estado, una municipalidad, institución autónoma u otro organismo de la Administración Pública, forma parte del patrimonio natural del Estado, sin requerir el Legislador, que la propiedad debiera formar parte de alguna de las categorías de protección indicadas” (no.1070-F-S1-2010, de las 9 horas 45 minutos del 3 de setiembre de 2010).  Es un hecho demostrado, que el terreno objeto de este proceso formaba parte de un bien, que primero fue propiedad del Estado, quien lo trasladó sin inscribir al IDA, ente que lo inscribió en el Registro a su nombre, y posteriormente segregó un lote, el cual traspasó al señor Ronald Elizondo Solano, siendo que desde antes de su inscripción, estaba cubierto de bosque en buena parte. Por lo tanto, el criterio para determinar si el inmueble formaba parte del patrimonio natural del Estado no se puede limitar a que un particular ostente la titularidad registral, sino que debe investigar los antecedentes de la finca, con el afán de precisar, si estuvo dentro del dominio del Estado o alguna de sus instituciones; y si está cubierta de bosque, aspectos que tienen respuesta afirmativa según se analiza en la sentencia cuestionada.

          V.- Ambos codemandados advierten que el pronunciamiento incurrió en una indebida valoración de la prueba. Sus reclamos tienen por finalidad acreditar, que las probanzas que constan en el expediente, dan fe de que la finca objeto de este proceso, está fuera de toda área silvestre protegida, reserva forestal y/o biológica. Pero, el criterio del Tribunal, para acoger la demanda parcialmente es, en lo esencial,  que el inmueble está cubierto de bosque, situación que existía antes de ser traspasado al señor Elizondo Solano, lo que, entre otras razones motivó la nulidad del acuerdo de la Junta Directiva del IDA, artículo 32, tomado en la sesión 16-04 de 3 de mayo de 2004. Dicho de otro modo, lo alegado tanto por el IDA como por el señor Elizondo Solano, resulta irrelevante, a los efectos de modificar lo resuelto, ya que los agravios no combate la argumentación jurídica dada por el Tribunal.  El voto de la Sala Constitucional fue apreciado de manera correcta por los juzgadores de instancia, ya que en el fallo se consideró, que el acuerdo de la Junta Directiva del IDA, artículo 32, tomado en la sesión 016-04 del 13 de mayo de 2003, fue dictado con fundamento en la normativa que la Sala aludida declaró inconstitucional, siendo este uno de los motivos ponderados en la sentencia, para acoger la demanda en lo relativo a declarar la nulidad del citado acuerdo, y con la consecuente nulidad de los restantes actos y contratos posteriores, que permitieron trasladar el dominio de la finca objeto de este proceso, a nombre de un particular. El voto no. 2063, de reiterada cita, dimensionó sus efectos en los siguientes términos: “XV.-DE LOS EFECTOS DE LA INCONSTITUCIONALIDAD QUE SE DECLARA.- Al tenor de lo dispuesto en los artículos 90 párrafo primero y 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la estimación de inconstitucionalidad que se hace en esta sentencia en relación con el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, aprobado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, aprobado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario por el artículo 11 de la sesión número 055-02, del doce de agosto del dos mil dos, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 173, del diez de agosto del dos mil dos, tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de este cuerpo reglamentario, sea el doce de agosto del dos mil dos, lo anterior, de manera que procede la recuperación de los bienes que, siendo de dominio público, hayan sido objeto de titulación al tenor de la normativa que ahora se anula, lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial del Estado que derive de esta inconstitucionalidad”. De esta forma, la afirmación de los recurrentes carece de fundamento fáctico y jurídico. El bien objeto de esta litis, sin lugar a dudas, como parte del patrimonio natural del Estado, constituye un bien de dominio público, el cual el Estado está obligado a recuperar, según dispuso el voto constitucional. Con base en lo expuesto, los vicios denunciados no ocurrieron. En todo caso, esta Sala considera que la prueba fue valorada de forma correcta, conforme a las reglas de la sana crítica. El Tribunal analizó las probanzas, quedando acreditado tanto de la documental, como del reconocimiento judicial, que en la finca objeto de esta contienda, existe una amplia cobertura boscosa, y ese fue el elemento que determinó calificar el inmueble como patrimonio natural del Estado, lo cual es conforme a lo preceptuado en el numeral 13 de la Ley Forestal. A mayor abundamiento de razones, si bien conforme al Decreto Ejecutivo no. 3667-G, de 17 de abril de 1974, fue el Estado quien traspasó los terrenos aludidos a favor del ITCO, hoy IDA, con el fin de que esta institución autónoma procediera al programa de titulación  “Parrita-Puriscal”, entre otros, dicha transferencia de dominio, estaba limitada por ciertas condiciones, que se puntualizaron en el mismo decreto. En este sentido, el numeral primero es claro al indicar: “Traspásese en forma gratuita al Instituto de Tierras y Colonización en tanto no estén comprendidos dentro de las excepciones que indican las leyes números 2825 de 14 de octubre de 1961 y sus reformas; 4465 de 25 de noviembre de 1969; o se trate de terrenos de dominio público privado o que por otras causas legales no pueden ser traspasados los terrenos ubicados en los cantones: III Desamparados, IV Puriscal, V Tarrazú, VI Aserrí, XVI Turrubares, XVII Dota y León Cortés de la provincia de San José, cantón VI Aguirre, IX Parrita y el distrito V Jacó del cantón 1º de la provincia de Puntarenas…” (el destacado no corresponde al original). En este sentido, en la especie, al tratarse de un inmueble cubierto de bosque, y estar dentro del dominio del Estado, formaba parte del patrimonio natural del Estado, lo que, conforme al tenor literal del decreto aludido, impedía los traspasos al IDA, y de este a particulares. En igual sentido, la Ley Forestal en el ordinal 14, determina que los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural de Estado, “…serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley.” Por otro lado, lo indicado por los recurrentes respecto a que el Tribunal no consideró que el terreno ha estado en posesión de particulares, no resulta un reclamo atendible ante esta Sala, por ser la Ley Forestal clara, en el sentido de que se trata de bienes inalienables, cuya posesión por particulares no causará derecho alguno a su favor, siendo imprescriptible la acción reivindicatoria del Estado. Conforme a lo expuesto, los recursos de casación deberán ser declarados sin lugar.

VI.- Conforme a lo expuesto, los recursos de casación deberán ser declarados sin lugar, con sus costas a cargo de sus promoventes, conforme al artículo 150 inciso 3) del Código Procesal Contencioso Administrativo.

POR TANTO

Se declaran sin lugar los recursos de casación formulados, con sus costas a cargo de quienes los promovieron.

 

 

Anabelle León Feoli

 

 

Luis Guillermo Rivas Loáiciga                                                Román Solís Zelaya

 

 

Óscar Edo. González Camacho                          Carmenmaría Escoto Fernández

 

Nota de la Magistrada Escoto Fernández

La suscrita Integrante comparte lo dispuesto en el voto dictado,  por lo cual lo conforma; sin embargo, difiere de los argumentos esbozados al final del considerando identificado como IV respecto a que “el Tribunal no consideró que el terreno ha estado en posesión de particulares, no resulta un reclamo atendible  ante esta Sala, por ser la Ley Forestal clara, en el sentido de que se trata de bienes inalienables, cuya posesión por particulares no causará derecho alguno a su favor, siendo imprescriptible la acción reivindicatoria del Estado.”  Ello por cuanto la esta juzgadora es del criterio de que podrían darse eventualmente casos con muchos años de poseer bienes cubiertos de montaña o de bosques por personas privadas, quienes,  acorde a lo dispuesto en el numeral 7 de la Ley de Informaciones Posesorias y resolución de la Sala Constitucional, la cual comparte bien pueden adquirir mediante usucapión terrenos de bosques en tanto se cumplan los requisitos que para ello el ordenamiento jurídico prevé.  Dicha Sala en tal resolución, en lo de interés dispuso: “Actualmente, por la reforma efectuada por la Ley Forestal No.7575 de 13 de febrero de 1996, el texto vigente de la disposición cuestionada dice: “Artículo 7.-Cuando el inmueble al que se refiere la información esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre la posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre. Las fincas ubicadas fuera de esas áreas y que tengan bosques, sólo podrán ser tituladas si el promovente  demuestra ser el titular de los derechos legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez años y haber protegido ese recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios. Sin excepción alguna, los planos catastrados que se aporten en diligencias de información posesoria, deberán ser certificados por el Ministerio del Ambiente y Energía, por medio del ente encargado, el cual dará fe de si el inmueble que se pretende titular se encuentra dentro o fuera de esas áreas silvestres protegidas.”. .. se desprende que la titulación del bien inmueble tiene como requisito la adquisición de la propiedad. O sea, que se distingue el momento de adquisición de la propiedad por usucapión del momento en que esa situación se hace valer en el procedimiento de información posesoria para obtener un título inscribible en el Registro Público. De ahí que se considere la usucapión como un modo de adquisición de la propiedad y de otros derechos reales poseíbles, y a la titulación como el procedimiento por medio del cual, comprobados los requisitos de la usucapión, se confiere el título de propiedad inscribible. La usucapión es un modo originario de adquirir un derecho real poseíble por el transcurso del tiempo con los requisitos de ley. El efecto jurídico adquisitivo de la usucapión se produce de manera automática con el transcurso del tiempo unido a una posesión hábil que reúna las condiciones fijadas para la posesión ad usucapionem, y a los demás requisitos establecidos en la ley. En términos generales, el Código Civil establece como requisitos para la prescripción positiva: el título traslativo de dominio, la buena fe, y la posesión en condiciones específicas…En términos generales, se ha admitido que la posesión se adquiere a título originario y a título derivativo. El primer caso se presenta cuando el título se funda únicamente en el acto de voluntad unilateral del adquirente. En el segundo caso se produce una doble intervención del adquirente y del poseedor precedente, y el origen del fenómeno adquisitivo está en la disposición de ese poseedor. El artículo 278 del Código Civil dispone que el derecho de posesión se hace efectivo por la ocupación o tradición del derecho o cosa de que se trata. Por su parte, el artículo 485 ibídem señala que por la ocupación puede adquirirse el dominio de las cosas muebles. La figura típica de la posesión a título originario es la ocupación. Por su parte, la tradición es la forma derivativa de adquisición de la posesión por excelencia, en ella interviene el anterior poseedor. Es la entrega de la cosa para trasladarla a quien recibe la posesión. Su naturaleza jurídica estriba en la transmisión de la posesión. En derecho moderno tradición es todo traspaso posesorio que se realiza con la voluntad del anterior poseedor -todo medio de adquisición derivativa de la posesión-. La tradición como traspaso posesorio ocurre cuando el adquirente obtiene la posesión y simultáneamente el poseedor precedente la pierde por la cesión hecha a título oneroso o gratuito. En este caso, la posesión se obtiene cuando el adquirente cumple la voluntad del transmitente ocupando la cosa, sujetándola a su voluntad o cumpliendo los actos y las formalidades de ley. Debe recordarse que esos son los modos de adquirir la posesión que al cumplir los requisitos de ley se convierte en posesión ad usucapionem… En ese sentido, el desarrollo que en materia de propiedad forestal ha realizado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, se puede sintetizar como sigue: la propiedad forestal es un tipo diferente de propiedad con características y particularidades propias y un régimen especial; la propiedad forestal se concibe fundamentalmente para conservar, no para producir ni ser parte del comercio de los hombres; la normativa forestal presenta tres momentos, pero no es sino a partir de la promulgación de la Ley No.7032 de 7 de abril de 1986, que se contó con un instrumento mejor concebido para hacerle frente al complejo problema forestal; la Ley No.7032 de 7 de abril de 1986, fue declarada inconstitucional, y la No.7171 de 28 de junio de 1990, se promulgó nuevamente con el texto de la anterior; la tutela de los recursos naturales ha sufrido avances significativos en los últimos tiempos; los instrumentos internacionales de derechos fundamentales y el desarrollo jurisprudencial han provocado cambios en la legislación interna tendientes a proteger el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; los cambios en la legislación han alcanzado a la propia constitución y actualmente se concibe al derecho al ambiente como un verdadero derecho humano; el desarrollo en este tema ha sido tal que se ha podido formular una verdadera clasificación jurídica: el derecho ecológico; de acuerdo con la Ley Forestal el patrimonio forestal del Estado incluye todo el territorio nacional y se subdivide en tres áreas: la comprendida por el régimen forestal, los aprovechamientos forestales en terrenos de propiedad privada y las reservas nacionales; el régimen forestal se define como el conjunto de disposiciones jurídicas, económicas y técnicas que dan contenido a la conservación; el régimen forestal tiene tres subáreas: a.- zonas protectoras, b.- parques nacionales, reservas forestales y biológicas, y c.- bosques y terrenos forestales; el término reservas nacionales se utiliza a partir de la Ley de Tierras y Colonización No.2825 del 14 de octubre de 1961, para identificar todas aquellas tierras denominadas por el Código Fiscal de 1865, y luego por la Ley No.13 de 19 de enero de 1939, como baldíos nacionales; se trata de los inmuebles que no están sometidos a la propiedad privada -no están inscritos en el Registro Público en los términos de los artículos 267 y 486 del Código Civil- y aquellos que tampoco están inscritos a nombre del Estado o de sus instituciones; los baldíos nacionales resultan ser el remanente de las dos formas de propiedad anteriores; siguiendo los lineamientos del Código Civil, la Ley General de Baldíos Nacionales No.13 de 10 de enero de 1939, los declaró pertenecientes al Estado, dentro de los límites de la República; La Ley de Tierras y Colonización No.2825 de 14 de octubre de 1961, mantuvo la misma orientación y amplió las zonas declaradas por la ley anterior como inalienables; en general esas reservas han tenido límites -en cuanto a la superficie-, límites para poseerlas y para inscribirlas mediante el procedimiento de informaciones posesorias; todas las tierras consideradas como reservas nacionales quedan afectadas en forma inmediata a los fines de la normativa forestal; sobre ellas el Estado puede crear reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, refugios de vida silvestre y reservas biológicas, conformando así el patrimonio forestal; para poder colonizarlas o enajenarlas se requiere autorización legislativa, y cuando son poseídas por terceros, éstos no adquieren ningún derecho, siendo imprescriptible el derecho del Estado para reivindicar; de acuerdo con la regulación vigente el aprovechamiento en reservas nacionales solo se puede practicar mediante concesión otorgada por el Estado; el aprovechamiento del recurso forestal en terrenos de propiedad privada no excluye estas tierras del patrimonio forestal del Estado; el patrimonio forestal del Estado es aplicable a todos los bienes nacionales donde existan recursos naturales forestales; en las tierras donde existan recursos naturales, para poder explotar los recursos maderables los privados deben elaborar planes técnicos forestales y obtener concesiones a largo plazo; el Estado otorga una serie de incentivos para el manejo y reglamentación de los bosques y terrenos forestales de dominio particular; en cuanto a los parques nacionales y reservas biológicas,… (véanse sentencias de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia número 189 de las 10:20 horas del 30 de octubre de 1991 y 51 de las 15:15 horas del 26 de mayo de 1995). En cuanto a la propiedad agraria debe indicarse que cuando se reconoce la función social de la propiedad, el derecho de propiedad se configura como un derecho-deber, en el que existe una forma específica de ejercer las facultades del dominio, y se imponen al titular obligaciones como la utilización productiva de la tierra. Dado que el supuesto de hecho de la norma impugnada -artículo 7 párrafo primero de la Ley de Informaciones Posesorias- podría aplicarse en la hipótesis en que sobre el terrero que se pretende titular, antes de su afectación al dominio público, se haya ejercido posesión agraria, resulta necesario señalar los elementos que caracterizan el instituto de la usucapión agraria, como se hizo arriba con el régimen general de la usucapión civil ordinaria. De acuerdo con la jurisprudencia, el fundamento de ese instituto lo constituye un principio general de Derecho Agrario: la función económico social de la propiedad agraria. Ese principio se integra fundamentalmente con dos aspectos: uno subjetivo, de orden económico, que consiste en la obligación del propietario de producir, mejorar y respetar el ambiente, y otro objetivo o social, que entraña la obligación del Estado de dotar de propiedad a quien está en condiciones de producir pero carece de tierra. En virtud de lo anterior, el trabajo agrario constituye el fundamento de la usucapión agraria al ser el instrumento por medio del cual se adquiere la propiedad de la tierra. Para la usucapión agraria la posesión adquiere un valor central como elemento obligatorio para adquirir el derecho de propiedad. El instituto de la usucapión agraria en Costa Rica coincide con la usucapión general del Código Civil en su estructura, sin embargo, difiere de ella en su función por la introducción de los principios antes expuestos. Dentro de los elementos que caracterizan la usucapión agraria se encuentra una concepción especial del animus del poseedor que debe proyectarse por medio del ejercicio de actos posesorios agrarios. Este se refleja con mayor intensidad en la apropiación económica de las ganancias obtenidas por el trabajo sobre el fundo. Se presume que el que trabaja la tierra de esa forma lo hace a título de dueño. Por otra parte, el justo título lo constituye el trabajo agrario, y su no exigencia como documento permite que la adquisición pueda darse contra un título inscrito a nombre de un tercero en el Registro Público… Asimismo, el derecho de propiedad se ve lesionado puesto que sin motivo razonable se impone un requisito más grave -haber ejercido personalmente la posesión durante los diez años- al que pretende usucapir un terreno que posteriormente es declarado área silvestre protegida, lo cual limita el acceso a ese derecho fundamental.-. POR TANTO Se declara parcialmente con lugar la acción y, en consecuencia, que es inconstitucional la interpretación judicial del artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias No.139 de 14 de julio de 1941, cuyo texto corresponde a la reforma producida por la Ley Forestal No.7174 del 28 de junio de 1990, de acuerdo con la cual para titular terrenos comprendidos en parques nacionales, reservas biológicas, reservas forestales o zonas protectoras, se requiere posesión personal con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o el decreto que crea el área silvestre protegida, y que no favorece en estos casos la posesión transmitida por anteriores poseedores. Esta sentencia es declarativa y sus efectos retroactivos, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe“. (Sentencia de la Sala constitucional de las 15 horas 45 minutos del 5 de agosto de 1997 que es voto no. 4587-97 referente a una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias No. 139 de 14 de julio de 1941 y sus reformas, debiéndose indicar que lo destacado no pertenece al original). Este país desde el siglo anterior, en particular la década de los 70,  ha mostrado especial preocupación por un modelo de desarrollo sostenible, de ahí que dispuso dar un amplio e importante proceso de conservación de los recursos naturales en su territorio. Para ello se ha configurado un sistema  complejo y conservación  con múltiples modalidades pero donde se garantiza tanto la  propiedad privada como la pública y la tutela a quienes logran demostrar que cuidan los bosques, montañas o realizan actividades de reforestación o silviculturales con planes de manejos  sostenibles, en el tanto y cuanto se cumplan con los demás requisitos como lo son entre otros el tiempo requerido según cada caso. 

 

 

Carmenmaría Escoto Fernández

 

JCVILLALOBOS/larce

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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:05:20.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Primera de la Corte

**RULING No. 01088 - 2011**

**Date of Ruling:** August 8, 2011 at 08:55 a.m.

**Case File:** 08-000903-1027-CA

**Drafted by:** Luis Guillermo Rivas Loáiciga

**Reviewed by:** SALA PRIMERA

**Judgment with Separate Note**

**Related Judgments**

**Content of Interest:**
**Type of content:** Majority vote
**Branch of Law:** Administrative Litigation
**Topic:** Public domain property
**Subtopics:**
Forest.
In the case at hand, the nullity of an agreement was declared, as well as the acts and contracts that allowed the Instituto de Desarrollo Agrario to illegally transfer a public domain property (based on a regulation declared unconstitutional), which was titled in favor of a private individual. The property is within the natural heritage of the State and has extensive forest cover, which was proven through various pieces of evidence. Furthermore, these properties are unattachable (inembargables) and inalienable, their possession by private individuals shall not create any right in their favor, and the State's action to recover them is imprescriptible (paragraphs 13 and 14 of the Ley Forestal).

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**Content of Interest:**
**Type of content:** Majority vote
**Branch of Law:** Administrative Litigation
**Topic:** Natural heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado)
**Subtopics:**
Concept and scope.
Article 13 of the Ley Forestal defines the normative concept of the natural heritage of the State. It shall consist of the forests and forest lands of the national reserves, of areas declared inalienable, and of properties registered in its name and those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other Public Administration bodies. To determine if a property was part of the natural heritage of the State, the background of the farm must be investigated, in order to specify whether it was within the domain of the State or one of its institutions and if it is covered by forest.

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**Text of the ruling**

 

*080009031027CA*

Exp: 08-000903-1027-CA
Res: 001088-F-S1-2011

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at eight fifty-five hours on the eighth of August, two thousand eleven.

Ordinary proceeding of preferential processing established before the Tribunal Contencioso Administrativo, Sixth Section of the Second Judicial Circuit of San José by the CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, represented by its associate managers of the Division of Legal Advice and Management, Licenciada Rosa María Fallas Ibáñez and Licenciado Luis Diego Ramírez González; against the INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, represented by its executive president, Carlos Alberto Bolaños Céspedes, and RONALD ELIZONDO SOLANO, farmer, resident of San José. Also appearing as special judicial attorney-in-fact for the defendant Institute, Licenciada Carmelina Vargas Hidalgo, divorced, and for the co-defendant Elizondo Solano, Licenciada Blanca Iris Navarro Miranda, single, attorney. The natural persons are of legal age and, with the exceptions noted, married, attorneys, and residents of Heredia.

**WHEREAS (RESULTANDO)**

1.- Based on the facts set forth and legal provisions cited, the plaintiff established an ordinary proceeding of preferential processing, so that in judgment it be declared: “1) That the agreement of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, contained in Article 32 of session number 016-04 – dated May 3, 2004, be annulled, solely regarding the titling of a farm in favor of Mr. Ronald Elizondo Solano, described in cadastral plan number SJ-600333-1999. 2) That public deed number 47, executed before Notaries Public Giovanni Varela Dijeres and Alba Iris Ortiz Recio, at 8:00 a.m. on May 24, 2004, which formalized and recorded the titling issued by the Instituto de Desarrollo Agrario, be annulled, solely regarding the titling of a farm in favor of Mr. Ronald Elizondo Solano. 3) That the registration entry for the farm inscribed under the Folio Real system, registration number 1-561877-000 (titled farm), issued by the National Registry, be annulled. 4) That it be declared that the farm inscribed under Folio Real registration number 1-561877-000 (titled farm) was illegally inscribed in favor of Mr. Ronald Elizondo Solano. 5) That the farm inscribed under the Folio Real system, registration number 1-561877-000 (titled farm), be declared Natural Heritage of the State and transferred to the Ministerio del Ambiente y Energía, ordering the State Notary's Office to prepare the deed of transfer of said farm in favor of the State, as well as to process its registration in the Public Registry with the respective change of nature. 6) That the State be placed in possession of that farm and the eviction of Mr. Ronald Elizondo Solano be ordered. 7) That the defendants be ordered, in the abstract, to pay the damages caused.” At the hearing of 8:22 a.m. on August 3, 2009, the claims were adjusted, those numbered in the complaint as 4), 5), and 6), being established as follows: “4) That the farm inscribed under Folio Real registration number 1-561877-000 was technically and legally improperly inscribed in favor of Mr. Ronald Elizondo Solano. 5) That the farm described in cadastral plan number SJ-60033-1999 is Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) and therefore, the competent entity to exercise its administration is the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), with the Instituto de Desarrollo Agrario required to adopt the pertinent actions to prepare the deed of transfer in favor of the State, as well as to process its registration in the Public Registry with the respective change in its nature. 6) That possession of that farm be given to the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) and Mr. Ronald Elizondo Solano be evicted.”

2.- The co-defendants answered in the negative. The Instituto de Desarrollo Agrario raised the preliminary defense of lack of jurisdiction by subject matter, which was rejected by oral judgment no. 766-2008 of the Tribunal Contencioso Administrativo, Sixth Section, at 8:30 a.m. on October 3, 2008.

3.- The Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, by resolution no. 000028-C-S1-2009 of 10:30 a.m. on January 15, 2009, and with the dissenting vote of Judge Escoto Fernández, resolved: “By majority, it is declared that jurisdiction over the present proceeding corresponds to the Tribunal Procesal Contencioso Administrativo.”

4.- For the conciliation hearing, 11:30 a.m. on October 3, 2008, was set; however, there was no conciliation process, so the hearing was declared unsuccessful.

5.- At the preliminary hearing of 8:22 a.m. on August 3, 2009, the representatives of the parties addressed the court.

6.- The Tribunal Contencioso Administrativo, Sixth Section, composed of Judge Marianella Álvarez Molina, Judges Otto González Vilchez and Roberto Garita Navarro, in judgment no. 1842-2009 of 7:30 a.m. on August 31, 2009, ordered: “The present claim is granted, in the following terms: 1) It is ordered that the agreement of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, contained in Article 32 of session number 016-04, dated May 3, 2004, be annulled, solely regarding the titling of a farm in favor of co-defendant Ronald Elizondo Solano, described in cadastral plan number SJ-600333-1999. 2) It is ordered that public deed number 47, executed before Notaries Public Giovanni Varela Dijeres and Alba Iris Ortiz Recio, at 8:00 a.m. on May 24, 2004, which formalized and recorded the titling issued by the Instituto de Desarrollo Agrario, be annulled, solely regarding the titling of a farm in favor of Mr. Ronald Elizondo Solano. 3) It is ordered that the registration entry for the farm inscribed under the Folio Real system, registration number 1-561877-000 (titled farm), issued by the National Registry, be annulled. 4) It is declared that the farm inscribed under Folio Real registration number 1-561877-000 was technically and legally improperly inscribed in favor of Mr. Ronald Elizondo Solano. 5) The property described in cadastral plan number SJ-60033-1999 is declared as Natural Heritage of the State and therefore, the competent entity to exercise its administration is the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). 6) The Procuraduría General de la República, through the State Notary's Office, is ordered to prepare the new deed of transfer for the property subject to this proceeding, with its respective change of nature, and to carry out the pertinent steps to register that deed in the Public Registry of Real Property. 7) The eviction of Mr. Ronald Elizondo Solano from the property subject to this proceeding is ordered, and possession of that farm is to be given to the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). Issue the respective writs to the Public Registry. The parties are advised that any aspect established in this resolution must be enforced before the Enforcement Judge of this Tribunal, if necessary, for the due execution of this judgment. 8) The IDA is ordered to pay, in the abstract, damages to the State or Central Public Administration, represented in this case by the Contraloría General de la República. Damages whose existence and amount shall be determined in the judgment execution phase. 9) It is ordered that the precautionary measures ordered by this Tribunal, at the precautionary measure hearing held at eight thirty-five hours on October eighth, two thousand eight, by oral resolution number 700-2008, be maintained until this judgment becomes final. 10) The IDA is ordered to pay the procedural and personal costs of this proceeding. Likewise, the claim is denied in the following aspects: 1) Mr. Ronald Elizondo Solano is exonerated from the payment of damages; 2) Mr. Ronald Elizondo Solano is exonerated from the payment of the procedural and personal costs of this proceeding.”

7.- The co-defendants each file an appeal in cassation, indicating the reasons they rely upon to refute the Tribunal's thesis.

8.- In the proceedings before this Chamber, the prescriptions of the law have been observed.

Drafted by Judge Rivas Loáiciga

**WHEREAS (CONSIDERANDO)**

I.- By Executive Decree no. 3667-G of March 18, 1974 (published in Supplement no. 64 of the Official Gazette La Gaceta, no. 72 of April 17, 1974), the State transferred to the then Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), today the Instituto de Desarrollo Agrario (hereinafter IDA), a tract of land with an area of 267,239 hectares, to create the titling program called “Parrita-Puriscal.” The Board of Directors of the IDA, in session 055-02, held on August 12, 2002, article 2, approved the Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales (Reglamento hereinafter), with the purpose of legalizing land tenure in areas where people were in possession but without property titles. That same year, Mr. Ronald Elizondo Solano requested from the IDA, based on the issued regulations, title to parcel no. 92691, located in the area of the “Parrita-Puriscal” program, whose cadastral plan is SJ-600333-99, a terrain of mountain and brushland (tacotales). The referred property was transferred to Mr. Elizondo Solano and inscribed in his name in the Public Registry of Real Property. Some time later, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), by resolution no. 02063-07, of 2:40 p.m. on February 14, 2007, declared the unconstitutionality of the Reglamento. The Contraloría General de la República filed a lawsuit against the IDA and Mr. Elizondo Solano. It requests the annulment of the following acts and contracts: the agreement of the Board of Directors of the IDA, article 32 of session 016-04 of May 3, 2004, solely regarding the titling in favor of Mr. Ronald Elizondo; public deed no. 47 executed before Notaries Public Giovanni Varela and Alba Iris Ortiz, at 8:00 a.m. on May 24, 2004, where that titling was formalized; the registration entry for the farm under Folio Real registration number 1-561877-000. It also asks that it be declared that the property in question was illegally inscribed in favor of Ronald Elizondo Chaves; it is Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) and, therefore, must be transferred to the Ministerio de Ambiente y Energía (now MINAET); the State Notary's Office be ordered to prepare the deed of transfer of said property in favor of the State, as well as to process its registration in the Public Registry with the respective change of nature. It also seeks that the State be placed in possession of that property, the eviction of Ronald Elizondo Solano be ordered; and the co-defendants be ordered, in the abstract, to pay the damages caused, as well as all costs. The proceeding was declared to have preferential processing. The defendants answered negatively. The IDA filed a motion to dismiss for lack of jurisdiction by subject matter, which was rejected in an interlocutory decision. The Tribunal granted the claim, except regarding damages and costs, both procedural and personal, from which Mr. Elizondo Solano was exonerated from payment. Disagreeing with the ruling, the co-defendants file an appeal in cassation.

**Appeal in Cassation of the IDA**

II.- The appellant disagrees with the Tribunal's ruling, which determined that the land subject to this proceeding forms part of the natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado), because it is mostly covered by forest. It refers to the documents that served as the basis for the appealed judgment. In its challenge, it questions the assessment of the evidence made, as well as the application of legal rules. The Tribunal, it warns, did not assess the content of certificate ACOPAC-OTC-065, of November 25, 2002, issued by M.Sc. Julio Bustamante, Territorial Planning Coordinator of the Área de Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación of MINAET, the content of which it transcribes. In its view, the Tribunal downplays everything stated in it and limits itself to relating Article 33 with Article 13, both of the Ley Forestal (no. 7575 of February 5, 1996, and its amendments), to conclude that the titled land, by being covered by forest, is natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado). It omits, it adds, the analysis of other aspects contained in paragraph 13 of the cited Law, such as that the forests and forest lands of national reserves must be declared inalienable areas, a condition that the lands titled by the IDA do not meet. The parcel in question, it expands, is also not located in any area of the natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado) delimited by MINAET, much less within the category of public domain, as the trial court judges confusingly interpret. Regarding Constitutional Chamber ruling 2063-2007, by which the Reglamento was annulled, it states that the ruling lists the assets that make up the natural heritage of the State and provides an analysis of public domain assets. Notwithstanding the foregoing, it asserts, the Tribunal did not consider these aspects and made an improper interpretation of the constitutional ruling. The Constitutional Chamber, it opines, ordered that the ruling has declaratory and retroactive effects to the effective date of the regulation declared unconstitutional, so that the recovery of assets that, being of public domain, may have been subject to titling under the annulled regulation is appropriate. The Tribunal omitted, it argues, the analysis of public domain assets and simply indicates that since the land in question is natural heritage of the State, the titling in favor of Mr. Elizondo Solano lacks legal basis, and therefore must be recovered. As a consequence of this inattention, it contends, the Tribunal erroneously concluded that with the annulment of the Reglamento, the IDA, administratively, had to annul all titles born from titling projects, which it considers arbitrary and unconstitutional. In its view, the Constitutional Chamber determined that all those lands that, being of public domain, had been titled under the annulled Reglamento were recoverable; it never ordered that all titling completed be annulled. Therefore, it opines, if Mr. Elizondo Solano's land does not meet the condition of public domain, his title could not be invalidated, as ordered by the impugned judgment. It reproaches the lack of analysis of the content of Articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, and 33 of the Ley Forestal, regarding the true legal nature of the land in question. It believes it was not considered that the property has not been declared inalienable and is not subject to the category of public domain, nor within any area of the natural heritage of the State, aspects that allow concluding that the titled property does not have this latter condition. On the other hand, it says, the Tribunal found the free transfer to ITCO, now IDA, of the parent farm from which the titled parcel inscribed in the name of co-defendant Elizondo Solano was segregated, to be proven. That circumstance, it assures, legitimated its client to process the title requested by Mr. Elizondo Solano. However, it contests, due to an erroneous interpretation of Constitutional Chamber ruling no. 2063 of February 14, 2007, and of Decree no. 34654-MGP of July 13, 2008, the Tribunal annulled it. It also, it alleges, valued as evidence the IDA's failure to obtain the land-use compliance study (estudio de uso conforme de suelo), as a requirement for processing the title to Mr. Ronald Elizondo. The ruling, it explains, did not consider in that regard that the land titled by the IDA has remained in the possession of Mr. Elizondo Solano for more than 20 years and has been part of the titling project since April 1974, so it is clearly capricious to expect that the land has been used following the techniques implemented by the Ley de Uso, Manejo y Conservación del Suelo, of 1998, and its Reglamento of 2001. The certificate of land-use compliance (uso conforme de suelo) issued by agronomist engineer Germán José Aguilar, of July 2009, it notes, reveals that the land in its entirety measures 35 hectares 82.59 square meters, of which 90.42% has been subjected to a use consistent with the soil, and a mere 9.38%, approximately three hectares, has not. With this evidence, it maintains, it is clear that the land has not suffered any damage and, consequently, its original conditions and nature have been safeguarded and protected by Mr. Ronald Elizondo, with rational use, circumstances that have not been considered by the Tribunal in its analysis. As normative support, it cites precepts 33 of the Ley Forestal, and 32 and 36 of the Ley Orgánica del Ambiente, and explains their content.

**Appeal in Cassation of Mr. Ronald Elizondo Solano**

III.- The Tribunal, it states, incurred in an improper assessment of the evidence by considering the land depicted in cadastral plan SJ-600333-1999 as natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado). Six are the evidentiary elements it says served as the basis for such assertion, which it reproaches were erroneously assessed. These are: First, the certificate issued by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación of the Ministerio de Ambiente y Energía, contained in official communication ACOPAC-OTC-065, dated November 25, 2002. In it, it says, it is indicated that the property is located outside protected wilderness areas, meaning it is not within any of the categories established in Article 32 of the Ley Orgánica del Ambiente, be it forest reserve, protective zone, national park, biological reserve, national wildlife refuges, wetlands, natural monuments, a situation that was not taken into consideration by the Tribunal, despite having already been indicated at both the precautionary measure hearing and the preliminary hearing. It also deemed irrelevant that the farm was not affected by paragraph 33 of the Ley Forestal, a provision that regulates matters related to protection areas on the banks of rivers, streams, springs (nacientes), etc. However, it reproaches, it made a connection between this canon and 13 of that same Law, concluding that what that certificate indicated was that this land was not located in a protection area, which was irrelevant, since from the relationship of those precepts, it follows that the natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado) is constituted by properties that are covered by forests, regardless of whether they are located inside or outside national reserves or protection areas. This interpretation, it affirms, is erroneous. The referenced certificate, it maintains, is clear that the farm described in plan SJ-600333-1999 is not affected by Article 33 of the Ley Forestal and is not part of a protected wilderness area, but the trial court judges insisted on giving it a protection category, without it having been previously declared as such by executive decree or specific law. That certificate, it notes, was an admissibility requirement for the titling request made by the IDA, so if it had indicated that the land was subject to public domain, it would not have been titled. Second, cadastral plan SJ-600333-1999. In its assessment, it determines, the Tribunal limited itself to considering and emphasizing that the farm has forest and "per se" is natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado), ignoring the certain fact that the farm also has pasture areas, where an agricultural activity of livestock grazing has been carried out without affecting the forest area. This area, it argues, has instead been cared for and protected for more than ten years, both in the real and effective possession it has exercised since the moment of acquiring the property, and that exercised by the previous possessors, a situation that was also not assessed by the Tribunal, even though it was pointed out. Third, the sworn statements regarding the possession of the property, attached to the application before the IDA. In them, the nature of the land was indicated as mountainous, having that condition before the titling procedure. The property, it explains, which measures in its entirety 35 hectares 82.59 square meters, although it effectively has an area with forest cover (cobertura de bosque), also has grazing surfaces and others in which, out of a protectionist spirit, it has been left for natural regeneration. The titling process, it clarifies, was necessary and imperative to carry out before the administrative entity, because with the existence of a registry encumbrance on such an extensive area of lands inscribed in the name of the IDA since 1974, it was materially and legally impossible at that time, 2002, to promote and file a possessory information proceeding before the competent Agrarian Court. Fourth, the judicial inspection carried out at 10:30 a.m. on September 29, 2008. In this proceeding, it assures, the extensive existence of forest cover (cobertura boscosa) was corroborated, also appreciating aspects such as difficult access, lack of crops or agricultural activities, cattle in the pasture area, humid climatic conditions, fences of the land with barbed wire, a zinc house in the pasture area, existence of a stream, some burnt trees, that no one lives on the land; all of which led the Tribunal to the following conclusions: 1) the existence of forest and a stream which converts it into natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado), 2) no one lives on the land, which allowed it to determine that the farm is not held as a means of subsistence and; 3) there are no crops or agricultural activities, except for eight heads of cattle, and, therefore, the land is not used for agricultural production purposes; 4) access to the property is difficult, which would make commercialization of meat and agricultural products impossible. The Tribunal, it repeats, considers categorically that the fact that the farm has forest cover (cobertura boscosa) and a stream is sufficient to consider it natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado), leaving aside in its assessment the pasture area it has and the "silvopastoral" activity carried out on it, which allows the coexistence of forest in combination with livestock activity, taking protective precautionary measures. With the erroneous assessment of this evidence, it states, the deciding body falls into subjective considerations that show ignorance of agricultural activity, which has, with the passage of years, incorporated third-generation rights, which include as part of it the exercise of agroforestry activities, with the recognition of forest possession conceived as that carried out on lands with forest or of forest aptitude. In the forest area that the farm has, it warns, that important resource has always been protected and conserved, even having the farm duly fenced, which was appreciated by the Tribunal on site. Another element it analyzes to reach its conclusions, it censures, lies in the fact that it has not resided on the farm and, for that reason, they consider that it could not be affirmed that the property is a means of subsistence. This, it maintains, continues to demonstrate the Tribunal's lack of knowledge. First, in the fact that it is not a "sine qua non" requirement for the titling of a property, except in the case of land for residential use, that one must reside permanently on it. As for the means of subsistence or sole means of subsistence, it reproaches, it is not an element to detract from the titling procedure, because this does not pertain to whether the possessor has the land as a means of subsistence or not, since if subsistence were measured as a parameter, one would be facing a totally different hypothesis, such as a precarious occupation conflict. Now then, it points out, regarding the statement that no crops or agricultural activities were found on the land and, regarding access to the property, it again errs in its view. There exists, and was verified by the Tribunal, it indicates, that livestock were found within the farm, meaning there is livestock activity. Agricultural activity, it argues, is not solely aimed at planting perennial crops or short-cycle crops; cattle ranching, whether for fattening or dairy, is agricultural activity. With respect to the accessibility to the land, it indicates, these are the normal conditions of rural communities, where dirt or gravel roads predominate, so it is also not a valid and objective criterion to discredit a titling process, nor is it to try to dispossess it of land it has possessed for more than ten years. Fifth, the technical evidence prepared by the Instituto Geográfico Nacional of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, contained in official communication DEGEQ-047-09 of March 30, 2009 (folios 548 to 551 of the judicial file). This evidence, it denounces, should not have been considered due to the imprecision it reflects, which is recognized even by the entity that issued the report. Even so, it expresses, on the assumption that it is the same farm, it is recognized in it that in a large sector there are pasture areas and that it has not undergone variation since 1997, the date of the first aerial photograph used for the study, which would affirm the undeniable fact of the protection it has been carrying out of the forest resource. Sixth, the Soil Use Compliance Study (Estudio de Uso Conforme de Suelos) requested by the Contraloría General de la República from the Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), in official communication DJ-0018-2009 and, which is issued in official communication DST-217-2009 of July 23, 2009. From this report, it explains, the trial court judges assessed the following: “a) It was never prepared during the titling process carried out by the IDA, being mandatory for the institution; b) That the report sectorizes the farm into Sector A: Pasture 3.36 hectares (9.58%), Scrubland (Charral) 5.23 hectares (14.91%), Forest 6.30 hectares (17.95%); Sector B: Forest 7.13 hectares (20.33%); Sector C: Pasture 2.90 hectares (8.27%); Sector D: Scrubland (Matorral) 10.16 hectares (28.96%); c) That the report prepared by INTA allowed it to reach the following conclusions: i) a high percentage of hectares are forest, that the scrubland (charral) and scrubland (matorral) zones are areas of natural regeneration, which must be protected, thus the farm is natural heritage of the State in its entirety; H) that the titled property is affected by Article 33 of the Ley Forestal 7575 and is comprised within a forest protection area; ii) that the pasture zone has low fertility, thus it is not suitable for the development of agricultural activities and is also not adequate for livestock activities.

Thus it determines that the property does not qualify for agrarian purposes; that the property titled by the IDA constitutes natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado), in accordance with Articles 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 33 of the Forest Law (Ley Forestal) 7575, which makes it unseizable, imprescriptible and inalienable as a public domain asset, therefore the allegations that the right to titling derives from the possession rights exercised by the undersigned and my family are not receivable by the Tribunal, since these are lands where possession by private individuals does not create any right; that since the property is natural heritage of the State and has a public-domain nature before, during and after the administrative proceeding before the IDA, it vitiates the administrative actions with absolute nullity.” Regarding the above, he indicates, at the time of submitting the documentation requested by the IDA for the titling procedure, a conforming use study (estudio de uso conforme) was not included as a requirement. Thus, he maintains, he fully complied with the submission of all requested documentation, within which it was indeed necessary to provide a certification from MINAE confirming that the property to be titled was not included within any conservation area administered by MINAE. This, he expresses, could be verified with the certification issued by the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) ACOPAC-QTC-065 of November 25, 2002, which indicates that the property described in plan SJ-600333-1999 was outside any Protected Wild Area (Área Silvestre Protegida). He again insists that the existence of forest on a sector of the farm does not mean that for that reason alone it is natural heritage of the State, since this requires a prior declaration of affectation to the public domain. He contests the assessment of the farm with real property registration folio number 1-561877-000 as natural heritage of the State, a public domain asset, in which the right of possession is nugatory and, consequently, its public-domain character. The farm described in the indicated cadastral plan, he explains, is not within a Protected Wild Area, according to the classification contained in Article 32 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente); the affectation of Article 33 of the Forest Law refers to the protection on both sides of water sources; there is no prior declaration of affectation to the public domain by Executive Decree and Law of the Republic, therefore it is not a public domain asset either. These, he develops, are those created and designated by the Political Constitution or by specific law, which in this case does not occur. He refers to vote no. 2063-07 of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) and the analysis made in that resolution on the public-domain character of assets affected to the public domain. According to the cassation appellant, from that vote it follows that an asset may only be affected to the public domain when so established by the Political Constitution or when it is included by express rule, an inclusion that must not be arbitrary, capricious, or the consequence of chance and must necessarily be preceded by technical studies that justify it. In the case of his property, he recalls, no such affectation exists. He also alludes to the procedure that he believes must be followed to incorporate an asset into the natural heritage of the State. The Tribunal, he argues, granted the claim without even having assessed, according to the rules of sound judgment, the evidence contained in the case file. He reproaches that, because the proceeding was declared one of pure law, the admission of the proposed testimonial evidence was discarded. He indicates that his title was granted to him two years before the Regulation was annulled, that is, that at the time of requesting it, the IDA had the standing and competence to grant it, even though the Tribunal now considers that there was no normative basis for it, given the declaration of unconstitutionality of the Regulation. He insists, that could not be considered to have retroactive effects to the detriment of the thousands of property titles granted by the ITCO and the IDA throughout the national territory, including his own, since their actions were always preceded and permeated by good faith. He alleges that Article 27 of the Law of Use, Management and Soil Conservation (Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos) was erroneously interpreted, which establishes the obligation for the IDA to have land-use capability studies before acquiring lands for titling purposes, a rule that according to the Tribunal’s exegesis makes no exclusion as to whether the lands the IDA acquires are with public funds or by simple transfer. This rule, he opines, is referred to the formation of peasant settlements, not for titling programs that involve large tracts of land. He also considers Articles 58, 59, 60, 61, 62 and 63 of the Regulation to the Law of Use, Management and Soil Conservation to have been infringed, by requiring the conforming use study. This because the administrative entity in charge of conducting those studies was created in November 2001 and it was not until 2006 that it was given the function of preparing those reports. He again refers to the content of official communication DST-217-09 of July 23, 2009 and indicates that its text does not say that the property is not suitable for carrying out livestock activity. What it provides, he believes, are recommendations on how to make better use of grazing areas and how to improve forage quality. Thus, he considers it an error for the Tribunal to assert that the title granted to him is null because a conforming use study was not conducted prior to titling. As normative support, he accuses an improper interpretation of Articles 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 33 of the Forest Law, since not every land with forest cover (cobertura boscosa) is natural heritage of the State; for the affectation to the public domain of a real property is created by express rule, and in this case there has been no declaration in that sense, in the terms of precept 32 of the Organic Law of the Environment. The Tribunal overlooks and assumes functions that do not pertain to it, he affirms, since the declaration of public domain may only be made by MINAET, in accordance with Article 36 of the Organic Law of the Environment, after conducting technical studies that justify the public purpose, a rule it did not analyze in its judgment. It likewise omits, he asserts, canon 37 of the Organic Law of the Environment, according to which the incorporation of an asset into the public domain must necessarily be preceded by a purchase or expropriation, with prior compensation, unless the owner voluntarily submits to the forest regime; a rule that must necessarily be related to provision 2 of the Forest Law. This authorizes the Executive Branch, through MINAET, to establish protected wild areas on privately owned lands regardless of their category, which may be included voluntarily, purchased, or expropriated, following scientific or technical studies that justify the public interest by law. Likewise, he adds, a “gap in the application of the legal rule” is evident, since the Tribunal did not even consider the provisions of Article 22 et seq. of the Forest Law, which creates the Forest Conservation Certificate (Certificado para la Conservación del Bosque), by which owners and even possessors of lands with forest cover are compensated for protecting the forest. As new evidence, he provides a certification from the National Forest Financing Fund (Fondo Nacional de Financiamiento Forestal), number PSA-065-2009 of September 17, 2009, indicating the number of contracts and how many hectares they represent nationwide for those who receive the benefits of the Payment for Environmental Services (Pago de Servicios Ambientales, PSA). The State, he assures, incentivizes those individuals who have farms with forest to protect them, as was well demonstrated in his case with the study conducted by the INTA, according to which on 90.42 percent of the farm a conforming use has been exercised, that is, areas with forest cover have been cared for and protected. Regarding the application of Article 33 of the Forest Law, he reiterates, although its purpose is the protection of springs (nacientes), streams, waterways and any other means by which water resources flow, its safeguard affects all types of real properties, whether public or private, even subject to the granting of concessions. Consequently, he argues, it is not an argument to justify the nullity of his property title. Regarding the alleged violation of Article 27 of the Law of Use, Management and Soil Conservation, he affirms, it is the product of an improper interpretation, since this refers to lands that the IDA acquires for titling purposes, but in peasant settlements; thus it is imperative for this Institute to have land-use capability studies before acquiring a farm with its own funds. It is of utmost importance for the outcome of this case, he posits, to point out that the Forest Law introduces a reform to Article 7 of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias), according to which the possessor of a protected wild area, whatever its management category, may title it through a possessory information proceeding, upon prior demonstration of a ten-year possession exercised at least ten years before the declaration of the wild area. Furthermore, in those cases of lands with forest, he mentions, where there is no prior affectation to the public domain, they may be titled by demonstrating ten-year possession and the protection of the natural resource. Therefore, he holds, it is viable and legally permissible to title real properties located within any of the categories of protected wild areas, under the conditions indicated. And it is also legally attainable to title lands with forest cover not incorporated into the public domain, with the demonstration of ten-year possession and the protection of the forest. The failure to apply other norms of the legal framework, he declares, led the Tribunal to issue a judgment contrary to the legal order, since it limited itself practically to interpreting Articles 13, 14 and 15 of the Forest Law and Article 27 of the Law of Use, Management and Soil Conservation, which was precisely the sole legal basis of the plaintiff to request the nullity of administrative acts, nullity of public deeds, the transfer of his property to MINAET and his eviction from the property in dispute.

IV.- Despite the fact that in both appeals there are objections regarding the assessment of evidentiary elements, it is deemed appropriate to first delimit the normative concept of natural heritage of the State, the central axis of the claims, in the terms that this Chamber has referred to in a case similar to the present one: “IV.- … Pursuant to Article 13 of the Forest Law, ‘The natural heritage of the State shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the farms registered in its name and of those belonging to municipalities, autonomous institutions and other Public Administration bodies, except real properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of their assets…’ Thus, there are three possibilities provided by the rule regarding the assets that make up said heritage: a) forests and forest lands of the national reserves; b) forests and forest lands of the areas declared inalienable, and c) forests and forest lands of the farms registered in its name and of those belonging to municipalities, autonomous institutions and other Public Administration bodies, except real properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of their assets. Thus, the opinion expressed by the IDA, that the farm subject to this proceeding cannot be considered part of the natural heritage of the State because it is not located within a national reserve, a protected wild area, a forest or biological reserve, arises from an improper interpretation of the cited article. In this sense, mandate 13 ibidem is clear in determining that a property covered by forest, and belonging to the State, a municipality, an autonomous institution or another Public Administration body, forms part of the natural heritage of the State, without the Legislator requiring that the property had to be part of any of the indicated protection categories” (no. 1070-F-S1-2010, at 9:45 a.m. of September 3, 2010). It is a proven fact that the land subject to this proceeding was part of an asset that was first the property of the State, which transferred it without registration to the IDA, an entity that registered it in the Public Registry in its name, and subsequently segregated a lot, which it transferred to Mr. Ronald Elizondo Solano, given that before its registration it was covered by forest in large part. Therefore, the criterion for determining if the real property was part of the natural heritage of the State cannot be limited to the fact that a private individual holds recorded ownership, but must investigate the background of the farm, with the aim of determining if it was within the domain of the State or one of its institutions; and if it is covered by forest, aspects that have an affirmative answer as analyzed in the contested judgment.

V.- Both co-defendants warn that the pronouncement incurred in an improper assessment of evidence. Their claims aim to demonstrate that the evidence in the case file attests that the farm subject to this proceeding is outside any protected wild area, forest and/or biological reserve. But the Tribunal’s criterion for partially granting the claim is, in essence, that the real property is covered by forest, a situation that existed before it was transferred to Mr. Elizondo Solano, which, among other reasons, motivated the nullity of the agreement of the IDA’s Board of Directors, article 32, taken at session 16-04 of May 3, 2004. Put another way, what is alleged by both the IDA and Mr. Elizondo Solano is irrelevant for purposes of modifying the outcome, since the grievances do not challenge the legal reasoning provided by the Tribunal. The vote of the Constitutional Chamber was correctly assessed by the instance judges, since the judgment considered that the agreement of the IDA’s Board of Directors, article 32, taken at session 016-04 of May 13, 2003, was issued based on the regulation that the aforementioned Chamber declared unconstitutional, this being one of the reasons weighed in the judgment for granting the claim regarding the declaration of nullity of the cited agreement, and the consequent nullity of the remaining subsequent acts and contracts that allowed transferring ownership of the farm subject to this proceeding to a private individual’s name. Vote no. 2063, repeatedly cited, dimensioned its effects in the following terms: “XV.- OF THE EFFECTS OF THE UNCONSTITUTIONALITY DECLARED.- Pursuant to the provisions of Articles 90, first paragraph, and 91 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the finding of unconstitutionality made in this judgment in relation to the Regulation for the Titling of Lands in National Reserves, approved by the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development by article 11 of session number 055-02, of August twelfth, two thousand two, and published in the Official Gazette La Gaceta number 173, of August tenth, two thousand two, has declaratory and retroactive effects to the effective date of this regulatory body, i.e., August twelfth, two thousand two, so that the recovery of assets that, being of public domain, have been subject to titling under the regulation now annulled, is appropriate, without prejudice to the State’s patrimonial liability deriving from this unconstitutionality.” Thus, the appellants’ assertion lacks factual and legal basis. The asset subject to this litigation, without a doubt, as part of the natural heritage of the State, constitutes a public domain asset, which the State is obligated to recover, as mandated by the constitutional vote. Based on the foregoing, the alleged defects did not occur. In any event, this Chamber considers that the evidence was correctly assessed, in accordance with the rules of sound judgment. The Tribunal analyzed the evidence, it being proven both from the documentary evidence and the judicial inspection that on the farm subject to this dispute there exists extensive forest cover, and that was the element that determined the classification of the real property as natural heritage of the State, which conforms to the provisions of Article 13 of the Forest Law. For further abundance of reasons, although pursuant to Executive Decree (Decreto Ejecutivo) no. 3667-G of April 17, 1974, it was the State that transferred the mentioned lands in favor of the ITCO, now the IDA, so that this autonomous institution could proceed with the titling program “Parrita-Puriscal,” among others, said transfer of ownership was limited by certain conditions, specified in the same decree. In this regard, the first article is clear in stating: “Transfer free of charge to the Institute of Lands and Colonization insofar as they are not included within the exceptions set forth in laws numbers 2825 of October 14, 1961 and its amendments; 4465 of November 25, 1969; or involve lands of private public domain or that for other legal reasons cannot be transferred, the lands located in the cantons: III Desamparados, IV Puriscal, V Tarrazú, VI Aserrí, XVI Turrubares, XVII Dota and León Cortés of the province of San José, canton VI Aguirre, IX Parrita and district V Jacó of canton 1 of the province of Puntarenas…” (emphasis not in original). In this sense, in this case, as it involves a real property covered by forest, and being within the domain of the State, it formed part of the natural heritage of the State, which, according to the literal wording of the aforementioned decree, prevented transfers to the IDA, and from it to private individuals. In the same vein, Article 14 of the Forest Law determines that the forest lands and forests that constitute the natural heritage of the State “…shall be unseizable and inalienable; their possession by private individuals shall not create any right in their favor and the State’s reivindicatory action for these lands is imprescriptible. Consequently, they cannot be registered in the Public Registry through possessory information proceedings and both the invasion and occupation of them shall be sanctioned in accordance with the provisions of this law.” On the other hand, what the appellants indicate regarding that the Tribunal did not consider that the land has been in the possession of private individuals, is not a receivable claim before this Chamber, because the Forest Law is clear in the sense that these are inalienable assets, whose possession by private individuals shall not create any right in their favor, the State’s reivindicatory action being imprescriptible. In accordance with the foregoing, the cassation appeals must be declared without merit.

VI.- In accordance with the foregoing, the cassation appeals must be declared without merit, with costs to be borne by their promoters, pursuant to Article 150, subsection 3) of the Contentious Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo).

THEREFORE

The cassation appeals filed are declared without merit, with costs to be borne by those who promoted them.

Anabelle León Feoli

Luis Guillermo Rivas Loáiciga                                                Román Solís Zelaya

Óscar Edo. González Camacho                          Carmenmaría Escoto Fernández

Note of Magistrate Escoto Fernández

The undersigned member shares what is provided in the issued vote, and therefore conforms to it; however, she differs from the arguments outlined at the end of considerando identified as IV regarding that “the Tribunal did not consider that the land has been in the possession of private individuals, is not a receivable claim before this Chamber, because the Forest Law is clear in the sense that these are inalienable assets, whose possession by private individuals shall not create any right in their favor, the State’s reivindicatory action being imprescriptible.” This because this judge is of the opinion that there could eventually be cases involving many years of possession of lands covered by mountain or forests by private persons, who, according to the provisions of Article 7 of the Possessory Information Law and a resolution of the Constitutional Chamber, which she shares, may well acquire forest lands through adverse possession (usucapión) as long as the requirements that the legal system provides for this are met. Said Chamber in such resolution, in what is of interest, provided: “Currently, by the reform enacted by Forest Law No. 7575 of February 13, 1996, the valid text of the challenged provision states: ‘Article 7.- When the real property referred to in the information proceeding is located within a protected wild area, whatever its management category, the title applicant must demonstrate being the holder of the legal rights over the ten-year possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree creating that wild area. Farms located outside those areas and having forests may only be titled if the applicant demonstrates being the holder of the legal rights of ten-year possession, exercised for at least ten years and having protected that natural resource, it being understood that the real property must be duly demarcated and with fences or clean lanes. Without any exception, the cadastral plans submitted in possessory information proceedings must be certified by the Ministry of Environment and Energy, through the entity in charge, which shall attest whether the real property sought to be titled is inside or outside those protected wild areas.’ … it follows that the titling of the real property has as a requirement the acquisition of ownership. That is, the moment of acquisition of ownership by adverse possession is distinguished from the moment in which that situation is asserted in the possessory information proceeding to obtain a registrable title in the Public Registry. Hence, adverse possession is considered a mode of acquisition of ownership and other possessable real rights, and titling as the procedure through which, once the requirements for adverse possession are verified, the registrable title of ownership is granted. Adverse possession is an original mode of acquiring a possessable real right by the passage of time with the requirements of the law. The acquisitive legal effect of adverse possession occurs automatically with the passage of time coupled with a competent possession that meets the conditions set for possession ad usucapionem, and the other requirements established by law. In general terms, the Civil Code establishes as requirements for acquisitive prescription: the translative title of ownership, good faith, and possession under specific conditions… In general terms, it has been admitted that possession is acquired by original title and by derivative title. The first case occurs when the title is based solely on the unilateral act of will of the acquirer. In the second case, a double intervention of the acquirer and the preceding possessor occurs, and the origin of the acquisitive phenomenon lies in the disposition of that possessor. Article 278 of the Civil Code provides that the right of possession is made effective by the occupation or tradition of the right or thing in question. For its part, Article 485 ibidem states that by occupation, the domain of movable things may be acquired. The typical figure of possession by original title is occupation. On the other hand, tradition is the derivative form of acquisition of possession par excellence, in which the prior possessor intervenes. It is the delivery of the thing to transfer it to the one who receives possession. Its legal nature lies in the transmission of possession. In modern law, tradition is any possessory transfer carried out with the will of the prior possessor – any means of derivative acquisition of possession. Tradition as a possessory transfer occurs when the acquirer obtains possession and simultaneously the preceding possessor loses it by the assignment made for consideration or gratuitously. In this case, possession is obtained when the acquirer fulfills the will of the transferor by occupying the thing, subjecting it to his will or performing the acts and formalities of law. It must be remembered that these are the modes of acquiring possession, which upon fulfilling the requirements of law becomes possession ad usucapionem… In that sense, the development that the First Chamber of the Supreme Court of Justice has made in forestry property matters can be summarized as follows: forestry property is a different type of property with its own characteristics and particularities and a special regime; forestry property is fundamentally conceived for conservation, not to produce or be part of the commerce of men; the forestry regulation presents three moments, but it is only as of the enactment of Law No. 7032 of April 7, 1986, that a better-conceived instrument was available to address the complex forestry problem; Law No. 7032 of April 7, 1986, was declared unconstitutional, and No. 7171 of June 28, 1990, was enacted again with the text of the previous one; the protection of natural resources has undergone significant advances in recent times; international instruments on fundamental rights and jurisprudential development have caused changes in domestic legislation aimed at protecting the right to a healthy and ecologically balanced environment; changes in legislation have even reached the Constitution itself, and currently the right to the environment is conceived as a true human right; development on this topic has been such that a true legal classification has been formulated: ecological law; according to the Forest Law, the forest heritage of the State includes the entire national territory and is subdivided into three areas: that comprised by the forest regime, forest uses on privately owned lands, and the national reserves; the forest regime is defined as the set of legal, economic and technical provisions that give content to conservation; the forest regime has three sub-areas: a.- protective zones, b.- national parks, forest and biological reserves, and c.- forests and forest lands; the term national reserves is used as of the Land and Colonization Law No. 2825 of October 14, 1961, to identify all those lands denominated by the Fiscal Code of 1865, and later by Law No. 13 of January 19, 1939, as national vacant lands (baldíos nacionales); these are real properties not subject to private ownership – not registered in the Public Registry under the terms of Articles 267 and 486 of the Civil Code – and those also not registered in the name of the State or its institutions; national vacant lands are the remainder of the two previous forms of ownership; following the guidelines of the Civil Code, the General Law of National Vacant Lands No. 13 of January 10, 1939, declared them belonging to the State, within the limits of the Republic; the Land and Colonization Law No. 2825 of October 14, 1961, maintained the same orientation and expanded the zones declared inalienable by the previous law; in general, those reserves have had limits – as to surface area – limits to possess them and to register them through possessory information proceedings; all lands considered national reserves are immediately affected to the purposes of the forestry regulation; upon them, the State can create forest reserves, protective zones, national parks, wildlife refuges and biological reserves, thereby forming the forest heritage; in order to colonize or alienate them, legislative authorization is required, and when they are possessed by third parties, these acquire no right, the State’s right to reivindicate being imprescriptible; according to the current regulation, exploitation in national reserves can only be practiced through a concession granted by the State; the exploitation of the forest resource on privately owned lands does not exclude these lands from the forest heritage of the State; the forest heritage of the State is applicable to all national assets where natural forest resources exist; on lands where natural resources exist, in order to exploit timber resources, private individuals must develop forest technical plans and obtain long-term concessions; the State grants a series of incentives for the management and regulation of forests and forest lands of private domain; regarding national parks and biological reserves,… (see judgments of the First Chamber of the Supreme Court of Justice number 189 at 10:20 a.m. of October 30, 1991 and 51 at 3:15 p.m. of May 26, 1995).

Regarding agrarian property, it should be noted that when the social function of property is recognized, the right of property is configured as a right-duty, in which there exists a specific way of exercising the powers of ownership, and obligations such as the productive use of the land are imposed on the titleholder. Given that the factual premise of the challenged norm—first paragraph of Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias—could apply in the hypothesis that agrarian possession (posesión agraria) has been exercised over the land sought to be titled, before its designation as public domain, it is necessary to point out the elements that characterize the institution of agrarian adverse possession (usucapión agraria), as was done above with the general regime of ordinary civil adverse possession (usucapión civil ordinaria). According to case law, the foundation of that institution is a general principle of Agrarian Law: the socio-economic function of agrarian property. That principle is fundamentally composed of two aspects: a subjective one, of an economic nature, which consists of the owner's obligation to produce, improve, and respect the environment, and an objective or social one, which entails the State's obligation to provide property to those who are in a position to produce but lack land. By virtue of the foregoing, agrarian work constitutes the foundation of agrarian adverse possession, being the instrument through which ownership of the land is acquired. For agrarian adverse possession, possession (posesión) acquires central value as a mandatory element for acquiring the right of property. The institution of agrarian adverse possession in Costa Rica coincides with the general adverse possession of the Civil Code in its structure; however, it differs in its function due to the introduction of the principles set forth above. Among the elements that characterize agrarian adverse possession is a special conception of the intent (animus) of the possessor, which must be projected through the exercise of agrarian possessory acts (actos posesorios agrarios). This is reflected most intensely in the economic appropriation of the profits obtained through work on the parcel (fundo). It is presumed that whoever works the land in that manner does so as owner. On the other hand, the just title (justo título) is constituted by agrarian work, and the fact that it is not required as a document allows the acquisition to proceed against a registered title held in the name of a third party in the Public Registry.… Likewise, the right of property is harmed since, without reasonable cause, a more burdensome requirement is imposed—having personally exercised the possession (posesión) during the ten years—on whoever seeks to acquire by adverse possession a piece of land that is subsequently declared a protected wilderness area (área silvestre protegida), which limits access to that fundamental right.—. POR TANTO The action is partially granted and, consequently, it is declared that the judicial interpretation of Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias No. 139 of July 14, 1941, the text of which corresponds to the amendment brought by the Ley Forestal No. 7174 of June 28, 1990, is unconstitutional, according to which, in order to title lands located within national parks, biological reserves, forest reserves, or protective zones, personal possession (posesión personal) dating back ten years prior to the effective date of the law or decree that created the protected wilderness area is required, and which does not favor, in these cases, possession transmitted by prior possessors. This judgment is declaratory and its effects retroactive, without prejudice to good-faith acquired rights.” (Judgment of the Constitutional Chamber of 15:45 hours on August 5, 1997, which is vote no. 4587-97 concerning an unconstitutionality action against Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias No. 139 of July 14, 1941 and its amendments, it being noted that the highlighted text does not belong to the original). This country since the previous century, particularly the 1970s, has shown special concern for a sustainable development model, hence it arranged to give a broad and important process of conservation of the natural resources in its territory. To this end, a complex conservation system has been configured with multiple modalities but where both private and public property is guaranteed, as well as protection for those who can demonstrate that they care for the forests, mountains, or carry out reforestation or silvicultural activities with sustainable management plans (planes de manejos sostenibles), insofar as the other requirements are fulfilled, such as, among others, the time required according to each case.

  

  

Carmenmaría Escoto Fernández

  

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