Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)El numeral 149 de la Ley de Aguas se encuentra dentro del Capítulo Noveno de dicha ley, denominado “Medidas Referentes a la Conservación de Árboles para Evitar la Disminución de las Aguas”, que como su nombre lo dice, procura con los preceptos contenidos en él, que las autoridades estatales velen por “(…) el estricto cumplimiento de las disposiciones legales referentes a la conservación de los árboles, especialmente los de las orillas de los ríos y los que se encuentren en los nacimientos de aguas” (canon 145 ibídem), con el fin de evitar la disminución de las aguas. En ese sentido, el numeral referido reza: “Se prohíbe destruir, tanto en los bosques nacionales como en los de particulares, los árboles situados a menos de sesenta metros de los manantiales que nazcan en los cerros, o menos de cincuenta metros de los que nazcan en terrenos planos”. Como se observa, la norma no distingue entre manantiales permanentes e intermitentes, por lo que no cabría hacer tal diferenciación a la hora de aplicarla. Se trata de una típica limitación de interés público (artículo 45 de la Constitución Política), que al igual que otras previstas en diversos cuerpos normativos del ordenamiento jurídico, ha evolucionado el concepto de límites a la propiedad privada, en aras de una tutela real y efectiva de la garantía constitucional (artículo 50 de nuestra Constitución Política) de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Tampoco distingue el precepto entre aguas de dominio público y de dominio privado. La norma alude a aguas solamente, sea, al recurso hídrico en general, por lo que la cita de los artículos 1 a 4 de la Ley no. 276 no resulta pertinente al caso. De ahí, que no estima esta Sala que el Tribunal hubiese quebrantado el canon cuya errónea interpretación y aplicación se acusa, al establecer que sí existe amparo legal para las nacientes intermitentes.
English (translation)Article 149 of the Water Law is found in Chapter IX of that law, entitled "Measures Concerning the Conservation of Trees to Prevent the Decrease of Waters," which as its name indicates, seeks through its provisions that state authorities ensure "(...) strict compliance with the legal provisions regarding the conservation of trees, especially those on riverbanks and those located at water sources" (canon 145 ibid.), in order to prevent the decrease of waters. In that sense, the referred article states: "It is prohibited to destroy, both in national forests and on private lands, trees located less than sixty meters from springs that originate in hills, or less than fifty meters from those that originate on flat land." As can be seen, the rule does not distinguish between permanent and intermittent springs, so such a differentiation should not be made when applying it. This is a typical limitation of public interest (Article 45 of the Political Constitution), which like others provided for in various normative bodies of the legal system, has evolved the concept of limits on private property, in pursuit of real and effective protection of the constitutional guarantee (Article 50 of our Political Constitution) of a healthy and ecologically balanced environment. Nor does the precept distinguish between public and private domain waters. The rule refers only to waters, i.e., to water resources in general, so the citation of Articles 1 to 4 of Law No. 276 is not pertinent to the case. Hence, this Chamber does not find that the lower court violated the statute whose erroneous interpretation and application is alleged, by establishing that there is legal protection for intermittent springs.
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Grande Normal Pequeña Sala Primera de la Corte Resolución Nº 00858 - 2012 Fecha de la Resolución: 20 de Julio del 2012 a las 09:20 Expediente: 10-000344-1027-CA Redactado por: Luis Guillermo Rivas Loáiciga Analizado por: SALA PRIMERA Sentencia con nota separada Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Medida cautelar Subtemas: Concepto y alcance. La medida cautelar administrativa es un instrumento jurídico que las autoridades pueden adoptar en el marco de un procedimiento administrativo, a fin de asegurar la ejecución o el cumplimiento de la resolución que se emita como acto final. Pueden ser positivas (acción) o negativas (omisión) para evitar menoscabos a quien la solicita. Cabrá responsabilidad por los daños y perjuicios que su adopción pudiera haber acarreado y debe ser temporal. Dada su provisionalidad, no puede extenderse más allá de la decisión final que la confirmará o la invalidará, pudiendo ser revocada antes, cuando lo actuado así lo aconseje. ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Medida cautelar Subtemas: Daño ambiental. La medida cautelar administrativa es un instrumento jurídico que las autoridades pueden adoptar en el marco de un procedimiento administrativo, a fin de asegurar la ejecución o el cumplimiento de la resolución que se emita como acto final. Pueden ser positivas (acción) o negativas (omisión) para evitar menoscabos a quien la solicita. Cabrá responsabilidad por los daños y perjuicios que su adopción pudiera haber acarreado y debe ser temporal. Dada su provisionalidad, no puede extenderse más allá de la decisión final que la confirmará o la invalidará, pudiendo ser revocada antes, cuando lo actuado así lo aconseje. En este asunto, pese a la demora en que ha incurrido el Tribunal Ambiental Administrativo en resolver en definitiva sobre la denuncia hecha (tala de árboles en zona de protección de una naciente), tal retraso no afecta el carácter provisional de la medida tomada. ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Recurso de casación Subtemas: Costas. Es un pronunciamiento de oficio, condenando al vencido por el solo hecho de serlo, sin considerarlo litigante temerario o de mala fe (artículos 221, párrafo primero, y 193 Código Procesal Contencioso Administrativo). No puede infringirse la norma en tanto no se use la facultad para exonerar en costas, pero si a la inversa, cuando se haga mal uso o uno indebido, resultando procedente el recurso de casación. Cuando se configura el presupuesto de plus petito, la exoneración deviene en obligatoria (canon 194 ibídem). En el caso concreto, se aplicó la regla de condena al vencido, por lo no que no existe vulneración y se rechaza el cargo. ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Naciente Subtemas: Concepto y alcance. La Ley de Aguas procura que las autoridades estatales velen por la conservación de los árboles, especialmente los de las orillas de los ríos y los que se encuentren en los nacimientos de aguas, con el fin de evitar la disminución de las aguas (ordinales 145 y 149). Esta normativa no distingue entre manantiales permanentes e intermitentes; ni aguas de dominio público o privado (son recurso hídrico). Se trata de un límite de interés público a la propiedad privada, para tutelar la garantía constitucional de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (canon 45 y 50 Constitucional). Por ende, no estima esta Sala que el Tribunal quebrantó el canon cuya errónea interpretación y aplicación se acusa, al establecer que sí existe amparo legal para las nacientes intermitentes. ... Ver más Texto de la resolución *100003441027CA* Exp: 10-000344-1027-CA Res: 000858-F-S1-2012 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinte de julio de dos mil doce. Proceso de conocimiento declarado de puro de derecho establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por D, casado, comerciante, vecino de [...]; contra el ESTADO, representado por la procuradora adjunta Heilyn Sáenz Calderón, de estado civil desconocido, abogada, vecina de San José. Las personas físicas son mayores de edad. RESULTANDO 1.- Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, el actor estableció proceso de conocimiento declarado de puro derecho, a fin de que en sentencia se declare: “Se declare con lugar el presente proceso en todos sus extremos. Se declare la disconformidad de la conducta administrativa con el ordenamiento jurídico así como de todos los actos conexos, toda vez que no existe normativa alguna que establezca una zona de protección en los términos del acto recurrido. Se ordene la anulación total de la actuación de la administración en cuanto al dictado de la medida cautelar. Se reconozca y restablezca al suscrito en cuanto al libre uso de su propiedad ordenando a la administración el levantamiento inmediato de la medida cautelar dictada. Se declara la inexistencia de la relación del contenido de una norma con el acto aquí recurrido. Se ordene a la administración demandada ajustar sus actuaciones en el caso en concreto a las reglas impuestas por el ordenamiento jurídico. Se ordene a la administración demandada, abstenerse de adoptar o ejecutar cualquier conducta que lesione el interés público o las situaciones jurídicas actuales o potenciales de mi persona en ejercicio del derecho a la libre disposición y disfrute del derecho de propiedad. Se ordene de inmediato, prima facie, el levantamiento de la medida cautelar. Se condene a la parte demandada al pago de las costas, daños y perjuicios que del presente proceso se generen.” En audiencia preliminar de las 9 horas del 3 de noviembre de 2010, se procede a fijar el objeto del proceso de la siguiente manera: “-Nulidad absoluta de la resolución 908-09-AA de ocho horas quince minutos del diecisiete de agosto del año dos mil nueve, dictada por el Tribunal Ambiental Administrativo, porque no se demostró en el procedimiento administrativo la existencia de algún recurso hídrico que ameritara protección, lo cual en su criterio ha limitado injustificadamente su derecho de propiedad. –Indemnización de daños y perjuicios, por considerar que a raíz de la medida cautelar administrativa se desmejoró el valor comercial del inmueble, se afectó su imagen comercial y el lucro cesante derivado de la imposibilidad de vender los lotes afectados por la medida cautelar.” 2.- El Estado contestó negativamente y opuso la excepción de falta de derecho. En audiencia preliminar de las 9 horas del 3 de noviembre de 2010, la parte demandada formuló la excepción de falta de legitimación ad causam activa por ser revisable de oficio. 3.- La representación estatal renuncia expresamente al proceso conciliatorio. 4.- Para la audiencia preliminar se señalaron las 9 horas del 3 de noviembre de 2010, oportunidad en que ambas partes hicieron uso de la palabra. 5.- Se fijó hora y fecha para realizar el juicio oral y público y el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta, integrado por la Jueza Judith Reyes Castillo, los Jueces José Roberto Garita Navarro y Rodrigo Alberto Campos Hidalgo, en sentencia no. 43-2011-SVI de las 14 horas 20 minutos del 17 de febrero de 2011, dispuso: “Se rechazan las defensas de falta de legitimación activa y pasiva. Se acoge la excepción de falta de derecho. En consecuencia, se declara improcedente en todos sus extremos la demanda incoada por el señor D contra El Estado. Son ambas costas a cargo de la parte actora vencida." 6.- El señor D, en su expresado carácter, formula recurso de casación indicando las razones en que se apoya para refutar la tesis del Tribunal. 7.- En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley. Redacta el magistrado Rivas Loáiciga CONSIDERANDO I.- El señor D, es copropietario de una finca situada en el cantón de […], en la cual se desarrolla un proyecto habitacional denominado “Urbanización Mi Hogar”. En junio de 2005, el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA en adelante) recibió una denuncia por supuestas afectaciones ambientales ocasionadas con la tala de árboles ubicados en la zona de protección de una naciente por el desarrollo del citado complejo residencial, asignándosele el expediente número 211-05-TAA. Mediante resolución no. 582-06-TAA, de las 11 horas 10 minutos del 22 de marzo de 2006, el TAA dictó medida cautelar de abstención y paralización de cualquier actividad, obra o proyecto a fin de evitar daños de difícil e imposible reparación en el “medio ambiente” y los recursos naturales de la zona, sito en barrio San Martín, detrás de la Urbanización Mi Hogar, por la supuesta existencia de tres nacientes. Por resolución no. 1213-07-TAA, de las 8 horas 15 minutos del 13 de noviembre de 2007, el TAA modificó parcialmente la medida cautelar impuesta, en el sentido de autorizar la continuación de las actividades propias del desarrollo de la Urbanización Mi Hogar, siempre que se cuente con los permisos correspondientes, excepto en el área de protección de las nacientes amojonadas en la zona de protección. Posteriormente, de nuevo el TAA modificó la medida cautelar impuesta mediante resolución no. 908-09-TAA, de las 8 horas 15 minutos del 17 de agosto de 2009, en el sentido de autorizar la continuación de las actividades propias del desarrollo de la indicada urbanización, siempre y cuando cuente con los permisos correspondientes, incluyendo viabilidad ambiental, otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), excepto en los 60 metros de protección de las nacientes intermitentes. El 2 de febrero de 2010, el señor D interpone el presente proceso de conocimiento contra el Estado. Solicita se declare en sentencia las siguientes pretensiones que fueron ratificadas en la audiencia preliminar: “Nulidad absoluta de la resolución 908-09-TAA de las ocho horas quince minutos del diecisiete de agosto del año dos mil nueve, dictada por el Tribunal Ambiental Administrativo, porque no se demostró en el procedimiento administrativo la existencia de algún recurso hídrico que ameritara protección, lo cual en su criterio ha limitado injustificadamente su derecho de propiedad. / Indemnización de daños y perjuicios, por considerar que a raíz de la medida cautelar administrativa se desmejoró el valor comercial del inmueble, se afectó su imagen comercial y el lucro cesante derivado de la imposibilidad de vender los lotes afectados por la medida cautelar”. La representación del Estado contestó de manera negativa y opuso la defensa de falta de derecho. En la audiencia preliminar celebrada el día 9 de noviembre de 2010 el presente asunto fue declarado como de puro derecho; asimismo, el Estado opuso la defensa de falta de legitimación ad causam activa por ser revisable de oficio. El Tribunal rechazó la falta de legitimación activa y pasiva y acogió la falta de derecho. Declaró sin lugar la demanda en todos sus extremos y condenó a la parte vencida al pago de ambas costas del proceso. El actor formula recurso de casación contra lo resuelto. Son tres los agravios. II.- Primero: el fallo impugnado, dice, considera que la resolución administrativa recurrida se encuentra ajustada a derecho, toda vez que se trata de una medida cautelar, que como tal se dicta en forma provisional, amparada en el precepto 149 de la Ley de Aguas (Ley no. 276), en donde según los jueces de instancia, consta la protección para las nacientes intermitentes. En su criterio, este tipo de nacientes carecen de tutela legal propia. La protección que se les ha otorgado, alega, obedece a criterios interpretativos adoptados por el TAA y no por el legislador. Transcribe el citado numeral 149. Dicho precepto, expresa, constituye el fundamento de la sentencia impugnada para sostener que la actuación administrativa cuestionada se ajusta a derecho. Sin embargo, advierte, tal posición deja de lado los parámetros que la propia Ley no. 279 establece para determinar el grado de protección que se le debe aplicar a un manantial de acuerdo con su naturaleza, así como la diferencia entre aguas de dominio público y de dominio privado. Transcribe en lo conducente el artículo 1º de la Ley de Aguas. Este numeral, señala, alude de forma expresa a los manantiales de carácter permanentes, los cuales considera como aguas de dominio público. Por su parte, manifiesta, el canon 4 de esa misma ley, establece como aguas de dominio privado las aguas pluviales. Indica luego, que la disposición 51 ibídem, dispone que los artículos sobre las aguas pluviales son aplicables a los manantiales intermitentes que solo fluyen en épocas de abundancia de lluvias. Con ello, afirma, queda claro que para el legislador no es lo mismo los manantiales intermitentes que los permanentes. La única remisión a los primeros, como aguas de dominio público, es el inciso V del numeral 1º de la referida Ley no. 276, que se refiere a aquellas que sirven de límite del territorio nacional, que no es el caso. De ahí, que considera errada la interpretación que hace el Tribunal en su fallo, al querer extender los efectos de la condición de manantiales permanentes a los intermitentes. Los manantiales permanentes, expone son aguas de dominio público, los intermitentes, se consideran como aguas pluviales, salvo si se trata de corrientes establecidas como línea limítrofe al territorio nacional. En la especie, señala, ha quedado demostrado de manera amplia que las supuestas nacientes que se encuentran en su propiedad, son de carácter intermitente y por ninguna circunstancia pueden tenerse como un cause de dominio público, sino como aguas pluviales de dominio privado. III.- El numeral 149 de la Ley de Aguas se encuentra dentro del Capítulo Noveno de dicha ley, denominado “Medidas Referentes a la Conservación de Árboles para Evitar la Disminución de las Aguas”, que como su nombre lo dice, procura con los preceptos contenidos en él, que las autoridades estatales velen por “(…) el estricto cumplimiento de las disposiciones legales referentes a la conservación de los árboles, especialmente los de las orillas de los ríos y los que se encuentren en los nacimientos de aguas” (canon 145 ibídem), con el fin de evitar la disminución de las aguas. En ese sentido, el numeral referido reza: “Se prohíbe destruir, tanto en los bosques nacionales como en los de particulares, los árboles situados a menos de sesenta metros de los manantiales que nazcan en los cerros, o menos de cincuenta metros de los que nazcan en terrenos planos”. Como se observa, la norma no distingue entre manantiales permanentes e intermitentes, por lo que no cabría hacer tal diferenciación a la hora de aplicarla. Se trata de una típica limitación de interés público (artículo 45 de la Constitución Política), que al igual que otras previstas en diversos cuerpos normativos del ordenamiento jurídico, ha evolucionado el concepto de límites a la propiedad privada, en aras de una tutela real y efectiva de la garantía constitucional (artículo 50 de nuestra Constitución Política) de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Tampoco distingue el precepto entre aguas de dominio público y de dominio privado. La norma alude a aguas solamente, sea, al recurso hídrico en general, por lo que la cita de los artículos 1 a 4 de la Ley no. 276 no resulta pertinente al caso. De ahí, que no estima esta Sala que el Tribunal hubiese quebrantado el canon cuya errónea interpretación y aplicación se acusa, al establecer que sí existe amparo legal para las nacientes intermitentes. IV.- Segundo: sostiene que no existe provisionalidad alguna en la medida cautelar instaurada en la resolución administrativa recurrida. Si bien la medida en sede administrativa, critica, fue dictada seis meses antes de la presentación de la demanda, lo cierto del caso, asegura, es que anteriormente hubo otra medida que fue modificada por la resolución impugnada en este proceso. La medida cautelar, añade, en realidad afecta la propiedad desde hace cinco años, sin que durante este tiempo el TAA dictara el acto final del procedimiento. Se le está aplicando, arguye, una medida de carácter permanente, lo que va en contra de los principios constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad y seguridad jurídica. V.- Las medidas cautelares administrativas son instrumentos jurídicos que las autoridades pueden adoptar en el marco de un procedimiento administrativo, a fin de asegurar la ejecución o el cumplimiento de la resolución que se emita como acto final. Pueden ser positivas o negativas, según se exija una acción o una omisión que evite menoscabos a quien la solicita. Cabe advertir, además, por un lado, que cabrá responsabilidad por los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera haber acarreado y; por otro, que la medida cautelar no ha de ser indefinida en el tiempo, sino temporal, hasta que cumpla la función de aseguramiento. No debe pues convertirse en justicia definitiva. Dada la provisionalidad que las caracteriza, no pueden extenderse más allá de la decisión final que la confirmará o la invalidará, pudiendo ser revocada antes, cuando lo actuado así lo aconseje. En este asunto, según lo estableció el Tribunal, el TAA no había dictado el acto final del procedimiento administrativo donde se impuso la medida cautelar cuestionada al momento de dictar su fallo, circunstancias que hace que la provisionalidad de la disposición dictada se mantenga. Es decir, que pese a la demora en que ha incurrido el TAA en resolver en definitiva sobre la denuncia hecha, tal retraso de manera alguna afecta el carácter de provisional de la medida tomada. La eventual irrazonabilidad del plazo transcurrido para resolver y su reprochabilidad jurídica, en nada altera dicha naturaleza, que por demás debe mantenerse o sus efectos por un marcado interés público. Por ello, resulta obligado el rechazo del cargo. VI.- Tercero: si bien la sentencia condena a la parte vencida al pago de ambas costas, combate, de acuerdo con las argumentaciones esgrimidas en el recurso, sí cumple con el presupuesto del artículo 139 inciso 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo, toda vez que existen elementos de convicción que permiten el inicio del proceso judicial y hacen ver que litigó de buena fe, contrario al criterio del Tribunal. VII.- En procesos contenciosos administrativos o de conocimiento, la mayoría de esta Sala, de conformidad, antes con el artículo 221 párrafo primero del Código Procesal Civil, y ahora con el numeral 193 del CPCA, ha indicado que el pronunciamiento sobre las costas debe hacerse de oficio, condenando al vencido a su reconocimiento. La condenatoria se impone al perdidoso por el hecho de serlo; es decir, por perder el litigio, sin que de ello se deba colegir que se le considere litigante temerario o de mala fe. Por su parte, el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, dispone los supuestos en los cuales podrá eximírsele de su pago. Cuando no se hace uso de esta facultad no puede infringirse la norma. A la inversa, cuando se actúa, es posible que se haga mal uso o uno indebido de ella, entonces, según las circunstancias del caso, sí puede resultar procedente un recurso de casación. Ahora bien, el numeral 194 del Código Procesal Contencioso Administrativo fija una excepción legal al principio de condena al vencido cuando concurre un supuesto de plus petitio. Este se da cuando “la diferencia entre lo reclamado y lo obtenido en definitiva sea de un quince por ciento (15%) o más, a no ser que las bases de la demanda sean expresamente consideradas provisionales o su determinación dependa del arbitrio judicial o dictamen de peritos.” Así, de concurrir el supuesto de hecho previsto en la norma resulta improcedente la condena en costas, por lo que el incumplimiento de dicho precepto hace pasible el recurso de casación. De igual forma, ha de decirse que una vez que se configura ese presupuesto de hecho (plus petitio), la exoneración deviene en obligatoria, por lo cual, cuando así se disponga, tal determinación no implica un quebranto normativo, dado que el juzgador (al igual que en la condena que se impone por el hecho de ser vencido) se limita a actuar la norma que imperativamente así lo dispone. Ahora bien, en el caso concreto, siendo que se aplicó la regla de condena al vencido, y según lo ya explicado, no existe vulneración, por lo que el cargo deberá rechazarse. VIII.- De conformidad con lo anterior, deberá rechazarse el recurso con las costas a cargo de la parte quien lo promovió (artículo 150, inciso 3, del Código Procesal Contencioso Administrativo). POR TANTO Se declara sin lugar el recurso. Son las costas a cargo de quien lo formuló. Anabelle León Feoli Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Óscar Edo. González Camacho Carmenmaría Escoto Fernández Nota de los Magistrados González Camacho y Escoto Fernández I. Los suscritos integrantes no comparten el criterio plasmado por la mayoría de esta Sala en el considerando VII del fallo anterior, en cuanto deniega el control casacional para aquellos casos donde tan sólo se hace uso de la regla general de la condena al vencido en el pago de ambas costas, es decir, cuando no se actúa o aplica ninguna norma atinente a la exoneración de ellas. En efecto, el fundamento jurisprudencial de mayoría, parte de que la exoneración en el pago de las costas es una facultad, en la que no se produce yerro ni infracción normativa cuando no se ejercita o aplica; por ello, se dice, si no hay violación legal, no es posible en casación entrar a valorar o modificar lo resuelto sobre la condena al vencido, pues se repite, para la mayoría de esta Sala, sólo puede haber infracción jurídica cuando se actúa la norma correspondiente a la exoneración (entre muchas pueden verse las sentencias de esta Sala no. 1001- F-2002, de las 11 horas 50 minutos del 20 de diciembre de 2002; la 249-F-2003, de las 11 horas 45 minutos del 7 de mayo del 2003 y la 306-F-2006, de las 10 horas 20 minutos del 25 de mayo del 2006). La concatenación parece en principio lógica, pues con esta premisa, si la exoneración constituye una facultad, el juzgador no está obligado a exonerar; y por ende, si no ordena o realiza tal exoneración, no viola las normas que corresponden al tema. Ergo, si no se da violación de normas, no puede haber revisión casacional (consúltense las resoluciones de esta Sala no. 765 de las 16 horas del 26 de septiembre del 2001 y 561-F-2003, de las 10 horas 30 minutos del 10 de septiembre del 2003). Esta relación de ideas, les permite concluir, que en ese supuesto específico (la simple condena o la inaplicación de las exoneraciones) “no puede ser objeto de examen en esta sede” (de este mismo órgano decisor, sentencia no. 419-F-03, de las 9 horas 20 minutos del 18 de julio del 2003), pues se trata de una hipótesis “no pasible de casación” (fallo no. 653-F-2003, de las 11 horas 20 minutos del 8 de octubre del 2003). Así, en opinión de los distinguidos compañeros: no tiene cabida el recurso de casación cuando no se hace uso de la facultad exoneratoria ( véanse a contrario sensu los considerandos III y VIII, por su orden de las resoluciones 541-F-2003, de las 11 horas 10 minutos del día 3 y 563-F-2003 de las 10 horas 50 minutos del día 10, ambas de septiembre del 2003). De esta forma se ha estimado por la mayoría que “… la condena en costas al vencido, como aquí sucedió no es revisable en esta Sede, habida cuenta de que el Tribunal se limitó a actuar la norma en los términos por ella dispuestos” (el destacado no es del original, véase el considerando X del voto no. 68-F-2005, de las 14 horas 30 minutos del 15 de diciembre del 2005). Y en materia notarial, con mayor contundencia, se ha señalado que: “…el Tribunal le impuso el pago de las costas de la pretensión resarcitoria a la denunciante, pronunciamiento que, se repite, no tiene casación”. (Considerando X de la sentencia no. 928-F-2006, de las 9 horas 15 minutos del 24 de noviembre del 2006). II. Sin embargo, en parecer de los suscritos, la indebida inaplicación de los preceptos que permiten la exoneración de costas, infringe, sin duda, el Ordenamiento Jurídico y, en concreto, las normas que la autorizan, ya sea por error o inadecuada apreciación de los jueces en el conflicto específico. En ese tanto, aunque se trate de una facultad, es lo cierto que no se encuentra inmune al control casacional, pues tanto en su ejercicio como en su inaplicación, puede operar una violación de ley, y en esa medida, la indebida omisión no es ni debe ser, sinónimo de arbitrariedad, en tal caso, cometida por el propio Juzgador. Máxime si se trata de un apoderamiento al juez otorgado con supuestos específicos que limitan su poder discrecional en esta materia. En consecuencia, en este particular aspecto, estimamos que con la sola aplicación de la regla general del artículo 221 del Código Procesal Civil (condenatoria al vencido al pago de ambas costas), no se cierran las puertas al recurso de casación, pues al contrario, el asunto es admisible para su examen de fondo (siempre y cuando se cumplan los requisitos de ley) ante un eventual vicio omisivo en la aplicación de las disposiciones legales que autorizan la exoneración de dichas costas (cánones 55 de la Ley de Jurisdicción Agraria y 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo). No obstante lo anterior, en el caso concreto de examen, estos integrantes comparten lo dispuesto en el fondo por el Tribunal, en cuanto se impuso al vencido el pago de ellas. Esto por cuanto la demanda resultó improcedente. Lo anterior lleva a rechazar el agravio, y con él, el recurso que en este sentido se formula. Óscar Edo. González Camacho Carmenmaría Escoto Fernández JCVILLALOBOS/larce Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected] Clasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-03-2026 21:00:36. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Sala Primera de la Corte
Resolution No. 00858 - 2012
Date of Resolution: July 20, 2012 at 09:20
Case File: 10-000344-1027-CA
Drafted by: Luis Guillermo Rivas Loáiciga
Analyzed by: SALA PRIMERA
Judgment with separate note
Judgment with protected data, in accordance with current regulations
Content of Interest:
Type of content: Majority vote
Branch of Law: Administrative Litigation
Topic: Precautionary measure
Subtopics:
Concept and scope.
The administrative precautionary measure is a legal instrument that authorities may adopt within the framework of an administrative proceeding, in order to ensure the execution or fulfillment of the resolution issued as the final act. They may be positive (action) or negative (omission) to avoid harm to the requesting party. There shall be liability for the damages that its adoption may have caused, and it must be temporary. Given its provisional nature, it cannot extend beyond the final decision that will confirm or invalidate it, and may be revoked earlier when the proceedings so advise.
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Content of Interest:
Type of content: Majority vote
Branch of Law: Administrative Litigation
Topic: Precautionary measure
Subtopics:
Environmental damage.
The administrative precautionary measure is a legal instrument that authorities may adopt within the framework of an administrative proceeding, in order to ensure the execution or fulfillment of the resolution issued as the final act. They may be positive (action) or negative (omission) to avoid harm to the requesting party. There shall be liability for the damages that its adoption may have caused, and it must be temporary. Given its provisional nature, it cannot extend beyond the final decision that will confirm or invalidate it, and may be revoked earlier when the proceedings so advise. In this matter, despite the delay incurred by the Tribunal Ambiental Administrativo in definitively resolving the complaint filed (tree felling in the protection zone of a spring (naciente)), such delay does not affect the provisional nature of the measure taken.
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Content of Interest:
Type of content: Majority vote
Branch of Law: Administrative Litigation
Topic: Appeal in cassation (recurso de casación)
Subtopics:
Costs (costas).
It is a ruling made ex officio, condemning the losing party for the mere fact of being so, without deeming them a reckless or bad-faith litigant (articles 221, first paragraph, and 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo). The rule cannot be infringed insofar as the power to exempt from costs is not used, but conversely, it can be when misuse or improper use is made, making the appeal in cassation (recurso de casación) admissible. When the presupposition of plus petitio is configured, exoneration becomes mandatory (canon 194 ibidem). In the specific case, the rule condemning the losing party was applied, so there is no violation, and the charge is rejected.
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Content of Interest:
Type of content: Majority vote
Branch of Law: Administrative Litigation
Topic: Spring (naciente)
Subtopics:
Concept and scope.
The Ley de Aguas seeks to have state authorities ensure the conservation of trees, especially those on riverbanks and those found at water sources (nacimientos de aguas), in order to prevent the diminution of waters (ordinals 145 and 149). This regulation does not distinguish between permanent and intermittent springs (manantiales); nor between waters of public or private domain (they are water resources (recurso hídrico)). It is a limitation of public interest on private property, to protect the constitutional guarantee of a healthy and ecologically balanced environment (canons 45 and 50 of the Constitution). Therefore, this Chamber does not consider that the Court violated the canon whose erroneous interpretation and application is alleged, by establishing that legal protection does exist for intermittent springs (nacientes intermitentes).
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Text of the resolution
*100003441027CA*
Exp: 10-000344-1027-CA
Res: 000858-F-S1-2012
SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on July twenty, two thousand twelve.
Ordinary proceeding (proceso de conocimiento) declared as purely legal, filed before the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda by D, married, merchant, resident of [...]; against the STATE, represented by Deputy Procuradora Heilyn Sáenz Calderón, whose marital status is unknown, attorney, resident of San José. The natural persons are of legal age.
WHEREAS (RESULTANDO)
1.- Based on the facts he presented and the legal provisions he cited, the plaintiff filed an ordinary proceeding declared as purely legal, so that the judgment declares: "Let this proceeding be granted in all its aspects. Let the non-conformity of the administrative conduct with the legal system be declared, as well as all related acts, since there is no regulation that establishes a protection zone in the terms of the appealed act. Let the total annulment of the administration's action regarding the issuance of the precautionary measure be ordered. Let me be recognized and restored in the free use of my property, ordering the administration to immediately lift the precautionary measure imposed. Let the nonexistence of a relationship between the content of a rule and the act appealed here be declared. Let the defendant administration be ordered to adjust its actions in the specific case to the rules imposed by the legal system. Let the defendant administration be ordered to refrain from adopting or executing any conduct that harms the public interest or the current or potential legal situations of my person in the exercise of the right to free disposal and enjoyment of property rights. Let the precautionary measure be lifted immediately, prima facie. Let the defendant party be ordered to pay the costs (costas), damages (daños y perjuicios) arising from this proceeding." At the preliminary hearing of 9:00 a.m. on November 3, 2010, the object of the proceeding was established as follows: "- Absolute nullity of resolution 908-09-AA of eight hours fifteen minutes on August seventeen, two thousand nine, issued by the Tribunal Ambiental Administrativo, because the existence of any water resource (recurso hídrico) warranting protection was not demonstrated in the administrative proceeding, which, in his opinion, has unjustifiably limited his property right. –Indemnification for damages (daños y perjuicios), considering that as a result of the administrative precautionary measure, the commercial value of the property diminished, his commercial image was affected, and lost profits (lucro cesante) derived from the impossibility of selling the lots affected by the precautionary measure."
2.- The State answered negatively and raised the defense of lack of right (falta de derecho). At the preliminary hearing of 9:00 a.m. on November 3, 2010, the defendant raised the defense of lack of active standing to sue (falta de legitimación ad causam activa) as it is reviewable ex officio.
3.- The State's representation expressly waived the conciliation proceeding.
4.- The preliminary hearing was set for 9:00 a.m. on November 3, 2010, at which time both parties took the floor.
5.- A time and date were set for the oral and public trial, and the Tribunal Contencioso Administrativo, Sexta Section, composed of Judge Judith Reyes Castillo, Judges José Roberto Garita Navarro and Rodrigo Alberto Campos Hidalgo, in judgment no. 43-2011-SVI of 14 hours 20 minutes on February 17, 2011, ordered: "The defenses of lack of active and passive standing are rejected. The defense of lack of right is upheld. Consequently, the lawsuit filed by Mr. D against the State is declared unfounded in all its aspects. Both costs (costas) are borne by the losing plaintiff."
6.- Mr. D, in his expressed capacity, files an appeal in cassation (recurso de casación) indicating the reasons on which he relies to refute the Court's thesis.
7.- In the proceedings before this Chamber, the prescriptions of law have been observed.
Drafted by Judge Rivas Loáiciga
WHEREAS (CONSIDERANDO)
I.- Mr. D is co-owner of a property located in the canton of […], on which a housing project called “Urbanización Mi Hogar” is being developed. In June 2005, the Tribunal Ambiental Administrativo (hereinafter TAA) received a complaint for alleged environmental damage caused by the felling of trees located in the protection zone of a spring (naciente) due to the development of said residential complex, and case file number 211-05-TAA was assigned. By resolution no. 582-06-TAA, of 11 hours 10 minutes on March 22, 2006, the TAA issued a precautionary measure of abstention and stoppage of any activity, work, or project in order to avoid damages of difficult and impossible reparation to the "environment" and the natural resources of the area, located in the San Martín neighborhood, behind Urbanización Mi Hogar, due to the alleged existence of three springs (nacientes). By resolution no. 1213-07-TAA, of 8 hours 15 minutes on November 13, 2007, the TAA partially modified the imposed precautionary measure, authorizing the continuation of activities inherent to the development of Urbanización Mi Hogar, provided the corresponding permits are held, except in the protection area of the springs (nacientes) demarcated in the protection zone. Subsequently, the TAA again modified the imposed precautionary measure through resolution no. 908-09-TAA, of 8 hours 15 minutes on August 17, 2009, authorizing the continuation of activities inherent to the development of said urbanization, provided it holds the corresponding permits, including environmental viability (viabilidad ambiental) granted by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), except within the 60 meters of protection of the intermittent springs (nacientes intermitentes). On February 2, 2010, Mr. D filed this ordinary proceeding against the State. He requested that the judgment declare the following claims, which were ratified at the preliminary hearing: "Absolute nullity of resolution 908-09-TAA of eight hours fifteen minutes on August seventeen, two thousand nine, issued by the Tribunal Ambiental Administrativo, because the existence of any water resource (recurso hídrico) warranting protection was not demonstrated in the administrative proceeding, which, in his opinion, has unjustifiably limited his property right. / Indemnification for damages (daños y perjuicios), considering that as a result of the administrative precautionary measure, the commercial value of the property diminished, his commercial image was affected, and lost profits (lucro cesante) derived from the impossibility of selling the lots affected by the precautionary measure." The State's representation answered negatively and raised the defense of lack of right (falta de derecho). At the preliminary hearing held on November 9, 2010, this matter was declared as purely legal; likewise, the State raised the defense of lack of active standing to sue (falta de legitimación ad causam activa) as it is reviewable ex officio. The Court rejected the lack of active and passive standing and upheld the lack of right (falta de derecho). It declared the lawsuit unfounded in all its aspects and ordered the losing party to pay both costs (costas) of the proceeding. The plaintiff files an appeal in cassation (recurso de casación) against the decision. There are three grievances.
II.- First: the contested judgment, he says, considers that the appealed administrative resolution is in accordance with the law, since it is a precautionary measure, which as such is provisionally issued, protected by precept 149 of the Ley de Aguas (Law no. 276), where, according to the trial judges, protection exists for intermittent springs (nacientes intermitentes). In his opinion, this type of spring (nacientes) lacks its own specific legal protection. The protection granted to them, he alleges, is due to interpretive criteria adopted by the TAA and not by the legislature. He transcribes the cited numeral 149. Said precept, he states, constitutes the basis of the contested judgment for maintaining that the questioned administrative action is in accordance with the law. However, he warns, such a position ignores the parameters that Law no. 279 itself establishes to determine the degree of protection that should be applied to a spring (manantial) according to its nature, as well as the difference between waters of public domain and private domain. He transcribes the relevant part of article 1 of the Ley de Aguas. This numeral, he points out, expressly refers to permanent springs (manantiales de carácter permanentes), which it considers as public domain waters. For his part, he states, canon 4 of that same law establishes rainwater as private domain waters. He then indicates that provision 51 ibidem provides that the articles on rainwater are applicable to intermittent springs (manantiales intermitentes) that only flow in times of abundant rainfall. With this, he affirms, it is clear that for the legislator, intermittent springs (manantiales intermitentes) are not the same as permanent ones. The only referral to the former, as public domain waters, is section V of numeral 1 of the aforementioned Law no. 276, which refers to those that serve as a national territorial boundary, which is not the case. Hence, he considers the interpretation made by the Court in its judgment to be erroneous, in seeking to extend the effects of the condition of permanent springs (manantiales permanentes) to intermittent ones. Permanent springs (manantiales permanentes), he explains, are public domain waters; intermittent ones are considered as rainwater, except if they are currents established as a boundary line of the national territory. In the case at hand, he notes, it has been amply demonstrated that the alleged springs (nacientes) found on his property are intermittent in nature and under no circumstances can they be considered a public domain watercourse, but rather as privately owned rainwater.
III.- Numeral 149 of the Ley de Aguas is within Chapter Nine of said law, entitled "Measures Concerning the Conservation of Trees to Prevent the Diminution of Waters," which, as its name indicates, seeks with the precepts contained therein that state authorities ensure "(…) the strict compliance with legal provisions regarding the conservation of trees, especially those on riverbanks and those found at water sources (nacimientos de aguas)" (canon 145 ibidem), in order to prevent the diminution of waters. In that sense, the referenced numeral reads: "It is forbidden to destroy, whether in national forests or those of private individuals, the trees located less than sixty meters from springs (manantiales) that rise in the hills, or less than fifty meters from those that rise on flat terrain." As observed, the rule does not distinguish between permanent and intermittent springs (manantiales), so such a distinction should not be made when applying it. It is a typical limitation of public interest (article 45 of the Political Constitution), which, like others provided for in various normative bodies of the legal system, has evolved the concept of limits on private property, in pursuit of real and effective protection of the constitutional guarantee (article 50 of our Political Constitution) of a healthy and ecologically balanced environment. Nor does the precept distinguish between public domain and private domain waters. The rule refers only to waters, that is, to the water resource (recurso hídrico) in general, so the citation of articles 1 through 4 of Law no. 276 is not pertinent to the case. Hence, this Chamber does not consider that the Court violated the canon whose erroneous interpretation and application is alleged, by establishing that legal protection does exist for intermittent springs (nacientes intermitentes).
IV.- Second: he argues that there is no provisionality whatsoever in the precautionary measure established in the appealed administrative resolution. Although the measure at the administrative level, he criticizes, was issued six months before the filing of the lawsuit, the truth of the matter, he assures, is that there was previously another measure that was modified by the resolution contested in this proceeding. The precautionary measure, he adds, has in fact affected the property for five years, without the TAA issuing the final act of the proceeding during this time. He argues that a permanent measure is being applied to him, which goes against the constitutional principles of reasonableness, proportionality, and legal certainty.
V.- Administrative precautionary measures are legal instruments that authorities may adopt within the framework of an administrative proceeding, in order to ensure the execution or fulfillment of the resolution issued as the final act. They may be positive or negative, depending on whether an action or an omission is required to avoid harm to the requesting party. It is also worth noting, on one hand, that there shall be liability for the damages (daños y perjuicios) that the adoption of the precautionary measure may have caused, and on the other, that the precautionary measure must not be indefinite in time, but temporary, until it fulfills its securing function. It should not, therefore, become definitive justice. Given the provisionality that characterizes them, they cannot extend beyond the final decision that will confirm or invalidate them, and may be revoked earlier when the proceedings so advise. In this matter, as established by the Court, the TAA had not issued the final act of the administrative proceeding where the questioned precautionary measure was imposed at the time of issuing its judgment, circumstances that mean the provisionality of the issued provision remains. That is to say, despite the delay incurred by the TAA in definitively resolving the filed complaint, such delay in no way affects the provisional nature of the measure taken. The eventual unreasonableness of the time elapsed to resolve and its legal reprehensibility in no way alter said nature, which must otherwise be maintained—or its effects—due to a marked public interest. Therefore, the rejection of the charge is mandatory.
VI.- Third: although the judgment condemns the losing party to pay both costs (costas), he contests, according to the arguments set forth in the appeal, it does meet the presupposition of article 139 subsection 2) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, since there are elements of conviction that allow the initiation of the judicial proceeding and show that he litigated in good faith, contrary to the Court's criterion.
VII.- In administrative litigation or ordinary proceedings, the majority of this Chamber, in accordance previously with article 221 first paragraph of the Código Procesal Civil, and now with numeral 193 of the CPCA, has indicated that the ruling on costs (costas) must be made ex officio, condemning the losing party to pay them. The condemnation is imposed on the losing party for the fact of being so; that is, for losing the litigation, without it being inferred that they are considered a reckless or bad-faith litigant. For its part, numeral 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo provides the assumptions under which they may be exempted from payment. When this power is not used, the rule cannot be infringed. Conversely, when it is exercised, it is possible that misuse or improper use is made of it, in which case, depending on the circumstances of the case, an appeal in cassation (recurso de casación) may indeed be admissible. Now, numeral 194 of the Código Procesal Contencioso Administrativo establishes a legal exception to the principle of condemnation of the losing party when a case of plus petitio occurs. This occurs when "the difference between what is claimed and what is definitively obtained is fifteen percent (15%) or more, unless the bases of the claim are expressly considered provisional or their determination depends on judicial discretion or expert opinion." Thus, if the factual assumption provided in the rule occurs, the condemnation to pay costs (costas) is improper, so failure to comply with said precept makes the appeal in cassation (recurso de casación) possible. Likewise, it must be said that once this factual presupposition (plus petitio) is configured, exoneration becomes mandatory, and therefore, when so ordered, such determination does not imply a normative violation, given that the judge (as with the condemnation imposed for the mere fact of being the losing party) is limited to applying the rule that imperatively so provides. Now, in the specific case, since the rule condemning the losing party was applied, and according to what has already been explained, there is no violation, so the charge must be rejected.
VIII.- In accordance with the foregoing, the appeal must be rejected, with costs (costas) borne by the party who promoted it (article 150, subsection 3, of the Código Procesal Contencioso Administrativo).
THEREFORE (POR TANTO)
The appeal is declared unfounded. The costs (costas) shall be borne by the party who filed it.
Anabelle León Feoli
Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya
Óscar Edo. González Camacho Carmenmaría Escoto Fernández
Note from Judges González Camacho and Escoto Fernández
I. The undersigned members do not share the criterion expressed by the majority of this Chamber in Considerando VII of the foregoing judgment, in that it denies cassational review for those cases where only the general rule of condemning the losing party to pay both costs (costas) is applied, that is, when no rule regarding exoneration from them is applied or executed. Indeed, the majority's jurisprudential foundation rests on the notion that exoneration from the payment of costs (costas) is a power, in which no error or normative infringement occurs when it is not exercised or applied; therefore, it is said, if there is no legal violation, it is not possible in cassation to assess or modify what was resolved regarding the condemnation of the losing party, because, it is repeated, for the majority of this Chamber, there can only be a legal infringement when the rule corresponding to exoneration is applied (among many, see judgments of this Chamber no. 1001-F-2002, of 11 hours 50 minutes on December 20, 2002; 249-F-2003, of 11 hours 45 minutes on May 7, 2003; and 306-F-2006, of 10 hours 20 minutes on May 25, 2006). The concatenation seems logical in principle, because with this premise, if exoneration constitutes a power, the judge is not obliged to exonerate; and therefore, if they do not order or carry out such exoneration, they do not violate the rules pertaining to the matter. Ergo, if there is no violation of rules, there can be no cassational review (see resolutions of this Chamber no. 765 of 16 hours on September 26, 2001, and 561-F-2003, of 10 hours 30 minutes on September 10, 2003). This relationship of ideas allows them to conclude that in that specific assumption (simple condemnation or the non-application of exonerations), "it cannot be subject to examination in this venue" (from this same decision-making body, judgment no. 419-F-03, of 9 hours 20 minutes on July 18, 2003), as it is a hypothesis "not susceptible to cassation" (judgment no. 653-F-2003, of 11 hours 20 minutes on October 8, 2003). Thus, in the opinion of the distinguished colleagues: the appeal in cassation (recurso de casación) has no place when the exonerating power is not used (see a contrario sensu Considerandos III and VIII, in order, of resolutions 541-F-2003, of 11 hours 10 minutes on the 3rd, and 563-F-2003 of 10 hours 50 minutes on the 10th, both of September 2003). In this way, the majority has considered that "… the condemnation of the losing party to pay costs (costas), as happened here, is not reviewable in this Venue, given that the Court merely applied the rule in the terms provided by it" (the emphasis is not from the original, see Considerando X of vote no. 68-F-2005, of 14 hours 30 minutes on December 15, 2005). And in notarial matters, more forcefully, it has been stated that: "…the Court imposed the payment of the costs (costas) of the compensatory claim on the complainant, a ruling which, it is repeated, has no cassation." (Considerando X of judgment no. 928-F-2006, of 9 hours 15 minutes on November 24, 2006).
II. However, in the opinion of the undersigned, the improper non-application of the precepts that allow exoneration from costs (costas) undoubtedly infringes the Legal System and, specifically, the rules that authorize it, whether due to error or inadequate appreciation by the judges in the specific conflict. To that extent, even if it is a power, the truth is that it is not immune to cassational review, because both in its exercise and in its non-application, a violation of law may operate, and to that extent, undue omission is not, and should not be, synonymous with arbitrariness, in such a case, committed by the Judge themselves. Especially if it involves an empowerment granted to the judge with specific assumptions that limit their discretionary power in this matter. Consequently, in this particular aspect, we consider that the mere application of the general rule of article 221 of the Código Procesal Civil (condemnation of the losing party to pay both costs (costas)) does not close the doors to the appeal in cassation (recurso de casación), because on the contrary, the matter is admissible for examination on the merits (provided the legal requirements are met) in the face of a potential omission defect in the application of the legal provisions authorizing exoneration from said costs (costas) (canons 55 of the Ley de Jurisdicción Agraria and 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo). Notwithstanding the foregoing, in the specific case under examination, these members share what was ordered on the merits by the Court, in that the losing party was ordered to pay them. This is because the lawsuit was unfounded. The foregoing leads to the rejection of the grievance, and with it, the appeal formulated in this regard.
Óscar Edo. González Camacho Carmenmaría Escoto Fernández
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