Res. 00799-2013 Sala Primera de la Corte — Public-domain nature of mangrove-affected lot — lesividad not time-barredNaturaleza demanial de predio con manglar y entrada de marea — lesividad imprescriptible

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Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 00799 - 2013

Fecha de la Resolución: 25 de Junio del 2013 a las 08:50

Expediente: 10-003009-1027-CA

Redactado por: Carmenmaría Escoto Fernández

Analizado por: SALA PRIMERA





Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Contencioso Administrativo

Tema: Bien demanial

Subtemas:

Manglar o humedal.

Análisis sobre la naturaleza demanial, en particular, el artículo 261 del Código Civil, sus atributos de imprescriptible, inembargable e inalienable, su uso y aprovechamiento a través del poder de policía mediante concesión y permiso de uso; así como los manglares como recurso marino y costero (artículos 10, 11 y 20 Ley de la Zona Marítimo Terrestre y 39 Ley Orgánica del Ambiente).

Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Contencioso Administrativo

Tema: Caducidad de la acción

Subtemas:

Bien demanial.

En el presente asunto, al encontrarse el inmueble en zonas de manglar, a las cuales hace ingreso la marea, se está frente a un bien afectado al dominio público. Tal denominación conlleva el carácter de imprescriptible, toda vez que frente a este tipo de bienes nadie podrá alegar derecho alguno, ni ocuparlo bajo ningún título, ni en ningún caso. Por consiguiente, no procede entrar a valorar si había corrido el plazo de caducidad, por lo que se anula la sentencia del Tribunal en cuanto acogió la excepción de caducidad en el proceso de lesividad, para en su lugar rechazarla.

Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Contencioso Administrativo

Tema: Zona marítimo terrestre

Subtemas:

Naturaleza jurídica.

Análisis sobre la zona pública y la restringida (artículos 10, 11 y 20 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre); así como los manglares como recurso marino y costero (ordinal 39 Ley Orgánica del Ambiente).

Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Contencioso Administrativo

Tema: Prueba

Subtemas:

Prueba trasladada.

Mecanismo destinado a la verificación de los hechos debatidos, que permite que los medios probatorios oportunamente evacuados en un proceso, entre los mismos litigantes, quienes tuvieron la posibilidad de controvertirla, puedan ser incorporados a otro litigio, siempre ambos procesos garantizando el derecho de defensa y el debido proceso (artículo 39 Constitucional). La forma legal de trasladar la prueba de un proceso a otro es por medio de certificación de las piezas correspondientes. Las declaraciones de testigos rendida en el primer juicio, con intervención de las partes, no requiere de ratificación y adquieren plena validez. En la especie, los jueces tuvieron como hecho no demostrado que el inmueble sea un bien de dominio público. Sin embargo, de la prueba trasladada al expediente, indica estudios que caracterizan al predio con la presencia de un manglar, donde se hace ingreso de las mareas. Dichos argumentos fueron expuestos en la demanda. Por ende, existían razones para que el Tribunal tuviera como acreditado que ese bien se encuentra afectado, al menos en parte, por el dominio público.

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Texto de la resolución

 

*100030091027CA*

EXP: 10-003009-1027-CA

RES: 000799-F-S1-2013

          SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las ocho horas cincuenta minutos del veinticinco de junio de dos mil trece.

          Proceso de conocimiento declarado de puro derecho tramitado en el Tribunal Contencioso Administrativo por el INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, representado por  su apoderado general judicial, Carlos Enrique García Anchía, vecino de San Ramón de Alajuela; contra la ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE, representada por su presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, Efraín Guzmán Cruz, de calidades ignoradas. Figura además, como apoderado especial judicial del Instituto, el licenciado Roderico Contreras Angulo, vecino de San José. Las personas físicas con mayores de edad y con la salvedad hecha, casados y abogados.

RESULTANDO

          1. Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, el Instituto estableció proceso de conocimiento, a fin de que en sentencia se declare:  “1) Que se tenga por interpuesta la presente demanda. 2) Que se declare lesivo al interés público, el acuerdo No. 8, tomado en artículo VIII, sesión 038-95, por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, mediante el cual acordó la adjudicación segregación y traspaso de los lotes 9 y 11-1 del Asentamiento Bahía a APROAMBIDA, los cuales respectivamente generaron las fincas del Partido de Puntarenas, matrícula 68026-000 y 96468-000. Como consecuencia directa de la declaratoria de lesividad al interés público, solicito que se le ordene al Registro Nacional, la anulación de los títulos de propiedad de las fincas del Partido de Puntarenas, matrícula 68026-000 y 96468-000. 3) Que se condene a APROAMBIDA, al pago de ambas costas de este juicio"   

2. La asociación demandada contestó negativamente y opuso las defensas previas de prescripción, caducidad y cosa juzgada material. 

3. La audiencia preliminar se efectuó a las 14 horas del 14 de diciembre de 2010, oportunidad en ambas partes hicieron uso de la palabra y se resolvieron las defensas previas planteadas. Asimismo, en ese momento procesal se declaró el proceso de puro derecho.

4. El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sexta, integrada por los jueces Cynthia Abarca Gómez, Marianella Álvarez Molina y Christian Hess Araya; en sentencia  n.°  014-2012-VI de las 16 horas 20 minutos del 30 de enero de 2012, resolvió: “Se acoge la excepción de caducidad. Por innecesario, se omite pronunciamiento sobre las otras excepciones formuladas. En consecuencia, se declara improcedente la demanda. Se resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas.”  

          5. El accionante formula recurso de casación indicando expresamente las razones en que se apoya para refutar la tesis del Tribunal.

          6. En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta la magistrada Escoto Fernández

CONSIDERANDO

I. El Instituto de Desarrollo Agrario (en lo sucesivo Instituto o IDA), demandó a la Asociación para la Protección del Ambiente del Instituto de Desarrollo Agrario (en adelante Aproambida). Manifestó, por acuerdo 8, artículo VIII, de la sesión 038-95 del 19 de julio de 1995, la Junta Directiva del IDA, autorizó la adjudicación, segregación y traspaso a favor de la accionada, de dos lotes ubicados en el Asentamiento Bahía, cantón de Osa, Puntarenas. Agregó, los lotes en cuestión corresponden a las fincas 68026-000 (lote 9) y 96468-000 (lote 11-1). Dijo, dicho acuerdo fue declarado lesivo a los intereses públicos en sesión 037-05 del 26 de setiembre de 2005. Mencionó, consta en el expediente judicial no. 05-001003-0163-CA, que desde el año 2005, solicitó anular la adjudicación, segregación y traspaso de los lotes 9 y 11-1 a la demandada y de otros cuatro inmuebles. Adujo, el Juzgado Contencioso le dio la razón respecto de cuatro fundos, no así en lo referente a los predios 9 y 11-1, ello por cuanto, en vez de solicitar la nulidad del acuerdo no. 8, Artículo VIII, de la sesión 038-95, por error se pidió la del acuerdo 24, artículo XXIV, tomado en sesión 11-95, de 20 de marzo de 1995. Solicita en sentencia: a) se declare lesivo al interés público el citado acuerdo 8, artículo VIII, de la sesión 038-95; b) se anulen los títulos de propiedad otorgados a favor de la accionada, generados del acuerdo precitado y que corresponden a las fincas 68026-000 y 96468-000 del Partido de Puntarenas; c) se impongan las costas a la accionada. La demandada contestó de forma negativa. Opuso las excepciones de cosa juzgada, prescripción y caducidad. El Tribunal acogió la de caducidad. Omitió pronunciamiento sobre las demás. Declaró improcedente la demanda, sin especial condenatoria en costas. Inconforme el Instituto actor acude a casación.

II. El casacionista plantea dos reproches sustanciales. En el primero, reclama, el fallo tiene por demostrados hechos en contradicción con la prueba. Manifiesta, en la sentencia que impugna no hay un hecho probado acorde al cual, pueda afirmarse que los bienes en disputa son de dominio privado. Agrega, en los hechos tenidos por probados tres y cuatro, el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, (en lo sucesivo INTA), se limitó a realizar un estudio de suelos, sin tomar en cuenta la ubicación física. Asegura, en efecto omite indicar que al lote 11-1 ingresa la marea, por lo que en su mayor parte, se encuentra dentro de la Zona Marítimo Terrestre (en los sucesivo ZMT). Considera, no puede concluirse a partir de tales hechos, que se está ante bienes de dominio privado. Expresa, si el Tribunal tenía dudas respecto a la demanialidad de los terrenos, debió solicitar otro tipo de estudio como prueba para mejor resolver, no uno de suelos, pues nada dice respecto de la naturaleza jurídica de esos fundos. Argumenta, del informe del INTA no se desprende que los predios sean de dominio privado, no obstante el Tribunal así lo entendió. Alega no hay congruencia entre los hechos probados y no probados y el “Por Tanto” de la sentencia. En el segundo reproche, reclama indebida aplicación e interpretación de ley así como su desaplicación. Esgrime el fallo combatido acoge la caducidad, por considerar que los predios objeto del proceso no son de carácter demanial. Por ende, agrega, los jueces estiman que no es aplicable al caso el precepto 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA), que no sujeta a plazo la declaratoria de lesividad de bienes del dominio público. Apunta, la Ley 6735 y la jurisprudencia de la Sala Constitucional establecen la naturaleza demanial de los inmuebles propiedad del IDA. Aduce, existe prueba de ello en los predios objeto de la litis, pues en uno se encuentra una casa declarada patrimonio histórico arquitectónico mientras el otro, está dentro de la ZMT. Refiere, la declaratoria de patrimonio histórico fue reconocida por los jueces dentro de la sumaria 05-001003-0163-CA (hecho probado no. 16), cuyas copias fueron aportadas al expediente. Asimismo, refiere, en el hecho tenido por demostrado no. 3 de la sentencia impugnada, los jueces dan a entender que la casa referida es de habitación, lo cual no es cierto, pues está deshabitada, sin que tampoco exista ahí ningún cultivo. Adiciona, curiosamente el fallo omite establecer que dicha casa es patrimonio arquitectónico, evento que afirma la accionada y reconoce la CGR en el informe RH-12-2000. También, arguye, el Tribunal deja de indicar en el hecho tenido por probado no. 4, que la mayor parte del lote 11-1 se encuentra dentro de la ZMT, no obstante aceptarlo la demandada en el expediente 05-1003-0163-CA. Asevera, en sus resoluciones 2006-15775 y 2008-17776, la Sala Constitucional indicó que los bienes propiedad del Instituto actor son demaniales, por cuanto la naturaleza pública de su titular, se extiende a sus propiedades. Menciona, el Tribunal, por su parte, se apartó de ese criterio, argumentando circunstancias fácticas diversas, tesis que no comparte. Asimismo, dice, los jueces descartan que el bien sea de dominio público por el solo hecho de que la casa que en éste se ubica, fuera declarada patrimonio histórico. Asegura, a ello agregan, que la Ley del IDA no confiere “per se” a esos fundos la categoría de demaniales. Sin embargo, sostiene, acorde a los numerales 3, 32 y 33  de la Ley 6735, son públicos los inmuebles que conforman su patrimonio para el cumplimiento de sus fines. Enuncia, dichos predios mantienen ese carácter en tanto fueron segregados del “Asentamiento Campesino Bahía”, los cuales están sujetos a un régimen especial. Estima, se equivoca el Tribunal al considerar que las heredades traspasadas por ese Instituto son de dominio privado por el hecho de que puedan ser hipotecadas, pues para ello es necesaria la  autorización del IDA, de ahí que no se trate de una hipoteca común y corriente. Concluye, de tal forma, sus propiedades son inalienables, inembargables e imprescriptibles, lo cual las ubica dentro del supuesto del precepto 34 inciso 2 del CPCA, sin que sea de recibo la caducidad resuelta por los jueces.

III. Previo a entrar al análisis del primer cargo, conviene examinar el tema de la prueba trasladada, sobre el que ha dicho esta Sala: “V.- (…) El traslado de pruebas es un mecanismo destinado a la verificación de los hechos debatidos, que permite que los medios probatorios oportunamente evacuados en un proceso, puedan ser incorporados a otro litigio. Tal figura no fue regulada en el Código Procesal Civil, sin embargo ello no faculta, a priori, para vedarlo como mecanismo al alcance de los litigantes para acreditar los fundamentos fácticos de sus reclamaciones. Debe tomarse en cuenta que el artículo 4 del Código Procesal Civil establece que para los casos no previstos en ese cuerpo normativo, habrá de acudirse a la analogía o, en la antípoda, a la disparidad de razón, para resolver la falta de norma, y en defecto de ellos, habrá de integrarse acudiendo a los principios constitucionales y las máximas del Derecho Procesal. Desde la perspectiva constitucional, a partir del artículo 39 de la Carta Magna, se ha desarrollado el principio del debido proceso, del cual se derivan, como aplicables a la actividad probatoria en el proceso civil, los corolarios de audiencia y contradicción. Por tanto, si en el proceso en el cual se evacuó el medio probatorio se dilucidó entre los mismos litigantes, quienes tuvieron a la mano la posibilidad de controvertirla,  no hay obstáculo para su traslado a otro proceso, en el tanto, nuevamente allí se garanticen ambos derivados del derecho de defensa. En los últimos tres lustros esta Sala se ha referido -en pocos casos y de manera breve- al traslado de prueba. Así, en el fallo Nº 108-F-90  de las 14 horas 50 minutos del 23 de diciembre de 1990 señaló: “ En cuanto a esta clase de traslado de prueba la Casación ya se ha pronunciado en los siguientes términos: "... la forma legal de trasladar la prueba de un proceso a otro es por medio de certificación de las piezas correspondientes, más no pidiendo "ad effectum videndi" el juicio o causa en que esa prueba fue practicada" (Casación Nº 71 de 15:30 horas del 9 de setiembre de 1983). También se ha resuelto que: "debe observarse, por lo demás, que el primer juicio fue entre las mismas partes de éste, por lo cual las declaraciones de testigos allá rendida  (sic) con intervención de éllas, (sic)  no necesitaban ratificarse en el presente" (Sent. Casación Nº 38 de 15 horas del 16 de mayo de 1973, cons. III)”.   Por otro lado, los fallos Nº 368-F-00 de las 14 horas 35 minutos del 17 de mayo del 2000, 30-F-01 de las 15 horas 22 minutos del 10 de enero del 2001, se limitan a señalar una breve cita doctrinal que define el instituto. Esto se repite en el fallo 606-F-02 de las 16 horas 10 minutos del 7 de agosto del 2002, el cual, además, destaca: “... Prueba que, al haber sido controvertida en el proceso en el que practicó (sic)  por las partes contra quienes se opone en el sub-lite, no requiere de ratificación y adquiere plena validez”.(No. 877, de las 10 horas del 17 de noviembre de 2005, reiterada en fallo no. 315 de las 9 horas 10 minutos del 31 de marzo de 2011).

IV. En virtud de que el agravio de caducidad depende de lo que se resuelva en el primer cargo en cuanto a la determinación de la naturaleza demanial de los bienes, procede analizar ambos reproches en conjunto. El casacionista reclama, se han tenido por demostrados o indemostrados hechos en contradicción con la prueba. Precisa, en los hechos tenidos por demostrados 3) y 4) de la sentencia atacada, no se tomó en cuenta la ubicación física del lote 11-1, al cual no solo ingresa la marea, sino que además, en su mayor parte, se encuentra dentro de la ZMT. Al respecto, en los referidos hechos, el Tribunal tuvo por acreditado que la finca matrícula 68026-00, tiene una casa de dos plantas con árboles frutales y forestales, y otros cultivos anuales. Agregaron los jueces, que tanto en esta propiedad, como en el inmueble matrícula 96468-000 (11-1), se encuentran suelos con erosión leve, en los cuales se ha ejercido un uso conforme de suelo para la actividad que se realiza, sin que se observen indicios de degradación. Señalan, la prueba realizada por el INTA, permite concluir que no se está en presencia de reservas nacionales ni de terrenos boscosos que constituyan patrimonio natural del Estado. Estimaron a su vez, los planos catastrados tampoco hacen mención a algún indicio que permita catalogar a los bienes como de dominio público. Conforme a esos argumentos, los jueces tuvieron como hecho no demostrado: “Que los inmuebles inscritos a nombre de la referida asociación en el Registro Nacional, Partido de Puntarenas, matrículas de folio real No. 68026-000 y 96468-000, sean bienes de dominio público (no hay prueba que lo demuestre)”. Sobre lo expuesto, observa esta Sala, en el expediente administrativo consta copia certificada del expediente judicial no. 05-001003-0163-CA, en el cual, a partir del folio 456, se lee en la copia del “Informe Sobre los Resultados del Estudio Efectuado en el Instituto de Desarrollo Agrario con Respecto al Cumplimiento de Disposiciones Emitidas por esta Contraloría General”. En dicho estudio (folio 512), dicha Contraloría (en adelante CGR) expresamente refiere: “m) En virtud de las regulaciones existentes, esta Contraloría General solicitó al MINAE que, de conformidad con lo que establecen los artículos 13, 14, 15 y 19 de la Ley Forestal y 12 del Reglamento a dicha Ley, clasificara las áreas adjudicadas por el IDA a APROAMBIDA. Las respuestas correspondientes a los lotes 9 y 11-1 del Asentamiento Bahía se recibieron mediante oficios Nos. OT-OSA-008-99 Y OT-026-99, del 21 de febrero y del 20 de julio de 1999, respectivamente, suscritos por la Geógrafa Ana Cecilia Medina Gutiérrez, Encargada de Ordenamiento Territorial del Área de Conservación Osa (ACOSA), Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE). (…) En cuanto al lote 11-1, el oficio No OT-026-99 señala lo siguiente: (ver folios 181 y 182) “Esta es un área ubicada cerca del manglar y cierta parte de estos terrenos se ven afectados por las mareas./(…) se recomienda que si esta área se va a adjudicar para uso habitacional se demarque con mojones la zona de protección del manglar, para evitar que se continúe con el deterioro de este ecosistema” (El subrayado es nuestro). Igualmente, a folio 543, en escrito de contestación del referido expediente (05-001003-0163-CA), la aquí demandada manifestó: “…el 11-1 soporta algunas veces inundaciones por mareas altas extraordinarias…” De lo expuesto, es claro, sí fueron aportados documentos, como prueba trasladada al expediente, acorde a la cual, se justificaba un tratamiento del lote 11-1, como parte del dominio público. Los estudios a los cuales hace referencia la CGR en su informe, caracterizan el predio de interés, como un fundo en el cual hay presencia de manglar y al que también hacen ingreso las mareas. Dichos argumentos fueron expuestos por el Instituto actor desde la presentación de la demanda (folio 7), donde se manifiesta, que en el lote 11-1,  hay un área de protección, con manglar. Si bien, tales probanzas fueron traídas al expediente como prueba trasladada, es claro que el expediente 05-001003-0163-CA fue tramitado entre las partes de este proceso, asimismo, fue presentado como copia certificada y ofrecido como elemento probatorio en el escrito de presentación de la demanda. Por ende, existían razones para que el Tribunal tuviera como hecho demostrado, que el inmueble 96468-000, se encuentra afectado, al menos en parte, por el dominio público. De consiguiente, procede acoger el cargo.

V. El recurrente refiere, el Tribunal acoge la caducidad, al considerar que los predios objeto del proceso no son de carácter demanial. De  ahí que, agrega, estiman los juzgadores, no es aplicable al caso el precepto 34 del CPCA, es decir, en la especie no es dable establecer, que la declaratoria de lesividad no está sujeta a plazo por tratarse de bienes del dominio público. Al respecto, el Tribunal indicó, en el caso concreto, no existe una afectación normativa de los bienes al demanio. Estiman los jueces, de los preceptos 3 y 32 de la Ley no. 6735, no puede derivarse esa afectación. Indican, de esas normas se extrae que una de las funciones del IDA es cooperar en la conservación de los recursos naturales del país y administrar en nombre del Estado las reservas nacionales (situación que no aplica a este caso por cuanto los inmuebles no constituyen reservas nacionales). Por otra, refieren el numeral 32 citado no preceptúa que los bienes que formen parte del patrimonio del IDA para el cumplimiento de sus fines sean, en todos los casos, bienes de dominio público. Aseveran, la lista contempla tierras del dominio privado del Estado o de sus instituciones, además de las que adquiera para destinarlas a sus programas y los bienes que le sean donados al Instituto por personas físicas o jurídicas, privadas y públicas para las finalidades de esa Ley. Por ello, interpretan, no puede pensarse que todo bien adquirido por el IDA para cumplir con los objetivos de su ley, sea dominio público. Mencionan, aceptar tal tesis implicaría desconocer la existencia de bienes de dominio privado del IDA y la necesaria afectación especial legislativa. Tampoco encuentran los juzgadores en dichos predios, el elemento finalista, esto es, la vocación permanente al uso o utilidad pública. Lo anterior, dicen, por cuanto en ambos casos, se está ante inmuebles cuyo destino legal desde un inicio, fue la utilización en programas de desarrollo agrario, que se han mantenido dentro del comercio privado de los hombres. Enfatiza, estas parcelas dejan de formar parte del patrimonio del ente público para ingresar al de particulares, situación que sería a todas luces incompatible con la propiedad demanial. Señalan, la prueba realizada por el INTA, permite concluir que no se está en presencia de reservas nacionales ni de terrenos boscosos que constituyan patrimonio natural del Estado. Manifiestan, los planos catastrados tampoco hacen mención a algún indicio que permita catalogarlos como de dominio público. De tal forma, los juzgadores descartaron la presencia de bienes de dominio público cuya tutela no está sujeta a plazos de caducidad. Por ello, aducen, conforme al Transitorio III del CPCA, el régimen de impugnación aplicable a la especie es el de la legislación vigente en ese momento. Así las cosas, mencionan, en este asunto deberán aplicarse los plazos de caducidad regulados en la ya derogada Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (en adelante LRJCA) para los procesos de lesividad. En este sentido, dicen el artículo 35 indicado señalaba que cuando la propia Administración, autora de algún acto declarativo de derechos, pretendiera demandar su anulación, ante la jurisdicción contencioso-administrativa, previamente debería declararlo lesivo a los intereses públicos, económicos o de otra naturaleza, en el plazo de cuatro años contados a partir de la fecha cuando hubiera sido dictado. En complemento de ello, sostienen, el canon 37 inciso 3) de la misma Ley señalaba que el plazo para que la Administración formulara el proceso de lesividad era de dos meses desde el día siguiente al de la declaratoria de lesividad. En la especie, concluyen, el acuerdo cuya nulidad se pretende fue dictado el 19 de julio de 1995, y fue declarado lesivo a los intereses públicos mediante acuerdo no. 34, artículo 34, sesión 037-05, del 26 de setiembre de 2005, resultando evidente, la lesividad en sede administrativa fue dictada fuera del plazo de cuatro años, de ahí que la acción ejercida ha caducado. Al respecto, observa esta Sala, en esencia, el Tribunal consideró que con fundamento en los estudios del INTA, las fincas objeto del proceso, no poseen características dominicales. Asimismo, que de la Ley no. 6735, no puede derivarse la afectación que se alega. Si bien esta Cámara, comparte la posición en cuanto a que las afectaciones que derivan de la Ley 6735, no extienden la naturaleza dominical a los fundos adquiridos por el IDA para el cumplimiento de los fines de dicha ley, pues es claro, se trata de bienes cuya finalidad es el traspaso a particulares, conforme a los objetivos de la Ley 6735. Tal característica impide por si sola establecer la alegada condición demanial respecto de dichas parcelas. Es claro a su vez que tales bienes, tras un período de afectación, podrán ser gravados o enajenados por sus titulares, sin perjuicio de los gravámenes que puedan ser impuestos durante el plazo de afectación, con el visto bueno del IDA. De tal forma, es inobjetable, conforme a la letra de la normativa de marras, no es posible considerar que todo fundo adquirido por el IDA constituye un bien del dominio público. Por el contrario, se trata de bienes privados que si bien afectos a un fin público, no alcanzan las características que en la especie arguye el casacionista. Ahora bien, con arreglo a la prueba documental aportada al expediente, según se establece en el considerando III de este fallo, el lote 11-1, posee las características de un bien del dominio público pues a éste ingresa la marea, contando además con presencia de áreas de manglar. De tal forma, respecto de la finca de cita, carecen de relevancia las argumentaciones de los jueces en cuanto a si del texto de la Ley 6735 es válido extraer tales características para los bienes adquiridos por el IDA para el cumplimiento de sus fines, pues es de la propia condición y particularidades del fundo, que éstas se desprenden. Si bien, como se indicara, esas probanzas fueron traídas al expediente como prueba trasladada, se tiene que el expediente 05-001003-0163-CA fue presentado al proceso en tiempo y forma. Asimismo, ya en el escrito de demanda se hizo referencia a la existencia en el predio 11-1, de elementos propios de un bien del dominio público, lo que hace que la prueba presentada y no valorada, sea de absoluta validez en este proceso. Ante tal circunstancia, la tesis del fallo en cuanto a la inexistencia de bienes con características demaniales no se ajusta al caso concreto, pues respecto del lote 11-1, había otras circunstancias que no fueron valoradas a efecto de arribar a esa conclusión, circunstancia que obliga a que, como ya se dijo, el cargo será acogido. En cuanto a la naturaleza demanial, esta Cámara ha indicado: “…resulta fundamental referirse al concepto de dominio público, y en particular, a los alcances del artículo 261 del Código Civil, el cual diferencia entre bienes públicos y privados, así como los criterios con base en los cuales se puede distinguir entre ambos. Al respecto establece: “Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público. / Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular, aunque, pertenezcan al Estado o a los Municipios, quienes para el caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona.” Como se extrae, la definición de los bienes privados se hace en forma residual, es decir, pertenecen a esta categoría todos aquellos que no presenten ninguna de las características señaladas para los demaniales. La jurisprudencia constitucional, tomando en cuenta lo preceptuado por la norma citada, se ha referido sobre los bienes que integran el dominio público en los siguientes términos: “son aquellos que tienen una naturaleza y régimen jurídico diverso de los bienes privados –los cuales se rigen por el derecho de propiedad en los términos del artículo 45 de la Constitución Política–, en tanto, por expresa voluntad del legislador se encuentran afectos a un destino especial de servir a la comunidad, sea al interés público, y que por ello, no pueden ser objeto de propiedad privada, de modo que están fuera del comercio de los hombres, por lo cual, no pueden pertenecer individualmente a los particulares, ni al Estado, en sentido estricto, por cuanto éste se limita a su administración y tutela. […] Así, se trata de bienes cuya titularidad ostenta el Estado en su condición de administrador, debe entenderse que se trata de bienes que pertenecen (sic) la "Nación", con lo cual, conforman parte del patrimonio público; y que, por su especial naturaleza jurídica, presentan los siguientes atributos: son imprescriptibles, lo cual implica que por el transcurso del tiempo, no puede adquirirse el derecho de propiedad sobre ellos, ni siquiera de mera posesión, es decir, no pueden adquirirse mediante la usucapión, así como tampoco pueden perderse por prescripción; motivo por el cual los permisos de uso que la Administración conceda sobre ellos, siempre tienen un carácter precario, lo cual hace que puedan ser revocadas por motivos de oportunidad o conveniencia en cualquier momento por la Administración –en los términos previstos en los artículos 154 y 155 de la Ley General de la Administración Pública–; y las mismas concesiones que se otorguen sobre ellos para su aprovechamiento, pueden ser canceladas, mediante procedimiento al efecto; son inembargables, que hace que no pueden ser objeto de ningún gravamen o embargo, ni por particulares, ni por la Administración; y son inalenables, lo que se traduce en la condición de que están fuera del comercio de los hombres; de donde no pueden ser enajenados, vendidos o adquiridos, ni a título gratuito ni oneroso, ni por particulares, ni por el Estado, de modo que están excepcionados del comercio los hombres y sujetos a un régimen jurídico especial y reforzado. Además su uso y aprovechamiento está sujeto al poder de policía, en tanto, por tratarse de bienes que no pueden ser objeto de posesión, y mucho menos de propiedad, su utilización y aprovechamiento es posible únicamente a través de actos debidamente autorizados, sea mediante concesión o permiso de uso, otorgado por la autoridad competente; y al control constante de parte de la Administración Pública. De manera que comprende bienes inmuebles que tienen una naturaleza y régimen jurídico virtualmente opuesto a la propiedad privada, que deriva de lo dispuesto en el artículo 45 constitucional.” (voto 2007-2408 de las 16 horas 13 minutos del 21 de febrero de 2007. En el mismo sentido, consúltese el fallo no. 189-2011, de las 9 horas 15 minutos del 3 de marzo de 2011). El canon 10 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, no. 6043, (en adelante LZMT) establece que la zona marítimo terrestre: “… se compone de dos secciones: La ZONA PUBLICA, que es la faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria, y las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja; y la ZONA RESTRINGIDA, constituida por la franja de ciento cincuenta metros restantes, o por los demás terrenos en caso de islas. Los islotes, peñascos y demás áreas pequeñas y formaciones naturales que sobresalgan del mar corresponden a la zona pública”.  De igual manera, el ordinal 11 de la LZMT, refiere que: “Zona pública es también, sea cual fuere su extensión, la ocupada por todos los manglares de los litorales continentales e insulares y esteros del territorio nacional”. Debe agregarse a lo anterior, conforme al mandato 20 de la Ley de cita, que: “Salvo las excepciones establecidas por la ley, la zona pública no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título ni en ningún caso. Nadie podrá alegar derecho alguno sobre ella. Estará dedicada al uso público y en especial libre tránsito de las personas (…)”. Por su parte, el precepto 39 de la Ley Orgánica del Ambiente no. 75754  incluye a los manglares en la definición de los recursos marinos y costeros, cuando prevé, que: “Se entiende por recursos marinos y costeros, las aguas del mar, las playas, los playones y la franja del litoral, las bahías, las lagunas costeras, los manglares, los arrecifes de coral, los pastos marinos, es decir praderas de fanerógamas marinas, los estuarios, las bellezas escénicas y los recursos naturales, vivos o no, contenidos en las aguas del mar territorial y patrimonial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental y su zócalo insular”.  Evidentemente, al tenor de lo dispuesto por la LZMT, la norma de cita equipara también a los manglares con aquellos recursos costeros, como playas, estuarios y las mismas aguas del mar, a los cuales se ha conferido un carácter especial como parte del demanio. En consecuencia, al encontrarse en este inmueble zonas de manglar, a las cuales hace ingreso la marea; de manera inobjetable, se está frente a un bien afectado al dominio público. De suyo resulta también, tal denominación conlleva el carácter de imprescriptible, toda vez que frente a este tipo de bienes “nadie podrá alegar derecho alguno” ni ocuparlo bajo ningún título ni en ningún caso. Por consiguiente, no procede entrar a valorar si la lesividad fue declarada dentro del plazo determinado a ese fin, o si había corrido el plazo de caducidad, como al efecto determinó el Tribunal, pues se reitera, se trata de un bien del dominio público. Nótese sin embargo, que lo expuesto no aplica respecto del lote 9, sobre el cual, no se han aportado elementos probatorios ni otras razones de fondo, que permitan establecer que como se alega, éste forme parte del demanio.

VI. En mérito de lo expuesto, habrá de declararse con lugar el recurso, se anulará la sentencia emitida en cuanto acogió la excepción de caducidad, en su lugar se rechazará, debiéndose reenviar el expediente al Tribunal para que proceda , conforme a derecho corresponda. Lo anterior, a efecto de evitar que el proceso sea resuelto en una única instancia y garantizando a su vez, el derecho de defensa de las partes.

POR TANTO

Se declara con lugar el recurso. Se anula la resolución recurrida en cuanto acogió la excepción de caducidad la que en su lugar se rechaza. Se ordena su reenvío al Tribunal para que proceda acorde a derecho.

 

Anabelle León Feoli

 




 

Luis Guillermo Rivas Loáiciga

	

 

Román Solís Zelaya                                                 




 

 

Óscar Eduardo González Camacho

	

 

 

 Carmenmaría Escoto Fernández

 

 

CGZAMORA/MCAMPOSS

Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected]

Clasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 20-04-2026 15:57:52.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Grande  
Normal  
Pequeña  
First Chamber of the Court  

Resolution No. 00799 - 2013  

Date of Resolution: June 25, 2013, at 08:50  

Case File: 10-003009-1027-CA  

Drafted by: Carmenmaría Escoto Fernández  

Analyzed by: FIRST CHAMBER  

Content of Interest:  

Type of content: Majority vote  

Branch of Law: Administrative Litigation  

Topic: Public domain property  

Subtopics:  

Mangrove or wetland.  

Analysis of the public domain nature, in particular, Article 261 of the Civil Code, its attributes of imprescriptibility, unattachability, and inalienability, its use and exploitation through police power by means of concession and use permit; as well as mangroves as a marine and coastal resource (Articles 10, 11, and 20 of the Maritime Terrestrial Zone Law and 39 of the Organic Environmental Law).  

Content of Interest:  

Type of content: Majority vote  

Branch of Law: Administrative Litigation  

Topic: Expiration of the action  

Subtopics:  

Public domain property.  

In the present matter, since the property is located in mangrove zones, which are reached by the tide, it is a property affected to the public domain. Such designation entails the character of imprescriptible, given that regarding this type of property, no one may claim any right, nor occupy it under any title, nor in any case. Consequently, it is not appropriate to assess whether the expiration period had run, therefore the judgment of the Tribunal is annulled insofar as it upheld the exception of expiration in the lesivity proceeding, in order to instead reject it.  

Content of Interest:  

Type of content: Majority vote  

Branch of Law: Administrative Litigation  

Topic: Maritime terrestrial zone  

Subtopics:  

Legal nature.  

Analysis of the public zone and the restricted zone (Articles 10, 11, and 20 of the Maritime Terrestrial Zone Law); as well as mangroves as a marine and coastal resource (numeral 39 of the Organic Environmental Law).  

Content of Interest:  

Type of content: Majority vote  

Branch of Law: Administrative Litigation  

Topic: Evidence  

Subtopics:  

Transferred evidence.  

Mechanism intended for the verification of the debated facts, which allows that the evidentiary means opportunely produced in one proceeding, between the same litigants, who had the opportunity to controvert them, may be incorporated into another litigation, provided both proceedings guarantee the right of defense and due process (Constitutional Article 39). The legal way to transfer evidence from one proceeding to another is through certification of the corresponding pieces. The witness statements rendered in the first trial, with the intervention of the parties, do not require ratification and acquire full validity. In this case, the judges considered as an unproven fact that the property is a public domain asset. However, from the evidence transferred to the case file, studies indicate that the property is characterized by the presence of a mangrove, where the tides enter. Said arguments were set forth in the complaint. Therefore, there were reasons for the Tribunal to consider it proven that this property is affected, at least in part, by the public domain.  

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Text of the resolution  

*100030091027CA*  

EXP: 10-003009-1027-CA  

RES: 000799-F-S1-2013  

FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at eight hours fifty minutes on the twenty-fifth of June of two thousand thirteen.  

Ordinary proceeding declared purely legal processed in the Administrative Litigation Tribunal by the INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, represented by its general judicial attorney-in-fact, Carlos Enrique García Anchía, resident of San Ramón de Alajuela; against the ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE, represented by its president with powers of unlimited generalísimo attorney-in-fact, Efraín Guzmán Cruz, of unknown qualifications. Also appearing as special judicial attorney-in-fact for the Instituto is licentiate Roderico Contreras Angulo, resident of San José. The individuals are of legal age and with the exception noted, married and lawyers.  

RESULTANDO  

1. Based on the facts stated and legal provisions cited, the Instituto established an ordinary proceeding, so that the judgment declares: "1) That the present complaint is deemed filed. 2) That Agreement No. 8, taken in article VIII, session 038-95, by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, is declared lesive to the public interest, through which it agreed to the adjudication, segregation and transfer of lots 9 and 11-1 of the Bahía Settlement to APROAMBIDA, which respectively generated the properties of the Partido de Puntarenas, registration number 68026-000 and 96468-000. As a direct consequence of the declaration of lesivity to the public interest, I request that the Registro Nacional be ordered to annul the property titles of the properties of the Partido de Puntarenas, registration number 68026-000 and 96468-000. 3) That APROAMBIDA be ordered to pay both costs of this trial."  

2. The respondent association answered negatively and raised the preliminary defenses of prescription, expiration, and material res judicata.  

3. The preliminary hearing was held at 14:00 hours on December 14, 2010, at which time both parties made use of the floor and the preliminary defenses raised were resolved. Likewise, at that procedural moment the proceeding was declared purely legal.  

4. The Administrative Litigation and Civil Treasury Tribunal, Sixth Section, composed of judges Cynthia Abarca Gómez, Marianella Álvarez Molina, and Christian Hess Araya; in judgment no. 014-2012-VI of 16 hours 20 minutes on January 30, 2012, resolved: "The exception of expiration is upheld. As unnecessary, pronouncement on the other exceptions formulated is omitted. Consequently, the complaint is declared improper. This matter is resolved without special condemnation in costs."  

5. The plaintiff files a cassation appeal expressly indicating the reasons on which it relies to refute the Tribunal's thesis.  

6. In the proceedings before this Chamber, the prescriptions of law have been observed.  

Drafted by magistrate Escoto Fernández  

CONSIDERANDO  

I. The Instituto de Desarrollo Agrario (hereinafter Instituto or IDA), sued the Asociación para la Protección del Ambiente del Instituto de Desarrollo Agrario (hereinafter Aproambida). It stated that, by agreement 8, article VIII, of session 038-95 of July 19, 1995, the Board of Directors of the IDA authorized the adjudication, segregation, and transfer in favor of the respondent, of two lots located in the Bahía Settlement, canton of Osa, Puntarenas. It added that the lots in question correspond to properties 68026-000 (lot 9) and 96468-000 (lot 11-1). It said that said agreement was declared lesive to public interests in session 037-05 of September 26, 2005. It mentioned that it is recorded in judicial case file no. 05-001003-0163-CA, that since 2005, it requested to annul the adjudication, segregation, and transfer of lots 9 and 11-1 to the respondent and of four other properties. It argued that the Administrative Litigation Court agreed with it regarding four properties, but not with respect to properties 9 and 11-1, because, instead of requesting the nullity of agreement no. 8, Article VIII, of session 038-95, it mistakenly requested that of agreement 24, article XXIV, taken in session 11-95, of March 20, 1995. It requests in judgment: a) that the cited agreement 8, article VIII, of session 038-95 be declared lesive to the public interest; b) that the property titles granted in favor of the respondent, generated from the aforementioned agreement and corresponding to properties 68026-000 and 96468-000 of the Partido de Puntarenas, be annulled; c) that costs be imposed on the respondent. The respondent answered negatively. It raised the exceptions of res judicata, prescription, and expiration. The Tribunal upheld that of expiration. It omitted pronouncement on the others. It declared the complaint improper, without special condemnation in costs. Disagreeing, the plaintiff Instituto resorts to cassation.  

II. The cassation appellant raises two substantial objections. In the first, it claims that the ruling considers facts as proven in contradiction with the evidence. It states that in the judgment it challenges, there is no proven fact according to which it can be affirmed that the disputed assets are of private domain. It adds that in the facts held as proven three and four, the Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, (hereinafter INTA), merely conducted a soil study, without considering the physical location. It asserts that it indeed omits to indicate that the tide enters lot 11-1, so the greater part of it is within the Maritime Terrestrial Zone (hereinafter ZMT). It considers that it cannot be concluded from such facts that these are private domain assets. It expresses that if the Tribunal had doubts regarding the public domain nature of the lands, it should have requested another type of study as evidence for better resolution, not a soil one, since it says nothing about the legal nature of those properties. It argues that the INTA report does not show that the properties are of private domain, yet the Tribunal so understood it. It alleges that there is no congruence between the proven and unproven facts and the "Por Tanto" of the judgment. In the second objection, it claims improper application and interpretation of law as well as its non-application. It argues that the contested ruling upholds expiration, by considering that the properties subject to the process are not of a public domain character. Therefore, it adds, the judges deem that precept 34 of the Código Procesal Contencioso Administrativo (hereinafter CPCA), which does not subject the declaration of lesivity of public domain assets to a term, is not applicable to the case. It notes that Ley 6735 and the jurisprudence of the Constitutional Chamber establish the public domain nature of the properties owned by the IDA. It submits that there is proof of this in the properties subject to the litis, since one contains a house declared a historical-architectural heritage site while the other is within the ZMT. It refers that the declaration of historical heritage was recognized by the judges within summary proceeding 05-001003-0163-CA (proven fact no. 16), copies of which were provided to the case file. Likewise, it refers that in fact held as proven no. 3 of the contested judgment, the judges imply that the referenced house is a dwelling, which is not true, as it is uninhabited, nor is there any cultivation there. It adds that curiously the ruling omits to establish that said house is an architectural heritage site, an event affirmed by the respondent and acknowledged by the CGR in report RH-12-2000. It also argues that the Tribunal fails to indicate in the fact held as proven no. 4, that the greater part of lot 11-1 is within the ZMT, despite the respondent accepting it in case file 05-1003-0163-CA. It asserts that in its resolutions 2006-15775 and 2008-17776, the Constitutional Chamber indicated that the property owned by the plaintiff Instituto is of public domain, in that the public nature of its holder extends to its properties. It mentions that the Tribunal, for its part, departed from that criterion, arguing diverse factual circumstances, a thesis it does not share. Likewise, it says that the judges rule out that the asset is of public domain solely because the house located on it was declared a historical heritage site. It asserts that to this they add that the Ley del IDA does not confer "per se" to those properties the category of public domain. However, it maintains that according to numerals 3, 32, and 33 of Ley 6735, the properties that make up its patrimony for the fulfillment of its purposes are public. It states that said properties maintain that character insofar as they were segregated from the "Asentamiento Campesino Bahía", which are subject to a special regime. It considers the Tribunal erred in considering that the properties transferred by that Instituto are of private domain because they may be mortgaged, since authorization from the IDA is necessary for this, hence it is not an ordinary mortgage. It concludes that, in this way, its properties are inalienable, unattachable, and imprescriptible, which places them within the assumption of precept 34 subsection 2 of the CPCA, and the expiration resolved by the judges is not acceptable.  

III. Before analyzing the first charge, it is advisable to examine the topic of transferred evidence, on which this Chamber has stated: "V.- (…) The transfer of evidence is a mechanism intended for the verification of the debated facts, which allows that the evidentiary means opportunely produced in one proceeding may be incorporated into another litigation. Such figure was not regulated in the Código Procesal Civil, however, that does not empower, a priori, to prohibit it as a mechanism within the reach of litigants to prove the factual bases of their claims. It must be considered that Article 4 of the Código Procesal Civil establishes that for cases not provided for in that normative body, one must resort to analogy or, the antipode, disparity of reason, to resolve the lack of a norm, and failing that, it must be integrated by resorting to constitutional principles and the maxims of Procedural Law. From the constitutional perspective, based on Article 39 of the Magna Carta, the principle of due process has been developed, from which are derived, as applicable to evidentiary activity in civil proceedings, the corollaries of hearing and contradiction. Therefore, if in the proceeding in which the evidentiary means was produced, it was resolved between the same litigants, who had at hand the possibility of controverting it, there is no obstacle to its transfer to another proceeding, as long as both derivatives of the right of defense are once again guaranteed there. In the last three decades, this Chamber has referred -in few cases and briefly- to the transfer of evidence. Thus, in judgment No. 108-F-90 of 14 hours 50 minutes on December 23, 1990, it stated: 'Regarding this type of evidence transfer, Cassation has already pronounced in the following terms: "... the legal way to transfer evidence from one proceeding to another is through certification of the corresponding pieces, but not by requesting the trial or case in which that evidence was produced ad effectum videndi" (Cassation No. 71 of 15:30 hours on September 9, 1983). It has also been resolved that: "it must be observed, moreover, that the first trial was between the same parties as this one, whereby the witness statements rendered there with the intervention of those, did not need to be ratified in the present case" (Sent. Cassation No. 38 of 15 hours on May 16, 1973, cons. III).' On the other hand, judgments No. 368-F-00 of 14 hours 35 minutes on May 17, 2000, 30-F-01 of 15 hours 22 minutes on January 10, 2001, merely point out a brief doctrinal citation defining the institute. This is repeated in judgment 606-F-02 of 16 hours 10 minutes on August 7, 2002, which also highlights: '... Evidence that, having been controverted in the proceeding in which it was produced by the parties against whom it is used in the sub-lite, does not require ratification and acquires full validity'." (No. 877, of 10 hours on November 17, 2005, reiterated in judgment no. 315 of 9 hours 10 minutes on March 31, 2011).  

IV. Given that the grievance regarding expiration depends on what is resolved in the first charge regarding the determination of the public domain nature of the assets, it is appropriate to analyze both objections together. The cassation appellant claims that facts have been held as proven or unproven in contradiction with the evidence. It specifies that in facts held as proven 3) and 4) of the attacked judgment, the physical location of lot 11-1 was not considered, which is not only reached by the tide, but also the greater part of it is within the ZMT. In this regard, in the referred facts, the Tribunal held it as proven that property registration number 68026-00 has a two-story house with fruit and forest trees, and other annual crops. The judges added that both in this property and in property registration number 96468-000 (11-1), there are soils with slight erosion, on which land use compatible with the activity carried out has been exercised, without signs of degradation being observed. They point out that the evidence produced by the INTA allows the conclusion that these are not national reserves or forested lands constituting state natural heritage. They also considered that the cadastral maps do not mention any indication allowing the assets to be classified as public domain. According to those arguments, the judges held as an unproven fact: "That the properties registered in the name of the referenced association in the Registro Nacional, Partido de Puntarenas, real folio registration numbers No. 68026-000 and 96468-000, are public domain assets (there is no evidence demonstrating it)." Regarding the foregoing, this Chamber observes that the administrative case file contains a certified copy of judicial case file no. 05-001003-0163-CA, in which, starting from folio 456, one reads in the copy of the "Informe Sobre los Resultados del Estudio Efectuado en el Instituto de Desarrollo Agrario con Respecto al Cumplimiento de Disposiciones Emitidas por esta Contraloría General". In said study (folio 512), said Contraloría (hereinafter CGR) expressly states: "m) By virtue of existing regulations, this Contraloría General requested MINAE to, in accordance with the provisions of Articles 13, 14, 15, and 19 of the Ley Forestal and 12 of the Reglamento of said Law, classify the areas adjudicated by the IDA to APROAMBIDA. The corresponding responses for lots 9 and 11-1 of the Bahía Settlement were received via official letters Nos. OT-OSA-008-99 and OT-026-99, of February 21 and July 20, 1999, respectively, signed by Geographer Ana Cecilia Medina Gutiérrez, in Charge of Land-Use Planning of the Área de Conservación Osa (ACOSA), Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE). (…) Regarding lot 11-1, official letter No. OT-026-99 states the following: (see folios 181 and 182) 'This is an area located near the mangrove and a certain part of these lands are affected by the tides. / (…) it is recommended that if this area is to be adjudicated for residential use, the mangrove protection zone be demarcated with boundary markers, to prevent the continued deterioration of this ecosystem' (Our emphasis). Likewise, at folio 543, in the statement of defense of the referred case file (05-001003-0163-CA), the respondent here stated: '… 11-1 occasionally suffers flooding from extraordinary high tides…' From the foregoing, it is clear that documents were indeed provided, as evidence transferred to the case file, according to which, treatment of lot 11-1 as part of the public domain was justified. The studies to which the CGR refers in its report characterize the property of interest as a property in which there is the presence of mangrove and which is also reached by the tides. Said arguments were set forth by the plaintiff Instituto since the filing of the complaint (folio 7), where it states that in lot 11-1, there is a protection area with mangrove. Although such evidence was brought to the case file as transferred evidence, it is clear that case file 05-001003-0163-CA was processed between the parties of this proceeding, likewise, it was presented as a certified copy and offered as an evidentiary element in the complaint filing brief. Therefore, there were reasons for the Tribunal to hold as a proven fact that property 96468-000 is affected, at least in part, by the public domain. Consequently, it is appropriate to uphold the charge.  

V. The appellant states that the Tribunal upholds expiration, by considering that the properties subject to the process are not of a public domain character. Hence, it adds, the judges consider that precept 34 of the CPCA is not applicable to the case, that is, in this case, it is not possible to establish that the declaration of lesivity is not subject to a term because they are public domain assets. In this regard, the Tribunal indicated that in the specific case, there is no normative afectación of the assets to the public domain. The judges consider that from precepts 3 and 32 of Ley no. 6735, that afectación cannot be derived. They indicate that from those norms it is extracted that one of the functions of the IDA is to cooperate in the conservation of the country's natural resources and to administer national reserves in the name of the State (a situation that does not apply to this case since the properties do not constitute national reserves). On the other hand, they cite that numeral 32 does not prescribe that the assets forming part of the IDA's patrimony for the fulfillment of its purposes are, in all cases, public domain assets. They assert that the list includes private domain lands of the State or its institutions, in addition to those it acquires to allocate to its programs and the assets donated to the Instituto by individuals or legal entities, private and public, for the purposes of that Law. Therefore, they interpret, it cannot be thought that every asset acquired by the IDA to fulfill the objectives of its law is of public domain. They mention that accepting such a thesis would imply ignoring the existence of private domain assets of the IDA and the necessary special legislative afectación. The judges also do not find in said properties the finalist element, that is, the permanent vocation for public use or utility. The foregoing, they say, because in both cases, these are properties whose legal destination from the beginning was their use in agricultural development programs, which have remained within the private commerce of men. They emphasize that these parcels cease to form part of the public entity's patrimony to become part of that of private individuals, a situation that would be clearly incompatible with public domain property. They point out that the evidence produced by the INTA allows the conclusion that these are not national reserves or forested lands constituting state natural heritage. They state that the cadastral maps also do not mention any indication allowing them to be classified as public domain. In this way, the judges ruled out the presence of public domain assets whose protection is not subject to expiration periods. Therefore, they argue, pursuant to Transitorio III of the CPCA, the challenge regime applicable to this case is that of the legislation in force at that time. Thus, they mention that in this matter, the expiration periods regulated in the already repealed Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (hereinafter LRJCA) for lesivity proceedings must be applied. In this sense, they say that the cited Article 35 stated that when the Administration itself, the author of any act declaratory of rights, intended to demand its annulment before the administrative-litigation jurisdiction, it must first declare it lesive to public, economic, or other interests, within a period of four years counted from the date when it was issued. Complementing this, they maintain, canon 37 subsection 3) of the same Law stated that the period for the Administration to file the lesivity proceeding was two months from the day following the declaration of lesivity. In this case, they conclude, the agreement whose nullity is sought was issued on July 19, 1995, and was declared lesive to public interests through agreement no. 34, article 34, session 037-05, of September 26, 2005, making it evident that the lesivity in administrative venue was issued outside the four-year period, hence the exercised action has expired. In this regard, this Chamber observes that, in essence, the Tribunal considered that, based on the INTA studies, the properties subject to the process do not possess public domain characteristics. Likewise, that from Ley no. 6735, the alleged afectación cannot be derived. Although this Division shares the position that the afectaciones deriving from Ley 6735 do not extend the public domain nature to the properties acquired by the IDA for the fulfillment of the purposes of said law, since it is clear that these are assets whose purpose is transfer to private individuals, pursuant to the objectives of Ley 6735. This characteristic alone prevents establishing the alleged public domain condition regarding said parcels. It is clear in turn that such assets, after a period of afectación, may be encumbered or alienated by their holders, without prejudice to the encumbrances that may be imposed during the afectación period, with the approval of the IDA. Thus, it is undeniable, according to the letter of the abovementioned regulations, it is not possible to consider that every property acquired by the IDA constitutes a public domain asset. On the contrary, these are private assets that, although affected to a public purpose, do not reach the characteristics argued by the cassation appellant in this case. Now then, according to the documentary evidence provided to the case file, as established in considerando III of this judgment, lot 11-1 possesses the characteristics of a public domain asset since the tide enters it, also having the presence of mangrove areas. Thus, regarding the cited property, the judges' arguments as to whether from the text of Ley 6735 it is valid to extract such characteristics for the assets acquired by the IDA for the fulfillment of its purposes lack relevance, since these derive from the very condition and particularities of the property. Although, as indicated, such evidence was brought to the case file as transferred evidence, it is a fact that case file 05-001003-0163-CA was presented to the proceeding in a timely and proper manner. Likewise, already in the complaint, reference was made to the existence in lot 11-1 of elements typical of a public domain asset, which makes the evidence presented and not assessed of absolute validity in this proceeding. Given such circumstance, the thesis of the ruling regarding the non-existence of assets with public domain characteristics does not fit the specific case, since regarding lot 11-1, there were other circumstances that were not assessed in order to reach that conclusion, a circumstance that obliges that, as already stated, the charge will be upheld. As for the public domain nature, this Division has indicated: "… it is essential to refer to the concept of public domain, and in particular, to the scope of Article 261 of the Civil Code, which differentiates between public and private assets, as well as the criteria based on which the two can be distinguished. In this regard it establishes: 'Those things that, by law, are permanently destined for any service of general utility, and those which everyone may take advantage of because they are delivered to public use, are public things. / All other things are private and objects of particular property, even if they belong to the State or to the Municipalities, who in such case, as civil persons, do not differ from any other person.' As can be extracted, the definition of private assets is made residually, that is, all those that do not present any of the characteristics indicated for public domain assets belong to this category. Constitutional jurisprudence, taking into account the provisions of the cited norm, has referred to the assets that make up the public domain in the following terms: 'they are those that have a nature and legal regime different from private assets —which are governed by the right of property in the terms of Article 45 of the Political Constitution—, insofar as, by the express will of the legislator, they are affected to a special destiny of serving the community, that is, the public interest, and that for this reason cannot be the object of private property, so that they are outside the commerce of men, whereby they cannot belong individually to private individuals, nor to the State, in a strict sense, given that the latter limits itself to their administration and tutelage.

… Thus, these are assets whose ownership the State holds in its capacity as administrator, and it must be understood that they are assets that belong to the "Nation," with which they form part of the public domain (patrimonio público); and which, by their special legal nature, present the following attributes: they are imprescriptible, which implies that the passage of time cannot give rise to the acquisition of a property right over them, nor even of mere possession, that is, they cannot be acquired through adverse possession (usucapión), nor can they be lost through prescription; for which reason the use permits that the Administration grants over them are always of a precarious nature, which means they can be revoked for reasons of opportunity or convenience at any time by the Administration—under the terms set forth in Articles 154 and 155 of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública)—; and the concessions themselves that are granted over them for their exploitation can be canceled through the appropriate procedure; they are unattachable (inembargables), meaning they cannot be subject to any lien or attachment (embargo), neither by private parties nor by the Administration; and they are inalienable, which translates into the condition that they are outside the commerce of men; whence they cannot be alienated, sold, or acquired, neither for consideration nor gratuitously, neither by private parties nor by the State, such that they are exempted from commerce among men and subject to a special and reinforced legal regime. Moreover, their use and exploitation are subject to police power, insofar as, being assets that cannot be the object of possession, much less of property, their utilization and exploitation are possible only through duly authorized acts, whether by concession or use permit, granted by the competent authority; and to constant control on the part of the Public Administration. Thus, they comprise immovable property that has a nature and legal regime virtually opposite to private property, which derives from the provisions of Article 45 of the Constitution." (Voto 2007-2408, at 4:13 p.m. on February 21, 2007. In the same sense, see ruling no. 189-2011, at 9:15 a.m. on March 3, 2011). Article 10 of the Maritime-Terrestrial Zone Law (Ley de la Zona Marítimo Terrestre, LZMT), no. 6043, (hereinafter LZMT) establishes that the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre): "… is composed of two sections: The PUBLIC ZONE (ZONA PUBLICA), which is the fifty-meter-wide strip measured from the ordinary high-tide line, and the areas that are uncovered during low tide; and the RESTRICTED ZONE (ZONA RESTRINGIDA), constituted by the remaining one-hundred-fifty-meter strip, or by the remaining lands in the case of islands. Islets, rocky outcrops, and other small areas and natural formations that protrude from the sea correspond to the public zone." Likewise, Article 11 of the LZMT states that: "The public zone also includes, whatever its extension, that occupied by all the mangroves (manglares) of the continental and insular coastlines and estuaries of the national territory." To the above must be added, pursuant to Article 20 of the cited Law, that: "Except for the exceptions established by law, the public zone may not be subject to occupation under any title or in any case. No one may claim any right over it. It shall be dedicated to public use and especially the free transit of persons (…)." For its part, Article 39 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), no. 7575, includes mangroves in the definition of marine and coastal resources, when it provides that: "Marine and coastal resources are understood to mean the sea waters, the beaches, the large beaches (playones) and the coastal strip, the bays, the coastal lagoons, the mangroves, the coral reefs, the seagrass beds, i.e., marine phanerogam meadows, the estuaries, the scenic beauties, and the natural resources, living or not, contained in the waters of the territorial and patrimonial sea, the contiguous zone, the exclusive economic zone, the continental shelf and its insular base." Evidently, under the terms of the LZMT, the cited norm also equates mangroves with those coastal resources, such as beaches, estuaries, and the sea waters themselves, to which a special character has been conferred as part of the public domain (demanio). Consequently, given that there are mangrove areas on this property, into which the tide enters, undeniably, we are faced with an asset affected to the public domain. It also follows that such designation entails the characteristic of imprescriptibility, given that with respect to this type of assets "no one may claim any right" nor occupy them under any title or in any case. Therefore, it is not appropriate to assess whether the harmfulness (lesividad) was declared within the time limit set for that purpose, or whether the expiration period (caducidad) had elapsed, as the Tribunal determined, for it is reiterated, this is an asset of the public domain. It must be noted, however, that the foregoing does not apply with respect to lot 9, regarding which no probative elements or other substantive reasons have been provided that would allow establishing that, as alleged, it forms part of the public domain.

VI. By virtue of the foregoing, this appeal shall be granted, the judgment issued shall be annulled insofar as it upheld the exception of expiration, and in its place it shall be rejected, and the case file must be remanded to the Tribunal to proceed as the law requires. The foregoing, in order to prevent the proceeding from being resolved in a single instance and at the same time guaranteeing the right of defense of the parties.

POR TANTO

This appeal is granted. The appealed resolution is annulled insofar as it upheld the exception of expiration, which is instead rejected. Its remand to the Tribunal is ordered for it to proceed according to law.

Anabelle León Feoli

Luis Guillermo Rivas Loáiciga

Román Solís Zelaya

Óscar Eduardo González Camacho

Carmenmaría Escoto Fernández

CGZAMORA/MCAMPOSS

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