Res. 02755-2019 Sala Primera de la Corte — Computation of the limitation period in land assignment contractsCómputo del plazo de limitaciones en contratos de asignación de tierras

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Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 02755 - 2019

Fecha de la Resolución: 19 de Setiembre del 2019 a las 14:50

Expediente: 02-160020-0638-AG

Redactado por: Román Solís Zelaya

Clase de asunto: Proceso ordinario

Analizado por: SALA PRIMERA




Sentencia con Voto Salvado

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Agrario

Tema: Aplicación normativa

Subtemas:

Transitorio.

En materia agraria, el precepto 61, párrafo primero, de la Ley de Jurisdicción Agraria señala: “Contra las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal Superior Agrario, en la vía ordinaria procederá recurso ante la Sala de Casación, el cual deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, y se regirá, en todo lo que fuere aplicable, por las disposiciones del Capítulo V, Título VII del Código de Trabajo”. El presente proceso ordinario agrario inició en el año 2002 y el recurso de casación se interpuso en abril de 2017. A tenor del Transitorio 1, puntos 2 y 3 de la Ley 9343, la normativa laboral aplicable es la vigente antes del 25 de julio de 2017 (voto 2755-F-2019).

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Citas de Legislación y Doctrina
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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Agrario

Tema: Recurso de casación

Subtemas:

Admisibilidad.

Tocante a la pertinencia de alegar ante esta Sala quebrantos procesales en materia agraria, los motivos de casación del ordinal 594 del Código Procesal Civil pueden darse en las tres fases del proceso: 1) En la constitución de la relación jurídico procesal (como la falta de emplazamiento o su notificación defectuosa). 2) Los referidos al anormal desenvolvimiento de esa relación (rechazo de prueba admisible o falta de citación para alguna diligencia probatoria). 3) Los producidos al momento de decidirse el litigio, es decir, al dictarse la sentencia (incongruencia). Ver fallo 931-2006, 1513-2012, 324-2014 y 29-2015. Lo recriminado -haberse omitido pronunciamiento acerca de uno de los agravios alegados en apelación- se encuadra dentro del tercer punto, por lo que se admite el reparo (voto 2755-F-2019).

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Agrario

Tema: Incongruencia

Subtemas:

Concepto y alcance.

Distinto a lo señalado por el recurrente, el Tribunal sí se pronunció acerca del agravio por el rechazo de un incidente de documentos extemporáneos, por lo que no se configura el yerro invocado (voto 2755-F-2019).

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Agrario

Tema: Recurso de casación

Subtemas:

Formalidades del recurso.

Se invoca error de hecho en la valoración de la prueba. Empero, acorde a la fundamentación del reparo, corresponde a una violación indirecta de ley por error de derecho (voto 2755-F-2019).

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Agrario

Tema: Contrato de asignación de tierras

Subtemas:

Concepto y alcance.

Los efectos del contrato de asignación o adjudicación de tierras nacen a la vida jurídica -así como el inicio del plazo de 15 años de las limitaciones impuestas por la Ley de Tierras y Colonización- con el acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario (hoy Instituto de Desarrollo Rural) y no con la respectiva escritura pública, otorgando la parcela a la persona beneficiaria, en tanto se trata de un acto administrativo debidamente fundamentado, a fin de distribuir los bienes del Instituto. En este contrato, el adjudicatario debe comprobar su idoneidad o capacidad técnica para desarrollar la empresa agraria durante ese período de prueba, comprometiéndose el IDA a traspasarlo por un eventual precio o a título gratuito. Dicha institución no concede un derecho de propiedad, por ser un contrato de duración y personalísimo (intuito personae). El interés público que en él subyace se refleja en las limitaciones, cuyo objeto es cumplir con la función social de la propiedad (cardinal 50 Constitución Política). Durante este plazo, no se puede enajenar el inmueble sin previa autorización expresa del Instituto, pues por disposición legal, el ente asignante puede iniciar un procedimiento administrativo revocando la adjudicación y adjudicarlo a otro beneficiario, debiendo siempre ejercer un control directo sobre la actividad realizada por el adjudicatario. En otras palabras, aunque el beneficiario ostente la titularidad del bien y así conste en el Registro Nacional, la facultad de disposición, uso y disfrute no son plenas ni absolutas, sino que están sujetas a esas limitaciones legales. Ergo, la adjudicataria no se beneficia de la posesión ejercida por anteriores parceleros. Es a partir de ese acto, que empieza a contarse el plazo de 15 años de vigencia de las restricciones (preceptos 65, 66, 67 y 68 Ley de Tierras y Colonización y 140 Ley General de la Administración Pública). Ver resolución 229-1990, 275-2011 y 1018-2012, 1506-2014 y 967-2017). Esta Sala coincide con el Tribunal en el sentido de que los adjudicatarios al arrendar una sección del inmueble a una empresa, sin contar con la debida autorización del IDA, lo colocó en una situación de riesgo e incumplimiento de sus deberes contractuales. Lo anterior evidencia que el destino del bien asignado por el IDA fue modificado (voto 2755-F-2019).

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Agrario

Tema: Silencio administrativo

Subtemas:

Silencio positivo.

Para la procedencia del silencio positivo se requiere que la gestionante cumpla con todos los requisitos legales para el otorgamiento del permiso, licencia o autorización (norma 331.1 Ley General de la Administración Pública). En el presente proceso, no se cumplieron. La solicitud de autorización para arrendar la propiedad la realizó la actora cuando aún estaban vigentes las limitaciones del contrato de adjudicación de tierras. Por ello, no procede la figura del silencio positivo (voto 2755-F-2019).

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Agrario

Tema: Recurso de casación

Subtemas:

Formalidades del recurso.

Aunque en el recurso de casación agrario no se exigen formalidades especiales, no significa sea por completo informal, ya que los reparos al fallo deben estructurarse de modo técnico. Así, habrá de exponerse, con claridad y precisión, las objeciones a los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia recurrida; estando exento de señalar las disposiciones del ordenamiento jurídico conculcadas o el tipo de infracción cometida. El recurrente no combate, en debida forma, lo argüido por el Tribunal. Ver resoluciones 892-2005, 596-2006, 300-2008, 505-2011, 809-2012, 1513-2012, 1196-2013, 29-2015, 556-2017 y 1454-2017. Por otro lado, en varios reproches no se combaten los fundamentos del Tribunal (voto 2755-F-2019).

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Agrario

Tema: Prescripción

Subtemas:

Asignación de tierras.

El inicio del cómputo del plazo de las restricciones sobre la propiedad en litigio, se dio con el acto administrativo de adjudicación por parte de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario a los co demandantes; sea, el 17 de junio de 1986, por lo que su vencimiento se dio el 17 de junio de 2001 (15 años), no en la fecha indicada por el recurrente. Bien lo señalaron los juzgadores, al momento en que fue notificado el Instituto de Desarrollo Rural de la demanda interpuesta por los actores, el 22 de mayo de 2006, transcurrieran apenas 4 años y 10 meses. Ergo, en aplicación de los preceptos 868 y 876.2 del Código Civil, la contrademanda interpuesta por el INDER se hizo dentro del plazo previsto en el primer numeral (voto 2755-F-2019).

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Agrario

Tema: Acción de reivindicación

Subtemas:

Concepto y alcance.

El Tribunal es elocuente al indicar que, en virtud de confirmar la revocatoria del contrato de adjudicación de tierras suscrito por el actor y su esposa con el Instituto de Desarrollo Agrario (hoy Instituto de Desarrollo Rural) y la consecuente nulidad del título, es que carece de legitimación activa para intentar una acción reivindicatoria. Al no existir uno de los presupuestos para su procedencia, como lo es ser propietario del inmueble en litigio, la pretensión no puede prosperar (canon 320 Código Civil). Al perder la condición de beneficiarios del contrato de adjudicación de la parcela objeto de este proceso, indicaron las personas juzgadoras, no ostentan ese presupuesto legitimante. Esta Sala comparte lo resuelto (voto 2755-F-2019).

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Texto de la resolución

*021600200638AG*

EXP. 02-160020-0638-AG

RES. 002755-F-S1-2019

              SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas cincuenta minutos del diecinueve de setiembre de dos mil diecinueve.

Proceso ordinario establecido por JUAN DIEGO VARGAS SOTO, cédula de identidad no. 203260381 y KATTIA MARÍA SALAS CASTRO, cédula de identidad no.203910768; contra JULIA IBARRA SEAS, cédula de identidad no. 106800592; PEDRO ADRIÁN BORGES FIOL, cédula de identidad no. 800780225, ambos en condición personal y como apoderados generalísimos sin límite de suma de BLINKY DE OROTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3-101-137158; CIENFUEGOS ECO RANCHO LIMITADA, cédula jurídica 3-102-237715; INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, representado por su apoderada generalísima sin límite de suma Annie Alicia Saborío Mora, cédula de identidad no. 202960102. El actor formula recurso de casación contra la resolución no. 000322-F-2017 de las 13 horas 28 minutos del 17 de abril de 2017, emitida por el Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José.

Redacta el magistrado Solís Zelaya

CONSIDERANDO

I. Acorde a los hechos demostrados en ambas instancias y que no son controvertidos, se tiene que el señor Juan Diego Vargas Soto figura como titular registral del derecho 001 y la señora Kattia Salas Castro como dueña registral del derecho 002 de la finca inscrita al partido de Alajuela, matrícula 293864, denominada parcela 48-1 del Proyecto Salinas I; situada en el distrito quinto, Ceiba; cantón noveno, Orotina. Tiene una cabida de 123.513,90 metros cuadrados. Al 27 de setiembre de 2007 -fecha en que se hizo el reconocimiento judicial-, tenía las siguientes construcciones: a) en el sector norte una casa, junto a la cual hay una cochera; otra casa detrás y galerones; b) una construcción de cemento que aparenta ser una piscina y un planché de cemento contiguo; c) una cuadra; d) un corral hecho en “perling” con techo de zinc teja; e) encierro en “perling” con techo en parte de 7,60 x 14,90 metros; f) cercas prefabricadas internas en cemento; g) construcción grande ubicada en la parte norte con una especie de terraza; h) camino interno de lastre; i) en el sector sur de la quebrada, hay otra casa con piso de tierra, cable telefónico, electricidad y agua; j) una plaza de deportes; k) un rancho sin paredes, que aparenta ser para fiestas, con piso de piedra cuarta, techo de zinc teja con un área de construcción de 25 m x 12 m; cuenta con electricidad y agua y l) un helipuerto. Asimismo, hay cultivos y árboles de: a) naranja injertada, b) palmeras, c) árboles de teca, d) plátano, e) tempate y f) árboles de pochote grandes. En la parte sur de la heredad hay potrero y semovientes. La propiedad presenta limitaciones de la Ley no. 2825, Ley de Tierras y Colonización, las cuales, según Registro Público, iniciaron el 25 de mayo de 1995 y finalizaron el 25 de mayo de 2010. El 13 de febrero de 1986, los señores Ubaldo Rojas Fallas y Juan Diego Vargas Soto suscribieron documento privado, el cual denominaron “contrato de compra venta de mejora de una parcela”. En dicho documento estipularon que el señor Rojas Fallas ha sido beneficiario de la parcela número 48-A del proyecto de Salinas, la cual vende al señor Vargas Soto, incluyendo mejoras, posesión de ocho años, y reservándose una hectárea. La Junta Directiva del entonces Instituto de Desarrollo Agrario -IDA-, en sesión número 399 celebrada el 17 de junio de 1986, acuerdo no. nueve, aprobó dicho traspaso. Mediante escritura pública otorgada el 25 de mayo de 1995, el apoderado generalísimo sin límite de suma del IDA, segregó un lote, identificado con el número 48-1 de la finca inscrita al partido de Alajuela folio real 80070-000 y lo vendió a Juan Diego Vargas Soto y Kattia María Salas Castro. En dicho instrumento público se estipuló que los compradores aceptaban la venta, entendidos que se hacía con limitaciones, entre las cuales estaba que no podrían traspasar el dominio del predio, gravarlo, arrendarlo o subdividirlo sin la autorización previa del Instituto vendedor, excepto que hubiesen transcurrido 15 años contados a partir de esa fecha. Se excepturon de esa prohibición las operaciones celebradas con la banca nacionalizada, el Consejo Nacional de Producción -CNP- o cualesquiera otras instituciones de crédito del Estado. También se consignó que cualquier enajenación de la o las parcelas que, a juicio del IDA, puedan producir la concentración o subdivisión excesiva de la propiedad, le daría derecho para adquirir la propiedad ofrecida en venta. De la misma manera, se pactó, el incumplimiento de los compradores o de las personas a quienes se haya transmitido la parcela de cualquiera de las obligaciones dispuesta en la Ley de Tierras Colonización, da derecho al IDA para revocar, administrativamente, la adjudicación y solicitarle al Registro Público que la finca vendida sea inscrita, nuevamente, a favor de ese ente, cancelándole, a quien en el Registro aparezca como dueño al momento de la revocatoria, el precio original de compra, así como el valor de las mejoras introducidas en el inmueble, de conformidad con el avalúo que al respecto realice un perito de la institución vendedora. La referida parcela, no. 48-1(A) fue inscrita al partido de Alajuela, matrícula 293.864-001-002. La Junta Directiva del IDA, en acuerdo tomado en la sesión número 30-95, celebrada el 6 de junio de 1995, autorizó a don Juan Diego y a doña Kattia María a hipotecar en primer grado dicha parcela a favor de un Banco del Sistema Bancario Nacional, por un monto de ₡15.000.000,00. Lo anterior, para la siembra de tomate, melón, sandía y adquisición de equipo de riego de goteo. En escritura pública otorgada el 9 de noviembre de 1995, el señor Vargas Soto y la señora Salas Castro, estipulándose que fue autorizada por la Junta Directiva del IDA, constituyeron, a su favor, una cédula hipotecaria de primer grado por ₡20.000.000,00, garantizada con la finca inscrita al partido de Alajuela matrícula número 293.864-001-002. En dicho documento se consignó que el inmueble dado en garantía soportaba limitaciones del IDA y que vencían el 25 de mayo de 2010. El 11 de setiembre de 1998, la cédula hipotecaria se endosó a favor del Banco de Costa Rica -BCR-. Mediante escrito presentado a la Dirección Regional Coyolar del IDA, el señor Vargas Soto, como presidente de la Asociación de Productores Trinidad y La Uvita, solicitó la liberación de las limitaciones en las escrituras otorgadas en el Asentamiento Salinas 1. En la finca matrícula 293.864, hasta aproximadamente el año 2000, don Juan Diego y doña Kattia María realizaron cultivos de papaya, melón, naranja, aguacate, pipián, sandía, mango, chile, pepino, tomate; introdujeron sistema de riego por goteo y construyeron una casa. El 4 de diciembre de 1998, la señora Salas Castro, el señor Vargas Soto y la empresa Blinky de Orotina Sociedad Anónima -en lo sucesivo, BLINKY-, representada por la señora Julia Ibarra Seas, suscribieron un documento privado de contrato de arrendamiento de una sección de la indicada finca matrícula 293.864-001-002. Los comparecientes consignaron que la sección arrendada a BLINKY correspondía al sector donde estaba la casa de habitación y comprendía un área aproximada de 2 hectáreas. De igual manera, establecieron que el plazo del arrendamiento era por tres años -del 1 de diciembre de 1998 y hasta el 30 de noviembre de 2001-, prorrogable por un plazo igual en caso de acordarlo las partes con tres meses de antelación al término del plazo. También acordaron que su precio era de ₡500.000,00 por año, pagadero en un solo tracto el primer año, con el aumento de ley anual de 15% sobre el saldo anterior, el cual se cancelaría el primero de diciembre de cada año a partir de 1999 en dinero efectivo y en el domicilio del arrendante. También estipularon que la arrendataria destinaría la finca para la habitación y recreo, pudiéndole introducir mejoras sin cambiar el estilo de la casa ni modificar el destino del inmueble a otro tipo del pactado. Las mejoras no podrían ser retiradas una vez finalizado el contrato. A su término, por cualquier causa, la arrendataria entregaría el inmueble en las condiciones en que lo recibió, además de las mejoras realizadas. También consignaron que los arrendantes o personas debidamente autorizadas al efecto, tendrían derecho de inspeccionar el inmueble por lo menos una vez al mes, para comprobar que se le estaba dando el uso correcto, de acuerdo con contrato y las buenas costumbres. La arrendataria no podría subarrendar, ceder total o parcialmente el contrato, tampoco negociar ningún derecho derivado de él. En escritura pública otorgada el 5 de febrero de 1999, los señores Pedro Adrián Borges Fiol y Heliodoro Enrique Galván Castro, constituyeron la sociedad Cienfuegos Eco Rancho Limitada -para futuras citas, CIENFUEGOS-, a la cual se le otorgó la cédula jurídica número 3-102-237715. El 14 de julio de ese año, el señor Borges Fiol, en su calidad de gerente de CIENFUEGOS, solicitó licencia para proyecto turístico ante la Municipalidad de Orotina. Dicho Ayuntamiento la otorgó. El proyecto incluye restaurante, senderos, módulos habitacionales y canchas multiuso. Mediante oficio datado 14 de julio de 1999, dirigido a ese Gobierno Local, don Juan Diego y doña Kattia María, en su condición de arrendantes y propietarios de la finca matrícula 293.864, manifestaron su anuencia en la solicitud de patente efectuada por CIENFUERGOS. En oficio fechado 16 de julio de 1999, don Pedro Adrián, en su calidad ya indicada, le solicitó al Instituto Costarricense de Turismo -ICT- la aprobación del respectivo contrato turístico. Según se indicó en dicho oficio, se trata de una opción de desarrollo agroecológico, ofreciendo una gran variedad de áreas y sitios de esparcimiento, tales como: restaurante, centro hípico, polideportivo, gimnasio, redondel de toros, senderos ecológicos y hotel (basado en un modelo sostenible de desarrollo de módulos habitacionales vacacionales). En escritura pública otorgada el 31 de mayo de 1999, don Juan Diego y doña Kattia María constituyen la sociedad denominada Juvakasa Oro Sociedad Anónima -en lo sucesivo JUVAKASA-, con cédula jurídica número 3-101-244145. Al ser las 10 horas del 27 de julio de 1999, en Asamblea general extraordinaria de CIENFUEGOS, se acordó autorizar al socio Pedro Adrián Borges Fiol, para venderle a JUVAKASA 10 cuotas comunes o títulos nominativos denominados “Comunes Serie A” de su propiedad, identificados con la numeración del 01 al 10, por un valor de ₡2.000.000,00 cada una, para un total de ₡20.000.000,00. Se consignó que la sociedad compradora cancelaría el precio con una cédula hipotecaria de primer grado por un valor de ₡20.000.000,00, constituida a favor de los representantes legales de la sociedad compradora y debidamente endosada a su representada, quien, a su vez, la endosó a la compañía vendedora. Se indicó que dicha cédula es de plazo vencido, y estaba garantizada mediante la finca inscrita en el Registro Público partido de Alajuela matrícula número 293.864. Además, que dicha heredad soporta limitaciones del IDA -Ley no. 2825-, reservas de la Ley de Aguas y Ley de Caminos. Asimismo, la cédula hipotecaria garantizaba obligaciones ante el BCR por un monto de ₡4.800.000,00 aproximadamente, comprometiéndose, la sociedad compradora, al igual que sus apoderados, a liberarla, lo cual fue aceptado por la vendedora. En dicha Asamblea estuvieron presentes el señor Vargas Soto y la señora Salas Castro. Sin precisarse la fecha, la Municipalidad de Orotina otorgó patente al Proyecto Turístico CIENFUEGOS. El 12 de julio de 1999, el Ministerio de Salud concedió permiso sanitario de funcionamiento, por el plazo de un año, al establecimiento denominado CIENFUEGOS ECO RANCHO, el cual está situado en La Ceiba de Orotina. El 21 de julio de 1999, la sociedad CIENFUEGOS obtuvo contrato de póliza por seguro de riesgos del trabajo para labores de hotel y cabinas en Orotina. Durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, junio, julio y agosto, todos del año 2001, fueron cancelados servicios de electricidad a nombre de CIENFUEGOS. Asimismo, esta empresa pagó los servicios brindados por el Acueducto Salinas I durante los meses mayo, junio, setiembre y agosto, todos del indicado año 2001. Mediante oficio fechado 21 de junio de 2001, el señor Borges Fiol le ofreció a don Juan Diego y a doña Kattia María, representantes de JUVAKASA, la venta de 89 cuotas participativas de CIENFUEGOS, así como la única cuota participativa del señor Eliodoro Enrique Galván Castro. El 22 de enero de 2002, el señor Vargas Soto y la señora Salas Castro interpusieron demanda de desahucio contra BLINKY, basados en la causal de vencimiento del plazo; sin embargo, fue declarada sin lugar. En oficio número OSO-180-2002 del 6 de febrero de 2002, emitido por el Jefe Subregional Orotina del IDA, se hizo constar que don Juan Diego y doña Kattia María no tramitaron, como tampoco se les ha aprobado, autorización para arrendar la parcela 48-1 del asentamiento Salinas I, matrícula 293.864-001-002. El 18 de febrero de ese año, el señor Borges Fiol, como apoderado de CIENFUEGOS, denunció, por el delito de estafa, a don Juan Diego y a doña Kattia María, tanto en su calidad personal como apoderados de JUVAKASA. Este proceso fue tramitado con el expediente no. 02-200022-553-PE. Mediante oficio número OSO-177-2003 del 13 de febrero de 2003, el IDA impuso amonestación única a Juan Diego Vargas Soto y Kattia María Salas Castro por explotación indirecta de la parcela no. 48-1 de Asentamiento Salinas 1. Se les advirtió que, en 10 días, debían suspenderse las supuestas violaciones a la Ley no. 2825 y ponerse a derecho. Se les apercibió de seguirse proceso en su contra, el cual puede causar la pérdida de la adjudicación y la subsecuente extinción del derecho sobre la parcela. En escrito datado 4 de marzo de ese año, don Juan Diego y doña Katia María se opusieron a la amonestación. En oficio presentado ese mismo día -4 de marzo de 2003- ante la Junta Directiva del IDA, solicitaron la intervención de ese Instituto para su ingreso a la parcela 48-1. En escritura pública otorgada el 10 de noviembre de 2005, don Juan Diego y doña Kattia María, en su calidad de propietarios de la finca matrícula 293864, solicitan la cancelación de las cédulas hipotecarias, dejando libre de ese gravamen la indicada finca. En escrito presentado ante la Oficina Subregional de Orotina del IDA el 17 de noviembre de 2005, la señora Kattia María Salas Castro solicitó el archivo definitivo de la amonestación por explotación indirecta de la susodicha parcela 48-1(A). En escrito presentado el 14 de diciembre de 2005 a la Presidencia ejecutiva del IDA, el señor Borges Fiol solicitó se procediera a iniciar un procedimiento de revocatoria de la adjudicación y nulidad de título en contra de don Juan Diego y doña Kattia María. Mediante oficio fechado 18 de octubre de 2006, suscrito por el jefe del BCR de Orotina, se informó que el documento de garantía de las operaciones de crédito 303-824 y 846, la cédula hipotecaria, fue entregado al señor Juan Diego Vargas Soto, sin precisarse la fecha.

II. El 10 de abril de 2002, don Juan Diego Vargas Soto y doña Kattia María Salas Castro interpusieron este proceso ordinario en contra de Julia Ibarra Seas, Pedro Adrián Borges Fiol, ambos en su condición personal y como representantes de BLINKY y CIENFUEGOS, a fin de que en sentencia se declare, en forma principal, que son los legítimos propietarios de la finca inscrita en el Registro Público, partido de Alajuela, matrícula 293.864, derechos 000, 001 y 002. Sobre ese inmueble, previo al despojo, han ejercido todos los atributos del dominio, por lo que, más que simples propietarios registrales, son sus dueños; mientras que los demandados son poseedores ilegítimos. El inmueble, sobre el que ejercen ilegítimamente posesión los demandados, es el mismo que reclaman como de su propiedad. La posesión ilegítima ejercida por los demandados es de mala fe. Por ser de mala fe, se les niegue el derecho de mejoras, frutos; así como el derecho de retención del inmueble. También, que dicho pago de mejoras es improcedente, por las limitaciones del IDA a que está sujeta la heredad, y que es de conocimiento de los demandados. Piden se ordene a los demandados restituirles la finca; de no hacerlo voluntariamente, se les ponga en posesión por orden judicial, de tal forma que queden disfrutando todos los atributos del dominio. Asimismo solicitan se les condene, en forma solidaria, al pago de los daños y perjuicios causados, los cuales liquidan de la siguiente manera: A. DAÑO: 1) una bodega, la cual constaba de dos piezas de seis metros por cinco metros, de madera, la estiman en ₡600.000,00; 2) equipo de riego por goteo, para un área de 10 hectáreas, ₡10.000.000,00; 3) derribo de 20 árboles frutales totalmente crecidos, ₡1.000.000,00; 4) cambio de la infraestructura interna de la casa de habitación, ₡1.000.000,00; 5) demolición de un apartamento de 125 metros cuadrados, de madera y techo de zinc, ₡5.000.000,00; 6) destrucción de la piscina, con una medida de cinco por diez metros, ₡3.000.000,00; 7) destrucción de divisiones con cerca viva en 50% y el resto muerta en toda la finca, ₡600.000,00; 8) dado que la finca es de naturaleza agraria, otro de los daños lo constituye los frutos que se pudieron obtener desde el despojo hasta que se haga efectiva la entrega del bien, ₡3.000.000,00. B. PERJUICIOS: los intereses legales sobre el monto del daño más el valor de la finca que, por prueba pericial, se determine en ejecución de sentencia se deba pagar desde la fecha del despojo hasta su efectiva entrega. Por último, requieren se les condene, de forma solidaria, al pago de las costas del proceso. Como pretensión subsidiaria primera, solicitan se declare que son los legítimos propietarios de la finca inscrita en el Registro Público, partido de Alajuela, matrícula no. 293.864, derechos 000, 001, 002. Sobre dicho inmueble, del cual son propietarios, previo al despojo, ejercieron todos los atributos del dominio, por lo que, más que simples propietarios registrales, son sus dueños. De existir relación arrendaticia, se resuelva por vencimiento del plazo e incumplimiento contractual de los demandados. La prestación contractual ejercida por los accionados es violatoria de los contratos y, por ende, de mala fe. Por haber renuncia expresa en el contrato y, además, ser de mala fe y abusivo el ejercicio de las prestaciones en la finca, se les niegue el derecho de mejoras y frutos. Además, el pago de mejoras es improcedente, por las limitaciones del IDA a que está sujeto el inmueble, lo cual era de conocimiento de los demandados. Se ordene la restitución del inmueble; de no hacerlo voluntariamente, se les ponga en posesión por orden judicial, de tal forma que queden disfrutando de todos los atributos del dominio. Se condene a los demandados, de forma solidaria, al pago de los daños y perjuicios causados, los cuales son lo ya indicados. Por último, solicitan se les condene, solidariamente, al pago de las costas del proceso. Como segunda pretensión subsidiaria, piden se declare que son los legítimos propietarios de la finca inscrita en el Registro Público, partido de Alajuela, matrícula 293.864, derechos 000, 001, 002. Sobre dicho inmueble, del cual son propietarios, previo al despojo, ejercieron todos los atributos del dominio, por lo cual, más que simple propietarios registrales, son sus dueños. De considerarse que existe relación contractual de cualquier naturaleza con los demandados, se declare su nulidad absoluta, por existir limitaciones del IDA al momento de suscribirse. La prestación contractual ejercida por los demandados es violatoria de los convenios y, por ende, de mala fe. Por haber renuncia expresa en el contrato y, además, por ser de mala fe y abusivas las formas de ejercicio de las prestaciones en la finca, se les niegue el derecho de mejoras y frutos. Además, que el pago de mejoras es improcedente, por las limitaciones del IDA a que está sujeto el inmueble, lo cual era de conocimiento de los demandados. Solicitan se ordene a los demandados restituir a los actores el inmueble; de no hacerlo voluntariamente, se les ponga en posesión por orden judicial, de tal forma que queden disfrutando de todos los atributos del dominio. Piden se condene a los demandados, de forma solidaria, al pago de los daños y perjuicios causados, reiterando los ya indicados. Por último, solicitan se les imponga, solidariamente, el reconocimiento de las costas del proceso. Posteriormente, los actores integraron la litis con el Instituto de Desarrollo Rural (INDER). En esencia, plantean las mismas pretensiones, solo que, en lugar de solicitar la restitución del inmueble, piden se declare que el entonces IDA aprobó, por medio de silencio positivo, la autorización para alquilar la casa ubicada en la parcela; así como los levantamientos de las limitaciones que pesaban en la parcela por morosidad administrativa. Asimismo, en lugar de reclamar los daños y perjuicios, piden se declare que el IDA revocó la amonestación que les fue notificada el 13 de febrero de 2003, por medio de silencio negativo. En subsidio, que el IDA aprobó, por medio de silencio positivo, la autorización para alquilar la casa ubicada en la parcela; así como el levantamiento de las limitaciones que pesaban sobre la parcela por morosidad administrativa. De igual manera, que revocó la amonestación que les fue notificada el 13 de febrero de 2003, por medio de silencio negativo. Como segunda pretensión subsidiaria, que el IDA aprobó, por medio de silencio positivo, la autorización para alquilar la casa ubicada en la parcela; así como el levantamiento de las limitaciones que pesaban sobre la parcela, por morosidad administrativa. De igual manera, revocó la amonestación que le fue notificada el 13 de febrero de 2003, por medio de silencio negativo. Los codemandados Julia Ibarra Seas, Pedro Borges Fiol, CIENFUEGOS y BLINKY se opusieron a las pretensiones. Formularon las defensas de falta de: derecho, interés actual, legitimación en la causa activa y pasiva. De igual manera, invocaron la expresión genérica “sine actione agit” y la excepción previa de litis pendencia, la cual fue rechazada interlocutoriamente, mediante auto de las 15 horas del 9 de setiembre de 2002. Por su parte, el apoderado del INDER también se opuso a las pretensiones. Alegó las excepciones de falta de: derecho y legitimación. También adujo la expresión genérica “sine actione agit”. De igual manera, interpuso la defensa previa de falta de agotamiento de la vía administrativa, la cual fue rechazada interlocutoriamente.

III. El representante del INDER contrademandó a don Juan Diego y a doña Kattia María. Solicitó se declare que la finca del partido de Alajuela, matrícula 293.864-001-002 se encuentra sujeta a las limitaciones de la Ley no. 2825, por un período de 15 años, contados a partir del 25 de mayo de 1995 y hasta el 25 de mayo de 2010, lo cual la convierte en bien demanial y, por ende, fuera del comercio de los hombres. Los reconvenidos, adjudicatarios de la parcela no. 48-1 del Asentamiento Salinas 1, no la explotan ni la trabajan. Existen contratos ilegales, sin autorización conforme a la ley, con lo que se tiene por cambiados los usos y fines para los que se otorgó. La abandonaron, al permitir que fuera trabajada y explotada en forma indirecta e ilegal por don Pedro Adrián Borges Fiol y doña Julia Ibarra Seas, tanto en lo personal como en nombre de sus representadas, por su orden, CIENFUEGOS y BLINKY, cuya posesión deviene ilegal, al estar sin autorización de su representado. El señor Vargas Soto y la señora Salas Castro, así como don Pedro Adrián y doña Julia, tanto en lo personal como en nombre de sus representadas, negociaron a espaldas del Instituto, ya que, previo a cualquier negocio, era necesario la autorización de su Junta Directiva. Son nulas, de pleno derecho, las contrataciones realizadas por don Juan Diego y doña Kattia Matía con don Pedro Adrián y doña Julia, tanto en lo personal como en nombre de sus representadas, por así indicarlo el canon 67 de la Ley de Tierras y Colonización del 14 de octubre de 1961. La violación a las obligaciones, condiciones y restricciones, contenidas en los numerales 66, 67 y 68 íbid, conlleva a que los adjudicatarios pierdan el derecho sobre la parcela adjudicada. A raíz de todas las violaciones e ilegalidades imputadas, pide se revoque la adjudicación que hizo el IDA en acuerdo de Junta Directiva a favor de don Juan Diego y doña Kattia María. En consecuencia, se anule la inscripción registral a nombre de ellos sobre la finca matrícula 293.864-001-­002 y se revierta a nombre del Instituto, ordenándose su desalojo y el de cualquier otra persona que se encuentre en la indicada finca. En cuanto a las mejoras, los vencidos o quien en juicio demuestre ser su propietario, puede retirar las mobiliarias y, sobre las demás, se deben reconocer solo las útiles y necesarias para el desarrollo de la parcela, hechas con su propio peculio, lo cual se determinará en el respectivo proceso de ejecución. Solicita se ordene la cancelación en el Registro Público de cualquier anotación ordenada por la autoridad judicial en esta lite y que pese sobre la referida finca matrícula 293.864-001-002. Teniéndose por comprobado en este proceso que los principios de la Ley de Tierras y Colonización fueron violentados, estando en vigencia el período de las limitaciones legales, al incoar esta acción, se tenga por interrumpida su prescripción. Se condene, en su proporción, al pago de ambas costas de la presente contrademanda a los vencidos, en caso contrario, se exima de su pago a su representado por ser su accionar conforme a derecho. Posteriormente -folio 725 del expediente principal Tomo II- aclaró que los contratos referidos como ilegales son los que han provocados el presente conflicto: el contrato de arrendamiento (folios 176 a 178), el traspaso de acciones que involucra supuestamente la parcela número 48-1 del asentamiento Salinas 1, así como la supuesta venta que alegan los demandados en la contestación de la demanda original y que supuestamente es lo que los mantiene en posesión del inmueble, la cual devendrían nulos. El INDER amplió la contrademanda en contra de Julia Ibarra Seas y Pedro Adrián Borges Fiol, en su condición personal y como representantes, por su orden, de BLINKY y CIENFUEGOS. Solicita se declare las mismas pretensiones; así como la nulidad, de pleno derecho, de las contrataciones: arrendamiento y traspasos de acciones que involucran la parcela, realizadas por don Juan Diego y doña Kattia con don Pedro Adrián y doña Julia, tanto en lo personal como en nombre de sus representadas, por su orden, CIENFUEGOS y BLINKY. De igual forma, si quedara demostrado en este proceso que hubo traspaso o venta del inmueble, su nulidad, por así disponerlo el artículo 67 de la Ley no. 2825. De igual modo, contrademandó a JUVAKASA, requiriendo se declare en sentencia la procedencia de la contrademanda por quedar corroborado el incumplimiento de las obligaciones impuestas a los adjudicatarios, causa suficiente para la pérdida del derecho sobre la finca del partido matrícula 293864-001-002, que corresponde a la parcela número 48-1(A) del Asentamiento campesino, conocido como Salinas 1. Dicha heredad fue otorgada por el entonces IDA mediante un contrato especial, como lo es el de asignación de tierras, quedando sujeta a limitaciones (obligaciones, condiciones y restricciones) de la Ley de Tierras y Colonización y sus reformas. Se sujeta a las limitaciones de la Ley no. 2825 por un período de 15 años, contados a partir del 25 de mayo de 1995 hasta el 25 de mayo de 2010, lo cual le otorga un carácter de demanialidad y, por ende, se encuentra fuera del comercio de los hombres. Los adjudicatarios de la parcela no. 48-1 en lo personal y en nombre de su representada, JUVAKASA, no la explotan, siembran, ni trabajan, manteniendo un abandono físico y permanente desde hace más de 10 años. Asimismo, han permitido que sea trabajada, sembrada, explotada en forma indirecta e ilegal, por parte de Pedro Adrián Borges Fiol y Julia Ibarra Seas tanto en lo personal como en nombre de sus representadas, por su orden, CIENFUEGOS y BLINKY, quienes han cambiado los usos y fines para los que se otorgó, realizando suntuosas construcciones y desarrollando proyectos ecoturísticos, cuya posesión deviene en ilegal, al no contar con la autorización del Instituto. Que don Juan Diego y doña Kattia tanto en lo personal como en nombre de su representada, JUVAKASA; así como el señor Borges Fiol y la señora Ibarra Sea tanto en lo personal como en nombre de sus representadas, contrataron arriendos, traspasaron acciones y negociaron con la cédula hipotecaria, involucrando esta parcela; efectuando en ella construcciones, trabajos y desarrollando proyectos ecoturísticos a espaldas del Instituto, ya que no contaron con la debida autorización de la Junta Directiva. Asimismo, negociaron sin el permiso respectivo, ya que, previo a cualquier contrato que involucrara la parcela en litigio, era necesario la autorización de la Junta Directiva. Son nulas de pleno derechos las contrataciones (como el arrendamiento, los traspasos de acciones que involucran la parcela, el pago con la cédula hipotecaria), realizadas por don Juan Diego y doña Kattia María con don Pedro Adrián y doña Julia tanto en lo personal como en nombre de sus representadas, por su orden, JUVAKASA, CIENFUEGOS, y BLINKY. De igual forma, si quedara demostrado en este proceso que hubo traspaso o venta del inmueble, también es nulo, por así indicarlo el artículo 67 de la Ley no. 2825. La violación a las obligaciones, condiciones y restricciones contenidas en dicha legislación conlleva a que los adjudicatarios pierdan el derecho sobre la parcela adjudicada por el Instituto, revocándose la adjudicación; con la anulación del título de propiedad, revirtiéndose a nombre del IDA, hoy INDER, la finca en litigio. Como consecuencia de todas la violaciones e ilegalidades imputadas, solicita se ordene el desalojo en contra de los demandados y de cualquier otra persona que se encuentre en la indicada heredad sin autorización del Instituto. En cuanto a las mejoras, los vencidos o quien en juicio demuestre ser su propietario, podrán retirar las mobiliarias y, sobre las demás, se deben reconocer solo las útiles y necesarias para el desarrollo de la parcela, hechas de su propio peculio, lo cual se determinará en el respectivo proceso de ejecución, conforme lo estipula el párrafo segundo del numeral 66 de la Ley de Tierras y Colonización. Pide se ordene la cancelación, en el Registro, de cualquier anotación ordenada por la autoridad judicial en este proceso, y que pese sobre el fundo en litigio. Dado que, al momento de incoarse la presente reconvención, las limitaciones se encuentran vigentes, y al estar comprobado en esta lite que los principios legales de la Ley de Tierras y Colonización fueron violentados, se tenga de pleno derecho por interrumpido su vencimiento. Solicita se condene, en su proporción, al pago de ambas costas de la presente demanda a los vencidos. En caso contrario, se exima de su reconocimiento a su representado por ser su accionar conforme a derecho. Los demandados-reconvenidos Julia Ibarra Seas, Pedro Borges Fiol, CIENFUEGOS y BLINKY se opusieron a las pretensiones de la contrademanda. Interpusieron las excepciones de falta de: derecho, interés actual, acción, legitimación activa y pasiva. También invocaron la expresión genérica “sine actione agit”. De igual manera, los actores-reconvenidos se opusieron a las pretensiones de la reconvención. Alegaron las defensas de falta de: derecho, interés actual y legitimación. Alegaron las excepciones de prescripción negativa y caducidad. En cuanto a la caducidad, fue resuelta interlocutoriamente mediante auto de las 15 horas 41 minutos del 22 de junio de 2007. Por su lado, la empresa reconvenida JUVAKASA opuso las excepciones de prescripción negativa y caducidad.

IV. En lo conducente, la juzgadora A quo, tocante a la demanda en contra de Pedro Borges Fiol, Julia Ibarra Seas, CIENFUEGOS y BLINKY, rechazó las defensas de falta de: derecho, interés actual, legitimación activa y pasiva; así como la expresión genérica “sine actione agit”. Declaró sin lugar, en todos sus extremos, las pretensiones principales. Acogió la pretensión subsidiaria primera, solo para denegar el derecho de mejoras, frutos y el pago de mejoras a los demandados. De igual manera, declaró con lugar la pretensión subsidiaria segunda, únicamente en cuanto a que el contrato de arrendamiento suscrito entre BLINKY y los actores, respecto de la parcela en litigio, es nulo por no contar con la autorización del entonces IDA, por encontrarse vigentes las limitaciones de la Ley de Tierras y Colonización. Resolvió sin condena en costas. Respecto a la demanda en contra del IDA, hoy INDER, declaró procedentes las defensas de falta de: derecho y legitimación. Omitió pronunciamiento en cuanto a la expresión genérica “sine actione agit”, según indicó, por estar comprendida dentro de las anteriores. En consecuencia, declaró sin lugar la demanda en todos sus extremos. Se resuelve sin condena en costas. En relación con la contrademanda formulada en contra de Juan Diego Vargas Soto, Kattia María Salas Castro, Julia Ibarra Seas y Pedro Adrián Borges Fiol, los dos últimos, en su condición personal y como representantes de las entidades CIENFUEGOS y BLINKY, rechazó las excepciones de prescripción, caducidad, falta de: acción, derecho, interés actual, legitimación activa y pasiva; así como la expresión genérica “sine actione agit”. En consecuencia, la acogió parcialmente en los siguientes términos: 1) declaró que la finca inscrita al partido de Alajuela matrícula 293864-001-002 se encuentra sujeta a las limitaciones de la Ley no. 2825, Ley de Tierras y Colonización, por un período de 15 años, contados a partir del 25 de mayo de 1995 y hasta el 25 de mayo del 2010; estando fuera del comercio de los hombres, si no se cuenta con la autorización respectiva; 2) los adjudicatarios de la parcela 48-1 del Asentamiento Salinas 1, Juan Diego Vargas Soto y Kattia María Salas Castro, no la explotan ni la trabajan; 3) existe contrato ilegal de arrendamiento de la parcela relacionada, suscrito el 4 de diciembre de 1998 entre Juan Diego Vargas Soto, Kattia Salas Castro y BLINKY, sin mediar autorización del IDA, conforme a la ley no. 2825; 4) los reconvenidos Vargas Soto y Salas Castro, cambiaron los usos y fines para los que se les otorgó la parcela relacionada en este proceso. También incurrieron en su abandono injustificado y permitieron que fuera trabajada y explotada en forma indirecta e ilegal por parte de Pedro Adrián Borges Fiol y Julia Ibarra Seas, tanto en lo personal, como en nombre de sus representadas, por su orden, CIENFUEGOS y BLINKY, cuya posesión deviene en ilegal, al estar sin autorización del Instituto; 5) los contrademandados Vargas Soto, Salas Castro y BLINKY, negociaron el arrendamiento de la parcela en ligio a espaldas del IDA, ya que, previo a cualquier negocio, era necesaria la autorización de la Junta Directiva; 6) los contrademandados Juan Diego, Kattia María, Pedro Adrián y Julia, tanto en lo personal como en nombre de sus representadas, por su orden, JAVUKASA, CIENFUEGOS y BLINKY, iniciaron tratativas de un desarrollo turístico en la parcela objeto de este asunto, sin autorización del entonces IDA; 7) declaró nulo de pleno derecho el contrato de arrendamiento suscrito el 4 de diciembre de 1998 entre Juan Diego Vargas Soto, Kattia Salas Castro y BLINKY; así como el desarrollo de la actividad turística en la finca 293864-001-002 por parte de CIENFUEGOS, BLINKY, Pedro Borges Fiol y Julia Ibarra Seas; 8) en virtud de que los principios legales de la Ley de Tierras y Colonización fueron violentados estando en vigencia el período de las limitaciones legales, al incoarse esta acción, tuvo por interrumpida la prescripción; 9) declaró la extinción, y consecuente revocatoria, de los derechos derivados del contrato de adjudicación de tierras que a favor de los adjudicatarios Juan Diego Vargas Soto y Kattia María Salas Castro se concedieron en la finca matrícula número 293864-001-002. En consecuencia, dispuso la pérdida, por parte de los reconvenidos, de cualquier derecho de propiedad sobre la parcela adjudicada por el IDA; 10) al revocarse la adjudicación que hizo el IDA, mediante acuerdo de Junta Directiva a favor de Juan Diego Vargas Soto y Kattia María Salas Castro, anuló la inscripción registral a sus nombres y ordenó revertir, a favor del INDER, la finca en litigio en Registro Nacional. Para tal efecto, indicó, una vez firme la sentencia, se emitirá ejecutoria, a fin de procederse a la cancelación de la inscripción de ese inmueble a nombre de Juan Diego Vargas Soto y Kattia María Salas Castro, para, en su lugar, inscribirla a nombre del INDER; 11) ordenó el desalojo de los reconvenidos Juan Diego Vargas Soto, Kattia María Salas Castro, Pedro Borges Fiol, Julia Ibarra Seas, BLINKY y CIENFUEGOS de la finca en litigio, así como de cualquier otra persona que se encuentre sin derecho oponible al Instituto reconventor; 12) dispuso el deber del INDER de reconocer las mejoras útiles y necesarias que los reconvenidos Juan Diego Vargas Soto y Kattia Salas Castro hubiesen introducido en la finca en litigio. Su liquidación se hará en ejecución de sentencia, sin derecho de retención. Rechazó el pago de mejoras a favor de los reconvenidos CIENFUEGOS, BLINKY, Julia Ibarra Seas y Pedro Borges Fiol; 13) una vez firme la sentencia, ordenó levantar la anotación de la demanda en Registro Público, la cual pesa sobre la finca 293864-001-002; 14) rechazó la solicitud de declaratoria de nulidad del alegado traspaso de acciones que, supuestamente, involucró la parcela número 48-1 del asentamiento Salinas 1, y la presunta venta de la finca, indicados en la contrademandada, ya que no se concretaron. Por último, condenó a los reconvenidos Juan Diego Vargas Soto, Kattia Salas Castro, Julia Ibarra Seas, CIENFUEGOS y BLINKY, al pago de las costas del proceso. En lo demás, denegó la reconvención. Referente a la contrademanda interpuesta por el INDER en contra de JUVAKASA, rechazó las defensas de prescripción y caducidad. La acogió parcialmente en los siguientes términos: 1) la finca del partido de Alajuela matrícula 293864-001-002, corresponde a la parcela número 48-1 del Asentamiento Campesino de ese Instituto, conocido como Salinas 1; y fue otorgada por el entonces IDA mediante un covenio especial, como lo es el Contrato de Asignación de Tierras, quedando sujeta a las limitaciones (obligaciones, condiciones y restricciones), de la Ley de Tierras y Colonización; 2) la referida heredad, que corresponde a la parcela número 48-1 del Asentamiento Campesino de ese Instituto, conocido como Salinas 1, fue otorgada por dicho ente y se sujeta a las limitaciones de la Ley no. 2825, por un período de 15 años, contados a partir del 25 de mayo de 1995 y hasta el 25 de mayo de 2010; 3) los adjudicatarios, Juan Diego Vargas Soto y Katia María Salas Castro, en nombre de su representada, JUVAKASA, no la explotan, siembran ni trabajan. Los demás extremos de la contrademanda los rechazó. Resolvió sin condenatoria en costas. El Ad quem revocó parcialmente en dos aspectos: 1) tocante al período de las limitaciones, el Juzgado las computó a partir del 25 de mayo de 1995 y hasta el 25 de mayo de 2010. En su lugar, indicó, debían contabilizarse a partir del 17 de junio de 1986 y hasta el 17 de junio de 2001; 2) el Juzgado denegó el reconocimiento de las mejoras a favor de los reconvenidos CIENFUEGOS, BLINKY, Julia Ibarra Seas y Pedro Borges Fiol; en su lugar, dispuso el deber del INDER de reconocer las mejores útiles y necesarias que comprueben haber cancelado de su peculio, y retirar aquellas mobiliarias, lo cual se liquidará en etapa de ejecución de sentencia, sin derecho de retención. En lo demás objeto de apelación, confirmó. Disconforme, el señor Vargas Soto formuló recurso ante esta Sala.

V. En la primera censura, folio 4, alude el recurrente al incidente de presentación de documento extemporáneo. Afirma, no puede ser rechazado por las razones dadas en la sentencia. Las sentencias, indica, deben resolver todos los aspectos puestos en conocimiento a la persona juzgadora. El Ad quem, anota, adquirió la competencia en esta lite conforme a los agravios formulados por las partes en los recursos de apelación interpuestos. Dentro de las objeciones expuestas en el recurso vertical, señala, indicó que el incidente de documentos extemporáneos no podía ser rechazado por las razones dadas en la sentencia, toda vez que esos documentos eran fundamentales para la solución del presente asunto. En su criterio, la sentencia impugnada omitió hacer referencia a este agravio, lo cual viola los derechos de defensa y el debido proceso, generando la nulidad del fallo, ya que, insiste, no se resolvieron todos los agravios puestos en conocimiento del Tribunal. El incidente, arguye, se presentó porque los documentos tienen íntima relación con el tema “probandum”, dado que, agrega, con ellos se demuestra la recomendación de campo de levantar las limitaciones; así como que el Departamento Jurídico también recomendó su levantamiento. Es evidente, afirma, las pruebas ofrecidas tienen conexión con el objeto del proceso. Por ello, concluye, la sentencia debe anularse, pues la documental ofrecida es fundamental para la resolución de este caso.

VI. El meollo de lo alegado en el reparo estriba en que, a criterio del recurrente, dentro de los agravios expuestos en el recurso vertical se afirmó que el incidente de documentos extemporáneos no podía ser rechazado por las razones brindadas en la sentencia de la A quo, ya que resultaban fundamentales para la solución de esta lite. Sin embargo, “En la sentencia de segunda instancia, no se hace referencia a este agravio, lo cual viola los derechos de defensa y el debido proceso, oq ue [sic] genera la nulidad de la sentencias [sic], pues la misma no resolvió todos los agravios que al Tribunal se les puso [sic] en conocimiento, por lo que pido que la sentencia sea anulada.” De darse lo argüido por el casacionista, configuraría un motivo casacional por razones procesales. En concreto, el vicio de incongruencia. Al respecto, precisa indicar, en primer lugar, la reforma procesal laboral introducida mediante Ley no. 9343 del 25 de enero de 2016 está vigente desde el 25 de julio de 2017. En la norma transitoria I se indica: “La presente reforma será aplicable a los procesos iniciados antes de la vigencia de esta ley, con las siguientes excepciones: / 1) El régimen probatorio aplicable (cargas probatorias y valoración de los elementos probatorios) será el de la legislación anterior. / 2) Los procesos en que a la fecha de entrada en vigencia de la reforma existiera señalamiento para audiencia de pruebas se continuarán rigiendo, para todos los efectos, con la legislación anterior. Los órganos jurisdiccionales conservarán las competencias establecidas en ese ordenamiento, aunque su denominación resulte modificada. / 3) En cualquier caso, las resoluciones dictadas con anterioridad a la vigencia de la reforma mantendrán los medios de impugnación que las leyes derogadas les garantizan. / Se faculta a la Corte Suprema de Justicia para mantener o crear, cuando ello sea necesario, las plazas de judicatura que se requieran para continuar atendiendo de manera exclusiva los procesos anteriores a la presente reforma que deban continuarse substanciando con la normativa que se deroga.” (Lo subrayado no es del original8). En materia agraria, el precepto 61 párrafo primero de la Ley no. 6734 del 29 de marzo de 1982 y sus reformas, Ley de Jurisdicción Agraria, en lo de interés, señala: “Contra las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal Superior Agrario, en la vía ordinaria […] procederá recurso ante la Sala de Casación, el cual deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, y se regirá, en todo lo que fuere aplicable, por las disposiciones del Capítulo V, Título VII del Código de Trabajo.” (Lo subrayado es suplido). Como se indicó en el considerando II de esta sentencia, este proceso ordinario agrario inició en el año 2002 y el recurso de casación se interpuso el 24 de abril de 2017. En consecuencia, a tenor de lo preceptuado en los puntos 2 y 3 de dicha disposición transitoria, la normativa laboral aplicable es la vigente antes del 25 de julio de 2017.

VII. Dentro de esta línea de pensamiento, en torno a la pertinencia de alegar ante esta Sala quebrantos de naturaleza procesal en materia agraria con la legislación procesal anterior, como el invocado por el casacionista, este órgano decisor ha indicado “V.- […] a partir de la sentencia 583 de las 11 horas 35 minutos del 14 de julio del 2004, lo cual es reiterado, entre otras, en las números 608 de las 9 horas 10 minutos del 23 de julio, 1074 de las 11 horas 20 minutos del 16 de diciembre, ambas del 2004 y 892 de las 9 horas del 25 de noviembre del 2005, esta Sala determinó la procedencia, en la materia agraria y en ciertos supuestos, del recurso de casación por ese motivo. Al respecto, el artículo 559 del Código de Trabajo, aplicable a este tipo de procesos por expresa remisión del canon 61 de la Ley de Jurisdicción Agraria, dispone: “RECURSO DE CASACIÓN. RECHAZO DE PLANO. Recibidos los autos, la Sala rechazará de plano el recurso si se ha interpuesto contra lo que disponen los artículos 556 y 557. Lo mismo hará cuando en el recurso se pida únicamente la corrección, reposición o práctica de trámites procesales.” (Lo subrayado no es del original). En relación con este asunto, interesa la segunda parte del numeral en comentario. La doctrina procesalista ha indicado que los motivos de casación dispuestos en el ordinal 594 del Código Procesal Civil, pueden darse en las tres fases del proceso: 1) En la constitución misma de la relación jurídico procesal, verbigracia, lo regulado por el inciso primero, relativo a la falta de emplazamiento o su notificación defectuosa. 2) Los referidos al anormal desenvolvimiento de esa relación. Tal es el caso del inciso segundo, sobre el rechazo de prueba admisible o la falta de citación para alguna diligencia probatoria. Y, 3) Los producidos al momento de decidirse el litigio, es decir, al dictarse la sentencia correspondiente, el ejemplo típico es la incongruencia, dispuesta en el inciso tercero. El indicarse “reposición o práctica de trámites procesales”, según lo dispuesto por la normativa laboral, no abarca la totalidad de los supuestos en que pueden presentarse estos vicios procesales. La jurisprudencia de esta Sala había equiparado los conceptos de “vicios de forma” con los de “trámite procesal”, a pesar de ser diferentes. Se está, puede afirmarse, ante una relación de género a especie, en donde los segundos configuran una especie de los primeros. Los yerros por trámites procesales se refieren a incumplimientos originados, de manera exclusiva, durante el íter procesal, pudiendo enmarcarse en los puntos 1 y 2 antes señalados. […]”. Sentencia número 931 de las 9 horas 30 minutos del 24 de noviembre de 2006. En igual sentido, puede consultarse, entre otras, los fallos números 1513 de las 9 horas 25 minutos del 15 de noviembre de 2012 y 29 de las 13 horas 30 minutos del 16 de enero de 2015; así como la resolución no. 324-A-S1-2014 de las 9 horas 22 minutos del 13 de marzo de 2014. En este orden de ideas, y como se determina con claridad, lo recriminado por el casacionista -haberse omitido pronunciamiento acerca de uno de los agravios alegados en el recurso de apelación- se encuadra dentro del punto tercero, es decir, al momento de emitirse la sentencia, por lo que el reparo es admisible.

VIII. La juzgadora A quo, en el considerando III de su sentencia, indicó: “III. INCIDENTE DE DOCUMENTO EXTEMPORÁNEO: A folio 2085 del Tomo VI principal, consta presentado documento por parte del actor reconvenido Juan Diego Vargas Soto. Corresponde a copia de sentencia número 30 de las 14:30 horas del 22 de marzo de 2010, del Juzgado Tercero Civil de San José, en expediente número 09-000022-182-CI. Dicha parte no expone con claridad su pretensión incidental, en cuanto a la presentación de este documento, por lo cual de conformidad con el artículo 483 inciso 1) del Código Procesal Civil, se rechaza esta articulación. […]”. Por su parte, el Ad quem, en el apartado IV de la sentencia impugnada, en lo conducente, indicó: “IV. […] Por separado, Juan Diego Vargas Soto apeló. […] II. El incidente de documentos extemporáneos no puede ser rechazado por las razones expuestas en la sentencia. En tal articulación se aportaron documentos relacionados con el tema probandum, al comprobarse la recomendación de campo de hacer el levantamiento de limitaciones. Este rechazo debe impugnarse porque la documental ofrecida es fundamental para la resolución del asunto.” Luego, en el considerando V, las personas juzgadoras consideraron: “V. Se resuelve en primer orden el recurso del actor reconvenido Juan Diego Vargas Soto. El tema concierne al incidente de hechos nuevos, el cual fue rechazado en sentencia, estima los documentos ofrecidos por esa parte son relevantes para la decisión del asunto. Dice se debe aceptar [sic] porque se trata de documentos donde se analiza lo concerniente al levantamiento de las limitaciones. Sin embargo, el incidente rechazado, se relaciona con las copias de dos sentencias emitidas dentro del proceso ordinario de Cien Fuegos Rancho Limitada contra Juan Diego Vargas Soto, bajo el número 09-000022-182-CI, tramitado en el Juzgado Tercero Civil de San José. La primera decisión judicial es de primera instancia, de las 14 horas 30 minutos del 22 de marzo de 2010 donde se decretó la deserción de ese proceso (Escritorio virtual Juzgado Agrario de Alajuela, archivo de documentos asociados, tomo VI, imágenes de los folios 2079 a 2084). La otra, de segunda instancia donde se declaró mal admitida la apelación contra esa resolución. De acuerdo al artículo 293 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria contiene una lista donde se elencan las causales por las que se puede admitir un documento extemporáneo. El alegato de la quejosa [sic] radica en que son posteriores a la presentación de la demanda, sin embargo, no constituye relevante para la resolución del asunto; tampoco es prueba complementaria o bien para combatir las excepciones. De la lectura de esas piezas solo se infiere la existencia de un proceso donde no se desprende tenga relación directa con lo aquí debatido.” (Lo subrayado es del original). A la luz de lo anteriormente transcrito, distinto a lo señalado por el recurrente, el Tribunal sí se pronunció acerca del agravio interpuesto por el rechazo del incidente de documentos extemporáneos, razón por la cual, no se configura el yerro invocado. Asimismo, el casacionista no cuestionó los fundamentos esgrimidos por el Tribunal a efecto de denegar la admisión de las sentencias aportadas extemporáneamente. Se limitó a reiterar lo argüido en el recurso de apelación. Ergo, no se producen los quebrantos al principio del debido proceso y, en concreto, al derecho de defensa invocados en el reparo, ya que el Tribunal, se repite, contrario a los intereses del apelante, resolvió la objeción formulada en el recurso vertical. Corolario, se impone el rechazo del motivo de disconformidad en estudio.

IX. En la segunda censura, folio 6, alega el recurrente error de hecho en la valoración probatoria. Manifiesta, no es posible revocar una parcela por supuesto incumplimiento de parte del parcelero, si las limitaciones estaban vencidas y las obligaciones cumplidas. A propósito de la morosidad administrativa. En las sentencias recurridas, anota, se hace una interpretación normativa, exegética, formalista, sin un contenido interpretativo sistemático, material, evolutivo ni ajustado a la realidad de las probanzas constantes en autos. El tema de la morosidad administrativa, dice, está reconocido en los dictámenes legales del IDA -hoy INDER-. Incluso, añade, la Junta Directiva ha establecido levantamientos de limitaciones fundados en la morosidad administrativa. En las sentencias impugnadas, anota, se desconoció, como si no fuera un aspecto que ha sido aplicado constantemente en dicho Instituto. En su criterio, solo hacen un análisis formal de la ley y de lo inscrito en el Registro, pero sin valorar el fondo de su realidad, reflejada en las probanzas constantes en autos. No es lo mismo, arguye, adjudicación primaria a traspaso de la adjudicación. No se dio una adjudicación de parcela a su favor; sino un traspaso de parcela a cambio del pago de las mejoras. Al adquirir la adjudicación ya otorgada, manifiesta, obtuvo la situación jurídica de los transmitentes: obligaciones, plazos transcurridos, faltantes de limitaciones, etc. Solo debía completar, dice, el plazo faltante para que las restricciones o limitaciones vencieran. No se le puede aplicar las regulaciones de una adjudicación primaria, afirma, pues, su situación jurídica no era “ex novo”; sino derivada. En consecuencia, agrega, se le cedió la situación jurídica de los transmitentes. No estuvo sujeto, ni su esposa, a un plazo de prueba para determinar si se les adjudicaba la parcela. Por el contrario, señala, al adquirir el fundo con el historial jurídico que tenía, los plazos de las limitaciones iniciaron en 1981, por lo que, cuando la adquirió, tenía el plazo transcurrido por su transmitente a su favor. Dicho traspaso, explica, se efectuó de la siguiente manera: según acuerdo de la Junta Directiva, artículo XVI de la sesión no. 2450 del 3 de marzo de 1981, se le otorgó al señor Dagoberto Rojas Fallas la adjudicación de la parcela no. 48. El 11 de junio de 1983, arguye, artículo XII de la sesión no. 122, la Junta Directiva autorizó su división en dos, originan las parcelas números 48-l(A) y 48-2(B), adjudicándole la no. 48-1(A) a Ubaldo Rojas Fallas. El 11 de junio de 1984, prosigue, la Junta Directiva, en el artículo IX de la sesión no. 399, autorizó el traspaso de la parcela 48-1 de Ubaldo Rojas Fallas a él, Juan Diego Vargas Soto. El IDA le traspasó dicha parcela, siendo escriturado el traspaso el 25 de mayo de 1995 a nombre suyo y de su esposa, Kattia Salas Castro en partes iguales (a pesar de que las mejoras fueron adquiridas solo por él, la ley obligaba que el traspaso fuera a favor del matrimonio). Se inscribió en el Registro Público de la Propiedad con la matrícula 293.864-001-002. La morosidad administrativa, subraya, es clara, pues, la parcela en litigio -no. 48-1(A), fue adjudicada en 1981, pero fue escriturada en 1995, a pesar de que se le traspasó en el año 1984. El inmueble, anota, se encuentra sujeto, registralmente, mas no legalmente, a las limitaciones de la Ley de Tierras y Colonización, Ley no. 2825 del 14 de octubre de 1961. Fue adjudicado el 3 de marzo de 1981 y traspasado el 11 de junio de 1984, por lo que, habían pasado 26 años desde la adjudicación. Esto, acota, evidencia la morosidad administrativa y negligencia del IDA (INDER), porque solicitó, en reiteradas ocasiones desde el 24 de julio de 1998 por parte de la Asociación de Productores de Trinidad de Uvita, su levantamiento. Aproximadamente en el año 2000, expone, volvió a solicitar el levantamiento de las limitaciones, realizando, para ello, todos los trámites necesarios en la Regional. Tan es así, relata, la Regional del Pacífico Central en Coyolar, diagnosticó, por medio de sus técnicos, las condiciones en que se encontraba en ese momento la parcela y que existía morosidad administrativa; además de que cumplía con lo establecido por la Institución para el levantamiento de las limitaciones. El criterio legal de la Regional del Pacífico Central, recomendó, por las condiciones presentadas por la parcela no. 48-1(A) del asentamiento Salinas 1, sostiene, su liberación por la morosidad administrativa del IDA (INDER). Le causa extrañeza que en la reconvención presentada por el IDA (INDER), su representante legal, en calidad de gerente de la institución, elevó, con el visto bueno, las recomendaciones de la Regional del Pacífico Central en Coyolar a la Junta Directiva para el levantamiento de las limitaciones de la indicada parcela, lo cual aparece en el expediente administrativo. El inmueble, al momento de los hechos que originan este conflicto, sostiene, ya no tenía limitaciones jurídicamente hablando, solo aparecen en el Registro, pero formalmente, pues, están sobradamente vencidas. Tampoco, agrega, existen obligaciones pendientes con el Instituto. La Procuraduría General de la República -PGR-, afirma, dictaminó que el plazo de las limitaciones comienza a contar a partir de la fecha de la adjudicación. Calcula, si la parcela fue adjudicada el 3 de marzo de 1981, las limitaciones vencieron el 3 de marzo de 1996. Tal dictamen, manifiesta, es la base legal mediante el cual el IDA (INDER), en todos los casos, ha levantado limitaciones a beneficiarios por morosidad administrativa. Las sentencias cuestionadas, arguye, desconocen los dictámenes de la PGR, así como la costumbre administrativa que al respecto se ha generado en el INDER en casos similares. Además, prosigue, aprecian mal la prueba y aplican erróneamente el derecho, ya que no reconocen que su adquisición y la de su esposa fue derivada, aplicando como si fuera originaria, negándoles más de 10 años de plazo adjudicado en su perjuicio. Con base en lo anterior, y respetándose el principio constitucional de igualdad, asevera, cuando alquilaron la casa edificada en el inmueble, no pesaba limitación alguna, en consecuencia, el IDA (INDER) carece de derecho, interés actual y legitimación. Las sentencias objetadas, insiste, valoraron indebidamente la prueba, aplicaron erróneamente el derecho de fondo, al considerar que hay una nueva adjudicación, cuando no fue de esa manera, ya que así no consta en la prueba evacuada. Ha estado sometido a prueba. Desde que adquirió la parcela, alega, la ha producido y su titularidad nunca estuvo sujeta a un período de prueba. La parcela, señala, está exenta de limitaciones desde el 3 de marzo de 1996. Siempre que se iba a llevar a cabo un acto de disposición se solicitó permiso a la Junta Directiva. Cuando se dio el proyecto de ganado, acota, financiado por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal -BPDC-, por medio de la Asociación de Productores de la Trinidad y Uvita, se solicitó la autorización respectiva. De igual maniera, agrega, cuando se realizan los trámites para una hipoteca, la Junta Directiva los autorizó. Durante ese período de transición, manifiesta, el IDA los facultó a tramitar cualquier gestión para no perder la parcela por la hipoteca otorgada por el Sistema Bancario Nacional. También, explican, le solicitaron a la Regional el permiso correspondiente para alquilar solo la casa de habitación. Lo anterior, indica, queda claro con la declaración de los testigos, quienes corroboran lo expresado desde el inicio del presente proceso; la sentencia los citó, pero no los valoró adecuadamente. El testigo Leonel Alpízar Solórzano (folio 1557 del tomo V escaneado), manifestó que labora como Jefe Regional de Orotina del IDA (INDER). Afirmó conocer la parcela. La visitaba para inspecciones cuando daba asistencia técnica. Desde 1982 trabaja en el Instituto. Como desde el año 2002 no visita la parcela. Fue enfático, refiere, en que no autorizó el arrendamiento de esta parcela. Recuerda que don Juan Diego gestionó el levantamiento de las limitaciones, pero no conoce el resultado. Reconoce, arguye, gestionó el levantamiento de las limitaciones con el argumento de la morosidad administrativa, que sirve, a su vez, de fundamento para levantamientos en otras parcelas. En todo caso, señala, las limitaciones ya estaban vencidas, y lo único que hacía falta era una formalidad de levantamiento registral, pero el plazo para levantarlas estaba cumplido y no se tenían obligaciones con el Instituto.  Por su lado, el testigo Juan Abarca Chacón (folio 1560 Tomo V escaneado) dijo ser parcelero del asentamiento y que conoce la parcela en litigio desde hace 20 años. Le consta que don Juan Diego sembraba chile, papaya, tomate, chile dulce. Afirmó que, como en el año 2000, trabajó como peón a don Pedro. Ignora qué negocio había entre don Pedro y don Juan Diego. Asimismo, señala, el testigo Gerardo Muñoz Romero (folio 1561, tomo V), refiere los actos posesorios realizados por don Pedro Borges en la parcela a finales del año 1998 o inicios de 1999. No sabe qué relación tenía con don Juan Diego Vargas, pero le consta que en el terreno se encontraba don Pedro. El deponente conoce el inmueble desde 1990 o más, vive en la zona desde ese año y cerca de la parcela. Dio fe acerca de los sembradíos hechos por don Juan Diego y que vivía en la parcela. Afirmó que, a partir de finales del año 1998 o inicios de 1999, don Juan Diego se fue a Orotina y, desde entonces, vio que don Pedro se fue a vivir a la parcela, pero don Juan Diego siguió sembrándola. También mencionó las construcciones que existían en el terreno. El declarante Constantino Mondragón Medrano (folio 1529 del tomo V), comenta, indicó que trabajó en el IDA hasta aproximadamente el año 1998. Redactó una nota en borrador, la cual no se firmó, referida al alquiler de la casa (tan solo la casa). No vio la solicitud oficial. Desconoce qué pasó con ese documento. Expresa que don Juan Diego la presentó. Indica el recurrente, lo anterior demuestra que pidió permiso, asesorado por los mismos personeros del Instituto. El que no se tramitara, apunta, no es de su conocimiento porque es campesino. Entendió que, con las gestiones realizadas, estaba autorizado para actuar y hacer el arrendamiento. Si eso no fue así, no comprendió que no tuviera permiso. En todo caso, señala, el permiso era innecesario, porque las limitaciones estaban vencidas, lo cual no fue analizado en la sentencia impugnada. Se solicitó la autorización indicada en la ley, sostiene, a pesar de que las limitaciones se encontraban vencidas. Se deben contabilizar desde la única adjudicación que hubo, la cual fue a favor de Dagoberto Rojas Fallas; además, no se tenían compromisos ni obligaciones con el Instituto. El IDA (INDER), insiste, solicitó la revocatoria de parcela, a pesar de que las limitaciones ya se encuentran vencidas, producto de su propia morosidad. Esto, en su criterio, no es más que tratar de sacar provecho de su propio dolo, ya que, sabiendo que es moroso y que ya vencieron las limitaciones, se vale de su morosidad para solicitar la revocatoria. Esta situación, afirma, inaceptable, es avalada por las sentencias impugnadas, las cuales hacen una valoración formalista y contraria a los principios que informan el Derecho Agrario. Las limitaciones estaban vencidas, reitera, a pesar de ello, se pidió permiso, pese a no requerirse. No ha habido incumplimiento de sus obligaciones, señala, tampoco contratos ilegales. Si no explotaba directamente la parcela en litigio, señala, es porque ha sido despojado ilegítimamente. No ha podido explotar ni trabajar la parcela en ninguna forma porque, con consentimiento y apatía del IDA, don Pedro Borges Fiol y doña Julia Ibarra Seas, le impidieron acercarse a su finca, la convirtieron en un fortín con armas pesadas y guardas por doquier. No se comparte el alegato de morosidad administrativa señalado en la sentencia impugnada. Transcribe, en lo de su interés, lo considerado por la juzgadora A quo en el considerando VIII de su sentencia. De la misma manera, reproduce, en lo conducente, lo expuesto por el Ad quem en el considerando V. El argumento para rechazar la morosidad administrativa, arguye, no se sostiene por las siguientes razones: 1) es un problema de legalidad, reconocido en diversos dictámenes de la PGR, el mismo INDER por medio de su departamento legal y Junta Directiva. Manifiesta, este proceso es un ordinario y debe declarar la morosidad administrativa. No es un problema contractual, sujeto a la autonomía de la voluntad, como tratan de hacer ver las sentencias recurridas. Es sabido, indica, la escritura de traspaso de la adjudicación a su favor es un “machote” utilizado por el Instituto para todos los casos, sean adjudicaciones primarias u originales o traspasos de adjudicaciones, autorizados por la Junta Directiva. Este tipo de instrumentos públicos, anota, representan un claro caso de contratos de adhesión, pues el adjudicatario o se adhiere o no se le da la parcela. La autonomía de la voluntad de las personas, sostiene, queda reducida casi en su totalidad, solo se puede firmar. En ellas, reclama, no se contempla la morosidad administrativa. En las sentencias recurridas, puntualiza, se trata el caso como una adjudicación primaria u original, no como un traspaso derivado, como fue su caso. En las cédulas hipotecarias y arrendamiento, argumenta, se hizo referencia a las limitaciones, pero esto no elimina ni descarta, en modo alguno, la existencia de la morosidad administrativa, toda vez que, reitera, su problema es de legalidad, si ya había transcurrido el plazo de las limitaciones, no tenía obligaciones con el Instituto. No es posible, que, porque el IDA no haya querido levantar las limitaciones, a pesar de habérselos pedido, alega, se pueda aplicar la revocatoria de la parcela, pues, con el argumento de la sentencia, el administrado quedaría en manos de la Administración, incluso a “perpetum”, ya que, si el Instituto no quiere levantar las limitaciones, a pesar de haber vencido, en cualquier momento aplica las causales de revocatoria. La solicitud de su levantamiento, acota, se llevó a cabo cuando Leonel Alpízar hizo el estudio de campo, como funcionario del INDER y la representación jurídica de ese ente recomendó su levantamiento y el Gerente también lo hizo ante la Junta Directiva. En la sentencia de segunda instancia, agrega, se indicó que el procedimiento era necesario; sin embargo, asevera, eso no es así, pues, en materia agraria, no procede el formalismo por el solo formalismo. En autos quedó probado que no pesaban las limitaciones por haber vencido. Además, añade, no consta que existieran obligaciones de ninguna índole con el Instituto y eso es así, porque no las había. Esto, afirma, a todas luces es inaceptable, desproporcionado, poco razonable y atenta contra los derechos más elementales de cualquier administrado. El propio Instituto, considera, reconoció la morosidad administrativa. Vuelve a reproducir un extracto del apartado VIII de la sentencia del Juzgado. Por esto, alega, en el Derecho Administrativo se creó la figura del silencio positivo, pues, no puede ser que los administrados queden a expensas de la Administración “ad perpetuam” con violación de sus derechos. En otro orden de ideas, sostiene, el silencio positivo es procedente en esta lite. Tal figura fue creada, arguye, con el fin de no permitir que la inercia de la Administración genere perjuicio a los administrados, dejándolos en situaciones jurídicas de incerteza. La sentencia de la A quo, prosigue, rechazó el argumento de la aplicación del silencio positivo. Transcribe, en lo de su interés, lo expuesto en el considerando VIII. Asimismo, copia lo expuesto por el Tribunal en el apartado VIII de su sentencia. El argumento expuesto, indica, de su simple lectura, es contradictorio por lo siguiente: 1) se indica que el silencio positivo solo es aplicable por disposición legal; 2) señala que la disposición legal que lo estipula lo es para permisos, autorizaciones, aprobaciones o licencias; 3) erróneamente se dice que, en cada caso, la ley señala si se está o no frente a un silencio positivo. Dicho fundamente, señala, no se sostiene. Es cierto que la ley debe regular el silencio positivo, pero, sí lo hace. La Ley General de Administración Pública -LGAP- lo regula en su canon 331, el cual transcribe. No es cierto, que la ley, en cada caso, deba expresar, explícitamente que opera el silencio positivo. Dicho precepto, anota, establece una regla de aplicación general, cuando se hacen solicitudes de “aprobación, autorización o licencia con los requisitos legales”. El ordinal 67 de la Ley de Tierras y Colonización, considera, establece, para poder disponer (ya sea, vender, hipotecar, arrendar o cualquier otro modo) el deber de contarse con el permiso previo a la Junta Directiva del Instituto. Es una autorización, lo que implica, en su criterio, se esté frente al supuesto del numeral indicado de la LGAP, no requiriéndose de formalidades adicionales más que la solicitud. En consecuencia, opera, en este caso, el silencio positivo. De la prueba, señala, se demuestra que la solicitud de autorización se llevó a cabo. La norma indica que el plazo se computa desde la recepción de la “solicitud” y no desde la presentación del “recurso”, en igual sentido el ordinal 330 íbid hace referencia a “solicitudes”. En consecuencia, no le cabe duda, operó el silencio positivo. En todo caso, expone, es irrelevante, frente al hecho de haber vencido las limitaciones y no existir obligaciones con el Instituto. No resulta pertinente aplicar las normas de autorización ante la Junta Directiva, pues ya había operado su derecho a liberar, en todos los sentidos, la propiedad, por lo que no es aaprocedente, en dicho estado, revocar la concesión de su parcela.

X. La formulación del agravio en estudio es confusa. No obstante, y luego de su análisis pormenorizado, esta Cámara determina que el argumento central se enmarca en dos puntos: 1) la parcela no. 48 del asentamiento Salinas 1, fue adjudicada por la Junta Directiva del entonces IDA, el 3 de marzo de 1981, a señor Dagoberto Rojas Fallas. El 11 de junio de 1983, lo autorizó a dividirla, constituyéndose las parcelas 48-1(A) y 48-2(B).  A Ubaldo Rojas Fallas le fue adjudicada la no. 48-1(A). El 11 de junio de 1984, la Junta Directiva autorizó se le traspasara a él, Juan Diego Vargas Soto. No obstante, la escritura se formalizó hasta el 25 de mayo de 1995. En consecuencia, su adquisición es derivada, no originaria. Por ello, se beneficia del plazo gozado por el anterior adjudicatario (Dagoberto Rojas Fallas). Se valoró indebidamente la prueba y se aplicó erróneamente el derecho al considerarse que su adjudicación fue nueva; cuando, en realidad, fue derivada. Si la adjudicación se realizó el 3 de marzo de 1981, las limitaciones vencieron el 3 de marzo de 1996. Pese a haberse solicitado su levantamiento, la Administración no lo hizo, incurriendo en morosidad administrativa. 2) a esta lite le resulta aplicable la figura del silencio positivo, en cuanto a la solicitud de autorización de levantamiento de las limitaciones. Sin embargo, resulta intrascendente o irrelevante, ya que, se encontraban vencidas.

XI. El casacionista invoca error de hecho en la valoración de la prueba. Empero, acorde a la fundamentación del reparo, lo invocado no son meros yerros materiales en la apreciación del material probatorio; sino su indebida valoración, lo cual, de darse, originaría un vicio por violación indirecta de ley, pero por error de derecho. Para tener una cabal compresión, es menester reproducir, en lo de interés y pese a su extensión, lo expuesto por el Ad quem en los considerandos VI, VII y VIII de la sentencia cuestionada. “Respecto al agravio de la morosidad administrativa lleva parcialmente razón el apelante, aunque no es suficiente para modificar todo lo resuelto por lo que se explica de seguido. Esta Cámara es del criterio, que el inicio del cómputo de las limitaciones en los contratos de asignación de tierras es con el acto administrativo de adjudicación. En otros términos, es en el momento en el cual la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural, en lo sucesivo identificado como INDER o el Instituto, otorga la parcela a las personas administradas. Nótese el canon 65 de la Ley de Tierras y Colonización, establece la diferencia arriba indicada: primero se da el acto de adjudicación y luego se otorga el título de propiedad. En el caso bajo examen, el fundo en litis había sido adjudicado por el INDER a una tercera persona. En el año 1986 se emitió el acuerdo de Junta Directiva del Instituto en referencia, acuerdo 9, artículo IX de la sesión número 399, celebrada el 17 de junio de 1986, el cual está contenido en el oficio ORCC-754-86 datado del 29 de diciembre de 1986, dirigido al apelante Vargas Soto. En lo que interesa indica: “...se aprobó el traspaso de la parcela N°48-A, del Asentamiento Salinas, adjudicada al señor UBANDO [sic] ROJAS FALLAS, a su favor’ (lo destacado es del original en Escritorio virtual Juzgado Agrario de Alajuela, archivo de documentos asociados, tomo IV, imagen de folio 1220). De ahí se tiene, indistintamente de la fecha en que se rubricó el instrumento público que permitió la inscripción en el Registro Nacional del inmueble en conflicto, el plazo de las limitaciones inicia a partir del 17 de junio de 1986. En apoyo a la tesis esbozada, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en voto número 275-S1-F-2011 de las 09 horas 10 minutos del 17 de marzo de 2011 explicó: […] Como lo señala la Alta Cámara el instrumento público finiquita el acuerdo tomado por la Junta Directiva. En este asunto también se comprobó, la escritura pública fue otorgada ante los oficios del Notario Público […] a las 16 horas del 25 de mayo de 1995, según consta en la copia del testimonio de escritura en el tomo I imagen del folio 33 a 34. No obstante, como se indicó el inicio de los 15 años de limitaciones es a partir del 17 de junio de 1986, por lo que realizado el cómputo del plazo, las limitaciones se vencieron el 17 de junio de 2001, y no el 25 de mayo de 2010 como lo señala la información registral emanada de las certificaciones de fojas 357 y 360 de las imágenes del tomo II del expediente, lo anterior con fundamento en el canon 140 de la Ley General de Administración Pública. El otro asunto que resulta imperante clarificar dado lo agraviado, es la manera de proceder cuando se está frente a una situación como la relatada, donde hay una diferencia temporal importante entre el acto de adjudicación y la inscripción registral. Dado se trata de un acto administrativo, desde la perspectiva de su ejecución, se da una diferencia temporal en detrimento de los derechos de la persona administrada, es necesario modificar lo consignado en la información registral o retrotraer esos datos a efecto sea coincidente con el acto administrativo. Quien se encuentra legitimado para hacerlo en este caso es el mismo Instituto. Es menester, el órgano administrativo ejecute los trámites pertinentes, la cual [sic] deberá ser inscrita en el Registro Nacional a efecto de brindar la publicidad registral correspondiente. Empero, ha de subrayarse, la persona administrada de facto no puede realizar esa reforma a la información registral. Mientras no cuente con una resolución judicial o administrativa donde expresamente se le indique el plazo real de las limitaciones debe continuar cumpliendo con las obligaciones a las cuales se sujetó en virtud del contrato de asignación de tierras. Adicionado a lo expresado, el INDER ha tenido este escenario puntualizado y clarificado, al ser reconocida en diversos documentos con criterios legales, señalados por los intervinientes; los cuales a su vez recogen razonamientos de la Procuraduría General de la República, vinculantes para la Administración Pública. En autos consta el oficio AJORO 65 del 07 de julio de 2003, rubricado por el letrado […] en su condición de asesor de asuntos jurídicos de la Región Pacífico Central, donde cita el criterio de la representación estatal C-072-2001. En lo que interesa, se resalta un segmento de la consulta, donde se desprende se debe solventar la conducta omisiva, mediante prueba indubitable del momento en que pudo haberse producido el acto adjudicatorio. Al mismo tiempo, el antedicho profesional explicó: "... corresponde al Instituto la verificación de tales hechos, fundamentándose en criterios técnicos que se rinden en cada caso...”. Por lo anterior, es necesario la persona administrada realice los trámites pertinentes para hacer los ajustes a los plazos de limitaciones constatados en el Registro Nacional. En la especie, la gestión para el levantamiento de las limitaciones, constan en un oficio rubricado por el apelante, pero en su condición de Presidente de la Asociación de Productores Trinidad y La Uvita del 24 de junio de 1998 donde solicitó: “Sirva la presente para solicitarle la liberación de las limitaciones que sostenta (sic) nuestras escrituras las que fueron otorgadas muchos años después de la adjudicación de las tierras de Salinas uno... Esta liberación la solicitamos porque Salinas uno esta [sic] ubicada en la zona declarada industrial y esto nos representa un panorama diferente de lo que es el sector agropecuario...” (consta en la imagen 4, del legajo de pruebas V). De lo anterior se infiere era de conocimiento del apelante que debía realizar un trámite para el levantamiento de las restricciones en cita. Sumado al hecho, con anterioridad había solicitado autorización para pignorar el bien (copia de cédula hipotecaria y testimonio de escritura de constitución de gravamen en imagen de folio [sic] 35 y 36 del tomo I respectivamente), esta Sede arriba a la conclusión, el apelante era conocedor de su deber de efectuar el trámite pertinente para realizar cualquier gestión tendiente a la disposición de la parcela. Nótese en las imágenes del tomo V, que corresponden a los folios 1801 a 1822 se agregaron diversos memorandos entre varios funcionarios del INDER, donde se analiza la gestión del levantamiento de las limitaciones. Pliegos rubricados entre el 18 de noviembre de 1999 al 04 de enero de 2000. En estos se menciona la posibilidad de levantarlas, sin embargo, el razonamiento era sumar el tiempo en que otras personas la habían tenido en su posesión, y no separando solo el lapso de los actores reconvenidos Vargas Soto y Salas Castro. Estas notas, como se verá de seguido, no es suficiente para tener por levantadas las limitaciones, abonado, para ese momento, 1999, ya el bien había sido dado en arrendamiento a Pedro Borges y compañías. En apoyo a lo anterior, el declarante Jorge Arturo Gutiérrez Rojas, quien fungió como director de la Región Pacífico Central explicó el procedimiento a seguir para el levantamiento de las restricciones: “...Para levantar las limitaciones del IDA, en lo normal, a partir del momento en que se firma la escritura, por ley 2825 deben transcurrir quince años para que la institución pueda entrar a conocer el levantamiento de limitaciones, y se debe estar al día con las deudas con la Institución, que la finca esté explotada por el beneficiario original, se le hace una inspección; la oficina Subregional recomienda a la Asesoría jurídica de la Dirección la cual valora y lo pasa a Dirección de Jurídicos y luego se pasa a Gerrencia (sic), y después a Junta Directiva quien decide ... La junta directiva puede negar el levantamiento ejemplo cuando hay deudas por tierra y Caja Agraria, hayas (sic) causales para nulidad del título” (imagen de la foja [sic] 1542 del tomo V). Las manifestaciones de tal funcionario, las cuales por su experiencia le merecen credibilidad a esta Instancia, son concordantes con lo trascrito en el informe jurídico supra aludido, con la legislación en cita y lo declarado por el también funcionario del INDER Leonel Alpízar Solorzano (imagen de la página 1559 del tomo V). VII. Relacionado con el reclamo de la aludida morosidad, emerge el inicio del cómputo del plazo. Como se expresó de manera amplia en el considerando anterior, el cálculo del plazo inicia a partir del acuerdo de la Junta Directiva del INDER. Empero, considera el quejoso, de manera reiterada, las limitaciones empezaron a partir del 03 de marzo de 1981. Para alcanzar esa conclusión, expresa hay morosidad administrativa, consecuentemente no existían las prohibiciones al momento de alquilar el bien. No obstante, esa tesis no es admisible por lo siguiente. El contrato de adjudicación de tierras, posee un plazo de quince años, mediante el cual, las personas parceleras deben de comprobar la idoneidad para la adecuada explotación del fundo. En esencia, en el momento de la adjudicación, no se concede un derecho de propiedad, porque al ser un contrato de duración, esa titularidad se consolida al cumplir además del lapso indicado, con las obligaciones señaladas en el convenio, su capacidad técnica y experiencia. De ahí, es un contrato que exige demostrar destrezas y aptitudes en el ejercicio de la actividad agraria, sin que se pueda beneficiar a quien se le adjudica de la posesión ejercida por anteriores contratantes. Debe demostrar la persona beneficiaria por sí, durante quince años, el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los ordinales 65, 66, 67 y 68 todos de la Ley de Tierras y Colonización. Es infundada la tesis, de acuerdo a la normativa señalada, el cómputo del plazo para el vencimiento de las limitaciones, se inicia cuando es adjudicada por primera vez. Como se tuvo por demostrado, el contrato de adjudicación en cita inició el 17 de junio de 1986 para el recurrente Vargas Soto y su esposa Kattia Salas, siendo el vencimiento era dable hasta el 17 de junio de 2001. Por último, en este cúmulo de agravios, señala el apelante con la testimonial se puede probar su dicho. Sin embargo, como se expuso, en la especie, el plazo se [sic] las prohibiciones se debía obtener la debida comunicación de la Junta Directiva para retrotraer los efectos. Las declaraciones, algunos funcionarios del INDER refieren sobre los actos posesorios del recurrente. Constantino Mondragón Medrano (tomo V, imagen de folio 1529), sostiene conocer la propiedad, adujo haber laborado para el Instituto. Sus manifestaciones no guardan relación con las gestiones del levantamiento de las prohibiciones sino con un presunto permiso para alquilar la parcela. En igual línea de relato, el deponente José Fabio Salas Villegas se refirió a presuntas gestiones para alquilar la finca y actos posesorios del recurrente (imagen del folio 1533 del tomo V). Por otro lado, el testigo Álvaro Enrique Chaves Monge, suministró datos sobre la posesión de Pedro Borges y la visita de un funcionario del INDER donde indicó había una gestión para “eliminar las limitaciones” pero que era de conocimiento del citado codemandado Borges (imagen de página 1538 del tomo V). No aportó datos de relevancia el empleado del Instituto en este aspecto, Jorge Arturo Gutiérrez Rojas quien adujo ser el director de la Región Pacífico Central entre los años 1984 a 1986. Agregó haber estado presente, de manera circunstancial, cuando el apelante llegó a conversar con quien era en ese momento el Presidente Ejecutivo del IDA, […] sobre el levantamiento de las limitaciones. Por otra parte, el funcionario Leonel Alpízar Solórzano, quien al momento de rendir declaración fungía como Jefe Regional de Orotina, citado en el memorial de apelación, explicó haber realizado una visita de campo para el levantamiento de las limitaciones, que según explicó es el primer paso para esa gestión, afirmando; “...no tengo conocimiento hasta donde [sic] llegó, pero es claro que el levantamiento no se dio, no culminó con acuerdo de Junta...” (imagen de foja 1559 del tomo V). También agregó, creer que el Jefe Regional en aquel momento gestionó para que declinaran la gestión, pero no le consta. El letrado […] (imagen 1543), […] (imagen de página 1547 tomo V), el declarante […] (imagen de foja 1551), el señor […] (imagen de la página 1560); y […] (imagen del folio 1561), todos ubicados en el tomo V del expediente virtual, tampoco aportan datos de interés para este punto. Valorada en conjunto las probanzas al tenor del canon 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria, es evidente hay una carencia de elementos probatorios para sostener el dicho del apelante. También recrimina el INDER sacó provecho de no hacer el levantamiento de las limitaciones y pedir la revocatoria. Tal alegato, estima esta Sede, es falaz e infundado, porque más bien de las declaraciones citadas de los funcionarios del INDER se denotó el conocimiento en diversas inspecciones, había una explotación diversa a la cual debían cumplir los parceleros sin que existiera, del estudio del expediente administrativo de ese Instituto una reacción acorde con el ordenamiento jurídico (imágenes del legajo de prueba VI), donde se da una amonestación hasta el 13 de febrero de 2003 (imagen del folio 95, tomo I), a pesar de existir una nota de los adjudicatarios del 06 de marzo de 2002 (imagen de foja 117 tomo I) donde dan cuenta del contrato de arrendamiento de su casa, lo cual evidencia una desidia en el cumplimiento de las obligaciones fiscalizadores [sic] del INDER. Se desea subrayar, consta en autos, producto de tales amonestaciones, no se llegó a culminar un procedimiento administrativo. Cuando se verificó una amonestación, según el oficio FVB-OSO-003-2006 del 05 de enero de 2006 rubricado por el ingeniero […], señaló al ingeniero […], ante el proceso penal seguido en este asunto, en su momento se suspendió el trámite administrativo porque considera son los Tribunales de Justicia los que deciden sobre los derechos e infracciones cometidos al contrato (imagen 145 del tomo de prueba VI). Más adelante, en el expediente administrativo consta, que se realizó una nueva amonestación, dado se ordenó [sic] una inspección de campo (imágen [sic] de la página 188, tomo VI de prueba), el 30 de marzo de 2007, sin que culminara en una recomendación y remisión de los autos a la Junta Directiva, como tampoco una resolución para suspender formalmente el procedimiento administrativo. VIII. Los reproches del silencio administrativo tampoco tienen asidero legal. El artículo 330 de la Ley General de Administración General, regula lo concerniente a esta figura. El inciso 1) indica, el silencio de la Administración se entenderá positivo cuando así se establezca expresamente o cuando se trate de autorizaciones o aprobaciones que deban acordarse en el ejercicio de funciones de fiscalización y tutela. Por otra parte, el acápite 2) contempla, se entenderá positivo el silencio cuando se trate de solicitudes de permisos, licencias y autorizaciones. Efectivamente como lo apunta el recurrente, es una autorización lo que debía obtener para aplicar la morosidad administrativa a las limitaciones. Es menester, para su procedencia, quien gestiona ante la Administración cumpla con todos los requisitos, porque en el segundo inciso se hace referencia a actos reglados. Empero, en el subexamine, no se cumplieron todos los requisitos para retrotraer los efectos de la información registral. Tal y como se ha indicado en líneas anteriores, las restricciones se vencían en el año 2001 y no antes.” (Lo subrayado es del original).

XII. Esta Sala comparte el criterio del Tribunal, en el sentido de que, para esta lite, el plazo de las limitaciones inició con el acto administrativo emitido por la Junta Directiva del entonces IDA de otorgamiento de la parcela al matrimonio actor el 17 de junio de 1986 y no con el otorgamiento de la respectiva escritura pública (preceptos 65 de la Ley de Tierras y Colonización y 140 de la LGAP). Así lo ha reconocido esta Sala en el fallo indicado por el Ad quem, no. 275 de las 9 horas 10 minutos del 17 de marzo de 2011, en donde se citan otros precedentes, al indicar, en lo de interés: “[…] El instrumento público notarial no alcanza a disminuir la importancia, ni mucho menos sustituir el acto administrativo en cuestión. De ahí que los efectos del contrato de asignación de tierras, nazcan a la vida jurídica, con el acuerdo de Junta, en tanto se trata de un acto administrativo, debidamente fundamentado, que cumple con los requisitos legales necesarios a fin de distribuir bienes del IDA entre los parceleros objeto del contrato.” En igual sentido, puede consultarse, mutatis mutandis, la sentencia no. 1018 de las 13 horas 45 minutos del 23 de agosto de 2012. Como bien lo indicaron las personas juzgadoras, en el contrato de asignación o adjudicación de tierras, al amparo de lo previsto en los cánones 65, 66, 67 y 68 de la Ley de Tierras y Colonización, las personas parceleras deben comprobar su idoneidad para la adecuada explotación del fundo durante todo el plazo de las limitaciones, es decir, durante los 15 años. Es por ello, compartiéndose lo afirmado por el Tribunal, que dicha institución no concede un derecho de propiedad, por ser un contrato de duración. El interés público que subyace en este tipo de contratos se refleja en las limitaciones impuestas por la Ley de Tierras y Colonización. Estas tienen como objeto cumplir con la función social de la propiedad, ya que las personas beneficiarias serán aquellas que cumplan ciertas condiciones para ser calificadas como tales, a efecto de que desarrollen la empresa agraria. En esta misma línea de pensamiento y desde vieja fecha, esta Sala ha indicado: “[…] el contrato de asignación de tierras es un contrato de duración por el cual el ente agrario adjudica a un beneficiario de los programas de dotación de tierras, previamente calificados conforme a los parámetros establecidos por propia [sic] normativa, un fundo agrario, comprometiéndose a traspasarlo, por un eventual precio o a título gratuito, si el beneficiario demuestra tener capacidad técnica para desarrollar la empresa agraria y cumple con las obligaciones impuestas durante un período de prueba; el traspaso en propiedad se verifica sujeto a una multiplicidad de obligaciones de parte del beneficiario, cuyo incumplimiento permite al ente revocar la adjudicación, durante un plazo de 15 años o hasta el momento de no existir deudas pendientes, sin que pueda en ninguna forma enajenarlo si no media previamente una autorización expresa del Instituto, pues por disposición de la Ley el ente asignante puede recuperar el bien para adjudicarlo a otro beneficiario, debiendo siempre ejercer un control directo sobre la actividad realizada por el adjudicatario. Una característica muy importante de este contrato establecida en la Ley, e interpretada por la doctrina, es la de ser un contrato de duración. Su perfeccionamiento no opera con el traspaso en propiedad del fundo, por el contrario éste se cristaliza en cuanto el beneficiario cumple sus obligaciones, durante el tiempo establecido por la Ley, y realiza la actividad para la cual le fue otorgado. La propiedad se adquiere plenamente hasta que el plazo haya transcurrido.” (Lo subrayado es suplido. Al respecto, pueden consultarse las sentencias números 229 de las 15 horas del 20 de julio de 1990, 275 de las 9 horas 10 minutos del 17 de marzo de 2011, 1018 de las 13 horas 45 minutos del 23 de agosto de 2012, 1506 de las 14 horas 50 minutos del 20 de noviembre de 2014 y 967 de las 10 horas 42 minutos del 17 de agosto de 2017). En este último fallo se agrega, “[…] durante los 15 años que fija el numeral 67 citado, el beneficiario aún no cuenta con un derecho de propiedad pleno, en el tanto, el bien debe ser utilizado para los fines sobre los cuales se le adjudicó, de modo tal que, si la parcela obtiene un uso distinto al encomendado, el INDER (como órgano contralor) debe iniciar un procedimiento administrativo en contra del beneficiario para revocar la adjudicación del inmueble. En otras palabras, aunque el beneficiario ostente la titularidad del bien y así conste en el Registro Nacional, la facultad de disposición, incluso las de uso y disfrute, no son plenas ni absolutas, sino que están sujetas a las limitaciones que impone la misma Ley por un determinado plazo (15 años).” (Lo subrayado es suplido). En consecuencia, la titularidad sobre el bien se consolida al cumplirse, no solo el plazo indicado, sino también, las obligaciones previstas en el respectivo contrato. Los beneficiarios de la concesión de la parcela deben demostrar las destrezas y aptitudes para el ejercicio de la actividad agraria durante todo el tiempo de vigencia de las limitaciones; o, lo que es lo mismo, durante la vigencia del contrato. Al respecto, pueden consultarse, mutatis mutandis, entre otras, las indicadas sentencias de eta Cámara. Se trata, puede afirmarse, de un contrato personalísimo (intuito personae), en virtud de la función social que cumple el bien -precepto 50 de la Constitución Política-. Esto se demuestra con el hecho de que, el canon 67 de la Ley de Tierras y Colonización, preceptúa que el beneficiario no puede, entre otros, traspasar el dominio de su predio, sin autorización del Instituto, excepto que hayan transcurrido 15 años desde la adquisición de la parcela y que todas las obligaciones con ese ente estén canceladas. Es decir, en caso de tratarse de un traspaso previo al vencimiento del plazo de las limitaciones, se requiere la anuencia de la Junta Directiva del hoy Instituto de Desarrollo Rural –INDER. Por ello, la persona adjudicataria no se beneficia de la posesión ejercida por anteriores parceleros. Es a partir de ese acto, se insiste, que empieza a contarse el plazo de 15 años de vigencia de las limitaciones o restricciones. En esta lite, en virtud del referido acuerdo de la Junta Directiva del entonces IDA –tomado el 17 de junio de 1986-, según se acreditó, el 25 de mayo de 1995, se suscribió el instrumento público mediante el cual el entonces IDA le traspasó al matrimonio actor la finca en litis. En dicho convenio, de manera expresa se pactó: “Que los compradores no podrán traspasar el dominio de su predio, ni gravarlo, arrendarlo, o subdividirlo sin la autorización previa del Instituto vendedor, excepto que haya transcurrido quince años contados a partir de esta fecha, exceptuándose de la prohibición anterior, las operaciones que se celebren con la Banca Nacionalizada, con el Consejo Nacional de Producción o cualesquiera Instituciones de crédito del Estado. […]”. La parte actora no solicitó la nulidad de ese pacto, lo cual implica su conformidad. Por el contrario, reconoció su existencia para el momento en que se suscribió el contrato de arrendamiento. En este sentido, en la pretensión principal número seis de la demanda en contra de BLINKY, CIENFUEGOS, Julia Ibarra Seas y Pedro Adrián Borges Fiol, se solicitó: “Que por ser de mala fe la posesión de los demandados, se les niegue el derecho de mejoras, frutos, así como el derecho de retención del inmueble. Además, que dicho pago de mejoras es improcedente, por las limitaciones del IDA a que está sujeto el inmueble, y que era de conocimiento de los demandados.” (Lo subrayado es suplido). Asimismo, en la pretensión subsidiaria primera, punto quinto, requirió: “Que por haber renuncia expresa en el contrato, y además por ser de mala fe y abusiva el ejercicio de las prestaciones en la finca por parte de los demandados, se les niegue el derecho de mejoras, frutos. Además que dicho pago de mejoras es improcedente, por las limitaciones del IDA a que está sujeto el inmueble, y que era de conocimiento de los demandados.” (Lo subrayado no es del original). Aún más clara es la pretensión subsidiaria segunda, puntos tercero y quinto, al solicitar: “III) Que de considerar el juzgador que existe relación contractual con los demandados, de cualquier naturaleza, se declare la nulidad absoluta de dichas relaciones contractuales, por existir limitaciones del IDA a la hora de haberse suscrito. […] V) Que por haber renuncia expresa en el contrato, y además por ser de mala fe y abusivas las forma de ejercicio de las prestaciones en la finca, por parte de los demandados, se les niegue el derecho de mejoras, frutos. Además, que dicho pago de mejoras es improcedente, por las limitaciones del IDA a que está sujeto el inmueble, y que era de conocimiento de los demandados.” (Lo subrayado es suplido). Incluso, cuando se integró la litis con el entonces IDA, en la pretensión marcada con el número seis, se solicitó: “Que por ser de mala fe la posesión de los demandados se les niegue el derecho de mejoras, frutos, así como el derecho de retención. Además, que dicho pago de mejoras es improcedente, por las limitaciones del IDA a que está sujeto, ya que era de conocimiento de los demandados.” (Lo subrayado no es del original). En la pretensión subsidiaria primera, punto quinto, en contra de dicho ente, se pidió: “Que por haber renuncia expresa en el contrato, y además, por ser de mala fe y abusivas el ejercicio de las prestaciones en la finca, por parte de los demandados, se les niegue el derecho de mejoras, frutos. Además, que dicho pago de mejoras es improcedente, por las limitaciones del IDA a que está sujeto el inmueble, y que era de conocimiento de los demandados.” De igual manera, en la pretensión subsidiaria segunda en contra de esa institución, puntos 3 y 5, se pidió: “3) Que de considerar el juzgador que existe relación contractual con los demandados, de cualquier naturaleza, se declare la nulidad absoluta de dichas relaciones contractuales, por existir limitaciones del IDA a la hora de haberse suscrito. […] 5) Que por haber renuncia expresa en el contrato, y además de ser de mala fe y abusivas las formas del ejercicio de las prestaciones en la finca, por parte de los demandados, se les niegue el derecho de mejoras, frutos. Además, que dicho pago de mejoras es improcedente, por las limitaciones del IDA a que está sujeto el inmueble, y que era de conocimiento de los demandados.” (Lo subrayado es suplido). Por las razones indicadas, esta Cámara comparte la posición expuesta por el Ad quem, en el sentido de ser infundada la tesis de la parte actora de que el cómputo del plazo para el vencimiento de las limitaciones inicia cuando es adjudicada por vez primera. En el hecho probado de la sentencia del Juzgado antecedido con el número 6, avalado por el Tribunal, se acreditó que en el acuerdo no. nueve, tomado en la sesión de la Junta Directiva del entonces IDA no. 399, celebrada el 17 de junio de 1986, se aprobó la adjudicación de la parcela en litigio al matrimonio compuesto por el señor Juan Diego Vargas Soto y la señora Kattia María Salas Castro. Por lo tanto, es a partir de ese momento, tal y como lo señalaron las personas juzgadoras, que inició el cómputo del plazo de limitaciones por 15 años. Por ello, no lleva razón el casacionista al indicar que las limitaciones, cuando se otorgó en arriendo la finca en litigio -en el año 1998-, se encontraban vencidas. Ello por cuanto, además de contradecir lo expuesto en las pretensiones, se insiste, su finalización se produjo el 17 de junio de 2001. Esta Cámara también comparte lo resuelto por el Tribunal en torno a la figura del silencio positivo. Como bien lo indicó, para su procedencia, se requiere que la persona gestionante cumpla con todos los requisitos legales para el otorgamiento del permiso, licencia o autorización, según lo dispone el inciso 1) del numeral 331 de la LGAP. En este proceso, no se cumplieron. La solicitud de autorización para arrendar la propiedad la realizó la parte actora cuando aún estaban vigentes las limitaciones; por ello, no procedía dicha figura del silencio positivo. Por otro lado, el recurrente no cuestionó lo afirmado por las personas juzgadoras respecto a que, con la prueba testimonial ofrecida no se demostró su dicho. Se limitó a reiterar lo afirmado en el recurso vertical. En mérito de lo indicado, se impone el rechazo del agravio en estudio.

XIII. En el tercer motivo de disconformidad, folio 28, alega el recurrente error en la valoración probatoria, pues, indica, la demanda del IDA está prescrita. Reproduce, en lo de su interés, lo expuesto en el considerando VII de la sentencia del Juzgado; así como lo expuesto por el Ad quem en el apartado IX de la sentencia cuestionada. El argumento expuesto en la sentencia recurrida, afirma, parte de premisas incorrectas. A saber: 1) las limitaciones están vigentes; 2) estando vigentes, la amonestación interrumpió la prescripción y 3) dicha amonestación, podía ser obedecida por él. Lo anterior, señala, es falso e incorrecto por las siguientes razones: a) las limitaciones no estaban vigentes. Según acuerdo de la Junta Directiva, tomado en el artículo XVI de la sesión no. 2450 del 3 de marzo de 1981, se le otorgó al señor Dagoberto Rojas Fallas la adjudicación de la parcela no. 48. El 11 de junio de 1983, en el artículo XII de la sesión no. 122, la Junta Directiva autorizó su división, formando las parcelas 48-1(A) y 48-2(B), dándole la adjudicación de la primera a Ubaldo Rojas Fallas. El 11 de junio de 1984, la Junta Directiva, en el artículo IX de la sesión no. 399, autorizó el traspaso de esa parcela a él, Juan Diego Vargas Soto. Dicho traspaso fue escriturado el 25 de mayo de 1995 ante el notario del IDA, aplicando la ley, quedó inscrita a su nombre y el de su cónyuge, Kattia Salas Castro, en partes iguales. Se inscribió en el Registro Público de la Propiedad, generando la finca matrícula no. 293.864-001-002. La morosidad administrativa es clara, comenta, la parcela se adjudicó en el año 1981 y el instrumento público se otorgó en el año 1995, aun cuando el traspaso de la parte de la parcela fue en el año 1984. El inmueble se encuentra sujeto a limitaciones registralmente, acota, mas no legalmente. Fue adjudicado el 3 de marzo de 1981 y traspasado el 11 de junio de 1984, por lo que han pasado 26 años desde la adjudicación; esto, alega, evidencia la morosidad administrativa y negligencia del IDA. b) las limitaciones vencían a los 15 años, han transcurrido 26, por lo que cualquier acción del IDA, después de los 15 años de limitaciones, lo podían ejercer 10 años después. A la fecha en que el IDA demandó, prosigue, ya habían pasado más de 11 años del vencimiento de las limitaciones; razón por la cual, estima, todo derecho había prescrito. Esto hace que la amonestación no podía producir el efecto interruptor como lo dice la sentencia, pues no se puede interrumpir un plazo de prescripción ya cumplido, ya que había precluido el derecho del IDA aducido en su contrademanda. c) la amonestación hecha por el IDA era imposible de cumplir, pues, a pesar de que se le pidió al señor Pedro Borges, su esposa y sus sociedades que salieran de la propiedad, no lo hicieron, de ahí que fue necesario plantear el desahucio primero y finalmente esta lite. Se está frente a un despojo, concluye, no pudiendo ser castigado y, mucho menos, sancionado.

XIV. Al respecto, en la sentencia cuestionada, las personas juzgadoras consideraron lo siguiente: “IX. Sobre la prescripción de la demanda del INDER, el recurrente hace un conteo partiendo las limitaciones tenían 26 años, pero estaban vencidas por morosidad administrativa. Utiliza esta supuesta conclusión como punto de partida de la prescripción. Sin embargo, como se apuntó en los segmentos anteriores, las limitaciones no estaban vencidas al momento de integrar a la litis al INDER, puesto fue notificado de la presente demanda el 22 de mayo de 2006 según acta de notificación que corresponde a la imagen de la página 653 a 655 del tomo II. Según lo explicado ampliamente en el considerando VI, las prohibiciones del contrato de adjudicación de tierras entre los administrados Vargas Soto y Salas Castro, inició [sic] a partir del 17 de junio de 1986, venciendo el 17 de junio de 2001. Utilizando el argumento de quien recurre, al momento de la notificación de la demanda al Instituto habían transcurrido únicamente cuatro años y diez meses aproximadamente. Al tenor del artículo 868 relacionado con el ordinal 876 inciso 2) ambos del Código Civil el plazo fatal no se había verificado, por lo que procederá confirmar lo resuelto en este punto, pero por los motivos dados en esta instancia.” (Lo subrayado es del original)

XV. Al respecto, es menester recordar que esta Sala, en la sentencia no. 505 de las 8 horas 45 minutos del 14 de abril de 2011, citando otros precedentes, señaló: “[…] dentro de las características del recurso de casación en materia agraria está la de que debe ordenarse técnicamente. Se han de enumerar y estructurar los reproches a la sentencia y fundamentar su falta de juridicidad. El recurrente tiene el deber de explicar, de manera clara y precisa, las razones en las cuales sustenta su gestión.  Ha de combatir, de modo sistemático, los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida. Sólo se le exime de señalar, en forma expresa, las normas jurídicas violadas, o el tipo de infracción cometida. En relación, véase, entre muchas otras, la sentencia número 892 de las 9 horas del 25 de noviembre del 2005.”  (Voto 596-f-06 de las 14 horas 55 minutos del 30 de agosto del 2006). Entonces, pese a que el recurso en materia agraria se rige por el Código de Trabajo, y se ha considerado como tercera instancia rogada, ello no exime a la parte recurrente del deber de expresar de manera clara y precisa los aspectos de la sentencia de segunda instancia que combate, explicando en todo caso en qué consisten los yerros alegados”. No. 300 de 10 horas del 25 de abril de 2008.” (Lo subrayado es suplido). En igual sentido, pueden consultarse, entre otros, los fallos de esta Cámara números 809 de las 8 horas 40 minutos del 5 de julio, 1513 de las 9 horas 25 minutos del 15 de noviembre, ambas del año 2012; 1196 de las 9 horas 50 minutos del 18 de setiembre de 2013, 29 de las 13 horas 30 minutos del 16 de enero de 2015; 556 de las 9 horas 40 minutos del 17 de mayo y 1454 de las 14 horas 45 minutos del 23 de noviembre, ambas del año 2017. Acorde a lo expuesto, aunque en el recurso de casación agrario no se exigen formalidades especiales, no significa sea por completo informal, ya que los reparos al fallo deben estructurarse de modo técnico. Así, habrá de exponerse, con claridad y precisión, las objeciones a los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia recurrida; lo único de lo que está exento el recurrente es de señalar las disposiciones del ordenamiento jurídico conculcadas o el tipo de infracción cometida. El recurrente no combate, en debida forma, lo argüido por el Tribunal. En esencia, se limitó a reiterar lo argumentos expuesto en el recurso de apelación; por lo que lo indicado en el recurso resulta anodino a efecto de quebrar el fallo. Sin perjuicio de lo anterior, y a mayor abundamiento de razones, esta Sala avala lo señalado por el Ad quem. Como fue expuesto en el considerando XII de esta sentencia, también participa del criterio de que el inicio del cómputo del plazo de las restricciones sobre la propiedad en litigio, se dio con el acto administrativo de adjudicación por parte de la Junta Directiva al matrimonio compuesto por don Juan Diego y doña Kattia María; sea, el 17 de junio de 1986, por lo que su vencimiento se dio el 17 de junio de 2001, no en la fecha indicada por el recurrente. Esto hace que, como bien lo señalaron los juzgadores, al momento en que fue notificado el INDER de la demanda interpuesta por los actores en su contra, el 22 de mayo de 2006, transcurrieran apenas 4 años y 10 meses desde la terminación de las limitaciones. Ergo, en aplicación de los preceptos 868 y 876 inciso 2) del Código Civil, la contrademanda interpuesta por el INDER se hizo dentro del plazo previsto en el primer numeral. Por lo tanto, el agravio en estudio deberá ser rechazado.

XVI. En la cuarta censura a la sentencia impugnada, folio 33, invoca el casacionista error de hecho de la valoración de la prueba, pues, en su criterio, no procede la nulidad del contrato de arriendo. Reproduce, en lo de su interés, lo expuesto en el considerando IX de la sentencia de la A quo; así como el apartado X de la sentencia del Ad quem. Califica lo resuelto contrario a los principios de equidad, razonabilidad, proporcionalidad e “indubio pro agricultor”. Ello por cuanto: 1) había operado la morosidad administrativa, lo que implica que las limitaciones habían vencido; además, no se tenían obligaciones con el Instituto, lo que hacía procedente el levantamiento de las limitaciones e improcedente el proceso de revocatoria; 2) en diversas oportunidades gestionó el levantamiento de las limitaciones, pero nunca recibió respuesta de la Administración; 3) si las limitaciones no se levantaron, no fue por su responsabilidad, sino por la inercia y el silencio de la Administración; 4) frente al silencio de la Administración, siendo que se había pedido autorización para arrendar, como lo manifestaron las declaraciones de los testigos, lo que se pedía era una “autorización”, la cual se hizo efectiva por medio de silencio positivo, a la luz de lo previsto en los artículos 331 y 332 de la LGAP; 5) frente a ese cuadro táctico, no es aplicable la nulidad dispuesta en el artículo 67 de la Ley de Tierras y Colonización, como se indica en la sentencia impugnada.  No procede anular el contrato de arriendo como lo hace la sentencia impugnada y, mucho menos, declarar la revocatoria de la parcela.

XVII. En el considerando X de la sentencia cuestionada, las personas juzgadoras, en torno a la pretensión del INDER de anulación del contrato de arrendamiento, señalaron: “[…] Como se ha explicado de manera abundante, las limitaciones, de acuerdo al razonamiento de esta Cámara, vencían aplicando la morosidad administrativa el 17 de junio de 2001. El convenio de arrendamiento fue rubricado el 04 de diciembre de 1998 (documento en imagen de foja [sic] 57 del tomo I), momento para el cual se encontraban sujetos [sic] a las obligaciones inherentes del contrato de adjudicación de tierras, según el artículo 67 de la Ley de Tierras y Colonización, donde estipula, el beneficiario está imposibilitado para arrendarlo, entre otras disposiciones del bien. Se explicó, por la función social que cumple la parcela, íntimamente relacionada con la filosofía del ordinal 50 de la Constitución Política, las personas beneficiarias deben demostrar su capacidad técnica y experiencia en el trabajo agrario. Si optaron por construir una vivienda, estaba dentro de las potestades que les concede el contrato de adjudicación de tierras. Empero, por mandato expreso y diáfano de la norma, carecían de la posibilidad de arrendar parte del bien, porque era menester contar con una autorización. Del abundante acervo probatorio, documental y testimonial, no se infiere un trámite para pedir autorización para alquilar. Estima esta Sede, las gestiones se deben realizar, previa a la suscripción de cualquier convenio o acuerdo verbal. Al margen de las justificaciones que sean o no procedentes dadas por los actores reconvenidos Vargas Soto y Salas Castro, conocían plenamente las obligaciones que tenían con el INDER. Además, al margen que efectúan gestiones para el levantamiento de las prohibiciones, se debía realizar uno para el arrendamiento. Nótese, el contrato fue rubricado en diciembre de 1998 y la constancia que hay del pedido para levantamiento de restricciones data del 24 de julio de 1998 (imagen 3 del tomo de pruebas V); las visitas para la inspección de campo a fin de verificar si procedía o no el levantamiento es del 18 de noviembre de 1999, momento para el cual ya se habían desplegado los efectos del contrato de arrendamiento. A mayor abundamiento de razones, se explicó, era necesario, el trámite para el levantamiento de las limitaciones llegara a coronarse con un acuerdo de Junta Directiva del Instituto, pues esto era necesario para modificar la información del Registro Nacional la cual reflejaba el plazo indicado en la escritura pública donde se plasmó el traspaso a favor de las citadas personas parceleras.”

XVIII. El casacionista, pese a transcribir el considerando antes indicado de la sentencia del Tribunal, no cuestiona, en debida forma, los fundamentos brindados a fin de denegar la censura interpuesta en el recurso vertical. Lo efectuado, básicamente, es una reiteración del reparo interpuesto en el recurso de apelación. Es decir, realiza un alegato divorciado, por completo, de lo decidido por el Ad quem.  Configura, más bien, una manifestación meramente argumentativa. Esto torna fútil sus alegaciones a efecto de quebrar el fallo. Ergo, se impone el rechazo del motivo de disconformidad en estudio. En todo caso, como ya se ha apuntado, esta Sala comparte lo esgrimido por las personas juzgadoras. En los hechos no probados 1 y 2 de la sentencia del Juzgado, avalados por el Tribunal, se indica: “1) Que los actores hubieran gestionado ante IDA autorización para arrendar la parcela relacionada en este proceso. 2) Que el Instituto de Desarrollo Agrario ahora INDER hubiese autorizado a los señores Juan Diego Vargas Soto y Katia María Salas Castro a arrendar una sección o la totalidad de la finca inscrita al partido de Alajuela matrícula número 293864-001-002 (ver constancia emitida por Ing. Juan L. Salas Vega Jefe Subregional en Orotina de fecha 6 de febrero de 2002 visible a folio 225 en el Tomo I de Pruebas en el cual se indica no ha tramitado, ni aprobado autorización al respecto).” Esto, como se indicó, no es cuestionado por el recurrente. Por otro lado, en el hecho probado en el hecho probado antecedido con el no. 15, se acreditó: ”El día cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, los señores Juan Diego Vargas Soto, Kattia María Salas Castro y Blinky de Orotina Sociedad Anónima representada por la señora Julia Ibarra Seas, suscribieron documento privado de contrato de arrendamiento de una sección de la finca inscrita al partido de Alajuela matrícula número doscientos noventa y tres mil ochocientos sesenta y cuatro-cero cero uno y cero cero dos (documento a folio 55 de expediente principal escaneado).” Esto tampoco es impugnado por el casacionista. Es decir, como bien lo indicaron las personas juzgadoras, ese convenio se suscribió estando vigentes las limitaciones que pesaban sobre la propiedad en litigio y sin contar con la debida autorización de la Junta Directiva del Instituto. Por lo tanto, deviene nulo a tenor de lo dispuesto en el canon 67 de la Ley de Tierras y Colonización, según fue declarado.

XIX. En el quinto embate a la sentencia impugnada, folio 37, alega el casacionista error en la valoración de la prueba, ya que, a su entender, no hubo explotación indirecta de la parcela. Esto por cuanto, indica, fue trabajada y explotada en el campo agrícola. Así se hizo, anota, hasta que fue despojado ilegítimamente. Esto, arguye, lo puede demostrar con los proyectos realizados en ella. Con la Universidad de Costa Rica -UCR-, comenta, efectuó experimentos de semilla de chile picante para reproducir una variedad denominada “Jalapeño M”; la siembra experimental de diferentes variedades de maracuyá, a efecto de sacar la más adecuada para la zona. La siembra de maderables de pochote con el Ministerio de Agricultura y Ganadería -MAG-. El proyecto de ganadería de leche y carne, realizado y financiado por el BPDC. El IDA, afirma, dio la autorización para que ese proyecto se ejecutara por medio de la Asociación de Productores de la Trinidad y Uvita. También, agrega, se le presentó un proyecto de siembra para exportación de melón, sandía y otros productos agrícolas, solicitándosele la autorización como dice la ley, para hipotecar la parcela. Dicho ente la concedió por medio de la Junta Directiva. Producto de ello, anota, se constituyó una cédula hipotecaria por 10 años para la ejecución del proyecto, la cual sirvió de garantía ante el Sistema Bancario Nacional y, como consecuencia de eso, el proyecto generó beneficios a la comunidad, especialmente en mano de obra. La parcela, indica, fue trabajada y explotada en forma directa desde el año 1984, con las diferentes actividades agrícolas y ganaderas hasta el día del despojo ilegítimo por parte del señor Pedro Borges y otros. En reiteradas ocasiones, acota, le ha solicitado al IDA que lo ayude, pues no se levantaban, formalmente, las limitaciones; empero, no lo hizo. Prueba de la maliciosa actuación de los funcionarios del IDA, refiere, es que, cuando contrademandó, no lo hicieron contra el señor Borges y demás demandados; sino, los ofrecen como testigos, lo cual califica como “colusión ilícita entre dichas partes”. Transcriben, en lo de su interés, lo expuesto por la Jueza A quo en el considerando IX de su sentencia. En las sentencias impugnadas, apunta, se parte de la base que, lo que facilitó el despojo, fue el contrato de arriendo. Empero, expone, si se analiza el texto trascrito, reconoce que fueron despojados de la parcela. Lo arrendado fueron solo dos hectáreas, el resto fue despojado ilegítimamente. Transcribe, en lo conducente, lo expuesto en el considerando X de la sentencia del Juzgado. Por su parte, señala, el Ad quem, a pesar de determinar que fue despojado ilegítimamente del inmueble, lo sancionó, al no cumplir con la prevención que llevó a cabo el INDER. Lo más grave, manifiesta, es que se confunden las tratativas preliminares, que nunca desembocaron en la realización de contrato alguno (nunca existió contrato de traspaso), castigando como si hubiera habido contrato. No se justifica, anota, que se diga que se puso en esa situación, cuando nunca hubo contrato de traspaso, fueron los actos del señor Borges, unilaterales e ilícitos, los que lo despojaron del bien, lo que no le permitió cumplir con las prevenciones hechas. Reproduce el considerando XI de la sentencia del Tribunal. La explotación de Pedro Borges y sociedades demandadas es ilícta, pero no pueden involucrarlo con él, por lo siguiente: 1) solo le arrendó una casa; 2) el arriendo es para vivienda; 3) no afectaba el resto productivo de la parcela; 4) el colaborar con algún permiso, era producto de las tratativas preliminares, pero dicha negociación nunca se concretó, como lo dice la misma sentencia; 5) casi todos los permisos fueron promovidos por Pedro Borges; 6) los actos realizados por el señor Borges no son de su responsabilidad, como lod permisos de patentes, construcciones, etc.; 7) el hecho de que poseyera el resto de la finca fue producto de un despojo ilegal y 8)  prueba de que había despojo ilegal fue el desahucio planteado y este proceso ordinario. Efectúa otra transcripción del considerando X de la sentencia de la A quo. De lo dicho en la sentencia, prosigue, es claro que siempre trabajó la parcela, hasta que fue despojado en forma ilícita. Incluso, agrega, los testigos dicen que Borges vivía en la casa y él seguía sembrando, por lo que nunca se dio una explotación indirecta de la parcela. Lo que ocurre, insiste, es que, posteriormente, fue despojado de forma ilegítima y, en ese momento, don Pedro llevó a cabo un cambio de destino de la parcela, pero sin su consentimiento. No se le pueden imputar los actos ilícitos del señor Borges, quien lo despojó y cambió el destino del inmueble. Lo curioso de ambas sentencias, afirma, es que valoraron esas tratativas que nunca desembocaron en nada, como si fueran un contrato que violó las prohibiciones de la Ley de Tierras y Colonización, cuando, en realidad, no se llevó a cabo contrato alguno y eso es un claro error en la valoración de la prueba. Una vez más, transcribe otro fragmento de la considerado por la juzgadora A quo en el apartado X de su sentencia. Dos cosas fundamentales quedaron acreditadas: a) siempre explotó en forma directa la parcela hasta que fue despojado y b) realizó solicitud de permiso para arrendar. Si no recibió respuesta, fue por la inercia de la Administración. De nuevo, copia otra parte del considerando X de la sentencia del Juzgado. No es cierto que hubo complacencia de su esposa y suya. Hizo un contrato de arriendo en el entendido que había actuado correctamente, solicitando permiso al IDA. No siguió produciendo porque fue despojado. Las gestiones de don Pedro Borges en la Municipalidad, concluye, no son su responsabilidad.

XX. En relación, en el considerando XI de la sentencia impugnada, las personas juzgadoras consideraron lo siguiente: “Otro yerro acusado a la pieza apelada, trata de la causal de explotación indirecta de la parcela. Aduce en el recurso, fueron despojados ilegítimamente y trataron de recuperar el bien por medio del proceso de desahucio. Pero ciertamente, al participar en un contrato sin la autorización debida, según se expuso en el considerando anterior, se colocaron en una situación de riesgo e incumplimiento de sus deberes. Además, no se comparte el alegato que se les está endilgando responsabilidad por las acciones de los codemandados Pedro Borges, Julia Ibarra y empresas, sin embargo, nuevamente es una tesis carente de sustento. Efectivamente, como lo señaló la sentencia impugnada, el apelante tenía pleno conocimiento de lo que acontecía en la parcela, al firmar documentos para consentir la gestión de una patente. Esta nota fue rubricado [sic] por el apelante y su esposa, expresamente indican: “...en nuestra condición de propietarios de la finca inscrita... y en nuestra condición de arrendantes manifestamos nuestro acuerdo en la solicitud de patente que realiza ante ustedes CIENFUEGOS ECO RANCHO LIMITADA’’ (imagen del folio 429 del tomo de pruebas I). Primero, la misiva es cristalina sobre el trámite que se iba a ejecutar; y en segundo orden, el contrato de arrendamiento fue acordado con la mercantil Blinky de Orotina Sociedad Anónima, lo cual deja en evidencia, se estaba gestando en la parcela una actividad diversa a la de vivienda, al autorizar a otra persona jurídica. Por el conocimiento que tenía la codemandada Salas Castro como funcionaria de la Corporación Municipal, se estima que tenían el suficiente conocimiento para saber, que para habitación no se requiere una patente, sino para otro tipo de actividades como se estaba realizando en la parcela.” (Lo subrayado es del original).

XXI. Al respecto, como ya fue expuesto, en el hecho probado antecedido con el número 15, la juzgadora A quo, lo cual fue prohijado por el Tribunal, acreditó que el 4 de diciembre de 1998 don Juan Diego, doña Kattia María y BLINKY, representada por doña Julia Ibarra, firmaron un documento privado de contrato de arrendamiento de una sección de la finca en litigio. De la misma manera, en los hechos no probados 1 y 2, se consignó que don Juan Diego no solicitó autorización al entonces IDA para arrendar la parcela y, por consiguiente, que dicho Instituto no autorizó ese arrendamiento. Al amparo de lo anterior, esta Cámara estima acertado el aserto del Tribunal, en el sentido de que, participar en dicho contrato de arrendamiento con la empresa BLINKY -lo cual es aceptado por el propio casacionista-, sin contar con la debida autorización del entones IDA, lo colocó, inexorablemente, en una situación de riesgo e incumplimiento de sus deberes contractuales, de conformidad con lo previsto en los cánones 65, 66, 67 y 68 de la Ley de Tierras y Colonización. En otro orden de ideas, en el hecho probado no. 23, la jueza de primera instancia, lo cual avaló el Tribunal, aspecto que tampoco fue cuestionado, acreditó: “Mediante oficio de fecha 14 de julio de 1999, dirigido a la Municipalidad de Orotina, los señores Juan Diego Vargas Soto y Katia [sic] María Salas Castro comunican que en su condición de arrendantes y propietarios de la finca inscrita al partido Alajuela matrícula número 293864 manifiestan su acuerdo en la solicitud de patente que realiza Cienfuegos Eco Rancho Limitada (documento a folio 429 del Tomo I de pruebas).” Como bien lo indican las personas jugadoras, se insiste, el contrato de arrendamiento, según ya se indicó, fue acordado con la empresa BLINKY. Lo expuesto en el hecho probado antes transcrito pone en descubierto que, en la parcela en litis, se estaba produciendo una actividad diversa a la que debía desarrollarse en virtud de la concesión otorgada por el IDA, al autorizarse la explotación a través de una persona jurídica. Asimismo, agregó el Tribunal que, en virtud de que la co actora Salas Castro es funcionaria del Ayuntamiento, tenia pleno conocimiento de que, para habitación, no se requiere una patente, sino para otro tipo de actividades como se estaba realizando en la parcela. Estos argumentos no fueron cuestionados por el recurrente en su recurso ante esta Sala. Se limitó a indicar: “Por su parte en la sentencia de Segunda Instancia, a pesar de determinar que he sido despojado ilegítimamente del inmueble, s eme [sic] sanciona, al no cumplir con la prevención que llevó a cabo el INDER. Lo más grave es que confunden las tratativas preliminares que nunca desembocaron en la realización de contrato alguno (nunca existió contrato de traspaso), sancionado como hubiera habido contrato [sic]. No se justifica que se diga que me puse en esa situación, cuando nunca hubo contrato de traspaso, fueron los actos del señor Borges, unilaterales e ilícitos los que me despojaron del bien, lo que no me permitió cumplir con las prevenciones que se me hicieron.” Además de no combatirse lo señalado por el Ad quem, resulta confuso lo antes expuesto. En primer lugar, las personas juzgadoras, en el considerando transcrito, no determinaron el despojo ilegítimo alegado. Solo refieren su dicho, sin avalarlo. Afirma el recurrente que no existió contrato de traspaso; empero, más delante, en el mismo reparo, acepta que sí hubo un contrato de arrendamiento de vivienda. Por otro lado, el Ad quem fue claro y preciso al afirmar “Además, no se comparte el alegato que se les está endilgando responsabilidad por las acciones de los codemandados Pedro Borges, Julia Ibarra y empresas, sin embargo, nuevamente es una tesis carente de sustento.” Distinto a lo señalado tanto en el recurso vertical, como ahora, ante esta Cámara, la responsabilidad que se le achaca es por hechos propios, como haber arrendado el bien sin la correspondiente autorización y gestionar ante el Gobierno Local de Orotina, en su condición de arrendantes y propietarios de la parcela en litigio, el otorgamiento de una patente a la empresa CIENFUEGOS, todo lo cual evidencia que el destino del bien asignado por el IDA fue modificado. Por las razones dichas, se impone el rechazo del agravio de mérito.

XXII. En el sexto y último agravio en contra de la sentencia impugnada, folio 49, alega el recurrente error de hecho en la valoración de la prueba, al haberse rechazado la acción reivindicatoria por no contarse con legitimación en la causa activa. Reproduce, en lo de su interés, lo expuesto en el considerando XIII de la sentencia del Juzgado; así como el apartado XII del fallo del Ad quem. El razonamiento ahí expuesto, considera, se fundamentó en la revocatoria de la parcela. Empero, afirma, no es procedente por lo siguiente: 1) las limitaciones no estaban vigentes. Reitera, según acuerdo de la Junta Directiva no. XVI de la sesión no. 2450 del 3 de marzo de 1981, se le otorgó al señor Dagoberto Rojas Fallas la adjudicación de la parcela no. 48. El 11 de junio de 1983, en el artículo XII de la sesión no. 122 de ese órgano colegiado, se autorizó su división en las parcelas números 48-1(A) y 48-2(B), adjudicándole la no. 48-1(A) a Ubaldo Rojas Fallas. El 11 de junio de 1984, prosigue, la Junta Directiva, en el artículo IX de la sesión no. 399, autorizó el traspaso de la parcela 48-1 a Juan Diego Vargas Soto, siendo escriturada el 25 de mayo de 1995 a nombre suyo y de Kattia Salas Castro en partes iguales. Se inscribió en el Registro Público de la Propiedad, originando la finca matrícula no. 293-001-002. La morosidad administrativa, insiste, es clara. La parcela se adjudicó en el año 1981 y fue escriturada hasta el año 1995, aun cuando el traspaso de la parcela no. 48-1(A) fue en el año 1984. Dicho inmueble, señala, registralmente, se encuentra sujeto a las limitaciones impuestas en la Ley de Tierras y Colonización, mas no legalmente. Han pasado 26 años desde la adjudicación. Esto, indica, evidencia la morosidad administrativa y negligencia del IDA; 2) las limitaciones vencían a los 15 años y han pasado 26, por lo que cualquier acción del IDA, después de los 15 años de limitaciones, la podían ejercer 10 años después. A la fecha en que el IDA demandó, expone, habían transcurrido más de 11 años desde el vencimiento de las limitaciones, por ello, todo derecho del IDA había prescrito. Además, agrega, la amonestación no podía producir el efecto interruptor, como lo dice la sentencia, pues no se puede interrumpir un plazo de prescripción ya cumplido, ya que había precluido el derecho del IDA; 3) la amonestación del Instituto es de imposible cumplimiento. A pesar de que se le pidió al señor Pedro Borges, su esposa y sus sociedades que salieran de la propiedad, no lo hicieron. De ahí, explica, la necesidad de plantear el desahucio primero y, finalmente, esta lite. Existe despojo, por lo que no puede ser castigado por eso. En consecuencia, señala, si no procede la revocatoria de la parcela, por las razones antes mencionadas, es claro que sí se configura la legitimación activa como presupuesto de la acción reivindicatoria. Efectúa otra reproducción de lo considerado por la juzgadora A quo en el apartado XIII de su sentencia. En la sentencia apelada se indica que no hay causa de justificación para el abandono de la parcela; sin embargo, manifiesta, eso no es cierto. La misma resolución reconoce la causa justa por la que no se mantuvo en la parcela. Reproducen, en lo de su interés, lo expuesto en el considerando IX de la sentencia del Juzgado. El arriendo lo llevó a cabo porque se creyó haber cumplido los requisitos de ley, al conocer los pronunciamientos de la PGR y, con base en esos criterios, el INDER comenzó a levantar limitaciones a todas las parcelas. En todo caso, relata, fueron dos hectáreas, el resto del inmueble sí era producida por él hasta que fue despojado. El cambio de destino, indica, se dio por culpa de Borges, cuando lo despojó. Solo se alquiló la casa. Nunca tuvo responsabilidad por el cambio de destino ni de la salida de la finca, porque, insiste, fue despojado de la posesión del inmueble. Si no fuera así, arguye, no habría planteado este proceso. El desahucio fue por las dos hectáreas, pero el ordinario por toda la finca. No acepta lo aducido en la sentencia, en el sentido de que no existe justificación de que no poseyera, pues, fue expulsado de la finca y, por eso, recalca, interpuso esta lite. Ese hecho no es controvertido, ya que no fue negado por los demandados. En consecuencia, estima, existe legitimación pasiva como presupuesto de la acción reivindicatoria. También, concluye, identidad de la cosa, como tercer presupuesto de la acción reivindicatoria, porque el inmueble poseído ilegítimamente por el señor Borges, su esposa y sus empresas, es el mismo del cual fue despojado y reclama.

XXIII. Sobre el particular, el Ad quem, en el considerando XII de la sentencia impugnada, señaló: “XII. Corolario de lo anterior, perecerá por infundado el rechazo de la acción reivindicatoria, dado que procederá confirmar lo concerniente a la revocatoria del contrato de adjudicación de tierras y consecuente nulidad de título, carecen de legitimación activa para hacer el reclamo. Al faltar tan solo uno de los requisitos de procedibilidad de la acción, lo pedido ha de perecer. El numeral 320 del Código Civil establece, es el dueño el legitimado para realizar el reclamo, sin embargo, al perder la condición de beneficiarios del contrato de adjudicación de la parcela en conflicto, carecen de esa cualidad para sustentar el reclamo. Al mismo tiempo, reitera como yerro a la sentencia, las limitaciones se habían vencido, pero como sobradamente se ha explicado, era inaplicable la figura de la mora administrativa. Igualmente, perecerá por infundado el agravio, en cuanto les era imposible cumplir con la prevención de la amonestación por el despojo, no obstante, se comparte lo razonado por la a quo, que esa parte se colocó en una situación de desventaja al infringir las obligaciones adquiridas al momento de adjudicarles la parcela. Debe reiterarse, el derecho de propiedad no se había consolidado al momento de realizar el convenio de arriendo, aunque fuera parcial, razón suficiente para descartar el agravio.” (Lo subrayado es del original).

 

 

XXIV. El casacionista insiste en una serie de alegatos que ya fueron objeto de análisis en esta sentencia. El Tribunal es elocuente al indicar que, en virtud de confirmar la revocatoria del contrato de adjudicación de tierras suscrito por el actor, Juan Diego Vargas Soto y su esposa con el IDA -hoy INDER-, y la consecuente nulidad del título, es que carece de legitimación activa para intentar una acción reivindicatoria. Al no existir uno de los presupuestos para su procedencia, como lo es, ser propietario del inmueble en litigio, la pretensión no puede prosperar -canon 320 del Código Civil-. Al perder la condición de beneficiarios del contrato de adjudicación de la parcela objeto de este proceso, indicaron las personas juzgadoras, no ostentan ese presupuesto legitimante. Esta Sala, al amparo de lo expuesto en los considerandos anteriores, comparte lo resuelto. Ha sido acreditado el incumplimiento del casacionista de las limitaciones o restricciones que pesaban en la parcela adjudicada, al suscribir el referido contrato de arrendamiento con la empresa BLINKY sin contarse con la anuencia del Instituto. Esta situación impone revocar la concesión otorgada. Por añadidura, implica que no ostente la condición de propietario, necesaria para incoar la acción reivindicatoria. De igual manera, se comparte lo señalado en la sentencia impugnada, tocante a que ya se han brindado las razones por las cuales se estima que el argumento de la mora administrativa, por el vencimiento de las limitaciones, resulta improcedente. También se participa del criterio de las personas juzgadoras, lo cual no fue cuestionado en debida forma, de que la parte actora se colocó en una situación de desventaja al quebrantar las restricciones y obligaciones adquiridas cuando le fue adjudicada la parcela, pues el derecho de propiedad no se había consolidado cuando se realizó el contrato de arrendamiento, aunque fuera parcial. En consecuencia, carece el actor de legitimación activa para pretender la reivindicación del inmueble en litigio. Ergo, se impone el rechazo del presente agravio.

XXV. En mérito de las razones expuestas, por mayoría, se desestimará el recurso interpuesto ante casación agraria y confirmará la sentencia del Tribunal.

POR TANTO

Por mayoría, se declara sin lugar el recurso ante casación agraria. Se confirma la sentencia objetada.

 

 

Luis Guillermo Rivas Loáiciga

 

 

Román Solís Zelaya                                                                 Rocío Rojas Morales

 

 

William Molinari Vílchez                                                    José Rodolfo León Díaz

 

 

MJIMENEZ

 

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO LEÓN DÍAZ

              El Derecho de Propiedad (o si se quiere los Derechos de Propiedad, como ha sostenido la doctrina a partir de las enseñanzas del maestro Pugliatti), es uno de los institutos jurídicos más polémicos e intrincados, esencialmente cambiante de acuerdo con cada entorno jurídico y social y la evolución histórica de un país. Resulta inevitable, entonces, encontrar divergencias de interpretación de las normas jurídicas que lo regulan, sobre todo cuando se trata de una propiedad especial, como es la proveniente de  adjudicación estatal para la explotación agraria de fundos. En este contexto, y con el debido respeto, difiero de lo indicado en voto de mayoría en cuanto a algunos puntos fundamentales que llevaron a rechazar el recurso de casación interpuesto. En primer lugar, estimo, son diferentes en cuanto a su naturaleza y efectos los contratos de  arrendamiento, concesión de utilización de tierras y el de adjudicación de ellas. En los primeros dos, se otorga un uso temporal del bien, sin que estos salgan del patrimonio y titularidad del ente público respectivo. En el último, la adjudicación conlleva la trasmisión de un derecho de propiedad especial, inscribible en el Registro Público,  regido por un régimen singular -y de ahí que se trate de una propiedad especial- que limita temporalmente algunos aspectos en cuanto a la utilización, transformación, disposición o enajenación del bien, ya sea  inter vivos o mortis causa. Ello se desprende claramente de la normativa relativa a la parcelación de tierras, contemplada fundamentalmente del artículo 49 al 81 de la Ley de Tieras y Colonización No. 2825.  En particular, el artículo 49 establece como finalidad de la  parcelación  lograr una mejor distribución de la tierra, no su pertenencia indefinida en manos del ente público respectivo;  el 54 indica que las tierras  adquiridas por el INDER, serán divididas para procurar la emancipación económica del agricultor, no su vinculación  ilimitada  o excesiva al ente, fuera delos parámetros de proporcionalidad y razonabilidad; el 58 señala la  posibilidad  de otorgar las parcelas a título oneroso, permitiendo incluso que el precio de la venta podría ser menor a su costo, con lo cual se alude indiscutiblemente a un traspaso del bien; el 59  regula la amortización de pagos, lo cual solo es procedente en caso de venta; por su parte, el numeral 62 establece los requisitos de la solicitud para la adquisición de la tierra por parte de los solicitantes, no indica que sea para arrendamiento o con limitaciones que excedan el plazo legal; el 65 comienza a referirse a la venta de las parcelas y la forma en la cual el Instituto procederá  a otorgar título de propiedad, garantizado con hipoteca, lo cual conllevaría en caso de incumplimiento su ejecución mediante la venta del bien; en cuanto a los incumplimientos de las obligaciones del parcelero, establece el 66 la posibilidad de revertir la adjudicación, con la pérdida del derecho sobre el bien, en cuyo caso la parcela volvería a dominio del Insitututo, con lo cual resulta evidente que antes de eso dicho inmueble no  estaba en su patrimonio, sino en el del adjudicatario. La disposición más relevante, la encontramos en el artículo 67, que literalmente indica: “El beneficiario no podrá traspasar el dominio de su predio ni gravarlo, arrendarlo o subdividirlo sin autorización del Instituto, excepto que hayan transcurrido quince años desde la adquisición de la parcela y de que todas las obligaciones con dicho organismo estuvieren canceladas. Tampoco podrá, sin esa autorización y durante el mismo término, gravar las cosechas, semillas, animales, enseres, útiles o equipos necesarios para la explotación de la parcela, a menos que todas sus obligaciones con el Instituto estuvieren canceladas. Para autorizar el gravamen del inmueble se requieren cuatro votos conformes de la Junta Directiva. Será absolutamente nulo cualquier contrato que se celebre sin que se cumplan las disposiciones anteriores. Transcurridos los quince años y adquirido el derecho de propiedad, cualquier enajenación de parcela que, a juicio del Instituto, pueda producir la concentración o subdivisión excesiva de la propiedad, dará derecho a éste para adquirir la o las parcelas que se ofrezcan en venta por el precio que fijen los peritos nombrados por las partes, o por un tercero, en caso de discordia. Este tercer perito será nombrado por los otros dos expertos. El Registro Público tomará nota de las limitaciones a que se refiere este artículo.”. Esta norma, opino,  establece tan solo una limitación en cuanto a las facultades de disposición del bien, lo cual no es novedoso en el ordenamiento jurídico, pues desde la legislación francesa civil de 1800 se establecida esta posibilidad, recogida en el numeral 242 del Código Civil nuestro.  Limitar uno de los atributos del dominio, por un plazo razonable de 15 años, no significa que el bien continúe en dominio público. Es más, la norma establece claramente que se trataría de un traspaso. En este sentido, la norma  establece incluso una posibilidad  de readquirir el bien cuando transcurridos los 15 años existieran traspasos que pudieran considerarse dirigidos a una concentración o subdivisión excesiva de la propiedad, pero pagando el precio establecido pericialmente.   De esta disposición también se desprende la facultad de  gravar el bien para obtener  recursos, con una mayoría calificada, lo cual denota que podrían existir hipotecas que eventualmente pudieran conducir al remate de la parcela, lo que es admisible solo si estamos frente a un derecho de propiedad. Por ende, esta propiedad se puede  trasmitir con autorización del INDER o bien por remate cuando dicho ente previamente permitió que se gravara y esto resulte necesario por el no pago de los créditos adquiridos. En igual sentido, el artículo 68, inciso 1), también establece que la propiedad  solo puede ser traspasada o gravada con previa autorización del INDER, antes de que se cumplan con las obligaciones respectivas. En este sentido, si se hubieran cumplido las obligaciones establecidas, no hay limitación alguna al derecho de propiedad, ni el INDER puede  alargar las que antes existieron. Su inciso 2) evidencia, por su parte, que luego de cumplir con las obligaciones no es necesaria autorización alguna, pero eventualmente el INDER podría adquirir de nuevo la parcela ante la posibilidad de concentración o subdivisión de ésta. Esta figura, en mi concepto, evidenciaría una  suerte de expropiación que solo podría encontrar legitimación  si se ajusta fundamentalmente a los parámetros establecidos por el artículo 45 de la Constitución Política. En ningún momento, cabe insistir,  se le autoriza al ente público a  reiniciar el plazo de limitaciones una vez que se autorice un traspaso, pues, precisamente, en la esencia de toda trasmisión de un derecho está el mantener la situación jurídica trasmitida incólume.  Continuar imponiendo limitaciones  más allá de los 15  años iniciales, significa dejar los bienes  en una situación de incertidumbre más allá de la proporcionalidad y razonabilidad.  Además, conforme al principio de legalidad, los entes públicos solo pueden hacer lo que expresamente  les está permitido por la Ley, y en ningún momento el legislador estableció que cada vez que se autorizara un traspaso  comenzaban a contar de nuevo  esos 15 años.  No sucede así en traspasos, ya sean inter vivos o mortis causa.  El régimen  del numeral 69 de esa Ley  establece el traspaso de la propiedad en caso de muerte del beneficiario, pero reconociendo que hay un derecho de propiedad. Si hay herederos que no pueden adquirir por sus condiciones personales, el Instituto puede  adjudicarse  judicialmente la parcela, recobrando entonces su titularidad previo pago de su valor pericial.  Todo lo indicado, considero, denota la condición de una propiedad  especial, pero que no puede tener más limitaciones que aquellas previstas expresamente por el ordenamiento, sin que puedan ser interpretadas de manera extensiva por tratarse de la restricción de un derecho fundamental de contenido económico, como lo es el de propiedad, reconocido y tutelado por el numeral 45 de la Constitución Política. Por estas razones, estimo  procedente el agravio  segundo del recurso de casación planteado, reseñado en el considerando IX del voto de mayoría, el cual se omitie transcribir por innecesario,  pues estimo que ya había transcurrido con creces el plazo de limitaciones establecido  respecto del lote NO. 48-1(A), desde el momento de su adjudicación originaria, sin importar al efecto las autorizaciones posteriores para segregar el bien o traspasarlo, pues ninguna norma jurídica de rango legal - única que pudiera justificar limitaciones a un derecho de propiedad -, permite al Instituto estar ampliando sucesivamente el plazo de restricción a las facultades de disposición. Por ende, en minoría, estimo ha de anularse el fallo  cuya casación se pide,   revocar lo resuelto en primera instancia, y en su lugar  acoger las pretensiones principales de la demanda de Juan Diego Vargas Soto y Kattia María Salas Castro contra Julia Ibarra Seas y Pedro Adrián Borges Fiol, reservando la liquidación de daños y perjuicios para la fase de ejecución del fallo, rechazando todas las excepciones materiales interpuestas por dichos accionados.  En cuanto  a la reconvención presentada por el Inder, estimo en minoría debe rechazarse en todos sus extremos, por estar consolidado el derecho de propiedad de los reconvenidos, acogiendo la excepción de falta de derecho e interés actual, pues no tiene dicho interés el INDER en cuanto a bienes cuya propiedad plena ya se consolidó.               En cuanto a las costas, como consecuencia de este criterio minoritario, estimo deben se pagadas por las partes vencidas en la demanda y reconvención a los actores reconvenidos.

 

 

José Rodolfo León Díaz

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Clasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 05:19:29.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

First Chamber of the Court

Resolution No. 02755 - 2019

Date of Resolution: September 19, 2019, at 14:50

Case File: 02-160020-0638-AG

Drafted by: Román Solís Zelaya

Type of matter: Ordinary proceeding

Analyzed by: SALA PRIMERA



Judgment with Dissenting Vote

Related Judgments


Content of Interest:

Type of content: Majority vote

Branch of Law: Agrarian

Topic: Application of law

Subtopics:

Transitional provision.

In agrarian matters, paragraph one of article 61 of the Ley de Jurisdicción Agraria states: “Against final judgments issued by the Tribunal Superior Agrario, in ordinary proceedings, an appeal shall lie before the Sala de Casación, which must be filed within five days following notification of the judgment, and shall be governed, in all applicable matters, by the provisions of Chapter V, Title VII of the Código de Trabajo.” This ordinary agrarian proceeding began in 2002, and the cassation appeal was filed in April 2017. Pursuant to Transitory Provision 1, points 2 and 3 of Ley 9343, the applicable labor procedural law is that in force before July 25, 2017 (ruling 2755-F-2019).

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Citations of Legislation and Doctrine
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Type of content: Majority vote

Branch of Law: Agrarian

Topic: Cassation appeal

Subtopics:

Admissibility.

Regarding the appropriateness of alleging procedural defects before this Chamber in agrarian matters, the grounds for cassation under article 594 of the Código Procesal Civil may occur in the three phases of the proceeding: 1) In the establishment of the procedural legal relationship (such as failure to serve process or defective service). 2) Those related to the abnormal development of that relationship (rejection of admissible evidence or failure to give notice for a probationary diligence). 3) Those occurring at the moment of deciding the litigation, that is, when issuing the judgment (incongruence). See ruling 931-2006, 1513-2012, 324-2014, and 29-2015. The matter complained of—failure to rule on one of the grievances alleged on appeal—falls within the third point, and therefore the objection is admitted (ruling 2755-F-2019).

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Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments
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Type of content: Majority vote

Branch of Law: Agrarian

Topic: Incongruence

Subtopics:

Concept and scope.

Contrary to what the appellant argues, the Tribunal did rule on the grievance regarding the rejection of a motion to admit extemporaneous documents, and therefore the alleged error is not present (ruling 2755-F-2019).

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Type of content: Majority vote

Branch of Law: Agrarian

Topic: Cassation appeal

Subtopics:

Formal requirements of the appeal.

An error of fact in the assessment of evidence is alleged. However, according to the grounds for the objection, it corresponds to an indirect violation of law due to an error of law (ruling 2755-F-2019).

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Type of content: Majority vote

Branch of Law: Agrarian

Topic: Land allocation contract

Subtopics:

Concept and scope.

The effects of a land allocation or adjudication contract come into legal existence—as does the commencement of the 15-year period for the limitations imposed by the Ley de Tierras y Colonización—upon the agreement of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario (now Instituto de Desarrollo Rural) and not upon the issuance of the corresponding public deed granting the plot to the beneficiary, as it is a duly reasoned administrative act for distributing the Institute's assets. In this contract, the adjudicatee must prove their suitability or technical capacity to develop the agricultural enterprise during that trial period, with the IDA undertaking to transfer it for an eventual price or free of charge. Said institution does not grant a property right, as it is a contract of duration and strictly personal (intuito personae). The public interest underlying it is reflected in the limitations, whose purpose is to fulfill the social function of property (article 50 of the Constitución Política). During this period, the property cannot be alienated without prior express authorization from the Institute, because by legal provision, the assigning entity may initiate an administrative proceeding revoking the adjudication and adjudicate it to another beneficiary, and must always exercise direct control over the activity carried out by the adjudicatee. In other words, even if the beneficiary holds title to the property and it is so recorded in the Registro Nacional, the power of disposition, use, and enjoyment is not full or absolute but is subject to those legal limitations. Ergo, the adjudicatee does not benefit from the possession exercised by previous plot holders. It is as of that act that the 15-year period of validity of the restrictions begins to run (articles 65, 66, 67, and 68 of the Ley de Tierras y Colonización and article 140 of the Ley General de la Administración Pública). See resolution 229-1990, 275-2011, 1018-2012, 1506-2014, and 967-2017. This Chamber agrees with the Tribunal that the adjudicatees, by leasing a section of the property to a company without having the proper authorization from the IDA, placed themselves in a situation of risk and non-compliance with their contractual duties. The foregoing demonstrates that the intended use of the property assigned by the IDA was modified (ruling 2755-F-2019).

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Type of content: Majority vote

Branch of Law: Agrarian

Topic: Administrative silence

Subtopics:

Positive silence.

For positive silence to apply, the applicant must comply with all legal requirements for granting the permit, license, or authorization (article 331.1 of the Ley General de la Administración Pública). In the present proceeding, they were not met. The plaintiff requested authorization to lease the property when the limitations of the land adjudication contract were still in force. Therefore, the concept of positive silence does not apply (ruling 2755-F-2019).

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Type of content: Majority vote

Branch of Law: Agrarian

Topic: Cassation appeal

Subtopics:

Formal requirements of the appeal.

Although special formalities are not required in the agrarian cassation appeal, this does not mean it is entirely informal, as objections to the judgment must be structured in a technical manner. Thus, the objections to the factual and legal grounds of the appealed judgment must be set forth with clarity and precision; the appellant is exempt from indicating the specific provisions of the legal system violated or the type of infraction committed. The appellant does not properly challenge the Tribunal's reasoning. See resolutions 892-2005, 596-2006, 300-2008, 505-2011, 809-2012, 1513-2012, 1196-2013, 29-2015, 556-2017, and 1454-2017. Furthermore, several objections do not challenge the Tribunal's grounds (ruling 2755-F-2019).

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Type of content: Majority vote

Branch of Law: Agrarian

Topic: Statute of limitations

Subtopics:

Land allocation.

The computation of the limitation period for the restrictions on the property in dispute began with the administrative act of adjudication by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario to the co-plaintiffs; that is, on June 17, 1986, and therefore its expiration occurred on June 17, 2001 (15 years), not on the date indicated by the appellant. The judges correctly pointed out that, at the time the Instituto de Desarrollo Rural was notified of the lawsuit filed by the plaintiffs, on May 22, 2006, only 4 years and 10 months had elapsed. Ergo, applying articles 868 and 876.2 of the Código Civil, the counterclaim filed by the INDER was made within the period provided for in the first article (ruling 2755-F-2019).

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Type of content: Majority vote

Branch of Law: Agrarian

Topic: Replevin action

Subtopics:

Concept and scope.

The Tribunal is clear in stating that, by virtue of confirming the revocation of the land adjudication contract signed by the plaintiff and his wife with the Instituto de Desarrollo Agrario (now Instituto de Desarrollo Rural) and the consequent nullity of the title, the plaintiff lacks standing to bring a replevin action. As one of the prerequisites for its applicability—being the owner of the property in dispute—does not exist, the claim cannot succeed (article 320 of the Código Civil). The judges stated that having lost the status of beneficiaries of the adjudication contract for the plot at issue in this proceeding, they do not possess that legitimizing prerequisite. This Chamber shares the decision reached (ruling 2755-F-2019).

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Text of the resolution

*021600200638AG*

EXP. 02-160020-0638-AG

RES. 002755-F-S1-2019

              FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fourteen hours fifty minutes on September nineteenth, two thousand nineteen.

Ordinary proceeding established by JUAN DIEGO VARGAS SOTO, identity card no. 203260381 and KATTIA MARÍA SALAS CASTRO, identity card no. 203910768; against JULIA IBARRA SEAS, identity card no. 106800592; PEDRO ADRIÁN BORGES FIOL, identity card no. 800780225, both in their personal capacity and as unrestricted general attorneys-in-fact of BLINKY DE OROTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number 3-101-137158; CIENFUEGOS ECO RANCHO LIMITADA, legal identification number 3-102-237715; INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, represented by its unrestricted general attorney-in-fact Annie Alicia Saborío Mora, identity card no. 202960102. The plaintiff files a cassation appeal against resolution no. 000322-F-2017 of 13 hours 28 minutes on April 17, 2017, issued by the Agrarian Tribunal of the Second Judicial Circuit of San José.

Drafted by Judge Solís Zelaya

WHEREAS

I. According to the facts proven in both instances, which are not disputed, Mr. Juan Diego Vargas Soto is the registered owner of right 001, and Mrs. Kattia Salas Castro is the registered owner of right 002 of the property registered in the Alajuela registry, folio number 293864, called plot 48-1 of the Salinas I Project; located in district five, Ceiba; canton nine, Orotina. It has an area of 123,513.90 square meters. As of September 27, 2007—the date of the judicial inspection—it had the following constructions: a) in the northern sector, a house, next to which there is a carport; another house behind and sheds; b) a cement construction appearing to be a pool and an adjacent cement slab; c) a stable; d) a corral made of "perling" with a zinc-tile roof; e) an enclosure of "perling" with partial roofing measuring 7.60 x 14.90 meters; f) internal prefabricated cement fences; g) a large construction located in the northern part with a kind of terrace; h) an internal gravel road; i) in the sector south of the ravine, another house with a dirt floor, telephone cable, electricity, and water; j) a sports court; k) an open-sided ranch-style structure, apparently for parties, with a stone floor, zinc-tile roof, and a construction area of 25 m x 12 m; it has electricity and water; and l) a helipad. Likewise, there are crops and trees of: a) grafted orange, b) palm trees, c) teak trees, d) plantain, e) tempate, and f) large pochote trees. In the southern part of the property, there is pastureland and livestock. The property is subject to limitations under Ley no. 2825, Ley de Tierras y Colonización, which, according to the Registro Público, began on May 25, 1995, and ended on May 25, 2010. On February 13, 1986, Messrs. Ubaldo Rojas Fallas and Juan Diego Vargas Soto signed a private document, which they called "purchase and sale agreement for improvements to a plot." In this document, they stipulated that Mr. Rojas Fallas had been the beneficiary of plot number 48-A of the Salinas project, which he was selling to Mr. Vargas Soto, including improvements and eight years of possession, and reserving one hectare. The Board of Directors of the then Instituto de Desarrollo Agrario -IDA-, in session number 399 held on June 17, 1986, agreement no. nine, approved said transfer. By public deed executed on May 25, 1995, the unrestricted general attorney-in-fact of the IDA segregated a lot, identified with number 48-1 from the property registered in the Alajuela registry, real folio 80070-000, and sold it to Juan Diego Vargas Soto and Kattia María Salas Castro. In said public instrument, it was stipulated that the buyers accepted the sale, understanding that it was made with limitations, including that they could not transfer ownership of the property, encumber it, lease it, or subdivide it without prior authorization from the selling Institute, unless 15 years had elapsed from that date. Excepted from this prohibition were transactions entered into with the nationalized banks, the Consejo Nacional de Producción -CNP-, or any other state credit institutions. It was also recorded that any alienation of the plot or plots that, in the judgment of the IDA, could lead to excessive concentration or subdivision of property would give it the right to acquire the property offered for sale. Similarly, it was agreed that failure by the buyers, or by any persons to whom the plot was transferred, to comply with any of the obligations set forth in the Ley de Tierras y Colonización would give the IDA the right to administratively revoke the adjudication and request the Registro Público to re-register the sold property in favor of that entity, paying the person appearing as owner in the Registry at the time of the revocation the original purchase price, as well as the value of improvements made to the property, in accordance with an appraisal conducted by an expert from the selling institution. The referred plot, no. 48-1(A), was registered in the Alajuela registry, folio number 293.864-001-002. The Board of Directors of the IDA, by agreement taken in session number 30-95, held on June 6, 1995, authorized Mr. Juan Diego and Mrs. Kattia María to mortgage said plot in the first degree in favor of a Bank of the National Banking System, for an amount of ₡15,000,000.00. The foregoing was for planting tomatoes, melons, watermelons, and acquiring drip irrigation equipment. By public deed executed on November 9, 1995, Mr. Vargas Soto and Mrs. Salas Castro, stipulating that it was authorized by the Board of Directors of the IDA, constituted, in their favor, a first-degree mortgage certificate for ₡20,000,000.00, secured by the property registered in the Alajuela registry, folio number 293.864-001-002. In said document, it was recorded that the property given as security was subject to IDA limitations expiring on May 25, 2010. On September 11, 1998, the mortgage certificate was endorsed in favor of Banco de Costa Rica -BCR-. Through a written brief submitted to the Coyolar Regional Directorate of the IDA, Mr. Vargas Soto, as president of the Asociación de Productores Trinidad y La Uvita, requested the release of the limitations on the deeds granted in the Salinas 1 Settlement. On the property under folio number 293.864, until approximately the year 2000, Mr. Juan Diego and Mrs. Kattia María grew crops of papaya, melon, orange, avocado, pipián, watermelon, mango, chili pepper, cucumber, and tomato; they installed a drip irrigation system and built a house. On December 4, 1998, Mrs. Salas Castro, Mr. Vargas Soto, and the company Blinky de Orotina Sociedad Anónima -hereinafter, BLINKY-, represented by Mrs. Julia Ibarra Seas, signed a private lease agreement for a section of the indicated property, folio number 293.864-001-002. The appearing parties recorded that the section leased to BLINKY corresponded to the sector where the dwelling house was located and comprised an approximate area of 2 hectares. Likewise, they established that the lease term was for three years—from December 1, 1998, until November 30, 2001—, renewable for an equal period if agreed by the parties three months before the end of the term. They also agreed that the price was ₡500,000.00 per year, payable in a single installment for the first year, with an annual statutory increase of 15% over the previous balance, which would be paid on the first of December of each year starting in 1999 in cash at the lessor's domicile. They also stipulated that the lessee would use the property for dwelling and recreation, and could introduce improvements without changing the style of the house or altering the property's intended use to any use other than that agreed upon. The improvements could not be removed once the contract ended. Upon its termination, for any cause, the lessee would return the property in the condition received, in addition to the improvements made. They also recorded that the lessors, or persons duly authorized for that purpose, would have the right to inspect the property at least once a month to verify it was being used correctly, in accordance with the contract and good customs. The lessee could not sublease, assign the contract in whole or in part, nor negotiate any right derived from it. By public deed executed on February 5, 1999, Messrs. Pedro Adrián Borges Fiol and Heliodoro Enrique Galván Castro incorporated the company Cienfuegos Eco Rancho Limitada -hereinafter, CIENFUEGOS-, to which legal identification number 3-102-237715 was granted. On July 14 of that year, Mr. Borges Fiol, in his capacity as manager of CIENFUEGOS, requested a license for a tourism project from the Municipalidad de Orotina. Said Municipality granted it. The project includes a restaurant, trails, accommodation modules, and multipurpose courts. By official letter dated July 14, 1999, addressed to that Local Government, Mr. Juan Diego and Mrs. Kattia María, in their capacity as lessors and owners of property folio number 293.864, expressed their consent to the patent application filed by CIENFUERGOS. By official letter dated July 16, 1999, Mr. Pedro Adrián, in his aforementioned capacity, requested the Instituto Costarricense de Turismo -ICT- to approve the respective tourism contract. As stated in that letter, it involves an agro-ecological development option, offering a wide variety of areas and recreational sites, such as: a restaurant, equestrian center, sports complex, gymnasium, bullring, ecological trails, and a hotel (based on a sustainable model of vacation accommodation module development). By public deed executed on May 31, 1999, Mr. Juan Diego and Mrs. Kattia María incorporated the company called Juvakasa Oro Sociedad Anónima -hereinafter, JUVAKASA-, with legal identification number 3-101-244145. At 10:00 a.m. on July 27, 1999, at an Extraordinary General Meeting of CIENFUEGOS, it was agreed to authorize shareholder Pedro Adrián Borges Fiol to sell to JUVAKASA 10 common quotas or nominative shares called "Comunes Serie A" owned by him, identified with numbers 01 through 10, for a value of ₡2,000,000.00 each, for a total of ₡20,000,000.00. It was recorded that the purchasing company would pay the price with a first-degree mortgage certificate in the amount of ₡20,000,000.00, constituted in favor of the legal representatives of the purchasing company and duly endorsed to their principal, who, in turn, endorsed it to the selling company. It was stated that said certificate was past due and was secured by the property registered in the Registro Público, Alajuela registry, folio number 293.864. Furthermore, that said property is subject to IDA limitations -Ley no. 2825-, reservations under the Ley de Aguas, and the Ley de Caminos. Likewise, the mortgage certificate secured obligations to the BCR for an amount of approximately ₡4,800,000.00, with the purchasing company undertaking, along with its representatives, to release it, which was accepted by the seller. Mr. Vargas Soto and Mrs. Salas Castro were present at said Meeting. Without specifying the date, the Municipalidad de Orotina granted a patent for the CIENFUEGOS Tourism Project. On July 12, 1999, the Ministerio de Salud granted a sanitary operating permit, for a one-year period, for the establishment called CIENFUEGOS ECO RANCHO, located in La Ceiba de Orotina. On July 21, 1999, the company CIENFUEGOS obtained a workers' compensation insurance policy for hotel and cabin work in Orotina. During the months of January, February, March, April, June, July, and August, all of the year 2001, electricity services were paid in the name of CIENFUEGOS. Likewise, this company paid for services provided by the Salinas I Aqueduct during the months of May, June, September, and August, all of the indicated year 2001. By official letter dated June 21, 2001, Mr. Borges Fiol offered Mr. Juan Diego and Mrs. Kattia María, representatives of JUVAKASA, the sale of 89 participatory quotas of CIENFUEGOS, as well as the sole participatory quota of Mr. Eliodoro Enrique Galván Castro. On January 22, 2002, Mr. Vargas Soto and Mrs. Salas Castro filed an eviction lawsuit against BLINKY, based on the ground of term expiration; however, it was dismissed. In official letter number OSO-180-2002 of February 6, 2002, issued by the Orotina Subregional Chief of the IDA, it was certified that Mr. Juan Diego and Mrs. Kattia María neither processed, nor had been granted, authorization to lease plot 48-1 of the Salinas I settlement, folio 293.864-001-002. On February 18 of that year, Mr. Borges Fiol, as representative of CIENFUEGOS, filed a criminal complaint for fraud against Mr. Juan Diego and Mrs. Kattia María, both in their personal capacity and as representatives of JUVAKASA. This process was handled under case file no. 02-200022-553-PE. By official letter number OSO-177-2003 of February 13, 2003, the IDA issued a single warning to Juan Diego Vargas Soto and Kattia María Salas Castro for indirect exploitation of plot no. 48-1 of the Salinas 1 Settlement. They were warned that, within 10 days, the alleged violations of Ley no. 2825 must cease and they must comply with the law. They were cautioned that proceedings could be initiated against them, which could result in the loss of the adjudication and the subsequent extinction of the right over the plot. In a written brief dated March 4 of that year, Mr. Juan Diego and Mrs. Katia María opposed the warning. In a written brief submitted that same day—March 4, 2003—to the Board of Directors of the IDA, they requested the intervention of that Institute to allow them entry to plot 48-1. By public deed executed on November 10, 2005, Mr. Juan Diego and Mrs. Kattia María, in their capacity as owners of property folio number 293864, requested the cancellation of the mortgage certificates, freeing said property from that encumbrance. In a written brief submitted to the Orotina Subregional Office of the IDA on November 17, 2005, Mrs. Kattia María Salas Castro requested the definitive archiving of the warning for indirect exploitation of the aforementioned plot 48-1(A). In a written brief submitted on December 14, 2005, to the Executive Presidency of the IDA, Mr. Borges Fiol requested that proceedings be initiated to revoke the adjudication and nullify the title against Mr. Juan Diego and Mrs. Kattia María. By official letter dated October 18, 2006, signed by the chief of the BCR in Orotina, it was reported that the guarantee document for credit operations 303-824 and 846, the mortgage certificate, was delivered to Mr. Juan Diego Vargas Soto, without specifying the date.

II. On April 10, 2002, Mr. Juan Diego Vargas Soto and Mrs. Kattia María Salas Castro filed this ordinary proceeding against Julia Ibarra Seas, Pedro Adrián Borges Fiol, both in their personal capacity and as representatives of BLINKY and CIENFUEGOS, seeking that the judgment declare, as the primary claim, that they are the legitimate owners of the property registered in the Registro Público, Alajuela registry, folio number 293.864, rights 000, 001, and 002. Over this property, prior to the dispossession, they exercised all attributes of ownership, and therefore, more than mere registered owners, they are its true owners; while the defendants are illegitimate possessors. The property over which the defendants illegitimately exercise possession is the same one they claim as their own. The illegitimate possession exercised by the defendants is in bad faith. Because it is in bad faith, they should be denied the right to improvements and fruits, as well as the right to retain the property. Also, that said payment for improvements is improper due to the IDA limitations to which the property is subject, which the defendants were aware of. They request that the defendants be ordered to return the property to them; if they fail to do so voluntarily, they be placed in possession by judicial order, so that they may fully enjoy all attributes of ownership. They also seek that the defendants be jointly and severally ordered to pay the damages caused, which they quantify as follows: A. DAMAGES: 1) a warehouse, consisting of two wooden rooms measuring six meters by five meters, estimated at ₡600,000.00; 2) drip irrigation equipment for an area of 10 hectares, ₡10,000,000.00; 3) felling of 20 fully grown fruit trees, ₡1,000,000.00; 4) alteration of the internal infrastructure of the dwelling house, ₡1,000,000.00; 5) demolition of a 125-square-meter wooden apartment with a zinc roof, ₡5,000,000.00; 6) destruction of the pool, measuring five by ten meters, ₡3,000,000.00; 7) destruction of internal divisions, 50% living fences and the rest dead fences, throughout the entire property, ₡600,000.00; 8) given that the property is agrarian in nature, another damage consists of the fruits that could have been obtained from the time of dispossession until the property is effectively returned, ₡3,000,000.00. B. CONSEQUENTIAL DAMAGES: statutory interest on the amount of the damages plus the value of the property, as determined by expert evidence during the execution of the judgment, to be paid from the date of dispossession until its effective return. Finally, they seek that the defendants be jointly and severally ordered to pay the costs of the proceeding. As the first alternative claim, they seek a declaration that they are the legitimate owners of the property registered in the Registro Público, Alajuela registry, folio number 293.864, rights 000, 001, 002. Over said property, of which they are owners, prior to the dispossession, they exercised all attributes of ownership, and therefore, more than mere registered owners, they are its true owners. If a lease relationship exists, it should be resolved based on term expiration and contractual breach by the defendants. The contractual performance carried out by the defendants violates the contracts and, therefore, is in bad faith. Because there is an express waiver in the contract and, furthermore, the use of the property is in bad faith and abusive, they should be denied the right to improvements and fruits. Moreover, payment for improvements is improper due to the IDA limitations to which the property is subject, which the defendants were aware of. They request the return of the property be ordered; if they fail to do so voluntarily, they be placed in possession by judicial order, so that they may fully enjoy all attributes of ownership. They request that the defendants be jointly and severally ordered to pay the damages caused, which are those already indicated. Finally, they seek that the defendants be jointly and severally ordered to pay the costs of the proceeding. As the second alternative claim, they seek a declaration that they are the legitimate owners of the property registered in the Registro Público, Alajuela registry, folio number 293.864, rights 000, 001, 002. Over said property, of which they are owners, prior to the dispossession, they exercised all attributes of ownership, and therefore, more than mere registered owners, they are its true owners. If it is considered that a contractual relationship of any nature exists with the defendants, its absolute nullity should be declared, because IDA limitations existed at the time it was signed. The contractual performance carried out by the defendants violates the agreements and, therefore, is in bad faith. Because there is an express waiver in the contract and, furthermore, because the forms of exercising the rights under the property are in bad faith and abusive, they should be denied the right to improvements and fruits. Moreover, payment for improvements is improper due to the IDA limitations to which the property is subject, which the defendants were aware of. They request that the defendants be ordered to return the property to the plaintiffs; if they fail to do so voluntarily, they be placed in possession by judicial order, so that they may fully enjoy all attributes of ownership.

They request that the defendants be jointly and severally ordered to pay the damages caused, reiterating those already indicated. Finally, they request that the defendants be jointly and severally ordered to bear the costs of the proceeding. Subsequently, the plaintiffs joined the Instituto de Desarrollo Rural (INDER) to the litigation. In essence, they raise the same claims, except that, instead of requesting restitution of the property, they request a declaration that the then IDA approved, through positive silence (silencio positivo), the authorization to rent the house located on the parcel; as well as the lifting of the encumbrances that weighed on the parcel due to administrative delay (morosidad administrativa). Likewise, instead of claiming damages, they request a declaration that the IDA revoked the warning that was notified to them on February 13, 2003, through negative silence (silencio negativo). In the alternative, that the IDA approved, through positive silence, the authorization to rent the house located on the parcel; as well as the lifting of the encumbrances that weighed on the parcel due to administrative delay. Similarly, that it revoked the warning that was notified to them on February 13, 2003, through negative silence. As a second alternative claim, that the IDA approved, through positive silence, the authorization to rent the house located on the parcel; as well as the lifting of the encumbrances that weighed on the parcel due to administrative delay. Similarly, it revoked the warning that was notified to them on February 13, 2003, through negative silence. Co-defendants Julia Ibarra Seas, Pedro Borges Fiol, CIENFUEGOS, and BLINKY opposed the claims. They raised the defenses of lack of: right, current interest, standing to sue and standing to be sued. Likewise, they invoked the generic expression "sine actione agit" and the preliminary exception of litis pendencia, which was denied in an interlocutory decision, by order of 3:00 p.m. on September 9, 2002. For his part, the representative of INDER also opposed the claims. He alleged the exceptions of lack of: right and standing. He also adduced the generic expression "sine actione agit." Similarly, he interposed the preliminary defense of failure to exhaust administrative remedies (falta de agotamiento de la vía administrativa), which was denied in an interlocutory decision.

III. The representative of INDER counterclaimed against Mr. Juan Diego and Mrs. Kattia María. He requested a declaration that the property of the Alajuela registry section, registration number 293,864-001-002, is subject to the encumbrances of Law No. 2825, for a period of 15 years, counted from May 25, 1995, until May 25, 2010, which converts it into public domain property (bien demanial) and, therefore, outside commerce. The counterclaim defendants, allottees of parcel No. 48-1 of the Salinas 1 Settlement, do not exploit or work it. There are illegal contracts, without authorization in accordance with the law, whereby the uses and purposes for which it was granted are deemed changed. They abandoned it, by allowing it to be worked and exploited indirectly and illegally by Mr. Pedro Adrián Borges Fiol and Mrs. Julia Ibarra Seas, both personally and on behalf of their represented companies, by their order, CIENFUEGOS and BLINKY, whose possession becomes illegal, as it is without authorization from his represented entity. Mr. Vargas Soto and Mrs. Salas Castro, as well as Mr. Pedro Adrián and Mrs. Julia, both personally and on behalf of their represented companies, negotiated behind the Institute's back, since, prior to any transaction, the authorization of its Board of Directors was necessary. The contracts entered into by Mr. Juan Diego and Mrs. Kattia María with Mr. Pedro Adrián and Mrs. Julia, both personally and on behalf of their represented companies, are null and void by operation of law (nulas de pleno derecho), as indicated by canon 67 of the Ley de Tierras y Colonización of October 14, 1961. The violation of the obligations, conditions, and restrictions contained in numerals 66, 67, and 68 ibidem entails that the allottees lose the right to the allotted parcel. As a result of all the violations and illegalities imputed, he requests that the allotment (adjudicación) made by the IDA by Board of Directors' agreement in favor of Mr. Juan Diego and Mrs. Kattia María be revoked. Consequently, that the registration entry in their names over property registration number 293,864-001-002 be annulled and reverted to the name of the Institute, ordering their eviction and that of any other person found on the indicated property. Regarding improvements (mejoras), the defeated parties or whoever proves in court to be their owner may remove the movable ones and, regarding the others, only those that are useful and necessary for the development of the parcel must be recognized, made with their own funds, which shall be determined in the respective enforcement proceeding. He requests that the cancellation be ordered in the Public Registry of any annotation ordered by the judicial authority in this litigation and that weighs upon the referenced property registration number 293,864-001-002. Having been proven in this proceeding that the principles of the Ley de Tierras y Colonización were violated, the period of legal encumbrances being in effect, upon initiating this action, its prescription (prescripción) shall be deemed interrupted. That the defeated parties be ordered, in their proportion, to pay both sets of costs of this counterclaim; otherwise, that his represented entity be exempted from their payment because its actions are in accordance with the law. Subsequently—folio 725 of the main file, Volume II—he clarified that the contracts referred to as illegal are those that have provoked the present conflict: the lease agreement (folios 176 to 178), the share transfer that supposedly involves parcel number 48-1 of the Salinas 1 settlement, as well as the alleged sale claimed by the defendants in the answer to the original complaint and that supposedly is what keeps them in possession of the property, all of which would be null. INDER expanded the counterclaim against Julia Ibarra Seas and Pedro Adrián Borges Fiol, in their personal capacity and as representatives, by their order, of BLINKY and CIENFUEGOS. It requests that the same claims be declared; as well as the nullity, by operation of law, of the contracts: lease and share transfers involving the parcel, entered into by Mr. Juan Diego and Mrs. Kattia with Mr. Pedro Adrián and Mrs. Julia, both personally and on behalf of their represented companies, by their order, CIENFUEGOS and BLINKY. Likewise, if it were demonstrated in this proceeding that there was a transfer or sale of the property, its nullity, as provided by Article 67 of Law No. 2825. Similarly, it counterclaimed against JUVAKASA, requesting that the judgment declare the counterclaim admissible, it having been corroborated that the obligations imposed on the allottees were breached, sufficient cause for the loss of the right over the property of the registry section, registration number 293864-001-002, which corresponds to parcel number 48-1(A) of the Peasant Settlement known as Salinas 1. Said inheritance was granted by the then IDA through a special contract, such as the land allocation contract (contrato de asignación de tierras), remaining subject to encumbrances (obligations, conditions, and restrictions) of the Ley de Tierras y Colonización and its reforms. It is subject to the encumbrances of Law No. 2825 for a period of 15 years, counted from May 25, 1995, until May 25, 2010, which grants it a character of public domain status (demanialidad) and, therefore, it is outside commerce. The allottees of parcel No. 48-1, personally and on behalf of their represented company, JUVAKASA, do not exploit, sow, or work it, maintaining a physical and permanent abandonment for more than 10 years. Likewise, they have allowed it to be worked, sowed, and exploited indirectly and illegally by Pedro Adrián Borges Fiol and Julia Ibarra Seas, both personally and on behalf of their represented companies, by their order, CIENFUEGOS and BLINKY, who have changed the uses and purposes for which it was granted, carrying out sumptuous constructions and developing ecotourism projects, whose possession becomes illegal, as they do not have the authorization of the Institute. That Mr. Juan Diego and Mrs. Kattia, both personally and on behalf of their represented company, JUVAKASA; as well as Mr. Borges Fiol and Mrs. Ibarra Seas, both personally and on behalf of their represented companies, contracted leases, transferred shares, and negotiated with the mortgage certificate, involving this parcel; carrying out constructions, works, and developing ecotourism projects behind the Institute's back, since they did not have the due authorization of the Board of Directors. Likewise, they negotiated without the respective permission, since, prior to any contract involving the parcel in litigation, the authorization of the Board of Directors was necessary. The contracts (such as the lease, the share transfers involving the parcel, the payment with the mortgage certificate) entered into by Mr. Juan Diego and Mrs. Kattia María with Mr. Pedro Adrián and Mrs. Julia, both personally and on behalf of their represented companies, by their order, JUVAKASA, CIENFUEGOS, and BLINKY, are null and void by operation of law. Likewise, if it were demonstrated in this proceeding that there was a transfer or sale of the property, it is also null, as indicated by Article 67 of Law No. 2825. The violation of the obligations, conditions, and restrictions contained in said legislation entails that the allottees lose the right to the parcel allotted by the Institute, the allotment being revoked; with the annulment of the property title, reverting the property in litigation to the name of the IDA, now INDER. As a consequence of all the violations and illegalities imputed, it requests that eviction be ordered against the defendants and any other person found on the indicated inheritance without authorization from the Institute. Regarding improvements, the defeated parties or whoever proves in court to be their owner may remove the movable ones and, regarding the others, only those that are useful and necessary for the development of the parcel must be recognized, made with their own funds, which shall be determined in the respective enforcement proceeding, as stipulated by the second paragraph of numeral 66 of the Ley de Tierras y Colonización. It requests that the cancellation be ordered, in the Registry, of any annotation ordered by the judicial authority in this proceeding and that weighs upon the land in litigation. Given that, at the time this counterclaim was initiated, the encumbrances are in effect, and it having been proven in this litigation that the legal principles of the Ley de Tierras y Colonización were violated, their expiration shall be deemed interrupted by operation of law. It requests that the defeated parties be ordered, in their proportion, to pay both sets of costs of this claim. Otherwise, that its represented entity be exempted from their recognition because its actions are in accordance with the law. The defendants-counterclaim defendants Julia Ibarra Seas, Pedro Borges Fiol, CIENFUEGOS, and BLINKY opposed the claims of the counterclaim. They interposed the exceptions of lack of: right, current interest, action, standing to sue and standing to be sued. They also invoked the generic expression "sine actione agit." Similarly, the plaintiffs-counterclaim defendants opposed the claims of the counterclaim. They alleged the defenses of lack of: right, current interest, and standing. They alleged the exceptions of negative prescription (prescripción negativa) and lapse. Regarding lapse, it was resolved in an interlocutory decision by order of 3:41 p.m. on June 22, 2007. For its part, the counterclaim defendant company JUVAKASA opposed the exceptions of negative prescription and lapse.

IV. To the pertinent extent, the trial judge A quo, regarding the complaint against Pedro Borges Fiol, Julia Ibarra Seas, CIENFUEGOS, and BLINKY, rejected the defenses of lack of: right, current interest, standing to sue and standing to be sued; as well as the generic expression "sine actione agit." She declared without merit, in all its aspects, the main claims. She granted the first alternative claim, only to deny the right to improvements, fruits, and the payment of improvements to the defendants. Likewise, she declared with merit the second alternative claim, solely to the extent that the lease agreement entered into between BLINKY and the plaintiffs, regarding the parcel in litigation, is null for not having the authorization of the then IDA, as the encumbrances of the Ley de Tierras y Colonización were in effect. She resolved without an award of costs. Regarding the complaint against the IDA, now INDER, she declared the defenses of lack of: right and standing to be procedurally valid. She omitted a ruling on the generic expression "sine actione agit," as she indicated, because it was encompassed within the previous ones. Consequently, she declared the complaint without merit in all its aspects. It is resolved without an award of costs. In relation to the counterclaim filed against Juan Diego Vargas Soto, Kattia María Salas Castro, Julia Ibarra Seas, and Pedro Adrián Borges Fiol, the latter two in their personal capacity and as representatives of the entities CIENFUEGOS and BLINKY, she rejected the exceptions of prescription, lapse, lack of: action, right, current interest, standing to sue and standing to be sued; as well as the generic expression "sine actione agit." Consequently, she partially granted it in the following terms: 1) she declared that the property registered in the Alajuela registry section, registration number 293864-001-002, is subject to the encumbrances of Law No. 2825, Ley de Tierras y Colonización, for a period of 15 years, counted from May 25, 1995, until May 25, 2010; being outside commerce, if the respective authorization is not obtained; 2) the allottees of parcel 48-1 of the Salinas 1 Settlement, Juan Diego Vargas Soto and Kattia María Salas Castro, do not exploit or work it; 3) there exists an illegal lease agreement for the related parcel, executed on December 4, 1998, between Juan Diego Vargas Soto, Kattia Salas Castro, and BLINKY, without the authorization of the IDA in accordance with Law No. 2825; 4) the counterclaim defendants Vargas Soto and Salas Castro changed the uses and purposes for which the related parcel was granted to them in this proceeding. They also incurred in its unjustified abandonment and allowed it to be worked and exploited indirectly and illegally by Pedro Adrián Borges Fiol and Julia Ibarra Seas, both personally and on behalf of their represented companies, by their order, CIENFUEGOS and BLINKY, whose possession becomes illegal, as it is without authorization from the Institute; 5) the counterclaim defendants Vargas Soto, Salas Castro, and BLINKY negotiated the lease of the parcel in litigation behind the IDA's back, since, prior to any transaction, the authorization of the Board of Directors was necessary; 6) the counterclaim defendants Juan Diego, Kattia María, Pedro Adrián, and Julia, both personally and on behalf of their represented companies, by their order, JAVUKASA, CIENFUEGOS, and BLINKY, initiated negotiations for a tourism development on the parcel that is the subject of this matter, without authorization from the then IDA; 7) she declared null and void by operation of law the lease agreement executed on December 4, 1998, between Juan Diego Vargas Soto, Kattia Salas Castro, and BLINKY; as well as the development of tourism activity on property 293864-001-002 by CIENFUEGOS, BLINKY, Pedro Borges Fiol, and Julia Ibarra Seas; 8) by virtue of the legal principles of the Ley de Tierras y Colonización having been violated while the period of legal encumbrances was in effect, upon initiating this action, she deemed the prescription interrupted; 9) she declared the extinction, and consequent revocation, of the rights derived from the land allotment contract (contrato de adjudicación de tierras) that were granted in favor of the allottees Juan Diego Vargas Soto and Kattia María Salas Castro over property registration number 293864-001-002. Consequently, she ordered the loss, by the counterclaim defendants, of any property right over the parcel allotted by the IDA; 10) upon revoking the allotment made by the IDA, through a Board of Directors' agreement in favor of Juan Diego Vargas Soto and Kattia María Salas Castro, she annulled the registration entry in their names and ordered that the property in litigation be reverted in the National Registry in favor of INDER. For this purpose, she indicated, once the judgment becomes final, a writ of execution (ejecutoria) will be issued to proceed with the cancellation of the registration of that property in the name of Juan Diego Vargas Soto and Kattia María Salas Castro, and instead, register it in the name of INDER; 11) she ordered the eviction of the counterclaim defendants Juan Diego Vargas Soto, Kattia María Salas Castro, Pedro Borges Fiol, Julia Ibarra Seas, BLINKY, and CIENFUEGOS from the property in litigation, as well as any other person found there without a right opposable to the counterclaimant Institute; 12) she ordered the duty of INDER to recognize the useful and necessary improvements that the counterclaim defendants Juan Diego Vargas Soto and Kattia Salas Castro may have introduced to the property in litigation. Their liquidation shall be carried out in the enforcement of the judgment, without a right of retention. She rejected the payment of improvements in favor of the counterclaim defendants CIENFUEGOS, BLINKY, Julia Ibarra Seas, and Pedro Borges Fiol; 13) once the judgment becomes final, she ordered the lifting of the notice of lis pendens (anotación de la demanda) in the Public Registry, which weighs upon property 293864-001-002; 14) she rejected the request for a declaration of nullity of the alleged share transfer that supposedly involved parcel number 48-1 of the Salinas 1 settlement, and the alleged sale of the property, indicated in the counterclaim, since they did not materialize. Finally, she ordered the counterclaim defendants Juan Diego Vargas Soto, Kattia Salas Castro, Julia Ibarra Seas, CIENFUEGOS, and BLINKY to pay the costs of the proceeding. In other respects, she denied the counterclaim. Regarding the counterclaim filed by INDER against JUVAKASA, she rejected the defenses of prescription and lapse. She partially granted it in the following terms: 1) the property of the Alajuela registry section, registration number 293864-001-002, corresponds to parcel number 48-1 of the Peasant Settlement of that Institute, known as Salinas 1; and was granted by the then IDA through a special covenant, such as the Land Allocation Contract, remaining subject to the encumbrances (obligations, conditions, and restrictions) of the Ley de Tierras y Colonización; 2) the referenced inheritance, which corresponds to parcel number 48-1 of the Peasant Settlement of that Institute, known as Salinas 1, was granted by said entity and is subject to the encumbrances of Law No. 2825, for a period of 15 years, counted from May 25, 1995, until May 25, 2010; 3) the allottees, Juan Diego Vargas Soto and Katia María Salas Castro, on behalf of their represented company, JUVAKASA, do not exploit, sow, or work it. She rejected the other aspects of the counterclaim. She resolved without an award of costs. The Ad quem partially reversed in two aspects: 1) regarding the period of encumbrances, the Court computed them from May 25, 1995, until May 25, 2010. In their place, it indicated, they should be counted from June 17, 1986, until June 17, 2001; 2) the Court denied the recognition of improvements in favor of the counterclaim defendants CIENFUEGOS, BLINKY, Julia Ibarra Seas, and Pedro Borges Fiol; in their place, it ordered the duty of INDER to recognize the useful and necessary improvements that they prove to have paid from their own funds, and to remove those that are movable, which shall be liquidated in the enforcement of judgment stage, without a right of retention. In other respects subject to appeal, it confirmed. Disagreeing, Mr. Vargas Soto filed an appeal before this Chamber.

V. In the first objection, folio 4, the appellant refers to the motion regarding the presentation of an untimely document. He affirms that it cannot be rejected for the reasons given in the judgment. Judgments, he indicates, must resolve all aspects brought to the attention of the adjudicator. The Ad quem, he notes, acquired jurisdiction in this litigation in accordance with the grievances raised by the parties in the appeals filed. Among the objections set forth in the vertical appeal, he points out, he indicated that the motion regarding untimely documents could not be rejected for the reasons given in the judgment, since those documents were fundamental for the resolution of this matter. In his view, the appealed judgment omitted to refer to this grievance, which violates the rights of defense and due process, generating the nullity of the ruling, since, he insists, not all the grievances brought to the Court's attention were resolved. The motion, he argues, was presented because the documents have a close relationship with the "probandum" issue, given that, he adds, they demonstrate the field recommendation to lift the encumbrances; as well as that the Legal Department also recommended their lifting. It is evident, he affirms, that the evidence offered is connected to the object of the proceeding. Therefore, he concludes, the judgment must be annulled, since the documentary evidence offered is fundamental for the resolution of this case.

VI. The crux of what is alleged in the objection is that, in the appellant's view, among the grievances set forth in the vertical appeal, it was affirmed that the motion regarding untimely documents could not be rejected for the reasons provided in the A quo's judgment, since they were fundamental for the resolution of this litigation. However, "In the second instance judgment, no reference is made to this grievance, which violates the rights of defense and due process, which [sic] generates the nullity of the judgments [sic], since it did not resolve all the grievances that were brought [sic] to the Court's attention, so I request that the judgment be annulled." If what is argued by the cassation appellant were to occur, it would constitute a cassation ground for procedural reasons. Specifically, the defect of incongruity. In this regard, it must first be noted that the labor procedural reform introduced by Law No. 9343 of January 25, 2016, has been in effect since July 25, 2017. Transitory norm I indicates: "This reform shall be applicable to proceedings initiated before the effectiveness of this law, with the following exceptions: / 1) The applicable evidentiary regime (evidentiary burdens and assessment of evidentiary elements) shall be that of the prior legislation. / 2) Proceedings in which, on the date of the reform's entry into force, a hearing for evidence was scheduled shall continue to be governed, for all purposes, by the prior legislation. The jurisdictional bodies shall retain the powers established in that legal framework, even if their nomenclature is modified. / 3) In any case, rulings issued prior to the reform's effectiveness shall maintain the means of challenge that the repealed laws guarantee them. / The Supreme Court of Justice is empowered to maintain or create, when necessary, the judicial positions required to continue exclusively handling proceedings prior to this reform that must continue to be substantiated under the legislation being repealed." (The underlining is not in the original). In agrarian matters, precept 61, first paragraph, of Law No. 6734 of March 29, 1982, and its reforms, Ley de Jurisdicción Agraria, in the relevant part, states: "Against final judgments issued by the Tribunal Superior Agrario, in the ordinary proceeding […] an appeal before the Sala de Casación shall be available, which must be filed within five days following the notification of the judgment, and shall be governed, in all that is applicable, by the provisions of Chapter V, Title VII of the Labor Code." (The underlining is supplied). As indicated in Considerando II of this judgment, this ordinary agrarian proceeding began in 2002, and the cassation appeal was filed on April 24, 2017. Consequently, pursuant to the provisions of points 2 and 3 of said transitory provision, the applicable labor regulations are those in force before July 25, 2017.

VII. Along this line of thought, regarding the appropriateness of alleging before this Chamber procedural breaches in agrarian matters under the prior procedural legislation, such as the one invoked by the cassation appellant, this decision-making body has indicated: "V.- […] as of judgment 583 of 11:35 a.m. on July 14, 2004, which is reiterated, among others, in numbers 608 of 9:10 a.m. on July 23, 1074 of 11:20 a.m. on December 16, both of 2004, and 892 of 9:00 a.m. on November 25, 2005, this Chamber determined the admissibility, in agrarian matters and in certain cases, of the cassation appeal on that ground. In this regard, Article 559 of the Labor Code, applicable to this type of proceeding by express referral of canon 61 of the Ley de Jurisdicción Agraria, provides: 'CASSATION APPEAL. OUTRIGHT REJECTION. Once the case file is received, the Chamber shall outrightly reject the appeal if it has been filed contrary to the provisions of Articles 556 and 557. It shall do the same when the appeal only requests the correction, reinstatement, or performance of procedural steps (trámites procesales).' (The underlining is not in the original). In relation to this matter, the second part of the numeral under comment is of interest. Procedural doctrine has indicated that the grounds for cassation established in ordinal 594 of the Code of Civil Procedure can occur in the three phases of the process: 1) In the very constitution of the procedural legal relationship, for example, what is regulated by the first subsection, relating to the failure to serve process or its defective notification. 2) Those referring to the abnormal development of that relationship. Such is the case of the second subsection, on the rejection of admissible evidence or the failure to summon for an evidentiary proceeding. And, 3) Those occurring at the moment of deciding the litigation, that is, when issuing the corresponding judgment; the typical example is incongruity, established in the third subsection. The indication of 'reinstatement or performance of procedural steps,' as provided by labor regulations, does not encompass all the cases in which these procedural defects may arise. This Chamber's case law had equated the concepts of 'formal defects' with those of 'procedural step,' despite being different. One is, it can be said, faced with a genus-to-species relationship, where the latter constitute a species of the former. Errors regarding procedural steps refer to breaches originating exclusively during the procedural iter, able to be framed within points 1 and 2 mentioned above. […]". Judgment number 931 of 9:30 a.m. on November 24, 2006. In the same vein, one may consult, among others, rulings numbers 1513 of 9:25 a.m. on November 15, 2012, and 29 of 1:30 p.m. on January 16, 2015; as well as resolution No. 324-A-S1-2014 of 9:22 a.m. on March 13, 2014. In this order of ideas, and as is clearly determined, what the cassation appellant recriminates—the omission of a ruling on one of the grievances alleged in the appeal—falls within the third point, that is, at the time of issuing the judgment, so the objection is admissible.

VIII. The trial judge A quo, in Considerando III of her judgment, indicated: "III. MOTION REGARDING UNTIMELY DOCUMENT: At folio 2085 of Volume VI of the main file, a document presented by plaintiff-counterclaim defendant Juan Diego Vargas Soto is recorded. It corresponds to a copy of judgment number 30 of 2:30 p.m. on March 22, 2010, from the Juzgado Tercero Civil de San José, in case file number 09-000022-182-CI. Said party does not clearly set forth his claim regarding the presentation of this document, therefore, in accordance with Article 483 subsection 1) of the Code of Civil Procedure, this articulation is rejected. […]". For his part, the Ad quem, in Section IV of the appealed judgment, to the pertinent extent, indicated: "IV. […] Separately, Juan Diego Vargas Soto appealed. […] II. The motion regarding untimely documents cannot be rejected for the reasons set forth in the judgment. In that articulation, documents related to the probandum topic were provided, as the field recommendation to lift the encumbrances was verified. This rejection must be challenged because the documentary evidence offered is fundamental for the resolution of the matter." Then, in Considerando V, the adjudicators considered: "V. The appeal of plaintiff-counterclaim defendant Juan Diego Vargas Soto is resolved first. The topic concerns the motion regarding new facts, which was rejected in the judgment; he considers that the documents offered by that party are relevant to the decision of the matter. He says it should be accepted [sic] because they are documents where the matter of lifting the encumbrances is analyzed. However, the rejected motion relates to copies of two judgments issued within the ordinary proceeding of Cien Fuegos Rancho Limitada against Juan Diego Vargas Soto, under number 09-000022-182-CI, processed in the Juzgado Tercero Civil de San José. The first judicial decision is a first instance one, of 2:30 p.m. on March 22, 2010, where the abandonment (deserción) of that proceeding was decreed (Virtual Desk, Juzgado Agrario de Alajuela, associated documents file, Volume VI, images of folios 2079 to 2084). The other, a second instance decision where the appeal against that ruling was declared improperly admitted.

Under Article 293 of the Code of Civil Procedure, applicable on a supplementary basis, there is a list enumerating the grounds on which an extemporaneous document may be admitted. The complainant’s [sic] argument is that they are subsequent to the filing of the complaint; however, this is not relevant to the resolution of the matter; nor is it supplementary evidence or evidence to challenge the exceptions. From a reading of those documents, one can only infer the existence of a proceeding which does not appear to have a direct relationship with what is being debated here.” (The underlining is from the original). In light of the foregoing transcription, contrary to what the appellant indicated, the Court did rule on the grievance raised regarding the rejection of the motion for extemporaneous documents, and therefore the alleged error is not established. Likewise, the appellant did not challenge the grounds put forward by the Court to deny the admission of the judgments submitted extemporaneously. He merely reiterated what was argued in the appeal. Ergo, no violations of the principle of due process and, specifically, the right of defense invoked in the objection have occurred, since the Court, it is repeated, contrary to the appellant’s interests, resolved the objection raised in the vertical appeal. As a corollary, the rejection of the ground of disagreement under study is required.

IX. In the second objection, folio 6, the appellant alleges an error of fact in the evidentiary assessment. He states that it is not possible to revoke a plot for alleged breach by the plot holder, if the limitations had expired and the obligations had been fulfilled. Regarding administrative delay. In the appealed judgments, he notes, a normative, exegetical, formalistic interpretation is made, without any systematic, material, or evolutionary interpretative content, nor one adjusted to the reality of the evidence in the record. The issue of administrative delay, he says, is recognized in the legal opinions of the IDA—now INDER—. Indeed, he adds, the Board of Directors has established lifting of limitations based on administrative delay. In the challenged judgments, he notes, this was disregarded, as if it were not an aspect that has been consistently applied within said Institute. In his opinion, they only make a formal analysis of the law and what is registered in the Registry, without assessing the substance of his reality, reflected in the evidence in the record. It is not the same, he argues, as a primary allocation as compared to a transfer of the allocation. What occurred was not an allocation of a plot in his favor, but a transfer of a plot in exchange for payment for improvements. Upon acquiring the allocation already granted, he states, he obtained the legal situation of the transferors: obligations, elapsed terms, remaining time on limitations, etc. He only had to complete, he says, the remaining term for the restrictions or limitations to expire. The regulations governing a primary allocation cannot be applied, he asserts, because his legal situation was not “ex novo”; it was derived. Consequently, he adds, the legal situation of the transferors was assigned to him. Neither he nor his wife were subject to a trial period to determine if the plot would be allocated to them. On the contrary, he indicates, when acquiring the land with the legal history it had, the limitation periods began in 1981, so that, when he acquired it, it had the time that had elapsed for his transferor to his benefit. Said transfer, he explains, was carried out as follows: according to an agreement of the Board of Directors, Article XVI of session no. 2450 of March 3, 1981, the allocation of plot no. 48 was granted to Mr. Dagoberto Rojas Fallas. On June 11, 1983, he argues, Article XII of session no. 122, the Board of Directors authorized its division into two, creating plots numbers 48-1(A) and 48-2(B), adjudicating no. 48-1(A) to Ubaldo Rojas Fallas. On June 11, 1984, he continues, the Board of Directors, in Article IX of session no. 399, authorized the transfer of plot 48-1 from Ubaldo Rojas Fallas to him, Juan Diego Vargas Soto. The IDA transferred said plot to him, the transfer being executed in a public deed on May 25, 1995, in his name and that of his wife, Kattia Salas Castro, in equal parts (even though the improvements were acquired only by him, the law required the transfer to be in favor of the marriage). It was registered in the Public Property Registry under registration number 293,864-001-002. The administrative delay, he underscores, is clear, since the plot in dispute—no. 48-1(A)—was allocated in 1981, but was executed in a public deed in 1995, even though it was transferred to him in 1984. The property, he notes, is subject, registrally, but not legally, to the limitations of the Law of Lands and Colonization, Law no. 2825 of October 14, 1961. It was allocated on March 3, 1981, and transferred on June 11, 1984, so 26 years had passed since the allocation. This, he points out, demonstrates the administrative delay and negligence of the IDA (INDER), because he requested, on repeated occasions since July 24, 1998, through the Association of Producers of Trinidad de Uvita, its lifting. Around the year 2000, he states, he again requested the lifting of the limitations, completing, for that purpose, all the necessary proceedings at the Regional office. Indeed, he relates, the Central Pacific Regional office in Coyolar, through its technicians, diagnosed the conditions in which the plot was at that time and that administrative delay existed; in addition to the fact that it complied with what the Institution established for the lifting of the limitations. The legal opinion of the Central Pacific Regional office, he contends, recommended, due to the conditions presented by plot no. 48-1(A) of the Salinas 1 settlement, its release due to the IDA’s (INDER’s) administrative delay. He finds it surprising that in the counterclaim filed by the IDA (INDER), its legal representative, in his capacity as manager of the institution, forwarded, with approval, the recommendations of the Central Pacific Regional office in Coyolar to the Board of Directors for the lifting of the limitations on the indicated plot, which appears in the administrative file. The property, at the time of the events giving rise to this conflict, he contends, legally speaking no longer had limitations; they only appear in the Registry, but formally, they are amply expired. Nor, he adds, are there any outstanding obligations with the Institute. The Office of the Attorney General of the Republic—PGR—, he asserts, issued an opinion that the limitation period begins to run from the date of allocation. He calculates that if the plot was allocated on March 3, 1981, the limitations expired on March 3, 1996. Such an opinion, he states, is the legal basis through which the IDA (INDER), in all cases, has lifted limitations for beneficiaries due to administrative delay. The judgments in question, he argues, disregard the PGR’s opinions, as well as the administrative custom that has arisen in that regard at the INDER in similar cases. Furthermore, he continues, they assess the evidence poorly and erroneously apply the law, since they do not recognize that his acquisition and that of his wife was derivative, applying it as if it were original, denying them more than 10 years of allocated term to their detriment. Based on the foregoing, and respecting the constitutional principle of equality, he asserts, when they rented the house built on the property, no limitation whatsoever applied; consequently, the IDA (INDER) lacks any right, current interest, and standing. The objected judgments, he insists, improperly assessed the evidence, erroneously applied the substantive law, by considering that there was a new allocation, when that was not the case, as it does not appear so in the evidence produced. He has been subjected to a trial period. Since he acquired the plot, he claims, he has worked it, and his ownership was never subject to a trial period. The plot, he indicates, has been exempt from limitations since March 3, 1996. Whenever a disposition act was to be carried out, permission was requested from the Board of Directors. When the cattle project came about, he points out, financed by the Banco Popular y de Desarrollo Comunal—BPDC—, through the Association of Producers of Trinidad and Uvita, the respective authorization was requested. In the same way, he adds, when proceedings for a mortgage were conducted, the Board of Directors authorized them. During that transition period, he states, the IDA authorized them to process any proceeding so as not to lose the plot due to the mortgage granted by the National Banking System. They also, he explains, requested from the Regional office the corresponding permission to rent only the dwelling house. The foregoing, he indicates, is made clear by the testimony of the witnesses, who corroborate what has been expressed since the beginning of this proceeding; the judgment cited them, but did not adequately assess them. Witness Leonel Alpízar Solórzano (folio 1557 of scanned Volume V) stated that he works as Regional Chief of Orotina for the IDA (INDER). He affirmed that he knows the plot. He used to visit it for inspections when he provided technical assistance. He has worked at the Institute since 1982. Since around 2002 he has not visited the plot. He was emphatic, the appellant refers, that he did not authorize the lease of this plot. He recalls that Mr. Juan Diego processed the lifting of the limitations, but does not know the outcome. He recognizes, the appellant argues, that he processed the lifting of the limitations with the argument of administrative delay, which serves, in turn, as a basis for lifting limitations on other plots. In any event, he indicates, the limitations had already expired, and the only thing missing was a formality of registral lifting, but the term for lifting them had been fulfilled and there were no obligations with the Institute. For his part, witness Juan Abarca Chacón (folio 1560, scanned Volume V) stated that he is a plot holder in the settlement and has known the plot in dispute for 20 years. It is clear to him that Mr. Juan Diego used to plant chili peppers, papaya, tomatoes, and sweet peppers. He affirmed that, around the year 2000, he worked as a laborer for Mr. Pedro. He is unaware of what business existed between Mr. Pedro and Mr. Juan Diego. Likewise, he indicates, witness Gerardo Muñoz Romero (folio 1561, Volume V), refers to possessory acts carried out by Mr. Pedro Borges on the plot at the end of 1998 or beginning of 1999. He does not know what relationship he had with Mr. Juan Diego Vargas, but it is clear to him that Mr. Pedro was on the land. The deponent has known the property since 1990 or earlier; he has lived in the area since that year and near the plot. He attested to the plantings done by Mr. Juan Diego and that he lived on the plot. He affirmed that, starting at the end of 1998 or beginning of 1999, Mr. Juan Diego went to Orotina and, since then, he saw that Mr. Pedro went to live on the plot, but Mr. Juan Diego continued to plant it. He also mentioned the constructions that existed on the land. The declarant Constantino Mondragón Medrano (folio 1529 of Volume V), the appellant comments, indicated that he worked at the IDA until approximately 1998. He drafted a note in draft form, which was not signed, referring to the rental of the house (only the house). He did not see the official request. He does not know what happened to that document. He states that Mr. Juan Diego submitted it. The appellant indicates that the foregoing demonstrates that he requested permission, advised by the Institute’s own personnel. The fact that it was not processed, he notes, is not within his knowledge because he is a peasant. He understood that, with the proceedings carried out, he was authorized to act and enter into the lease. If that was not the case, he did not understand that he lacked permission. In any event, he indicates, permission was unnecessary, because the limitations had expired, which was not analyzed in the challenged judgment. The authorization indicated in the law was requested, he contends, even though the limitations had already expired. They must be counted from the sole allocation that occurred, which was in favor of Dagoberto Rojas Fallas; moreover, there were no commitments or obligations with the Institute. The IDA (INDER), he insists, requested the revocation of the plot, even though the limitations are already expired, a product of its own delay. This, in his opinion, is nothing more than trying to benefit from its own willful misconduct (dolo), since, knowing that it is in delay and that the limitations have already expired, it uses its own delay to request revocation. This unacceptable situation, he asserts, is endorsed by the challenged judgments, which carry out a formalistic assessment contrary to the principles that inform Agrarian Law. The limitations had expired, he reiterates; despite that, permission was requested, even though it was not required. There has been no breach of his obligations, he indicates, nor illegal contracts. If he did not directly exploit the plot in dispute, he indicates, it is because he was illegitimately dispossessed. He has not been able to exploit or work the plot in any manner because, with the consent and apathy of the IDA, Mr. Pedro Borges Fiol and Mrs. Julia Ibarra Seas prevented him from approaching his farm, turning it into a fort with heavy weapons and guards everywhere. The argument of administrative delay indicated in the challenged judgment is not shared. He transcribes, in what is of interest, what the trial judge considered in considering VIII of her judgment. In the same way, he reproduces, as pertinent, what was stated by the appellate court in considering V. The argument to reject administrative delay, he argues, is not sustainable for the following reasons: 1) it is a matter of legality, recognized in various PGR opinions, and by the INDER itself through its legal department and Board of Directors. He states that this proceeding is an ordinary one and must declare the administrative delay. It is not a contractual problem, subject to party autonomy, as the appealed judgments attempt to portray. It is known, he indicates, that the transfer deed for the allocation in his favor is a “boilerplate” used by the Institute for all cases, whether primary or original allocations or transfers of allocations authorized by the Board of Directors. This type of public instrument, he notes, represents a clear case of contracts of adhesion (contratos de adhesión), since the allottee either adheres or is not given the plot. The party autonomy of individuals, he contends, is almost entirely reduced; one can only sign. In these, he claims, administrative delay is not contemplated. In the appealed judgments, he points out, the case is treated as a primary or original allocation, not as a derivative transfer, as was his case. In the mortgage notes and lease, he argues, reference was made to the limitations, but this does not eliminate or rule out, in any way, the existence of administrative delay, since, he reiterates, his problem is one of legality; if the limitation period had already elapsed, he had no obligations with the Institute. It is not possible, he claims, that because the IDA did not want to lift the limitations, despite having been requested, the revocation of the plot can be applied, since, with the judgment’s argument, the administered person would be left at the mercy of the Administration, even “perpetum,” because if the Institute does not want to lift the limitations, despite them having expired, it can apply the revocation grounds at any time. The request for their lifting, he points out, was carried out when Leonel Alpízar conducted the field study, as an INDER official, and the legal representation of that entity recommended their lifting, and the Manager also did so before the Board of Directors. In the second-instance judgment, he adds, it was indicated that the procedure was necessary; however, he asserts, that is not the case, because, in agrarian matters, formalism for the sake of formalism is not appropriate. It was proven in the record that the limitations did not apply because they had expired. Furthermore, he adds, it does not appear that there were obligations of any kind with the Institute, and that is so because there were none. This, he affirms, is clearly unacceptable, disproportionate, unreasonable, and violates the most basic rights of any administered person. The Institute itself, he considers, acknowledged the administrative delay. He reproduces again an excerpt from Section VIII of the Trial Court’s judgment. For this reason, he claims, the figure of positive silence was created in Administrative Law, because it cannot be that administered persons remain at the expense of the Administration “ad perpetuam” in violation of their rights. In another line of thought, he argues, positive silence is applicable in this suit. Said figure was created, he argues, with the purpose of not permitting the Administration’s inertia to cause harm to administered persons, leaving them in situations of legal uncertainty. The trial court’s judgment, he continues, rejected the argument of the application of positive silence. He transcribes, in what is of interest, what was stated in considering VIII. Likewise, he copies what the Court stated in Section VIII of its judgment. The argument set forth, he indicates, upon a simple reading, is contradictory for the following reasons: 1) it is indicated that positive silence is only applicable by legal provision; 2) it states that the legal provision stipulating it is for permits, authorizations, approvals, or licenses; 3) it is erroneously said that, in each case, the law indicates whether or not one is facing positive silence. This reasoning, he indicates, is not sustainable. It is true that the law must regulate positive silence, but it does so. The General Law of Public Administration—LGAP—regulates it in its article 331, which he transcribes. It is not true that the law, in each case, must explicitly state that positive silence operates. Said precept, he notes, establishes a rule of general application, when requests are made for “approval, authorization, or license with the legal requirements.” Article 67 of the Law of Lands and Colonization, he considers, establishes, in order to dispose of the property (whether selling, mortgaging, leasing, or any other means), the duty to have prior permission from the Institute’s Board of Directors. It is an authorization, which implies, in his opinion, that this falls under the scenario of the indicated article of the LGAP, requiring no additional formalities beyond the request. Consequently, in this case, positive silence operates. From the evidence, he indicates, it is demonstrated that the authorization request was made. The rule indicates that the period is computed from the receipt of the “request” and not from the filing of the “appeal”; in the same vein, article 330, ibid, refers to “requests.” Consequently, he has no doubt that positive silence operated. In any event, he states, it is irrelevant, in light of the fact that the limitations had expired and there were no obligations with the Institute. It is not pertinent to apply the authorization rules before the Board of Directors, since his right to free the property, in all senses, had already operated, and therefore, in that state, revoking the concession of his plot is not appropriate.

X. The formulation of the grievance under study is confusing. Nevertheless, after a detailed analysis thereof, this Chamber determines that the central argument falls within two points: 1) plot no. 48 of the Salinas 1 settlement was allocated by the Board of Directors of the then IDA, on March 3, 1981, to Mr. Dagoberto Rojas Fallas. On June 11, 1983, it authorized him to divide it, creating plots 48-1(A) and 48-2(B). Plot no. 48-1(A) was allocated to Ubaldo Rojas Fallas. On June 11, 1984, the Board of Directors authorized its transfer to him, Juan Diego Vargas Soto. However, the public deed was not formalized until May 25, 1995. Consequently, his acquisition is derivative, not original. Therefore, he benefits from the time period enjoyed by the previous allottee (Dagoberto Rojas Fallas). The evidence was improperly assessed and the law was erroneously applied by considering that his allocation was new, when, in fact, it was derivative. If the allocation occurred on March 3, 1981, the limitations expired on March 3, 1996. Despite having requested their lifting, the Administration did not do so, incurring in administrative delay. 2) the figure of positive silence is applicable to this suit, regarding the request for authorization to lift the limitations. However, it becomes irrelevant or immaterial, since they had already expired.

XI. The appellant invokes an error of fact in the assessment of the evidence. However, according to the grounds of the objection, what is invoked is not mere material errors in the appreciation of the evidentiary material, but its improper assessment, which, if it occurred, would give rise to a defect of indirect violation of law, but due to an error of law. For a full understanding, it is necessary to reproduce, in what is of interest and despite its length, what the appellate court stated in considering VI, VII, and VIII of the judgment in question. “Regarding the grievance of administrative delay, the appellant is partially correct, although it is not sufficient to modify all that was decided, as explained below. This Chamber is of the opinion that the start of the calculation of the limitations in the land assignment contracts is based on the administrative act of allocation. In other words, it is at the moment in which the Board of Directors of the Institute of Rural Development, hereinafter identified as INDER or the Institute, grants the plot to the administered persons. Note that article 65 of the Law of Lands and Colonization establishes the difference indicated above: first, the allocation act occurs, and then the property title is granted. In the case under examination, the land in dispute had been allocated by the INDER to a third person. In 1986, the agreement of the Institute’s Board of Directors in question was issued, agreement 9, Article IX of session number 399, held on June 17, 1986, which is contained in official communication ORCC-754-86 dated December 29, 1986, addressed to the appellant Vargas Soto. To the extent relevant, it states: ‘... the transfer of plot N°48-A, of the Salinas Settlement, allocated to Mr. UBANDO [sic] ROJAS FALLAS, to your favor was approved’ (highlighting is from the original in the Virtual Desk of the Agrarian Court of Alajuela, file of associated documents, Volume IV, image of folio 1220). From this, it follows that, regardless of the date on which the public instrument was executed that allowed the registration of the property in conflict in the National Registry, the limitation period begins as of June 17, 1986. In support of the thesis outlined, the First Chamber of the Supreme Court of Justice, in ruling number 275-S1-F-2011 from 9:10 a.m. on March 17, 2011, explained: […] As the High Chamber indicates, the public instrument finalizes the agreement reached by the Board of Directors. In this matter, it was also proven that the public deed was granted before the offices of Notary Public […] at 4:00 p.m. on May 25, 1995, as evidenced by the copy of the deed certificate in Volume I, image of folios 33 to 34. However, as indicated, the start of the 15 years of limitations is as of June 17, 1986, so that, by calculating the period, the limitations expired on June 17, 2001, and not on May 25, 2010, as indicated by the registral information emanating from the certifications on folios 357 and 360 of the images of Volume II of the file, the foregoing based on article 140 of the General Law of Public Administration. The other matter that is imperative to clarify, given the grievance, is the manner of proceeding when faced with a situation as described, where there is a significant temporal difference between the allocation act and the registral registration. Given that it is an administrative act, from the perspective of its execution, a temporal difference exists to the detriment of the rights of the administered person; it is necessary to modify what is recorded in the registral information or to backdate that data so that it coincides with the administrative act. The party with standing to do so in this case is the Institute itself. It is necessary that the administrative body carry out the pertinent procedures, which must be registered in the National Registry in order to provide the corresponding registral publicity. However, it must be underscored that the administered person cannot, de facto, carry out that reform to the registral information. As long as they do not have a judicial or administrative resolution expressly indicating the real term of the limitations, they must continue to comply with the obligations to which they subjected themselves by virtue of the land assignment contract. In addition to what has been stated, the INDER has had this scenario pointed out and clarified, as it is recognized in various documents with legal opinions, indicated by the participants, which in turn incorporate reasoning from the Office of the Attorney General of the Republic, binding on the Public Administration. The record contains official communication AJORO 65 of July 7, 2003, signed by legal counsel […] in his capacity as legal advisor for the Central Pacific Region, where he cites the opinion of the state representation C-072-2001. To the extent relevant, a segment of the consultation is highlighted, from which it is evident that the omitted conduct must be resolved, through indubitable proof of the moment in which the allocative act could have occurred. At the same time, the aforementioned professional explained: ‘... it is incumbent upon the Institute to verify such facts, based on technical criteria rendered in each case...’ For the foregoing reason, it is necessary that the administered person carry out the pertinent procedures to make the adjustments to the limitation periods recorded in the National Registry. In the case, the proceeding for the lifting of the limitations is found in an official communication signed by the appellant, but in his capacity as President of the Association of Producers of Trinidad and La Uvita, dated June 24, 1998, where he requested: ‘May this missive serve to request the release of the limitations held by our deeds, which were granted many years after the allocation of the lands of Salinas uno... We request this release because Salinas uno is located in the area declared industrial and this presents us with a different panorama from that of the agricultural sector...’ (found in image 4 of the bundle of evidence V). From the foregoing, it is inferred that the appellant was aware that he had to carry out a procedure for the lifting of the restrictions in question. Added to the fact that he had previously requested authorization to pledge the property (copy of mortgage note and deed certificate of lien creation in image of folio 35 and 36 of Volume I, respectively), this Court reaches the conclusion that the appellant was aware of his duty to carry out the pertinent procedure for any proceeding tending toward the disposition of the plot. Note that in the images of Volume V, corresponding to folios 1801 to 1822, various memoranda were added between various INDER officials, where the proceeding for the lifting of the limitations is analyzed. Documents signed between November 18, 1999, and January 4, 2000. These mention the possibility of lifting them; however, the reasoning was to add the time that other persons had held it in their possession, and not separating only the period of the counterclaim defendants Vargas Soto and Salas Castro. These notes, as will be seen below, are not sufficient to consider the limitations lifted, added to the fact that, at that time, 1999, the property had already been leased to Pedro Borges and associates. In support of the foregoing, the declarant Jorge Arturo Gutiérrez Rojas, who served as director of the Central Pacific Region, explained the procedure to follow for the lifting of the restrictions: ‘...To lift the IDA limitations, normally, from the moment the deed is signed, under Law 2825, fifteen years must elapse for the institution to be able to consider the lifting of limitations, and one must be up to date with debts to the Institution, the farm must be exploited by the original beneficiary, an inspection is carried out; the Subregional office recommends it to the Legal Advisory Office of the Directorate, which evaluates it and passes it to the Legal Directorate, and then it goes to Management, and then to the Board of Directors which decides ... The board of directors can deny the lifting, for example, when there are debts for land and Caja Agraria, or grounds for nullity of the title’ (image of folio 1542 of Volume V). The statements of said official, which due to his experience are credible to this Instance, are concordant with what is transcribed in the legal report alluded to above, with the legislation in question, and with what was declared by INDER official Leonel Alpízar Solorzano (image of page 1559 of Volume V). VII. Related to the claim of the alleged delay, the start of the calculation of the period emerges. As was stated broadly in the preceding considering, the calculation of the period begins from the agreement of the INDER Board of Directors. However, the complainant considers, repeatedly, that the limitations began on March 3, 1981. To reach that conclusion, he states that there is administrative delay; consequently, the prohibitions did not exist at the time of leasing the property. Nevertheless, this thesis is not admissible for the following reason.

The land adjudication contract has a term of fifteen years, during which the parcel holders must demonstrate their suitability for the proper exploitation of the property. In essence, at the time of adjudication, a property right is not granted, because it is a duration contract, and that ownership is consolidated upon fulfilling not only the indicated period, but also the obligations set forth in the agreement, their technical capacity, and experience. Hence, it is a contract that requires demonstrating skills and aptitudes in the exercise of agricultural activity, without the person to whom the parcel is adjudicated being able to benefit from the possession exercised by previous contracting parties. The beneficiary must demonstrate by themselves, for fifteen years, compliance with the obligations contained in articles 65, 66, 67, and 68, all of the Ley de Tierras y Colonización. The thesis is unfounded that, according to the cited regulations, the computation of the term for the expiration of the limitations begins when the parcel is first adjudicated. As was proven, the cited adjudication contract began on June 17, 1986, for the appellant Vargas Soto and his wife Kattia Salas, with the expiration date being no later than June 17, 2001. Finally, in this accumulation of grievances, the appellant indicates that his claim can be proven through witness testimony. However, as stated, in this case, the term of the prohibitions required obtaining the proper communication from the Board of Directors to retroact the effects. The statements, some officials of INDER refer to the possessory acts of the appellant. Constantino Mondragón Medrano (volume V, image of folio 1529), claims to know the property, and stated having worked for the Institute. His statements are not related to the procedures for lifting the prohibitions, but rather to an alleged permit to rent the parcel. In the same line of account, the deponent José Fabio Salas Villegas referred to alleged procedures to rent the farm and possessory acts of the appellant (image of folio 1533 of volume V). On the other hand, the witness Álvaro Enrique Chaves Monge provided information about the possession of Pedro Borges and the visit of an INDER official where he indicated there was a procedure to “eliminate the limitations” but that it was known by the aforementioned co-defendant Borges (image of page 1538 of volume V). The Institute employee Jorge Arturo Gutiérrez Rojas, who stated he was the director of the Central Pacific Region between 1984 and 1986, did not provide relevant information on this aspect. He added having been circumstantially present when the appellant came to speak with whoever was at that time the Executive President of IDA, […] about the lifting of the limitations. On the other hand, the official Leonel Alpízar Solórzano, who at the time of giving his statement was serving as Regional Chief of Orotina, cited in the appeal brief, explained having conducted a field visit for the lifting of the limitations, which he explained is the first step for that procedure, affirming; “...I do not know how far [it] went, but it is clear that the lifting did not occur, it did not culminate with a Board agreement...” (image of folio 1559 of volume V). He also added that he believes the Regional Chief at that time took steps for them to decline the procedure, but it is not within his personal knowledge. The attorney […] (image 1543), […] (image of page 1547 volume V), the declarant […] (image of folio 1551), Mr. […] (image of page 1560); and […] (image of folio 1561), all located in volume V of the virtual file, also do not provide data of interest for this point. Assessed jointly the evidence pursuant to canon 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria, it is evident there is a lack of evidentiary elements to support the appellant's claim. He also reproaches that INDER took advantage of not lifting the limitations and seeking revocation. Such argument, this Chamber considers, is fallacious and unfounded, because rather, from the cited statements of INDER officials, it was denoted the knowledge in various inspections that there was a use different from that which the parcel holders were required to comply with, without there existing, from the study of the administrative file of that Institute, a reaction in accordance with the legal system (images of the evidentiary bundle VI), where a reprimand (amonestación) was given only until February 13, 2003 (image of folio 95, volume I), despite there being a note from the adjudicatees dated March 6, 2002 (image of folio 117 volume I) where they report the lease contract of their house, which evidences a negligence in the compliance with the supervisory obligations of INDER. It should be emphasized, it is on record in the case file, that as a result of such reprimands, an administrative procedure was never completed. When a reprimand was verified, according to official letter FVB-OSO-003-2006 of January 5, 2006, signed by engineer […], he indicated to engineer […], given the criminal process followed in this matter, at that time the administrative procedure was suspended because it was considered that the Courts of Justice are the ones that decide on the rights and infractions committed against the contract (image 145 of the evidentiary volume VI). Further on, in the administrative file, it is recorded that a new reprimand was carried out, as a field inspection was ordered (image of page 188, evidentiary volume VI), on March 30, 2007, without culminating in a recommendation and referral of the case to the Board of Directors, nor a resolution to formally suspend the administrative procedure. VIII. The reproaches of administrative silence also lack legal basis. Article 330 of the Ley General de la Administración Pública, regulates what is concerning this figure. Subsection 1) indicates that the silence of the Administration shall be understood as positive when it is expressly established or when it concerns authorizations or approvals that must be granted in the exercise of supervisory and oversight functions. On the other hand, subsection 2) provides that silence shall be understood as positive when it concerns requests for permits, licenses, and authorizations. Indeed, as the appellant points out, it was an authorization that he needed to obtain in order to apply administrative delay to the limitations. It is necessary, for its appropriateness, that the person managing before the Administration fulfills all the requirements, because the second subsection refers to regulated acts. However, in the case under examination, not all the requirements were fulfilled to retroact the effects of the registry information. As has been indicated in previous lines, the restrictions expired in the year 2001 and not before.” (Underlining is from the original).

XII. This Chamber shares the criterion of the Tribunal, in the sense that, for this litigation, the term of the limitations began with the administrative act issued by the Board of Directors of the then IDA granting the parcel to the plaintiff couple on June 17, 1986, and not with the granting of the respective public deed (precepts 65 of the Ley de Tierras y Colonización and 140 of the LGAP). This has been recognized by this Chamber in the ruling indicated by the Ad quem, no. 275 of 9:10 a.m. on March 17, 2011, where other precedents are cited, indicating, in what is of interest: “[...] The notarial public instrument does not diminish the importance of, much less substitute, the administrative act in question. Hence, the effects of the land assignment contract come into legal life with the Board agreement, insofar as it is a duly reasoned administrative act that meets the legal requirements necessary to distribute IDA property among the parcel holders subject to the contract.” In the same sense, one may consult, mutatis mutandis, judgment no. 1018 of 1:45 p.m. on August 23, 2012. As the judges correctly indicated, in the land assignment or adjudication contract, under the provisions of canons 65, 66, 67, and 68 of the Ley de Tierras y Colonización, the parcel holders must prove their suitability for the proper exploitation of the property throughout the entire term of the limitations, that is, during the 15 years. It is for that reason, and agreeing with what was affirmed by the Tribunal, that said institution does not grant a property right, because it is a duration contract. The public interest underlying this type of contract is reflected in the limitations imposed by the Ley de Tierras y Colonización. These aim to fulfill the social function of property, since the beneficiaries will be those who meet certain conditions to be qualified as such, so that they may develop the agricultural enterprise. In this same line of thought and for a long time, this Chamber has indicated: “[...] the land assignment contract is a duration contract through which the agrarian entity adjudicates to a beneficiary of the land provision programs, previously qualified according to the parameters established by its own regulations, an agricultural property, undertaking to transfer it, for an eventual price or free of charge, if the beneficiary proves to have the technical capacity to develop the agricultural enterprise and fulfills the obligations imposed during a trial period; the transfer of ownership is verified subject to a multiplicity of obligations on the part of the beneficiary, the breach of which allows the entity to revoke the adjudication, during a period of 15 years or until there are no outstanding debts, without being able to dispose of it in any way without prior express authorization from the Institute, because by provision of the Law, the assigning entity may recover the property to adjudicate it to another beneficiary, always having to exercise direct control over the activity carried out by the adjudicatee. A very important characteristic of this contract established in the Law, and interpreted by the doctrine, is that it is a duration contract. Its perfection does not occur with the transfer of ownership of the property; on the contrary, it crystallizes once the beneficiary fulfills their obligations, during the time established by the Law, and carries out the activity for which it was granted. Ownership is acquired fully once the term has elapsed.” (Underlining is supplied. In this regard, one may consult judgments numbers 229 of 3:00 p.m. on July 20, 1990, 275 of 9:10 a.m. on March 17, 2011, 1018 of 1:45 p.m. on August 23, 2012, 1506 of 2:50 p.m. on November 20, 2014, and 967 of 10:42 a.m. on August 17, 2017). In this last ruling, it is added: “[...] during the 15 years fixed by cited article 67, the beneficiary still does not have full property rights, insofar as the property must be used for the purposes for which it was adjudicated to them, such that, if the parcel is put to a use different from that entrusted, INDER (as the controlling body) must initiate an administrative procedure against the beneficiary to revoke the adjudication of the real estate. In other words, even if the beneficiary holds ownership of the property and it is recorded as such in the National Registry, the power of disposition, including those of use and enjoyment, are not full or absolute, but are subject to the limitations imposed by the same Law for a determined period (15 years).” (Underlining is supplied). Consequently, ownership of the property is consolidated upon the fulfillment of not only the indicated period, but also the obligations set forth in the respective contract. The beneficiaries of the parcel grant must demonstrate the skills and aptitudes for the exercise of agricultural activity throughout the entire duration of the limitations; or, which is the same, during the validity of the contract. In this regard, one may consult, mutatis mutandis, among others, the indicated judgments of this Chamber. It is, one may affirm, a strictly personal contract (intuito personae), by virtue of the social function the property fulfills – precept 50 of the Constitución Política. This is demonstrated by the fact that canon 67 of the Ley de Tierras y Colonización prescribes that the beneficiary cannot, among other things, transfer the domain of their property, without authorization from the Institute, except if 15 years have elapsed since the acquisition of the parcel and all obligations with that entity are paid off. That is, in the case of a transfer prior to the expiration of the term of the limitations, the consent of the Board of Directors of what is today the Instituto de Desarrollo Rural –INDER is required. For this reason, the adjudicatee does not benefit from the possession exercised by previous parcel holders. It is from that act, it is insisted, that the 15-year term of validity of the limitations or restrictions begins to run. In this litigation, by virtue of the referenced agreement of the Board of Directors of the then IDA – adopted on June 17, 1986 – as was accredited, on May 25, 1995, the public instrument was signed by which the then IDA transferred the farm in dispute to the plaintiff couple. In said agreement, it was expressly stipulated: “That the buyers may not transfer the domain of their property, nor encumber, lease, or subdivide it without the prior authorization of the seller Institute, except after fifteen years counted from this date, excluding from the previous prohibition, operations entered into with the Nationalized Banks, with the Consejo Nacional de Producción or any State credit Institutions. [...]”. The plaintiff party did not request the nullity of that covenant, which implies their conformity. On the contrary, they acknowledged its existence at the time the lease contract was signed. In this sense, in the primary claim number six of the lawsuit against BLINKY, CIENFUEGOS, Julia Ibarra Seas and Pedro Adrián Borges Fiol, it was requested: “That because the defendants’ possession is in bad faith, they be denied the right to improvements, fruits, as well as the right to retain the real estate. Moreover, that said payment of improvements is improper, due to the IDA limitations to which the real estate is subject, and which were known to the defendants.” (Underlining is supplied). Likewise, in the first subsidiary claim, point five, they requested: “That because of express waiver in the contract, and also because of the bad faith and abusive exercise of the performance on the farm by the defendants, they be denied the right to improvements, fruits. Moreover, that said payment of improvements is improper, due to the IDA limitations to which the real estate is subject, and which were known to the defendants.” (Underlining is not from the original). Even clearer is the second subsidiary claim, points three and five, requesting: “III) That should the judge consider that a contractual relationship exists with the defendants, of whatever nature, the absolute nullity of said contractual relationships be declared, because IDA limitations existed at the time they were entered into. [...] V) That because of express waiver in the contract, and also because of the bad faith and abusive forms of exercise of the performance on the farm by the defendants, they be denied the right to improvements, fruits. Moreover, that said payment of improvements is improper, due to the IDA limitations to which the real estate is subject, and which were known to the defendants.” (Underlining is supplied). Even when the then IDA was joined in the litigation, in the claim marked number six, it was requested: “That because the defendants’ possession is in bad faith, they be denied the right to improvements, fruits, as well as the right of retention. Moreover, that said payment of improvements is improper, due to the IDA limitations to which it is subject, since they were known to the defendants.” (Underlining is not from the original). In the first subsidiary claim, point five, against said entity, it was requested: “That because of express waiver in the contract, and additionally, because of the bad faith and abusive exercise of the performance on the farm by the defendants, they be denied the right to improvements, fruits. Moreover, that said payment of improvements is improper, due to the IDA limitations to which the real estate is subject, and which were known to the defendants.” Similarly, in the second subsidiary claim against that institution, points 3 and 5, it was requested: “3) That should the judge consider that a contractual relationship exists with the defendants, of whatever nature, the absolute nullity of said contractual relationships be declared, because IDA limitations existed at the time they were entered into. [...] 5) That because of express waiver in the contract, and also because of the bad faith and abusive forms of exercise of the performance on the farm by the defendants, they be denied the right to improvements, fruits. Moreover, that said payment of improvements is improper, due to the IDA limitations to which the real estate is subject, and which were known to the defendants.” (Underlining is supplied). For the aforementioned reasons, this Chamber shares the position set forth by the Ad quem, in the sense that the thesis of the plaintiff party that the computation of the term for the expiration of the limitations begins when it is first adjudicated is unfounded. In the proven fact of the preceding Court's judgment numbered 6, endorsed by the Tribunal, it was accredited that in agreement number nine, adopted in session number 399 of the Board of Directors of the then IDA, held on June 17, 1986, the adjudication of the parcel in litigation was approved to the couple composed of Mr. Juan Diego Vargas Soto and Mrs. Kattia María Salas Castro. Therefore, it is from that moment, as the judges pointed out, that the computation of the term of limitations for 15 years began. For this reason, the cassation appellant is not correct in indicating that the limitations, when the farm in litigation was granted in lease – in the year 1998 – were expired. This is because, in addition to contradicting what was stated in the claims, it is insisted, their termination occurred on June 17, 2001. This Chamber also shares what was decided by the Tribunal regarding the figure of positive silence. As it correctly indicated, for its appropriateness, the managing party must comply with all legal requirements for the granting of the permit, license, or authorization, as provided in subsection 1) of article 331 of the LGAP. In this process, they were not met. The request for authorization to lease the property was made by the plaintiff party when the limitations were still in force; therefore, said figure of positive silence was not applicable. On the other hand, the appellant did not question what was affirmed by the judges regarding the fact that his claim was not proven with the offered testimonial evidence. He merely reiterated what was affirmed in the vertical appeal. By virtue of the foregoing, the rejection of the grievance under consideration is mandated.

XIII. In the third ground of disagreement, folio 28, the appellant alleges error in the evidentiary assessment, for, he indicates, INDER’s claim is time-barred. He reproduces, in what is of interest, what was stated in Considerando VII of the Court’s judgment; as well as what was stated by the Ad quem in Section IX of the questioned judgment. The argument set forth in the appealed judgment, he affirms, is based on incorrect premises. Namely: 1) the limitations are in force; 2) being in force, the reprimand (amonestación) interrupted the statute of limitations; and 3) said reprimand could be obeyed by him. The foregoing, he indicates, is false and incorrect for the following reasons: a) the limitations were not in force. According to the agreement of the Board of Directors, adopted in Article XVI of session number 2450 of March 3, 1981, Mr. Dagoberto Rojas Fallas was granted the adjudication of parcel number 48. On June 11, 1983, in Article XII of session number 122, the Board of Directors authorized its division, forming parcels 48-1(A) and 48-2(B), giving the adjudication of the first to Ubaldo Rojas Fallas. On June 11, 1984, the Board of Directors, in Article IX of session number 399, authorized the transfer of that parcel to him, Juan Diego Vargas Soto. Said transfer was deed-formalized on May 25, 1995, before the IDA notary, applying the law, it was registered in his name and that of his spouse, Kattia Salas Castro, in equal shares. It was registered in the Public Property Registry, generating the registered property folio number 293.864-001-002. The administrative delay is clear, he comments: the parcel was adjudicated in the year 1981 and the public instrument was granted in the year 1995, even though the transfer of the part of the parcel was in the year 1984. The real estate is subject to limitations registrally, he notes, but not legally. It was adjudicated on March 3, 1981, and transferred on June 11, 1984, so 26 years have passed since the adjudication; this, he alleges, evidences the administrative delay and negligence of IDA. b) the limitations expired at 15 years; 26 have elapsed, so any action by IDA, after the 15 years of limitations, could be exercised 10 years later. By the date IDA sued, he continues, more than 11 years had already passed since the expiration of the limitations; for which reason, he estimates, all rights were time-barred. This means that the reprimand (amonestación) could not produce the interrupting effect as the judgment states, because a statute of limitations period already expired cannot be interrupted, since the right of IDA alleged in its counterclaim had already lapsed. c) the reprimand issued by IDA was impossible to comply with, because, despite Mr. Pedro Borges, his wife, and their companies being asked to leave the property, they did not do so; hence, it was necessary to first file the eviction (desahucio) and finally this litigation. We are facing a dispossession, he concludes, and he cannot be punished, much less sanctioned.

XIV. In this regard, in the questioned judgment, the judges considered the following: “IX. On the statute of limitations of INDER’s claim, the appellant computes starting from the premise the limitations were 26 years old, but were expired due to administrative delay. He uses this supposed conclusion as the starting point of the statute of limitations. However, as noted in previous segments, the limitations were not expired at the time INDER was joined to the litigation, since it was notified of the present lawsuit on May 22, 2006, according to the notice of notification that corresponds to the image of page 653 to 655 of volume II. As fully explained in Considerando VI, the prohibitions of the land adjudication contract between the administered parties Vargas Soto and Salas Castro began as of June 17, 1986, expiring on June 17, 2001. Using the appellant’s argument, at the time of notification of the lawsuit to the Institute, only approximately four years and ten months had elapsed. Pursuant to article 868 in relation to article 876 subsection 2) both of the Código Civil, the fatal term had not lapsed, so we will proceed to confirm what was decided on this point, but for the reasons given in this instance.” (Underlining is from the original)

XV. In this regard, it is necessary to recall that this Chamber, in judgment number 505 of 8:45 a.m. on April 14, 2011, citing other precedents, stated: “[...] among the characteristics of the cassation appeal in agrarian matters is that it must be technically ordered. The reproaches to the judgment must be enumerated and structured, and their lack of juridicity must be substantiated. The appellant has the duty to explain, in a clear and precise manner, the reasons on which they base their action. They must combat, in a systematic way, the legal grounds of the appealed judgment. They are only exempted from expressly indicating the violated legal norms, or the type of infraction committed. In this regard, see, among many others, judgment number 892 of 9:00 a.m. on November 25, 2005.” (Voto 596-f-06 of 2:55 p.m. on August 30, 2006). Therefore, despite the fact that the appeal in agrarian matters is governed by the Código de Trabajo, and it has been considered a third rogated instance, this does not exempt the appellant from the duty to express clearly and precisely the aspects of the second-instance judgment they are challenging, explaining in each case what the alleged errors consist of.” No. 300 of 10:00 a.m. on April 25, 2008.” (Underlining is supplied). In the same sense, one may consult, among others, the judgments of this Chamber numbers 809 of 8:40 a.m. on July 5, 1513 of 9:25 a.m. on November 15, both of the year 2012; 1196 of 9:50 a.m. on September 18, 2013; 29 of 1:30 p.m. on January 16, 2015; 556 of 9:40 a.m. on May 17 and 1454 of 2:45 p.m. on November 23, both of the year 2017. In accordance with the foregoing, although no special formalities are required in the agrarian cassation appeal, it does not mean it is completely informal, since the objections to the judgment must be technically structured. Thus, one must set forth, with clarity and precision, the objections to the factual and legal grounds of the appealed judgment; the only thing the appellant is exempt from is indicating the provisions of the legal system violated or the type of infraction committed. The appellant does not properly challenge what was argued by the Tribunal. In essence, he merely reiterated the arguments set forth in the appeal; therefore, what is indicated in the appeal is inconsequential for the purpose of overturning the judgment. Notwithstanding the foregoing, and for greater abundance of reasons, this Chamber endorses what was indicated by the Ad quem. As was set forth in Considerando XII of this judgment, it also shares the criterion that the start of the computation of the term of restrictions on the property in litigation occurred with the administrative act of adjudication by the Board of Directors to the couple composed of Mr. Juan Diego and Mrs. Kattia María; that is, on June 17, 1986, so its expiration occurred on June 17, 2001, not on the date indicated by the appellant. This means that, as the judges correctly noted, at the time INDER was notified of the lawsuit filed by the plaintiffs against it, on May 22, 2006, barely 4 years and 10 months had elapsed since the termination of the limitations. Ergo, in application of precepts 868 and 876 subsection 2) of the Código Civil, the counterclaim filed by INDER was made within the term provided in the first article. Therefore, the grievance under consideration shall be rejected.

XVI. In the fourth censure of the appealed judgment, folio 33, the cassation appellant invokes error of fact in the evidentiary assessment, because, in their criterion, the nullity of the lease contract is not applicable. They reproduce, in what is of interest, what was stated in Considerando IX of the A quo judgment; as well as Section X of the Ad quem’s judgment. They characterize what was decided as contrary to the principles of equity, reasonableness, proportionality, and “indubio pro agricultor”. This, because: 1) administrative delay had occurred, which implies that the limitations had expired; moreover, there were no outstanding obligations with the Institute, which made the lifting of the limitations applicable and the revocation proceeding improper; 2) on various occasions they took steps to lift the limitations, but never received a response from the Administration; 3) if the limitations were not lifted, it was not due to their responsibility, but rather to the inertia and silence of the Administration; 4) in the face of the Administration’s silence, given that authorization to lease had been requested, as stated in the witness declarations, what was being sought was an “authorization,” which took effect by means of positive silence, in light of the provisions of articles 331 and 332 of the LGAP; 5) in light of that factual situation, the nullity provided for in article 67 of the Ley de Tierras y Colonización is not applicable, as indicated in the appealed judgment. It is not appropriate to annul the lease contract as the appealed judgment does, and much less to declare the revocation of the parcel.

XVII. In Considerando X of the questioned judgment, the judges, with regard to INDER’s claim for annulment of the lease contract, stated: “[...] As has been explained abundantly, the limitations, according to this Chamber’s reasoning, applying administrative delay, expired on June 17, 2001. The lease agreement was signed on December 4, 1998 (document in image of folio 57 of volume I), a time when they were subject to the obligations inherent to the land adjudication contract, according to article 67 of the Ley de Tierras y Colonización, where it stipulates that the beneficiary is unable to lease it, among other provisions regarding the property. It was explained that, due to the social function the parcel fulfills, intimately related to the philosophy of article 50 of the Constitución Política, the beneficiaries must demonstrate their technical capacity and experience in agricultural work. If they opted to build a dwelling, that was within the powers granted to them by the land adjudication contract.

However, by express and clear mandate of the rule, they lacked the possibility of leasing part of the property, because authorization was required. From the abundant evidentiary record, both documentary and testimonial, no procedure to request authorization to lease is inferred. This Court considers that such procedures must be carried out prior to the signing of any agreement or verbal arrangement. Regardless of the justifications, whether pertinent or not, given by the counterclaimed plaintiffs Vargas Soto and Salas Castro, they were fully aware of the obligations they had with INDER. Furthermore, regardless of the steps taken for the lifting of the prohibitions, a separate procedure should have been carried out for the lease. It should be noted that the contract was signed in December 1998, and the record of the request for the lifting of restrictions dates from July 24, 1998 (image 3 of volume of evidence V); the field inspection visits to verify whether the lifting was appropriate or not are from November 18, 1999, at which point the effects of the lease contract had already unfolded. As further reasoning, it was explained that it was necessary for the procedure for the lifting of the limitations to culminate in an agreement of the Institute's Board of Directors, as this was necessary to modify the information in the National Registry, which reflected the term indicated in the public deed where the transfer in favor of the aforementioned parcel holders was recorded.”

XVIII. The appellant on cassation, despite transcribing the aforementioned recital of the Tribunal's judgment, does not properly challenge the grounds provided to deny the objection raised in the vertical appeal. What was done is basically a reiteration of the objection raised in the appeal. That is, he makes an argument completely divorced from what was decided by the Ad quem. It constitutes, rather, a merely argumentative statement. This renders his allegations futile for the purpose of breaking the ruling. Ergo, the rejection of the ground of disagreement under study is required. In any case, as has already been pointed out, this Chamber shares the reasoning of the judges. In the unproven facts 1 and 2 of the trial court's judgment, endorsed by the Tribunal, it is stated: “1) That the plaintiffs had processed before IDA an authorization to lease the parcel related in this proceeding. 2) That the Instituto de Desarrollo Agrario, now INDER, had authorized Mr. Juan Diego Vargas Soto and Ms. Katia María Salas Castro to lease a section or the entirety of the farm registered under the Alajuela district, registration number 293864-001-002 (see certification issued by Eng. Juan L. Salas Vega, Subregional Head in Orotina, dated February 6, 2002, visible on folio 225 in Volume I of Evidence, in which it is indicated that no authorization in this regard has been processed or approved).” This, as indicated, is not challenged by the appellant. On the other hand, in the proven fact preceded by number 15, it was accredited: “On the fourth day of December nineteen ninety-eight, Mr. Juan Diego Vargas Soto, Ms. Kattia María Salas Castro, and Blinky de Orotina Sociedad Anónima, represented by Ms. Julia Ibarra Seas, signed a private document for a lease contract for a section of the farm registered under the Alajuela district, registration number two hundred ninety-three thousand eight hundred sixty-four-zero zero one and zero zero two (document on folio 55 of the scanned main file).” This is also not challenged by the appellant on cassation. That is, as the judges correctly indicated, that agreement was signed while the limitations encumbering the property in dispute were in force and without the proper authorization of the Institute's Board of Directors. Therefore, it becomes null and void pursuant to the provisions of canon 67 of the Ley de Tierras y Colonización, as was declared.

XIX. In the fifth attack against the challenged judgment, folio 37, the appellant on cassation alleges an error in the assessment of evidence, since, in his view, there was no indirect exploitation of the parcel. This is because, he indicates, it was worked and exploited in the agricultural field. This was done, he notes, until he was illegitimately dispossessed. This, he argues, can be demonstrated with the projects carried out on it. With the University of Costa Rica -UCR-, he comments, he conducted experiments with hot pepper seed to reproduce a variety called “Jalapeño M”; the experimental planting of different passion fruit varieties, to determine the most suitable for the area. The planting of pochote timber trees with the Ministry of Agriculture and Livestock -MAG-. The milk and meat cattle project, carried out and financed by the BPDC. The IDA, he affirms, gave authorization for that project to be executed through the Asociación de Productores de la Trinidad y Uvita. Also, he adds, a planting project for the export of melon, watermelon, and other agricultural products was presented to it, requesting authorization, as the law states, to mortgage the parcel. Said entity granted it through the Board of Directors. As a result, he notes, a 10-year mortgage certificate was constituted for the execution of the project, which served as a guarantee before the National Banking System and, as a consequence of that, the project generated benefits for the community, especially in labor. The parcel, he indicates, was worked and exploited directly from the year 1984, with the different agricultural and livestock activities until the day of the illegitimate dispossession by Mr. Pedro Borges and others. On repeated occasions, he notes, he requested the IDA to help him, since the limitations were not formally being lifted; however, it did not do so. Proof of the malicious conduct of IDA officials, he refers, is that when he counterclaimed, they did not do so against Mr. Borges and the other defendants; instead, they offer them as witnesses, which he qualifies as “unlawful collusion between said parties.” They transcribe, in what is of interest, what was stated by the trial judge in recital IX of her judgment. In the challenged judgments, he points out, it is assumed that what facilitated the dispossession was the lease contract. However, he states, if the transcribed text is analyzed, it recognizes that they were dispossessed of the parcel. What was leased were only two hectares, the rest was illegitimately dispossessed. He transcribes, as pertinent, what was stated in recital X of the trial court's judgment. For its part, he indicates, the Ad quem, despite determining that he was illegitimately dispossessed of the real property, sanctioned him for failing to comply with the warning carried out by INDER. The most serious thing, he states, is that preliminary negotiations are confused, which never resulted in the execution of any contract (there was never a transfer contract), punishing as if there had been a contract. It is not justified, he notes, to say that he placed himself in that situation, when there was never a transfer contract; it was the unilateral and unlawful acts of Mr. Borges that dispossessed him of the property, which prevented him from complying with the warnings given. He reproduces recital XI of the Tribunal's judgment. The exploitation by Pedro Borges and the defendant companies is unlawful, but they cannot involve him with it, for the following reasons: 1) he only leased him a house; 2) the lease is for housing; 3) it did not affect the productive rest of the parcel; 4) collaborating with any permit was a product of the preliminary negotiations, but said negotiation was never concluded, as the judgment itself says; 5) almost all the permits were promoted by Pedro Borges; 6) the acts carried out by Mr. Borges are not his responsibility, such as permits for business licenses, constructions, etc.; 7) the fact that he possessed the rest of the farm was a product of an illegal dispossession; and 8) proof that there was an illegal dispossession was the eviction action filed and this ordinary proceeding. He makes another transcription of recital X of the trial court's judgment. From what is said in the judgment, he continues, it is clear that he always worked the parcel until he was unlawfully dispossessed. Even, he adds, the witnesses say that Borges lived in the house and he continued planting, so indirect exploitation of the parcel never occurred. What happens, he insists, is that he was subsequently dispossessed unlawfully and, at that moment, Mr. Pedro carried out a land-use change of the parcel, but without his consent. The unlawful acts of Mr. Borges, who dispossessed him and changed the use of the real property, cannot be imputed to him. The curious thing about both judgments, he affirms, is that they assessed those negotiations that never resulted in anything, as if they were a contract that violated the prohibitions of the Ley de Tierras y Colonización, when, in reality, no contract whatsoever was executed and that is a clear error in the assessment of evidence. Once more, he transcribes another fragment of what was considered by the trial judge in section X of her judgment. Two fundamental things were accredited: a) he always exploited the parcel directly until he was dispossessed; and b) he made a request for permission to lease. If he did not receive a response, it was due to the inertia of the Administration. Again, he copies another part of recital X of the trial court's judgment. It is not true that there was complacency on his part and that of his wife. He made a lease contract under the understanding that he had acted correctly, requesting permission from the IDA. He did not continue producing because he was dispossessed. The steps taken by Mr. Pedro Borges at the Municipality, he concludes, are not his responsibility.

XX. In relation to this, in recital XI of the challenged judgment, the judges considered the following: “Another error assigned to the appealed decision concerns the ground of indirect exploitation of the parcel. It is argued in the appeal that they were unlawfully dispossessed and tried to recover the property through the eviction proceeding. But certainly, by participating in a contract without the proper authorization, as set forth in the preceding recital, they placed themselves in a situation of risk and breach of their duties. Furthermore, the argument that they are being held responsible for the actions of the co-defendants Pedro Borges, Julia Ibarra, and companies is not shared; however, it is again a thesis lacking support. Indeed, as the challenged judgment pointed out, the appellant was fully aware of what was occurring on the parcel, by signing documents to consent to the processing of a business license. This note was signed by the appellant and his wife, expressly stating: ‘...in our condition as owners of the registered farm... and in our condition as lessors, we express our agreement with the license application made before you by CIENFUEGOS ECO RANCHO LIMITADA’ (image from folio 429 of volume of evidence I). First, the missive is crystal clear regarding the procedure to be executed; and second, the lease contract was agreed upon with the commercial entity Blinky de Orotina Sociedad Anónima, which reveals that an activity other than housing was being developed on the parcel, by authorizing another legal entity. Due to the knowledge that the co-defendant Salas Castro had as an official of the Municipal Corporation, it is deemed that they had sufficient knowledge to know that a business license is not required for habitation, but rather for other types of activities such as those being carried out on the parcel.” (The underlining is from the original).

XXI. In this regard, as already stated, in the proven fact preceded by number 15, the trial judge, which was endorsed by the Tribunal, accredited that on December 4, 1998, Mr. Juan Diego, Ms. Kattia María, and BLINKY, represented by Ms. Julia Ibarra, signed a private document for a lease contract for a section of the farm in dispute. Similarly, in unproven facts 1 and 2, it was recorded that Mr. Juan Diego did not request authorization from the then IDA to lease the parcel and, consequently, that said Institute did not authorize said lease. In light of the above, this Chamber deems the Tribunal's assertion correct that participating in said lease contract with the company BLINKY -which is accepted by the appellant on cassation himself- without the proper authorization of the then IDA, placed him inexorably in a situation of risk and breach of his contractual duties, in accordance with the provisions of canons 65, 66, 67, and 68 of the Ley de Tierras y Colonización. In another order of ideas, in proven fact number 23, the first-instance judge, which the Tribunal endorsed, an aspect that was also unchallenged, accredited: “By official letter dated July 14, 1999, addressed to the Municipality of Orotina, Mr. Juan Diego Vargas Soto and Ms. Katia María Salas Castro communicate that, in their condition as lessors and owners of the farm registered under the Alajuela district, registration number 293864, they express their agreement with the license application made by Cienfuegos Eco Rancho Limitada (document on folio 429 of Volume I of evidence).” As the judges correctly indicate, it is reiterated that the lease contract, as already stated, was agreed upon with the company BLINKY. What was stated in the proven fact transcribed above reveals that, on the parcel in dispute, an activity different from that which should have been carried out by virtue of the grant awarded by the IDA was occurring, by authorizing exploitation through a legal entity. Likewise, the Tribunal added that, by virtue of co-plaintiff Salas Castro being an official of the Municipality, she was fully aware that a business license is not required for habitation, but rather for other types of activities such as those being carried out on the parcel. These arguments were not challenged by the appellant in his appeal before this Chamber. He limited himself to stating: “For its part, in the Second Instance judgment, despite determining that I have been illegitimately dispossessed of the real property, it sanctions me for not complying with the warning carried out by INDER. The most serious thing is that they confuse the preliminary negotiations that never resulted in the execution of any contract (there was never a transfer contract), sanctioning as if there had been a contract. It is not justified to say that I placed myself in that situation, when there was never a transfer contract; it was the unilateral and unlawful acts of Mr. Borges that dispossessed me of the property, which prevented me from complying with the warnings made to me.” In addition to not contesting what was indicated by the Ad quem, the aforementioned statement is confusing. In the first place, the judges, in the transcribed recital, did not determine the alleged illegitimate dispossession. They only refer to his statement, without endorsing it. The appellant affirms that there was no transfer contract; however, later, in the same objection, he accepts that there was a lease contract for housing. On the other hand, the Ad quem was clear and precise in affirming: “Furthermore, the argument that they are being held responsible for the actions of the co-defendants Pedro Borges, Julia Ibarra, and companies is not shared; however, it is again a thesis lacking support.” Contrary to what is indicated both in the vertical appeal and now before this Chamber, the responsibility attributed to him is for his own acts, such as having leased the property without the corresponding authorization and processing before the Local Government of Orotina, in his condition as lessor and owner of the parcel in dispute, the granting of a business license to the company CIENFUEGOS, all of which shows that the use of the property assigned by the IDA was modified. For the reasons stated, rejection of the grievance under consideration is required.

XXII. In the sixth and final grievance against the challenged judgment, folio 49, the appellant alleges an error of fact in the assessment of evidence, since the replevin action (acción reivindicatoria) was rejected due to lack of standing to sue. He reproduces, in what is of interest, what was stated in recital XIII of the trial court's judgment; as well as section XII of the Ad quem's decision. The reasoning set forth there, he considers, was based on the revocation of the parcel. However, he affirms, it is not appropriate for the following reasons: 1) the limitations were not in force. He reiterates that, according to Board of Directors agreement number XVI of session number 2450 of March 3, 1981, the award of parcel number 48 was granted to Mr. Dagoberto Rojas Fallas. On June 11, 1983, in article XII of session number 122 of said collegial body, its division into parcels numbers 48-1(A) and 48-2(B) was authorized, awarding number 48-1(A) to Ubaldo Rojas Fallas. On June 11, 1984, he continues, the Board of Directors, in article IX of session number 399, authorized the transfer of parcel 48-1 to Juan Diego Vargas Soto, being deeded on May 25, 1995, in his name and that of Kattia Salas Castro in equal parts. It was registered in the Public Property Registry, creating the farm registration number 293-001-002. The administrative delay, he insists, is clear. The parcel was awarded in 1981 and was not deeded until 1995, even though the transfer of parcel number 48-1(A) was in 1984. Said real property, he indicates, is registrally subject to the limitations imposed in the Ley de Tierras y Colonización, but not legally. 26 years have passed since the award. This, he indicates, shows the administrative delay and negligence of the IDA; 2) the limitations expired after 15 years and 26 have passed, so any action by the IDA after the 15 years of limitations could be exercised 10 years later. On the date the IDA sued, he states, more than 11 years had elapsed since the expiration of the limitations; therefore, all rights of the IDA had prescribed. Furthermore, he adds, the warning could not produce an interrupting effect, as the judgment states, because a prescription term already fulfilled cannot be interrupted, since the IDA's right had precluded; 3) the Institute's warning is impossible to comply with. Despite asking Mr. Pedro Borges, his wife, and his companies to leave the property, they did not do so. Hence, he explains, the need to file the eviction proceeding first and, finally, this litigation. There is dispossession, so he cannot be punished for that. Consequently, he indicates, if the revocation of the parcel is not appropriate for the reasons mentioned above, it is clear that standing to sue is indeed configured as a prerequisite for the replevin action (acción reivindicatoria). He makes another reproduction of what was considered by the trial judge in section XIII of her judgment. The appealed judgment indicates there is no just cause for the abandonment of the parcel; however, he states, this is not true. The same decision recognizes the just cause for which he did not remain on the parcel. They reproduce, in what is of interest, what was stated in recital IX of the trial court's judgment. He carried out the lease because he believed he had met the legal requirements, upon learning of the PGR's pronouncements and, based on those criteria, INDER began to lift limitations on all parcels. In any case, he relates, it was two hectares; the rest of the real property was indeed produced by him until he was dispossessed. The land-use change, he indicates, occurred due to Borges' fault, when he dispossessed him. Only the house was leased. He never had responsibility for the land-use change or the departure from the farm, because, he insists, he was dispossessed of possession of the real property. If it were not so, he argues, he would not have brought this proceeding. The eviction was for the two hectares, but the ordinary proceeding is for the entire farm. He does not accept what is asserted in the judgment, in the sense that there is no justification for his not possessing, since he was expelled from the farm and, therefore, he emphasizes, he filed this litigation. That fact is not controverted, as it was not denied by the defendants. Consequently, he deems that there is passive standing as a prerequisite for the replevin action (acción reivindicatoria). Also, he concludes, identity of the thing, as the third prerequisite of the replevin action (acción reivindicatoria), because the real property possessed illegitimately by Mr. Borges, his wife, and his companies is the same one from which he was dispossessed and which he claims.

XXIII. Regarding this particular point, the Ad quem, in recital XII of the challenged judgment, stated: “XII. As a corollary to the foregoing, the rejection of the replevin action (acción reivindicatoria) will perish as unfounded, given that it will be appropriate to confirm what concerns the revocation of the land award contract and the consequent nullity of the title; they lack standing to sue to make the claim. Lacking just one of the procedural prerequisites for the action, what is requested must perish. Numeral 320 of the Civil Code establishes that the owner is the one with standing to make the claim; however, upon losing the status of beneficiaries of the award contract for the parcel in conflict, they lack that quality to support the claim. At the same time, it reiterates as an error against the judgment that the limitations had expired, but as has been amply explained, the figure of administrative delay was inapplicable. Likewise, the grievance will perish as unfounded, regarding that it was impossible for them to comply with the warning of the admonition due to the dispossession; however, the reasoning of the trial court is shared, that said party placed itself in a disadvantageous situation by infringing the obligations acquired at the time of being awarded the parcel. It must be reiterated that the right of ownership had not been consolidated at the time of entering into the lease agreement, even if partial, a reason sufficient to dismiss the grievance.” (The underlining is from the original).

XXIV. The appellant on cassation insists on a series of arguments that have already been subject to analysis in this judgment. The Tribunal is eloquent in indicating that, by virtue of confirming the revocation of the land award contract signed by the plaintiff, Juan Diego Vargas Soto, and his wife with the IDA -now INDER-, and the consequent nullity of the title, he lacks standing to sue to bring a replevin action (acción reivindicatoria). Since one of the prerequisites for its standing, which is being the owner of the real property in dispute, does not exist, the claim cannot succeed -canon 320 of the Civil Code-. Upon losing the status of beneficiaries of the award contract for the parcel subject of this proceeding, the judges indicated that they do not hold that legitimating prerequisite. This Chamber, in light of what was set forth in the preceding recitals, shares what was decided. The appellant on cassation's breach of the limitations or restrictions encumbering the awarded parcel has been accredited, by signing the aforementioned lease contract with the company BLINKY without having the Institute's consent. This situation requires the revocation of the grant awarded. Additionally, it implies that he does not hold the status of owner, necessary to bring the replevin action (acción reivindicatoria). In the same way, what was indicated in the challenged judgment is shared, regarding that the reasons have already been provided for which it is deemed that the argument of administrative delay, due to the expiration of the limitations, is inappropriate. The criterion of the judges is also shared, which was not properly challenged, that the plaintiff placed himself in a disadvantageous situation by breaching the restrictions and obligations acquired when the parcel was awarded to him, since the right of ownership had not been consolidated when the lease contract was entered into, even if partial. Consequently, the plaintiff lacks standing to sue to claim the replevin of the real property in dispute. Ergo, the rejection of this grievance is required.

XXV. By virtue of the reasons set forth, by majority, the appeal filed in agrarian cassation will be dismissed and the Tribunal's judgment confirmed.

THEREFORE

By majority, the appeal in agrarian cassation is dismissed. The objected judgment is confirmed.

Luis Guillermo Rivas Loáiciga

Román Solís Zelaya                                                       Rocío Rojas Morales

William Molinari Vílchez                                             José Rodolfo León Díaz

MJIMENEZ

DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE LEÓN DÍAZ

              The Right of Property (or if one prefers, Property Rights, as the doctrine has maintained based on the teachings of master Pugliatti), is one of the most controversial and intricate legal institutes, essentially changing according to each legal and social environment and the historical evolution of a country. It is inevitable, then, to find divergences in the interpretation of the legal norms that regulate it, especially when dealing with a special property, such as that derived from state award for the agrarian exploitation of land parcels. In this context, and with due respect, I differ from what was indicated in the majority vote regarding some fundamental points that led to the rejection of the cassation appeal filed. In the first place, I consider that lease contracts, concessions for the use of land, and land award contracts are different in their nature and effects. In the first two, a temporary use of the property is granted, without it leaving the estate and ownership of the respective public entity. In the latter, the award entails the transfer of a special right of ownership, registrable in the Public Registry, governed by a singular regime -and hence it is a special property- that temporarily limits some aspects regarding the utilization, transformation, disposal, or transfer of the property, whether inter vivos or mortis causa. This is clearly evident from the regulations relating to land subdivision (parcelación de tierras), contemplated fundamentally in article 49 to 81 of the Ley de Tierras y Colonización No. 2825. In particular, article 49 establishes as the purpose of subdivision (parcelación) to achieve a better distribution of land, not its indefinite belonging in the hands of the respective public entity; article 54 indicates that the lands acquired by INDER will be divided to procure the economic emancipation of the farmer, not his unlimited or excessive tie to the entity, outside the parameters of proportionality and reasonableness; article 58 indicates the possibility of granting parcels for a consideration, even allowing that the sale price may be less than its cost, which indisputably alludes to a transfer of the property; article 59 regulates the amortization of payments, which is only appropriate in the case of a sale; for its part, numeral 62 establishes the requirements of the application for the acquisition of the land by applicants, it does not indicate that it is for lease or with limitations that exceed the legal term; article 65 begins to refer to the sale of parcels and the manner in which the Institute will proceed to grant title of ownership, guaranteed by a mortgage, which would entail, in the event of default, its execution through the sale of the property; regarding defaults on the obligations of the parcel holder, article 66 establishes the possibility of reverting the award, with the loss of the right over the property, in which case the parcel would return to the domain of the Institute, from which it is evident that before that said real property was not in its estate, but in that of the awardee. The most relevant provision, we find in article 67, which literally indicates: “The beneficiary may not transfer the ownership of his parcel nor encumber it, lease it, or subdivide it without authorization from the Institute, except when fifteen years have elapsed since the acquisition of the parcel and when all obligations with said agency are cancelled. Nor may he, without that authorization and during the same term, encumber the harvests, seeds, animals, tools, utensils, or equipment necessary for the exploitation of the parcel, unless all his obligations with the Institute are cancelled. To authorize the encumbrance of the real property, four concurring votes of the Board of Directors are required. Any contract celebrated without complying with the preceding provisions shall be absolutely null. After the fifteen years have elapsed and the right of ownership has been acquired, any transfer of the parcel that, in the judgment of the Institute, may produce an excessive concentration or subdivision of property, shall give the latter the right to acquire the parcel or parcels offered for sale at the price set by experts appointed by the parties, or by a third party in case of disagreement. This third expert shall be appointed by the other two experts. The Public Registry shall take note of the limitations referred to in this article.”. This rule, I opine, establishes only a limitation regarding the powers of disposal of the property, which is not novel in the legal system, since from the French civil legislation of 1800 this possibility was established, collected in numeral 242 of our Civil Code. Limiting one of the attributes of ownership, for a reasonable term of 15 years, does not mean that the property continues in public domain. Moreover, the rule clearly establishes that it would be a transfer. In this sense, the rule even establishes a possibility of reacquiring the property when, after 15 years have elapsed, there were transfers that could be considered directed at an excessive concentration or subdivision of property, but paying the price established by an appraisal.

From this provision also arises the power to encumber the property to obtain resources, with a qualified majority, which denotes that there could be mortgages that might eventually lead to the auction of the parcel, which is admissible only if we are dealing with a property right. Therefore, this property may be transferred with authorization from INDER or by auction when said entity previously permitted it to be encumbered and this becomes necessary due to non-payment of the acquired credits. In the same vein, Article 68, subsection 1), also establishes that the property may only be transferred or encumbered with prior authorization from INDER, before the respective obligations are fulfilled. In this regard, if the established obligations have been fulfilled, there is no limitation whatsoever on the property right, nor can INDER extend those that previously existed. Its subsection 2) shows, for its part, that after fulfilling the obligations no authorization whatsoever is necessary, but INDER could eventually reacquire the parcel given the possibility of its consolidation or subdivision (subdivisión). This figure, in my view, would demonstrate a kind of expropriation that could only find legitimacy if it fundamentally conforms to the parameters established by Article 45 of the Political Constitution. At no time, it must be insisted, is the public entity authorized to restart the period of limitations once a transfer is authorized, since, precisely, the essence of any transfer of a right is to maintain the transferred legal situation intact. Continuing to impose limitations beyond the initial 15 years means leaving the properties in a situation of uncertainty beyond proportionality and reasonableness. Furthermore, in accordance with the principle of legality, public entities may only do what is expressly permitted to them by Law, and at no time did the legislator establish that each time a transfer was authorized, those 15 years would begin to run anew. This does not occur with transfers, whether inter vivos or mortis causa. The regime of Article 69 of that Law establishes the transfer of the property in the event of the beneficiary's death, but recognizing that there is a property right. If there are heirs who cannot acquire due to their personal conditions, the Institute may judicially award the parcel to itself, thereby recovering its ownership upon prior payment of its appraised value. All of the foregoing, I consider, denotes the condition of a special property, but one that cannot have more limitations than those expressly provided for by the legal system, without them being able to be interpreted extensively as it involves the restriction of a fundamental right of economic content, such as the property right, recognized and protected by Article 45 of the Political Constitution. For these reasons, I deem the second grievance of the cassation appeal filed to be well-founded, as outlined in Considerando IX of the majority vote, which I omit transcribing as unnecessary, because I consider that the term of limitations established with respect to lot NO. 48-1(A) had already elapsed by a wide margin, from the moment of its original adjudication, regardless of the subsequent authorizations to segregate the property or transfer it, since no legal norm of statutory rank—the only one that could justify limitations on a property right—allows the Institute to successively extend the restriction period on the powers of disposition. Therefore, in the minority, I consider that the judgment whose cassation is requested must be annulled, the ruling in first instance reversed, and instead the principal claims of the lawsuit by Juan Diego Vargas Soto and Kattia María Salas Castro against Julia Ibarra Seas and Pedro Adrián Borges Fiol granted, reserving the liquidation of damages for the enforcement phase of the judgment, rejecting all material defenses raised by said defendants. As for the counterclaim filed by INDER, I consider in the minority that it must be rejected in all its aspects, as the property right of the counterclaim defendants is consolidated, granting the defense of lack of right and present interest, since INDER has no such interest in properties whose full ownership has already been consolidated. As for costs, as a consequence of this minority opinion, I consider they must be paid by the losing parties in the lawsuit and counterclaim to the counterclaim defendant plaintiffs.

 

 

José Rodolfo León Díaz

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