Res. 00003-2021 Sala Tercera de la Corte — Duty to Reason and Comprehensive Review in Environmental Criminal AppealDeber de fundamentación y examen integral en apelación penal ambiental

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Sala Tercera de la Corte

Resolución Nº 00003 - 2021

Fecha de la Resolución: 08 de Enero del 2021 a las 10:40

Expediente: 18-000279-1295-PE

Redactado por: Patricia Solano Castro

Clase de asunto: Recurso de casación

Analizado por: SALA DE CASACIÓN PENAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Procesal Penal

Tema: Fundamentación de la sentencia

Subtemas:

Deber de Tribunal de alzada de examinar los reclamos que expresamente le son planteados por las partes sobre puntos impugnados.

"III.[...]En síntesis, el tópico de relevancia invocado es veraz, lleva razón la representante del Ministerio Público, al sostener que la resolución de alzada menoscaba el deber de fundamentación, porque el Tribunal de Apelación de Sentencia, omitió analizar un extremo esencial de los reclamos elevados en apelación, al no imponerse de los registros que precedieron el debate, y confirman la absolutoria de manera errada, al partir que la pieza acusatoria resultaba deficitaria en cuanto a la descripción del disfrute ilegal de un recurso natural, sin imponerse del conocimiento de la requisitoria fiscal vigente, omisión que permite visualizar que el ad quem no observó directamente el audio y video que comprende la sentencia oral de la a quo.  Desconociendo la teoría del caso de la Fiscala, en lo atinente a la invocación o no de los elementos normativos, que extraña sin haber examinado dichos archivos. Posición jurídica que causa perjuicio a las pretensiones punitivas establecidas en el contradictorio, que respaldaban la existencia de un aprovechamiento a la madera referida (cfr. folio 32 vuelto), artículo 3 inciso a) de la Ley Forestal."

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Citas de Legislación y Doctrina
Texto de la resolución

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Exp: 18-000279-1295-PE

Res: 2021-00003

SALA DE CASACIÓN PENAL. San José, a las diez horas cuarenta minutos del ocho de enero de dos mil veintiuno.

  Visto el recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001], cédula de identidad número [Nombre 001] y demás calidades; por el delito de infracción a la Ley Forestal en la modalidad de aprovechamiento ilegal, cometido en perjuicio de Los Recursos Naturales. Intervienen en la decisión del recurso las magistradas y los magistrados Patricia Solano Castro, Jesús Alberto Ramírez Quirós, Álvaro Burgos Mata, Gerardo Rubén Alfaro Vargas y Sandra Eugenia Zúñiga Morales. Además, en esta instancia, la licenciada Natalia Tencio Montenegro, como defensora pública del encartado. Se apersonó la representante del Ministerio Público licenciada Tatiana Villegas Ceciliano.

Resultando:

 1.- Mediante sentencia 2020-197 de las nueve horas treinta y cinco minutos del veintisiete de marzo del 2020, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, resolvió: “POR TANTO: Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Tatiana Villegas Ceciliano, Fiscal Auxiliar de Flagrancia de Pérez Zeledón, la absolutoria penal a favor de los encartados se mantiene incólume. Se declara sin lugar el primer motivo y con lugar el segundo motivo del recurso de apelación del licenciado Roberto Madrigal Zamora, quien interpuso el recurso de apelación en favor de [Nombre 002]. Se declaran con lugar los dos motivos de apelación interpuestos por la licenciada Nathalia Tencio Montenegro, Defensora Pública de [Nombre 001]. En consecuencia, se anula parcialmente la sentencia impugnada, unicamente en cuanto a los extremos civiles de la misma, el resto del fallo permanece incólume, incluida la absolutoria penal a favor de ambos encartados. E ltribunal de reenvío decidirá acerca de la devolución de bienes incautados. Notifiquese, Jaime Robleto Gutierrez Juez Marco Mairena Navarro Juez Xiomara Gutierrez Cruz Jueza. (sic)

 2.-  Contra el anterior pronunciamiento la licenciada Tatiana Villegas Ceciliano, fiscal auxiliar de la Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Pérez Zeledón, interpuso recurso de casación. 

 3.- Verificada la deliberación respectiva, la Sala entró a conocer del recurso.

 4.- En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

 Informa la Magistrada Solano Castro; y,

Considerando:

 I.- Mediante resolución N° 2020-00865, de las 12:06 horas del 17 de julio del 2020, la Sala, admitió para estudio de fondo, los motivos primero, segundo y tercero del recurso de casación formulado por la representante del Ministerio Público, contra el fallo Nº 197, de las 9:35 horas del 27 de marzo de 2020, emitido por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Segunda, que ratificó la absolutoria de [Nombre 001] y [Nombre 002], por el ilícito de infracción a la Ley Forestal, en su modalidad de aprovechamiento ilegal, dictada en sentencia número 209-TFPZ-2019, de las 18:20 horas, del 1º de marzo del 2019, por el Tribunal de Flagrancia del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Pérez Zeledón, que procedió absolver a los aquí imputados, de toda pena y responsabilidad de un delito de Infracción a la Ley Forestal en la modalidad de Aprovechamiento Ilegal, en perjuicio de los recursos naturales. En lo que respecta a la decisión del Tribunal Penal de Flagrancia, de declarar con lugar la acción civil resarcitoria y condenar a los demandados civiles [Nombre 001] y [Nombre 002], por el daño ambiental generado, el Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago, anuló de forma parcial dicho fallo, solo en los extremos civiles (cfr. folios 2 a 12).

 II.- Primer motivo. “Errónea aplicación de un precepto legal procesal por ausencia total de fundamentación analítica y/o intelectiva, por argumentos no resueltos del recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en los artículos 142, 465 y 471 del Código Procesal Penal”. Expone la recurrente que el fallo cuestionado infringe el deber de fundamentación previsto en el ordinal 142 de la ley penal adjetiva, porque el Tribunal de Apelación de Sentencia, excluyó de análisis la relación de hechos conocida y posteriormente, admitida para juicio, por el Juez de la audiencia inicial, la cuál resulta idéntica a la imputación de hechos desarrollada por el Ministerio Público, al iniciar el debate oral y público. En ese sentido, afirma que la incriminación oral realizada en la vista inicial y en la apertura del juicio, es acorde a derecho, puesto que permite describir en la acusación el árbol de Guanacaste, que permanecía en el suelo durante la intervención de la autoridad respectiva, aspecto soslayado por la administración de justicia. Asegura que esa falta de motivación, conlleva a que el ad quem catalogue de deficitaria la falta de aprovechamiento de un recurso natural. Solicita declarar con lugar el alegato (cfr. folios 16 a 21). Segundo motivo. “Errónea aplicación de un precepto legal procesal por ausencia total de fundamentación analítica y/o intelectiva, por argumentos no resueltos del recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en los artículos 142, 465 y 471 del Código Procesal Penal”. Estrechamente vinculado con el alegato precedente, la fiscala reclama que el Tribunal de alzada, declinó la obligación de motivar intelectivamente el fallo judicial, por cuanto no se avocó a dirimir que la absolutoria dictada por el Tribunal Penal, obvió la relación de hechos conocida y luego, admitida para debate, por el Juzgado a cargo de la audiencia inicial, yerro que imposibilitó precisar que de los cargos atribuidos a los imputados, se desprendía el aprovechamiento que realizaron de la madera. Al respecto, puntualiza: “… El Ministerio Público, reclamó mediante el recurso de apelación de sentencia penal, que en realidad si se había podido establecer el provecho, beneficio o ventaja, el cual consistía precisamente en obtener piezas de madera valiosa más pequeñas, lo cual a todas luces presupone un provecho por la facilidad de estibar, secar, transportar e incluso comercializar la madera posteriormente …”. En respaldo de su tesis, cita los votos números 21-2016 del Tribunal de Apelación de Sentencia de Santa Cruz, Guanacaste, y 2015-443 del Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago, en el entendido que el aprovechamiento de la madera, no implica necesariamente la obtención de sumas dinerarias, sino que el beneficio puede resultar para transformar el producto forestal como sucede en este caso, con “(piezas más pequeñas), que a futuro faciliten otros provechos como la venta, o incluso sólo el hecho de removerla o estibarla, puede implicar un provecho …”. Finalmente, de forma expresa señala agravio, pues, el ad quem dejó de examinar los registros de audio, por lo que limitó a la representación del Ministerio Público, en el legítimo ejercicio de la acción penal, privándola del derecho constitucional a obtener una resolución correctamente fundamentada de acuerdo al ordenamiento jurídico (cfr. folios 21 a 22 vuelto).

 III.- En virtud de la conexidad existente entre ambos motivos de casación, que direccionan el mismo objeto recursivo, de errónea aplicación de un precepto legal de naturaleza adjetiva, ante la falta de fundamentos del ad quem, por no resolver los alegatos de apelación (cfr. folios 161 a 169 DVD), se cuestiona en la sede de casación penal el haberse aplicado de forma equívoca los preceptos 142, 465 y 471 del Código Procesal Penal, por tal razón, es oportuno, con base en los principios de economía y de celeridad, y a la luz de los preceptos 39 y 41 de la Constitución Política; 467, 468 inciso b), 469, 471 párrafo segundo, 473 y 475 del Código Procesal Penal, en concordancia con los ordinales 1, 5 a 8 y 439, del mismo cuerpo de leyes, resolver las dos quejas de manera conjunta, declarándolas con lugar, por los argumentos que a continuación se ponen.  Nuestro legislador, en los artículos 459 y 460 de la ley penal adjetiva, permite la valoración completa de la sentencia de primera instancia, cuando la parte impugnante reclame inconformidad con la determinación del cuadro fáctico, la incorporación y análisis de la prueba, el fundamento jurídico o la estipulación de la pena. En la especie casuística planteada, arguye la representante del Ministerio Público, que el Tribunal de Apelación de Sentencia, no resolvió los motivos de apelación, “ni  se pronunció respecto a los argumentos de que la acusación empleada en sentencia contaba con omisiones graves en los hechos y más bien utilizó como propia dicha relación de hechos de la acusación, sin si quiera revisar los registro de audio como es su obligación …” vicio que en su criterio, restringe la pretensión punitiva al cercenársele el derecho constitucional a la emisión de una sentencia correctamente fundamentada (cfr. folio 22 frente y vuelto). A mayor abundamiento, la Fiscala señala que según el archivo multimedia del legajo principal de investigación electrónico, incorporado en el sistema virtual el 15 de enero de 2019, a las 18:46:42 horas, específicamente entre el minuto 00:05:45:07 al 00:07:26:72, contrario a lo que apunta el Tribunal de Flagrancia, la pieza acusatoria vigente, indica: "El día 14 de agosto de 2018, al ser aproximadamente las 12:00 horas, los imputados [Nombre 001] y [Nombre 002], actuando de manera conjunta y con pleno dominio del hecho, procedieron sin contar con el permiso de la Administración Forestal de Estado, a aprovechar ilegalmente un árbol caído de la especie Guanacaste, en Ocochobi de Buenos Aires de Puntarenas, propiamente en las coordenadas geográficas CRTMO5 N1004699 y E571377 funcionarios del SINAC sorprendieron al imputado [Nombre 002] cuando este operaba un aserradero portátil y el imputado [Nombre 001], colaborando con éste, tomaba las piezas y las acopiaba junto con las demás piezas aserradas anteriormente. En total los imputados realizaron el aprovechamiento de un total de tres mil sesenta y dos metros cúbicos (3062m3) de Guanacaste, los cuales fueron decomisados por los funcionarios del SINAC, al igual que dos trozas equivalentes a mil setecientos sesenta y tres metros cúbicos (1763m3), madera que tiene un valor de dos millones setecientos veintitrés mil ciento ochenta y cinco colones" (cfr. folio 18 frente). (Lo destacado con negrita y subrayado pertenece al texto original). Asegura que ese cuadro fáctico, es el mismo que desarrolló durante el alegato de apertura del Ministerio Público, en la fase de juicio, acreditable en el Sistema de Escritorio Virtual el 18 de febrero de 2019, a las 20:24:31, entre el minuto 00:02:40:00 y el minuto 00:04:10:16, de acuerdo con el contador de tiempo del aludido archivo multimedia (cfr. folio 17 vuelto a 18 frente). Acorde con lo expuesto, se infiere que el tema recursivo de la licenciada Villegas Ceciliano, gira sobre la ausencia del necesario examen integral, por parte del Tribunal de Apelación de Sentencia y del Tribunal de Flagrancia, en relación al análisis de la requisitoria oralmente desarrollada ante las autoridades judiciales competentes (cfr. folio 32 vuelto), puntualizando que la absolutoria y su confirmación, se encuentran mal dictadas, por tratarse de una decisión opuesta a la realidad procesal, en virtud de existir registros de audio de fecha 15 de enero de 2019, que permiten constatar desde la audiencia inicial del procedimiento especial de flagrancia y en el debate, con el alegato de apertura, que la acusación sí describía la existencia de un árbol caído de la especie Guanacaste, así como, el aprovechamiento de la madera del referido árbol, por lo que para la casacionista, se desmiente las omisiones graves en la pieza acusatoria que se indican en el fallo recurrido, por no corroborarse la imputación vigente (cfr. folios 18 frente y vuelto, y siguientes). En consecuencia, refiere que la absolutoria deriva de la errada aplicación del principio de correlación entre acusación y sentencia, puesto que resulta inexacto sustentar tanto, la ausencia de los elementos objetivos del tipo penal, además, que la acción contenida sobre el referido aprovechamiento del árbol de Guanacaste, se hubiese dado en una propiedad privada y no en un área protegida por el Estado. Agrega, que los hechos incriminados a ambos imputados, se adecúan al artículo 61 inciso a) de la Ley Forestal (cfr. folios 3 a 6 vuelto, considerando I de la resolución Nº 2020-197, de las 9:35 horas, del 27 de marzo del 2020), que señala: "Se impondrá prisión de un mes a tres años a quien: a) Aproveche uno o varios productos forestales en propiedad privada, sin el permiso de la Administración Forestal del Estado, o a quien, aunque cuente con el permiso, no se ajuste a lo autorizado".  (cfr. folios 3 a 6 vuelto, considerando I de la resolución Nº 2020-197, de las 9:35 horas, del 27 de marzo del 2020). Por su parte, la Jueza de Apelación Gutiérrez Cruz, y los Jueces de Apelación Robleto Gutiérrez y Mairena Navarro, declaran sin lugar el recurso, al avalar la decisión del Tribunal Penal de Flagrancia de Pérez Zeledón, de absolver a los encartados, debido a la supuesta atipicidad de la conducta, al considerar el menoscabo del principio de correlación entre acusación y sentencia, por no contener la pieza acusatoria de acuerdo con su convicción: i.-) que el árbol de Guanacaste se encontraba caído al momento de ser aprovechado, lo cual queda desacreditado de acuerdo como se verá más adelante, con los registros de audio y video que consta en los autos, en virtud que la Fiscala actuante, sí lo menciona en la acusación.  ii.-) el aprovechamiento del producto forestal (cfr. folio 7 frente del expediente físico); mismo que en contraposición a lo que señala el ad quem, el reproche oral del Ministerio Público, expone que ambos imputados fueron sorprendidos en flagrancia cuando se tomaban las piezas de madera del árbol de Guanacaste caído y las acopiaban con las restantes piezas aserradas. Indican que si bien, el proceso penal tramitado por flagrancia, carece de etapa preparatoria o intermedia, esto no significa que resulte válido infringir las garantías de las partes, por lo que se debe proceder en apego al numeral 303 del Código Procesal Penal, en el sentido, de que la relación de cargos elaborada por la Fiscalía, debió abarcar una descripción clara y circunstanciada de la ilicitud atribuida al encartado. A continuación, transcriben la acusación reseñada por la Jueza de Juicio, para luego secundar la descalificación de la misma, al indicar que el aprovechamiento de un árbol de Guanacaste, se da en propiedad privada y no en un área protegida por el Estado, pues, las coordenadas que se indican, no determinan la locación. A su vez, enfatizan: “tampoco se acusó expresamente que la especie del árbol de guanacaste (sic) que se encontró cortado en propiedad privada por los funcionarios del MINAE no estuviera dentro de la excepción prevista en el numeral de (sic) artículo 28 de la Ley Forestal, …” (cfr. folio 7 vuelto). Posteriormente, recapitulan que con base a la acusación no puede deducirse la procedencia del árbol de Guanacaste. Concluyen como inviable precisar que dicho árbol haya sido extraído de un sector o zona protegida por el Estado, o de una propiedad demanial. Arguyen que de la relación de hechos acusados, no se contiene que la madera cortada del citado árbol de Guanacaste, “no estaba dentro de algunas de las excepciones previstas por el ordenamiento que hacían que no fuese necesario contar con el permiso de corta …”. Por todo lo expuesto, determinan: “… En consecuencia, e independientemente de la íntima convicción que puedan generar la suma de los indicios de esta causa, la manera en que fue formulada la acusación fiscal no permite arribar a la descripción de una conducta típica por omisiones de los elementos de tipicidad objetiva que el Ministerio Público, mediante este recurso de apelación, trata de apaliar, con una argumentación respetable del contexto y de la aplicación normativa, pero que no consigue sanear el grave vicio contenido en la pieza acusatoria. En consecuencia, la a quo resolvió conforme a derecho en cuanto a la absolutoria penal y los extremos civiles cuestionados por los defensores se resolverán en los respectivos considerandos …” (cfr. folio 8 frente y vuelto). Al contrastar el eje central recursivo que propone la representante del Ministerio Público, con el fundamento intelectivo que existe en la resolución impugnada y la revisión de los autos, concretamente del registro de audio del 15 de enero del 2019, que versa sobre la imputación de cargos admitida para debate, por el Juez competente de la audiencia inicial, resulta incontrovertible que en el fallo redactado por el Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago, no se examinó de forma integral la sentencia del Tribunal de Juicio, conforme al planteamiento de apelación propuesto por la Fiscalía. En efecto, del estudio supra citado de la resolución 2020-197, de las 9:35 horas, del 27 de marzo de 2020, no se desprende la mínima exposición de motivos, acerca del reclamo puntual de apelación, sobre el deber (omitido) de detenerse a valorar en el sub examine el registro de audio que contiene la pieza acusatoria que ventiló en este proceso penal de flagrancia, la licenciada Tatiana Villegas Ceciliano, en su teoría del caso. Acorde con la tesis recursiva, se colige que en el debate oral y público realizado el 18 de febrero del 2019, desde las 17:50 horas, dirigido por la Jueza de Flagrancia Marjorie Navarro Castro, a partir del minuto 00:02:35 al 00:04:14, la representante del Ministerio Público, esgrime con exactitud el contenido de la misma pieza acusatoria que había desarrollado ante el Juez Liner Alberto Zuñiga Herrera, sin embargo en la construcción de la sentencia oral, dicha administradora de justicia, específicamente en el primer considerando (00:03:19 a 00:04:51), omite detenerse en la acusación expuesta por la licenciada Villegas Ceciliano, al indicar que los hechos de la acusación no contenían los elementos normativos necesarios (00:11:10), desconociéndose  cómo fue el aprovechamiento de ese árbol caído, su uso y la ubicación real (00:48:44), por lo que no era viable determinar si aplicaba el inciso b) del artículo 58, o, por el contrario, el inciso a) del artículo 61 de la Ley Forestal, ya que la Fiscalía en sus conclusiones, lo dejó a su albedrío. Reitera que no hubo una verdadera imputación de cargos, pues, no se contempló en el reproche el contenido del aprovechamiento; y de ahí se genera la falta de apreciación sobre la relación de hechos, que de forma completa abanderó en el procedimiento especial de flagrancias, la citada fiscala.  Acorde con el tema del examen integral de la sentencia, la Sala, en el voto referente número 2015-712, afirma: “… esta Cámara en diversos pronunciamientos jurisprudenciales ha desarrollado el tema del examen integral del fallo condenatorio en una doble vía: no solo como un deber de los Tribunales de Apelación de la Sentencia, sino como un derecho de las partes procesales. En este sentido pueden consultarse los votos número 2013-0002, de las 08:45 horas, del 11 de enero de 2013 y 2013-0404, de las 10:21 horas, del 22 de marzo de 2013). Ahora bien, bajo esa tesitura, podemos observar que el numeral 459 del Código Procesal Penal es claro al determinar que el recurso de apelación permitirá el examen integral del fallo, y que podrán ser objeto de revisión: a) la determinación de los hechos, b) la incorporación y valoración de la prueba, c) la fundamentación jurídica, d) la fijación de la pena y, e) los defectos absolutos y quebrantos al debido proceso; es decir, la reforma implicó la creación de un tribunal con amplias competencias de análisis. Por su parte, siendo consecuentes con todas estas posibilidades de examen del fallo, los tribunales de apelación cuentan con la facultad de valorar la forma en que los jueces de juicio apreciaron la prueba y fundamentaron su decisión (artículo 465 CPP), para lo cual están autorizados para hacer uso de los registros que tenga disponibles, incluyendo, por supuesto, de la prueba oral del juicio, pudiendo realizar la valoración integral que corresponda con el resto de las actuaciones y, con la prueba escrita (artículo 465 CPP). Todas estas potestades se traducen en que al resolver la impugnación, los jueces de alzada están facultados para: i) anular total o parcialmente la resolución impugnada, ii) ordenar la reposición del juicio, iii) disponer la reposición de la resolución; o, iv) enmendar el vicio y resolver el asunto de acuerdo a la ley aplicable. (Artículo 465 CPP). En sintonía con esta reforma al régimen de impugnación y a las nuevas competencias otorgadas a los tribunales de apelación, esta Sala ha sostenido la posición de que toda discusión probatoria debe terminar en el examen que realiza el ad quem, único competente para revisar la valoración de la prueba que hizo el ad quo, reconociéndosele a ese órgano la posibilidad de examinar el análisis probatorio del caso bajo su estudio. (Ver el voto número 2012-000786, de las 09:01 horas, del 18 de mayo de 2012). En conclusión, derivado de la decisión emanada por el tribunal internacional por todos conocido (caso Herrera Ulloa versus Costa Rica), nuestro país inició un proceso de  transformación del régimen impugnaticio que culminó con la reforma operada con la ley 8837, la cual impuso la conformación de una instancia encargada de un examen con conocimiento pleno del asunto ya juzgado por otro órgano jurisdiccional, facultados para abordar la revisión tanto de los hechos como de la interpretación y determinación de la legislación aplicable, con acceso a todos los registros que contengan el material probatorio (oral y escrito); es decir, hablamos de un escrutinio completo de lo resuelto por el órgano inferior. En este orden de ideas, debe indicarse que esta Sala se ha pronunciado en el sentido de que “es importante el análisis de cada caso en concreto para determinar la procedencia del reenvío para una nueva sustanciación cuando sea evidente la vulneración de la norma adjetiva o por el contrario, se corrijan los defectos procesales en la nueva sede de apelación, sin que dicha reforma vaya en perjuicio del encartado y resguardando los demás principios constitucionales que lo cobijan”. (Voto número 2012-1911, de las 10:17 horas, del 7 de diciembre de 2012)…” (Lo subrayado no pertenece al texto original). (Integración: Magistrado Ramírez Quirós, ex Magistradas Pereira Villalobos y Arias Madrigal, ex Magistrados Chinchilla Sandí y Arroyo Gutiérrez, Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia). Cabe decir, que en este asunto, se incumple con el examen integral del fallo, porque el ad quem no se impuso del contenido de la pieza acusatoria expuesta en la audiencia inicial del proceso penal de flagrancia y de la apertura realizada en el juicio oral y público. Nótese que según registro de audio y video (Archivo Inicial de 15 de enero 2019. Archivo WWV 256357 KB), examinado por la Sala, se observa que en fecha 15 de enero del 2019, a partir de las 18:09 horas, se desarrolló en primer término, la audiencia inicial, dirigida por el licenciado Liner A. Zuñiga Herrera, del Tribunal de Flagrancia del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Pérez Zeledón, que con base en los numerales 236 y 422 del Código Procesal Penal, declaró la competencia para la aplicación del procedimiento especial de flagrancia (00:29:54 a 00:36:46). Posteriormente, se constata que la recurrente Tatiana Villegas Ceciliano, desde el minuto 05:46:45 a 00:10:22, en efecto, como lo explica en su recurso, relató el contenido de la pieza acusatoria, y de manera expresa reprochó a los encartados [Nombre 001] y [Nombre 002], que el 14 de agosto del 2018, aproximadamente a las 12:00 horas, actuando conjuntamente y con total dominio del hecho, procedieron sin permisos de la Administración Forestal de Estado, a aprovechar ilegalmente un árbol caído de la especie Guanacaste, en el sector de Ocochobi de Buenos Aires de Puntarenas, en las coordenadas geográficas CRTMO5 N1004699 y E571377, siendo sorprendidos por funcionarios del SINAC., cuando [Nombre 002], manipulaba un aserradero portátil y [Nombre 001], colaboraba con éste, al recoger las piezas y las acopiaba junto con las restantes ya aserradas. Alcanzando según indica tal imputación de cargos, un  aprovechamiento de tres mil sesenta y dos metros cúbicos (3062m3), madera de la especie de Guanacaste, la cual fue decomisado por dichos personeros del Sistema Nacional de  Áreas de Conservación, del MINAE, de la misma manera que dos trozas equivalentes a mil setecientos sesenta y tres metros cúbicos (1763m3), cuyo  valor asciende dos millones setecientos veintitrés mil ciento ochenta y cinco colones. Posteriormente, se aprecia la intervención de la Procuradora Penal (00:10:27 a 00:20:03), y finalmente, las participaciones de la defensora pública y del defensor particular, en patrocino de las dos personas endilgadas. Nótese que en el momento procesal oportuno, el Tribunal de Flagrancia, admite la acusación y la acción civil resarcitoria, al determinar que los hechos ilícitos destacados por la Fiscalía, eran claros, precisos y circunstanciados. Así las cosas, la impugnante evidencia en la sede de casación penal, la falta del indispensable examen completo del fallo por parte del ad quem, en quebranto del numeral 459 del C.P.P.. En síntesis, el tópico de relevancia invocado es veraz, lleva razón la representante del Ministerio Público, al sostener que la resolución de alzada menoscaba el deber de fundamentación, porque el Tribunal de Apelación de Sentencia, omitió analizar un extremo esencial de los reclamos elevados en apelación, al no imponerse de los registros que precedieron el debate, y confirman la absolutoria de manera errada, al partir que la pieza acusatoria resultaba deficitaria en cuanto a la descripción del disfrute ilegal de un recurso natural, sin imponerse del conocimiento de la requisitoria fiscal vigente, omisión que permite visualizar que el ad quem no observó directamente el audio y video que comprende la sentencia oral de la a quo. Desconociendo la teoría del caso de la Fiscala, en lo atinente a la invocación o no de los elementos normativos, que extraña sin haber examinado dichos archivos. Posición jurídica que causa perjuicio a las pretensiones punitivas establecidas en el contradictorio, que respaldaban la existencia de un aprovechamiento a la madera referida (cfr. folio 32 vuelto), artículo 3 inciso a) de la Ley Forestal. Por lo anterior, se declaran con lugar los motivos primero y segundo del recurso de casación admitido a la Fiscalía. Se anula la resolución número 2020-197, de las 9:35 horas, del 27 de marzo del 2020, del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, así como la sentencia número 209-TFPZ-2019, de las 18:20 horas, de 1° de marzo de 2019, del Tribunal de Flagrancia del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Pérez Zeledón, ordenándose el reenvío de la sumaria, para la realización de un nuevo juicio, conforme a la pieza acusatoria imperante en el archivo o registro audio visual de fecha el 15 de enero de 2019, a las 18:46:42, que se verificó en el presente estudio de fondo, reproche o acusación admitida en apego del ordenamiento jurídico por el Juez de Flagrancia, desacreditándose el contenido de la minuta de folios 39 a 41 del expediente físico (cfr. folios 93 a 96 DVD), puesto, que no obedece a la realidad de la practica judicial desarrollada en este proceso penal de flagrancia.

 IV.- Tercer motivo. Infracción al numeral 142 del Código Procesal Penal. Indica la recurrente que el fundamento del ad quem resulta irracional al examinar su duda en cuanto a si la madera que es objeto de la litis se ajustaba en los supuestos que la Ley Forestal (Nº 7575), exceptúa en el artículo 28, ello, en virtud de tratarse de cuatro mil metros cuadrados cúbicos de  madera tipo Guanacaste, que en su criterio, requiere de muchos años para desarrollarse, por lo que no podría tratarse de un árbol plantado para su posterior aprovechamiento. Asegura la fiscala, que la tesis del Tribunal de Apelación de Sentencia, en relación a que lo anterior, configura un vacío en la pieza requisitoria quebranta la lógica y la experiencia común. Solicita declarar con lugar el alegato (cfr. folios 22 vuelto a 23 frente). El motivo carece de interés. Visto los alcances de lo resuelto por esta Sala, en los motivos primero y segundo del recurso de casación presentado, el cual, ha sido resuelto de manera satisfactoria a favor de las pretensiones punitivas de la casacionista, al declararse con lugar dos de sus alegatos, ordenándose el reenvío a la fase del contradictorio oral y público, se concluye que no existe interés procesal que justifique el estudio de fondo de este último motivo, ante la imposibilidad de generar perjuicio a la parte recurrente, lo anterior, de conformidad con el precepto 41 de la Constitución Política. 

Por tanto:

 Se declaran con lugar los motivos primero y segundo del recurso de casación interpuesto por la representación del Ministerio Público. En consecuencia, se anula la resolución número 2020-197, de las 9:35 horas, del 27 de marzo del 2020, del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Primer Circuito Judicial de Cartago, así como la sentencia número 209-TFPZ-2019, de las 18:20 horas, de 1° de marzo de 2019, del Tribunal de Flagrancia del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Pérez Zeledón, ordenándose el reenvío a la mayor brevedad, para la realización de un nuevo juicio, conforme a derecho corresponde. En virtud de lo resuelto, no se conoce el tercer motivo de casación incoado por la Fiscalía. Notifíquese.

 

	

 

 

Patricia Solano C.

	

 




 

	

 

	

 




Jesús Alberto Ramírez Q.

	

 

	

               Álvaro Burgos M.




 

 

Gerardo Rubén Alfaro V.

	

 

	

 

 

Sandra Eugenia Zuñiga M.

Int: 415-2/17-2-20

SVARGASAR

 

 

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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:33:45.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

* ** *

Exp: 18-000279-1295-PE

Res: 2021-00003

CRIMINAL CASSATION CHAMBER. San José, at ten hours and forty minutes on the eighth of January two thousand twenty-one.

Having reviewed the appeal in cassation filed in the present case against [Name 001], identity card number [Name 001] and other personal details; for the crime of violation of the Forestry Law in the form of illegal harvesting (aprovechamiento ilegal), committed to the detriment of Natural Resources. The magistrates Patricia Solano Castro, Jesús Alberto Ramírez Quirós, Álvaro Burgos Mata, Gerardo Rubén Alfaro Vargas and Sandra Eugenia Zúñiga Morales participate in the decision on the appeal. Furthermore, at this instance, attorney Natalia Tencio Montenegro appears as public defender of the accused. The representative of the Public Prosecutor's Office, attorney Tatiana Villegas Ceciliano, appeared.

**Resultando (Recitals):**

1.- By judgment 2020-197 of nine hours thirty-five minutes on the twenty-seventh of March 2020, the Criminal Sentence Appeals Court of Cartago resolved: “POR TANTO: The appeal filed by attorney Tatiana Villegas Ceciliano, Assistant Flagrancy Prosecutor of Pérez Zeledón, is declared without merit; the criminal acquittal in favor of the accused remains intact. The first ground and the second ground of the appeal filed by attorney Roberto Madrigal Zamora, who filed the appeal on behalf of [Name 002], are declared without merit and with merit, respectively. Both grounds of appeal filed by attorney Nathalia Tencio Montenegro, Public Defender of [Name 001], are declared with merit. Consequently, the contested judgment is partially annulled, solely with regard to its civil aspects; the remainder of the ruling remains intact, including the criminal acquittal in favor of both accused. The referral court (tribunal de reenvío) shall decide on the return of seized property. Notify. Jaime Robleto Gutierrez Judge Marco Mairena Navarro Judge Xiomara Gutierrez Cruz Judge.” (sic).

2.- Against the preceding ruling, attorney Tatiana Villegas Ceciliano, assistant prosecutor of the Adjacent Prosecutor's Office of the First Judicial Circuit of the Southern Zone, Pérez Zeledón seat, filed an appeal in cassation.

3.- Upon verifying the respective deliberation, the Chamber proceeded to hear the appeal.

4.- The pertinent legal provisions have been observed in the proceedings.

Magistrate Solano Castro reports; and,

**Considerando (Considering):**

I.- By resolution No. 2020-00865, of 12:06 hours on July 17, 2020, the Chamber admitted for a review on the merits the first, second, and third grounds of the appeal in cassation filed by the representative of the Public Prosecutor's Office against ruling No. 197, of 9:35 hours on March 27, 2020, issued by the Criminal Sentence Appeals Court of Cartago, Second Section, which upheld the acquittal of [Name 001] and [Name 002] for the offense of violation of the Forestry Law, in its form of illegal harvesting (aprovechamiento ilegal), handed down in judgment number 209-TFPZ-2019, of 18:20 hours, on March 1, 2019, by the Flagrancy Court of the First Judicial Circuit of the Southern Zone, Pérez Zeledón seat, which acquitted the accused herein of all penalty and responsibility for a crime of Violation of the Forestry Law in the form of Illegal Harvesting (Aprovechamiento Ilegal), to the detriment of natural resources. With respect to the Flagrancy Criminal Court's decision to declare the civil action for damages (acción civil resarcitoria) with merit and order the civil defendants [Name 001] and [Name 002] to pay for the environmental damage caused, the Criminal Sentence Appeals Court of Cartago partially annulled said ruling, only in its civil aspects (cf. folios 2 to 12).

II.- First ground. “Erroneous application of a procedural legal provision due to total absence of analytical and/or intellectual reasoning (fundamentación), for unresolved arguments in the appeal, in accordance with Articles 142, 465, and 471 of the Code of Criminal Procedure.” The appellant argues that the contested ruling violates the duty to provide reasoning (fundamentación) provided in Article 142 of the adjective criminal law because the Criminal Sentence Appeals Court excluded from analysis the statement of facts acknowledged and subsequently admitted for trial by the Judge of the preliminary hearing, which is identical to the imputation of facts presented by the Public Prosecutor's Office at the beginning of the oral and public trial. In that sense, she affirms that the oral incrimination carried out at the preliminary hearing and at the opening of the trial is in accordance with the law, since it allows the accusation to describe the Guanacaste tree, which remained on the ground during the intervention of the respective authority, an aspect disregarded by the administration of justice. She asserts that this lack of reasoning led the ad quem to classify the failure to describe the illegal exploitation (disfrute) of a natural resource as deficient. She requests that the argument be declared with merit (cf. folios 16 to 21). Second ground. “Erroneous application of a procedural legal provision due to total absence of analytical and/or intellectual reasoning (fundamentación), for unresolved arguments in the appeal, in accordance with Articles 142, 465, and 471 of the Code of Criminal Procedure.” Closely linked to the preceding argument, the prosecutor complains that the Appeals Court declined the obligation to provide intellectual reasoning (motivar intelectivamente) for the judicial ruling, as it did not address the fact that the acquittal handed down by the Criminal Court overlooked the statement of facts acknowledged and later admitted for debate by the Court in charge of the preliminary hearing, an error that made it impossible to establish that from the charges attributed to the accused, the harvesting (aprovechamiento) they carried out of the wood could be deduced. In this regard, she specifies: “… The Public Prosecutor's Office, claimed through the appeal of the criminal judgment, that it had indeed been possible to establish the profit, benefit, or advantage, which consisted precisely in obtaining smaller, valuable pieces of wood, which clearly presupposes a benefit due to the ease of stacking, drying, transporting, and even subsequently commercializing the wood …”. In support of her thesis, she cites votes numbers 21-2016 of the Criminal Sentence Appeals Court of Santa Cruz, Guanacaste, and 2015-443 of the Criminal Sentence Appeals Court of Cartago, in the understanding that the harvesting (aprovechamiento) of wood does not necessarily imply obtaining sums of money, but rather that the benefit can arise from transforming the forest product, as occurs in this case, with “(smaller pieces), which in the future facilitate other benefits such as sale, or even just the act of removing or stacking it can imply a benefit …”. Finally, she expressly indicates a grievance, as the ad quem failed to examine the audio recordings, thereby limiting the Public Prosecutor's Office representation in the legitimate exercise of the criminal action, depriving it of the constitutional right to obtain a correctly reasoned resolution (resolución correctamente fundamentada) in accordance with the legal system (cf. folios 21 to 22 verso).

III.- Due to the connection between both grounds of cassation, which aim at the same appellate objective—erroneous application of an adjective legal provision due to the ad quem’s lack of reasoning (fundamentos) for failing to resolve the appeal arguments (cf. folios 161 to 169 DVD)—the criminal cassation court is questioned on whether provisions 142, 465, and 471 of the Code of Criminal Procedure were applied erroneously. For this reason, it is appropriate, based on the principles of judicial economy and celerity, and in light of Articles 39 and 41 of the Political Constitution; 467, 468 subsection b), 469, 471 second paragraph, 473 and 475 of the Code of Criminal Procedure, in conjunction with Articles 1, 5 to 8 and 439 of the same body of laws, to resolve the two complaints jointly, declaring them with merit, for the arguments set forth below. Our legislator, in Articles 459 and 460 of the adjective criminal law, allows the complete assessment of the first-instance judgment when the appellant claims disagreement with the determination of the factual framework, the incorporation and analysis of the evidence, the legal basis, or the stipulation of the penalty. In the specific case raised, the Public Prosecutor's Office representative argues that the Criminal Sentence Appeals Court did not resolve the grounds of appeal, “nor did it rule on the arguments that the accusation used in the judgment had serious omissions in the facts and instead used said statement of facts from the accusation as its own, without even reviewing the audio recordings as it is obligated to do …”, a defect that, in her opinion, restricts the punitive claim by curtailing the constitutional right to the issuance of a correctly reasoned (correctamente fundamentada) judgment (cf. folio 22 front and verso). Furthermore, the Prosecutor points out that according to the multimedia file of the main electronic investigation file, uploaded to the virtual system on January 15, 2019, at 18:46:42 hours, specifically between minute 00:05:45:07 and 00:07:26:72, contrary to what the Flagrancy Court notes, the prevailing accusatory document states: "On August 14, 2018, at approximately 12:00 hours, the accused [Name 001] and [Name 002], acting jointly and with full control of the act, proceeded without the permit of the State Forestry Administration to illegally harvest (aprovechar) a fallen Guanacaste tree, in Ocochobi de Buenos Aires de Puntarenas, specifically at geographic coordinates CRTMO5 N1004699 and E571377 officials of SINAC surprised the accused [Name 002] while he was operating a portable sawmill and the accused [Name 001], collaborating with him, took the pieces and stockpiled them together with the other previously sawn pieces. In total, the accused harvested (aprovechamiento) a total of three thousand sixty-two cubic meters (3062m3) of Guanacaste wood, which were seized by SINAC officials, as well as two logs equivalent to one thousand seven hundred sixty-three cubic meters (1763m3), wood valued at two million seven hundred twenty-three thousand one hundred eighty-five colones" (cf. folio 18 front). (The bold and underlined emphasis belongs to the original text). She affirms that this factual framework is the same one she developed during the Public Prosecutor's Office's opening statement at the trial phase, verifiable in the Virtual Desktop System on February 18, 2019, at 20:24:31, between minute 00:02:40:00 and minute 00:04:10:16, according to the time counter of the aforementioned multimedia file (cf. folio 17 verso to 18 front). In accordance with the foregoing, it is inferred that the appellate issue raised by attorney Villegas Ceciliano revolves around the lack of the necessary comprehensive review by the Criminal Sentence Appeals Court and the Flagrancy Court regarding the analysis of the requisitoria (complaint) orally presented before the competent judicial authorities (cf. folio 32 verso), specifying that the acquittal and its confirmation were wrongly issued, as the decision was contrary to the procedural reality, given the existence of audio recordings dated January 15, 2019, which allow verification from the preliminary hearing of the special flagrancy procedure and at the debate, with the opening statement, that the accusation did describe the existence of a fallen Guanacaste tree, as well as the harvesting (aprovechamiento) of the wood from said tree, therefore, for the appellant, the serious omissions in the accusatory document indicated in the appealed ruling are disproven, as the prevailing accusation was not corroborated (cf. folios 18 front and verso, and subsequent). Consequently, she states that the acquittal derives from the erroneous application of the principle of correlation between accusation and judgment, as it is inaccurate to maintain both the absence of the objective elements of the criminal type and that the action regarding the said harvesting (aprovechamiento) of the Guanacaste tree took place on private property and not in a State-protected area. She adds that the facts charged against both accused fit Article 61 subsection a) of the Forestry Law (cf. folios 3 to 6 verso, Considerando I of resolution No. 2020-197, of 9:35 hours, March 27, 2020), which states: "Prison from one month to three years shall be imposed on anyone who: a) Harvests (Aproveche) one or several forest products on private property, without the permit of the State Forestry Administration, or anyone who, even with a permit, does not comply with what was authorized." (cf. folios 3 to 6 verso, Considerando I of resolution No. 2020-197, of 9:35 hours, March 27, 2020). For their part, Appeals Judge Gutiérrez Cruz and Appeals Judges Robleto Gutiérrez and Mairena Navarro declare the appeal without merit, endorsing the decision of the Flagrancy Criminal Court of Pérez Zeledón to acquit the accused, due to the supposed atypicality of the conduct, considering the violation of the principle of correlation between accusation and judgment, because the accusatory document, according to their conviction, did not contain: i.-) that the Guanacaste tree was fallen at the moment of being harvested (aprovechado), which is disproven as will be seen below, with the audio and video recordings present in the case file, by virtue of the fact that the acting Prosecutor does mention it in the accusation. ii.-) the harvesting (aprovechamiento) of the forest product (cf. folio 7 front of the physical file); which, in contrast to what the ad quem points out, the Public Prosecutor's Office's oral complaint states that both accused were caught in flagrante delicto while taking pieces of wood from the fallen Guanacaste tree and stockpiling them with the other sawn pieces. They indicate that although the criminal proceedings processed by flagrancy lack a preparatory or intermediate stage, this does not mean it is valid to infringe upon the parties' guarantees, and therefore, they must proceed in compliance with Article 303 of the Code of Criminal Procedure, in the sense that the statement of charges prepared by the Prosecutor's Office should have encompassed a clear and detailed description of the illegality attributed to the accused. They then transcribe the accusation outlined by the Trial Judge, subsequently endorsing its disqualification by indicating that the harvesting (aprovechamiento) of a Guanacaste tree occurs on private property and not in a State-protected area, as the indicated coordinates do not determine the location. In turn, they emphasize: “nor was it expressly charged that the species of the guanacaste (sic) tree found cut on private property by MINAE officials was not within the exception provided for in the numeral of (sic) Article 28 of the Forestry Law, …” (cf. folio 7 verso). Subsequently, they recapitulate that based on the accusation, the origin of the Guanacaste tree cannot be deduced. They conclude it is unfeasible to establish that said tree was extracted from a sector or area protected by the State, or from public domain property. They argue that the statement of facts charged does not contain that the wood cut from said Guanacaste tree “was not within some of the exceptions provided for by the legal system that made it unnecessary to have the cutting permit …”. For all the foregoing, they determine: “… Consequently, and independently of the intimate conviction that the sum of the evidence in this case may generate, the manner in which the prosecutorial accusation was formulated does not allow for the description of a typical conduct due to omissions of the elements of objective typicity which the Public Prosecutor's Office, through this appeal, attempts to remedy with a respectable argumentation of the context and normative application, but which does not manage to cure the serious defect contained in the accusatory document. Consequently, the a quo resolved in accordance with the law regarding the criminal acquittal, and the civil aspects challenged by the defenders will be resolved in the respective Considering sections …” (cf. folio 8 front and verso). Upon contrasting the central appellate issue proposed by the representative of the Public Prosecutor's Office with the intellectual reasoning (fundamento intelectivo) present in the contested resolution and the review of the case file, specifically the audio recording of January 15, 2019, which deals with the imputation of charges admitted for debate by the competent Judge of the preliminary hearing, it is incontrovertible that the ruling drafted by the Criminal Sentence Appeals Court of Cartago did not comprehensively review the judgment of the Trial Court in accordance with the appeal approach proposed by the Prosecutor's Office. Indeed, from the supra-cited study of resolution 2020-197, of 9:35 hours, on March 27, 2020, no minimal statement of reasons emerges regarding the specific appeal claim concerning the (omitted) duty to pause and assess in the sub examine the audio recording containing the accusatory document that attorney Tatiana Villegas Ceciliano presented in this flagrancy criminal process, in her theory of the case. In accordance with the appellate thesis, it is gathered that in the oral and public trial held on February 18, 2019, from 17:50 hours, directed by the Flagrancy Judge Marjorie Navarro Castro, from minute 00:02:35 to 00:04:14, the representative of the Public Prosecutor's Office precisely outlines the content of the same accusatory document she had presented before Judge Liner Alberto Zuñiga Herrera; however, in the construction of the oral judgment, said justice administrator, specifically in the first Considering section (00:03:19 to 00:04:51), fails to stop and consider the accusation presented by attorney Villegas Ceciliano, indicating that the facts of the accusation did not contain the necessary normative elements (00:11:10), disregarding what the harvesting (aprovechamiento) of that fallen tree consisted of, its use, and the real location (00:48:44), so it was not feasible to determine whether subsection b) of Article 58 applied, or, on the contrary, subsection a) of Article 61 of the Forestry Law, since the Prosecutor's Office in its conclusions left it to her discretion. She reiterates that there was no true imputation of charges, as the content of the harvesting (aprovechamiento) was not contemplated in the complaint; and from this arises the lack of assessment of the statement of facts that the cited prosecutor comprehensively championed in the special flagrancy procedure. In accordance with the topic of the comprehensive review of the judgment, the Chamber, in the relevant vote number 2015-712, affirms: “… this Chamber in various jurisprudential pronouncements has developed the topic of the comprehensive review of the conviction in a dual manner: not only as a duty of the Criminal Sentence Appeals Courts, but also as a right of the procedural parties. In this sense, consult votes number 2013-0002, of 08:45 hours, on January 11, 2013, and 2013-0404, of 10:21 hours, on March 22, 2013). Now, under this perspective, we can observe that Article 459 of the Code of Criminal Procedure is clear in determining that the appeal shall allow the comprehensive review of the ruling, and the following may be subject to review: a) the determination of the facts, b) the incorporation and assessment of the evidence, c) the legal reasoning (fundamentación jurídica), d) the setting of the penalty, and, e) absolute defects and breaches of due process; that is, the reform implied the creation of a court with broad powers of analysis. For its part, consistent with all these possibilities for reviewing the ruling, the appeals courts have the power to assess the manner in which the trial judges weighed the evidence and provided reasons for their decision (Article 465 CPP), for which they are authorized to make use of the available records, including, of course, the oral evidence of the trial, being able to carry out the comprehensive assessment corresponding with the rest of the proceedings and with the written evidence (Article 465 CPP). All these powers mean that when resolving the challenge, the appellate judges are empowered to: i) annul the contested resolution totally or partially, ii) order the retrial, iii) order the reissuance of the resolution; or, iv) correct the defect and resolve the matter according to the applicable law. (Article 465 CPP). In tune with this reform to the challenge regime and the new powers granted to the appeals courts, this Chamber has sustained the position that all evidentiary discussion must end in the review carried out by the ad quem, the sole body competent to review the evidentiary assessment made by the a quo, recognizing said body the possibility of examining the evidentiary analysis of the case under its study. (See vote number 2012-000786, of 09:01 hours, on May 18, 2012). In conclusion, derived from the decision issued by the internationally known court (Herrera Ulloa versus Costa Rica case), our country began a process of transformation of the challenge regime that culminated with the reform operated by Law 8837, which imposed the formation of an instance responsible for a review with full knowledge of the matter already judged by another jurisdictional body, empowered to address the review of both the facts and the interpretation and determination of the applicable legislation, with access to all records containing the evidentiary material (oral and written); that is, we speak of a complete scrutiny of what was resolved by the lower body. In this line of thought, it must be indicated that this Chamber has pronounced in the sense that “the analysis of each specific case is important to determine the appropriateness of remand for a new proceeding when the violation of the adjective norm is evident, or, on the contrary, to correct the procedural defects at the new appeal stage, provided that said reform does not prejudice the accused and safeguards the other constitutional principles that protect him.” (Vote number 2012-1911, of 10:17 hours, on December 7, 2012)…” (The underlining does not belong to the original text). (Composition: Magistrate Ramírez Quirós, Former Magistrates Pereira Villalobos and Arias Madrigal, Former Magistrates Chinchilla Sandí and Arroyo Gutiérrez, Criminal Cassation Chamber of the Supreme Court of Justice). It must be said that in this matter, the comprehensive review of the ruling is breached because the ad quem did not examine the content of the accusatory document presented at the preliminary hearing of the flagrancy criminal process and the opening statement made at the oral and public trial. Note that according to the audio and video recording (Initial Archive of January 15, 2019. WWV Archive 256357 KB), examined by the Chamber, it is observed that on January 15, 2019, starting at 18:09 hours, the preliminary hearing first took place, directed by attorney Liner A. Zuñiga Herrera, of the Flagrancy Court of the First Judicial Circuit of the Southern Zone, Pérez Zeledón seat, who, based on Articles 236 and 422 of the Code of Criminal Procedure, declared jurisdiction for the application of the special flagrancy procedure (00:29:54 to 00:36:46). Subsequently, it is verified that the appellant Tatiana Villegas Ceciliano, from minute 05:46:45 to 00:10:22, indeed, as she explains in her appeal, narrated the content of the accusatory document and expressly charged the accused [Name 001] and [Name 002] that on August 14, 2018, at approximately 12:00 hours, acting jointly and with total control of the act, they proceeded without permits from the State Forestry Administration to illegally harvest (aprovechar) a fallen Guanacaste tree, in the sector of Ocochobi de Buenos Aires de Puntarenas, at geographic coordinates CRTMO5 N1004699 and E571377, being surprised by SINAC officials when [Name 002] was operating a portable sawmill and [Name 001] was collaborating with him by collecting the pieces and stockpiling them together with the other pieces already sawn. The imputation of charges indicates a harvesting (aprovechamiento) of three thousand sixty-two cubic meters (3062m3) of Guanacaste wood, which was seized by said officials of the National System of Conservation Areas, of MINAE, in the same manner as two logs equivalent to one thousand seven hundred sixty-three cubic meters (1763m3), whose value amounts to two million seven hundred twenty-three thousand one hundred eighty-five colones. Subsequently, the intervention of the Criminal Prosecutor (00:10:27 to 00:20:03) is observed, and finally, the participation of the public defender and the private defender, representing the two indicted persons. Note that at the appropriate procedural moment, the Flagrancy Court admits the accusation and the civil action for damages (acción civil resarcitoria), determining that the unlawful facts highlighted by the Prosecutor's Office were clear, precise, and detailed. Thus, the appellant demonstrates before the criminal cassation court the lack of the indispensable comprehensive review of the ruling by the ad quem, in breach of Article 459 of the C.P.P. In summary, the invoked topic of relevance is truthful; the representative of the Public Prosecutor's Office is correct in asserting that the appellate resolution undermines the duty to provide reasoning (fundamentación), because the Criminal Sentence Appeals Court failed to analyze an essential aspect of the claims raised on appeal, by not reviewing the records that preceded the debate, and erroneously confirming the acquittal, based on the premise that the accusatory document was deficient regarding the description of the illegal exploitation (disfrute) of a natural resource, without reviewing the prevailing prosecutorial complaint, an omission that allows it to be seen that the ad quem did not directly observe the audio and video comprising the oral judgment of the a quo. Disregarding the Prosecutor's theory of the case, regarding the invocation or not of the normative elements, which it finds lacking without having examined said files. A legal position that causes prejudice to the punitive claims established in the adversarial process, which supported the existence of a harvesting (aprovechamiento) of the referenced wood (cf. folio 32 verso), Article 3 subsection a) of the Forestry Law. In view of the foregoing, the first and second grounds of the appeal in cassation admitted for the Prosecutor's Office are declared with merit. Resolution number 2020-197, of 9:35 hours, on March 27, 2020, of the Criminal Sentence Appeals Court of Cartago is annulled, as well as judgment number 209-TFPZ-2019, of 18:20 hours, on March 1, 2019, of the Flagrancy Court of the First Judicial Circuit of the Southern Zone, Pérez Zeledón seat, ordering the case file to be remanded for a new trial to be held, in accordance with the accusatory document prevailing in the audiovisual file or recording dated January 15, 2019, at 18:46:42, which was verified in the present review on the merits, a charge or accusation admitted in compliance with the legal system by the Flagrancy Judge, thereby discrediting the content of the minute at folios 39 to 41 of the physical file (cf. folios 93 to 96 DVD), as it does not correspond to the reality of the judicial practice carried out in this flagrancy criminal process.

IV.- Third ground. Violation of Article 142 of the Code of Criminal Procedure.

The appellant indicates that the ad quem's reasoning is irrational when examining its doubt as to whether the wood that is the subject of the litigation fell within the situations that the Forestry Law (Ley Forestal) (No. 7575) excepts in Article 28, this by virtue of it being four thousand cubic meters of Guanacaste-type wood, which in its view requires many years to develop, and therefore it could not be a tree planted for subsequent harvesting. The prosecutor asserts that the thesis of the Sentencing Appeals Court, in relation to the foregoing constituting a gap in the accusatory instrument, violates logic and common experience. She requests that the argument be granted (cf. folios 22 verso to 23 front). The ground lacks interest. Given the scope of what was resolved by this Chamber in the first and second grounds of the cassation appeal filed, which has been resolved satisfactorily in favor of the cassation appellant's punitive claims, with two of her arguments being granted and a remand to the oral and public contradictory phase being ordered, it is concluded that there is no procedural interest that justifies the examination on the merits of this last ground, given the impossibility of generating harm to the appellant, the foregoing in accordance with precept 41 of the Political Constitution (Constitución Política).

Therefore:

The first and second grounds of the cassation appeal filed by the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) are granted. Consequently, resolution number 2020-197, of 9:35 a.m., of March 27, 2020, of the Sentencing Appeals Court of the First Judicial Circuit of Cartago is annulled, as well as judgment number 209-TFPZ-2019, of 6:20 p.m., of March 1, 2019, of the Flagrancy Court of the First Judicial Circuit of the Southern Zone, Pérez Zeledón venue, with a remand being ordered as soon as possible for the holding of a new trial, in accordance with the law. By virtue of what was resolved, the third ground of cassation raised by the Prosecutor's Office (Fiscalía) is not considered. Let it be notified.

Patricia Solano C.

Jesús Alberto Ramírez Q.

Álvaro Burgos M.

Gerardo Rubén Alfaro V.

Sandra Eugenia Zuñiga M.

Int: 415-2/17-2-20

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Classification prepared by the CRIMINAL CASSATION CHAMBER of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 03-29-2026 08:33:45.

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