Res. 00514-2021 Sala Tercera de la Corte — Environmental restitution does not require a separate civil damages actionRestitución ambiental no requiere acción civil resarcitoria separada

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Sala Tercera de la Corte

Resolución Nº 00514 - 2021

Fecha de la Resolución: 13 de Mayo del 2021 a las 16:06

Expediente: 16-000237-0567-PE

Redactado por: Alvaro Burgos Mata

Clase de asunto: Recurso de casación

Analizado por: SALA DE CASACIÓN PENAL



Sentencias del mismo expediente

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

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Exp: 16-000237-0567-PE

Res: 2021-00514

SALA DE CASACIÓN PENAL. San José, a las dieciséis horas seis minutos del trece de mayo de dos mil veintiuno.

 Vistos los recursos de casación interpuestos en la presente causa seguida contra [Nombre 001], por los delitos de cambio de uso del suelo, invasión en área de protección y apertura de trocha en bosque, cometido en perjuicio de los recursos naturales;y,

Considerando:

 I. El licenciado Manrique Ruiz Leal, en su condición de Procurador Adjunto de la Procuraduría General de la República, presentó mediante escrito de folio 43 a 47, recurso de casación contra la sentencia número N° 2020-627, de las 11:24 horas, del 23 de octubre de 2020, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera, que por mayoría declaró inadmisible el recurso formulado por el Ministerio Público, por mayoría declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la República y confirmó la sentencia impugnada.

 II. Primer motivo: Infracción a normas sustantivas, con fundamento en los artículos 45, 46 y 50 de la Constitución Política, 2, 98 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, 1, 41, 42, 52 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, 1, 27, 33, 34, 19 y 20 de la Ley Forestal, 10, 337, 338, 339, 342, 343 y 344 del Código Civil. Argumenta el recurrente que por mayoría el Tribunal de Apelación dispuso rechazar el primer motivo del recurso de apelación, estableciendo que los numerales 98 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, 52 de la Ley de Usos de Suelos, se deriva un régimen de responsabilidad subjetiva, que únicamente se produce cuando existe o se logra demostrar una conducta culposa o dolosa, y no por la simple acreditación del daño ambiental. El ad quem estableció que no fue posible acreditar la responsabilidad penal del imputado, ni derivar en su contra responsabilidad civil alguna con base en criterios de orden objetivo por el hecho de que es el dueño del usufructo en donde se produjo la lesión al ecosistema boscoso que resultó afectado y titular de hecho del otro fundo. Estima el recurrente que la interpretación que hizo el voto de mayoría de la normativa no es correcta, ya que sí se deriva un régimen de responsabilidad objetiva que se deduce del espectro normativo que se promulga, luego de la reforma de los artículos 50 y 46 de la Constitución, en los que se garantiza una defensa reforzada y dramática del ambiente cuya trazabilidad orienta y redefine los demás institutos de orden jurídico, siendo este el origen del complemento legislativo al sistema de responsabilidad ambiental, dispuesto en la Ley Orgánica del Ambiente N° 75542, que establece en el artículo 2 inciso d) y e) que quién contamine o dañe el ambiente será responsable y que ese daño es pluriofensivo por los efectos negativos de orden social, económico, ético, cultural que produce a las generaciones presente y futuras. Alega que ese sistema de responsabilidad es definido por dicha ley en el artículo 98, como un criterio de imputación, el daño o contaminación al ambiente se produce por acción u omisión y el numeral 101 ibídem señala que existe responsabilidad civil de los dueños de las empresas o actividades en donde se causen daños por acción u omisión. Explica que esa forma de responsabilidad también está regulada en el artículo 1 de Ley de Uso de Suelo, número 7779, que fue creada con la finalidad de conservar los suelos, mediante un uso sostenible de los recursos naturales. Considera el recurrente que el legislador dispuso como obligación y derecho de todas las personas, física o jurídica, vigilar y cumplir con la ley y su reglamento, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 42 ibídem  estableciendo que quién deteriore o contamine el recurso suelo, independientemente de que existe culpa o dolo o del grado de participación, es responsable de indemnizar en la vía judicial que corresponda, reparar los daños causados al ambiente y a terceros de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Uso de Suelo. Reclama, existe una interpretación errónea de ese numeral y del artículo 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, porque estos definen un parámetro de responsabilidad objetiva, para los titulares de la empresas o dueños de las actividades en donde se produce un daño ambiental. Explica que precisamente dicho marco normativo deriva la responsabilidad civil del demandado [Nombre 001] quien como titular de los fundos con vocación boscosa e hídrica avaló por acción u omisión, que dichos recursos naturales resultaran afectados a raíz de la activad cafetalera que ahí se desarrolló. Añade, aún cuando se no fue posible demostrar la responsabilidad penal del imputado, se acreditó que tiene el usufructo de la finca 406671-001 y que es titular de hecho del inmueble 297041-000, y se probó que en ambas propiedades se produjo un severo daño ambiental, en un sector de bosque en la primera finca y en un área de protección de una naciente en la segunda. Alega que la titularidad del demandado [Nombre 001] de ambos fundos, con independencia de que haya tenido o no, una participación dolosa en la comisión de los daños ambientales, del estudio sistemático del régimen de responsabilidad ambiental definido en la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, en la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Biodiversidad que contiene en el artículo 8 el principio de función social de la propiedad, es responsable objetivamente por los daños ambientales que fueron provocados. Insiste en que el demandado [Nombre 001] es titular del usufructo de la primera finca y de conformidad con los artículos 337, 339 y 341 del Código Civil es quien se beneficia con el goce, disfrute y libre disposición de ese bien, por lo que debe asumir su responsabilidad, por el uso contrario al ambiente que en ese fundo se hizo en detrimento del desarrollo sostenible definido en el Derecho de la Constitución y sus complementos legislativos referidos. Sobre el carácter objetivo de la responsabilidad cita el recurrente extractos de jurisprudencia que parece ser de la sentencia 3949-2001 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, la sentencia 493-2004 -sin identificar a cuál despacho corresponde- y 1669-2000 de la Sala Constitucional. De seguido indica, que en el caso en concreto se acreditó con certeza la producción de café en la forma y tiempo descrito en la acción civil, la cual produjo un daño ambiental, el titular y demandado [Nombre 002] asumió ese riesgo por lo que debe asumir la responsabilidad de acuerdo a la legislación citada. Reclama que el fallo recurrido desconoce el derecho propio desde la reforma en la Constitución Política, artículos 46 y 50 que introdujo el concepto de desarrollo sostenible, como un derecho de cuarta generación que se hace tangible, aplicable y funcional por medio de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y Ley de Biodiversidad, vacía por completo el contenido de ese marco evolutivo, al optar por un enfoque clásico de responsabilidad subjetiva que es inaplicable a la materia ambiental. Argumenta que se lesionó gravemente los intereses de su representada a quien se le cortó el derecho a ser indemnizado pese a que el daño ambiental descrito en la demanda del Estado en su acción civil quedó acreditado. Solicita se declare con lugar el motivo de casación, se acoja el reclamo en cada uno de sus extremos, concretamente la indemnización por daño ambiental, el pago de costas y la restitución de la lesión al bosque y la naciente. Explica que la reparación debe darse por medio de la regeneración natural que fue sugerida por los personeros de la Administración Forestal del Estado, para generar el desarraigo del café, permitiéndose el crecimiento natural de especies nativas en ambos inmuebles, obligación que debe asumir el demandado civil, bajo el apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad. El reclamo es admisible: Realizado el correspondiente estudio de admisibilidad se aprecia que el motivo fue interpuesto dentro del plazo legal por quien se encuentra legitimado para ello, a saber, el licenciado Manrique Ruiz Leal, en su condición de Procurador Adjunto de la Procuraduría General de la República, se encuentra dirigido contra la sentencia del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera, N°2020-627, de las 11:24 horas, del 23 de octubre de 2020, que declaró sin lugar el primer motivo del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Manrique Ruiz Leal.  Se fundamenta en el numeral 468 del Código Procesal Penal, el cual textualmente señala: “…Cuando la sentencia inobserve o aplique erróneamente un precepto legal sustantivo o procesal…”. Se alega de forma concreta la errónea interpretación y análisis de los artículos 2, 98 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, 1, 41, 42, 52 de la Ley de Uso Manejo y Conservación de Suelos y 1, 27, 33, 34, 19 y 20 de la Ley Forestal, considera el recurrente, que se incurrió en una interpretación errónea de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Uso de Suelos, de los cuales se define un parámetro de responsabilidad objetiva para los titulares de las empresa o dueños de las actividades en donde se produce un daño ambiental, a pesar de que no se acreditó la responsabilidad penal del imputado, asegura sí se demostró que tiene el usufructo de la  finca 406671-001 y es también titular de hecho del inmueble 297041-000, y que en ambas propiedades se produjo un severo daño ambiental a un sector de bosque en la primera de finca y en un área de protección de una naciente en el otro fundo, por lo cual estima, el acusado es objetivamente  responsable por los daños ambientales que en dichas fincas. Además, de la queja formulada se observa que el vicio está debidamente descrito y contiene un agravio que se relaciona con el defecto planteado. Por lo anterior, al cumplirse con los requerimientos contenidos en los artículos 468 y 469 del Código Procesal Penal, se admite el presente motivo para su ulterior estudio de fondo. Segundo motivo: Precedentes contradictorios: Argumenta el recurrente que el voto de mayoría rechazó la solicitud de restitución del ecosistema boscoso cuyo daño se tuvo por acreditado, así como del área de protección de la naciente que también se demostró, al considerar que ello procedía solo cuando se hubiera establecido algún parámetro de responsabilidad subjetiva u objetiva de conformidad con lo previsto por los artículos 7 y 103 del Código Penal, además, se estableció que de conformidad con el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente, correspondía a la Administración dar seguimiento a la zona afectada y no a la sede jurisdiccional. Considera el recurrente que lo resuelto es contrario a lo resuelto por otros votos de los Tribunales de Apelación de Sentencia, los cuales han determinado que ni siquiera se necesita el planteamiento de una acción civil resarcitoria para que se ordene la restitución de un ecosistema boscoso o hídrico en donde se produjo un daño ambiental. Se ha dicho que la orden puede ser dictada ex oficio, con base en el principio de irreductibilidad de los ecosistemas boscosos y de la tutela del ambiente definida en los numerales 46 y 50 de la Constitución Política, 1, 3 inciso d), 10 inciso c), 19 y 20 de la Ley Forestal. Explica que en el voto “1453-201-2019” (sic), del Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José, con base en el principio de irreductibilidad del bosque, ordenó la restitución de las cosas al estado anterior del delito, pese a que no pudo ser siquiera determinar la autoría de las personas que dañaron el bosque. Refiere que en sentido similar se pronunciaron en los votos 450-2003 de las 11:48 horas, del 22 de mayo de 2003 del antiguo Tribunal de Casación Penal de San José, 2014-032 de las 14:47 horas, del 28 de enero de 2014, del Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago, 2015-291 de las 13:50 horas, del 15 de mayo de 2015 de la Sección Segunda de dicho Tribunal, y 2020-00686 de las 14:50 horas, del 21 de julio del 2020 -no indica cuál Tribunal dictó dicha resolución-. Agrega, el rechazo de la solicitud de restitución del daño ambiental es lesivo a los intereses de su patrocinado, quien por imperativo mandato constitucional le atañe garantizar el disfrute de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, solicita se declare con lugar el presente motivo y se acoja la pretensión de reparación del ecosistema boscoso e híbrido que resultó afectado, tal y como lo han dispuesto los votos citados. El reclamo es inadmisible: El artículo 468 inciso a) del Código Procesal Penal, dispone en cuanto a la presentación del recurso de casación por precedentes contradictorios que: “…podrá ser fundado en alguno de los siguientes motivos: a) Cuando se alegue la existencia de precedentes contradictorios dictados por los tribunales de apelación de sentencia, o de estos con precedentes de la Sala de Casación Penal.” Esta hipótesis fue instaurada con la finalidad de darle vigencia a los principios de seguridad jurídica e igualdad ante la ley, por cuanto, se busca que el sistema judicial responda de la misma forma en casos que son equiparables. De esta manera los administrados tendrán la posibilidad de anticipar las consecuencias que podrían sufrir en caso de incurrir en la comisión de un ilícito. Para que se configure la causal deben concurrir los siguientes requisitos: a) Similitud en los supuestos fácticos; b) Identidad en la ratio decidendi; c) Oposición en el análisis jurídico. Los aspectos indicados deben ser claramente expuestos por la parte que recurre, con la finalidad de que esta Cámara, al analizar la admisibilidad de la impugnación, pueda determinar si existen elementos que sean indicativos de la contraposición en los precedentes, a fin de valorar si corresponde el estudio del reclamo por el fondo. En el presente asunto constata esta Sala que el recurrente se limitó a efectuar afirmaciones genéricas en el sentido de que la sentencia impugnada entra en contradicción con lo resuelto por diferentes Tribunales de Apelación de Sentencia del país, haciendo mención de varios votos (cfr. folio 9), sin embargo, no efectúa un desarrollo de las semejanzas presentes entre la resolución que impugna y los precedentes que se considera contrariados. El recurrente circunscribe sus argumentos a que no se requiere el planteamiento de una acción civil resarcitoria para que sea ordenada la restitución de un ecosistema boscoso o hídrico en donde se produjo un daño ambiental, e incluso afirma se puede dictar la orden ex oficio con base en el principio de irreductibilidad de los ecosistemas boscosos y la tutela del ambiente, pero no expone cuáles son las similitudes que hacen a los casos equiparables, ni realiza un desarrollo del contexto de las resoluciones que considera contrariados. Es claro que, por lo limitado de la exposición efectuada, no es posible inferir que los supuestos de hecho de estas resoluciones, ni la ratio decidendi, sean similares al del caso que nos ocupa. Con base en las consideraciones expuestas, se declara la inadmisibilidad de la impugnación de conformidad con los numerales 468, 469 y 471 del Código Procesal Penal.

 III. El licenciado José Alejandro Alpízar Arrones, en su condición de Fiscal Auxiliar, de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, presentó mediante escrito de folio 51 a 56, recurso de casación contra la sentencia número N°2020-627, de las 11:24 horas, del 23 de octubre de 2020, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera, que por mayoría declaró inadmisible el recurso formulado por el Ministerio Público, por mayoría declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la República y confirmó la sentencia impugnada.

 IV. Primer motivo: Errónea aplicación de un precepto legal sustantivo. Con fundamento en los artículos 468 inciso b) del Código Procesal Penal, al declarar inadmisible el recurso de apelación de sentencia incoado por la Fiscalía, con base a una falta de legitimación pasiva por no corresponderle la calidad de víctima o su representación, con lo cual estima se aplicó erróneamente el numeral 103 inciso 1) del Código Penal. Reclama que para sustentar la tesis de inadmisibilidad el Tribunal de Apelación equiparó las consecuencias civiles definidas en el artículo 103 inciso 1) del Código Penal, al considerar que ambas requieren de la interposición de una acción civil resarcitoria para que puedan ser conocidas por el Tribunal. Considera que ello es equivocado porque el artículo señala que el delito tendrá como consecuencia civil la restitución de las cosas, pero si esta acción ya no es posible dispone que se procederá con el pago del respectivo valor. Refiere que la redacción hace alusión a dos escenarios distintos, uno, cuando es posible restaurar el derecho lesionado el cual corresponde a la restitución de las cosas y el otro, cuando ya no es posible restaurar el derecho y por ello dispone que se haga el pago del respectivo valor. Expone que en el segundo escenario corresponde a un resarcimiento económico y para poder hacer dicho reclamo en un proceso penal, tal y como lo explica la sentencia impugnada se debe presentar una acción civil resarcitoria, pero el primer escenario no tiene relación con un resarcimiento económico, tal y como lo dijo el voto salvado del juez Fallas Redondo, así como en la nota aclaratoria de la jueza Carranza Cambronero, la restitución de las cosas no genera un beneficio monetario a la víctima, sino al restablecimiento del disfrute del derecho en las condiciones que tenía antes de la comisión del ilícito, por lo que, no tiene ningún sentido exigir la presentación de una acción civil resarcitoria. Añade que una correcta aplicación de la norma “procesal” (sic) debería valorar cuál de los escenarios se encuentra el derecho de la víctima y dar prioridad a la restauración de cosas si aun fuera posible, porque la propia norma indica que el pago del respectivo valor opera en defecto de la primera consecuencia. Esa correcta interpretación permite aclarar en cuál de los escenarios se hace necesaria la interposición de la acción civil resarcitoria y en cuál no. Considera que, como consecuencia directa de la correcta aplicación de la norma, se evidencia que el Ministerio Público sí está legitimado para requerir la restitución de las cosas, pese a que no recaiga sobre sí el carácter de víctima o que promueva una acción civil resarcitoria. Reitera que el fallo adolece del vicio de errónea aplicación de una norma legal sustantiva, al aplicar erróneamente el artículo 103 inciso 1) del Código Penal al exigir al Ministerio Público ser representante legal de la víctima para promover una acción civil resarcitoria. Como agravio, explica se negó el acceso a la justicia al Ministerio Público, no se conocieron los motivos pese a que se formuló en forma y tiempo, no se resolvieron al declararse inadmisible, exigiendo requisitos que la propia ley no le requiere, para la aplicación del instituto jurídico establecido en el numeral 103 inciso 1) del Código Penal. Solicita se anule la sentencia impugnada y se ordene resolver el recurso de apelación formulado por el Ministerio Público.  El reclamo es admisible: Realizado el correspondiente estudio de admisibilidad se aprecia que el reclamo fue interpuesto dentro del plazo legal por quien se encuentra legitimado para ello, a saber, el licenciado José Alejandro Alpízar Arrones, en su condición de representante del Ministerio Público, se encuentra dirigido contra la sentencia del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago Sección Primera, número N°2020-627, de las 11:24 horas, del 23 de octubre de 2020, que declaró por mayoría inadmisible el recurso de apelación formulado por el Ministerio Público. El numeral 467 del Código Procesal Penal, señala que el recurso de casación procede contra resoluciones dictadas por el Tribunal de Apelación de Sentencia, que “…confirmen total o parcialmente, o bien resuelvan en definitiva, la sentencia dictada por el tribunal de juicio…”, en este caso, el Tribunal estimó que el impugnante carecía de legitimación subjetiva para recurrir, puesto que en su condición de representante del órgano encargado del ejercicio de la acción penal, no está legitimado para impugnar aspectos relacionados con los alcances civiles de la resolución impugnada, como lo es la restitución de las cosas al estado anterior a la comisión del delito, y a través de ello, se consolida una situación jurídica, que podría implicar una limitación al derecho a recurrir de una de las partes, respecto a las consecuencias civiles de reparación mediante la restitución de las cosas al estado anterior al delito, por lo cual se justifica que el tema deba ser abordado por el fondo. Por otra parte, el recurso se encuentra debidamente fundamentado en la errónea aplicación del artículo 103 inciso 1) del Código Penal, al estimar el recurrente que el restablecimiento de las cosas a su estado anterior no tiene relación con un resarcimiento económico, no genera un beneficio monetario a la víctima, sino el restablecimiento del disfrute del derecho en las condiciones que tenía antes de la comisión del ilícito, por lo que no tiene sentido exigir que para restaurar el derecho se deba plantear una acción civil resarcitoria, con lo cual considera el recurrente se evidencia que el Ministerio Público sí está legitimado para requerir la restitución. Además, se fundamenta la queja en el numeral 468 inciso b) del Código Procesal Penal, como un vicio que se encuentran previsto como motivo de casación y, expone el agravio causado y su pretensión. Consecuentemente, al cumplir con los requisitos estipulados en los artículos 467, 468, 469 y 471 del Código Procesal Penal, se admite el motivo de casación para su conocimiento por el fondo. Segundo motivo: Errónea aplicación de un precepto legal procesal artículos 140 en relación con 289 ambos del Código Procesal Penal. Con fundamento en el articulo 468 inciso b) del Código Procesal Penal. Argumenta el impugnante que en el considerando I la jueza Carranza Cambronero, dijo no compartir el criterio del juez Fernández Mora, al considerar que la restitución de las cosas no forma parte del instituto de la acción civil resarcitoria, pero de igual forma declaró inadmisible el recurso planteado por la Fiscalía al estimar que no representa a la víctima. Estima el recurrente que de esa forma se aplicó de forma errónea el numeral 140 del Código Procesal Penal de conformidad con el numeral 289 ibídem, en el cual se dispuso por parte del legislador dos deberes del Ministerio Público, el primero, consiste en hacer cesar las consecuencias que pueda tener todo delito y el segundo, iniciar la investigación que corresponda. Afirma que el ordenamiento jurídico dotó de dos grandes fines al proceso penal, la restitución de los derechos de las víctimas y el resolver sobre las posibles responsabilidades penales que correspondan, concediendo a las partes institutos legales para perseguir esos fines, cita como ejemplo las medidas cautelares personales, las atípicas y la facultad especial del juez de restituir las cosas al estado anterior. Añade que el legislador le exigió al Ministerio Público procurar el cese de cualquier consecuencia que pueda generar el delito, y los fiscales sí están legitimados para requerir la restitución de las cosas, no le corresponde únicamente perseguir el juzgamiento del imputado, sino que debe promover todas las acciones legales que sean necesarias para que los derechos de las víctimas sean restablecidos. Agrega que no importa si el Ministerio Público es representante de la víctima porque en ninguna norma se le exime de la obligación de hacer cesar los efectos de los delitos, lo que le abre la puerta a formular todos los requerimientos necesarios, dándole así la legitimación que el Tribunal de Apelación de Sentencia le negó. Como agravio, señala se le negó al Ministerio Público una pretensión válidamente formulada, tolerando que un delito continúe generando consecuencias que podrían llegar a ser irreversibles y le impide al ente acusador promover y cumplir con el deber legal que impone el artículo 289 del Código Procesal Penal. Solicita se anule la sentencia se ordene al Tribunal de Apelación resolver el recurso de apelación planteado por el Ministerio Público. El motivo es admisible: Realizado el correspondiente estudio de admisibilidad se aprecia que el reclamo fue interpuesto dentro del plazo legal por quien se encuentra legitimado para ello, a saber, el licenciado José Alejandro Alpízar Arrones, en su condición de representante del Ministerio Público, se encuentra dirigido contra la sentencia del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago Sección Primera, número N°2020-627, de las 11:24 horas, del 23 de octubre de 2020, que declaró por mayoría inadmisible el recurso de apelación formulado por el Ministerio Público. El numeral 467 del Código Procesal Penal, señala que el recurso de casación procede contra resoluciones dictadas por el Tribunal de Apelación de Sentencia, que “…confirmen total o parcialmente, o bien resuelvan en definitiva, la sentencia dictada por el tribunal de juicio…”, en este caso, el Tribunal estimó que el recurrente no ostenta la representación de la víctima, la cual corresponde por la naturaleza del asunto, de forma exclusiva, a la Procuraduría General de la República, y por ello no se encontraba legitimado para impugnar los extremos relacionados con la restitución de las cosas al estado anterior a la comisión del delito, por tratarse de un instituto vinculado con los derechos de la víctima de acuerdo a lo establecido por el artículo 140 del Código Procesal Penal, y a través de ello, se consolida una situación jurídica, que podría implicar una limitación al derecho a recurrir de una de las partes, respecto a la restitución de las cosas al estado anterior de la comisión del ilícito, por lo cual se justifica que el tema deba ser abordado por el fondo. Por otra parte, el recurso se encuentra debidamente fundamentado en la errónea aplicación del artículo 140 inciso 1) del Código Penal, al estimar el recurrente que el Ministerio Público se encuentra en la obligación de hacer cesar las consecuencias que pueda generar todo delito e iniciar la investigación correspondiente, con lo cual considera el impugnante se evidencia que la Fiscalía está legitimada para requerir la restitución de las cosas, y no importa si el Ministerio Público es o no representante de la víctima. Además, se fundamenta la queja en el numeral 468 inciso b) del Código Procesal Penal, como un vicio que se encuentran previsto como motivo de casación y, expone el agravio causado y su pretensión. Consecuentemente, al cumplir con los requisitos estipulados en los artículos 467, 468, 469 y 471 del Código Procesal Penal, se admite el motivo de casación para su conocimiento por el fondo. Tercer motivo:  Inobservancia de un precepto legal sustantivo, artículo 103 inciso 1) del Código Penal, con fundamento en el artículo 468 inciso b) del Código Procesal Penal. Explica el recurrente que al resolverse el segundo motivo de apelación de sentencia formulado por la Procuraduría General de la República, en el considerando IV, por mayoría el Tribunal de Apelación inobservó la aplicación del instituto de restauración de las cosas al disponer la remisión y responsabilidad del Poder Ejecutivo de corregir la situación jurídica ilegal provocada por el delito -cita dos extractos de la resolución del Tribunal-. De seguido señala que los juzgadores optaron por no aplicar el instituto legal definido en el artículo 103 inciso 1) del Código Penal, que está diseñado para restaurar judicialmente los derechos de las víctimas que hayan sido afectadas por algún delito, para lo cual se esforzaron en brindar argumentos que versan sobre la acción civil resarcitoria y la carga laboral del Poder Judicial, y a pesar de que tenían la posibilidad jurídica de aplicar la restitución de las cosas a favor de la víctima no lo hicieron y entregaron esa responsabilidad al Poder Ejecutivo. El juez Fernández Mora dio por acreditado que en el sitio hubo un bosque y que el mismo fue afectado, reconociendo que la prueba técnica aportada así lo demuestra y que se configuró la tipicidad objetiva del delito de cambio de uso de suelo cubierto por bosque, previsto en el numeral 61 inciso c) de la Ley Forestal. Por lo anterior, estima el impugnante, los juzgadores se encontraban obligados a resolver sobre las consecuencias actuales y futuras de esa conducta, según lo previsto por el artículo 103 inciso 1) del Código Penal, a pesar de ello, decidieron remitir la decisión final sobre el futuro del bosque afectado para que sea el MINAE quien lo defina, con lo cual inaplicaron la norma, contraviniendo el artículo 11 de la Constitución Política que dispone la prohibición de los Supremos Poderes de ceder sus funciones. Señala que el ordenamiento jurídico no dispone de alguna norma que permita realizar esa cesión de competencias, por lo que el Tribunal de Apelación debía aplicar el numeral citado y resolver el futuro del bosque que se encuentra afectado por la conducta acusada.  Como agravio expone, se le negó al Ministerio Público y a la víctima contar con una tutela judicial efectiva, al remitir a otra instancia, imponiendo a la víctima la obligación de soportar que sus derechos continúen siendo lesionados y las consecuencias de un delito se mantengan en el tiempo. Pide se anule la sentencia y se ordene al Tribunal resolver el recurso de apelación de sentencia. El reclamo es admisible: Realizado el correspondiente estudio de admisibilidad se aprecia que el motivo fue interpuesto dentro del plazo legal por quien se encuentra legitimado para ello, a saber, el licenciado José Alejandro Alpízar Arrones, en su condición de representante del Ministerio Público, se encuentra dirigido contra la sentencia del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago Sección Primera, número N°2020-627, de las 11:24 horas, del 23 de octubre de 2020, que declaró por mayoría sin lugar el segundo motivo del recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la República. Se fundamenta en una de las causales taxativas que se encuentran autorizadas para su interposición, a saber, el presupuesto contenido en el inciso b) del numeral 468 del Código Procesal Penal, el cual textualmente señala: “…Cuando la sentencia inobserve o aplique erróneamente un precepto legal sustantivo o procesal…”. Se alega de forma concreta la inobservancia del artículo 130 inciso 1) del Código Penal, porque al aceptar el Tribunal de Apelación de Sentencia la configuración de la tipicidad objetiva del delito, estaba obligado a resolver sobre las consecuencias actuales y futuras de esa conducta, aplicando la restitución de las cosas a favor de la víctima, lo cual no hicieron entregando esa responsabilidad al Poder Ejecutivo. Además, de la queja formulada se observa que el vicio está debidamente descrito y contiene un agravio que se relaciona con el defecto planteado. Por lo anterior, al cumplirse con los requerimientos contenidos en los artículos 468 y 469 del Código Procesal Penal, se admite el presente motivo para su ulterior estudio de fondo. Cuarto motivo: Precedentes contradictorios, de conformidad con el artículo 468 inciso a) del Código Procesal Penal, al resolver de forma opuesta a la línea jurisprudencial definida en los fallos 280-2019, de las 15:45 horas, del 8 de marzo de 2019 y 2019-01622, de las 14:40 horas, del 13 de diciembre de 2019, ambos de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. El recurrente transcribe un extracto de la resolución que impugna número 2020-627, propiamente en el considerando I. De seguido señala que esa forma de resolver una pretensión sustentada en la aplicación del numeral 103 inciso 1) del Código Penal es contraria respecto a la línea jurisprudencial definida por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en los votos 280-2019, de las 15:45 horas, del 8 de marzo de 2019 y 2019-01622, de las 14:40 horas, del 13 de diciembre de 2019, -reproduce un extracto de cada sentencia-. Añade que la resolución que impugna resolvió de forma contraria a lo definido por la Sala Tercera al supeditar la restitución de las cosas definida en el artículo 103 inciso 1) del Código Penal con el ejercicio de una acción civil resarcitoria, pese a que ambos institutos son independientes. En la jurisprudencia ya se ha dejado claro que dichos institutos son independientes, responden a pretensiones distintas por lo que no es necesario formular una acción civil resarcitoria, ni ser representante de la víctima para poder formular como pretensión la restitución de las cosas, de conformidad con el artículo 103 inciso 1) del Código Penal. Como agravio, expone se resolvió de forma contraria a la línea jurisprudencial definida por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, se solucionó de manera diferente dos situaciones fácticas similares, colocando a las partes, en una situación de inseguridad jurídica, y de mantenerse el criterio utilizado por el Tribunal de Apelación se creará una aplicación desigual. Solicita, se anule la sentencia y se ordene al Tribunal de Apelación resolver el recurso formulado. El motivo es inadmisible: Del estudio del reclamo formulado se determina que el mismo no se ajusta a la causal invocada, aunque el recurrente cita como supuesto de casación el establecido en el artículo 468 inciso a) del Código Procesal Penal, debe recordarse que dicha causal tiene como finalidad garantizar los principios de seguridad jurídica e igualdad ante la ley, al procurar que ante situaciones semejantes la Administración de Justicia responda del mismo modo, lo cual le permite al administrado anticipar las consecuencias de sus actos. Sobre dicha causal está Cámara ha tenido oportunidad en reiteradas ocasiones de señalar los requisitos necesarios que se deben cumplir para que se configure este motivo: 1) Similitud en los supuestos fácticos, 2) Identidad en la ratio decidendi, y 3) Diferente solución del extremo jurídico. Estos aspectos deben estar claramente desarrollados en el recurso, con el objetivo de que esta Cámara verifique si existen elementos que sean indicativos de la contraposición entre lo resuelto y los precedentes que se estimen opuestos y de esta manera valorar si corresponde el estudio del reclamo por el fondo. No basta con señalar que se resolvió de forma distinta dos situaciones fácticas similares, sino que se debe motivar adecuadamente el reclamo, evidenciando la concurrencia de los requisitos a los que se hizo referencia líneas arriba. En relación con la aludida causal esta Sala ha indicado: “…El Diccionario de la Real Academia de la Lengua, en su tercera acepción, define el término “precedente” como: “Aplicación de una resolución anterior en un caso igual o semejante al que se presenta…”( )“…para aplicar un precedente, debe existir identidad de objeto entre ambos casos, tratándose de las mismas hipótesis o supuestos…”( )“…no es cualquier sentencia, ni cualquier aspecto de la sentencia, los que pueden invocarse como precedentes contradictorios; sino únicamente aquellas que establecen reglas generales de aplicación del derecho, y en cuanto a sus aspectos medulares…”( )“…en el nuevo régimen de impugnación penal, precedente es una resolución judicial previa (de un Tribunal de Apelación o de la propia Sala Tercera), en la que se aplicó como aspecto central del fallo, el tema jurídico que se estima resuelto de forma contraria por el Tribunal de Apelación en la sentencia impugnada. No puede entonces invocarse como precedente, un aspecto marginal de la resolución citada. Tampoco pueden señalarse como contradictorias, resoluciones que no comparten la necesaria similitud entre las situaciones fácticas y jurídicas…” (Sentencia 2012-01064, de las 16:25 horas, del 31 de julio de 2012, suscrita por los magistrados José Manuel Arroyo, Jesús Ramírez, Magda Pereira, Doris Arias, Sandra Zúñiga). Así, en el presente asunto se verifica que el recurrente no efectuó una adecuada exposición del motivo, en tanto se limitó a señalar que los supuestos fácticos entre la resolución impugnada y los dos precedentes citados son similares, pero que se resolvió de forma contraria a lo definido por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, al supeditar la restitución de las cosas definida en el artículo 103 inciso 1) del Código Penal con el ejercicio de una acción civil resarcitoria, pese a que ambos institutos son independientes. No obstante, esa afirmación no se fundamenta en la referencia concreta a los supuestos de hecho de los casos que mencionó, lo que impide verificar la similitud fáctica de éstos, y tampoco efectúa un desarrollo del contexto de las resoluciones que considera contrariadas. Para que exista una correcta formulación del reclamo se requiere que se exponga de forma clara los puntos jurídicos de interés que se estiman opuestos, lo que significa que se debe identificar correctamente en qué consiste el núcleo esencial que fue abordado de manera contradictoria, y por qué la forma cómo se resolvió en el caso bajo examen, es disímil a los precedentes señalados, cuya aplicación se estima correcta, no resulta suficiente la mención de los fallos que considera contradictorios, resulta necesario identificar adecuadamente el punto jurídico de interés y cuya errónea aplicación discute. De esta manera verifica esta Cámara que la impugnación resulta ser infundada ya la mención de los pasajes de las resoluciones que el recurrente estima de interés y el señalamiento de que se resolvió de forma contraria supeditando la restitución de las cosas, definida en el artículo 103 inciso 1) del Código Penal, con el ejercicio de una acción civil resarcitoria, es imposible determinar la existencia de semejanza en los supuestos fácticos de los casos abordados, así como la oposición en la forma de resolución en sus aspectos esenciales. En razón de lo expuesto, de conformidad con los numerales 468, 469 y 471 del Código Procesal Penal, se declara inadmisible el motivo de casación interpuesto.

Por tanto:

 Se declara admisible el primer motivo del recurso de casación formulado por el licenciado Manrique Ruiz Leal, en su condición de Procurador Adjunto de la Procuraduría General de la República, se declara inadmisible el segundo motivo formulado. Se declaran admisibles los motivos de casación primero, segundo y tercero presentados por el licenciado José Alejandro Alpízar Arrones, Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, se declara inadmisible el cuarto motivo de dicha impugnación. Notifíquese.

 

 

Patricia Solano C.




Jesús Alberto Ramírez Q.

	

 

	

Álvaro Burgos M.




 

Gerardo Rubén Alfaro V.

	

 

	

 

Sandra Eugenia Zúñiga M.

 

241-3/9-3-21

KCALDERONH

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 06-02-2026 09:44:57.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Tercera de la Corte

Resolution No. 00514 - 2021

Date of Resolution: 13:06 hours on May 13, 2021

Case File: 16-000237-0567-PE

Drafted by: Alvaro Burgos Mata

Type of Matter: Appeal in cassation

Analyzed by: SALA DE CASACIÓN PENAL



Judgments from the same case file

Judgment with protected data, in accordance with current regulations



Text of the resolution



Exp: 16-000237-0567-PE

Res: 2021-00514

SALA DE CASACIÓN PENAL. San José, at sixteen hours and six minutes on May thirteenth, two thousand twenty-one.

 Having reviewed the appeals in cassation filed in this case against [Name 001], for the crimes of land-use change (cambio de uso del suelo), invasion of a protection area, and opening of a trail in a forest, committed to the detriment of natural resources; and,

Considering:

 I. Attorney Manrique Ruiz Leal, in his capacity as Assistant Attorney General of the Procuraduría General de la República, filed by way of a document on pages 43 to 47, an appeal in cassation against judgment number N° 2020-627, of 11:24 hours on October 23, 2020, issued by the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera, which by majority declared inadmissible the appeal filed by the Public Prosecutor's Office, by majority declared without merit the appeal filed by the Procuraduría General de la República, and upheld the appealed judgment.

 II. First ground: Violation of substantive rules, based on Articles 45, 46, and 50 of the Political Constitution, 2, 98, and 101 of the Organic Environmental Law, 1, 41, 42, and 52 of the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils, 1, 27, 33, 34, 19, and 20 of the Forestry Law, 10, 337, 338, 339, 342, 343, and 344 of the Civil Code. The appellant argues that by majority, the Court of Appeal decided to reject the first ground of the appeal, establishing that Articles 98 and 101 of the Organic Environmental Law, and 52 of the Law on the Use of Soils, derive a regime of subjective liability, which only arises when a negligent or intentional conduct is proven, and not by the mere proof of environmental damage. The ad quem established that it was not possible to prove the criminal liability of the accused, nor to derive any civil liability against him based on criteria of an objective nature due to the fact that he is the owner of the usufruct where the injury to the affected forest ecosystem occurred and the de facto owner of the other property. The appellant considers that the majority vote's interpretation of the regulations is incorrect, since an objective liability regime is indeed derived from the normative spectrum enacted, following the reform of Articles 50 and 46 of the Constitution, which guarantee a reinforced and dramatic defense of the environment, the traceability of which guides and redefines other legal institutes. This is the origin of the legislative complement to the environmental liability system, set forth in the Organic Environmental Law No. 75542, which establishes in Article 2, subsections d) and e) that whoever pollutes or damages the environment shall be liable and that such damage is multi-offensive due to the negative effects of a social, economic, ethical, and cultural nature it produces on present and future generations. He alleges that this liability system is defined by said law in Article 98, as a criterion of imputation—the damage or contamination to the environment is produced by action or omission—and Article 101 thereof states that there is civil liability for the owners of companies or activities where damages are caused by action or omission. He explains that this form of liability is also regulated in Article 1 of the Law on the Use of Soil, number 7779, which was created for the purpose of conserving soils through sustainable use of natural resources. The appellant considers that the legislator established as an obligation and right of all persons, physical or legal, to monitor and comply with the law and its regulations, according to the provisions of Article 42 thereof, establishing that whoever deteriorates or contaminates the soil resource, regardless of whether fault or intent exists or the degree of participation, is responsible for compensating in the corresponding judicial venue, repairing the damages caused to the environment and to third parties in accordance with the provisions of Article 52 of the Law on the Use of Soil. He claims there is an erroneous interpretation of that article and of Article 101 of the Organic Environmental Law, because these define a parameter of objective liability for the owners of companies or activities where environmental damage occurs. He explains that precisely this regulatory framework derives the civil liability of the defendant [Name 001], who, as the owner of the properties with forest and water resource vocation, endorsed by action or omission that said natural resources were affected as a result of the coffee-growing activity that took place there. He adds, even though it was not possible to prove the criminal liability of the accused, it was proven that he holds the usufruct of farm 406671-001 and is the de facto owner of property 297041-000, and it was proven that severe environmental damage occurred on both properties, to a forest sector on the first farm and to a protection area of a spring (naciente) on the second. He alleges that the ownership of both properties by the defendant [Name 001], regardless of whether or not he had an intentional participation in the commission of the environmental damages, based on a systematic study of the environmental liability regime defined in the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils, the Organic Environmental Law, and the Biodiversity Law—which contains in Article 8 the principle of the social function of property—makes him objectively liable for the environmental damages that were caused. He insists that the defendant [Name 001] holds the usufruct of the first farm and, in accordance with Articles 337, 339, and 341 of the Civil Code, is the one who benefits from the enjoyment, use, and free disposal of that asset, so he must assume his responsibility for the use contrary to the environment that was carried out on that property to the detriment of the sustainable development defined in Constitutional Law and its referred legislative complements. Regarding the objective nature of the liability, the appellant cites excerpts from case law that appear to be from judgment 3949-2001 of the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, judgment 493-2004—without identifying which office it corresponds to—and 1669-2000 of the Sala Constitucional. He then indicates that in the specific case, the production of coffee in the manner and time described in the civil action was proven with certainty, which caused environmental damage; the owner and defendant [Name 002] assumed that risk and must therefore assume liability according to the cited legislation. He claims that the appealed ruling ignores the law itself since the reform of the Political Constitution, Articles 46 and 50, which introduced the concept of sustainable development as a fourth-generation right that becomes tangible, applicable, and functional through the Organic Environmental Law, the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils, and the Biodiversity Law, completely empties the content of that evolving framework by opting for a classic approach of subjective liability that is inapplicable to environmental matters. He argues that the interests of his represented party were seriously harmed, as they were denied the right to be compensated despite the fact that the environmental damage described in the State's claim in its civil action was proven. He requests that the ground for cassation be declared with merit, that the claim be upheld in each of its aspects, specifically the compensation for environmental damage, the payment of costs, and the restitution of the injury to the forest and the spring (naciente). He explains that the repair must occur through the natural regeneration that was suggested by the personnel of the State Forest Administration, to generate the uprooting of the coffee, allowing the natural growth of native species on both properties, an obligation that must be assumed by the civil defendant, under warning of incurring the crime of disobedience to authority. The claim is admissible: Having conducted the corresponding admissibility study, it is observed that the ground was filed within the legal period by someone who is legally authorized to do so, namely, Attorney Manrique Ruiz Leal, in his capacity as Assistant Attorney General of the Procuraduría General de la República. It is directed against the judgment of the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera, No. 2020-627, of 11:24 hours on October 23, 2020, which declared without merit the first ground of appeal filed by Attorney Manrique Ruiz Leal. It is based on Article 468 of the Code of Criminal Procedure, which textually states: “…When the judgment disregards or erroneously applies a substantive or procedural legal precept…”. The erroneous interpretation and analysis of Articles 2, 98, and 101 of the Organic Environmental Law, 1, 41, 42, and 52 of the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils, and 1, 27, 33, 34, 19, and 20 of the Forestry Law are concretely alleged. The appellant considers that an erroneous interpretation was made of the provisions of the Organic Environmental Law and the Law on the Use of Soils, which define a parameter of objective liability for owners of companies or activities where environmental damage occurs. Despite the fact that the criminal liability of the accused was not proven, he asserts it was indeed demonstrated that he holds the usufruct of farm 406671-001 and is also the de facto owner of property 297041-000, and that severe environmental damage occurred on both properties to a forest sector on the first farm and in a protection area of a spring (naciente) on the other property. Therefore, he considers the accused is objectively liable for the environmental damages to said farms. Furthermore, from the complaint filed, it is observed that the defect is properly described and contains a grievance related to the defect raised. Therefore, having met the requirements contained in Articles 468 and 469 of the Code of Criminal Procedure, this ground is admitted for its subsequent review on the merits. Second ground: Contradictory precedents: The appellant argues that the majority vote rejected the request for restitution of the forest ecosystem whose damage was taken as proven, as well as the spring (naciente) protection area that was also demonstrated, considering that this only proceeded when some parameter of subjective or objective liability had been established in accordance with the provisions of Articles 7 and 103 of the Penal Code. Additionally, it was established that, in accordance with Article 99 of the Organic Environmental Law, it was the Administration's responsibility to follow up on the affected area and not the jurisdictional venue. The appellant considers that the decision is contrary to decisions by other votes of the Tribunals of Appeal of Judgment, which have determined that a civil action for damages does not even need to be filed for the restitution of a forest or water ecosystem where environmental damage occurred to be ordered. It has been stated that the order can be issued ex officio, based on the principle of the lifetime tenure (irreductibilidad) of forest ecosystems and environmental protection defined in Articles 46 and 50 of the Political Constitution, 1, 3 subsection d), 10 subsection c), 19, and 20 of the Forestry Law. He explains that in vote “1453-201-2019” (sic), from the Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José, based on the principle of the lifetime tenure (irreductibilidad) of the forest, it ordered the restitution of things to their state prior to the crime, even though it could not even determine the authorship of the persons who damaged the forest. He states that a similar position was taken in votes 450-2003 of 11:48 hours of May 22, 2003, from the former Tribunal de Casación Penal de San José; 2014-032 of 14:47 hours of January 28, 2014, from the Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago; 2015-291 of 13:50 hours of May 15, 2015, from the Sección Segunda of said Tribunal; and 2020-00686 of 14:50 hours of July 21, 2020—he does not indicate which Tribunal issued said resolution. He adds that the rejection of the request for restitution of the environmental damage is harmful to the interests of his client, who, by imperative constitutional mandate, is responsible for guaranteeing the enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment. He requests that this ground be declared with merit and that the claim for repair of the affected forest and hybrid ecosystem be upheld, just as the cited votes have ordered. The claim is inadmissible: Article 468, subsection a) of the Code of Criminal Procedure, regarding the filing of the appeal in cassation for contradictory precedents, states that: “…it may be based on one of the following grounds: a) When the existence of contradictory precedents issued by the trial courts of appeal is alleged, or between these and precedents of the Sala de Casación Penal.” This hypothesis was established with the purpose of giving effect to the principles of legal certainty and equality before the law, insofar as it seeks for the judicial system to respond in the same way in comparable cases. In this way, citizens will have the possibility of anticipating the consequences they could suffer in the event of committing an unlawful act. For this ground to be configured, the following requirements must concur: a) Similarity in the factual circumstances; b) Identity in the ratio decidendi; c) Opposition in the legal analysis. The aforementioned aspects must be clearly set forth by the appealing party, so that this Chamber, when analyzing the admissibility of the challenge, can determine whether there are elements indicative of a contradiction in the precedents, in order to assess whether a review of the claim on the merits is appropriate. In this case, this Chamber verifies that the appellant limited himself to making generic statements to the effect that the appealed judgment contradicts decisions rendered by different Tribunals of Appeal of Judgment in the country, mentioning several votes (cf. page 9). However, he does not develop the similarities between the decision he challenges and the precedents considered to be contradicted. The appellant limits his arguments to stating that the filing of a civil action for damages is not required for the restitution of a forest or water ecosystem where environmental damage occurred to be ordered, and even affirms that the order can be issued ex officio based on the principle of the lifetime tenure (irreductibilidad) of forest ecosystems and environmental protection. However, he does not explain what the similarities are that make the cases comparable, nor does he provide a development of the context of the resolutions considered contradicted. It is clear that, due to the limited nature of the presentation made, it is not possible to infer that the factual circumstances of these resolutions, nor the ratio decidendi, are similar to that of the case at hand. Based on the considerations set forth, the inadmissibility of the challenge is declared in accordance with Articles 468, 469, and 471 of the Code of Criminal Procedure.

 III. Attorney José Alejandro Alpízar Arrones, in his capacity as Assistant Prosecutor, Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, filed by way of a document on pages 51 to 56, an appeal in cassation against judgment number N°2020-627, of 11:24 hours on October 23, 2020, issued by the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera, which by majority declared inadmissible the appeal filed by the Public Prosecutor's Office, by majority declared without merit the appeal filed by the Procuraduría General de la República, and upheld the appealed judgment.

 IV. First ground: Erroneous application of a substantive legal precept. Based on Article 468, subsection b) of the Code of Criminal Procedure, upon declaring inadmissible the appeal of the judgment filed by the Fiscalía, based on a lack of standing due to not having the status of victim or its representation, which he considers resulted in the erroneous application of Article 103, subsection 1) of the Penal Code. He claims that to support the inadmissibility thesis, the Court of Appeal equated the civil consequences defined in Article 103, subsection 1) of the Penal Code, by considering that both require the filing of a civil action for damages in order to be heard by the Court. He considers this to be mistaken because the article states that the crime shall have as a civil consequence the restitution of things, but if this action is no longer possible, it provides that the payment of the respective value shall proceed. He states that the wording alludes to two different scenarios: one, when it is possible to restore the injured right, which corresponds to the restitution of things; and the other, when it is no longer possible to restore the right and therefore provides for the payment of the respective value. He argues that the second scenario corresponds to economic compensation, and to be able to make said claim in a criminal proceeding, as the appealed judgment explains, a civil action for damages must be filed. However, the first scenario has no relation to economic compensation, as stated in the dissenting vote of Judge Fallas Redondo, as well as in the clarifying note of Judge Carranza Cambronero; the restitution of things does not generate a monetary benefit for the victim, but rather the re-establishment of the enjoyment of the right under the conditions that existed before the commission of the unlawful act. Therefore, there is no sense in requiring the filing of a civil action for damages. He adds that a correct application of the “procedural” norm (sic) should assess which of the scenarios the victim's right falls under and give priority to the restoration of things if it was still possible, because the norm itself indicates that the payment of the respective value operates in the absence of the first consequence. This correct interpretation makes it possible to clarify in which of the scenarios the filing of a civil action for damages is necessary and in which it is not. He considers that, as a direct consequence of the correct application of the norm, it is evident that the Public Prosecutor's Office is indeed authorized to request the restitution of things, even if it does not hold the status of victim or promote a civil action for damages. He reiterates that the ruling suffers from the defect of erroneous application of a substantive legal norm, by erroneously applying Article 103, subsection 1) of the Penal Code by requiring the Public Prosecutor's Office to be the legal representative of the victim in order to pursue a civil action for damages. As a grievance, he explains that access to justice was denied to the Public Prosecutor's Office, the grounds were not heard even though they were filed in a timely and proper manner, and they were not resolved upon being declared inadmissible, requiring requisites that the law itself does not require for the application of the legal institute established in Article 103, subsection 1) of the Penal Code. He requests that the appealed judgment be annulled and that the resolution of the appeal filed by the Public Prosecutor's Office be ordered. The claim is admissible: Having conducted the corresponding admissibility study, it is observed that the claim was filed within the legal period by someone who is legally authorized to do so, namely, Attorney José Alejandro Alpízar Arrones, in his capacity as representative of the Public Prosecutor's Office. It is directed against the judgment of the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera, number N°2020-627, of 11:24 hours on October 23, 2020, which declared by majority inadmissible the appeal filed by the Public Prosecutor's Office. Article 467 of the Code of Criminal Procedure states that the appeal in cassation is admissible against decisions issued by the Tribunal of Appeal of Judgment that “…confirm totally or partially, or definitively resolve, the judgment issued by the trial court…”. In this case, the Tribunal considered that the appellant lacked subjective standing to appeal, since in his capacity as representative of the body responsible for exercising criminal prosecution, he is not authorized to challenge aspects related to the civil consequences of the appealed decision, such as the restitution of things to their state prior to the commission of the crime. Through this, a legal situation is consolidated that could imply a limitation on the right to appeal of one of the parties, regarding the civil consequences of repair through the restitution of things to their state prior to the crime, which justifies that the matter must be addressed on the merits. On the other hand, the appeal is properly grounded in the erroneous application of Article 103, subsection 1) of the Penal Code, as the appellant considers that the restoration of things to their previous state is not related to economic compensation, does not generate a monetary benefit for the victim, but rather the re-establishment of the enjoyment of the right under the conditions that existed before the commission of the unlawful act. Therefore, it makes no sense to require that a civil action for damages be filed to restore the right, which the appellant considers demonstrates that the Public Prosecutor's Office is indeed authorized to request restitution. Furthermore, the complaint is based on Article 468, subsection b) of the Code of Criminal Procedure, as a defect that is provided for as a ground for cassation, and it sets forth the grievance caused and its claim. Consequently, having met the requirements stipulated in Articles 467, 468, 469, and 471 of the Code of Criminal Procedure, the ground for cassation is admitted for its review on the merits. Second ground: Erroneous application of a procedural legal precept, Articles 140 in relation to 289, both of the Code of Criminal Procedure. Based on Article 468, subsection b) of the Code of Criminal Procedure. The appellant argues that in Considerando I, Judge Carranza Cambronero stated she did not share Judge Fernández Mora's opinion, considering that the restitution of things is not part of the institute of the civil action for damages, but she nonetheless declared the appeal filed by the Fiscalía inadmissible, considering that it does not represent the victim. The appellant considers that in this way, Article 140 of the Code of Criminal Procedure was erroneously applied in conjunction with Article 289 thereof, in which the legislator established two duties for the Public Prosecutor's Office: the first consists of making the consequences that any crime may have cease, and the second, initiating the corresponding investigation. He affirms that the legal system endowed the criminal process with two main purposes: the restitution of the victims' rights and resolving the possible corresponding criminal liabilities, granting the parties legal institutes to pursue those ends. He cites as examples personal precautionary measures, atypical measures, and the special power of the judge to restore things to their prior state. He adds that the legislator required the Public Prosecutor's Office to seek the cessation of any consequence that the crime may generate, and prosecutors are indeed authorized to request the restitution of things. It is not solely responsible for pursuing the judgment of the accused. Instead, it must promote all legal actions necessary for the victims' rights to be restored. He adds that it does not matter whether the Public Prosecutor's Office is the representative of the victim because no norm exempts it from the obligation to make the effects of crimes cease, which opens the door for it to file all necessary requests, thus giving it the standing that the Tribunal of Appeal of Judgment denied it. As a grievance, he notes that the Public Prosecutor's Office was denied a validly formulated claim, tolerating that a crime continues to generate consequences that could become irreversible and preventing the prosecuting body from promoting and fulfilling the legal duty imposed by Article 289 of the Code of Criminal Procedure. He requests that the judgment be annulled and that the Tribunal of Appeal be ordered to resolve the appeal filed by the Public Prosecutor's Office. The ground is admissible: Having conducted the corresponding admissibility study, it is observed that the claim was filed within the legal period by someone who is legally authorized to do so, namely, Attorney José Alejandro Alpízar Arrones, in his capacity as representative of the Public Prosecutor's Office. It is directed against the judgment of the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera, number N°2020-627, of 11:24 hours on October 23, 2020, which declared by majority inadmissible the appeal filed by the Public Prosecutor's Office. Article 467 of the Code of Criminal Procedure states that the appeal in cassation is admissible against decisions issued by the Tribunal of Appeal of Judgment that “…confirm totally or partially, or definitively resolve, the judgment issued by the trial court…”. In this case, the Tribunal considered that the appellant does not hold the representation of the victim, which corresponds, by the nature of the matter, exclusively to the Procuraduría General de la República, and therefore, he was not authorized to challenge the aspects related to the restitution of things to their state prior to the commission of the crime, as this is an institute linked to the rights of the victim according to the provisions of Article 140 of the Code of Criminal Procedure. Through this, a legal situation is consolidated that could imply a limitation on the right to appeal of one of the parties, regarding the restitution of things to their state prior to the commission of the unlawful act, which justifies that the matter must be addressed on the merits. On the other hand, the appeal is properly grounded in the erroneous application of Article 140, subsection 1) of the Penal Code [Note: likely referring to 140 of the Code of Criminal Procedure], as the appellant considers that the Public Prosecutor's Office is obliged to make the consequences that any crime may generate cease and to initiate the corresponding investigation, which the appellant considers demonstrates that the Fiscalía is authorized to request the restitution of things, and it does not matter whether the Public Prosecutor's Office is or is not the representative of the victim. Furthermore, the complaint is based on Article 468, subsection b) of the Code of Criminal Procedure, as a defect that is provided for as a ground for cassation, and it sets forth the grievance caused and its claim. Consequently, having met the requirements stipulated in Articles 467, 468, 469, and 471 of the Code of Criminal Procedure, the ground for cassation is admitted for its review on the merits. Third ground: Disregard of a substantive legal precept, Article 103, subsection 1) of the Penal Code, based on Article 468, subsection b) of the Code of Criminal Procedure. The appellant explains that when resolving the second ground of the judgment appeal filed by the Procuraduría General de la República, in Considerando IV, the Court of Appeal, by majority, disregarded the application of the institute of restoration of things by providing for the referral and responsibility of the Executive Branch to correct the illegal legal situation caused by the crime—he cites two excerpts from the Tribunal's decision. He then indicates that the judges chose not to apply the legal institute defined in Article 103, subsection 1) of the Penal Code, which is designed to judicially restore the rights of victims who have been affected by a crime. To this end, they made an effort to provide arguments that deal with the civil action for damages and the workload of the Judicial Branch, and despite having the legal possibility to apply the restitution of things in favor of the victim, they did not do so and handed that responsibility over to the Executive Branch. Judge Fernández Mora took as proven that there was a forest at the site and that it was affected, recognizing that the technical evidence provided demonstrates this and that the objective elements of the crime of land-use change (cambio de uso del suelo) covered by forest, provided for in Article 61, subsection c) of the Forestry Law, were configured. Therefore, the appellant considers that the judges were obliged to rule on the current and future consequences of that conduct, as provided for in Article 103, subsection 1) of the Penal Code. Despite this, they decided to refer the final decision on the future of the affected forest to MINAE to define it, thereby failing to apply the norm, contravening Article 11 of the Political Constitution, which provides for the prohibition of the Supreme Branches from ceding their functions.

It points out that the legal system has no rule allowing such a transfer of powers, and therefore the Appellate Court should have applied the cited provision and resolved the future of the forest affected by the charged conduct. As a grievance, it argues that the Public Prosecutor's Office and the victim were denied effective judicial protection, by referring the matter to another body, imposing on the victim the obligation to endure the continued violation of their rights and the ongoing consequences of a crime. It requests that the judgment be annulled and that the Court be ordered to resolve the appeal of the judgment. The claim is admissible: Upon the corresponding admissibility study, it is observed that the ground was filed within the legal deadline by someone with standing to do so, namely, Mr. José Alejandro Alpízar Arrones, in his capacity as representative of the Public Prosecutor's Office, and it is directed against the judgment of the Appellate Court for Criminal Judgments of Cartago, First Section, number 2020-627, issued at 11:24 a.m. on October 23, 2020, which by majority dismissed the second ground of the appeal filed by the Office of the Attorney General of the Republic. It is based on one of the exhaustive grounds authorized for its filing, namely, the requirement contained in subsection b) of provision 468 of the Code of Criminal Procedure, which textually states: “…When the judgment disregards or erroneously applies a substantive or procedural legal precept…”. It specifically alleges the disregard of Article 130, subsection 1) of the Penal Code, because by accepting the configuration of the objective criminality of the offense, the Appellate Court for Judgments was obliged to rule on the current and future consequences of that conduct, applying restitution of things in favor of the victim, which they did not do, handing that responsibility over to the Executive Branch. Furthermore, from the complaint made, it is observed that the defect is duly described and contains a grievance related to the defect raised. Therefore, as the requirements contained in Articles 468 and 469 of the Code of Criminal Procedure are met, this ground is admitted for its subsequent substantive study. Fourth ground: Contradictory precedents, in accordance with Article 468, subsection a) of the Code of Criminal Procedure, by resolving in a manner contrary to the jurisprudential line defined in rulings 280-2019, issued at 3:45 p.m. on March 8, 2019, and 2019-01622, issued at 2:40 p.m. on December 13, 2019, both from the Third Chamber of the Supreme Court of Justice. The appellant transcribes an excerpt from the challenged decision number 2020-627, specifically from recital I. Then, it points out that this way of resolving a claim based on the application of provision 103, subsection 1) of the Penal Code is contrary to the jurisprudential line defined by the Third Chamber of the Supreme Court of Justice in votes 280-2019, issued at 3:45 p.m. on March 8, 2019, and 2019-01622, issued at 2:40 p.m. on December 13, 2019—it reproduces an excerpt from each judgment—. It adds that the challenged decision resolved contrary to what was defined by the Third Chamber by making the restitution of things defined in Article 103, subsection 1) of the Penal Code contingent upon the exercise of a civil action for damages (acción civil resarcitoria), despite both institutions being independent. Jurisprudence has already made it clear that said institutions are independent, they respond to different claims, and therefore it is not necessary to file a civil action for damages (acción civil resarcitoria), nor to be a representative of the victim, to be able to claim the restitution of things, in accordance with Article 103, subsection 1) of the Penal Code. As a grievance, it argues that the matter was resolved contrary to the jurisprudential line defined by the Third Chamber of the Supreme Court of Justice; two similar factual situations were resolved differently, placing the parties in a situation of legal uncertainty, and if the criterion used by the Appellate Court is maintained, an unequal application will be created. It requests that the judgment be annulled and that the Appellate Court be ordered to resolve the filed appeal. The ground is inadmissible: From the study of the filed claim, it is determined that it does not conform to the invoked ground; although the appellant cites the cassation ground established in Article 468, subsection a) of the Code of Criminal Procedure, it must be remembered that said ground's purpose is to guarantee the principles of legal certainty and equality before the law, by seeking that in similar situations the Administration of Justice responds in the same way, which allows the individual to anticipate the consequences of their actions. Regarding this ground, this Chamber has had the opportunity on repeated occasions to point out the necessary requirements that must be met for this ground to be configured: 1) Similarity in the factual scenarios, 2) Identity in the ratio decidendi, and 3) Different resolution of the legal issue. These aspects must be clearly developed in the appeal, with the objective that this Chamber verifies if there are elements indicative of a contradiction between what was decided and the precedents deemed contrary, and thus assess whether the substantive study of the claim is appropriate. It is not enough to point out that two similar factual situations were resolved differently; rather, the claim must be adequately reasoned, demonstrating the concurrence of the requirements referred to above. Regarding the aforementioned ground, this Chamber has indicated: “…The Dictionary of the Royal Academy of Language, in its third meaning, defines the term 'precedent' as: 'Application of a prior resolution in an equal or similar case to the one presented…'( ) '…to apply a precedent, there must be identity of object between both cases, dealing with the same hypotheses or scenarios…'( ) '…it is not just any judgment, nor any aspect of the judgment, that can be invoked as contradictory precedents; but only those that establish general rules of law application, and in their core aspects…'( ) '…in the new criminal appeal regime, a precedent is a prior judicial decision (from an Appellate Court or from the Third Chamber itself), in which the legal issue that is considered resolved contrarily by the Appellate Court in the challenged judgment was applied as a central aspect of the ruling. Therefore, a marginal aspect of the cited decision cannot be invoked as a precedent. Nor can decisions that do not share the necessary similarity between the factual and legal situations be pointed out as contradictory…' (Judgment 2012-01064, issued at 4:25 p.m. on July 31, 2012, signed by judges José Manuel Arroyo, Jesús Ramírez, Magda Pereira, Doris Arias, Sandra Zúñiga). Thus, in the present matter, it is verified that the appellant did not make an adequate presentation of the ground, as they limited themselves to pointing out that the factual scenarios between the challenged decision and the two cited precedents are similar, but that the matter was resolved contrary to what was defined by the Third Chamber of the Supreme Court of Justice, by making the restitution of things defined in Article 103, subsection 1) of the Penal Code contingent upon the exercise of a civil action for damages (acción civil resarcitoria), despite both institutions being independent. However, that assertion is not based on a concrete reference to the factual scenarios of the cases mentioned, which prevents verifying their factual similarity, and neither does it develop the context of the decisions it considers contradicted. For a correct formulation of the claim, it is required that the legal points of interest considered contrary be clearly stated, meaning that the essential core that was addressed contradictorily must be correctly identified, and why the way the case under examination was resolved is dissimilar to the indicated precedents, whose application is considered correct; the mere mention of the rulings considered contradictory is not sufficient; it is necessary to properly identify the legal point of interest whose erroneous application is disputed. In this way, this Chamber verifies that the appeal proves to be unfounded, since the mention of the passages from the decisions that the appellant considers of interest and the indication that the matter was resolved contrary by making the restitution of things, defined in Article 103, subsection 1) of the Penal Code, contingent upon the exercise of a civil action for damages (acción civil resarcitoria), makes it impossible to determine the existence of similarity in the factual scenarios of the cases addressed, as well as the opposition in the manner of resolution in their essential aspects. Based on the foregoing, in accordance with provisions 468, 469, and 471 of the Code of Criminal Procedure, the filed ground for cassation is declared inadmissible.

Therefore:

The first ground of the cassation appeal filed by Mr. Manrique Ruiz Leal, in his capacity as Deputy Attorney of the Office of the Attorney General of the Republic, is declared admissible; the second ground filed is declared inadmissible. The first, second, and third cassation grounds presented by Mr. José Alejandro Alpízar Arrones, Assistant Prosecutor of the Assistant Agrarian Environmental Prosecutor's Office, are declared admissible; the fourth ground of said appeal is declared inadmissible. Notify.

Patricia Solano C.

Jesús Alberto Ramírez Q.

Álvaro Burgos M.

Gerardo Rubén Alfaro V.

Sandra Eugenia Zúñiga M.

241-3/9-3-21

KCALDERONH

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 06-02-2026 09:44:57.

SCIJ de Hacienda
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