Res. 00015-2022 Sala Tercera de la Corte — Cassation appeal inadmissible for mixing grounds in forestry crime caseInadmisibilidad del recurso de casación por mezcla de motivos en delito forestal

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Sala Tercera de la Corte

Resolución Nº 00015 - 2022

Fecha de la Resolución: 14 de Enero del 2022 a las 10:11

Expediente: 13-002429-0485-PE

Redactado por: Sandra Eugenia Zúñiga Morales

Clase de asunto: Recurso de casación

Analizado por: SALA DE CASACIÓN PENAL



Sentencias del mismo expediente

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Admisibilidad-Recurso de Casación

Tema: Mezcla de motivos provoca inadmisibilidad.

Subtemas:

Mezcla de motivos provoca inadmisibilidad.

"[...] se verifica que se incumple con requisitos fundamentales para su procedencia. Según advierte esta Cámara, el impugnante incurre en una clara entremezcla de reproches, al invocar, en primer término, una ausencia de fundamentación intelectiva y aducir, por ejemplo, que el ad quem : “…no dio respuesta al cuestionamiento efectuado en el recurso formulado por esta representación y emite un fallo que analizó apenas de manera superficial la resolución impugnada, con el evidente afán de confirmar un fallo deficientemente fundamentado y que es contrario a los intereses estatales…” (folio 228 frente y vuelto). Si bien, pareciera que el recurrente estaría delimitando claramente el yerro a un vicio de falta de fundamentación por ausencia absoluta de pronunciamiento sobre el extremo invocado, al sustanciar la queja, también reprocha la existencia de vicios lógicos, al acusar que el fallo recurrido: “…lesiona gravemente la construcción lógica del razonamiento empleado…” (folio 2298 vuelto). Es claro, así, que dentro del único motivo que se formula, el recurrente hace planteamientos de distinta naturaleza de manera entremezclada (al alegar tanto la falta de fundamentación como la vulneración a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba), incurriendo por lo tanto, en una confusión de alegatos, con lo que se violenta la normativa procesal, que establece bajo sanción de inadmisibilidad, la presentación separada de cada uno de los motivos con sus fundamentos y agravios que exige el artículo 469 del Código Procesal Penal. [...]"

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Texto de la resolución

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Exp: 13-002429-0485-PE

Res: 2022-00015

SALA DE CASACIÓN PENAL. San José, a las diez horas once minutos del catorce de enero de dos mil veintidós.

 Visto el recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 002], por el delito de tala y aprovechamiento ilegal de madera, en perjuicio de La Ley Forestal; y,               

Considerando:

 I. Mediante libelo visible de folios 224 a 231, el licenciado Andrés Alfaro Ramírez, en su condición de Procurador Penal, interpone recurso de casación contra la resolución N° 2021-1270, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, a las 11:00 horas, del 23 de agosto del 2021 (folios 211 a 219). Mediante dicho fallo, se declararon sin lugar los recursos de apelación formulados por los licenciados Guillermo Cordero Camacho y Andrés Alfaro Ramírez, en representación del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, respectivamente, confirmándose, en consecuencia, la sentencia N° 37-2021, dictada por el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, a las 8:05 horas, del 22 de enero del 2021, mediante la cual, por aplicación del principio in dubio pro reo, se absolvió de toda pena y responsabilidad a [Nombre 002], por los delitos de tala y aprovechamiento ilegal de madera que se le venían atribuyendo en perjuicio de Los Recursos Naturales y se ordenó la devolución del comiso descrito en las actas 1365 y 1363 a quien, en el plazo de tres meses, demostrara ser su propietario; quedando las costas del proceso a cargo del Estado. Además, se declaró sin lugar la acción civil resarcitoria planteada por el Estado en calidad de ofendido directo y representado por la Procuraduría General de la República, sin que existiera condena en costas, al existir razón plausible para litigar (folios 166 a 179).

 II. El único alegato planteado por la Procuraduría, se titula: “VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD POR INOBSERVANCIA DEL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL POR UNA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN INTELECTIVA” (folio 225). Explica el recurrente, que en el recurso de apelación formulado contra la sentencia N° 037-2021 del Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la zona Atlántica, sede Pococí, de las 8:05 horas del 22 de enero de 2021, se alegó como único motivo, la falta de fundamentación por errónea valoración intelectiva de la prueba y por resultar contraria a las reglas de la sana crítica racional, la lógica y la experiencia. Según se indica, básicamente, se reclamó que existía una evidente ausencia de fundamentación por parte del Tribunal de Juicio de Pococí, al establecer el estado de duda para absolver al imputado y declarar sin lugar la acción civil resarcitoria incoada en su contra. Explica el recurrente, que el planteamiento de la representación estatal en su recurso de apelación de sentencia, se centró en cuestionar cuáles fueron las razones por las que el tribunal sentenciador consideró que existía duda sobre la autoría del delito de tala atribuido al encartado y que hubiera sido él, el causante del daño ambiental derivado del ilícito que se le venía atribuyendo. Señala que, a fin de justificar el fallo, el a quo hizo un recuento de valoraciones sesgadas y superficiales inconexas de la prueba incorporada, que gravitaron sobre la declaración del imputado, estimando la juzgadora, que la prueba indiciaria utilizada por el Ministerio Público en su acusación y por la Procuraduría en su querella y acción civil, era insuficiente para tener por demostrada la responsabilidad penal y civil del imputado, en tanto no constituían indicios unívocos ni contundentes, fustigando el hecho de que el testigo de cargo y funcionario del SINAC Alexander Alfaro Durán, observó al imputado sentado, consumiendo alimentos cerca de una motosierra caliente, pero sin estar utilizándola en ese instante, considerando que el hecho de tener sus ropas sucias y con aserrín, no implicaba necesariamente que estaba participando de la comisión del delito de tala ni aprovechamiento, y que lo anterior podía obedecer, básicamente a dos situaciones: a) que la presencia de aserrín en sus ropas se haya dado por acción del viento y la cercanía respecto a quienes estaban talando y b) que la suciedad en sus ropas se podía justificar por el trabajo de campo (chapia) que minutos antes dice haber realizado el imputado, reforzándose con ello la credibilidad otorgada a su relato. En criterio del recurrente, el ad quem obvió detalles importantes: “…como lo era que la motosierra que estaba cerca del imputado estaba caliente, lo que claramente conlleva a interpretar que pocos minutos antes había sido utilizada, sumado al hecho de que la motosierra estaba cerca de donde estaba sentado el imputado, quien estaba sudado, sudo y tenía en sus ropas restos de aserrín, partículas que por su peso a diferencia del polvo, era difícil que viajaran varios metros de distancia, con respecto al sitio donde estaban los otros imputados utilizando otra motosierra, lo cual contrariamente a lo sostenido por la juzgadora permitía establecer que el imputado había estado minutos antes del abordaje del SINAC, utilizando la motosierra y por lo tanto, talando en el sitio…” (folio 226). Hace ver el Procurador, que la juzgadora cuestionó el abordaje e investigación realizada por el testigo [Nombre 003], al no haber identificado ni investigado a los menores de edad, hijos de la pareja a la que hace referencia [Nombre 002] y que también son imputados en una causa judicial tramitada por aparte, aduciendo que éstos menores podrían haber estado colaborando en sus faenas de tala y haber utilizado la motosierra que estaba cerca del lugar donde estaba sentado el imputado. Expone el abogado, que no comparte dicho razonamiento, pues: “…son varias las razones que pudieron tener los funcionarios del SINAC para no investigar a los menores, tales como la falta de indicios visibles en sus ropas (aserrín y suciedad), considerar que no estaban tan cerca de sus padres y de las labores de tala o que por su peso y estatura (contextura física), no estaban en condiciones de manejar herramientas pesadas y peligrosas como lo constituye una motosierra…” (folio 226 vuelto). Menciona, además, que para reforzar la incertidumbre sobre la persona responsable del daño ambiental, se hizo alusión a que en una visita posterior realizada por los funcionarios del SINAC, no pudieron encontrar el sitio exacto de los tocones: “…lo cual consideramos es un aspecto que no tienen (sic) mayor trascendencia para generar duda sobre la responsabilidad penal y civil del justiciable…” (folio 226 vuelto). El licenciado Alfaro Ramírez menciona, que se le hizo ver al Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, que la explicación dada por el encartado era poco creíble y contraria a las reglas de la sana crítica racional, pues si bien, al inicio del juicio, en su identificación dijo ser jornalero y dedicarse a hacer “chapias”, ello suponía la necesidad de contar con herramientas mínimas para tal oficio, siendo que: “…el imputado no explicó qué había pasado con sus herramientas el día en que fue detenido junto a los demás imputados, que no constaba en la documentación del proceso que él haya dicho nada a los funcionarios del SINAC sobre sus herramientas, la necesidad de recogerlas, de llamar a alguien que lo hiciera por él, ni tampoco la realización de ningún reclamo sobre el particular o que en algún momento haya hecho saber a alguna autoridad sobre la pérdida de esos bienes, máxime que se trata de herramientas elementales para ejercer las actividades que el imputado dice realizar para ganarse la vida…” (folio 227 frente). Menciona también el impugnante, que se cuestionó el valor probatorio otorgado al dicho del encartado, al haber estado dispuesto a someterse a una medida alterna, que suponía el cumplimiento de compromisos y obligaciones a pesar de, supuestamente, no tener relación alguna con los hechos investigados. Estima que, conforme a las reglas de la sana crítica, dicha circunstancia tornaba poco creíble e inconsistente la versión del encartado. Expone así, que se le indicó al Tribunal de Apelación de Sentencia Penal que, en caso de haberse analizado todas las probanzas en conjunto y de manera integral, fácilmente podría haberse arribado a conclusiones muy distintas, que más bien tendrían por demostrada, con certeza absoluta, la responsabilidad penal y civil del justiciable por los hechos bajo juzgamiento. Sin embargo, refiere que el ad quem mal interpretó los alegatos y los descartó de manera superficial, considerando que: “…no dio respuesta al cuestionamiento efectuado en el recurso formulado por esta representación y emite un fallo que analizó apenas de manera superficial la resolución impugnada, con el evidente afán de confirmar un fallo deficientemente fundamentado y que es contrario a los intereses estatales…” (folio 228 frente y vuelto). Agrega, que en el fallo recurrido se hizo alusión al voto de esta Cámara N° 882-2000, para validar la sentencia del Tribunal de Juicio, en cuanto se consideró que los indicios recabados en el proceso no eran unívocos y que, por ende, no era posible decretar la responsabilidad penal y civil del imputado: “…pero sin haber analizado por qué esos indicios no eran concluyentes…” (folio 228 vuelto). Expone el impugnante, que el Tribunal de Apelación de Sentencia no solo se apartó del espíritu del artículo 459 del Código Procesal Penal -que alude al examen integral del fallo-, sino que también transgredió abiertamente el artículo 142 Código Procesal Penal, al considerar que la sentencia sí estaba fundamentada, mediante una transcripción bastante extensa de la decisión judicial cuestionada: “…utilizando una fuente más pequeña con la calara (sic) consigna de ahorrar espacio, por lo que habría que pensar que dicha cita era mucho más extensa si se hubiera utilizado el mismo tamaño de letra. Lo anterior, cual constituye una violación al deber de fundamentación, pues lo que se hizo fue indicar que se está de acuerdo con la fundamentación empleada por el tribunal de juicio, utilizando las razones dadas por ese mismo tribunal algunas expresiones que lo que hacen es desestimar las argumentaciones del Estado para reforzar aquellas, pero sin dar una verdadera respuesta de por qué motivos es que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, consideró que la sentencia cuestionada está bien y suficientemente sustentada.…” (folio 229 frente y vuelto). Agrega el recurrente, que la fundamentación expuesta por el ad quem: “…lesiona gravemente la construcción lógica del razonamiento empleado, porque no enfrenta el dilema planteado en el único motivo del Recurso de Apelación del representante del Estado…” (folio 229 vuelto). Al sustentar la protesta, el recurrente hace referencia a la resolución de esta Cámara N° 701-2018, de las 12:55 horas, del 26 de setiembre del 2018, en relación a los defectos de fundamentación que constituyen motivos válidos para recurrir en casación. Asegura el impugnante, que: “…Pareciera que el Tribunal de Apelación de Sentencia nunca entendió nuestro reclamo y la inconformidad que se materializó en el único motivo de la gestión recursiva sometida a su consideración: no es válido y por ende, es una evasión de la obligación de fundamentar correctamente las resoluciones judiciales, lesionando con ello el artículo 142 del CPP, rebatir los argumentos que cuestionaron la condena civil solidaria impuesta al Estado junto con un particular, a partir de citas jurisprudenciales de casos que no son análogos y que enfocan tópicos que refiriéndose a la responsabilidad civil objetiva del Estado, son distintos a los que fueron objeto de impugnación…” (folio 230 frente). Asimismo, el abogado del Estado exige: “…un razonamiento coherente y claro que nos demuestre por qué es que la resolución del tribunal de juicio está debidamente fundamentada…” (folio 230 frente). Considera así, que el fallo impugnado contiene un vicio de fundamentación: “…al existir un grave error en su construcción ya que para rebatir un motivo de apelación y declararlo sin lugar, recurre a razonamientos que no dan respuesta a lo alegado y ello inexorablemente conduce a una severa y calificada falta de fundamentación, en clara transgresión del artículo 142 del CPP, vicio que dejamos debidamente señalado…” (folio 230 frente). Como agravio, alude que al no haberse analizado ni emitido pronunciamiento certeramente sobre el motivo de apelación, producto de una deficiente fundamentación, se ratificó la absolutoria del imputado y se declaró sin lugar la acción civil resarcitoria incoada en su contra. Estima, que: “…de haberse resuelto en forma ajustada a derecho, se habría determinado la necesidad de ordenar un juicio de reenvío, en el que el mismo tribunal de juicio con diversa integración, procediera con el estudio de manera integral (sic) la prueba testimonial, documental e indiciaria…” (folio 230 frente y vuelto). Solicita, a partir de lo anterior, que se acoja la impugnación planteada, se declare la ineficacia del fallo recurrido y se ordene el reenvío ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal para una nueva sustanciación conforme a derecho.

 III. La impugnación es inadmisible: Del estudio de admisibilidad del único alegato formulado por el Procurador Penal Andrés Alfaro Ramírez, se verifica que se incumple con requisitos fundamentales para su procedencia. Según advierte esta Cámara, el impugnante incurre en una clara entremezcla de reproches, al invocar, en primer término, una ausencia de fundamentación intelectiva y aducir, por ejemplo, que el ad quem: “…no dio respuesta al cuestionamiento efectuado en el recurso formulado por esta representación y emite un fallo que analizó apenas de manera superficial la resolución impugnada, con el evidente afán de confirmar un fallo deficientemente fundamentado y que es contrario a los intereses estatales…” (folio 228 frente y vuelto). Si bien, pareciera que el recurrente estaría delimitando claramente el yerro a un vicio de falta de fundamentación por ausencia absoluta de pronunciamiento sobre el extremo invocado, al sustanciar la queja, también reprocha la existencia de vicios lógicos, al acusar que el fallo recurrido: “…lesiona gravemente la construcción lógica del razonamiento empleado…” (folio 2298 vuelto). Es claro, así, que dentro del único motivo que se formula, el recurrente hace planteamientos de distinta naturaleza de manera entremezclada (al alegar tanto la falta de fundamentación como la vulneración a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba), incurriendo por lo tanto, en una confusión de alegatos, con lo que se violenta la normativa procesal, que establece bajo sanción de inadmisibilidad, la presentación separada de cada uno de los motivos con sus fundamentos y agravios que exige el artículo 469 del Código Procesal Penal. A mayor abundamiento, en criterio de esta Cámara, lo que hace el recurrente, es insistir en la protesta que fue planteada ante el Tribunal de Apelación, en el único motivo del recurso de apelación interpuesto y con que, desde su punto de vista, se había incurrido en una errónea valoración de la prueba, concretamente, al concedérsele credibilidad total a la versión del acusado, quitársela al dicho de los testigos de cargo y realizar una apreciación errónea de los indicios, a partir de lo cual, se estableció la duda de que [Nombre 002] fuera responsable de los hechos investigados. Dicha premisa solo deriva de una inconformidad del impugnante con lo resuelto, en tanto se dispuso, en lo que interesa, que: “…No es cierto que el Tribunal de sentencia hubiera absuelto al acusado a partir de una errada valoración de los elementos probatorios recabados en el debate, quebrantándose las reglas de la sana crítica racional como ha sido alegado ni que la motivación sea una sesgada e insuficiente. Una vez que se ha podido analizar de forma integral la sentencia escrita, se desprende que la decisión tomada se encuentra debidamente motivada y, ante todo, responde a una valoración hilada, concatenada, lógica y puntual de todos los medios probatorios evacuados, gracias a los cuales se desprende con suma claridad las razones por las que se concluyó que, de acuerdo con las particularidades del caso, había una duda razonable acerca de si, el imputado se encontraba realizando acciones de tala y aprovechamiento ilegal de madera, sin contar con los permisos respectivos…” (folio 215). Estimó el ad quem, además, que: “…Los argumentos que fueron esgrimidos por los recurrentes buscan desacreditar el examen que se hizo de cada indicio, como las conclusiones a las que arribó el a quo para disponer la absolutoria del acusado, pero en ese ejercicio fallaron en acreditar la existencia de un defecto o vicio en la apreciación de los mismos. Es criterio de este tribunal que los impugnantes se limitaron a enunciar un cúmulo de indicios que se extraían de la prueba, sin acreditar la existencia de algún error en el proceso lógico seguido por la juzgadora para su examen. Tampoco existe quebranto alguno a las reglas de la sana crítica racional, pues los razonamientos del Tribunal de mérito derivan válidamente de los elementos de juicio introducidos al debate, sustentando la absolutoria al concluirse que los indicios no resultaron ser graves, precisos y concordantes para establecer de manera unívoca, más allá de toda duda razonable, la participación del imputado en los hechos acusados…” (folio 216 vuelto). Agregó el Tribunal de Apelación: “…En el caso bajo examen el tribunal sí tomó en cuenta los indicios que se derivaban de las pruebas -ubicación del imputado en el sitio, que sus ropas estaban sucias y llenas de aserrín, hallándosele sentado sobre un trozo de madera talado, cerca de una motosierra que aún estaba tibia y a una corta distancia de los coimputados con causa penal parte-; no obstante se consideró que no lograron desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, luego de apreciarlos y contrastarlos frente a la versión que el acusado brindó en su defensa material. De la lectura del fallo se extrae que aquel declaró que, él se encontraba chapeando el potrero de un vecino, conocido como [Nombre 004], cuando escuchó el sonido de una motosierra y por eso se dirigió al sitio para determinar quién estaba trabajando, encontrándose con dos amistades suyas que estaban trabajando con la madera, por lo que él se quedó conversando con ellos y cuando reanudaron la faena, se sentó a comerse la merienda que traía antes de retirarse, siendo en ese momento que llegaron unos funcionarios que él identificó como del Minae. Agregó que él si vio unos árboles cortados en el suelo, pero no supo quién los había talado, más allá que sus conocidos le comentaron momentos antes que les habían regalado "unos palos" para arreglar su casa, rechazando haberles prestado ayuda o colaboración y que la motosierra fuera de su propiedad, señalando que los citados funcionarios le pidieron firmar un documento, pese a que él no sabía leer ni escribir, el cual no le leyeron ni mucho menos le explicaron su contenido. Esta cámara coincide en que la sola presencia del imputado en el lugar no resulta ser un indicio inequívoco de su participación criminal, porque aquel brindó una declaración justificando que su presencia en el sitio fue porque se acercó a ver quién estaba trabajando con una motosierra. Además se ponderó en forma adecuada que [Nombre 002] no fue encontrado aserrando madera o talando un árbol, como sí fueron hallados las otras dos personas a quienes se les siguió causa penal, sino fue localizado sentado sobre un trozo de madera, ingiriendo unos alimentos, como lo ratificó el testigo [Nombre 003]. No comparte este tribunal la apreciación de los recurrentes en el sentido de que la localización de la motosierra cerca del imputado y que al tacto estuviera tibia demostraba su culpabilidad, porque tal como lo ponderó el a quo en el lugar habían otras cuatro personas, entre ellos dos menores de edad, siendo posible que alguno de ellos estuviera usando dicha herramienta, sin que se comprenda la razón por la cual las partes consideraron que la misma estaba siendo usada por el acriminado. Véase que, el estado sucio de su ropa no desvirtúa su inocencia, porque era lógico y hasta esperable que ese fuera su estado, partiendo de que aquel declaró que ese día estuvo chapeando un potrero, siendo una labor manual de trabajo en el campo en la que es usual que las prendas se ensucien y, justifica que se le observara sudado, más si se considera que todo ocurrió cerca del medio día, en una zona rural, en un campo abierto. Las partes han cuestionado que el endilgado tenía aserrín en sus ropas, pero ese elemento no permite derivar que estuvo aserrando la madera, dejándose de analizar que él estaba a una distancia corta de donde estaba usándose la sierra con marco, sentándose encima de un trozo de madera para ingerir alimentos, lo cual puede explicar con suma facilidad que se impregnara del aserrín que había en los alrededores, tal como se aprecia en las imágenes del informe policial, sin que pueda desvirtuarse que la fuerza del viento que genera la motosierra en funcionamiento hubiera contribuido a la expansión del aserrín en el sitio donde se estaban trabajando los árboles cortados. Son todas las anteriores circunstancias las que impiden concluir de una forma inequívoca, que el endilgado hubiera tomado parte activa de la actividad ilícita, llevando razón la jueza en su análisis. Los indicios antes apuntados pueden generar una sospecha sobre el imputado, pero los mismos no alcanzan para establecer un nivel de certeza, porque los indicadores no resultan ser graves, precisos ni unívocos para que, a través del proceso deductivo, pueda arribarse de manera indubitable una única conclusión. En las condiciones de este caso, no resulta absurda la tesis del imputado que explicó su presencia en el lugar y no existe algún otro medio de prueba que permita desvirtuar su dicho, concluyendo este tribunal que la relación causal entre los hechos conocidos y el indicado o conclusión, no ha podido establecerse y ante la imposibilidad de determinar con la certeza requerida la autoría del encartado en los hechos acusados, resulta válida su absolutoria por los hechos acusados, en aplicación del principio universal in dubio pro reo…” (folios 217 frente a 218 frente). En criterio de esta Cámara, los reparos que se formulan en esta ocasión, respecto a que el Tribunal de Apelación dejó de lado aspectos importantes -como que la motosierra que estaba cerca de donde el imputado se encontraba sentado estaba caliente; que [Nombre 002] estaba sudado y que tenía en sus ropas restos de aserrín-; que no se comparte el razonamiento expuesto por el ad quem; que se mal interpretaron los alegatos y que fueron descartados de manera superficial, únicamente ponen de manifiesto la errada técnica impugnaticia empleada en el recurso, al pretender, por una parte, que se efectúe una revaloración del elenco probatorio a partir de la modificación de los hechos probados, lo cual es improcedente en este estadio procesal y, en segundo lugar, al entremezclar diversos alegatos en un solo motivo del recurso (al invocarse, tanto una falta de fundamentación como la vulneración a las reglas de la sana crítica), lo que también resulta inadmisible, en virtud de que cada motivo debe plantearse por separado, con su respectivo fundamento jurídico, las normas que autorizan su interposición y las que se consideran quebrantadas, especificando de manera concreta y directa, cada agravio y pretensión, según lo dispuesto en el numeral 469 in fine del Código Procesal Penal. En razón de lo expuesto, con base en lo preceptuado expresamente en los artículos 467, 468 y 469 del Código Procesal Penal, así como lo dispuesto en el numeral 471 Ibidem, que establece: “Admisibilidad y trámite. La Sala de Casación declarará inadmisible el recurso cuando no se cumplan los requisitos legales para su interposición, según lo establece el artículo 470 anterior; además, cuando la resolución no sea recurrible, la parte no tenga el derecho de recurrir, cuando el recurso tenga como finalidad modificar los hechos probados o cuando el recurso sea absolutamente infundado, en cuyo caso lo declarará así y devolverá las actuaciones al tribunal de origen”, se declara inadmisible el recurso de casación incoado por el Procurador Penal Andrés Alfaro Ramírez.

      Por Tanto:

 Se declara inadmisible el recurso de casación presentado por el Procurador Penal Andrés Alfaro Ramírez. Notifíquese.

 

 

 

	

Jesús Alberto Ramírez Q.

	

 




 

	

 

 

	

 




Álvaro Burgos M.

	

 

	

Sandra Eugenia Zúñiga M.

 

 




Miguel Fernández C.

Magistrado Suplente

	

 

	

                  Rosa Acón Ng.

         Magistrada Suplente

 

 

1080-5/14-5-21

JMELENDEZ

Clasificación elaborada por SALA DE CASACIÓN PENALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:53:50.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Tercera de la Corte

Resolution No. 00015 - 2022

Resolution Date: January 14, 2022 at 10:11 AM

Case File: 13-002429-0485-PE

Drafted by: Sandra Eugenia Zúñiga Morales

Type of matter: Cassation appeal

Analyzed by: SALA DE CASACIÓN PENAL



Judgments from the same case file

Judgment with protected data, in accordance with current regulations



Content of Interest:

Type of content: Unanimous vote

Branch of Law: Admissibility-Cassation Appeal

Topic: Mixing of grounds causes inadmissibility.

Subtopics:

Mixing of grounds causes inadmissibility.

"[...] it is verified that fundamental requirements for its admissibility are not met. As this Chamber notes, the appellant incurs in a clear intermingling of reproaches, by invoking, in the first place, an absence of intellectual reasoning and alleging, for example, that the ad quem: “…did not respond to the questioning made in the appeal filed by this representation and issues a ruling that only superficially analyzed the challenged resolution, with the evident desire to confirm a deficiently reasoned ruling that is contrary to state interests…” (folio 228 front and back). Although it would seem that the appellant is clearly delimiting the error to a defect of lack of reasoning due to an absolute absence of a ruling on the invoked point, when substantiating the complaint, he also reproaches the existence of logical defects, by accusing that the appealed ruling: “…seriously injures the logical construction of the reasoning employed…” (folio 2298 back). It is clear, thus, that within the sole ground formulated, the appellant makes arguments of a different nature in an intermingled manner (by alleging both the lack of reasoning and the violation of the rules of sound judgment in the assessment of the evidence), thereby incurring in a confusion of arguments, which violates procedural regulations, which establishes under penalty of inadmissibility, the separate presentation of each of the grounds with their foundations and grievances as required by Article 469 of the Code of Criminal Procedure. [...]"

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Text of the resolution

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Case File: 13-002429-0485-PE

Res: 2022-00015

SALA DE CASACIÓN PENAL. San José, at ten hours eleven minutes on the fourteenth of January, two thousand twenty-two.

Having reviewed the cassation appeal filed in the present case against [Nombre 002], for the offense of illegal logging and timber harvesting (tala y aprovechamiento ilegal de madera), to the detriment of La Ley Forestal; and,

Considering:

I. Through a brief visible on folios 224 to 231, attorney Andrés Alfaro Ramírez, in his capacity as Procurador Penal, filed a cassation appeal against Resolution No. 2021-1270, issued by the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal of the Second Judicial Circuit of San José, at 11:00 a.m., on August 23, 2021 (folios 211 to 219). By means of said ruling, the appeals filed by attorneys Guillermo Cordero Camacho and Andrés Alfaro Ramírez, representing the Ministerio Público and the Procuraduría General de la República, respectively, were declared without merit, consequently confirming judgment No. 37-2021, issued by the Tribunal de Juicio of the Second Judicial Circuit of the Zona Atlántica, at 8:05 a.m., on January 22, 2021, through which, by application of the in dubio pro reo principle, [Nombre 002] was acquitted of all penalty and responsibility for the offenses of illegal logging and timber harvesting attributed to him to the detriment of Los Recursos Naturales, and the return of the seized property described in records 1365 and 1363 was ordered to whoever, within three months, proved to be its owner; with the costs of the proceedings borne by the State. Furthermore, the civil action for damages (acción civil resarcitoria) filed by the State as a directly aggrieved party, represented by the Procuraduría General de la República, was declared without merit, with no order as to costs, given the existence of plausible reason to litigate (folios 166 to 179).

II. The sole argument raised by the Procuraduría is titled: “VIOLATION OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY DUE TO NON-OBSERVANCE OF ARTICLE 142 OF THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE FOR AN ABSENCE OF INTELLECTUAL REASONING” (folio 225). The appellant explains that in the appeal filed against judgment No. 037-2021 of the Tribunal Penal of the Second Judicial Circuit of the Zona Atlántica, Pococí venue, at 8:05 a.m. on January 22, 2021, the sole ground alleged was a lack of reasoning due to an erroneous intellectual assessment of the evidence and for being contrary to the rules of sound judgment (sana crítica), logic, and experience. According to what is stated, it was essentially claimed that there was an evident absence of reasoning by the Tribunal de Juicio of Pococí in establishing a state of doubt to acquit the defendant and declare the civil action for damages filed against him without merit. The appellant explains that the State's representation's argument in its appeal of the judgment focused on questioning the reasons why the trial court considered there was doubt about the authorship of the logging offense attributed to the defendant and that he was the one who caused the environmental damage derived from the illicit act attributed to him. He points out that, in order to justify the ruling, the lower court (a quo) gave an account of biased, superficial, and disconnected assessments of the evidence admitted, which revolved around the defendant's statement, with the trial judge considering that the circumstantial evidence used by the Ministerio Público in its accusation and by the Procuraduría in its complaint and civil action, was insufficient to prove the criminal and civil liability of the defendant, as they did not constitute univocal or conclusive evidence (indicios), criticizing the fact that the witness for the prosecution and official of SINAC, Alexander Alfaro Durán, observed the defendant sitting, consuming food near a hot chainsaw, but not using it at that moment, considering that the fact of having dirty clothes with sawdust did not necessarily imply that he was participating in the commission of the logging or harvesting offense, and that the above could basically be due to two situations: a) that the presence of sawdust on his clothes could have occurred through the action of the wind and the proximity to those who were logging and b) that the dirt on his clothes could be justified by the fieldwork (chapia) that the defendant says he was doing minutes before, thereby reinforcing the credibility given to his account. In the appellant's opinion, the reviewing court (ad quem) overlooked important details: “…such as the fact that the chainsaw near the defendant was hot, which clearly leads to the interpretation that it had been used a few minutes before, added to the fact that the chainsaw was near where the defendant was sitting, who was sweaty, and had sawdust residue on his clothes, particles which, due to their weight unlike dust, were unlikely to travel several meters, with respect to the site where the other defendants were using another chainsaw, which, contrary to what the trial judge held, made it possible to establish that the defendant had been, minutes before the SINAC officers' approach, using the chainsaw and therefore, logging at the site…” (folio 226). The Procurador points out that the trial judge questioned the approach and investigation carried out by the witness [Nombre 003], for not having identified or investigated the minors, children of the couple that [Nombre 002] refers to and who are also defendants in a judicial case processed separately, arguing that these minors could have been collaborating in their logging tasks and used the chainsaw that was near where the defendant was sitting. The attorney states that he does not share that reasoning, since: “…there are several reasons why the SINAC officials might not have investigated the minors, such as the lack of visible evidence on their clothes (sawdust and dirt), considering they were not so close to their parents and the logging operations, or that due to their weight and height (physical build), they were not capable of handling heavy and dangerous tools such as a chainsaw…” (folio 226 back). He also mentions that to reinforce the uncertainty about the person responsible for the environmental damage, reference was made to the fact that in a subsequent visit made by SINAC officials, they could not find the exact site of the stumps: “…which we consider is an aspect that is not of great significance to generate doubt about the criminal and civil liability of the defendant…” (folio 226 back). Attorney Alfaro Ramírez mentions that he pointed out to the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal that the explanation given by the defendant was scarcely credible and contrary to the rules of sound judgment, since although, at the beginning of the trial, in his identification he stated he was a day laborer and dedicated to doing “chapias”, this implied the need to have minimal tools for that trade, being that: “…the defendant did not explain what had happened to his tools on the day he was detained along with the other defendants, that it was not recorded in the case file that he had said anything to the SINAC officials about his tools, the need to retrieve them, to call someone to do it for him, nor the making of any claim on the subject, or that at any time he had made any authority aware of the loss of those goods, especially considering that these are elementary tools to carry out the activities the defendant claims to perform for a living…” (folio 227 front). The appellant also mentions that he questioned the probative value given to the defendant's statement, having been willing to submit to an alternative measure, which entailed fulfilling commitments and obligations despite supposedly having no relation to the investigated facts. He considers that, according to the rules of sound judgment, this circumstance made the defendant's version scarcely credible and inconsistent. He states, thus, that it was indicated to the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal that, if all the evidence had been analyzed jointly and integrally, very different conclusions could have easily been reached, which would instead demonstrate, with absolute certainty, the criminal and civil liability of the defendant for the facts under trial. However, he states that the reviewing court (ad quem) misinterpreted the arguments and dismissed them superficially, considering that: “…it did not respond to the questioning made in the appeal filed by this representation and issues a ruling that only superficially analyzed the challenged resolution, with the evident desire to confirm a deficiently reasoned ruling that is contrary to state interests…” (folio 228 front and back). He adds that the appealed ruling referred to this Chamber's vote No. 882-2000, to validate the judgment of the Tribunal de Juicio, in that it was considered that the evidence collected in the process was not univocal and that, therefore, it was not possible to decree the criminal and civil liability of the defendant: “…but without having analyzed why that evidence was not conclusive…” (folio 228 back). The appellant argues that the Tribunal de Apelación de Sentencia not only departed from the spirit of Article 459 of the Code of Criminal Procedure —which alludes to the comprehensive examination of the ruling— but also openly transgressed Article 142 of the Code of Criminal Procedure, by considering that the judgment was indeed reasoned, through a rather extensive transcription of the challenged judicial decision: “…using a smaller font with the clear intention of saving space, so one would have to think that said quote was much more extensive if the same font size had been used. The above, which constitutes a violation of the duty to provide reasons, for what was done was to indicate agreement with the reasoning used by the trial court, using the reasons given by that same court and some expressions that do nothing but dismiss the State's arguments to reinforce those, but without giving a true answer as to why the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal considered that the questioned judgment is well and sufficiently supported.…” (folio 229 front and back). The appellant adds that the reasoning presented by the reviewing court (ad quem): “…seriously injures the logical construction of the reasoning employed, because it does not face the dilemma posed in the sole ground of the State's representative's Appeal…” (folio 229 back). In supporting the protest, the appellant refers to this Chamber's resolution No. 701-2018, of 12:55 p.m., on September 26, 2018, regarding defects in reasoning that constitute valid grounds for a cassation appeal. The appellant assures that: “…It seems that the Tribunal de Apelación de Sentencia never understood our claim and the disagreement that materialized in the sole ground of the appeal action submitted for its consideration: it is not valid and therefore, it is a circumvention of the obligation to correctly reason judicial resolutions, thereby injuring Article 142 of the CPP, to rebut the arguments that questioned the joint and several civil liability imposed on the State together with a private individual, based on jurisprudential citations of cases that are not analogous and that focus on topics that, while referring to the objective civil liability of the State, are different from those that were the subject of the challenge…” (folio 230 front). Likewise, the State's attorney demands: “…a coherent and clear reasoning that shows us why the trial court's resolution is properly reasoned…” (folio 230 front). He considers, therefore, that the challenged ruling contains a defect of reasoning: “…since there is a serious error in its construction because, to rebut a ground of appeal and declare it without merit, it resorts to reasoning that does not respond to what was alleged, and this inexorably leads to a severe and qualified lack of reasoning, in clear transgression of Article 142 of the CPP, a defect that we duly note…” (folio 230 front). As a grievance, he alludes to the fact that by not having analyzed or issued a ruling accurately on the ground of appeal, due to deficient reasoning, the acquittal of the defendant was ratified and the civil action for damages filed against him was declared without merit. He considers that: “…had it been resolved in a manner consistent with the law, the need would have been determined to order a retrial, in which the same trial court with a different composition, would proceed with the comprehensive study of the testimonial, documentary, and circumstantial evidence…” (folio 230 front and back). Based on the above, he requests that the filed challenge be upheld, the appealed ruling be declared void, and a remand be ordered to the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal for a new hearing according to law.

III. The appeal is inadmissible: From the admissibility study of the sole argument made by the Procurador Penal, Andrés Alfaro Ramírez, it is verified that fundamental requirements for its admissibility are not met. As this Chamber notes, the appellant incurs in a clear intermingling of reproaches, by invoking, in the first place, an absence of intellectual reasoning and alleging, for example, that the reviewing court (ad quem): “…did not respond to the questioning made in the appeal filed by this representation and issues a ruling that only superficially analyzed the challenged resolution, with the evident desire to confirm a deficiently reasoned ruling that is contrary to state interests…” (folio 228 front and back). Although it would seem that the appellant is clearly delimiting the error to a defect of lack of reasoning due to an absolute absence of a ruling on the invoked point, when substantiating the complaint, he also reproaches the existence of logical defects, by accusing that the appealed ruling: “…seriously injures the logical construction of the reasoning employed…” (folio 2298 back). It is clear, thus, that within the sole ground formulated, the appellant makes arguments of a different nature in an intermingled manner (by alleging both the lack of reasoning and the violation of the rules of sound judgment in the assessment of the evidence), thereby incurring in a confusion of arguments, which violates procedural regulations, which establishes under penalty of inadmissibility, the separate presentation of each of the grounds with their foundations and grievances as required by Article 469 of the Code of Criminal Procedure. Moreover, in this Chamber's opinion, what the appellant does is insist on the protest that was raised before the Tribunal de Apelación, in the sole ground of the appeal filed, and with which, from his point of view, an erroneous assessment of the evidence had been incurred, specifically, by granting total credibility to the accused's version, taking it away from the statements of the prosecution witnesses and making an erroneous assessment of the evidence (indicios), from which the doubt was established that [Nombre 002] was responsible for the investigated facts. This premise only derives from the appellant's disagreement with what was resolved, as it was decided, to the extent relevant, that: “…It is not true that the Trial Court had acquitted the accused based on an erroneous assessment of the evidentiary elements gathered in the debate, violating the rules of sound judgment as has been alleged, nor that the reasoning is biased and insufficient. Once the written judgment has been comprehensively analyzed, it is clear that the decision taken is duly reasoned and, above all, responds to a threaded, concatenated, logical, and punctual assessment of all the evidence admitted, thanks to which the reasons for concluding that, according to the particularities of the case, there was a reasonable doubt about whether the defendant was carrying out illegal logging and timber harvesting actions, without the respective permits, emerge with utmost clarity…” (folio 215). The reviewing court (ad quem) also considered that: “…The arguments put forward by the appellants seek to discredit the examination made of each piece of evidence, as well as the conclusions reached by the lower court (a quo) to order the acquittal of the accused, but in that exercise they failed to prove the existence of a defect or vice in the assessment thereof. It is this tribunal's opinion that the appellants limited themselves to listing a set of evidence that was extracted from the proof, without proving the existence of any error in the logical process followed by the trial judge for its examination. Nor is there any breach of the rules of sound judgment, since the Trial Court's reasoning validly derives from the elements of judgment introduced into the debate, supporting the acquittal by concluding that the evidence did not prove to be serious, precise, and concordant to establish unequivocally, beyond all reasonable doubt, the defendant's participation in the accused acts…” (folio 216 back). The Tribunal de Apelación added: “…In the case under review, the court did take into account the evidence derived from the proofs —the defendant's location at the site, that his clothes were dirty and full of sawdust, finding him sitting on a felled piece of wood, near a chainsaw that was still warm and at a short distance from the co-defendants with a separate criminal case—; however, it was considered that they did not manage to rebut the accused's presumption of innocence, after assessing and contrasting them against the version the accused gave in his material defense. From reading the ruling, it can be extracted that he declared that he was clearing a neighbor's pasture, known as [Nombre 004], when he heard the sound of a chainsaw and therefore went to the site to determine who was working, meeting two of his friends who were working with the wood, so he stayed talking with them, and when they resumed the task, he sat down to eat the snack he brought before leaving, it being at that moment that some officials he identified as from the Minae arrived. He added that he did see some cut trees on the ground, but did not know who had felled them, beyond his acquaintances telling him moments before that they had been given "some logs" to fix their house, denying having lent them help or collaboration and that the chainsaw was his property, pointing out that the cited officials asked him to sign a document, even though he did not know how to read or write, which they neither read to him nor explained its content to him. This chamber agrees that the mere presence of the defendant at the place does not prove to be an unequivocal indicator of his criminal participation, because he gave a statement justifying his presence at the site as being because he approached to see who was working with a chainsaw. Additionally, it was properly weighed that [Nombre 002] was not found sawing wood or felling a tree, as the other two people against whom criminal proceedings were filed were found, but was found sitting on a piece of wood, eating some food, as confirmed by witness [Nombre 003]. This tribunal does not share the appellants' assessment that the location of the chainsaw near the defendant and the fact that it was warm to the touch demonstrated his guilt, because as the lower court (a quo) weighed, there were four other people at the site, including two minors, making it possible that one of them was using said tool, without understanding the reason why the parties considered that it was being used by the accused. See that, the dirty state of his clothing does not undermine his innocence, because it was logical and even expected that this would be its state, based on the fact that he declared that he spent that day clearing a pasture, being manual labor of working in the field in which it is usual for garments to get dirty and justifies that he was observed in a sweaty state, even more so if one considers that everything happened near midday, in a rural area, in an open field. The parties have questioned that the defendant had sawdust on his clothes, but this element does not allow inferring that he was sawing the wood, failing to analyze that he was at a short distance from where the frame saw was being used, sitting on a piece of wood to eat food, which can very easily explain that he was impregnated with the sawdust that was in the surroundings, as seen in the images of the police report, without the possibility of ruling out that the force of the wind generated by the operating chainsaw had contributed to the spread of sawdust at the site where the felled trees were being worked. It is all the previous circumstances that prevent concluding unequivocally that the defendant had taken an active part in the illicit activity, the judge being right in her analysis. The evidence indicated above may generate a suspicion about the defendant, but they are not sufficient to establish a level of certainty, because the indicators do not prove to be serious, precise, or unequivocal so that, through the deductive process, a single conclusion can be reached beyond doubt. In the conditions of this case, the thesis of the defendant who explained his presence at the site is not absurd, and there is no other means of proof that allows rebutting his statement, with this tribunal concluding that the causal relationship between the known facts and the indicated conclusion could not be established and, given the impossibility of determining with the required certainty the defendant's authorship in the charged acts, his acquittal for the charged acts is valid, in application of the universal principle in dubio pro reo…” (folios 217 front to 218 front). In this Chamber's opinion, the objections that are formulated on this occasion, regarding the fact that the Tribunal de Apelación left aside important aspects —such as that the chainsaw that was near where the defendant was sitting was hot; that [Nombre 002] was sweaty and that he had sawdust residue on his clothes—; that the reasoning presented by the reviewing court (ad quem) is not shared; that the arguments were misinterpreted and dismissed in a superficial manner, only expose the erroneous challenge technique employed in the appeal, when seeking, on the one hand, for a re-evaluation of the body of evidence to be carried out based on modifying the proven facts, which is inappropriate at this procedural stage, and secondly, by intermingling various arguments in a single ground of the appeal (by invoking both a lack of reasoning and the violation of the rules of sound judgment), which is also inadmissible, by virtue of the fact that each ground must be presented separately, with its respective legal basis, the rules that authorize its filing, and those considered violated, specifying in a concrete and direct manner, each grievance and claim, as provided in numeral 469 in fine of the Code of Criminal Procedure. Based on the foregoing, pursuant to the provisions expressly set forth in Articles 467, 468, and 469 of the Code of Criminal Procedure, as well as the provisions in numeral 471 Ibidem, which establishes: “Admissibility and procedure. The Sala de Casación shall declare the appeal inadmissible when the legal requirements for its filing are not met, as established in Article 470 above; furthermore, when the resolution is not appealable, the party does not have the right to appeal, when the appeal aims to modify the proven facts, or when the appeal is absolutely unfounded, in which case it shall declare it so and return the proceedings to the court of origin,” the cassation appeal filed by the Procurador Penal, Andrés Alfaro Ramírez, is declared inadmissible.

Therefore:

The cassation appeal filed by the Procurador Penal, Andrés Alfaro Ramírez, is declared inadmissible. Let it be notified.

 

 

 

	

Jesús Alberto Ramírez Q.

	

 





 

	

 

 

	

 





Álvaro Burgos M.

	

 

	

Sandra Eugenia Zúñiga M.

 

 





Miguel Fernández C.
Substitute Magistrate

	

 

	

                  Rosa Acón Ng.
         Substitute Magistrate

 

 

1080-5/14-5-21

JMELENDEZ

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Is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 at 16:53:50.

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