Res. 00181-2022 Sala Tercera de la Corte — Cassation appeal on restoration of water protection area in forestry caseCasación sobre restitución de área de protección hídrica en causa forestal

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Sala Tercera de la Corte

Resolución Nº 00181 - 2022

Fecha de la Resolución: 18 de Febrero del 2022 a las 12:12

Expediente: 11-000069-0611-PE

Redactado por: Gerardo Rubén Alfaro Vargas

Clase de asunto: Recurso de casación

Analizado por: SALA DE CASACIÓN PENAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

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Exp: 11-000069-0611-PE

Res: 2022-00181

SALA DE CASACIÓN PENAL.  San José, a las doce horas doce minutos del dieciocho de febrero del dos mil veintidós.

Visto el recurso de casación interpuesto en causa seguida contra [Nombre 001], por el delito de infracción a la ley forestal, en perjuicio del Medio Ambiente, y;

Considerando:

  I. Mediante resolución 2021-00921 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, de las 8:35 horas, del 23 de junio del 2021, por mayoría, se declaró sin lugar el recurso de apelación formulado por el representante del Ministerio Público José Alejandro Alpízar Arrones (f. 27-35). Contra dicha resolución, el Fiscal Auxiliar Alpízar Arrones presentó recurso de casación (f. 47-50).

 II. Primer motivo: indebida aplicación de un precepto legal sustantivo. Con base en el inciso b) del artículo 468 del Código Procesal Penal, en relación con los artículos 103 inciso 1) del Código Penal, 33 y 34 de la Ley Forestal, 148 de la Ley de Aguas, 11 de la Ley de Biodiversidad y 50 de la Constitución Política, reclama que el ad quem aplicó erróneamente el artículo 103 inciso 1) del Código Penal, al confirmar una sentencia que no ordenó la restitución del ecosistema afectado. Advierte que la negativa de restituir el bien jurídico tutelado dispuesto en la sentencia de primera instancia y confirmada por el Tribunal de Apelación de Sentencia, tolera de modo ilegal la presencia de obras civiles dentro de un área de protección definida en el artículo 33 inciso b) de la Ley Forestal. Resalta que el yerro proviene de omitir la aplicación del principio ambiental pro natura o principio precautorio, mismo que exige al Estado la toma de decisiones oportunas para que no continué la lesión al ambiente. Precisa que a diferencia del indubio pro reo relacionado con la responsabilidad penal, el principio precautorio se relaciona con la necesidad de proteger el ambiente de los efectos que genera la conducta delictiva. Reconduce la protección del ambiente al artículo 50 de la Constitución Política donde se establece el derecho de toda persona a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, norma que en su criterio, brinda sustento al principio precautorio y obliga al Estado a hacer cesar los efectos de cualquier conducta sobre el medio ambiente. Precisa que en este caso, se tuvo por acreditada una invasión al área de protección del recurso hídrico, sobre lo que se estableció la protección definida en el ordinal 33 de la Ley Forestal. Agrega que según el numeral 34 de ese mismo cuerpo normativo, esta prohibido eliminar la cobertura vegetal de dicho espacio y además, existe un delito de destrucción de vegetación en áreas de protección en la Ley de Conservación de Vida Silvestre. Afirma que adicionalmente, existe una obligación legal del propietario del inmueble por el que discurra un cuerpo de agua, de reforestar sus riveras y propiciar la regeneración de agua, según los dispone el artículo 148 de la Ley de Aguas. Considera que una correcta interpretación de los artículos mencionados, permite concluir que las áreas de protección hídrica, deben poseer cobertura vegetal y esta prohibido utilizar el terreno para fines distintos a la conservación del recurso forestal. En contra de dicha obligación, se encuentra la construcción de una obra civil en el área de protección, misma que corresponde al delito previsto en numeral 58 de la Ley Forestal. Expone que la lesión al bien jurídico corresponde a la imposibilidad natural del ecosistema de recuperarse por sí mismo, porque la obra se convierte en un obstáculo insuperable para el ciclo regenerativo del recurso y mientras la obra permanece, la lesión continúa. En consecuencia, en aplicación de los principios de tutela efectiva e indubio pro natura, el juzgador debe girar las órdenes necesarias y suficientes para que el ecosistema vuelva a su condición natural, posibilitando la regeneración de la cobertura vegetal o boscosa. Advierte que dicha obligación es independiente de la responsabilidad penal y señala que en el voto impugnado, el Tribunal de Apelación de Sentencia omitió los principios ambientales, lo que desembocó en la errónea aplicación del artículo 103 inciso 1) del Código Penal, resultando indiferente la responsabilidad penal de la encartada, por lo que la absolutoria, no constituye un límite para aplicar la restitución de derechos, toda vez que los presupuestos de su aplicación operan un plano diferente. Reitera que los principios mencionados, imponen el deber de analizar la restitución a la luz del bien jurídico tutelado, sin entremezclar la responsabilidad penal y fustiga que se haya aplicado erróneamente el ordinal 103 inciso 1) del Código Penal al convocar la absolutoria de la encartada, cuando debió centrarse en el bien jurídico. Concluye que de haberse aplicado correctamente el instituto de la restitución y los citados principios, se habría arribado a una decisión distinta. Como agravio, afirma que se legitima una situación ilegal que se originó de la lesión al bien jurídico y que a la fecha se mantiene afectado. Agrega que dicha actuación, autorizó ilegalmente el mantenimiento de los efectos lesivos en perjuicio del medio ambiente, lo que resulta contrario al ordenamiento jurídico y los principios ambientales, obligando a las personas a soportar los efectos nocivos que genera la conducta criminal. Asimismo, la decisión impide al Ministerio Público continuar con la discusión sobre la demolición de obras y cumplir con el mandato legal impuesto en el ordinal 289 del Código Procesal Penal y considera que la decisión, da la espalda al bien jurídico y niega a la víctima el ejercicio de su derecho a la justicia cumplida. Como petitoria, requiere anular la sentencia impugnada y la resolución de primera instancia, ordenando a este último despacho que resuelva lo atinente a la restitución de cosas. El primer motivo del recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público José Alejandro Alpízar Arrones, se declara admisible. A partir de la observación del libelo impugnaticio, se desprende que el recurso fue presentado por un sujeto debidamente legitimado, en este caso, un representante del Ministerio Público, dentro del plazo de 15 días contabilizado de conformidad con la Ley de Notificaciones. Además, cita normativa erróneamente aplicada, desarrolla el fundamento de la gestión, precisa el agravio y fija una petitoria. Desde esta óptica, esta Cámara debe conocer el fondo del asunto y establecer la corrección de la decisión del ad quem en relación con la restitución de las cosas amparada en el artículo 103 inciso 1) del Código Penal. Nótese que en este caso, el casacionista hace referencia a otros ordinales diferentes a la norma que considera inobservada del Código Penal, sin embargo, dicha mención en el caso concreto no implica la existencia de una mezcla de motivos, toda vez que las referencias apuntadas se encuentran estrictamente relacionadas y tiene un único objeto de reclamo. Por estas razones, el primer motivo del recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público, se declara admisible.

 III. Segundo motivo: indebida aplicación de un precepto legal sustantivo. Con base en el artículo 468 inciso b) del Código Procesal Penal, 33 y 34 de la Ley Forestal, 11 de la Ley de Biodiversidad y 50 de la Constitución Política, reclama la errónea aplicación de los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal, al interpretar que una quebrada entubada, es excluida del área de protección. Explica que uno de los criterios utilizados por el ad quem para negar la restitución del sitio, fue que cualquier cauce de dominio público intervenido mediante un entubamiento, pierde de forma automática el área de protección y dicha franja de terreno, puede ser ocupada y utilizada libremente. En su criterio, dicha interpretación carece de sustento legal y elimina de forma singular la aplicación de los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal. Expone que el ordinal 34 señala que únicamente se pueden aprovechar los árboles del área de protección cuando se cuente con un decreto de conveniencia nacional, pero incluso bajo dicha vía excepcional, el área de protección persiste y mantiene su régimen jurídico. Considera que no existe norma infra o supra legal que avale dicha interpretación del artículo 33 de la Ley Forestal y por el contrario, el artículo 11 de la Ley de la Biodiversidad, obliga a los jueces a interpretar las normas de forma que otorguen una efectiva tutela del ambiente. Agrega que según el principio pro natura, estrechamente ligado con el principio de progresividad de los derechos humanos, exige al juzgador tomar en cuenta la tutela progresiva del medio ambiente y por ende, no puede disminuirse el derecho, solamente puede ser ampliado. Fustiga que la interpretación realizada en la sentencia impugnada, de forma ilegítima eliminó la protección que por ley se otorga al área protegida. Como respaldo, refiere que en le voto 06949-2011 de la Sala Constitucional, el Estado debe tomar las medidas que refuercen la protección y tutela del medio ambiente, mientras que la negligencia del Estado en la tutela de las áreas de protección, implica su abandono a su suerte, sino que deben tomarse las medidas correctivas para procurar su restauración. En su criterio, a partir de la interpretación de la Sala Constitucional es claro que el paso del tiempo o la gravedad de la afectación de los cauces y sus áreas de protección, no implica una eliminación del régimen jurídico adoptado por ley y por el contrario, se debe reivindicar la tutela del dicho derecho mediante decisiones que procuren la restauración del cauce del río y sus áreas de protección. Como agravio, señala que la indebida aplicación de la ley negó el acceso a la justicia cumplida a la víctima, autorizando estructuras ilegales dentro del área de protección del Río Ocloro, en perjuicio del derecho humano a disfrutar de un ambiente sano. Agrega que la indebida aplicación de la ley, provocó un retroceso en la protección de los derechos humanos y mantuvo una situación ilegal. En última instancia, afirma que se rechazó la pretensión punitiva del Ministerio Público. Como petitoria, solicita anular la resolución impugnada, así como la decisión de primera instancia, ordenando al Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José la restitución de las cosas al estado anterior a la comisión del delito. El segundo motivo del recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público José Alejandro Alpízar Arrones, se declara admisible. De la lectura de la impugnación presentada por el representante del ente fiscal, se desprende que el recurso de casación fue incoado por un sujeto debidamente legitimado, en este caso, un representante del Ministerio Público, dentro del plazo de 15 días contabilizado de conformidad con la Ley de Notificaciones. Además, cita la normativa erróneamente aplicada, desarrolla el fundamento de la gestión, precisa el agravio y fija una petitoria. Desde esta óptica, esta Cámara debe conocer el fondo del asunto y determinar la corrección de la aplicación de los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal que el casacionista considera inobservados, numerales que tienen un único objeto y por consiguiente, se encuentran estrictamente relacionados. Por estas razones, el segundo motivo del recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público, se declara admisible.

Por Tanto:

 Se declaran admisibles los motivos primer y segundo del recurso de casación  interpuesto por el representante del Ministerio Público José Alejandro Alpízar Arrones. Notifíquese.

 

 

Patricia Solano C.

 

 

Álvaro Burgos M.                                                                             Gerardo Rubén Alfaro V.

 

 

 

 

Rafael Segura B.                                                                                          William Serrano B.

Magistrado suplente                                                                                  Magistrado suplente

                                                                                               

 

No. Interno. 931-4/12-4-21

paa

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:54:34.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Tercera de la Corte

Resolution No. 00181 - 2022

Date of Resolution: February 18, 2022 at 12:12

Expediente: 11-000069-0611-PE

Drafted by: Gerardo Rubén Alfaro Vargas

Type of matter: Appeal in cassation

Analyzed by: SALA DE CASACIÓN PENAL



Judgment with protected data, in accordance with current regulations


Text of the resolution

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Exp: 11-000069-0611-PE

Res: 2022-00181

SALA DE CASACIÓN PENAL. San José, at twelve hours twelve minutes on the eighteenth of February of two thousand twenty-two.

Having reviewed the appeal in cassation filed in proceedings brought against [Name 001], for the crime of violation of the Forestry Law (Ley Forestal), to the detriment of the Environment, and;

Considering:

I. By resolution 2021-00921 of the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal of the Second Judicial Circuit of San José, at 8:35 a.m. on June 23, 2021, by majority, the appeal filed by the representative of the Public Prosecutor's Office, José Alejandro Alpízar Arrones, was dismissed (f. 27-35). Against said resolution, Assistant Prosecutor Alpízar Arrones filed an appeal in cassation (f. 47-50).

II. First ground: improper application of a substantive legal precept. Based on subsection b) of Article 468 of the Code of Criminal Procedure, in relation to Articles 103 subsection 1) of the Criminal Code, 33 and 34 of the Forestry Law, 148 of the Water Law (Ley de Aguas), 11 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), and 50 of the Political Constitution, he claims that the ad quem erroneously applied Article 103 subsection 1) of the Criminal Code, by confirming a judgment that did not order the restitution of the affected ecosystem. He cautions that the refusal to restore the protected legal interest ordered in the first-instance judgment and confirmed by the Tribunal de Apelación de Sentencia illegally tolerates the presence of civil works within a protection area defined in Article 33 subsection b) of the Forestry Law. He highlights that the error stems from omitting the application of the environmental principle pro natura or precautionary principle (principio precautorio), which requires the State to make timely decisions so that the injury to the environment does not continue. He specifies that unlike the in dubio pro reo principle related to criminal liability, the precautionary principle is related to the need to protect the environment from the effects generated by the criminal conduct. He redirects environmental protection to Article 50 of the Political Constitution, which establishes every person's right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, a norm that in his opinion provides support for the precautionary principle and obliges the State to cease the effects of any conduct on the environment. He specifies that in this case, an invasion of the protection area of the water resource was proven, regarding which the protection defined in Article 33 of the Forestry Law was established. He adds that according to Article 34 of that same regulatory body, it is prohibited to eliminate the vegetation cover (cobertura vegetal) of that space, and furthermore, a crime of destruction of vegetation in protection areas exists in the Wildlife Conservation Law. He states that additionally, there is a legal obligation of the owner of the property through which a body of water runs, to reforest its banks and promote water regeneration, as provided by Article 148 of the Water Law. He considers that a correct interpretation of the mentioned articles allows concluding that water protection areas must have vegetation cover and it is prohibited to use the land for purposes other than the conservation of the forest resource. Against this obligation is the construction of a civil work in the protection area, which corresponds to the offense provided for in Article 58 of the Forestry Law. He explains that the injury to the legal interest corresponds to the natural impossibility of the ecosystem to recover by itself, because the work becomes an insurmountable obstacle to the regenerative cycle of the resource and as long as the work remains, the injury continues. Consequently, in application of the principles of effective protection (tutela efectiva) and in dubio pro natura, the judge must issue the necessary and sufficient orders for the ecosystem to return to its natural condition, enabling the regeneration of the vegetation cover or forest cover (cobertura boscosa). He advises that this obligation is independent of criminal liability and points out that in the contested vote, the Tribunal de Apelación de Sentencia omitted the environmental principles, which led to the erroneous application of Article 103 subsection 1) of the Criminal Code, the criminal liability of the accused being irrelevant, so the acquittal does not constitute a limit for applying restitution of rights, since the assumptions for its application operate on a different plane. He reiterates that the mentioned principles impose the duty to analyze restitution in light of the protected legal interest, without mixing in criminal liability, and he criticizes that Article 103 subsection 1) of the Criminal Code was erroneously applied by invoking the accused's acquittal, when it should have focused on the legal interest. He concludes that had the institute of restitution and the cited principles been correctly applied, a different decision would have been reached. As a grievance, he states that an illegal situation that originated from the injury to the legal interest and that to date remains affected is legitimized. He adds that said action illegally authorized the maintenance of the harmful effects to the detriment of the environment, which is contrary to the legal system and environmental principles, obliging people to endure the harmful effects generated by the criminal conduct. Likewise, the decision prevents the Public Prosecutor's Office from continuing the discussion on the demolition of works and complying with the legal mandate imposed in Article 289 of the Code of Criminal Procedure, and he considers that the decision turns its back on the legal interest and denies the victim the exercise of their right to fulfilled justice. As a petition, he requests to annul the contested judgment and the first-instance resolution, ordering the latter office to resolve what pertains to the restitution of things. The first ground of the appeal in cassation filed by the representative of the Public Prosecutor's Office, José Alejandro Alpízar Arrones, is declared admissible. From the observation of the appeal brief, it is clear that the appeal was filed by a duly legitimized subject, in this case, a representative of the Public Prosecutor's Office, within the 15-day period calculated in accordance with the Notifications Law. Furthermore, it cites erroneously applied legislation, develops the basis of the petition, specifies the grievance, and sets forth a petition. From this perspective, this Chamber must hear the merits of the matter and establish the correctness of the ad quem's decision regarding the restitution of things under Article 103 subsection 1) of the Criminal Code. Note that in this case, the cassation appellant references other provisions different from the Criminal Code norm he considers disregarded; however, such mention in the specific case does not imply the existence of a mixture of grounds, since the indicated references are strictly related and have a single object of claim. For these reasons, the first ground of the appeal in cassation filed by the representative of the Public Prosecutor's Office is declared admissible.

III. Second ground: improper application of a substantive legal precept. Based on Article 468 subsection b) of the Code of Criminal Procedure, Articles 33 and 34 of the Forestry Law, Article 11 of the Biodiversity Law, and Article 50 of the Political Constitution, he claims the erroneous application of Articles 33 and 34 of the Forestry Law, by interpreting that a piped creek (quebrada entubada) is excluded from the protection area. He explains that one of the criteria used by the ad quem to deny restitution of the site was that any public domain channel intervened through piping (entubamiento) automatically loses the protection area, and said strip of land can be freely occupied and used. In his opinion, said interpretation lacks legal basis and singularly eliminates the application of Articles 33 and 34 of the Forestry Law. He explains that Article 34 states that trees in the protection area can only be utilized when there is a decree of national convenience, but even under this exceptional channel, the protection area persists and maintains its legal regime. He considers that there is no infra- or supra-legal norm that endorses this interpretation of Article 33 of the Forestry Law, and on the contrary, Article 11 of the Biodiversity Law obliges judges to interpret the norms in a way that grants effective protection of the environment. He adds that according to the pro natura principle, closely linked with the principle of progressiveness of human rights, it requires the judge to take into account the progressive protection of the environment, and therefore, the right cannot be diminished; it can only be expanded. He criticizes that the interpretation made in the contested judgment illegitimately eliminated the protection that the law grants to the protected area. In support, he refers to vote 06949-2011 of the Constitutional Chamber, stating that the State must take measures that reinforce the protection and guardianship of the environment, whereas the negligence of the State in the protection of protection areas does not imply abandoning them to their fate, but rather corrective measures must be taken to seek their restoration. In his opinion, from the interpretation of the Constitutional Chamber, it is clear that the passage of time or the severity of the impact on the channels and their protection areas does not imply an elimination of the legal regime adopted by law, and on the contrary, the protection of said right must be vindicated through decisions that seek the restoration of the river channel and its protection areas. As a grievance, he points out that the improper application of the law denied the victim access to fulfilled justice, authorizing illegal structures within the protection area of the Río Ocloro, to the detriment of the human right to enjoy a healthy environment. He adds that the improper application of the law caused a setback in the protection of human rights and maintained an illegal situation. Ultimately, he states that the Public Prosecutor's Office's punitive claim was rejected. As a petition, he requests to annul the contested resolution, as well as the first-instance decision, ordering the Criminal Trial Court of the Second Judicial Circuit of San José the restitution of things to the state prior to the commission of the crime. The second ground of the appeal in cassation filed by the representative of the Public Prosecutor's Office, José Alejandro Alpízar Arrones, is declared admissible. From the reading of the challenge presented by the representative of the prosecuting entity, it is clear that the appeal in cassation was filed by a duly legitimized subject, in this case, a representative of the Public Prosecutor's Office, within the 15-day period calculated in accordance with the Notifications Law. Furthermore, it cites the erroneously applied legislation, develops the basis of the petition, specifies the grievance, and sets forth a petition. From this perspective, this Chamber must hear the merits of the matter and determine the correctness of the application of Articles 33 and 34 of the Forestry Law that the cassation appellant considers disregarded, provisions that have a single object and consequently are strictly related. For these reasons, the second ground of the appeal in cassation filed by the representative of the Public Prosecutor's Office is declared admissible.

Por tanto:

The first and second grounds of the appeal in cassation filed by the representative of the Public Prosecutor's Office, José Alejandro Alpízar Arrones, are declared admissible. Let it be notified.





Patricia Solano C.



 

Álvaro Burgos M.                                                                         Gerardo Rubén Alfaro V.






Rafael Segura B.                                                                                         William Serrano B.

Alternate Judge                                                                                    Alternate Judge

                                                                               



Internal No. 931-4/12-4-21

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Is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 16:54:34.

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