Res. 00437-2022 Sala Tercera de la Corte — Strict civil liability for environmental damage: application of the 'polluter pays' principleResponsabilidad civil objetiva en daño ambiental: aplicación del principio 'quien contamina paga'

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Sala Tercera de la Corte

Resolución Nº 00437 - 2022

Fecha de la Resolución: 22 de Abril del 2022 a las 16:46

Expediente: 16-000237-0567-PE

Redactado por: Rafael Segura Bonilla

Clase de asunto: Recurso de casación

Analizado por: SALA DE CASACIÓN PENAL




Sentencia con Voto Salvado

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Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Responsabilidad Civil

Tema: Responsabilidad civil objetiva

Subtemas:

Requiere previsión legal expresa, de lo contrario aplica la subjetiva.

"II.[...] De la normativa referida, así como de los principios que gobiernan la materia ambiental, se deriva – en principio – que la responsabilidad que rige en el derecho ambiental es de índole objetivo, de ahí la necesidad de estudiar este eje, del que vale la pena subrayar que en el mismo, se prescinde de probar la culpa del agente (falta al deber de cuidado, lo que antiguamente, se entendía como imprudencia, negligencia e impericia) sino que, basta para su configuración, que con su acción u omisión cause un daño (nexo de causalidad). Sobre este aspecto, resulta de interés plasmar lo instituido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el fallo N° 607-F-02, de las 16:15 horas, del siete de agosto del dos mil dos (07/08/2002), en el que indicaron lo siguiente: “(…) Recapitulando, el resarcimiento de los daños está regulado, en el derecho costarricense por una regla general, la de la responsabilidad por culpa, pero admite también la responsabilidad objetiva en los casos en que la legislación expresamente la autorice y siguiendo los parámetros que ella misma dispone(…)”. Del anterior extracto jurisprudencial, se puede concluir que la responsabilidad objetiva es admisible, siempre y cuando la legislación expresamente lo prevea, de lo contrario la regla a aplicar es la responsabilidad subjetiva. Vale la pena destacar, que si bien en este tipo de responsabilidad, se prescinde de la exigencia de la culpa, a fin de que nazca la obligación de indemnizar o reparar el daño, debe de existir algún factor de atribución de responsabilidad objetiva entre la acción u omisión y la causación del daño. Vemos entonces que existen tres condiciones para su aplicación: 1. El factor de imputación de la conducta. 2. La existencia de un daño y, 3. La relación de causalidad entre ambos. El autor Federico Torrealba Navas, en su libro “Responsabilidad Civil” (2011) analiza los siguientes factores de atribución de la responsabilidad objetiva: a) El riesgo creado; b) La garantía de la víctima; c) El incumplimiento de las obligaciones de resultado; d) El incumplimiento de la obligación de seguridad; e) El incumplimiento de la obligación de información; f) La igualdad ante la carga pública; g) La responsabilidad por el hecho de las cosas; h) Las garantías edilicias: los vicios de la cosa; i) Las perturbaciones anormales de vecindad y; j) El ejercicio de los derechos de revocación y resiliación."

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Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Responsabilidad Civil

Tema: Daño ambiental

Subtemas:

Naturaleza objetiva de la responsabilidad e inversión en la carga de la prueba.

"II.[...] Así las cosas, se recalca que a partir de un análisis armonioso de la normativa ambiental referida (nacional e internacional) como de la doctrina y jurisprudencia que se ha citado, nuestros legisladores se han decantado por implementar en materia ambiental el principio “el que contamina paga” con independencia de la existencia de un vínculo subjetivo; con lo que nos encontramos frente a un cambio de paradigma, ya que tradicionalmente la responsabilidad ha sido fundada en la teoría de la culpa (art. 1045 del Código Civil), mientras que la responsabilidad objetiva se ha visualizado de aplicación indispensable en esta rama del derecho, lo que presupone una ventaja a favor del lesionado, por cuanto se da una inversión de la carga de la prueba, dado que queda exonerado de probar la culpa o dolo del causante del daño y este último, solo se verá exonerado de responsabilidad, si prueba la existencia de fuerza mayor, culpa de la víctima y el hecho de un tercero; a diferencia de los casos de responsabilidad subjetiva; lo que se constituye en un beneficio para el medio ambiente, en el tanto se busca lograr que en el menor tiempo posible, este pueda ser restaurado y vuelva a su estado originario.  En el caso concreto, es claro que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, al conocer y declarar sin lugar el primer motivo del recurso de apelación incoado en su oportunidad por la Procuraduría General de la República, aplica erróneamente la normativa ambiental supra referida, en el tanto derivan de esta, que la misma se rige por el principio de responsabilidad subjetiva, en la que se debe probar la culpa o el dolo de la persona que causa el daño ambiental a fin que prospere la acción civil resarcitoria entablada en su contra, ..."

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Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Responsabilidad Civil

Tema: Daño ambiental

Subtemas:

PGR es el ente legitimado para reclamar restitución del daño.

"III.[...] En este caso, lleva razón el órgano acusador, respecto a que no se requiere de la interposición de una acción civil resarcitoria a fin de requerir la restitución del bien a su estado original, pues tal posibilidad jurídica es un derecho de la parte ofendida, tal y cual ha sido admitido por esta Cámara en la resolución N° 2019-1622, de las 14:40 horas, del trece de diciembre del dos mil diecinueve (13/12/2019), en la que se indicó: “(…) La restitución es entendida como la acción de “volver algo a quien lo tenía antes, así como restablecer o poner algo en el estado que tenía antes” (Diccionario de la Real Academia Española, vigésimo tercera edición, octubre de 2014). La anterior definición contiene las dos acepciones que la restitución tiene también en el plano jurídico, en tanto en su sentido amplio implica la “restitutio in tegrum”, es decir, la restitución al estado original, volver las cosas a las condiciones que tenían de previo a que se efectuara el ilícito; mientras que en sentido estricto se entiende como devolver a su legítimo poseedor o dueño la cosa de la que fue privado ilegítimamente con ocasión del delito. (Abdelnour Granados, Rosa. La responsabilidad Civil Derivada del Hecho Punible, Editorial Juricentro,1984. P. 261). En nuestro ordenamiento jurídico, tanto la legislación penal, como la procesal penal vigente, establecen que la restitución es la consecuencia civil preferente del delito. Propiamente en el numeral 103 del Código Penal se señala: “Todo hecho punible tiene como consecuencia la reparación civil, que será determinada en sentencia condenatoria; ésta ordenará: 1) La restitución de las cosas o en su defecto el pago del respectivo valor; 2) La reparación de todo daño; y la indemnización de los perjuicios causados tanto al ofendido como a terceros; y 3) El comiso.”. La restitución dispuesta en el inciso 1) de la norma transcrita hace referencia a la cosa misma que ha sido el objeto material del delito, sobre la cual la víctima conserva los derechos que tenía antes de que se ejecutara el hecho, por tal razón, mientras que la cosa no haya desaparecido, la obligación de restituirla persiste. Por su parte, la indemnización y la reparación dispuestas en el inciso 2) se refieren a la responsabilidad civil surgida a raíz del hecho punible, por los perjuicios y daños ocasionados a la víctima. De lo expuesto se concluye que los institutos indicados son claramente diferenciables y que deben tener un abordaje por separado, pese a que todos son consecuencias civiles del hecho punible. Lo anterior se verifica en las disposiciones contenidas en el artículo 361 Código Procesal Penal, que señala: “Normas para la deliberación y votación El tribunal apreciará las pruebas producidas durante el juicio, de un modo integral y con estricta aplicación de las reglas de la sana crítica. Los jueces deliberarán y votarán respecto de las cuestiones, y seguirán en lo posible el siguiente orden: a) Las relativas a su competencia, a la procedencia de la acción penal y toda otra cuestión incidental que se haya diferido para este momento. b) Las relativas a la existencia del hecho, su calificación legal y la culpabilidad. c) La individualización de la pena aplicable.  d) La restitución y las costas. e) Cuando corresponda, lo relativo a la reparación de los daños y perjuicios. Las decisiones se adoptarán por mayoría. Si esta no se produce en relación con los montos de la pena y la reparación civil, se aplicará el término medio.” (Negrita suplida). De este último precepto se deduce además que el pronunciamiento sobre la restitución de las cosas al estado anterior debe realizarse de manera oficiosa por el Juzgador, a diferencia de los aspectos relativos a los daños y perjuicios, sobre los que se podrá pronunciar “cuando corresponda”, es decir, cuando se haya ejercido la acción civil resarcitoria, pues sobre esta rige el principio dispositivo propio del derecho privado, en el que solo puede actuarse a instancia de parte (…)” (Integraron las y los Magistrados Ramírez, Zúñiga, Cortés, Desanti y Robleto). Empero, aún anulando esa errónea interpretación que realizó el Tribunal de Sentencia Penal de Cartago, lo cierto es, que queda vigente el otro argumento por el que el recurso fue declarado inadmisible, que hace referencia a la falta de legitimación del Ministerio Público en este tipo de supuestos y, es que en el caso concreto, como bien lo indicó el Tribunal de Segunda Instancia, a quien le corresponde defender los intereses civiles de la víctima (el Estado) es a su representante legal, que para efectos de la causa bajo examen, la misma recae sobre la Procuraduría General de la República, la cual sería la legitimada, en el tanto se haya efectivamente apersonado. Tal y como se infiere del numeral primero de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (N° 3848), que dispone: “La Procuraduría General de la República, adscrita a la Presidencia de la República, tiene la representación legal del Estado en lo que concierne a los intereses y a las materias que la presente ley determina (…)” en concordancia con la disposición 16 del Código Procesal Penal, que estipula: “La acción penal será pública o privada. Cuando sea pública, su ejercicio corresponderá al Ministerio Público, sin perjuicio de la participación que este Código concede a la víctima o a los ciudadanos. En los delitos contra la seguridad de la Nación, la tranquilidad pública,  los poderes públicos, el orden constitucional, el ambiente, la zona marítimo-terrestre,  la hacienda pública, los deberes de la función pública, los ilícitos tributarios y los  contenidos en la Ley de aduanas, Nº 7557, de 20 de octubre de 1995; la Ley orgánica del Banco  Central de Costa Rica, Nº 7558, de 3 de noviembre de 1995 y la Ley contra el enriquecimiento  ilícito de los servidores públicos, Nº `6872, de 17 de junio de 1983, la Procuraduría General de la  República también podrá ejercer directamente esa acción, sin subordinarse a las actuaciones y decisiones  del Ministerio Público. En los asuntos iniciados por acción de la Procuraduría, esta se tendrá como parte y podrá ejercer los mismos recursos que el presente Código le concede al Ministerio Público” (lo resaltado no corresponde al original); el titular de la acción pública penal y las consecuencias civiles que se derivan de esta, en delitos ambientales, es dicha institución, siempre y cuando se haya integrado en la litis como representante del Estado y ejerza los derechos y potestades que tal facultad le concede, puesto que, si la misma no se apersona como parte al expediente, tal representación le corresponderá asumirla a la Fiscalía, por estar involucrados intereses difusos, cuyo daño afecta la colectividad."

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Texto de la resolución
*160002370567PE*
Exp: 16-000237-0567-PE
Res: 2022-00437
SALA DE CASACIÓN PENAL. San José, a las dieciséis horas cuarenta y seis minutos del veintidós de abril de dos mil veintidós.
 Recurso de Casación interpuesto en la presente causa seguida contra Asdrúbal Vargas Fallas, costarricense, cédula de identidad 1-0383-0765, nacido el ocho de abril de mil novecientos cincuenta (08/04/1950), hijo de [Nombre 001] y [Nombre 002]; por los delitos de cambio de uso de suelo, invasión en área de protección y apertura de trocha en bosque, cometidos en perjuicio de los recursos naturales. Intervienen en la decisión del recurso los Magistrados y las Magistradas Patricia Solano Castro, Jesús Alberto Ramírez Quirós, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Sandra Eugenia Zúñiga Morales y Rafael Segura Bonilla, este último como suplente. Además, en esta instancia, el licenciado Allan Coto Gómez, como defensor del encartado. Se apersonó el representante del Ministerio Público, licenciado José Alejandro Alpízar Arrones y como representante de la Procuraduría General de la República, el licenciado Manrique Ruíz Leal.
Resultando:
  1.- Mediante sentencia N° 2020-627 de las once horas con veinticuatro minutos del veintitrés de octubre del dos mil veinte, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, sección Primera, resolvió: “Por Tanto: 1.- Por mayoría, se declara inadmisible el recurso incoado por el representante del Ministerio Público, sobre este punto el juez Fallas Redondo salva el voto. 2.- Por mayoría, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la República y se confirma la sentencia impugnada. Se dispone comunicar esta sentencia al Área de Conservación Pacífico Central, Subregión Los Santos para que le brinde seguimiento a la zona afectada, y de acuerdo con sus competencias legales disponga, en caso de ser necesario, las medidas protectoras del ambiente que correspondan para restaurar el daño ambiental causado. El juez Fallas Redondo salva el voto y la jueza Carranza Cambronero pone nota. CHRISTIAN FERNANDEZ MORA - JUEZ/A DECISOR/A, DAVID FALLAS REDONDO - JUEZ/A DECISOR/A, IVETTE CARRANZA CAMBRONERO - JUEZ/A DECISOR/A” (sic).
  2.- Contra el anterior pronunciamiento el licenciado José Alejandro Alpízar Arrones y el licenciado Manrique Ruíz Leal, interpusieron recurso de casación. 
  3.- Verificada la deliberación respectiva, la Sala entró a conocer de los recursos.
  4.- En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.
 Informa el Magistrado Rafael Segura Bonilla; y,
Considerando:
  I. Mediante resolución N° 2021-514, de las 16:06 horas, del trece de mayo del dos mil veintiuno (13/05/2021) (ver folios 79 al 88, del expediente principal), esta Sala ordenó admitir para su conocimiento de fondo, el primer motivo del recurso de casación formulado por el licenciado Manrique Ruíz Leal, en su condición de Procurador Adjunto de la Procuraduría General de la República (cfr. folios 43 al 47, del legajo físico), así como los tres primeros motivos del recurso de casación presentado por el licenciado José Alejandro Alpízar Arrones, en calidad de fiscal auxiliar, de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental (cfr . folios 51 al 56, del legajo físico); los cuales se dirigen contra el fallo N° 2020-627, de las 11:24 horas, del veintitrés de octubre del dos mil veinte (23/10/2020), dictado por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, que por mayoría declaró inadmisible la impugnación incoada por el Ministerio Público y, sin lugar, el interpuesto por la Procuraduría General de la República, confirmando con ello, la sentencia N° 366-2020, de las 17:00 horas, del ocho de julio del dos mil veinte (08/07/2020), emitida por el Tribunal Penal de Cartago, la cual absolvió penal y civilmente al imputado Asdrúbal Vargas Fallas, por los delitos de cambio de uso de suelo, invasión en área de protección y apertura de trocha en bosque, en perjuicio de los Recursos Naturales; además de rechazar la solicitud de ambas partes procesales, de ordenar la restitución de las cosas al estado que se mantenían, previo al hecho punible (ver folios 23 al 35, del expediente físico).
  II. Recurso de casación formulado por el Procurador Adjunto Manrique Ruíz Leal. En el único reproche admitido, argumenta la infracción de las normas sustantivas: 45, 46 y 50 de la Constitución Política; 2, 98 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente; 1, 41, 42 y 52 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos; 1, 27, 33, 34, 19 y 20 de la Ley Forestal y; 10, 337, 338, 339, 342, 343 y 344 del Código Civil. Razona el recurrente, que por mayoría, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, dispuso rechazar el primer motivo de su recurso de apelación, estableciendo que de los numerales 98 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente y 52 de la Ley de Usos de Suelos, se deriva un régimen de responsabilidad subjetiva, que únicamente se produce cuando existe o se logra demostrar una conducta culposa o dolosa, y no por la simple acreditación del daño ambiental. Estima el quejoso, que la interpretación que hizo el voto de mayoría de la normativa no es correcta, ya que sí se deriva un régimen de responsabilidad objetiva que se deduce del espectro normativo que se promulga, luego de la reforma de los artículos 46 y 50 de la Constitución Política, en los que se garantiza una defensa reforzada y dramática del ambiente, cuya trazabilidad orienta y redefine los demás institutos de orden jurídico, siendo este el origen del complemento legislativo al sistema de responsabilidad ambiental, dispuesto en la Ley Orgánica del Ambiente N° 75542, que establece en el artículo 2 inciso d) y e) que quién contamine o dañe el ambiente será responsable y que ese daño es pluriofensivo por los efectos negativos de orden social, económico, ético, cultural que produce a las generaciones presente y futuras. Manifiesta también, que ese sistema de responsabilidad es definido por dicha ley en el artículo 98, como un criterio de imputación, el daño o contaminación al ambiente se produce por acción u omisión y el numeral 101 ibídem señala que existe responsabilidad civil de los dueños de las empresas o actividades en donde se causen daños por acción u omisión. Explica que esa forma de responsabilidad, también está regulada en el artículo 1 de Ley de Uso de Suelo, número 7779, que fue creada con la finalidad de conservar los suelos, mediante un uso sostenible de los recursos naturales. Considera el impugnante, que el legislador dispuso como obligación y derecho de todas las personas, sea física o jurídica, vigilar y cumplir con la ley y su reglamento, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 42 ibidem, estableciendo que quién deteriore o contamine el recurso suelo, independientemente de que existe culpa o dolo o del grado de participación, es responsable de indemnizar en la vía judicial que corresponda, reparar los daños causados al ambiente y a terceros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Uso de Suelo. Reclama, que el Tribunal de Alzada incurrió en un yerro interpretativo mayúsculo, al analizar la normativa anteriormente citada, pues dedujo totalmente lo contrario a lo dispuesto en la misma, porque esta define un parámetro de responsabilidad objetiva, para los titulares de la empresas o dueños de las actividades en donde se produce un daño ambiental. Expone que precisamente de dicho marco normativo, deriva la responsabilidad civil del demandado Vargas Fallas, quien como titular de los fundos con vocación boscosa e hídrica, avaló por acción u omisión, que dichos recursos naturales resultaran afectados a raíz de la actividad cafetalera que ahí se desarrolló. Añade que, aún y cuando, no fue posible demostrar la responsabilidad penal del imputado, se acreditó que tiene el usufructo de la finca 406671-001 y que es titular de hecho del inmueble 297041-000, y se probó que en ambas propiedades se produjo un severo daño ambiental, en un sector de bosque en la primera finca y en un área de protección de una naciente, en la segunda. Alega que la titularidad del demandado Vargas Fallas de ambos fundos, con independencia de que haya o no tenido una participación dolosa en la comisión de los daños ambientales, del estudio sistemático del régimen de responsabilidad ambiental definido en la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, en la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Biodiversidad que contiene en el artículo 8 el principio de función social de la propiedad, es responsable objetivamente por los daños ambientales que fueron provocados. Sobre el carácter objetivo de la responsabilidad cita el recurrente extractos de jurisprudencia de la Sala Primera y Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. De seguido señala, que en el caso en concreto se acreditó con certeza la producción de café en la forma y tiempo descrito en la acción civil, la cual produjo un daño ambiental, siendo que el titular y demandado Fallas Vargas asumió ese riesgo, por lo que debe hacerse responsable, de acuerdo a la legislación citada. Argumenta que se lesionó gravemente los intereses de su representada a quien se le cortó el derecho a ser indemnizada, pese a que el daño ambiental descrito en la demanda del Estado quedó acreditado. Solicita se declare con lugar el motivo de casación, se acoja el reclamo en cada uno de sus extremos, concretamente la indemnización por daño ambiental, el pago de costas y la restitución. Explica que la reparación debe darse por medio de la regeneración natural que fue sugerida por los personeros de la Administración Forestal del Estado, para generar el desarraigo del café, permitiéndose el crecimiento natural de especies nativas en ambos inmuebles, obligación que debe asumir el demandado civil, bajo el apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad. Este reproche se declara con lugar en el extremo que se dirá. De previo a dar las razones por las que este motivo se acoge, resulta de interés al caso hacer una reseña de la regulación constitucional y legal ambiental, que indica el recurrente fue erróneamente aplicada por el Tribunal de Alzada, así como de los principios ambientales derivados de la normativa internacional existente, que sean relevantes al estudio de esta causa; para posteriormente, analizar los tópicos de responsabilidad civil objetiva y, de responsabilidad ambiental, a nivel doctrinario como jurisprudencial, dando especial énfasis a lo instituido por nuestra Sala Constitucional. Así las cosas, se empezará con la normativa consagrada en nuestra Constitución Política en relación a la protección del medio ambiente. En este sentido, se tiene que el artículo 45 instituye como principio intrínseco la inviolabilidad de la propiedad privada, empero, el mismo ordinal deja de manifiesto que no nos encontramos ante un derecho de carácter absoluto, sino que se le puede imponer limitaciones en función de un interés social, como sucede, con las limitantes en función de la protección del ambiente. La disposición 46 constitucional señala – en lo que es de interés – el derecho de todo consumidor y usuario, a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo, así como al deber Estatal de regular esta materia vía ley. El numeral 50 de nuestra Carta Magna, establece que se procurará el mayor bienestar de todos los habitantes del país, así como, que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de ahí que todos tengamos legitimación para denunciar los actos que infrinjan tal derecho y para reclamar la reparación del daño causado, mientras que el Estado garantizará, defenderá y preservará este. Corresponde ahora, reseñar el contenido de los artículos 2, 98 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente. En relación al ordinal 2, este instaura los principios que inspiran la ley, de los que resaltan el inciso d) y e) en el tanto se consagra que quien contamine el ambiente o cause un daño, será responsable y, que el daño ambiental es un delito de carácter social, en razón que afecta las bases de la existencia misma de la sociedad. Resulta de relevancia lo instituido en la disposición 98 del mismo cuerpo normativo, por cuanto clarifica que el daño y contaminación ambiental se pueden gestar tanto por acción u omisión, de personas físicas como jurídicas. Por último, el enumerado 101, contempla la responsabilidad civil y solidaria de los responsables (sean personas físicas o jurídicas) por los daños y  perjuicios causados en infracción de esta ley o de las que regulan la protección del ambiente y la diversidad biológica; así como la responsabilidad solidaria de los titulares de  las empresas o las actividades donde se causen los daños, ya sea por acción o por omisión. Se procede al análisis del articulado 1, 41, 42 y 52 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, de los que se derivan tres aspectos de importancia: a) La finalidad fundamental de esta ley, es proteger, conservar y mejorar los suelos en gestión integrada y sostenible con los demás recursos naturales; b) La obligación de toda persona física o jurídica, pública o privada, de fomentar, contribuir y ejecutar todas las prácticas y actividades necesarias para el manejo, la conservación y la recuperación de suelos; como también, vigilar y controlar el cumplimiento de la legislación en materia de suelos y; c) La responsabilidad de indemnizar en la vía judicial que corresponda y, de reparar los daños causados al ambiente y a terceros afectados, por parte de quien contamine o deteriore el recurso del suelo, independientemente de la existencia de culpa o dolo o del grado de participación; con lo que se prescinde del elemento subjetivo de la responsabilidad. De una lectura conjunta e integral, de los ordinales 1, 27, 33, 34, 19 y 20 de la Ley Forestal, se pueden extraer los siguientes postulados: i) Se define como la función esencial y prioritaria del Estado, velar por la conservación, protección y administración de los bosques naturales y por la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los recursos forestales del país destinados a ese fin, de acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables; prohibiéndose la corta o el aprovechamiento de los bosques en parques nacionales, reservas biológicas, manglares, zonas protectoras, refugios de vida silvestre y reservas forestales propiedad del Estado. ii) Es permitido cortar, anualmente, hasta un máximo de tres árboles por hectárea en terrenos de uso agropecuario y sin bosque, después de obtener la autorización del Consejo Regional Ambiental. Si la corta sobrepasare los diez árboles por inmueble, se requerirá la autorización de la Administración Forestal del Estado. iii) Se establecen las áreas específicas de protección forestal y la prohibición de talar árboles en dichas zonas y, iv) La prohibición de cambiar el uso de los suelos, en los terrenos cubiertos de bosque (salvo excepciones expresamente establecidas en la ley). Los numerales 337, 338, 339, 342, 343 y 344 del Código Civil, hacen alusión al usufructo, sus implicaciones y limitaciones. En cuanto a los principios que se derivan de las diferentes convenciones y tratados internacionales, se tiene la existencia de al menos noventa cinco máximas ambientales (ver los “95 principios jurídicos medioambientales para un desarrollo ecológicamente sustentable” aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana -2018, reconocidos por Corte Plena, en la sesión N° 28-2020, del veinticinco de mayo del dos mil veinte (25/05/2020), artículo XIX), de los que se citaran solamente los que resulten pertinentes al óbice del asunto y que sirvan de parámetro de interpretación, los cuales son: 1) Principio de corrección, preferiblemente en la fuente: lo que conlleva a que las decisiones en materia ambiental, que se adopten frente a actividades o conductas lesivas para el medio ambiente, han de ir dirigidas precisamente a restaurar el ambiente dañado y a corregir los efectos que en el mismo se han producido o se pudieran producir (Principios 7 y 22 de la Declaración de Río; Artículo 16 de la Declaración de Estocolmo; y Artículo 32 de la Comisión de Expertos, Observación general sobre el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo). 2) Principio de responsabilidad: el que contamina paga, lo que significa que el generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición (Principio 22 de la Declaración de Estocolmo; y Punto 2.4 de la Directiva N° 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales). 3) Principio de asunción de los efectos legales de la contaminación, lo que quiere decir, que el que contamina debe asumir las consecuencias dispuestas por la normativa nacional e internacional, entre ellas las sanciones administrativas, penales y civiles, procurando una restauración integral, además de las medidas de mitigación, indemnización o reparación que sean pertinentes (Principio 22 de la Declaración de Estocolmo; Preámbulo de la Convención sobre la protección y el uso de los cursos de agua transfronterizos y lagos internacionales; y, Artículo N° 4 del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación). 4) Principio de responsabilidad civil objetiva o de riesgo y solidaria en materia ambiental. Esto implica que en caso de daños ambientales, existe la obligación de reparar aun cuando no ha existido culpa y ello es debido a que quien crea los riesgos para su propio provecho, debe también sufrir sus consecuencias perjudiciales. Asimismo, en esta materia debe presumirse la responsabilidad del agente porque objetivamente se le hace responsable del daño, se requiere únicamente que se indique el daño y el nexo causal por parte de la víctima, pero la prueba de la falta de culpa y de la inexistencia de causa y efecto le corresponden al demandado (Principio 22 de la Declaración de Estocolmo; Preámbulo del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación; y Artículo 57 de la Declaración de Buenos Aires) y, 5) El equilibrio del entorno, impone que quien contamina limpia, quien destruye repone y quien afecta derechos ambientales asume su transgresión, sin limitaciones. De esta forma, la descontaminación, reposición, reparación integral y sanción deben ser los aspectos que toda legislación contemple (Principio 16 de la Declaración de Río; Artículo 2 Letra b) del Convenio para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico del Nordeste; Artículo 5 Convenio Marco para la Protección de la Medio Marino del Mar Caspio; y Preámbulo del Convenio internacional sobre Cooperación, Preparación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos). De la normativa referida, así como de los principios que gobiernan la materia ambiental, se deriva – en principio – que la responsabilidad que rige en el derecho ambiental es de índole objetivo, de ahí la necesidad de estudiar este eje, del que vale la pena subrayar que en el mismo, se prescinde de probar la culpa del agente (falta al deber de cuidado, lo que antiguamente, se entendía como imprudencia, negligencia e impericia) sino que, basta para su configuración, que con su acción u omisión cause un daño (nexo de causalidad). Sobre este aspecto, resulta de interés plasmar lo instituido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el fallo N° 607-F-02, de las 16:15 horas, del siete de agosto del dos mil dos (07/08/2002), en el que indicaron lo siguiente: “(…) Recapitulando, el resarcimiento de los daños está regulado, en el derecho costarricense por una regla general, la de la responsabilidad por culpa, pero admite también la responsabilidad objetiva en los casos en que la legislación expresamente la autorice y siguiendo los parámetros que ella misma dispone(…)”. Del anterior extracto jurisprudencial, se puede concluir que la responsabilidad objetiva es admisible, siempre y cuando la legislación expresamente lo prevea, de lo contrario la regla a aplicar es la responsabilidad subjetiva. Vale la pena destacar, que si bien en este tipo de responsabilidad, se prescinde de la exigencia de la culpa, a fin de que nazca la obligación de indemnizar o reparar el daño, debe de existir algún factor de atribución de responsabilidad objetiva entre la acción u omisión y la causación del daño. Vemos entonces que existen tres condiciones para su aplicación: 1. El factor de imputación de la conducta. 2. La existencia de un daño y, 3. La relación de causalidad entre ambos. El autor Federico Torrealba Navas, en su libro “Responsabilidad Civil” (2011) analiza los siguientes factores de atribución de la responsabilidad objetiva: a) El riesgo creado; b) La garantía de la víctima; c) El incumplimiento de las obligaciones de resultado; d) El incumplimiento de la obligación de seguridad; e) El incumplimiento de la obligación de información; f) La igualdad ante la carga pública; g) La responsabilidad por el hecho de las cosas; h) Las garantías edilicias: los vicios de la cosa; i) Las perturbaciones anormales de vecindad y; j) El ejercicio de los derechos de revocación y resiliación. Ahora bien, corresponde enfocarnos en el tema de responsabilidad ambiental propiamente dicha, para lo cual, iniciaremos con el término de daño ambiental, el cual se conceptualiza como: “toda acción, omisión, comportamiento u acto ejercido por un sujeto físico o jurídico, público o privado, que altere, menoscabe, trastorne, disminuya o ponga en peligro inminente y significativo, algún elemento constitutivo del concepto ambiente, rompiéndose con ello el equilibrio propio y natural de los ecosistemas” Mario Peña Chacón, Daño Ambiental y Prescripción. Revista Judicial N° 109, San José (setiembre 2013): 118. Se divisa entonces, que el daño ambiental jurídicamente relevante nace de una conducta, la cual puede ser activa como omisiva, que puede provenir de un sujeto físico como de una persona jurídica, pública o privada. Por su parte, la responsabilidad por daño ambiental, la podemos definir de la siguiente manera: “la obligación de resarcir, indemnizar, reparar y recomponer el daño ocasionado a raíz de una acción y/o omisión que ha menoscabado, deteriorado o destruido o que al menos pone en riesgo de manera relevante y significativa, alguno(s) de los elementos constitutivos del ambiente, rompiendo con ello el equilibrio propio de los ecosistemas” Mario Peña y Rafael González, El Proceso Ambiental en Costa Rica (San José: ISOLMA S.A, 2015), 110. En relación al tipo de responsabilidad que opera en esta materia, como se adelantó líneas atrás, la misma escapa del típico régimen de responsabilidad subjetiva del derecho civil y, por el contrario, opera la responsabilidad objetiva, dado que ha sido el propio ordenamiento jurídico que así lo ha consolidado. Lo anterior, significa que no es necesario probar la culpa del sujeto, sino solamente el hecho de que con su acción u omisión causó el daño. Tal es la postura que ha tomado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, como se puede observar en la siguiente cita jurisprudencial: “(…) La responsabilidad derivada de daños causados a la naturaleza, sea ésta proveniente de una actividad agraria o de cualquier otro tipo, universalmente siempre se ha considerado como una responsabilidad de carácter objetiva. Este principio general de derecho ha sido admitido ampliamente en las últimas reformas a la Constitución donde se introdujo el derecho a un ambiente sano y ecológico equilibrado, y el legislador lo ha asumido aún antes de esas reformas, reiterándolo ampliamente después, para encontrarse en todo el sector ambiental del ordenamiento jurídico (…). Naturalmente esta tesis hoy se reclama como un principio general del derecho para la protección del medio ambiente, y resulta correcto afirmarlo así (…). El fundamento de esta tesis es muy simple. No se trata de la responsabilidad subjetiva prevista en el numeral 1045 del Código Civil, porque en tal hipótesis el damnificado debe probar el nexo causal entre la acción del agente dañino y los perjuicios sufridos. En la objetiva la simple existencia del daño reputa la responsabilidad en el agente dañino de haber sido el causante de ese daño, y por tal quien deberá indemnizar los daños y perjuicios causados con su conducta. Esto no deriva de un acto arbitrario sino de pura lógica, pues quien, incluso en una conducta lícita, asume un riesgo donde exista peligrosidad, debe responder por todo cuanto daño pueda causar esa peligrosidad. Existen muchos ejemplos al respecto. Si una persona manipula pólvora, o cualquier tipo de material inflamable, sea en una fábrica, en una actividad comercial, o por su propia diversión, en caso de ocurrir un siniestro con efectos en cualquier vecino, no ha de ser el damnificado el llamado a probar el nexo de causalidad entre la conducta ejercida y el daño causado, más bien el ordenamiento jurídico parte de la culpabilidad de quien asumió el riesgo y la peligrosidad, y solo para eximirlo de la responsabilidad podría probar no ser el responsable directo del daño causado, así la carga de la prueba se invierte, y los eximentes, como por analogía podría aplicarse para el ámbito ambiental, serían los previstos en la Ley General de la Administración Pública donde también se prevé la responsabilidad objetiva del Estado, siendo ellos “fuerza mayor”, “culpa de la víctima” o “hecho de un tercero” (artículo 190) (…)” (Voto N° 398-F-01, de las 16:00 horas, del seis de junio del dos mil uno (06/06/2001), cuya integración estuvo a cargo de los Magistrados y Magistradas Feoli, Montenegro, Zeledón, Solís y Rivas). En igual sentido, la Sala Constitucional, se ha decantado por la tesis de que en el derecho ambiental opera la responsabilidad objetiva y en la resolución N° 1669-2000, de las 14:51 horas, del dieciocho de febrero del dos mil (18/02/2000), instauró: “La responsabilidad por daño ambiental, se asimila entonces a la responsabilidad por riesgo, lo que permite una mayor cobertura para establecer responsabilidades contra sujetos concretos, con el fin de remediar los daños ocasionados por sus explotaciones industriales o de otra clase. Esta responsabilidad objetiva, no toma en consideración la conducta del sujeto, pues lo que importa es el daño producido y, por ende, siempre será responsable el individuo, con independencia de cualquiera que haya sido su participación volitiva en el hecho. El punto radica más que todo en la creación de un riesgo, de donde se colige que el que con su actividad o su inactividad produce un daño o pone en riesgo la integridad de la ecología y del medio ambiente, ha de responder de él” (fallo en el que confluyeron los Magistrados Piza, Mora, Solano, Arguedas, Calzada, Vargas y Batalla). Criterio que se ha mantenido a lo largo del tiempo, como se visualiza en el siguiente extracto de sentencia: “(…) al tema de la responsabilidad por daño ambiental, se le ha dado un trato diferente, tomando en consideración las características propias de la materia de que se trata. El Estado, para asegurarse de alguna manera el resarcimiento por los daños ocasionados al ambiente, ha creado una serie de normas en las que se regula lo referente a la responsabilidad ambiental, sin perder de vista, eso sí, el necesario equilibrio que ha de existir entre la protección del ambiente y el desarrollo de las actividades de los particulares. En el Derecho Ambiental se ha dado un planteamiento distinto a la responsabilidad, de tal suerte que se ha evolucionado de un sistema de responsabilidad por culpa a uno de responsabilidad por riesgo, lo que significa una mayor cobertura, pues dicha responsabilidad surgiría aún cuando no medie culpa del transgresor, si la actividad desempeñada se estima riesgosa y, asume ese riesgo, con una posible consecuencia dañosa para el ambiente. Se trata de un nuevo concepto de responsabilidad, donde lo que priva es el criterio objetivo sobre el subjetivo, puesto que para su surgimiento, es irrelevante si se actuó o no con culpa; basta con que el daño haya sido efectivamente ocasionado, para que de inmediato surja la consecuente responsabilidad. En muchas ocasiones no es posible determinar, ni al culpable, ni la norma legal infringida, pues en la mayoría de los casos el daño es producto de una omisión, pero ciertamente perjudica, lo que necesariamente debe ser objeto de indemnización. Es en ese contexto que debe entenderse el contenido del artículo 101 de la Ley Orgánica del Ambiente y el de la norma que ahora se cuestiona, el numeral 126 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, que establece un régimen de responsabilidad para las personas jurídicas que hayan participado en la comisión de los actos ilícitos comprendidos en esa Ley, indicando que serán solidariamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados a la vida silvestre y al ambiente, con la consecuente obligación de repararlos en forma integral, contemplando además la responsabilidad solidaria de las personas físicas o jurídicas que integren un mismo grupo de interés económico con la persona jurídica infractora. El principal argumento del accionante es que la norma viola el principio de inocencia; sin embargo, tal principio no resulta infringido pues la disposición cuestionada no se refiere a la responsabilidad penal. Así expresamente lo indica al señalar que la responsabilidad solidaria por los daños y perjuicios ocasionados a la vida silvestre y al ambiente en general le cabe a las personas jurídicas que hayan participado en la comisión de actos ilícitos comprendidos en la Ley de Conservación de Vida Silvestre “independientemente de la responsabilidad personal, civil o penal que pueda caber sobre los socios, personeros o representantes”, de manera que en cuanto a este extremo tampoco lleva razón el accionante en sus alegatos. El hecho de que se extienda este tipo de responsabilidad a las personas físicas o jurídicas que integren un mismo grupo de interés económico tampoco lesiona el principio de inocencia, pues se trata igualmente de la posibilidad de que empresas relacionadas con la persona jurídica infractora, respondan por los daños ambientales causados(…)”(Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución N° 9966-2010, de las 15:38 horas, del nueve de junio del dos mil diez (09/06/2010), en la que integraron: Calzada, Mora, Armijo, Cruz, Jinesta, Castillo y Pacheco). Así las cosas, se recalca que a partir de un análisis armonioso de la normativa ambiental referida (nacional e internacional) como de la doctrina y jurisprudencia que se ha citado, nuestros legisladores se han decantado por implementar en materia ambiental el principio “el que contamina paga” con independencia de la existencia de un vínculo subjetivo; con lo que nos encontramos frente a un cambio de paradigma, ya que tradicionalmente la responsabilidad ha sido fundada en la teoría de la culpa (art. 1045 del Código Civil), mientras que la responsabilidad objetiva se ha visualizado de aplicación indispensable en esta rama del derecho, lo que presupone una ventaja a favor del lesionado, por cuanto se da una inversión de la carga de la prueba, dado que queda exonerado de probar la culpa o dolo del causante del daño y este último, solo se verá exonerado de responsabilidad, si prueba la existencia de fuerza mayor, culpa de la víctima y el hecho de un tercero; a diferencia de los casos de responsabilidad subjetiva; lo que se constituye en un beneficio para el medio ambiente, en el tanto se busca lograr que en el menor tiempo posible, este pueda ser restaurado y vuelva a su estado originario. En el caso concreto, es claro que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, al conocer y declarar sin lugar el primer motivo del recurso de apelación incoado en su oportunidad por la Procuraduría General de la República, aplica erróneamente la normativa ambiental supra referida, en el tanto derivan de esta, que la misma se rige por el principio de responsabilidad subjetiva, en la que se debe probar la culpa o el dolo de la persona que causa el daño ambiental a fin que prospere la acción civil resarcitoria entablada en su contra, tal y como se vislumbra de la transcripción, en lo que es de interés, de dicha fundamentación: “(…) El recurrente confunde el hecho de la existencia de normativa que establece la obligación de reparar el daño ambiental, con los presupuestos para que la misma resulte aplicable a un caso como el presente. La Ley de uso, manejo y conservación de suelos número 7779 del 30 de abril de 1998 que el recurrente invoca, en su artículo 52 lo que dispone es que existe una responsabilidad de indemnizar y reparar los daños causados al ambiente, a quien contamine o deteriore el recurso del suelo, lo que implica criterios de imputación subjetiva de necesaria demostración. Dicha norma expresamente dispone: “ARTÍCULO 52.- Quien contamine o deteriore el recurso suelo, independientemente de la existencia de culpa o dolo o del grado de participación, será responsable de indemnizar, en la vía judicial que corresponda, y de reparar los daños causados al ambiente y a terceros afectados”. La redacción de dicho artículo, desde que inicia, permite establecer la existencia de dichos criterios de responsabilidad subjetiva, cuando establece como responsable a “quien contamine” y no al dueño del fundo o al encargado de la actividad agrícola o comercial desarrollada, lo que sí constituiría una forma de responsabilidad objetiva establecida por la ley. Por otra parte, la expresa referencia a los conceptos de dolo, culpa y grado de participación reiteran la idea de que resulta necesario imputar ese daño ambiental a una persona determinada. Cuando dicha norma señala que esa responsabilidad se corrobora “independientemente de la existencia de culpa o dolo” lo que quiere decir el legislador es que dicha obligación de reparación existe, tanto cuando la conducta es culposa, como si es dolosa y no como erróneamente lo lee el impugnante, que es en todo caso de daño ambiental que procede la responsabilidad civil contra los titulares de las empresas o las actividades que produzcan ese daño. Ni siquiera los artículos 98 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente que invoca el recurrente llevan a una conclusión como la señalada, puesto que el artículo 98 expresamente indica que las conductas que dañen al ambiente “…son imputables a las personas físicas o jurídicas que la realicen”, lo que nuevamente conlleva el establecimiento de la responsabilidad subjetiva, pues el obligado es quien realice esa actividad dañina y no el propietario o quien lleve a cabo una acción agrícola o comercial determinada por el hecho de realizarla, sino que es necesario demostrar quien realizó ese daño ambiental. De igual forma, el artículo 101 de la Ley Orgánica del Ambiente nuevamente establece un criterio de responsabilidad subjetiva para que proceda la responsabilidad civil solidaria a la que ahí se hace referencia, pues establece que “…los causantes de las infracciones a la presente ley o a las que regulan la protección del ambiente y la diversidad biológica, sean personas físicas o jurídicas, serán civilmente responsables por los daños y perjuicios causados”. De acuerdo con lo anterior, resulta evidente que no es cierto que la legislación en materia ambiental haya establecido una suerte de responsabilidad civil objetiva por los daños causados al ambiente, sino que el legislador expresamente ha establecido criterios de imputación subjetiva para que esta proceda (…)” (cfr. folios 28 y 29, del legajo físico). Empero, si nos remitimos al contenido mismo de los propios numerales citados en el voto de alzada, se tiene claro que en ellos se prescinde expresamente de la necesidad de acreditar tales elementos volitivos, en razón de que se parte de un régimen de responsabilidad objetiva en materia ambiental, lo que ha sido respaldado por la jurisprudencia constitucional. Por lo anterior, es que se declara con lugar en este extremo, el único motivo del recurso de casación admitido al representante del Estado. En consecuencia, se revoca el fallo del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago N° 2020-627, de las 11:24 horas, del veintitrés de octubre del dos mil veinte (23/10/2020), únicamente en relación a lo resuelto respecto al primer motivo de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la Republica, dejando claro dos aspectos 1) La absolutoria penal del imputado Asdrúbal Vargas Fallas, se mantiene incólume en razón que esta no fue impugnada ni por el representante de la Procuraduría, ni por el Ministerio Público. 2) Esta Sala de Casación no ha prejuzgado que exista el deber de responder por parte del demandado civil Vargas Fallas, por el daño ambiental que supuestamente se causó, sino que lo que se estableció es que en materia ambiental se impone la responsabilidad objetiva, de cumplirse con los presupuestos de su aplicación. En este sentido, se aclara que corresponderá al ad quem realizar un examen integral del expediente y del fallo del primera instancia a fin de conocer este aspecto, tal y como lo instituye el artículo 459 en relación con el 465 del Código Procesal Penal, dado que tal es la competencia que le ha sido otorgada por el legislador, de ahí que se aparta esta Cámara de Casación de la pretensión del recurrente, respecto a que sea esta instancia quien determine la responsabilidad ambiental objetiva del demandado civil al amparo de lo atribuido en la acción civil resarcitoria y le imponga la sanción indemnizatoria correspondiente, por cuanto ello implicaría invadir las competencias legales otorgadas a otras sedes, además que impediría a la parte vencida, tener la posibilidad de impugnar, lo que violentaría su derecho a tener acceso a una segunda instancia. Así las cosas, se remite el expediente al Tribunal de origen, para que con una distinta integración, conozca sobre el extremo aquí indicado.
  III. Recurso de casación interpuesto por el fiscal José Alejandro Alpízar Arrones. En el primer motivo interpuesto, con sustento en el ordinal 468 inciso b) del Código Procesal Penal, refiere que al declararse inadmisible el recurso de apelación de sentencia incoado por la fiscalía, con base a una falta de legitimación pasiva, por no corresponderle la calidad de víctima o su representación; se aplicó erróneamente el numeral 103 inciso 1) del Código Penal. Reclama que para sustentar la tesis de inadmisibilidad el Tribunal de Apelación equiparó las consecuencias civiles definidas en el artículo 103 inciso 1) del Código Penal, al considerar que ambas requieren de la interposición de una acción civil resarcitoria para que puedan ser conocidas por el Tribunal. Considera que ello es equivocado porque el artículo señala que el delito tendrá como consecuencia civil la restitución de las cosas, pero si esta acción ya no es posible dispone que se procederá con el pago del respectivo valor. Refiere que la redacción hace alusión a dos escenarios distintos, uno, cuando es posible restaurar el derecho lesionado el cual corresponde a la restitución de las cosas y el otro, cuando ya no es posible restaurar el derecho y por ello dispone que se haga el pago del respectivo valor. Expone que en el segundo escenario corresponde a un resarcimiento económico y para poder hacer dicho reclamo en un proceso penal, tal y como lo explica la sentencia impugnada, se debe presentar una acción civil resarcitoria, pero el primer escenario no tiene relación con un resarcimiento económico, tal y como lo dijo el voto salvado del juez Fallas Redondo, así como en la nota aclaratoria de la jueza Carranza Cambronero, la restitución de las cosas no genera un beneficio monetario a la víctima, sino al restablecimiento del disfrute del derecho en las condiciones que tenía antes de la comisión del ilícito, por lo que, no tiene ningún sentido exigir la presentación de una acción civil resarcitoria. Añade que una correcta aplicación de la norma “procesal” (sic) debería valorar cuál de los escenarios se encuentra el derecho de la víctima y dar prioridad a la restauración de cosas si aun fuera posible, porque la propia norma indica que el pago del respectivo valor opera en defecto de la primera consecuencia. Esa correcta interpretación permite aclarar en cuál de los escenarios se hace necesaria la interposición de la acción civil resarcitoria y en cuál no. Considera que, como consecuencia directa de la correcta aplicación de la norma, se evidencia que el Ministerio Público sí está legitimado para requerir la restitución de las cosas, pese a que no recaiga sobre sí el carácter de víctima o que promueva una acción civil resarcitoria. Reitera que el fallo adolece del vicio de errónea aplicación de una norma legal sustantiva, al aplicar erróneamente el artículo 103 inciso 1) del Código Penal, al exigir al Ministerio Público ser representante legal de la víctima para promover una acción civil resarcitoria. Como agravio, explica se negó el acceso a la justicia al Ministerio Público, no se conocieron los motivos pese a que se formuló en forma y tiempo, no se resolvieron al declararse inadmisible, exigiendo requisitos que la propia ley no le requiere, para la aplicación del instituto jurídico establecido en el numeral 103 inciso 1) del Código Penal. Solicita se anule la sentencia impugnada y se ordene resolver el recurso de apelación formulado por el Ministerio Público. Como segundo alegato, refiere la errónea aplicación de un precepto legal procesal, en específico, los artículos 140 en relación con 289 ambos del Código Procesal Penal. Argumenta el impugnante que en el considerando primero, la jueza Carranza Cambronero, dijo no compartir el criterio del juez Fernández Mora, al considerar que la restitución de las cosas no forma parte del instituto de la acción civil resarcitoria, pero de igual forma declaró inadmisible el recurso planteado por la Fiscalía al estimar que no representa a la víctima. Estima el recurrente que de esa forma se aplicó de forma errónea el numeral 140 del Código Procesal Penal de conformidad con el numeral 289 ibídem, en el cual se dispuso por parte del legislador dos deberes del Ministerio Público, el primero, consiste en hacer cesar las consecuencias que pueda tener todo delito y el segundo, iniciar la investigación que corresponda. Afirma que el ordenamiento jurídico dotó de dos grandes fines al proceso penal, la restitución de los derechos de las víctimas y el resolver sobre las posibles responsabilidades penales que correspondan, concediendo a las partes institutos legales para perseguir esos fines, cita como ejemplo las medidas cautelares personales, las atípicas y la facultad especial del juez de restituir las cosas al estado anterior. Añade que el legislador le exigió al Ministerio Público procurar el cese de cualquier consecuencia que pueda generar el delito, y los fiscales sí están legitimados para requerir la restitución de las cosas, no le corresponde únicamente perseguir el juzgamiento del imputado, sino que debe promover todas las acciones legales que sean necesarias para que los derechos de las víctimas sean restablecidos. Agrega que no importa si el Ministerio Público es representante de la víctima porque en ninguna norma se le exime de la obligación de hacer cesar los efectos de los delitos, lo que le abre la puerta a formular todos los requerimientos necesarios, dándole así la legitimación que el Tribunal de Apelación de Sentencia le negó. Como agravio, señala se le negó al Ministerio Público una pretensión válidamente formulada, tolerando que un delito continúe generando consecuencias que podrían llegar a ser irreversibles y le impide al ente acusador promover y cumplir con el deber legal que impone el artículo 289 del Código Procesal Penal. Solicita se anule la sentencia se ordene al Tribunal de Apelación resolver el recurso de apelación planteado por el Ministerio Público. En la tercera queja admitida, reclama la inobservancia de un precepto legal sustantivo, artículo 103 inciso 1) del Código Penal. Explica el recurrente que al resolverse el segundo motivo de apelación de sentencia formulado por la Procuraduría General de la República, en el considerando IV, por mayoría el Tribunal de Apelación inobservó la aplicación del instituto de restauración de las cosas al disponer la remisión y responsabilidad del Poder Ejecutivo de corregir la situación jurídica ilegal provocada por el delito -cita dos extractos de la resolución del Tribunal-. De seguido señala que los juzgadores optaron por no aplicar el instituto legal definido en el artículo 103 inciso 1) del Código Penal, que está diseñado para restaurar judicialmente los derechos de las víctimas que hayan sido afectadas por algún delito, para lo cual se esforzaron en brindar argumentos que versan sobre la acción civil resarcitoria y la carga laboral del Poder Judicial, y a pesar de que tenían la posibilidad jurídica de aplicar la restitución de las cosas a favor de la víctima no lo hicieron y entregaron esa responsabilidad al Poder Ejecutivo. El juez Fernández Mora dio por acreditado que en el sitio hubo un bosque y que el mismo fue afectado, reconociendo que la prueba técnica aportada así lo demuestra. Por lo anterior, estima el impugnante, los juzgadores se encontraban obligados a resolver sobre las consecuencias actuales y futuras de esa conducta, según lo previsto por el artículo 103 inciso 1) del Código Penal, a pesar de ello, decidieron remitir la decisión final sobre el futuro del bosque afectado para que sea el MINAE quien lo defina, con lo cual inaplicaron la norma, contraviniendo el artículo 11 de la Constitución Política que dispone la prohibición de los Supremos Poderes de ceder sus funciones. Señala que el ordenamiento jurídico no dispone de alguna norma que permita realizar esa cesión de competencias, por lo que el Tribunal de Apelación debía aplicar el numeral citado y resolver el futuro del bosque que se encuentra afectado por la conducta acusada.  Como agravio expone, se le negó al Ministerio Público y a la víctima contar con una tutela judicial efectiva, al remitir a otra instancia, imponiendo a la víctima la obligación de soportar que sus derechos continúen siendo lesionados y las consecuencias de un delito se mantengan en el tiempo. Pide se anule la sentencia y se ordene al Tribunal resolver el recurso de apelación de sentencia.
  IV. Por existir conexidad en la solución de los reproches invocados por el representante fiscal, se resuelven de manera conjunta y se declaran sin lugar. El punto medular en la primera y segunda queja del Ministerio Público, se fundamenta en que se le declaró la inadmisibilidad de su recurso de apelación, en razón que se consideró que no se encontraba legitimado para impugnar sobre el extremo de la restitución de las cosas a su estado original, para lo que uno de los jueces sustentó su resolución en la circunstancia que carecía de legitimación subjetiva para recurrir aspectos civiles del hecho punible, en razón que el actor civil del Estado es la Procuraduría General de la República, pues fue quien interpuso la acción civil resarcitoria; mientras que la cojueza que igualmente falló a favor de esta inadmisibilidad, lo hizo con base en el argumento de que si bien la restitución de la cosa u objeto, es un derecho de la víctima como tal y por ende, no requiere de la interposición de una acción civil resarcitoria para exigirla, lo cierto es, que en el caso concreto, tal representación la ostentaba de forma exclusiva la Procuraduría General de la República. En este caso, lleva razón el órgano acusador, respecto a que no se requiere de la interposición de una acción civil resarcitoria a fin de requerir la restitución del bien a su estado original, pues tal posibilidad jurídica es un derecho de la parte ofendida, tal y cual ha sido admitido por esta Cámara en la resolución N° 2019-1622, de las 14:40 horas, del trece de diciembre del dos mil diecinueve (13/12/2019), en la que se indicó: “(…) La restitución es entendida como la acción de “volver algo a quien lo tenía antes, así como restablecer o poner algo en el estado que tenía antes” (Diccionario de la Real Academia Española, vigésimo tercera edición, octubre de 2014). La anterior definición contiene las dos acepciones que la restitución tiene también en el plano jurídico, en tanto en su sentido amplio implica la “restitutio in tegrum”, es decir, la restitución al estado original, volver las cosas a las condiciones que tenían de previo a que se efectuara el ilícito; mientras que en sentido estricto se entiende como devolver a su legítimo poseedor o dueño la cosa de la que fue privado ilegítimamente con ocasión del delito. (Abdelnour Granados, Rosa. La responsabilidad Civil Derivada del Hecho Punible, Editorial Juricentro,1984. P. 261). En nuestro ordenamiento jurídico, tanto la legislación penal, como la procesal penal vigente, establecen que la restitución es la consecuencia civil preferente del delito. Propiamente en el numeral 103 del Código Penal se señala: “Todo hecho punible tiene como consecuencia la reparación civil, que será determinada en sentencia condenatoria; ésta ordenará: 1) La restitución de las cosas o en su defecto el pago del respectivo valor; 2) La reparación de todo daño; y la indemnización de los perjuicios causados tanto al ofendido como a terceros; y 3) El comiso.”. La restitución dispuesta en el inciso 1) de la norma transcrita hace referencia a la cosa misma que ha sido el objeto material del delito, sobre la cual la víctima conserva los derechos que tenía antes de que se ejecutara el hecho, por tal razón, mientras que la cosa no haya desaparecido, la obligación de restituirla persiste. Por su parte, la indemnización y la reparación dispuestas en el inciso 2) se refieren a la responsabilidad civil surgida a raíz del hecho punible, por los perjuicios y daños ocasionados a la víctima. De lo expuesto se concluye que los institutos indicados son claramente diferenciables y que deben tener un abordaje por separado, pese a que todos son consecuencias civiles del hecho punible. Lo anterior se verifica en las disposiciones contenidas en el artículo 361 Código Procesal Penal, que señala: “Normas para la deliberación y votación El tribunal apreciará las pruebas producidas durante el juicio, de un modo integral y con estricta aplicación de las reglas de la sana crítica. Los jueces deliberarán y votarán respecto de las cuestiones, y seguirán en lo posible el siguiente orden: a) Las relativas a su competencia, a la procedencia de la acción penal y toda otra cuestión incidental que se haya diferido para este momento. b) Las relativas a la existencia del hecho, su calificación legal y la culpabilidad. c) La individualización de la pena aplicable.  d) La restitución y las costas. e) Cuando corresponda, lo relativo a la reparación de los daños y perjuicios. Las decisiones se adoptarán por mayoría. Si esta no se produce en relación con los montos de la pena y la reparación civil, se aplicará el término medio.” (Negrita suplida). De este último precepto se deduce además que el pronunciamiento sobre la restitución de las cosas al estado anterior debe realizarse de manera oficiosa por el Juzgador, a diferencia de los aspectos relativos a los daños y perjuicios, sobre los que se podrá pronunciar “cuando corresponda”, es decir, cuando se haya ejercido la acción civil resarcitoria, pues sobre esta rige el principio dispositivo propio del derecho privado, en el que solo puede actuarse a instancia de parte (…)” (Integraron las y los Magistrados Ramírez, Zúñiga, Cortés, Desanti y Robleto). Empero, aún anulando esa errónea interpretación que realizó el Tribunal de Sentencia Penal de Cartago, lo cierto es, que queda vigente el otro argumento por el que el recurso fue declarado inadmisible, que hace referencia a la falta de legitimación del Ministerio Público en este tipo de supuestos y, es que en el caso concreto, como bien lo indicó el Tribunal de Segunda Instancia, a quien le corresponde defender los intereses civiles de la víctima (el Estado) es a su representante legal, que para efectos de la causa bajo examen, la misma recae sobre la Procuraduría General de la República, la cual sería la legitimada, en el tanto se haya efectivamente apersonado. Tal y como se infiere del numeral primero de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (N° 3848), que dispone: “La Procuraduría General de la República, adscrita a la Presidencia de la República, tiene la representación legal del Estado en lo que concierne a los intereses y a las materias que la presente ley determina (…)” en concordancia con la disposición 16 del Código Procesal Penal, que estipula: “La acción penal será pública o privada. Cuando sea pública, su ejercicio corresponderá al Ministerio Público, sin perjuicio de la participación que este Código concede a la víctima o a los ciudadanos. En los delitos contra la seguridad de la Nación, la tranquilidad pública,  los poderes públicos, el orden constitucional, el ambiente, la zona marítimo-terrestre,  la hacienda pública, los deberes de la función pública, los ilícitos tributarios y los  contenidos en la Ley de aduanas, Nº 7557, de 20 de octubre de 1995; la Ley orgánica del Banco  Central de Costa Rica, Nº 7558, de 3 de noviembre de 1995 y la Ley contra el enriquecimiento  ilícito de los servidores públicos, Nº `6872, de 17 de junio de 1983, la Procuraduría General de la  República también podrá ejercer directamente esa acción, sin subordinarse a las actuaciones y decisiones  del Ministerio Público. En los asuntos iniciados por acción de la Procuraduría, esta se tendrá como parte y podrá ejercer los mismos recursos que el presente Código le concede al Ministerio Público” (lo resaltado no corresponde al original); el titular de la acción pública penal y las consecuencias civiles que se derivan de esta, en delitos ambientales, es dicha institución, siempre y cuando se haya integrado en la litis como representante del Estado y ejerza los derechos y potestades que tal facultad le concede, puesto que, si la misma no se apersona como parte al expediente, tal representación le corresponderá asumirla a la Fiscalía, por estar involucrados intereses difusos, cuyo daño afecta la colectividad. En el expediente que nos ocupa, de una revisión somera de la sentencia de primera instancia (cfr. folios 1 al 21, del expediente físico) se visualiza que en el mismo, estuvo apersonado el Licenciado Manrique Ruíz Leal, Procurador Adjunto Ambiental, de la Procuraduría General de la República, el cual fue el que representó al Estado en el contradictorio, ejerció la respectiva querella y acción civil incoada en su oportunidad por esta institución, e incluso, es la persona que efectivamente ha presentado los recursos de apelación y casación en esta causa. Por lo anterior, es que es dicho ente el único legitimado para recurrir sobre los extremos civiles que derivan de la presente investigación y no el representante fiscal, quien en estos aspectos, por estar apersonada por mandato legal la Procuraduría General de la República, carece de legitimación. En cuanto al tercer motivo interpuesto por la Fiscalía, corre este alegato la misma suerte que los anteriores, puesto que es evidente la falta de legitimación del Ministerio Público, dado que el reproche va dirigido contra los argumentos dados por el Tribunal de Alzada a efectos de rechazar el segundo motivo del recurso de apelación presentado por la Procuraduría General de la República. Es por ello, que el acusador no se encuentra legitimado para impugnar este punto y mucho menos ostenta interés procesal alguno, en el tanto en el recurso de apelación que presentó en su oportunidad no impugnó tal tópico. Lo que se evidencia aún más, si se toma en cuenta que la propia Procuraduría no impugnó en casación el rechazo de su segundo motivo de apelación, con lo que se mostró conforme con lo resuelto. Es decir, si el propio interviniente afectado no tuvo interés en recurrir tal extremo, mucho menos lo tiene un tercero. En este sentido, esta Sala ha indicado: “(…) Según la propuesta de la gestionante, un motivo esbozado en el recurso de apelación puede hacerse extensivo en la etapa de casación con respecto a otra parte que no acudió a reclamar ese extremo ante el ad quem. Esta interpretación resulta errónea e inadmisible. La nueva estructura impugnaticia del Código Procesal Penal constituye un sistema, en el que cada etapa tiene una razón de ser: en apelación se efectúa una revisión integral, amplia y flexible de todos los aspectos de la sentencia cuestionada, mientras que en casación se ejecuta un estricto control de legalidad de lo resuelto por los tribunales de apelación. Como ya ha señalado esta Cámara, la materia recursiva constituye una actividad del todo voluntaria de las partes intervinientes en la litis, a tal punto que los mismos pueden ser válidamente desistidos por quien los formuló (artículo 445 del Código Procesal Penal). Lo anterior adquiere una connotación muy especial en esta sede, donde la competencia del contralor de casación -por tratarse de un recurso extraordinario- viene fijada y limitada por los agravios deducidos en la queja, de donde no es factible que esta Sala se pronuncie en relación a supuestos vicios si la parte no los objetó oportunamente, pues en ese caso el fallo ya adquirió firmeza respecto de los aspectos no impugnados por los interesados(…)” (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución N° 822-2016, de las 10:12 horas, del cinco de agosto del mil dieciséis (05/08/2016), en la que intervinieron los y las Magistradas: Ramírez, Arroyo, Gamboa, Arias y Chinchilla). Así las cosas, se procede a declarar sin lugar los tres reproches del recurso de casación formulado por el representante Fiscal.
Por Tanto:
 Por mayoría, se declara sin lugar el recurso de casación formulado por el licenciado José Alejandro Alpízar Arrones, en su calidad de Fiscal Auxiliar, de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental; la Magistrada Zúñiga Morales salva el voto. Por unanimidad, se declara con lugar el único motivo admitido al licenciado Manrique Ruíz Leal, en su condición de Procurador Adjunto de la Procuraduría General de la República. En consecuencia, se revoca el fallo del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago N° 2020-627, de las 11:24 horas, del 23 de octubre de 2020; únicamente en relación a lo resuelto respecto al primer motivo de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la Republica, por lo que se remite de inmediato el expediente a dicha instancia, a fin de que ese Tribunal, bajo una integración diferente, resuelva dicho alegato. En lo demás, la resolución se mantiene incólume. Notifíquese.
 
 
Patricia Solano C. Patricia Solano C. Patricia Solano C.

 
 
Jesús Alberto Ramírez Q.
	
 
	 
 
Gerardo Rubén Alfaro V.

 
 
Sandra Eugenia Zúñiga M.
	
 
	 
 
Rafael Segura B.
Magistrado Suplente.
 
 
VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA ZÚÑIGA MORALES
Único . Con el debido respeto, discrepo del criterio expresado por la mayoría de esta Cámara en cuanto declaró sin lugar el recurso de casación interpuesto por la representación del Ministerio Público. Estimo, que lo procedente es que se declaren con lugar los tres motivos de dicho recurso (los cuales son conexos) y, en consecuencia, se ordene un reenvío ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal para que, con una distinta integración, proceda a conocer el recurso de apelación formulado por el ente fiscal. Lo anterior, por haberse aplicado erróneamente el numeral 103 inciso 1) del Código Penal. El punto medular de los tres motivos del recurso de casación interpuestos por el Fiscal José Alejandro Alpízar Arrones, tiene relación directa con la declaratoria de inadmisibilidad de su recurso de apelación (por voto de mayoría), en razón que se consideró que no se encontraba legitimado para impugnar sobre el extremo de la restitución de las cosas a su estado original. El juez de apelación Fernández Mora sustentó su resolución en la circunstancia que carecía de legitimación subjetiva para recurrir aspectos civiles del hecho punible, en razón que el actor civil del Estado es la Procuraduría General de la República, pues fue quien interpuso la acción civil resarcitoria; mientras que la cojueza Carranza Cambronero -que igualmente optó por declarar la inadmisibilidad-, lo hizo con base en el argumento de que la restitución de la cosa u objeto, es un derecho de la víctima como tal, por lo que no requiere de la interposición de una acción civil resarcitoria para peticionarlo, estimando que, en el caso concreto, tal representación la ostentaba de forma exclusiva la Procuraduría General de la República, careciendo, en consecuencia, la Fiscalía, de legitimación. Lo primero que se debe señalar en cuanto a esta materia, es que la restitución implica “poner algo” en el estado que tenía con anterioridad. Se coincide con el voto de mayoría de los integrantes de esta Sala en cuanto señala: “…lleva razón el órgano acusador, respecto a que no se requiere de la interposición de una acción civil resarcitoria a fin de requerir la restitución del bien a su estado original, pues tal posibilidad jurídica es un derecho de la parte ofendida…”. Sobre el particular, la Sala Tercera, en otras oportunidades ha indicado: “…la restitución del objeto como consecuencia civil del delito no es una indemnización o una forma de reparación civil, como erróneamente lo apreciaron los jueces de alzada, sino una consecuencia necesaria derivada de la finalidad última que persigue el proceso penal, que en lo posible intenta restablecer las cosas a su estado original, antes de la comisión del delito. Claramente el artículo 103 del Código Penal -que regula de forma específica las consecuencias civiles del hecho punible- estipula: “Todo hecho punible tiene como consecuencia la reparación civil, que será determinada en sentencia condenatoria; ésta ordenará: a) la restitución de las cosas o en su defecto el pago del respectivo valor; b) la reparación de todo daño; y la indemnización de los perjuicios causados tanto al ofendido como a terceros; 3) el comiso”. Este precepto legal debe ser analizado a la luz de los principios generales que rigen el proceso penal, conforme con una interpretación sistemática. Así, se establece en el ordinal 7 del Código Procesal Penal: “Los tribunales deberán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho, de conformidad con los principios contenidos en las leyes, en procura de contribuir a restaurar la armonía social entre las partes y, en especial, el restablecimiento de los derechos de la víctima”. De modo que a la luz de dicha normativa, la exigencia que los jueces de alzada contemplan en relación con la necesaria petición expresa de restitución mediante una acción civil no resulta atendible, toda vez que la restitución del bien deviene de un principio general establecido en la ley penal, que es el derecho de toda víctima del delito de ser restituido, en la medida de lo posible, de ese bien que le fue despojado con ocasión de un ilícito en su contra…” ( ) “…No obstante, ello no implica que dicha restitución siempre y en todo caso requiera de la interposición de la acción civil resarcitoria, porque ya el artículo 103 del Código Penal, esclarece que la restitución del bien, es una consecuencia necesaria, para restaurar los derechos de la víctima. Es decir, la normativa no es excluyente…” (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia N° 2019-00280, de las 15:45 horas, del ocho de marzo del dos mil diecinueve (08/03/2019). Integración: Ramírez, Solano, Zúñiga, Alfaro y Desanti) . En similar sentido se ha dicho: “… En nuestro ordenamiento jurídico, tanto la legislación penal, como la procesal penal vigente, establecen que la restitución es la consecuencia civil preferente del delito. Propiamente en el numeral 103 del Código Penal se señala: “Todo hecho punible tiene como consecuencia la reparación civil, que será determinada en sentencia condenatoria; ésta ordenará: 1) La restitución de las cosas o en su defecto el pago del respectivo valor; 2) La reparación de todo daño; y la indemnización de los perjuicios causados tanto al ofendido como a terceros; y 3) El comiso.”. La restitución dispuesta en el inciso 1) de la norma transcrita hace referencia a la cosa misma que ha sido el objeto material del delito, sobre la cual la víctima conserva los derechos que tenía antes de que se ejecutara el hecho, por tal razón, mientras que la cosa no haya desaparecido, la obligación de restituirla persiste. Por su parte, la indemnización y la reparación dispuestas en el inciso 2) se refieren a la responsabilidad civil surgida a raíz del hecho punible, por los perjuicios y daños ocasionados a la víctima. De lo expuesto se concluye que los institutos indicados son claramente diferenciables y que deben tener un abordaje por separado, pese a que todos son consecuencias civiles del hecho punible. Lo anterior se verifica en las disposiciones contenidas en el artículo 361 Código Procesal Penal, que señala: “Normas para la deliberación y votación El tribunal apreciará las pruebas producidas durante el juicio, de un modo integral y con estricta aplicación de las reglas de la sana crítica. Los jueces deliberarán y votarán respecto de las cuestiones, y seguirán en lo posible el siguiente orden: a) Las relativas a su competencia, a la procedencia de la acción penal y toda otra cuestión incidental que se haya diferido para este momento. b) Las relativas a la existencia del hecho, su calificación legal y la culpabilidad. c) La individualización de la pena aplicable. d) La restitución y las costas. e) Cuando corresponda, lo relativo a la reparación de los daños y perjuicios. Las decisiones se adoptarán por mayoría. Si esta no se produce en relación con los montos de la pena y la reparación civil, se aplicará el término medio.” (Negrita suplida). De este último precepto se deduce además que el pronunciamiento sobre la restitución de las cosas al estado anterior debe realizarse de manera oficiosa por el Juzgador, a diferencia de los aspectos relativos a los daños y perjuicios, sobre los que se podrá pronunciar “cuando corresponda”, es decir, cuando se haya ejercido la acción civil resarcitoria, pues sobre esta rige el principio dispositivo propio del derecho privado, en el que solo puede actuarse a instancia de parte…” (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia N° 2019-01622, de las 14:40 horas, del trece de diciembre del dos mil diecinueve (13/12/2019). Integración: Ramírez, Zúñiga, Cortés, Desanti y Robleto). De lo anterior se colige, que la restitución de las cosas a su status ex ante (anterior al delito), es una consecuencia civil derivada del hecho punible que procura retrotraer los efectos de la declaratoria judicial y deshacer las consecuencias de la ilicitud. Sin embargo, la misma no depende de que la víctima haya ejercido la acción civil resarcitoria y, por ende, de que en el proceso penal se haya constituido como parte actora civil. En el caso sub examine, se tiene que, aunque la Procuraduría General de la República se apersonó en representación del Estado (planteó la querella y la acción civil resarcitoria), no existía impedimento para que el Ministerio Público defendiese los intereses de la víctima en lo que atañe a la restitución. Estimo que no lleva razón el voto mayoritario del Tribunal de Apelación en cuanto se negó a conocer el recurso de apelación interpuesto en tiempo y forma por el representante del Ministerio Público, argumentando, para dichos efectos, su falta de legitimación. Nótese que, en la especie, si bien el representante fiscal solicitó la absolutoria penal del imputado Vargas Fallas (en aplicación del principio in dubio pro reo ), lo cierto es que igualmente requirió a la juzgadora la restitución de las cosas a su estado natural, en aplicación del ordinal 50 de la Constitución Política (folio 19 vuelto del legajo tramitado ante esta Sala) puesto que aunque no se comprobó la responsabilidad penal del encartado, si se acreditó el daño ambiental de las fincas de las que era poseedor; siendo que, la juzgadora del Tribunal de Juicio, resolvió rechazar esta gestión, cuando lo cierto es que el Ministerio Público tenía derecho a apelar sobre este extremo. Por las razones apuntadas, con todo respeto me aparto del criterio sostenido en el voto mayoritario. En consecuencia, considero que lo procedente es declarar con lugar los tres motivos del recurso de casación interpuesto por el representante fiscal, ordenando un reenvío ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal para que, con una distinta integración, conozca el recurso de apelación formulado por el Fiscal del Ministerio Público.
 
 
Sandra Eugenia Zúñiga M.
 
 
Roleon
Int: 0241-3/7-3-21


Observaciones de SALA DE CASACIÓN PENAL

Voto salvado Mag. Zúñiga Morales

Clasificación elaborada por SALA DE CASACIÓN PENALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 18-02-2026 17:02:03.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Grande
Normal
Pequeña
Third Chamber of the Court

Resolution No. 00437 - 2022

Date of Resolution: April 22, 2022 at 16:46

Case file: 16-000237-0567-PE

Drafted by: Rafael Segura Bonilla

Type of matter: Appeal in cassation

Analyzed by: CRIMINAL CASSATION CHAMBER



Judgment with Dissenting Vote

Related Judgments

Judgment with protected data, in accordance with current regulations


Content of Interest:

Type of content: Majority vote

Branch of Law: Civil Liability

Topic: Strict liability

Subtopics:

Requires express legal provision; otherwise, subjective liability applies.

"II.[...] From the referenced regulations, as well as from the principles governing environmental matters, it is derived – in principle – that the liability governing environmental law is of a strict (objetivo) nature, hence the need to study this aspect, of which it is worth emphasizing that in this type of liability, it is unnecessary to prove the fault of the agent (lack of duty of care, which was formerly understood as imprudence, negligence, and lack of skill), rather, it is sufficient for its configuration that by action or omission, harm is caused (causal link). On this matter, it is relevant to set forth what was established by the First Chamber of the Supreme Court of Justice, in ruling No. 607-F-02, at 16:15 hours, on August seventh, two thousand two (08/07/2002), in which the following was stated: “(…) Summarizing, the compensation for damages is regulated, in Costa Rican law, by a general rule, that of liability based on fault, but it also admits strict liability (responsabilidad objetiva) in cases where the legislation expressly authorizes it and following the parameters it establishes (…)”. From the prior jurisprudential excerpt, it can be concluded that strict liability is admissible, provided that the legislation expressly foresees it; otherwise, the applicable rule is subjective liability. It is worth noting that although in this type of liability, the requirement of fault is dispensed with, so that the obligation to indemnify or repair the harm arises, there must exist some factor attributing strict liability between the action or omission and the causation of the harm. We see, then, that there are three conditions for its application: 1. The factor imputing the conduct. 2. The existence of harm, and 3. The causal relationship between the two. The author Federico Torrealba Navas, in his book “Civil Liability” (2011) analyzes the following factors attributing strict liability: a) The created risk; b) The guarantee to the victim; c) The breach of obligations of result; d) The breach of the obligation of safety; e) The breach of the obligation to inform; f) Equality before public burdens; g) Liability for the fact of things; h) The building guarantees: the defects in the thing; i) Abnormal neighborhood disturbances; and j) The exercise of the rights of revocation and unilateral termination."

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Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments
Content of Interest:

Type of content: Majority vote

Branch of Law: Civil Liability

Topic: Environmental damage

Subtopics:

Strict nature of liability and reversal of the burden of proof.

"II.[...] Thus, it is emphasized that from a harmonious analysis of the referenced environmental regulations (national and international) as well as the doctrine and jurisprudence cited, our legislators have opted to implement in environmental matters the principle of “the polluter pays” independently of the existence of a subjective link; consequently, we are facing a paradigm shift, since liability has traditionally been founded on the theory of fault (Art. 1045 of the Civil Code), while strict liability has been seen as indispensable in this branch of law, which presupposes an advantage in favor of the injured party, as there is a reversal of the burden of proof (inversión de la carga de la prueba), given that the injured party is exonerated from proving the fault or intent of the causer of the harm, and the latter will only be exonerated from liability if they prove the existence of force majeure, fault of the victim, and the act of a third party; unlike cases of subjective liability; which constitutes a benefit for the environment, insofar as it seeks to ensure that, in the shortest possible time, it can be restored and returned to its original state. In the specific case, it is clear that the Criminal Sentencing Appeals Tribunal of Cartago, when hearing and declaring without merit the first ground of the appeal filed at the time by the Procuraduría General de la República, erroneously applied the aforementioned environmental regulations, insofar as they derive from it that it is governed by the principle of subjective liability, in which the fault or intent of the person causing the environmental damage must be proven for the civil action for damages filed against them to succeed, ..."

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Content of Interest:

Strategic Themes: Environmental

Type of content: Majority vote

Branch of Law: Civil Liability

Topic: Environmental damage

Subtopics:

The PGR is the entity legitimized to claim restitution for damage.

"III.[...] In this case, the prosecuting body is correct in stating that it is not necessary to file a civil action for damages in order to require the restitution of the property to its original state, since such legal possibility is a right of the offended party, as has been admitted by this Chamber in resolution No. 2019-1622, at 14:40 hours, on December thirteenth, two thousand nineteen (12/13/2019), in which it was stated: “(…) Restitution (Restitución) is understood as the action of ‘returning something to the one who had it before, as well as restoring or putting something in the state it had before’ (Dictionary of the Royal Spanish Academy, twenty-third edition, October 2014). The above definition contains the two meanings that restitution also has in the legal field, as in its broad sense it implies ‘restitutio in integrum’, meaning restoration to the original state, returning things to the conditions they had prior to the commission of the illicit act; while in the strict sense it is understood as returning to its legitimate possessor or owner the thing of which they were illegitimately deprived on the occasion of the crime. (Abdelnour Granados, Rosa. La responsabilidad Civil Derivada del Hecho Punible, Editorial Juricentro, 1984. P. 261). In our legal system, both the criminal legislation and the current criminal procedural law establish that restitution is the preferred civil consequence of the crime. Specifically, in numeral 103 of the Criminal Code, it is indicated: ‘Every punishable act has as a consequence civil reparation, which shall be determined in a condemnatory sentence; it shall order: 1) The restitution of things or, failing that, the payment of their respective value; 2) The reparation of all damage; and the indemnity for the losses caused both to the offended party and to third parties; and 3) Confiscation.’ The restitution provided for in subsection 1) of the transcribed norm refers to the thing itself that has been the material object of the crime, over which the victim retains the rights they had before the act was executed, for this reason, as long as the thing has not disappeared, the obligation to restore it persists. For its part, the indemnity and reparation provided for in subsection 2) refer to the civil liability arising from the punishable act, for the losses and damages caused to the victim. From the foregoing, it is concluded that the indicated institutes are clearly differentiable and must be addressed separately, despite all being civil consequences of the punishable act. The foregoing is verified in the provisions contained in article 361 of the Code of Criminal Procedure, which states: ‘Rules for deliberation and voting The court shall assess the evidence produced during the trial, in an integral manner and with strict application of the rules of sound criticism. The judges shall deliberate and vote on the issues, and shall follow, as far as possible, the following order: a) Those relating to its jurisdiction, the admissibility of the criminal action, and any other incidental matter that has been deferred to this moment. b) Those relating to the existence of the fact, its legal classification, and culpability. c) The individualization of the applicable penalty. d) Restitution and costs. e) When appropriate, that relating to the reparation of damages and losses. Decisions shall be adopted by majority. If this is not achieved regarding the amounts of the penalty and civil reparation, the medium term shall be applied.’ (Bold supplied). From this last precept, it is deduced, moreover, that the pronouncement on the restitution of things to their prior state must be made ex officio by the Judge, unlike the aspects relating to damages and losses, on which a pronouncement may be made ‘when appropriate’, meaning, when the civil action for damages has been exercised, since the principle of free disposition inherent to private law governs this, under which action can only be taken at the request of a party (…)” (Magistrates Ramírez, Zúñiga, Cortés, Desanti, and Robleto were part of the panel). However, even nullifying that erroneous interpretation made by the Criminal Sentencing Tribunal of Cartago, the truth is that the other argument for which the appeal was declared inadmissible remains valid, which refers to the lack of standing of the Ministerio Público in this type of case, and it is that in the specific case, as correctly indicated by the Second Instance Tribunal, the one responsible for defending the civil interests of the victim (the State) is its legal representative, which for the purposes of the case under review, falls upon the Procuraduría General de la República, which would be the legitimized party, insofar as it has effectively appeared. As inferred from the first numeral of the Organic Law of the Procuraduría General de la República (No. 3848), which provides: ‘The Procuraduría General de la República, attached to the Presidency of the Republic, has the legal representation of the State in matters concerning the interests and subjects determined by this law (…)' in concordance with provision 16 of the Code of Criminal Procedure, which stipulates: ‘The criminal action shall be public or private. When it is public, its exercise shall correspond to the Ministerio Público, without prejudice to the participation that this Code grants to the victim or to citizens. In crimes against the security of the Nation, public tranquility, the public powers, the constitutional order, the environment, the zona marítimo-terrestre, the public treasury, the duties of public office, tax illicit acts, and those contained in the Customs Law, No. 7557, of October 20, 1995; the Organic Law of the Central Bank of Costa Rica, No. 7558, of November 3, 1995 and the Law against illicit enrichment of public servants, No. 6872, of June 17, 1983, the Procuraduría General de la República may also directly exercise that action, without subordinating itself to the actions and decisions of the Ministerio Público. In matters initiated by action of the Procuraduría, it shall be considered a party and may exercise the same remedies that this Code grants to the Ministerio Público’ (the highlighting does not correspond to the original); the holder of the public criminal action and the civil consequences derived from it, in environmental crimes, is said institution, provided it has joined the litis as representative of the State and exercises the rights and powers that such faculty grants it, since, if it does not appear as a party to the case file, such representation shall be assumed by the Fiscalía, given that diffuse interests are involved, whose damage affects the community."

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Text of the resolution
*160002370567PE*
Exp: 16-000237-0567-PE
Res: 2022-00437
CRIMINAL CASSATION CHAMBER. San José, at sixteen hours forty-six minutes on April twenty-second, two thousand twenty-two.
 Appeal in Cassation filed in the present case against Asdrúbal Vargas Fallas, Costa Rican, identification card 1-0383-0765, born on April eighth, nineteen hundred fifty (04/08/1950), son of [Name 001] and [Name 002]; for the crimes of land-use change (cambio de uso de suelo), invasion of a protected area (invasión en área de protección), and opening of a trail (trocha) in a forest, committed to the detriment of natural resources. Magistrates Patricia Solano Castro, Jesús Alberto Ramírez Quirós, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Sandra Eugenia Zúñiga Morales, and Rafael Segura Bonilla, the latter as a substitute, participate in the decision of the appeal. Additionally, at this instance, attorney Allan Coto Gómez, as the defendant's counsel. The representative of the Ministerio Público, attorney José Alejandro Alpízar Arrones, and as representative of the Procuraduría General de la República, attorney Manrique Ruíz Leal, appeared.
Whereas:
   1.- By judgment No. 2020-627 at eleven hours and twenty-four minutes on October twenty-third, two thousand twenty, the Criminal Sentencing Appeals Tribunal of Cartago, First Section, resolved: "Therefore: 1.- By majority, the appeal filed by the representative of the Ministerio Público is declared inadmissible; on this point, Judge Fallas Redondo dissents. 2.- By majority, the appeal filed by the Procuraduría General de la República is declared without merit and the appealed judgment is confirmed. It is ordered that this judgment be communicated to the Central Pacific Conservation Area, Los Santos Subregion so that it can follow up on the affected area, and in accordance with its legal powers, order, if necessary, the corresponding environmental protective measures to restore the environmental damage caused. Judge Fallas Redondo dissents and Judge Carranza Cambronero makes a notation. CHRISTIAN FERNANDEZ MORA - DECISION-MAKING JUDGE, DAVID FALLAS REDONDO - DECISION-MAKING JUDGE, IVETTE CARRANZA CAMBRONERO - DECISION-MAKING JUDGE" (sic).
   2.- Against the previous ruling, attorney José Alejandro Alpízar Arrones and attorney Manrique Ruíz Leal filed an appeal in cassation.
   3.- Having verified the respective deliberation, the Chamber proceeded to hear the appeals.
   4.- The relevant legal prescriptions have been observed in the proceedings.
   Reporting Magistrate Rafael Segura Bonilla; and,
Considering:
   I. By resolution No. 2021-514, at 16:06 hours, on May thirteenth, two thousand twenty-one (05/13/2021) (see folios 79 to 88 of the main case file), this Chamber ordered that the first ground of the appeal in cassation formulated by attorney Manrique Ruíz Leal, in his capacity as Deputy Procurador of the Procuraduría General de la República (cf. folios 43 to 47 of the physical file), be admitted for consideration on its merits, as well as the first three grounds of the appeal in cassation filed by attorney José Alejandro Alpízar Arrones, in his capacity as assistant prosecutor of the Adjunta Agrario Ambiental Prosecutor's Office (cf. folios 51 to 56 of the physical file); which are directed against ruling No. 2020-627, at 11:24 hours, on October twenty-third, two thousand twenty (10/23/2020), issued by the Criminal Sentencing Appeals Tribunal of Cartago, which by majority declared inadmissible the challenge filed by the Ministerio Público and, without merit, the one filed by the Procuraduría General de la República, thereby confirming judgment No. 366-2020, at 17:00 hours, on July eighth, two thousand twenty (07/08/2020), issued by the Criminal Court of Cartago, which acquitted the accused Asdrúbal Vargas Fallas, criminally and civilly, for the crimes of land-use change, invasion of a protected area, and opening of a trail in a forest, to the detriment of Natural Resources; in addition to rejecting the request of both procedural parties to order the restitution of things to the state they were in prior to the punishable act (see folios 23 to 35 of the physical case file).
   II. Appeal in cassation formulated by Deputy Procurador Manrique Ruíz Leal. In the only admitted ground, he argues the infringement of the substantive norms: 45, 46, and 50 of the Political Constitution; 2, 98, and 101 of the Organic Law of the Environment; 1, 41, 42, and 52 of the Law on Use, Management and Conservation of Soils; 1, 27, 33, 34, 19, and 20 of the Forestry Law and; 10, 337, 338, 339, 342, 343, and 344 of the Civil Code. The appellant reasons that, by majority, the Criminal Sentencing Appeals Tribunal decided to reject the first ground of his appeal, stating that from numerals 98 and 101 of the Organic Law of the Environment and 52 of the Law on Soil Use, a regime of subjective liability is derived, which only occurs when negligent (culposa) or intentional (dolosa) conduct exists or is proven, and not by the simple proof of environmental damage. The complainant considers that the interpretation made by the majority vote of the regulations is not correct, as a regime of strict liability is indeed derived from the legislative spectrum promulgated after the reform of articles 46 and 50 of the Political Constitution, which guarantee a reinforced and dramatic defense of the environment, the traceability of which guides and redefines the other legal institutes; this being the origin of the legislative complement to the environmental liability system, provided in Organic Law of the Environment No. 75542, which establishes in Article 2, subsections d) and e), that whoever pollutes or damages the environment shall be liable and that such damage is multi-offensive due to the negative social, economic, ethical, and cultural effects it produces for present and future generations. He also states that this liability system is defined by said law in Article 98, as a criterion of imputation, the damage or contamination to the environment is produced by action or omission, and numeral 101 ibídem indicates that there is civil liability of the owners of the companies or activities where damages are caused by action or omission. He explains that this form of liability is also regulated in Article 1 of the Law on Soil Use, number 7779, which was created for the purpose of conserving soils through sustainable use of natural resources. The appellant considers that the legislator established as an obligation and right of all persons, whether physical or legal, to monitor and comply with the law and its regulations, in accordance with the provisions of Article 42 ibidem, establishing that whoever deteriorates or contaminates the soil resource, regardless of whether fault or intent exists or the degree of participation, is responsible for compensating, in the corresponding judicial venue, repairing the damages caused to the environment and to third parties, in accordance with the provisions of Article 52 of the Law on Soil Use. He claims that the Appeals Tribunal incurred a major interpretive error in analyzing the aforementioned regulations, as it deduced exactly the opposite of what is provided therein, because it defines a parameter of strict liability for the owners of the companies or activities where environmental damage occurs. He explains that precisely from this regulatory framework derives the civil liability of the defendant Vargas Fallas, who as owner of the properties with forestry and water vocation, through action or omission, allowed these natural resources to be affected as a result of the coffee-growing activity conducted there. He adds that, even though it was not possible to prove the criminal liability of the accused, it was proven that he holds the usufruct (usufructo) of farm 406671-001 and that he is the de facto owner of property 297041-000, and it was proven that on both properties severe environmental damage occurred, in a forest sector on the first farm and in a protection area of a spring (naciente), on the second. He alleges that the ownership of defendant Vargas Fallas of both properties, regardless of whether or not he had intentional participation in the commission of the environmental damages, from the systematic study of the environmental liability regime defined in the Law on Use, Management and Conservation of Soils, the Organic Law of the Environment, and the Biodiversity Law containing in Article 8 the principle of the social function of property, he is strictly liable for the environmental damages that were caused. Regarding the strict nature of the liability, the appellant cites excerpts from the jurisprudence of the First Chamber and the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice. He continues, noting that in this specific case, coffee production in the form and time described in the civil action was proven with certainty, which produced environmental damage, and the owner and defendant Fallas Vargas assumed that risk, for which he must be held liable, according to the cited legislation. He argues that the interests of his represented party were seriously harmed, as the right to be indemnified was denied, even though the environmental damage described in the State's claim was proven. He requests that the cassation ground be granted, the claim be accepted in all its aspects, specifically the indemnity for environmental damage, the payment of costs, and restitution. He explains that reparation must occur through the natural regeneration that was suggested by the officials of the State Forest Administration, to generate the uprooting of the coffee, allowing the natural growth of native species on both properties, an obligation that the civil defendant must assume, under the warning of incurring the crime of disobedience to authority. This objection is granted in the terms described below. Before giving the reasons for granting this ground, it is relevant to the case to review the constitutional and legal environmental regulation that the appellant indicates was erroneously applied by the Appeals Tribunal, as well as the environmental principles derived from the existing international regulations, which are relevant to the study of this case; to subsequently analyze the topics of strict civil liability and environmental liability, at the doctrinal and jurisprudential level, placing special emphasis on what has been established by our Constitutional Chamber. Thus, we will begin with the regulations enshrined in our Political Constitution regarding the protection of the environment. In this sense, Article 45 establishes as an intrinsic principle the inviolability of private property, however, the same numeral makes it clear that we are not dealing with an absolute right, but that limitations can be imposed on it based on a social interest, as occurs with limitations based on the protection of the environment. Constitutional provision 46 states – as is relevant – the right of every consumer and user to the protection of their health, environment, safety, and economic interests; to receive adequate and truthful information; to freedom of choice, and to equitable treatment, as well as the State's duty to regulate this matter by law. Numeral 50 of our Magna Carta establishes that the greatest well-being of all inhabitants of the country shall be sought, as well as that every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment; hence, we all have standing to denounce acts that infringe upon this right and to claim reparation for the damage caused, while the State shall guarantee, defend, and preserve it. We now turn to review the content of articles 2, 98, and 101 of the Organic Law of the Environment. Regarding numeral 2, it establishes the principles inspiring the law, among which subsections d) and e) stand out insofar as it is enshrined that whoever pollutes the environment or causes damage shall be responsible, and that environmental damage is a crime of a social nature, because it affects the very foundations of society's existence. What is established in provision 98 of the same normative body is relevant, as it clarifies that environmental damage and contamination can be caused by either action or omission, by both physical and legal persons. Finally, numeral 101 contemplates the civil and joint and several liability of those responsible (whether physical or legal persons) for the damages and losses caused in violation of this law or those regulating the protection of the environment and biological diversity; as well as the joint and several liability of the owners of the companies or activities where the damages are caused, whether by action or omission. We proceed to analyze articles 1, 41, 42, and 52 of the Law on Use, Management and Conservation of Soils, from which three important aspects are derived: a) The fundamental purpose of this law is to protect, conserve, and improve soils in integrated and sustainable management with other natural resources; b) The obligation of every physical or legal person, public or private, to promote, contribute to, and execute all necessary practices and activities for the management, conservation, and recovery of soils; as well as to monitor and control compliance with legislation on soil matters; and c) The liability to compensate through the appropriate judicial means and to repair the damages caused to the environment and to affected third parties, by whoever contaminates or deteriorates the soil resource, regardless of the existence of fault or intent or the degree of participation; thereby dispensing with the subjective element of liability. From a combined and comprehensive reading of numerals 1, 27, 33, 34, 19, and 20 of the Forestry Law, the following postulates can be extracted: i) It is defined as the essential and priority function of the State to ensure the conservation, protection, and administration of natural forests and the production, use, industrialization, and promotion of the country's forest resources destined for that purpose, in accordance with the principle of adequate and sustainable use of renewable natural resources; prohibiting the cutting or use of forests in national parks, biological reserves, mangroves, protected zones, wildlife refuges, and state-owned forest reserves. ii) It is permitted to cut up to a maximum of three trees per hectare annually on land of agricultural use and without forest, after obtaining authorization from the Regional Environmental Council. If the cutting exceeds ten trees per property, authorization from the State Forest Administration will be required. iii) The specific areas of forest protection and the prohibition of felling trees in said zones are established; and, iv) The prohibition of changing the use of land (cambio de uso de los suelos) on forest-covered land (except for exceptions expressly established in the law). Numerals 337, 338, 339, 342, 343, and 344 of the Civil Code refer to usufruct, its implications, and limitations. Regarding the principles derived from the different international conventions and treaties, there exist at least ninety-five environmental maxims (see the “95 legal-environmental principles for ecologically sustainable development” approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit - 2018, recognized by the Full Court, in session No. 28-2020, on May twenty-fifth, two thousand twenty (05/25/2020), article XIX), of which only those relevant to the matter at hand and serving as a parameter of interpretation will be cited, which are: 1) Principle of correction, preferably at the source: which entails that decisions in environmental matters, adopted in the face of activities or conduct harmful to the environment, must be precisely aimed at restoring the damaged environment and correcting the effects produced or that could be produced (Principles 7 and 22 of the Rio Declaration; Article 16 of the Stockholm Declaration; and Article 32 of the Committee of Experts, General Observation on Convention No. 169 of the International Labor Organization). 2) Principle of liability: the polluter pays, which means that the generator of degrading effects on the environment, current or future, is responsible for the costs of preventive and corrective restoration actions (Principle 22 of the Stockholm Declaration; and Point 2.4 of Directive No. 2004/35/EC of the European Parliament and of the Council on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage).

3) Principle of assumption of the legal effects of pollution, which means that the polluter must assume the consequences established by national and international regulations, including administrative, criminal, and civil sanctions, seeking comprehensive restoration, in addition to any pertinent mitigation, indemnification, or reparation measures (Principle 22 of the Stockholm Declaration; Preamble of the Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes; and, Article 4 of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal). 4) Principle of strict civil liability or risk-based and joint and several liability in environmental matters. This implies that in the event of environmental damage (daños ambientales), there is an obligation to repair even when no fault has existed, and this is because whoever creates risks for their own benefit must also suffer their harmful consequences. Likewise, in this matter the liability of the agent must be presumed because they are objectively held responsible for the damage; it is only required that the damage and the causal link (nexo causal) be indicated by the victim, but proof of the lack of fault and the nonexistence of cause and effect falls upon the defendant (Principle 22 of the Stockholm Declaration; Preamble of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal; and Article 57 of the Buenos Aires Declaration) and, 5) The balance of the environment imposes that whoever pollutes cleans, whoever destroys replaces, and whoever affects environmental rights assumes their transgression, without limitations. Thus, decontamination, replacement, comprehensive reparation, and sanction must be the aspects that all legislation contemplates (Principle 16 of the Rio Declaration; Article 2(b) of the Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic; Article 5 of the Framework Convention for the Protection of the Marine Environment of the Caspian Sea; and Preamble of the International Convention on Cooperation, Preparedness and Combustion of Oil Pollution). From the referenced regulations, as well as from the principles governing environmental matters, it follows – in principle – that the liability governing environmental law is of an objective nature, hence the need to study this axis, of which it is worth emphasizing that, within it, proof of the agent's fault is dispensed with (failure in the duty of care, which was formerly understood as imprudence, negligence, and lack of skill) rather, it suffices for its configuration that their action or omission causes damage (causal link). On this aspect, it is of interest to set forth what was instituted by the First Chamber of the Supreme Court of Justice, in ruling No. 607-F-02, at 16:15 hours, of August seven, two thousand two (07/08/2002), in which they indicated the following: “(…) Recapitulating, the compensation for damages is regulated, in Costa Rican law, by a general rule, that of liability for fault, but it also admits strict liability (responsabilidad objetiva) in cases where legislation expressly authorizes it and following the parameters set forth therein (…)”. From the foregoing jurisprudential excerpt, it can be concluded that strict liability is admissible, provided legislation expressly so provides; otherwise, the rule to be applied is subjective liability. It is worth noting that, although in this type of liability, the requirement of fault is dispensed with in order for the obligation to indemnify or repair the damage to arise, there must exist some factor attributing strict liability between the action or omission and the causation of the damage. We see then that there are three conditions for its application: 1. The factor of imputation of the conduct. 2. The existence of a damage and, 3. The causal relationship between the two. Author Federico Torrealba Navas, in his book “Responsabilidad Civil” (2011), analyzes the following factors attributing strict liability: a) The risk created; b) The guarantee of the victim; c) Breach of obligations of result; d) Breach of the obligation of safety; e) Breach of the obligation of information; f) Equality before public burdens; g) Liability for the fact of things; h) Aedilitian guarantees: defects of the thing; i) Abnormal neighborhood disturbances; and j) The exercise of the rights of revocation and withdrawal. Now then, we must focus on the topic of environmental liability (responsabilidad ambiental) proper, for which we will begin with the term environmental damage (daño ambiental), which is conceptualized as: “any action, omission, behavior, or act performed by a natural or legal, public or private subject, that alters, impairs, disrupts, diminishes, or places in imminent and significant danger, some constitutive element of the concept of environment, thereby breaking the proper and natural equilibrium of the ecosystems” Mario Peña Chacón, Daño Ambiental y Prescripción. Judicial Review N° 109, San José (September 2013): 118. It can be seen then, that legally relevant environmental damage (daño ambiental) arises from conduct, which may be either active or omissive, and may originate from a natural subject as well as from a public or private legal person. For its part, liability for environmental damage can be defined as follows: “the obligation to compensate, indemnify, repair, and recompose the damage caused as a result of an action and/or omission that has impaired, deteriorated, or destroyed, or at least places at relevant and significant risk, one or more of the constitutive elements of the environment, thereby breaking the proper equilibrium of the ecosystems” Mario Peña and Rafael González, El Proceso Ambiental en Costa Rica (San José: ISOLMA S.A., 2015), 110. In relation to the type of liability that operates in this matter, as was advanced in preceding lines, it escapes the typical subjective liability regime of civil law and, on the contrary, strict liability operates, given that the legal system itself has so consolidated it. The foregoing means that it is not necessary to prove the subject's fault, but only the fact that their action or omission caused the damage. Such is the position taken by the First Chamber of the Supreme Court of Justice, as can be observed in the following jurisprudential citation: “(…) Liability derived from damages caused to nature, whether from an agricultural activity or of any other type, has universally always been considered as objective liability. This general principle of law has been amply admitted in the latest reforms to the Constitution where the right to a healthy and ecologically balanced environment was introduced, and the legislator assumed it even before those reforms, reiterating it amply thereafter, to be found throughout the environmental sector of the legal system (…). Naturally this thesis is today claimed as a general principle of law for the protection of the environment, and it is correct to so affirm (…). The basis of this thesis is very simple. It is not the subjective liability provided for in numeral 1045 of the Civil Code, because in such a hypothesis the injured party must prove the causal link (nexo causal) between the action of the harmful agent and the damages suffered. In strict liability, the mere existence of the damage attributes responsibility to the harmful agent for having been the cause of that damage, and therefore they shall indemnify the damages and losses caused by their conduct. This does not derive from an arbitrary act but from pure logic, since whoever, even in a lawful conduct, assumes a risk where danger exists, must answer for whatever damage that danger may cause. There are many examples in this regard. If a person handles gunpowder, or any type of flammable material, whether in a factory, in a commercial activity, or for their own amusement, in the event of a disaster with effects on any neighbor, it is not the injured party who is called upon to prove the causal link (nexo de causalidad) between the conduct exercised and the damage caused; rather, the legal system presumes the culpability of whoever assumed the risk and the danger, and only to exempt them from liability could they prove they were not directly responsible for the damage caused; thus the burden of proof is inverted, and the exemptions, as could analogously be applied to the environmental sphere, would be those provided for in the General Law of Public Administration where the strict liability of the State is also foreseen, these being “force majeure,” “fault of the victim,” or “act of a third party” (article 190) (…)” (Ruling No. 398-F-01, at 16:00 hours, of June six, two thousand one (06/06/2001), the panel of which was composed of Judges and Justices Feoli, Montenegro, Zeledón, Solís, and Rivas). In the same vein, the Constitutional Chamber has opted for the thesis that in environmental law strict liability operates, and in resolution No. 1669-2000, at 14:51 hours, of February eighteen, two thousand (18/02/2000), it established: “Liability for environmental damage (daño ambiental), is thus assimilated to liability for risk, which allows greater coverage to establish liabilities against specific subjects, in order to remedy the damages caused by their industrial or other types of exploitation. This strict liability does not take into consideration the subject's conduct, for what matters is the damage produced and, therefore, the individual will always be liable, independently of whatever their volitional participation in the act may have been. The point lies, more than anything, in the creation of a risk, from which it is inferred that whoever with their activity or inactivity produces damage or places at risk the integrity of the ecology and the environment, must answer for it” (ruling in which Justices Piza, Mora, Solano, Arguedas, Calzada, Vargas, and Batalla concurred). A criterion that has been maintained over time, as is visualized in the following excerpt from a judgment: “(…) the topic of liability for environmental damage (daño ambiental) has been given different treatment, taking into consideration the specific characteristics of the matter at hand. The State, to somehow ensure compensation for the damages caused to the environment, has created a series of norms that regulate matters concerning environmental liability (responsabilidad ambiental), without losing sight, of course, of the necessary balance that must exist between environmental protection and the development of private activities. In Environmental Law a different approach to liability has been taken, such that it has evolved from a fault-based liability system to one of risk-based liability, which means greater coverage, since such liability would arise even when there is no fault on the part of the transgressor, if the activity carried out is deemed risky and, by assuming that risk, with a possible harmful consequence for the environment. This is a new concept of liability, where the objective criterion prevails over the subjective one, since for its emergence, it is irrelevant whether one acted with fault or not; it is enough that the damage was effectively caused, for the consequent liability to immediately arise. On many occasions it is not possible to determine either the guilty party or the infringed legal norm, since in the majority of cases the damage is the product of an omission, but it certainly causes harm, which necessarily must be the object of indemnification. It is in that context that the content of Article 101 of the Organic Law of the Environment must be understood, and that of the norm now questioned, numeral 126 of the Law on Conservation of Wildlife, which establishes a liability regime for legal persons that have participated in the commission of the illicit acts included in that Law, indicating that they shall be jointly and severally liable for the damages caused to wildlife and the environment, with the consequent obligation to repair them comprehensively, also contemplating the joint and several liability of natural or legal persons that form part of the same economic interest group as the infringing legal entity. The petitioner’s main argument is that the norm violates the principle of innocence; however, such principle is not infringed because the questioned provision does not refer to criminal liability. Thus it expressly indicates, by pointing out that joint and several liability for the damages caused to wildlife and the environment in general falls upon the legal persons that have participated in the commission of illicit acts included in the Law on Conservation of Wildlife ‘independently of the personal, civil, or criminal liability that may fall upon the partners, agents, or representatives,’ so that in this regard the petitioner is also mistaken in their arguments. The fact that this type of liability is extended to natural or legal persons that form part of the same economic interest group does not injure the principle of innocence either, since this equally concerns the possibility that companies related to the infringing legal entity answer for the environmental damages caused (…)” (Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, resolution No. 9966-2010, at 15:38 hours, of June ninth, two thousand ten (09/06/2010), in which the panel was composed of: Calzada, Mora, Armijo, Cruz, Jinesta, Castillo, and Pacheco). Thus, it is emphasized that from a harmonious analysis of the referenced environmental regulations (national and international) as well as the doctrine and jurisprudence cited, our legislators have opted to implement in environmental matters the principle of “the polluter pays” independently of the existence of a subjective link; whereby we find ourselves faced with a paradigm shift, since liability has traditionally been based on the theory of fault (Art. 1045 of the Civil Code), while strict liability has been seen as indispensable in application in this branch of law, which presupposes an advantage in favor of the injured party, inasmuch as there is an inversion of the burden of proof, since they are exonerated from proving the fault or fraud of the causer of the damage, and the latter shall only be exonerated from liability if they prove the existence of force majeure, fault of the victim, or an act of a third party; unlike cases of subjective liability; which constitutes a benefit for the environment, insofar as the aim is to ensure that, in the shortest possible time, it can be restored and return to its original state. In the specific case, it is clear that the Cartago Court of Appeal of Criminal Sentence, upon hearing and declaring without merit the first ground of the appeal (recurso de apelación) filed in due course by the Procuraduría General de la República, erroneously applies the supra-referenced environmental regulations, insofar as they deduce from them that they are governed by the principle of subjective liability, in which the fault or fraud of the person causing the environmental damage must be proven in order for the civil compensation action filed against them to succeed, as can be seen from the transcription, in what is of interest, of said reasoning: “(…) The appellant confuses the fact of the existence of regulations that establish the obligation to repair environmental damage (daño ambiental), with the prerequisites for it to be applicable to a case like the present one. Law of Use, Management and Conservation of Soils number 7779 of April 30, 1998, which the appellant invokes, in its article 52, provides that anyone who contaminates or deteriorates the soil resource has a liability to indemnify and repair the damages caused to the environment, which implies subjective imputation criteria requiring demonstration. Said norm expressly provides: ‘ARTICLE 52.- Whoever contaminates or deteriorates the soil resource, independently of the existence of fault or fraud or of the degree of participation, shall be liable to indemnify, in the corresponding judicial proceeding, and to repair the damages caused to the environment and to affected third parties.’ The wording of said article, from the outset, allows establishing the existence of such subjective liability criteria, when it establishes as responsible ‘whoever contaminates’ and not the owner of the land or the person in charge of the agricultural or commercial activity carried out, which would indeed constitute a form of strict liability established by law. On the other hand, the express reference to the concepts of fraud, fault, and degree of participation reiterates the idea that it is necessary to impute that environmental damage (daño ambiental) to a specific person. When said norm points out that such liability is corroborated ‘independently of the existence of fault or fraud,’ what the legislator means is that said repair obligation exists, both when the conduct is negligent and when it is fraudulent, and not, as the challenger erroneously reads it, that in every case of environmental damage civil liability proceeds against the holders of the companies or the activities that produce that damage. Not even articles 98 and 101 of the Organic Law of the Environment invoked by the appellant lead to a conclusion like the one indicated, since article 98 expressly indicates that conducts that damage the environment ‘…are imputable to the natural or legal persons that carry them out,’ which again entails the establishment of subjective liability, since the obligor is whoever carries out that harmful activity and not the owner or whoever carries out a specific agricultural or commercial action by the mere fact of doing so; rather, it is necessary to demonstrate who caused that environmental damage. Similarly, article 101 of the Organic Law of the Environment again establishes a subjective liability criterion for the joint and several civil liability referred to therein to proceed, since it establishes that ‘…the causers of infractions to this law or to those that regulate the protection of the environment and biological diversity, whether natural or legal persons, shall be civilly liable for the damages caused.’ In accordance with the foregoing, it is evident that it is not true that environmental legislation has established some sort of strict civil liability for damages caused to the environment, but rather that the legislator has expressly established subjective imputation criteria for this to proceed (…)” (cf. folios 28 and 29, of the physical file). However, if we refer to the very content of the numerals cited in the appellate ruling, it is clear that they expressly dispense with the need to prove such volitional elements, because they are based on a regime of strict liability in environmental matters, which has been supported by constitutional jurisprudence. Therefore, it is for this reason that this sole ground of the appeal (recurso de casación) admitted to the representative of the State is declared with merit. Consequently, the ruling of the Cartago Court of Appeal of Criminal Sentence No. 2020-627, at 11:24 hours, of October twenty-three, two thousand twenty (23/10/2020), is revoked, solely in relation to what was resolved regarding the first ground of appeal (apelación) filed by the Procuraduría General de la Republica, making two aspects clear: 1) The criminal acquittal of the defendant Asdrúbal Vargas Fallas remains unaffected because it was not challenged either by the representative of the Procuraduría or by the Public Prosecutor’s Office. 2) This Chamber of Cassation has not prejudged that there exists a duty for the civil defendant Vargas Fallas to answer for the environmental damage supposedly caused, but rather what was established is that in environmental matters strict liability is imposed, if the prerequisites for its application are met. In this sense, it is clarified that it shall be for the ad quem to conduct a comprehensive examination of the case file and the first-instance ruling in order to address this aspect, as established by Article 459 in relation to Article 465 of the Code of Criminal Procedure, since such is the jurisdiction granted to it by the legislator; hence this Chamber of Cassation departs from the appellant's claim that it is this instance that should determine the strict environmental liability of the civil defendant under the protection of what was attributed in the civil compensation action and impose the corresponding indemnification sanction, because that would imply invading the legal jurisdictions granted to other venues, and would also prevent the defeated party from having the possibility to appeal, which would violate their right to have access to a second instance. Thus, the case file is remitted to the Court of origin, so that with a different panel, it may hear the matter herein indicated.

III. Appeal (Recurso de casación) filed by prosecutor José Alejandro Alpízar Arrones. In the first ground filed, based on article 468(b) of the Code of Criminal Procedure, he states that when the appeal (recurso de apelación) of sentence filed by the prosecutor’s office was declared inadmissible, based on a lack of passive legal standing, because the status of victim or its representative did not correspond to it, article 103(1) of the Penal Code was erroneously applied. He claims that to support the thesis of inadmissibility, the Court of Appeal equated the civil consequences defined in Article 103(1) of the Penal Code, considering that both require the filing of a civil compensation action in order to be heard by the Court. He considers this to be erroneous because the article states that the crime shall have as a civil consequence the restitution of things (restitución de las cosas), but if this action is no longer possible, it provides that payment of the respective value shall proceed. He states that the wording alludes to two different scenarios: one, when it is possible to restore the injured right which corresponds to the restitution of things (restitución de las cosas), and the other, when it is no longer possible to restore the right and therefore it provides for the payment of the respective value. He explains that the second scenario corresponds to economic compensation and in order to make such a claim in a criminal proceeding, just as the challenged sentence explains, a civil compensation action must be filed, but the first scenario has no relation to economic compensation, as stated in the dissenting opinion of Judge Fallas Redondo, as well as in the clarifying note of Judge Carranza Cambronero; the restitution of things (restitución de las cosas) does not generate a monetary benefit for the victim, but rather the reestablishment of the enjoyment of the right under the conditions it had before the commission of the illicit act, and therefore, it makes no sense whatsoever to require the filing of a civil compensation action. He adds that a correct application of the “procedural” (sic) norm should assess which of the scenarios the victim's right falls into and give priority to the restoration of things if it is still possible, because the norm itself indicates that the payment of the respective value operates in the absence of the first consequence. This correct interpretation makes it possible to clarify in which of the scenarios the filing of the civil compensation action is necessary and in which it is not. He considers that, as a direct consequence of the correct application of the norm, it is evident that the Public Prosecutor’s Office is indeed legitimized to request the restitution of things (restitución de las cosas), even though the status of victim does not rest upon it or it does not promote a civil compensation action. He reiterates that the ruling suffers from the defect of erroneous application of a substantive legal norm, by erroneously applying Article 103(1) of the Penal Code, by requiring the Public Prosecutor’s Office to be the legal representative of the victim in order to promote a civil compensation action. As a grievance, he explains that access to justice was denied to the Public Prosecutor’s Office, the grounds were not heard even though they were formulated in due form and time, they were not resolved when declared inadmissible, imposing requirements that the law itself does not require of it, for the application of the legal institution established in numeral 103(1) of the Penal Code. He requests that the challenged sentence be annulled and that the resolution of the appeal (recurso de apelación) formulated by the Public Prosecutor’s Office be ordered. As a second argument, he refers to the erroneous application of a procedural legal precept, specifically, articles 140 in relation to 289, both of the Code of Criminal Procedure. The appellant argues that in the first recital (considerando), Judge Carranza Cambronero said she did not share the criterion of Judge Fernández Mora, in considering that the restitution of things (restitución de las cosas) does not form part of the institution of the civil compensation action, but she likewise declared the appeal (recurso) filed by the Prosecutor’s Office inadmissible, considering that it does not represent the victim. The appellant considers that in this way, article 140 of the Code of Criminal Procedure was erroneously applied in accordance with article 289 ibidem, in which the legislator established two duties of the Public Prosecutor’s Office: the first, consists of causing the consequences that any crime may have to cease, and the second, initiating the corresponding investigation. He affirms that the legal system endowed the criminal process with two major purposes: the restitution of the rights of victims and resolving any corresponding criminal liabilities, granting the parties legal institutions to pursue those ends; he cites as examples precautionary personal measures, atypical measures, and the special power of the judge to restore things to their previous state. He adds that the legislator required the Public Prosecutor’s Office to seek the cessation of any consequence that the crime may generate, and prosecutors are indeed legitimized to request the restitution of things (restitución de las cosas); its role is not solely to pursue the trial of the accused, but it must also promote all legal actions necessary so that the rights of the victims are reestablished. He adds that it does not matter whether the Public Prosecutor’s Office is the representative of the victim because no norm exempts it from the obligation to cause the effects of crimes to cease, which opens the door for it to formulate all necessary requests, thus giving it the legal standing that the Court of Appeal of Sentence denied it. As a grievance, he points out that a validly formulated claim of the Public Prosecutor’s Office was denied, tolerating that a crime continues generating consequences that could become irreversible and prevents the accusatory body from promoting and fulfilling the legal duty imposed by Article 289 of the Code of Criminal Procedure. He requests that the sentence be annulled and the Court of Appeal be ordered to resolve the appeal (recurso de apelación) raised by the Public Prosecutor’s Office. In the third admitted complaint, he claims nonobservance of a substantive legal precept, Article 103(1) of the Penal Code. The appellant explains that when resolving the second ground of appeal (apelación de sentencia) formulated by the Procuraduría General de la República, in Recital (Considerando) IV, by majority, the Court of Appeal failed to observe the application of the institution of restoration of things by ordering the remittance and responsibility of the Executive Branch to correct the illegal legal situation caused by the crime – he cites two excerpts from the Court's resolution. He then points out that the judges chose not to apply the legal institution defined in Article 103(1) of the Penal Code, which is designed to judicially restore the rights of victims that have been affected by a crime, for which purpose they made an effort to provide arguments concerning the civil compensation action and the workload of the Judicial Branch, and despite having the legal possibility of applying the restitution of things (restitución de las cosas) in favor of the victim, they did not do so and handed that responsibility to the Executive Branch. Judge Fernández Mora took as accredited that there was a forest on the site and that it was affected, recognizing that the technical evidence provided demonstrates this. Therefore, according to the appellant, the judges were obligated to resolve the current and future consequences of that conduct, as provided for by Article 103(1) of the Penal Code; despite this, they decided to remit the final decision on the future of the affected forest so that MINAE may define it, thereby failing to apply the norm, contravening Article 11 of the Political Constitution which establishes the prohibition of the Supreme Powers from ceding their functions. He points out that the legal system does not contain any norm that permits that cession of jurisdiction, so the Court of Appeal should have applied the cited numeral and resolved the future of the forest that is affected by the accused conduct. As a grievance, he states that the Public Prosecutor’s Office and the victim were denied effective judicial protection, by remitting to another instance, imposing on the victim the obligation to endure their rights continuing to be harmed and the consequences of a crime persisting over time. He requests that the sentence be annulled and the Court be ordered to resolve the appeal (recurso de apelación) of sentence.

IV. Given the connection in the resolution of the reproaches invoked by the representative of the prosecutor’s office, they are resolved jointly and declared without merit.

The core point in the first and second complaints of the Public Prosecutor’s Office is based on the fact that its appeal was declared inadmissible, on the grounds that it was considered not to have standing to challenge the aspect of restitution of things to their original state, for which one of the judges based his decision on the circumstance that it lacked subjective standing to appeal civil aspects of the punishable act, because the civil plaintiff for the State is the Procuraduría General de la República, since it was the one that filed the civil action for damages; while the co-judge who likewise ruled in favor of this inadmissibility did so based on the argument that although the restitution of the thing or object is a right of the victim as such and therefore does not require the filing of a civil action for damages to demand it, the truth is that, in the specific case, such representation was held exclusively by the Procuraduría General de la República. In this case, the prosecuting body is correct in stating that the filing of a civil action for damages is not required in order to request the restitution of the property to its original state, since such legal possibility is a right of the offended party, as has been admitted by this Chamber in resolution No. 2019-1622, at 14:40 hours, on December thirteenth, two thousand nineteen (12/13/2019), in which it was stated: “(…) Restitution is understood as the action of ‘returning something to the one who had it before, as well as restoring or putting something in the state it had before’ (Diccionario de la Real Academia Española, twenty-third edition, October 2014). The previous definition contains the two meanings that restitution also has in the legal sphere, since in its broad sense it implies ‘restitutio in integrum,’ that is, restoration to the original state, returning things to the conditions they had before the unlawful act was carried out; while in a strict sense it is understood as returning to its legitimate possessor or owner the thing of which they were unlawfully deprived on the occasion of the crime. (Abdelnour Granados, Rosa. La responsabilidad Civil Derivada del Hecho Punible, Editorial Juricentro, 1984. P. 261). In our legal system, both current criminal legislation and criminal procedure establish that restitution is the preferred civil consequence of the crime. Specifically, numeral 103 of the Penal Code states: ‘Every punishable act has as a consequence the civil reparation, which shall be determined in a condemnatory sentence; this shall order: 1) The restitution of things or failing that the payment of the respective value; 2) The reparation of all damage; and the indemnification of the losses caused both to the offended party and to third parties; and 3) Forfeiture.’ The restitution provided in subsection 1) of the transcribed norm refers to the very thing that has been the material object of the crime, over which the victim retains the rights they had before the act was committed, for this reason, as long as the thing has not disappeared, the obligation to restore it persists. Meanwhile, the indemnification and reparation provided in subsection 2) refer to civil liability arising from the punishable act, for the losses and damages caused to the victim. From the foregoing it is concluded that the indicated institutions are clearly distinguishable and must be addressed separately, despite all being civil consequences of the punishable act. The foregoing is verified in the provisions contained in Article 361 of the Criminal Procedure Code, which states: ‘Rules for deliberation and voting The court shall assess the evidence produced during the trial, in a comprehensive manner and with strict application of the rules of sound judgment. The judges shall deliberate and vote regarding the issues, and shall follow as far as possible the following order: a) Those relating to their competence, the propriety of the criminal action and any other incidental matter that has been deferred to this moment. b) Those relating to the existence of the act, its legal classification and guilt. c) The individualization of the applicable penalty. d) Restitution and costs. e) When applicable, matters relating to the reparation of damages and losses. Decisions shall be adopted by majority. If this is not reached in relation to the amounts of the penalty and civil reparation, the midpoint shall be applied.’ (Bolding supplied). From this last precept it is also deduced that the pronouncement on the restitution of things to their previous state must be made ex officio by the Judge, unlike aspects relating to damages and losses, on which a ruling may be made ‘when applicable,’ that is, when the civil action for damages has been exercised, since this is governed by the dispositive principle proper to private law, in which one may only act at the request of a party (…)” (Participating Magistrates were Ramírez, Zúñiga, Cortés, Desanti and Robleto). However, even annulling that erroneous interpretation made by the Criminal Trial Court of Cartago, the truth is that the other argument for which the appeal was declared inadmissible remains in force, which refers to the Public Prosecutor’s Office’s lack of standing in this type of situation, and, it is that in the specific case, as the Second Instance Court rightly indicated, the one who is responsible for defending the civil interests of the victim (the State) is its legal representative, which for the purposes of the case under examination, falls upon the Procuraduría General de la República, which would be the one with standing, insofar as it has effectively appeared. As is inferred from the first numeral of the Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (No. 3848), which provides: “The Procuraduría General de la República, attached to the Presidency of the Republic, has the legal representation of the State in matters concerning the interests and subjects that this law determines (…)” in conjunction with provision 16 of the Criminal Procedure Code, which stipulates: “The criminal action (acción penal) shall be public or private. When it is public, its exercise shall correspond to the Public Prosecutor’s Office, without prejudice to the participation that this Code grants to the victim or to citizens. In crimes against the security of the Nation, public tranquility, public powers, constitutional order, the environment, the maritime-terrestrial zone, the public treasury, the duties of public function, tax offenses and those contained in the Ley de aduanas, No. 7557, of October 20, 1995; the Ley orgánica del Banco Central de Costa Rica, No. 7558, of November 3, 1995 and the Ley contra el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, No. 6872, of June 17, 1983, the Procuraduría General de la República may also directly exercise that action, without being subordinated to the actions and decisions of the Public Prosecutor’s Office. In matters initiated by action of the Procuraduría, it shall be considered a party and may exercise the same remedies that this Code grants to the Public Prosecutor’s Office” (the highlighting does not correspond to the original); the holder of the public criminal action (acción penal) and the civil consequences derived from it, in environmental crimes, is said institution, provided it has joined the litigation as representative of the State and exercises the rights and powers that such authority grants it, since, if it does not appear as a party to the case file, such representation shall be assumed by the Fiscalía, because diffuse interests are involved, the damage of which affects the community. In the case file before us, from a cursory review of the first instance judgment (cf. folios 1 to 21, of the physical file) it is seen that appeared in it Licenciado Manrique Ruíz Leal, Adjutant Environmental Procurador, of the Procuraduría General de la República, who was the one who represented the State in the adversarial proceedings, exercised the respective criminal complaint (querella) and civil action filed in due time by this institution, and furthermore, is the person who has effectively presented the appeals and cassation appeal in this case. For the foregoing, it is that said entity is the only one with standing to appeal the civil aspects deriving from this investigation and not the Fiscal representative, who in these aspects, because the Procuraduría General de la República has appeared by legal mandate, lacks standing. As for the third ground raised by the Fiscalía, this argument suffers the same fate as the previous ones, since the lack of standing of the Public Prosecutor’s Office is evident, given that the reproach is directed against the arguments given by the Court of Appeals for the purpose of rejecting the second ground of the appeal filed by the Procuraduría General de la República. For this reason, the accuser does not have standing to challenge this point and even less holds any procedural interest, insofar as in the appeal it presented at the time it did not challenge that topic. This becomes even more evident if one takes into account that the Procuraduría itself did not challenge in cassation the rejection of its second ground of appeal, thereby showing its conformity with what was resolved. That is, if the affected party itself had no interest in appealing that aspect, much less does a third party. In this sense, this Chamber has indicated: “(…) According to the petitioner’s proposal, a ground outlined in the appeal can be extended in the cassation stage to another party that did not come to claim that aspect before the ad quem. This interpretation is erroneous and inadmissible. The new challenge structure of the Criminal Procedure Code constitutes a system, in which each stage has a reason for being: in appeal a comprehensive, broad and flexible review of all aspects of the questioned sentence is carried out, while in cassation a strict legality control of what was resolved by the courts of appeal is executed. As this Chamber has already pointed out, the matter of remedies constitutes an entirely voluntary activity of the intervening parties in the litigation, to such a point that they can be validly withdrawn by whoever formulated them (article 445 of the Criminal Procedure Code). The foregoing acquires a very special connotation in this venue, where the competence of the cassation controller – because it is an extraordinary remedy – is set and limited by the grievances raised in the complaint, from which it is not feasible for this Chamber to rule in relation to supposed defects if the party did not object to them in a timely manner, since in that case the ruling has already become final with respect to the aspects not challenged by the interested parties (…)” (Third Chamber of the Supreme Court of Justice, resolution No. 822-2016, at 10:12 hours, on August fifth, two thousand sixteen (08/05/2016), in which the participating Magistrates were: Ramírez, Arroyo, Gamboa, Arias and Chinchilla). This being the case, the three reproaches of the cassation appeal formulated by the Fiscal representative are hereby declared without merit.

Therefore:

By majority, the cassation appeal formulated by licenciado José Alejandro Alpízar Arrones, in his capacity as Assistant Prosecutor, of the Adjutant Agrarian Environmental Fiscalía, is declared without merit; Magistrate Zúñiga Morales dissents. By unanimity, the sole ground admitted to licenciado Manrique Ruíz Leal, in his capacity as Adjutant Procurador of the Procuraduría General de la República, is declared with merit. Consequently, the ruling of the Court of Appeal of Criminal Sentence of Cartago No. 2020-627, at 11:24 hours, on October 23, 2020, is revoked; only in relation to what was resolved regarding the first ground of appeal filed by the Procuraduría General de la República, for which the case file is immediately remitted to said instance, so that said Court, under a different composition, resolves said argument. In all other respects, the resolution remains unaltered. Notify.

Patricia Solano C. Patricia Solano C. Patricia Solano C.

Jesús Alberto Ramírez Q.

Gerardo Rubén Alfaro V.

Sandra Eugenia Zúñiga M.

Rafael Segura B.
Alternate Magistrate.

DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE ZÚÑIGA MORALES
Sole. With due respect, I disagree with the criteria expressed by the majority of this Chamber in declaring without merit the cassation appeal filed by the representation of the Public Prosecutor’s Office. I consider that the appropriate course is to declare with merit the three grounds of said appeal (which are connected) and, consequently, to order a remand to the Court of Appeal of Criminal Sentence so that, with a different composition, it proceeds to hear the appeal formulated by the prosecuting entity. The foregoing, due to the erroneous application of numeral 103 subsection 1) of the Penal Code. The core point of the three grounds of the cassation appeal filed by Prosecutor José Alejandro Alpízar Arrones, has a direct relationship with the declaration of inadmissibility of his appeal (by majority vote), on the grounds that it was considered that he did not have standing to challenge the aspect of restitution of things to their original state. The appeal judge Fernández Mora based his decision on the circumstance that he lacked subjective standing to appeal civil aspects of the punishable act, because the civil plaintiff for the State is the Procuraduría General de la República, since it was the one that filed the civil action for damages; while co-judge Carranza Cambronero – who equally opted to declare the inadmissibility – did so based on the argument that the restitution of the thing or object is a right of the victim as such, and therefore does not require the filing of a civil action for damages to request it, considering that, in the specific case, such representation was held exclusively by the Procuraduría General de la República, the Fiscalía consequently lacking standing. The first thing that must be pointed out regarding this matter is that restitution implies “putting something” in the state it had previously. I concur with the majority vote of the members of this Chamber in stating: “…the prosecuting body is correct in stating that the filing of a civil action for damages is not required in order to request the restitution of the property to its original state, since such legal possibility is a right of the offended party…”. On this point, the Third Chamber, on other occasions has indicated: “…the restitution of the object as a civil consequence of the crime is not an indemnification or a form of civil reparation, as the appellate judges erroneously appreciated it, but a necessary consequence derived from the ultimate purpose pursued by the criminal process, which insofar as possible attempts to restore things to their original state, before the commission of the crime. Clearly article 103 of the Penal Code – which specifically regulates the civil consequences of the punishable act – stipulates: ‘Every punishable act has as a consequence the civil reparation, which shall be determined in a condemnatory sentence; this shall order: a) the restitution of things or failing that the payment of the respective value; b) the reparation of all damage; and the indemnification of the losses caused both to the offended party and to third parties; 3) forfeiture.’ This legal precept must be analyzed in light of the general principles governing the criminal process, in accordance with a systematic interpretation. Thus, it is established in ordinal 7 of the Criminal Procedure Code: ‘The courts shall resolve the conflict arising as a consequence of the act, in accordance with the principles contained in the laws, in an effort to contribute to restoring social harmony between the parties and, especially, the reestablishment of the rights of the victim.’ So that in light of said norm, the requirement that the appellate judges contemplate in relation to the necessary express request for restitution through a civil action is not tenable, since the restitution of the property arises from a general principle established in criminal law, which is the right of every crime victim to be restored, to the extent possible, of that property of which they were dispossessed on the occasion of an unlawful act against them…” ( ) “…However, this does not imply that said restitution always and in every case requires the filing of the civil action for damages, because article 103 of the Penal Code already clarifies that the restitution of the property is a necessary consequence, to restore the rights of the victim. That is, the norm is not exclusive…” (Third Chamber of the Supreme Court of Justice, judgment No. 2019-00280, at 15:45 hours, on March eighth, two thousand nineteen (03/08/2019). Composition: Ramírez, Solano, Zúñiga, Alfaro and Desanti). In a similar sense it has been said: “… In our legal system, both current criminal legislation and criminal procedure establish that restitution is the preferred civil consequence of the crime. Specifically, numeral 103 of the Penal Code states: ‘Every punishable act has as a consequence the civil reparation, which shall be determined in a condemnatory sentence; this shall order: 1) The restitution of things or failing that the payment of the respective value; 2) The reparation of all damage; and the indemnification of the losses caused both to the offended party and to third parties; and 3) Forfeiture.’ The restitution provided in subsection 1) of the transcribed norm refers to the very thing that has been the material object of the crime, over which the victim retains the rights they had before the act was committed, for this reason, as long as the thing has not disappeared, the obligation to restore it persists. Meanwhile, the indemnification and reparation provided in subsection 2) refer to civil liability arising from the punishable act, for the losses and damages caused to the victim. From the foregoing it is concluded that the indicated institutions are clearly distinguishable and must be addressed separately, despite all being civil consequences of the punishable act. The foregoing is verified in the provisions contained in Article 361 of the Criminal Procedure Code, which states: ‘Rules for deliberation and voting The court shall assess the evidence produced during the trial, in a comprehensive manner and with strict application of the rules of sound judgment. The judges shall deliberate and vote regarding the issues, and shall follow as far as possible the following order: a) Those relating to their competence, the propriety of the criminal action and any other incidental matter that has been deferred to this moment. b) Those relating to the existence of the act, its legal classification and guilt. c) The individualization of the applicable penalty. d) Restitution and costs. e) When applicable, matters relating to the reparation of damages and losses. Decisions shall be adopted by majority. If this is not reached in relation to the amounts of the penalty and civil reparation, the midpoint shall be applied.’ (Bolding supplied). From this last precept it is also deduced that the pronouncement on the restitution of things to their previous state must be made ex officio by the Judge, unlike aspects relating to damages and losses, on which a ruling may be made ‘when applicable,’ that is, when the civil action for damages has been exercised, since this is governed by the dispositive principle proper to private law, in which one may only act at the request of a party…” (Third Chamber of the Supreme Court of Justice, judgment No. 2019-01622, at 14:40 hours, on December thirteenth, two thousand nineteen (12/13/2019). Composition: Ramírez, Zúñiga, Cortés, Desanti and Robleto). From the foregoing it is inferred that the restitution of things to their status ex ante (prior to the crime) is a civil consequence derived from the punishable act that seeks to roll back the effects of the judicial declaration and undo the consequences of the illegality. However, it does not depend on the victim having exercised the civil action for damages and, therefore, on having been constituted as a civil plaintiff in the criminal process. In the case sub examine, it is clear that, although the Procuraduría General de la República appeared in representation of the State (filed the criminal complaint (querella) and the civil action for damages), there was no impediment for the Public Prosecutor’s Office to defend the interests of the victim with respect to restitution. I consider that the majority vote of the Court of Appeal was not correct in refusing to hear the appeal filed in a timely and proper manner by the representative of the Public Prosecutor’s Office, arguing, for said purposes, its lack of standing. Note that, in this case, although the Fiscal representative requested the criminal acquittal of the accused Vargas Fallas (in application of the principle in dubio pro reo), the truth is that it also requested from the judge the restitution of things to their natural state, in application of ordinal 50 of the Political Constitution (folio 19 back of the docket processed before this Chamber) since although the criminal liability of the defendant was not proven, the environmental damage to the properties of which he was the possessor was accredited; being that the judge of the Trial Court resolved to reject this petition, when the truth is that the Public Prosecutor’s Office had the right to appeal this aspect. For the reasons noted, with all respect I depart from the criteria sustained in the majority vote. Consequently, I consider that the appropriate course is to declare with merit the three grounds of the cassation appeal filed by the Fiscal representative, ordering a remand to the Court of Appeal of Criminal Sentence so that, with a different composition, it hears the appeal formulated by the Prosecutor of the Public Prosecutor’s Office.

Sandra Eugenia Zúñiga M.

Roleon
Int: 0241-3/7-3-21

Observations of SALA DE CASACIÓN PENAL

Dissenting vote Mag. Zúñiga Morales

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It is a faithful copy of the original – Taken from Nexus.PJ on: 02-18-2026 17:02:03.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República