Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)“En conclusión, esta Cámara por mayoría unifica los criterios contradictorios suscitados entre los tribunales de segunda instancia, en el sentido que, en el delito de cambio de uso de suelo, previsto en el artículo 61 inciso c) de la Ley Forestal, la prescripción no corre hasta tanto no hayan cesado sus efectos, sea, en el momento en que se inicie la regeneración de los ecosistemas que se vieron afectados con la extinción del bosque, para darle paso a otras actividades de desarrollo humano. Lo anterior, en consonancia con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, previsto en el artículo 50 de la Constitución Política, y por consiguiente en el desarrollo sostenible necesario para la preservación del planeta para las futuras generaciones.”
English (translation)“In conclusion, this Chamber by majority unifies the contradictory criteria arisen between the appellate courts, in the sense that, for the crime of land-use change provided for in Article 61(c) of the Forestry Law, the statute of limitations does not run until its effects have ceased, that is, at the moment when the regeneration of the ecosystems that were affected by the extinction of the forest begins, to give way to other human development activities. The foregoing, in alignment with the right to a healthy and ecologically balanced environment, established in Article 50 of the Political Constitution, and consequently with the sustainable development necessary for the preservation of the planet for future generations.”
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Grande Normal Pequeña Sala Tercera de la Corte Resolución Nº 00691 - 2022 Fecha de la Resolución: 24 de Junio del 2022 a las 10:35 Expediente: 12-200167-0591-PE Redactado por: Rosa Acón Ng Clase de asunto: Recurso de casación Analizado por: SALA DE CASACIÓN PENAL Sentencia con Voto Salvado Indicadores de Relevancia Criterio unificador Sentencias Relacionadas Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Penal Tema: Infracción a la ley forestal Subtemas: Cambio de uso de suelo es delito de consumación inmediata y efectos permanentes. "II.[...] De las normas sustantivas antes transcritas, es posible determinar que este delito se materializa de manera inmediata (cuando se ejecutan los actos de cambio de uso de suelo), pero su consumación se reitera en el tiempo, en tanto se mantenga la variación del uso de tierra, en detrimento de los recursos naturales, pues no basta con que se haya talado el bosque, dado que mientras en el sitio se desarrolle una actividad distinta a la del bosque y se impide su regeneración, sigue ejecutándose el cambio en el uso del suelo, el cual está expresamente prohibido, siempre y cuando no se cuente con los permisos de la Administración Forestal, razón por la cual se considera un delito de forma y con efectos permanentes. Es claro que el bien jurídico tutelado, que en el particular son los recursos naturales, se ve afectado a cada instante en que el encartado mantenga la modificación del uso de tierra, que inicialmente era un bosque, y que, en apariencia, con su actuar el endilgado lo transformó en otro destino." ... Ver más Contenido de Interés: Temas Estrategicos: Ambiental Objetivos de Desarrollo Sostenible: Vida de ecosistemas terrestres (Obj 15) Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Penal Tema: Infracción a la ley forestal Subtemas: Cambio de uso de suelo, cómputo de la prescripción inicia hasta que cesan sus efectos. "II.[...] Partiendo de ello, y considerando que nos encontramos ante un delito con efectos permanentes, para los aspectos de la prescripción, debe estarse a lo dispuesto en el numeral 32 del Código de rito que dispone: “(…) Los plazos de prescripción se regirán por la pena principal prevista en la ley y comenzarán a correr (…) para los delitos continuos o permanentes, desde el día en que cesó su permanencia (…)”. Sobre la prescripción en esta forma de delitos, ha señalado la Sala Constitucional: “(…) Aduce la jueza que ahora consulta que en el caso del delito de usurpación, el plazo de prescripción no puede iniciar su curso sino hasta que el poseedor –usurpador- salga del inmueble (cesen los efectos) lo que hace prácticamente imprescriptible el delito, pues aun transcurridos más de diez años de la invasión de un inmueble, basta acreditar que siempre el invasor ha estado dentro del terreno para que llegue a determinarse que no ha corrido ni siquiera un día para que opere la prescripción tanto negativa –penal- como la positiva –usucapión-, pues ésta no puede computarse allí donde no se haya dado la extintiva. Vale aclarar a la consultante que el delito de usurpación no sería imprescriptible, porque como lo establece el artículo aquí cuestionado, el término para contar la prescripción de la acción penal empezaría a partir del cese de la permanencia de sus efectos, sea cuando cese la usurpación. En los delitos instantáneos de efectos permanentes, se repiten sus efectos todos los días hasta que el "usurpador" abandone la propiedad, de ahí el calificativo de la permanencia (…)” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto N°11515-00 de las catorce horas treinta y nueve minutos del veintiuno de diciembre del año dos mil, también puede leerse 14:39 horas del 21/12/2000). Si bien la cita del fallo recién señalado hace referencia a la usurpación, lo cierto es que nos encontramos ante una situación similar cuando se trata del delito de cambio de uso de tierra, por cuanto al talarse un bosque, y variar por completo su destino, hasta tanto no se haya permitido la regeneración de los recursos naturales, la acción desplegada por el endilgado continuaría generando efectos en perjuicio de los ecosistemas y de futuras generaciones. Así las cosas, bajo estos supuestos no se aplican las reglas estipuladas en el artículo 33 de la normativa procesal penal costarricense, tal y como lo hizo el a quo y el ad quem dentro de este proceso penal, ya que la reducción de los plazos de prescripción, así como la interrupción y suspensión, dependen del momento en que inicie el cómputo del plazo de prescripción. No obstante, ante casos como el que nos ocupa, en que el delito es con consecuencias permanentes y en donde a la fecha se desconoce si han cesado sus efectos, no puede iniciarse el cálculo de la prescripción, conforme lo indica el numeral 32 del Código Procesal Penal, y por lo tanto, tampoco es procedente aplicar la reducción de los plazos del artículo 33 de la legislación adjetiva, hasta tanto no se haya iniciado la regeneración del bosque secundario, que en apariencia fue talado, por instrucciones dadas por el imputado. En conclusión, esta Cámara por mayoría unifica los criterios contradictorios suscitados entre los tribunales de segunda instancia, en el sentido que, en el delito de cambio de uso de suelo, previsto en el artículo 61 inciso c) de la Ley Forestal, la prescripción no corre hasta tanto no hayan cesado sus efectos, sea, en el momento en que se inicie la regeneración de los ecosistemas que se vieron afectados con la extinción del bosque, para darle paso a otras actividades de desarrollo humano. Lo anterior, en consonancia con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, previsto en el artículo 50 de la Constitución Política, y por consiguiente en el desarrollo sostenible necesario para la preservación del planeta para las futuras generaciones." ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Objetivos de Desarrollo Sostenible Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto salvado Rama del Derecho: Penal Tema: Delito de efectos permanentes Subtemas: Concepto. ".[...[En primer lugar, cabe señalar que los delitos de efectos permanentes se han conceptualizado como aquellos en los que no obstante haberse conseguido el resultado, la persona imputada tiene una conducta permisiva y, estando en posibilidad de eliminarla, se abstiene de hacer cesar sus efectos (se mantiene el efecto sobre el bien jurídico). Tal y como lo he indicado en múltiples oportunidades, en delitos cuya naturaleza es de efectos permanentes (como sucede con el de “Cambio de uso de la tierra”), al igual que en cualquier otro delito, se le deben aplicar las normas sobre la interrupción y suspensión de la prescripción, pues esa naturaleza de delito de efectos permanentes, sólo tiene sentido y utilidad para iniciar el proceso (persecución penal)." ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto salvado Rama del Derecho: Procesal Penal Tema: Prescripción de la acción penal Subtemas: Análisis de los artículos 31, 32 y 33 del Código Procesal Penal. "El artículo 31 del Código Procesal Penal (CPP) tiene por objeto regular los plazos de prescripción de la acción penal cuando no se ha iniciado la investigación en contra de una persona, ya sea por algún tipo de denuncia o, de oficio, por parte del Ministerio Público en caso de delitos de acción pública; por denuncia en ilícitos de acción pública a instancia privada o, mediante querella en los delitos de acción privada. El numeral 32 del CPP explica la forma de realizar los cómputos de los plazos previstos en el 31 de este mismo texto legal, para determinar si se encuentra o no prescrita la acción penal (pero para iniciar la persecución mediante un proceso penal), según dos supuestos: (i) grado de perfección del ilícito, dependiendo de si se consumó o quedó en grado de tentativa y (ii) modo de afectación del bien jurídico tutelado: dependiendo de si se trata de lo que denomina como delitos “continuos o permanentes”. Es fundamental destacar, se esté de acuerdo o no, que la referencia que efectúa el artículo 32 del CPP –concretamente sobre las peculiaridades de los delitos permanentes– en cuanto al numeral 31 de ese mismo cuerpo normativo, lo hace solo para efecto de iniciar la persecución penal. Hipótesis en la cual, por supuesto, de continuar la afectación del bien jurídico tutelado (en lo que interesa, la realización de actividades que impliquen cambio en el uso de la tierra o el suelo, contrarias a lo establecido por el artículo 19 de la Ley Forestal) se podrá denunciar, querellar o actuar de oficio el Ministerio Público, pues no ha prescrito la acción penal, la que se comenzaría a computar a partir del momento en que cese la conducta sancionada (si es que cesa). Por su parte, se tiene que el ordinal 33 del CPP indica: “Iniciado el procedimiento, los plazos establecidos en el artículo trasanterior se reducirán a la mitad…”. Como puede advertirse, este artículo no establece ningún tipo de excepción para que esas reducciones automáticas del plazo de la prescripción operen, y eso es así porque, como lo dispone de forma expresa la norma, esta regulación existe para aplicarse siempre que la persecución penal haya iniciado (según los términos dispuestos en el artículos 31 del CPP y con una sola excepción, contemplada en el inciso b), la presentación de la querella, acto con el cual tiene inicio el procedimiento especial para delitos de acción privada)." ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto salvado Rama del Derecho: Penal Tema: Infracción a la ley forestal Subtemas: Voto salvado sobre aplicación de las reglas de prescripción al delito de cambio de uso de suelo. "La suscrita no comparte la posición asumida, en el caso en particular, por mis compañeros y mi compañera de Sala, en tanto consideran que ante un delito con efectos permanentes como el de “Cambio de uso de la tierra” y en donde a la fecha se desconoce si han cesado sus efectos, no puede iniciarse el cálculo de la prescripción, conforme lo indica el artículo 32 del Código Procesal Penal, y por lo tanto, tampoco es procedente aplicar la reducción de los plazos del numeral 33 de este mismo cuerpo normativo, hasta tanto no se haya iniciado la regeneración del bosque secundario. Con todo respeto considero que, si el ordinal 33 del CPP no establece ninguna excepción para su aplicación, mal se haría, si en perjuicio del encartado se da una interpretación extensiva en línea a que, de la aplicación de esa norma se deben excluir determinados delitos: los denominados por nuestro Código Procesal Penal como permanentes o continuos; cuando lo correcto es optar por una interpretación restrictiva, la cual se regula expresamente en el ordinal 2 del CPP que establece: “Deberán interpretarse restrictivamente las disposiciones legales que coarten la libertad personal o limiten el ejercicio de un poder o derecho conferido a los sujetos del proceso. En esta materia, se prohíben la interpretación extensiva y la analógica mientras no favorezca la libertad del imputado ni el ejercicio de una facultad conferida a quienes intervienen en el procedimiento.”. Debe tenerse presente que la prescripción, sus plazos y sus causales de interrupción y de suspensión, resultan tópicos que responden a aspectos de política criminal. Si el legislador optó por establecer la interrupción de la prescripción –sin incluir de forma expresa ninguna excepción–, y si una interpretación restrictiva de las normas impide aplicar reglas en perjuicio o en detrimento de los derechos y garantías de la persona imputada, debemos concluir que esa fue la decisión del legislador: reducir los plazos de la prescripción a la mitad, sin ninguna restricción; cuya única exigencia es que la persecución haya iniciado." ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Texto de la resolución *122001670591PE* Exp: 12-200167-0591-PE Res: 2022-00691 SALA DE CASACIÓN PENAL. San José, a las diez horas treinta y cinco minutos del veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida contra Michael Senner Manfred, mayor, aleman, cédula de residencia número 127600115715, por el delito de infracción a la ley forestal, cometido en perjuicio de los Recurso Naturales. Interviene en la decisión del recurso los magistrados y magistradas Jesús Alberto Ramírez Quirós, Sandra Eugenia Zúñiga Morales, Rafael Segura Bonilla, Miguel Ernesto Fernández Calvo y Rosa Acón Ng, estos tres últimos en su condición de suplentes. Además, en esta instancia, la Procuradora Penal Zaray Chavarría Prado, en representación de la Procuraduría General de la República. Resultando: 1.- Mediante sentencia N° 2021-00625 de las once horas del veintidós de junio de dos mil veintiuno, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, resolvió: " POR TANTO: Se declara sin lugar, el recurso de apelación presentado por la licenciada Zaray Chavarría Prado, Procuradora Penal . NOTIFÍQUESE. Yadira Godínez Segura Annia Enríquez Chavarría Carmen María Pereza Segura Juezas de Apelación de Sentencia. (sic) ". 2.- Contra el anterior pronunciamiento la Procuradora Penal Zaray Chavarría Prado, interpuso recurso de casación. 3.- Verificada la deliberación respectiva, la Sala entró a conocer del recurso. 4.- En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes. Informa la Magistrada Rosa Acón Ng ; y, Considerando: I. Mediante resolución N°2021-1054 de las diez horas trece minutos del diez de setiembre de dos mil veintiuno (10/09/2021) (confrontar folios 233 a 234 del expediente), esta Sala admitió para estudio de fondo los motivos primero y segundo del recurso de casación interpuesto por licenciada Zaray Chavarría Prado, procuradora penal, en contra de la sentencia del Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera, San Ramón, N° 2021-00625 de las once horas del veintidós de junio de dos mil veintiuno (22/06/2021) (confrontar folios 166 a 177 del legajo principal), en la que: “Se declara sin lugar, el recurso de apelación presentado por la licenciada Zaray Chavarría Prado, Procuradora Penal.”. II. En su primer motivo , se menciona la “Existencia de precedentes contradictorios dictados por los tribunales de apelación, propiamente entre la resolución que se impugna número 2021-00625 de las 11.00 h del 22 de junio del 2021 del Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera, San Ramón y la resolución precedente 2014-0490 de las 09.10 h del 14 de marzo del 2014 dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea”. Alega la existencia de precedentes contradictorios, entre el fallo N° 2021-00625 emitido por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera, de las once horas del veintidós de junio de dos mil veintiuno (22/06/2021), respecto al voto N° 2014-0490, dictado por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, de las nueve y diez horas del catorce de marzo de dos mil catorce (14/03/2014). Este último, resolvió que en aplicación del artículo 32 del Código Procesal Penal, ante un delito de efectos permanentes, la prescripción opera a partir del cese del acto típico. Mientras que, en el voto N°2021-00625 de las once horas del veintidós de junio de dos mil veintiuno (22/06/2021) del Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera, San Ramón, se dispuso que en virtud de encontrarse ante un delito “inmediato” con efectos permanentes, la prescripción empezaría a correr, según las reglas de los artículos 30 y 33 del Código de rito, a partir del acto de alteración. Refiere que en ambos casos, el cuadro fáctico alude al tipo penal de cambio de uso del suelo, descrito en el artículo 61, inciso c) de la Ley Forestal. Señala que lo correcto es que, en supuestos como el presente, se interprete que la prescripción comenzará a correr desde el día en que cesó la permanencia de sus efectos, en aplicación de los principios pro natura y de irreductibilidad del bosque. Además, que debe ordenarse la restitución del área afectada para que no se perpetúen las consecuencias del ilícito. La procuradora penal refiere que existe un perjuicio para el Estado, dado que la interpretación que realiza la resolución impugnada impide que se continúe con la persecución penal, así como establecer la eventual responsabilidad del endilgado y el daño causado al medio ambiente y poder ordenar la restitución del sitio a su estado anterior. Por mayoría, el motivo se declara con lugar. Para dar una adecuada solución al reclamo formulado por la recurrente, es necesario repasar lo dispuesto por ambos tribunales de segunda instancia sobre el tema en particular. El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, en el voto N°2014-490 de las nueve y diez horas del catorce de marzo de dos mil catorce (14/03/2014), ha señalado: “(…) También se pronuncia expresamente la sentencia en cuanto a la cuestión de la prescripción de la acción penal, que no ha operado respecto a esos dos delitos, porque aún habiéndose consumado ambos inmediatamente, el plazo de la prescripción ni siquiera ha empezado a correr, porque no ha cesado la permanencia de sus efectos en el sitio, conforme al artículo 32 del Código Procesal Penal, que contempla expresamente dicha categoría de delito (confrontar Sentencia, folio 852 a 854). Esta cámara coincide con el tribunal de juicio y con la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental del Ministerio Público, en que la prescripción no corre mientras persista la voluntad del imputado de mantener la obra distinta al bosque en el sitio (respecto al delito de «Cambio de uso de la tierra») o de mantener las obras invasoras dentro del área protección de las nacientes (respecto al delito de «Invasión de un área de conservación o protección de una naciente permanente») y en este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de este Tribunal de Casación Penal (así las sentencias Nº 117 de las 10:15 horas del 15 de febrero de 2002; Nº 193 de las 9:00 horas del 8 de marzo de 2002: Nº 396 de las 12:00 horas del 8 de mayo de 2003; Nº 1158 de las 9:25 horas del 14 de noviembre de 2008) (…)”. Por su parte, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera, en la resolución N°2021-00625 de las once horas del veintidós de junio de dos mil veintiuno (11:00 horas del 22/06/2021), dispuso: “(…) Esta Cámara ha analizado los argumentos expuestos por la recurrente en defensa de esta tesis y concluye que no le asiste razón. El tema de la clasificación de delitos permanentes o de carácter (o efectos) permanentes, no ha sido pacífico del todo en la doctrina internacional y patria, no obstante es posible obtener postulados importantes en su clasificación y conforme con la naturaleza y características de dichos delitos, extraer en forma objetiva, cuándo nos encontramos ante un delito de consumación inmediata, consumación inmediata con efectos permanentes, o bien delitos cuyo accionar se mantiene en el tiempo, dándoles el carácter de delitos permanentes. Bajo esa tesitura, tenemos que en el caso que nos ocupa, el delito de cambio de uso de suelo, resulta ser un delito inmediato con efectos permanentes. Esta clasificación nos lleva a determinar que, contrario a los delitos “permanentes o continuos”, para los cuales especifica el numeral 32 del código de rito, que el cómputo de los plazos de prescripción empiezan a correr “desde el día que cesó su permanencia”, para aquella otra clase de delincuencias operan las reglas de prescripción establecidas en los numerales 30 y siguientes del Código Procesal Penal, tal y como fueron aplicadas en la sentencia bajo examen. Ya este mismo Tribunal de Alzada, -con diferente integración -, se ha pronunciado sobre el tema mediante un análisis doctrinario y legal que se comparte plenamente, y que apunta a que no todos los delitos en contra de la Naturaleza, poseen la característica de ser permanentes (…) Se desprende entonces que el daño sufrido por la naturaleza se circunscribe a la acción ejecutada por el imputado en ese período, mientras que las características propias de un cambio de uso de tierra, hizo efectivo el resultado de inmediato. Lo anterior no significa que durante el proceso penal, no pudiera haber existido un plan de enmienda, mitigación y resarcimiento económico por el daño ambiental causado, lo que para males, no se logró en el proceso por la llegada de extinción de la acción penal. De ahí que resultara legalmente procedente que al caso en particular, se hayan aplicado las reglas de prescripción que prevén los numerales 30 y siguientes del Código Procesal Penal, y que en definitiva conforme con el fundamento dado en el fallo, se determinara que el plazo de prescripción venció un año y medio después del último señalamiento a debate (aparte del período de rebeldía), sin que hubiera operado alguna otra causal interruptora de dicho plazo. Añade esta Cámara, que el principio pro natura y la defensa de los derechos ambientales, son de primera línea en nuestra sociedad, como parte de los derechos fundamentales de las personas, por lo que no se desconoce la trascendencia de una adecuada aplicación del ordenamiento jurídico en esta área, no obstante, esto no significa que pueda introducirse la arbitrariedad en la persecución penal, en relación con los plazos de prescripción, puesto que esto también iría en contra del Estado de Derecho y otros derechos fundamentales de la gente. El Estado, a través de sus respectivos órganos represivos, debe velar por el cumplimiento de las exigencias legales, en el marco de actuación bajo el cual se persiguen las diferentes conductas delictivas, en perjuicio de la Naturaleza (…)”. Solución del caso: En este asunto, la representante del Estado, fustiga las posiciones contradictorias entre dos tribunales de alzada, demostrando para ello la similitud en los supuestos fácticos y en la ratio decidendi. Con el reclamo, la impugnante ha traído a discusión la naturaleza del delito de cambio de uso de suelo previsto y sancionado en el artículo 61 inciso c) de la Ley Forestal, propiamente en cuanto a si se trata de un delito de consumación inmediata con efectos permanentes, o bien, si es un delito cuyo accionar permanece en el tiempo, por lo que sería un delito permanente. Esta Cámara, respecto a este último tópico ha apuntado: “(…) De acuerdo con la doctrina, los delitos permanentes “… son hechos punibles en los cuales, de acuerdo a la interpretación del tipo penal (entendido como norma prohibitiva) resulta que después de la producción del resultado, hay la realización de otras acciones o la conservación de la situación producida (por acción u omisión), realización que constituye lo injusto típico. Estas acciones u omisiones posteriores forman una unidad con la producción del primer resultado. Lo anterior permite ver el acontecimiento total como una única realización del tipo. Como hemos indicado, el primer resultado debe ser el producto de la violación a la norma. La acción u omisión subsiguiente, que forma una unidad con el primer resultado y que constituye también lo injusto, debe ser también objetivamente imputable al autor como su obra...” (CASTILLO, Francisco: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Editorial Jurídica Continental, Costa Rica, 1eraª edición, 2009, pág. 369). Sobre el tema, la jurisprudencia de esta Sala ha indicado que “… en los delitos permanentes se describe una acción o conducta de un carácter tal que se crea con su producción no solo la consumación típica sino también una injusta y duradera situación –también típica- de lesión o peligro para el bien jurídico, que se mantiene o prolonga en el tiempo sin solución de continuidad, hasta tanto no la cese el autor, como sucede también, por ejemplo, en la Privación de libertad sin ánimo de lucro (artículo 191 del Código Penal), en el Secuestro extorsivo (art. 215 C.P.), o en la Violación de domicilio (art. 204 C.P.). Esta particularidad de los delitos permanentes tiene relevancia en orden a otros problemas, como por ejemplo: a) la posibilidad de sobrevenir formas de participación o coautoría tras la consumación; b) cualquiera que sea el momento elegido para ejercer la legítima defensa, en los delitos permanentes la agresión ilegítima siempre es “actual” mientras se mantiene la situación injusta; c) para el cómputo de la prescripción de la acción penal se considera que el plazo corre desde el día en que cesó la permanencia de esa situación injusta (cfr. art. 32 del Código Procesal Penal), pues de lo contrario podría darse el absurdo de que el delito prescribiera sin haber cesado los autores en su actuación típica y antijurídica; (cfr. MEZGER, Edmund: Derecho Penal Parte General, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 2ª edición, 1990, págs. 152 y 340; FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juan: Derecho Penal Fundamental, Vol. II, Editorial Temis S.A., Colombia, 2ª reimpresión de la 2ª edición, 1998, pág. 335; MUÑOZ CONDE, Francisco y otra: Derecho Penal Parte General, Tirant lo blanch, Valencia 1993, pág. 369; LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel: Curso de Derecho Penal Parte General I, Editorial Hispamer, Colombia, s.f.e., pág. 315; WESSELS, Johannes: Derecho Penal Parte General, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1980, pág. 10; VELÁSQUEZ V., Fernando: Derecho Penal Parte General, Editorial Temis, Colombia, 1995, pág. 358; CREUS, Carlos: Derecho Penal Parte General, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1988, pág. 155. Respecto al concurso de delitos, véanse las interesantes observaciones de WELZEL, Hans: Derecho Penal Alemán, Editorial Jurídica de Chile, 1997, pág. 267 y 274). … Como se ha dicho, un delito permanente no se termina sino hasta que cesa la actividad, ya sea por la voluntad del agente o por causas ajenas a él que le impidan materialmente dar permanencia a la actividad, como ha sucedido, por ejemplo al sobrevenir su privación de libertad en sede judicial.” (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Res: 2001-00036, de las 10:00 horas, del 12 de enero de 2001). Por su parte, el delito de efectos permanentes, “ocurre cuando, no obstante haber conseguido el resultado, el imputado tiene una conducta permisiva y estando en posibilidad de eliminarla, se abstiene de hacerla cesar… de acuerdo con el artículo 32 del cód. proc. pen. (sic) la prescripción empieza a correr desde que cese la situación de permanencia…” (CASTILLO, Francisco: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Editorial Jurídica Continental, Costa Rica, 1eraª edición, 2009, pg. 373-374). La diferencia entre ambas figuras, es entonces que el delito permanente se ejecuta durante un extenso período de tiempo –mientras se ve agredido el bien jurídico, como por ejemplo en la privación de libertad, en la que cada momento en que el autor no libere a la víctima, implica una constante consumación del hecho-hasta que la acción material cesa por parte del autor, mientras que el delito de efectos permanentes, una vez ejecutado, y aún cesada la acción material del autor, el efecto sobre el bien jurídico se mantiene. Un ejemplo de esto sería el delito de falsificación y uso de documento falso, pues el documento, una vez falsificado, podrá ejercer sus efectos hasta que se declare su invalidez (CASTILLO, op cit., pg. 373) (…)” (Resolución N°1188-2014 de las catorce horas dieciocho minutos del dieciséis de julio de dos mil catorce (16/07/2014), también puede leerse catorce horas dieciocho minutos del dieciséis de julio de dos mil catorce (16/07/2014). Integrada por: Pereira, Ramírez, Arroyo, Arias y Gómez). Ahora bien, en el tipo penal que nos ocupa, se señala lo siguiente en la Ley Forestal: “Artículo 61.- Prisión de un mes a tres años. Se impondrá prisión de un mes a tres años a quien: (…) c) Realice actividades que impliquen cambio en el uso de la tierra (…)”. Tratándose de una norma penal en blanco, para determinar la configuración de la figura delictiva, indiscutiblemente debe acudirse a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Forestal, la cual apunta: “Actividades autorizadas. En terrenos cubiertos de bosque, no se permitirá cambiar el uso del suelo, ni establecer plantaciones forestales. Sin embargo, la Administración Forestal del Estado podrá otorgar permiso en esas áreas para los siguientes fines: a) Construir casas de habitación, oficinas, establos, corrales, viveros, caminos, puentes e instalaciones destinadas a la recreación, el ecoturismo y otras mejoras análogas en terrenos y fincas de dominio privado donde se localicen los bosques. b) Llevar a cabo proyectos de infraestructura, estatales o privados, de conveniencia nacional. c) Cortar los árboles por razones de seguridad humana o de interés científico. d) Prevenir incendios forestales, desastres naturales u otras causas análogas o sus consecuencias. En estos casos, la corta del bosque será limitada, proporcional y razonable para los fines antes expuestos. Previamente, deberá llenarse un cuestionario de preselección ante la Administración Forestal del Estado para determinar la posibilidad de exigir una evaluación del impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta ley.”. De las normas sustantivas antes transcritas, es posible determinar que este delito se materializa de manera inmediata (cuando se ejecutan los actos de cambio de uso de suelo), pero su consumación se reitera en el tiempo, en tanto se mantenga la variación del uso de tierra, en detrimento de los recursos naturales, pues no basta con que se haya talado el bosque, dado que mientras en el sitio se desarrolle una actividad distinta a la del bosque y se impide su regeneración, sigue ejecutándose el cambio en el uso del suelo, el cual está expresamente prohibido, siempre y cuando no se cuente con los permisos de la Administración Forestal, razón por la cual se considera un delito de forma y con efectos permanentes. Es claro que el bien jurídico tutelado, que en el particular son los recursos naturales, se ve afectado a cada instante en que el encartado mantenga la modificación del uso de tierra, que inicialmente era un bosque, y que, en apariencia, con su actuar el endilgado lo transformó en otro destino. A propósito del tema de la protección del medio ambiente, y de la necesidad de conservación del mismo para la preservación de las distintas especies que cohabitamos este planeta, es preciso mencionar el desarrollo que hizo al respecto el Tribunal Constitucional costarricense: “(…) VI.- SOBRE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. A partir de lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política, este Tribunal Constitucional ha reconocido, ampliamente, el deber que le atañe al Estado de proteger el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con lo cual, el Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. Es al tenor de dichas disposiciones, que nace la responsabilidad del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en esta materia, según lo dispone la propia norma constitucional en comentario, función que desarrolla la normativa infraconstitucional ambiental. De esta forma, mediante sentencia No. 2002-04830 indicó, en lo conducente: "Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, reconoce expresamente el derecho de todos los habitantes presentes y futuros de este país, de disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. El cumplimiento de este requisito es fundamental garantía para la protección de la vida y la salud públicas, no sólo de los costarricenses, sino además de todos los miembros de la comunidad mundial. La violación a estos fundamentales preceptos conlleva la posibilidad de lesión o puesta en peligro de intereses a corto, mediano y largo plazo. La contaminación del medio es una de las formas a través de las cuales puede ser rota la integridad del ambiente, con resultados la mayoría de las veces imperecederos y acumulativos. El Estado costarricense se encuentra en la obligación de actuar preventivamente evitando -a través de la fiscalización y la intervención directa- la realización de actos que lesionen el medio ambiente, y en la correlativa e igualmente ineludible prohibición de fomentar su degradación." Es así como a partir del texto constitucional el Estado Costarricense debe velar por la protección del ambiente, lo cual implica no sólo que debe tomar las medidas necesarias para impedir que se atente contra éste, sino también que debe adoptar medidas que refuercen su protección y conservación. VII.- PRINCIPIO PRECAUTORIO. La justicia constitucional ha reconocido una serie de principios de tutela del medio ambiente que derivan en obligaciones específicas para el Estado Costarricense. En primer término, resulta de relevancia rescatar para los efectos del caso que se examina, el principio de precaución, el cual se encuentra en su formulación más general en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, cuyo principio 15 dispone: “Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.” La Sala ha reconocido el “principio precautorio”, como un principio que obliga al Estado a disponer todo lo que sea necesario –dentro del ámbito permitido por el Ordenamiento Jurídico– a efecto de impedir que se produzcan daños irreversibles en el medio. Dentro de esta óptica, mediante la sentencia No. 1250-1999 de las 11:24 hrs. del 19 de febrero de 1999, se dispuso lo siguiente: "(...) en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente." También, en la sentencia No. 132-99 de las 8:18 hrs. del 8 de enero de 1999 se indicó lo que sigue: "El principio de protección al medio ambiente no es una recomendación o una intención que da la Constitución, sino que, por el contrario, es un derecho de aplicación inmediata, por lo que existe una obligación por parte de los organismos gubernamentales de vigilar porque se cumplan las disposiciones legales que tiendan a proteger el medio ambiente." (El destacado no forma parte del original). La precaución implica anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos naturales. Consecuentemente, el principio rector de prevención o “principio precautorio” se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. En este particular, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que en caso que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, se debe adoptar las medidas de precaución e inclusive posponer la actividad que se trate. Lo anterior, debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente. Es así, como hoy en día la acción precautoria del Estado debe ir encaminada a la tutela del medio ambiente a pesar que no existan pruebas concluyentes que reflejen una relación causa-efecto entre la actividad que se ejerce y las posibles consecuencias nocivas como resultado de la misma, utilizándose las mejores técnicas disponibles para reducir al mínimo los posibles daños y peligros para la naturaleza y el ambiente. Por este motivo, es que el propio Ordenamiento Costarricense ha impuesto a nivel legal la exigencia de efectuar estudios previos antes de ejecutar una actividad que, eventualmente, podría tener efectos nocivos sobre el medio ambiente, y que, a partir de lo expuesto, se constituyen en deberes constitucionalmente impuestos para garantizar el derecho de todos a gozar de un medio ambiente sano y equilibrado. Corolario de lo anterior, el principio precautorio no justifica una actuación pasiva del Estado en cuanto a la tutela del medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales se refiere. VIII.- SOBRE EL DERECHO A UN DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA NECESIDAD DE REALIZAR UN USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES. Ciertamente, el hombre puede hacer uso de los recursos naturales que se encuentren a su disposición con el fin de satisfacer sus necesidades básicas, como medio de subsistencia y como fuente de ingresos; sin embargo, tal uso no puede ser de ninguna manera efectuado en detrimento de éstos. En otros términos, el ser humano puede hacer uso de los recursos, siempre que su actividad se lleve a cabo de manera proporcional, racional, más no de forma ilimitada o arbitraria en perjuicio del medio ambiente. Al respecto este Tribunal Constitucional en la resolución No. 4423-93 señaló, en lo que interesa: “(...) Toda la vida del hombre ocurre en relación inevitable con su ambiente, en especial con el mejoramiento de la condición de vida que es el objetivo central que el desarrollo necesita, pero éste debe estar en relación con el ambiente de modo tal que sea armónico y sustentable. El ambiente, por lo tanto, debe ser entendido como un potencial de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, debiendo actuarse de modo integrado en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político, ya que, en caso contrario, se degrada su productividad para el presente y el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio de las generaciones venideras (...)” Sobre la misma línea de argumentación, la Sentencia No. 5974-98 estipuló como sigue:“(...) si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para uso de las generaciones futuras; pues de conformidad con el principio de "lesión", el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales; por un lado, los iguales derechos de los demás, y por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo (...)”. El desarrollo sostenible, como tal, va más allá de ser un concepto meramente ambientalista, pues implica una adecuada y sostenida utilización de los recursos naturales para el goce y disfrute de las generaciones actuales, pero sin comprometer los recursos y sin poner en peligro el goce de éstos para las generaciones venideras. En sí mismo, el principio de desarrollo sostenible, encierras varios fines, como lo son los objetivos económicos promoviendo la eficiencia en la utilización de los recursos, sociales al pretender la limitación de la pobreza, y ecológicos al tutelar la preservación de los sistemas físicos y biológicos. Dichos fines deben ser tutelados por el Estado Costarricense de manera conjunta, logrando un equilibrio que encierra la persecución del desarrollo sostenible (…)”. Partiendo de ello, y considerando que nos encontramos ante un delito con efectos permanentes, para los aspectos de la prescripción, debe estarse a lo dispuesto en el numeral 32 del Código de rito que dispone: “(…) Los plazos de prescripción se regirán por la pena principal prevista en la ley y comenzarán a correr (…) para los delitos continuos o permanentes, desde el día en que cesó su permanencia (…)”. Sobre la prescripción en esta forma de delitos, ha señalado la Sala Constitucional: “(…) Aduce la jueza que ahora consulta que en el caso del delito de usurpación, el plazo de prescripción no puede iniciar su curso sino hasta que el poseedor –usurpador- salga del inmueble (cesen los efectos) lo que hace prácticamente imprescriptible el delito, pues aun transcurridos más de diez años de la invasión de un inmueble, basta acreditar que siempre el invasor ha estado dentro del terreno para que llegue a determinarse que no ha corrido ni siquiera un día para que opere la prescripción tanto negativa –penal- como la positiva –usucapión-, pues ésta no puede computarse allí donde no se haya dado la extintiva. Vale aclarar a la consultante que el delito de usurpación no sería imprescriptible, porque como lo establece el artículo aquí cuestionado, el término para contar la prescripción de la acción penal empezaría a partir del cese de la permanencia de sus efectos, sea cuando cese la usurpación. En los delitos instantáneos de efectos permanentes, se repiten sus efectos todos los días hasta que el "usurpador" abandone la propiedad, de ahí el calificativo de la permanencia (…)” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto N°11515-00 de las catorce horas treinta y nueve minutos del veintiuno de diciembre del año dos mil, también puede leerse 14:39 horas del 21/12/2000). Si bien la cita del fallo recién señalado hace referencia a la usurpación, lo cierto es que nos encontramos ante una situación similar cuando se trata del delito de cambio de uso de tierra, por cuanto al talarse un bosque, y variar por completo su destino, hasta tanto no se haya permitido la regeneración de los recursos naturales, la acción desplegada por el endilgado continuaría generando efectos en perjuicio de los ecosistemas y de futuras generaciones. Así las cosas, bajo estos supuestos no se aplican las reglas estipuladas en el artículo 33 de la normativa procesal penal costarricense, tal y como lo hizo el a quo y el ad quem dentro de este proceso penal, ya que la reducción de los plazos de prescripción, así como la interrupción y suspensión, dependen del momento en que inicie el cómputo del plazo de prescripción. No obstante, ante casos como el que nos ocupa, en que el delito es con consecuencias permanentes y en donde a la fecha se desconoce si han cesado sus efectos, no puede iniciarse el cálculo de la prescripción, conforme lo indica el numeral 32 del Código Procesal Penal, y por lo tanto, tampoco es procedente aplicar la reducción de los plazos del artículo 33 de la legislación adjetiva, hasta tanto no se haya iniciado la regeneración del bosque secundario, que en apariencia fue talado, por instrucciones dadas por el imputado. En conclusión, esta Cámara por mayoría unifica los criterios contradictorios suscitados entre los tribunales de segunda instancia, en el sentido que, en el delito de cambio de uso de suelo, previsto en el artículo 61 inciso c) de la Ley Forestal, la prescripción no corre hasta tanto no hayan cesado sus efectos, sea, en el momento en que se inicie la regeneración de los ecosistemas que se vieron afectados con la extinción del bosque, para darle paso a otras actividades de desarrollo humano. Lo anterior, en consonancia con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, previsto en el artículo 50 de la Constitución Política, y por consiguiente en el desarrollo sostenible necesario para la preservación del planeta para las futuras generaciones. En consecuencia, se anula la resolución N°2021-00625 de las once horas del veintidós de junio de dos mil veintiuno (11:00 horas del 22/06/2021) del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera, así como la sentencia N° 204-P-20 de las catorce horas del veintisiete de mayo de dos mil veinte (14:00 horas del 27/05/2020) del Tribunal de Juicio de Puntarenas, ordenándose el reenvío de la causa al Tribunal Penal de Puntarenas, a fin de que continúe con la tramitación del presente proceso penal como en derecho corresponde. III. En el segundo motivo, se acusa la Errónea aplicación de las reglas de prescripción que prevén los numerales 31, 32 y 33 del Código Procesal Penal, al aplicar la prescripción del delito de cambio de uso del suelo. Señala el impugnante, la equivocada aplicación de los artículos 31, 32 y 33 del Código Procesal Penal, porque en la especie no se está ante un delito instantáneo de efectos permanentes, sino ante un delito permanente, por lo que la prescripción no empezaba a correr en el momento de la acción típica del cambio del uso de suelo, sino de la cesación del estado por ella producido. Agrega que en el delito de cambio de uso del suelo “…la acción penal comienza su conteo o plazo fatal, una vez que cesa la permanencia de la obra invasora, ya que mientras ésta se mantenga el ilícito se perpetúa en el tiempo, y esa permanencia cesa cuando se elimina la estructura o construcción invasora y el recurso natural se recupera, regenera y vuelve a su estado original.”. Menciona que, en el caso en particular, se construyeron terrazas e introdujeron construcciones invasoras destruyeron el ecosistema, obras que aún permanecen y continúan lesionando el bien jurídico tutelado. En su exposición, hace alusión al pronunciamiento de esta Sala, 2018-00893, de las once horas y veinticinco minutos del siete de diciembre de dos mil dieciocho (07/12/2018), que transcribe parcialmente. Indica que el fallo impugnado genera gravamen al no aplicar el artículo 32 del Código Procesal Penal, lo que permitió el dictado del sobreseimiento definitivo por prescripción de la acción penal y que no ordenaran la restitución del sitio afectado a su estado anterior. Por la forma en que se resolvió el primer motivo del recurso de casación, se omite pronunciamiento sobre este reclamo. Por tanto: Por mayoría, se declara con lugar el primer motivo del recurso de casación interpuesto por la procuradora penal. Esta Cámara unifica los criterios contradictorios suscitados entre los tribunales de alzada, en el sentido que, en el delito de cambio de uso de suelo, previsto en el artículo 61 inciso c) de la Ley Forestal, la prescripción no corre hasta tanto no hayan cesado sus efectos, sea, en el momento en que se inicie la regeneración de los ecosistemas que se vieron afectados con la extinción del bosque, para darle paso a otras actividades de desarrollo humano. Lo anterior, en consonancia con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, previsto en el artículo 50 de la Constitución Política, y por consiguiente en el desarrollo sostenible necesario para la preservación del planeta para las futuras generaciones. En consecuencia, se anula la resolución N°2021-00625 de las once horas del veintidós de junio de dos mil veintiuno (11:00 horas del 22/06/2021) del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera, así como la sentencia N° 204-P-20 de las catorce horas del veintisiete de mayo de dos mil veinte (14:00 horas del 27/05/2020) del Tribunal de Juicio de Puntarenas, ordenándose el reenvío de la causa al Tribunal Penal de Puntarenas, a fin de que continúe con la tramitación del presente proceso penal como en derecho corresponde. Por la forma en que se resolvió este reclamo, se omite pronunciamiento sobre el segundo de los reproches. La Magistrada Zúñiga morales salva el voto. Notifíquese. Jesús Alberto Ramírez Q. Sandra Eugenia Zúñiga M. Rafael Segura B. Magistrado suplente Miguel Fernández C. Magistrado suplente Rosa Acón Ng Magistrada suplente Voto salvado de la Magistrada Zúñiga Morales Único. Con el debido respeto, discrepo del criterio expresado por la mayoría de esta Cámara en cuanto declaró con lugar el primer motivo del recurso de casación interpuesto por la representante de la Procuraduría General de la República. Estimo, que lo procedente es declarar sin lugar los dos motivos (ambos referidos a la aplicación de las reglas de prescripción de la acción penal) de dicha impugnación y confirmar lo resuelto por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, en cuanto ratificó el sobreseimiento definitivo, por prescripción, dictado por el Tribunal de Juicio de Puntarenas. Si bien, lleva razón la Procuradora Penal, en el sentido de que existen precedentes contradictorios entre el voto aquí recurrido, N° 2021-00625, de las once horas, del veintidós de junio de dos mil veintiuno (11:00 horas del 22/06/2021) dictado por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera [asume la posición de que el delito de “Cambio de uso de la tierra”, al ser inmediato con efectos permanentes, no le aplica el numeral 32 del Código Procesal Penal (que dispone que el cómputo de los plazos de prescripción empieza a correr “desde el día que cesó su permanencia”), sino que operan las reglas de prescripción establecidas en los artículos 31 y 33 de ese mismo cuerpo normativo] y la resolución N° 2014-0490, de las nueve horas diez minutos, del catorce de marzo de dos mil catorce (09:10 horas del 14/03/2014) emitida por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea [consideró, en un caso en el que se juzgó por el delito de “Cambio de uso de la tierra”, que el plazo de la prescripción de la acción penal no comenzó a correr (conforme al artículo 32 del Código Procesal Penal), al no haber cesado la permanencia de sus efectos en el sitio] , lo cierto es que, contrario al voto de mayoría de esta Sala, considero que debe confirmarse la resolución dictada por el Tribunal de Apelación en el caso concreto, en cuanto ratificó el sobreseimiento definitivo, por prescripción, dictado por el Tribunal de Juicio. En primer lugar, cabe señalar que los delitos de efectos permanentes se han conceptualizado como aquellos en los que no obstante haberse conseguido el resultado, la persona imputada tiene una conducta permisiva y, estando en posibilidad de eliminarla, se abstiene de hacer cesar sus efectos (se mantiene el efecto sobre el bien jurídico). Tal y como lo he indicado en múltiples oportunidades, en delitos cuya naturaleza es de efectos permanentes (como sucede con el de “Cambio de uso de la tierra”), al igual que en cualquier otro delito, se le deben aplicar las normas sobre la interrupción y suspensión de la prescripción, pues esa naturaleza de delito de efectos permanentes, sólo tiene sentido y utilidad para iniciar el proceso (persecución penal). Esta posición es consecuente con la que mantenido en otras ocasiones, concretamente, cuando suscribí el voto minoritario en las resoluciones N° 2007-00086, de las nueve horas, del dieciséis de febrero de dos mil siete (09:00 horas del 16/02/2007), del otrora Tribunal de Casación Penal, Sección Primera, San Ramón y N° 2013-1769, de las once horas treinta y cuatro minutos, del doce de agosto de dos mil trece (11:34 horas del 12/08/2013), del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea; así como cuando emití un voto minoritario en los pronunciamientos de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia N° 2014-00559, de las diez horas y cincuenta minutos, del veintiocho de marzo de dos mil catorce (10:50 horas del 28/03/2014) y N° 2018-00893, de las once horas veinticinco minutos, del siete de diciembre del dos mil dieciocho (11:25 horas del 07/12/2018). El artículo 31 del Código Procesal Penal (CPP) tiene por objeto regular los plazos de prescripción de la acción penal cuando no se ha iniciado la investigación en contra de una persona, ya sea por algún tipo de denuncia o, de oficio, por parte del Ministerio Público en caso de delitos de acción pública; por denuncia en ilícitos de acción pública a instancia privada o, mediante querella en los delitos de acción privada. El numeral 32 del CPP explica la forma de realizar los cómputos de los plazos previstos en el 31 de este mismo texto legal, para determinar si se encuentra o no prescrita la acción penal (pero para iniciar la persecución mediante un proceso penal), según dos supuestos: (i) grado de perfección del ilícito, dependiendo de si se consumó o quedó en grado de tentativa y (ii) modo de afectación del bien jurídico tutelado: dependiendo de si se trata de lo que denomina como delitos “continuos o permanentes”. Es fundamental destacar, se esté de acuerdo o no, que la referencia que efectúa el artículo 32 del CPP –concretamente sobre las peculiaridades de los delitos permanentes– en cuanto al numeral 31 de ese mismo cuerpo normativo, lo hace solo para efecto de iniciar la persecución penal. Hipótesis en la cual, por supuesto, de continuar la afectación del bien jurídico tutelado (en lo que interesa, la realización de actividades que impliquen cambio en el uso de la tierra o el suelo, contrarias a lo establecido por el artículo 19 de la Ley Forestal) se podrá denunciar, querellar o actuar de oficio el Ministerio Público, pues no ha prescrito la acción penal, la que se comenzaría a computar a partir del momento en que cese la conducta sancionada (si es que cesa). Por su parte, se tiene que el ordinal 33 del CPP indica: “Iniciado el procedimiento, los plazos establecidos en el artículo trasanterior se reducirán a la mitad…”. Como puede advertirse, este artículo no establece ningún tipo de excepción para que esas reducciones automáticas del plazo de la prescripción operen, y eso es así porque, como lo dispone de forma expresa la norma, esta regulación existe para aplicarse siempre que la persecución penal haya iniciado (según los términos dispuestos en el artículos 31 del CPP y con una sola excepción, contemplada en el inciso b), la presentación de la querella, acto con el cual tiene inicio el procedimiento especial para delitos de acción privada). La suscrita no comparte la posición asumida, en el caso en particular, por mis compañeros y mi compañera de Sala, en tanto consideran que ante un delito con efectos permanentes como el de “Cambio de uso de la tierra” y en donde a la fecha se desconoce si han cesado sus efectos, no puede iniciarse el cálculo de la prescripción, conforme lo indica el artículo 32 del Código Procesal Penal, y por lo tanto, tampoco es procedente aplicar la reducción de los plazos del numeral 33 de este mismo cuerpo normativo, hasta tanto no se haya iniciado la regeneración del bosque secundario. Con todo respeto considero que, si el ordinal 33 del CPP no establece ninguna excepción para su aplicación, mal se haría, si en perjuicio del encartado se da una interpretación extensiva en línea a que, de la aplicación de esa norma se deben excluir determinados delitos: los denominados por nuestro Código Procesal Penal como permanentes o continuos; cuando lo correcto es optar por una interpretación restrictiva, la cual se regula expresamente en el ordinal 2 del CPP que establece: “Deberán interpretarse restrictivamente las disposiciones legales que coarten la libertad personal o limiten el ejercicio de un poder o derecho conferido a los sujetos del proceso. En esta materia, se prohíben la interpretación extensiva y la analógica mientras no favorezca la libertad del imputado ni el ejercicio de una facultad conferida a quienes intervienen en el procedimiento.”. Debe tenerse presente que la prescripción, sus plazos y sus causales de interrupción y de suspensión, resultan tópicos que responden a aspectos de política criminal. Si el legislador optó por establecer la interrupción de la prescripción –sin incluir de forma expresa ninguna excepción–, y si una interpretación restrictiva de las normas impide aplicar reglas en perjuicio o en detrimento de los derechos y garantías de la persona imputada, debemos concluir que esa fue la decisión del legislador: reducir los plazos de la prescripción a la mitad, sin ninguna restricción; cuya única exigencia es que la persecución haya iniciado. En consecuencia, siendo que, en este proceso, la acción penal se extinguió, por prescripción, el diecinueve de enero de dos mil veinte (19/01/2020), considero que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de casación interpuesto por la representante de la Procuraduría General de la República y confirmar lo resuelto por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal. Por las razones apuntadas, con todo respeto me aparto del criterio sostenido por el voto mayoritario. Sandra Eugenia Zúñiga M. Int. 817-2/17-2-22 SLEIVAA Observaciones de SALA DE CASACIÓN PENAL voto salvado de la magistrada Sandra Zúñiga Morales Clasificación elaborada por SALA DE CASACIÓN PENALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-03-2026 20:42:35. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Sala Tercera de la Corte
Resolution No. 00691 - 2022
Date of Resolution: June 24, 2022 at 10:35
Case File: 12-200167-0591-PE
Drafted by: Rosa Acón Ng
Type of matter: Cassation appeal
Analyzed by: SALA DE CASACIÓN PENAL
Judgment with Dissenting Vote
Indicators of Relevance
Unifying criterion
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Type of content: Majority vote
Branch of Law: Criminal
Topic: Violation of the Forestry Law
Subtopics:
Land-use change (Cambio de uso de suelo) is a crime of immediate consummation and permanent effects.
"II.[...] From the substantive norms transcribed above, it is possible to determine that this crime materializes immediately (when the acts of land-use change are executed), but its consummation is reiterated over time, as long as the variation in land use is maintained, to the detriment of natural resources, since it is not enough that the forest has been cut down, given that while an activity other than forest is carried out on the site and its regeneration is prevented, the land-use change continues to be executed, which is expressly prohibited, provided that the permits from the Forestry Administration have not been obtained, which is why it is considered a crime of form and with permanent effects. It is clear that the protected legal interest, which in this particular case is the natural resources, is affected at every instant in which the accused maintains the modification of the land use, which was initially a forest, and which, apparently, through his actions the defendant transformed it to another purpose."
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Strategic Themes: Environmental
Sustainable Development Goals: Life on Land (Obj 15)
Type of content: Majority vote
Branch of Law: Criminal
Topic: Violation of the Forestry Law
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Land-use change (Cambio de uso de suelo), the statute of limitations calculation begins only when its effects cease.
"II.[...] Based on this, and considering that we are facing a crime with permanent effects, for aspects of the statute of limitations (prescripción), the provisions of numeral 32 of the Code of Procedure must be observed, which states: "(…) The statute of limitation periods shall be governed by the principal penalty provided for by law and shall begin to run (…) for continuing or permanent crimes, from the day on which their permanence ceased (…)". Regarding the statute of limitations in this form of crimes, the Constitutional Chamber has stated: "(…) The judge now consulting contends that in the case of the crime of usurpation, the statute of limitations period cannot begin to run until the possessor –usurper– leaves the property (the effects cease), which makes the crime practically imprescriptible, since even after more than ten years have passed since the invasion of a property, it is sufficient to prove that the invader has always been on the land in order for it to be determined that not even a single day has run for either the negative statute of limitations –criminal– or the positive one –usucapion– to operate, because the latter cannot be computed where the extinctive one has not occurred. It is worth clarifying to the inquirer that the crime of usurpation would not be imprescriptible, because as established by the article questioned here, the term for counting the statute of limitations for the criminal action would begin from the cessation of the permanence of its effects, that is, when the usurpation ceases. In instantaneous crimes with permanent effects, their effects are repeated every day until the 'usurper' abandons the property, hence the qualifier of permanence (…)" (Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, vote No. 11515-00 of fourteen hours thirty-nine minutes of December twenty-first of the year two thousand, also readable as 14:39 hours of 12/21/2000). Although the citation of the ruling just mentioned refers to usurpation, the truth is that we are facing a similar situation when dealing with the crime of land-use change, because when a forest is cut down and its purpose is completely changed, until the regeneration of natural resources has been permitted, the action carried out by the defendant would continue to generate effects to the detriment of ecosystems and future generations. Thus, under these assumptions, the rules stipulated in article 33 of the Costa Rican procedural criminal law do not apply, as the lower court (a quo) and the appellate court (ad quem) did within this criminal process, since the reduction of the statute of limitation periods, as well as the interruption and suspension, depend on the moment at which the computation of the statute of limitations period begins. However, in cases such as the one at hand, in which the crime has permanent consequences and where it is unknown to date whether its effects have ceased, the calculation of the statute of limitations cannot begin, as indicated by numeral 32 of the Code of Criminal Procedure, and therefore, it is also not appropriate to apply the reduction of the periods in article 33 of the adjective legislation, until the regeneration of the secondary forest, which was apparently cut down on instructions given by the accused, has begun. In conclusion, this Chamber, by majority, unifies the contradictory criteria raised among the second instance courts, in the sense that, in the crime of land-use change (cambio de uso de suelo), provided for in article 61 subsection c) of the Forestry Law (Ley Forestal), the statute of limitations does not run until its effects have ceased, that is, at the moment in which the regeneration of the ecosystems that were affected by the extinction of the forest begins, to give way to other human development activities. The foregoing, in accordance with the right to a healthy and ecologically balanced environment, provided for in article 50 of the Political Constitution, and consequently in the sustainable development necessary for the preservation of the planet for future generations."
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Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments Sustainable Development Goals
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Type of content: Dissenting vote
Branch of Law: Criminal
Topic: Crime of permanent effects
Subtopics:
Concept.
".[...[First, it should be noted that crimes of permanent effects have been conceptualized as those in which, despite having achieved the result, the accused person has a permissive conduct and, being in a position to eliminate it, refrains from ceasing its effects (the effect on the legal interest is maintained). As I have indicated on multiple occasions, in crimes whose nature is of permanent effects (as occurs with "Land-use change (Cambio de uso de la tierra)"), as in any other crime, the rules on the interruption and suspension of the statute of limitations must be applied, because that nature of a crime of permanent effects only makes sense and is useful for initiating the proceeding (criminal prosecution)."
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Type of content: Dissenting vote
Branch of Law: Criminal Procedure
Topic: Statute of limitations for criminal action
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Analysis of articles 31, 32, and 33 of the Code of Criminal Procedure.
"Article 31 of the Code of Criminal Procedure (CPP) is intended to regulate the statute of limitation periods for criminal action when an investigation has not been initiated against a person, whether by some type of complaint or, ex officio, by the Public Prosecutor's Office in the case of crimes subject to public prosecution; by complaint in offenses subject to public prosecution at the instance of a private party, or by private criminal complaint in crimes subject to private prosecution. Numeral 32 of the CPP explains how to compute the periods provided for in 31 of this same legal text, to determine whether or not the criminal action is time-barred (but to initiate prosecution through a criminal process), according to two assumptions: (i) the degree of perfection of the offense, depending on whether it was consummated or remained at the stage of attempt, and (ii) the manner of affecting the protected legal interest: depending on whether it is what it calls 'continuing or permanent' crimes. It is essential to highlight, whether one agrees or not, that the reference made by article 32 of the CPP –specifically regarding the peculiarities of permanent crimes– in relation to numeral 31 of that same normative body, is made only for the purpose of initiating criminal prosecution. A hypothesis in which, of course, if the affectation of the protected legal interest continues (in what matters here, the realization of activities that imply land-use change (cambio en el uso de la tierra o el suelo), contrary to the provisions of article 19 of the Forestry Law (Ley Forestal)), it may be reported, privately prosecuted, or acted upon ex officio by the Public Prosecutor's Office, since the criminal action has not prescribed, which would begin to be computed from the moment the sanctioned conduct ceases (if it ceases). For its part, ordinal 33 of the CPP states: 'Once the proceeding has been initiated, the periods established in the article preceding the previous one shall be reduced by half…'. As can be seen, this article does not establish any type of exception for those automatic reductions of the statute of limitations period to operate, and that is so because, as the norm expressly provides, this regulation exists to be applied whenever the criminal prosecution has been initiated (under the terms provided in article 31 of the CPP and with a single exception, contemplated in subsection b), the filing of the private criminal complaint, an act with which the special proceeding for crimes of private action begins)."
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Citations of Legislation and Doctrine
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Type of content: Dissenting vote
Branch of Law: Criminal
Topic: Violation of the Forestry Law
Subtopics:
Dissenting vote on the application of statute of limitations rules to the crime of land-use change (cambio de uso de suelo).
"The undersigned does not share the position taken, in this particular case, by my fellow judges of the Chamber, as they consider that in a crime with permanent effects such as 'Land-use change (Cambio de uso de la tierra)' and where it is unknown to date whether its effects have ceased, the calculation of the statute of limitations cannot begin, as indicated by article 32 of the Code of Criminal Procedure, and therefore, it is also not appropriate to apply the reduction of the periods of numeral 33 of this same normative body, until the regeneration of the secondary forest has begun. With all due respect, I consider that, if ordinal 33 of the CPP does not establish any exception for its application, it would be wrong if, to the detriment of the accused, an extensive interpretation is given to the effect that certain crimes must be excluded from the application of that norm: those denominated by our Code of Criminal Procedure as permanent or continuing; when the correct approach is to opt for a restrictive interpretation, which is expressly regulated in ordinal 2 of the CPP, which states: 'Legal provisions that restrict personal freedom or limit the exercise of a power or right conferred on the subjects of the process shall be interpreted restrictively. In this matter, extensive and analogical interpretation are prohibited as long as they do not favor the freedom of the accused or the exercise of a faculty conferred on those who intervene in the proceeding.' It must be borne in mind that the statute of limitations, its periods, and its grounds for interruption and suspension are topics that respond to criminal policy considerations. If the legislator chose to establish the interruption of the statute of limitations –without expressly including any exception–, and if a restrictive interpretation of the norms prevents applying rules to the detriment of the rights and guarantees of the accused person, we must conclude that this was the legislator's decision: to reduce the statute of limitations periods by half, without any restriction; the only requirement being that prosecution has begun."
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Citations of Legislation and Doctrine
Text of the resolution
*122001670591PE*
Exp: 12-200167-0591-PE
Res: 2022-00691
SALA DE CASACIÓN PENAL. San José, at ten hours thirty-five minutes of June twenty-fourth of two thousand twenty-two.
Cassation appeal filed in the present case against Michael Senner Manfred, of legal age, German, residence ID number 127600115715, for the crime of violation of the Forestry Law (Ley Forestal), committed to the detriment of Natural Resources. The magistrates Jesús Alberto Ramírez Quirós, Sandra Eugenia Zúñiga Morales, Rafael Segura Bonilla, Miguel Ernesto Fernández Calvo, and Rosa Acón Ng, the latter three in their capacity as substitutes, participate in the decision on the appeal. Additionally, at this instance, the Criminal Prosecutor Zaray Chavarría Prado, representing the Procuraduría General de la República.
Whereas:
1.- By judgment No. 2021-00625 of eleven hours on June twenty-second of two thousand twenty-one, the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal of the Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón, resolved: "POR TANTO: The appeal filed by licensed attorney Zaray Chavarría Prado, Criminal Prosecutor, is denied. NOTIFY. Yadira Godínez Segura Annia Enríquez Chavarría Carmen María Pereza Segura Appellate Judges of Sentencia. (sic)."
2.- Against the previous pronouncement, the Criminal Prosecutor Zaray Chavarría Prado filed a cassation appeal.
3.- Having verified the respective deliberation, the Chamber proceeded to hear the appeal.
4.- The pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.
Magistrate Rosa Acón Ng reports; and,
Considering:
I. By resolution No. 2021-1054 of ten hours thirteen minutes on September tenth of two thousand twenty-one (09/10/2021) (see folios 233 to 234 of the case file), this Chamber admitted for substantive review the first and second grounds of the cassation appeal filed by licensed attorney Zaray Chavarría Prado, criminal prosecutor, against the judgment of the Tribunal de Apelación de Sentencia of the Third Judicial Circuit of Alajuela, Third Section, San Ramón, No. 2021-00625 of eleven hours on June twenty-second of two thousand twenty-one (06/22/2021) (see folios 166 to 177 of the main dossier), in which: "The appeal filed by licensed attorney Zaray Chavarría Prado, Criminal Prosecutor, is denied.".
II. In her first ground, mention is made of the "Existence of contradictory precedents handed down by the appellate courts, specifically between the resolution being challenged, number 2021-00625 of 11:00 a.m. on June 22, 2021, from the Tribunal de Apelación de Sentencia of the Third Judicial Circuit of Alajuela, Third Section, San Ramón, and the precedent resolution 2014-0490 of 9:10 a.m. on March 14, 2014, handed down by the Tribunal de Apelación de Sentencia of the Second Judicial Circuit of San José, Goicoechea". She alleges the existence of contradictory precedents between ruling No. 2021-00625 issued by the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal of the Third Judicial Circuit of Alajuela, Third Section, at eleven hours on June twenty-second of two thousand twenty-one (06/22/2021), and vote No. 2014-0490, handed down by the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal of the Second Judicial Circuit of San José, at nine hours ten minutes on March fourteenth of two thousand fourteen (03/14/2014). The latter resolved that, in application of article 32 of the Code of Criminal Procedure, for a crime of permanent effects, the statute of limitations operates from the cessation of the typical act. Meanwhile, in vote No. 2021-00625 of eleven hours on June twenty-second of two thousand twenty-one (06/22/2021) of the Tribunal de Apelación de Sentencia of the Third Judicial Circuit of Alajuela, Third Section, San Ramón, it was ordered that by virtue of being before an "immediate" crime with permanent effects, the statute of limitations would begin to run, according to the rules of articles 30 and 33 of the Code of Procedure, from the act of alteration. She notes that in both cases, the factual framework refers to the criminal type of land-use change (cambio de uso del suelo), described in article 61, subsection c) of the Forestry Law (Ley Forestal). She points out that the correct interpretation is that, in cases such as the present one, the statute of limitations should begin to run from the day on which the permanence of its effects ceased, in application of the pro natura and forest lifetime tenure (irreductibilidad del bosque) principles. Furthermore, the restitution of the affected area must be ordered so that the consequences of the offense are not perpetuated. The criminal prosecutor states that there is harm to the State, given that the interpretation made by the challenged resolution prevents the continuation of criminal prosecution, as well as establishing the eventual liability of the defendant and the damage caused to the environment, and being able to order the restitution of the site to its previous state. By majority, the ground is upheld. To provide an adequate solution to the claim made by the appellant, it is necessary to review the provisions of both second instance courts on the particular topic. The Tribunal de Apelación de Sentencia Penal of the Second Judicial Circuit of San José, in vote No. 2014-490 of nine hours ten minutes on March fourteenth of two thousand fourteen (03/14/2014), has stated: "(…) The judgment also expressly rules on the question of the statute of limitations for the criminal action, which has not operated with respect to those two crimes, because even though both were immediately consummated, the statute of limitations period has not even begun to run, because the permanence of their effects on the site has not ceased, in accordance with article 32 of the Code of Criminal Procedure, which expressly contemplates said category of crime (see Judgment, folios 852 to 854). This chamber agrees with the trial court and the Adjunta Agrario Ambiental Prosecutor's Office of the Public Ministry, that the statute of limitations does not run while the will of the accused to maintain the work other than forest on the site persists (with respect to the crime of 'Land-use change (Cambio de uso de la tierra)') or to maintain the invasive works within the protection area of the springs (with respect to the crime of 'Invasión of a conservation area or protection area of a permanent spring (naciente)') and in this sense, the jurisprudence of this Tribunal de Casación Penal has ruled (thus judgments No. 117 of 10:15 a.m. on February 15, 2002; No. 193 of 9:00 a.m. on March 8, 2002: No. 396 of 12:00 p.m. on May 8, 2003; No. 1158 of 9:25 a.m. on November 14, 2008) (…)". Meanwhile, the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal of the Third Judicial Circuit of Alajuela, Third Section, in resolution No. 2021-00625 of eleven hours on June twenty-second of two thousand twenty-one (11:00 a.m. on 06/22/2021), ordered: "(…) This Chamber has analyzed the arguments put forward by the appellant in defense of this thesis and concludes that she is not right. The topic of the classification of permanent crimes or crimes of a permanent nature (or effects), has not been entirely settled in international and domestic doctrine, however, it is possible to obtain important postulates in their classification and, in accordance with the nature and characteristics of said crimes, to objectively deduce when we are faced with a crime of immediate consummation, immediate consummation with permanent effects, or crimes whose action is maintained over time, giving them the character of permanent crimes. Under this theory, we have that in the case at hand, the crime of land-use change (cambio de uso de suelo) turns out to be an immediate crime with permanent effects. This classification leads us to determine that, contrary to 'permanent or continuing' crimes, for which numeral 32 of the Code of Procedure specifies that the computation of the statute of limitation periods begins to run 'from the day its permanence ceased', for that other class of offenses, the statute of limitations rules established in numerals 30 and following of the Code of Criminal Procedure operate, as they were applied in the judgment under review. This same Appeals Tribunal, - with a different composition -, has already ruled on the subject through a doctrinal and legal analysis that is fully shared, and which points out that not all crimes against Nature possess the characteristic of being permanent (…) It follows then that the damage suffered by nature is limited to the action executed by the accused during that period, while the characteristics inherent to a land-use change made the result effective immediately. The foregoing does not mean that during the criminal process, a plan for amendment, mitigation, and economic compensation for the environmental damage caused could not have existed, which unfortunately was not achieved in the process due to the arrival of the extinction of the criminal action. Hence, it was legally appropriate that in this particular case, the statute of limitations rules provided for in numerals 30 and following of the Code of Criminal Procedure were applied, and that ultimately, in accordance with the reasoning given in the ruling, it was determined that the statute of limitations period expired one and a half years after the last setting for trial (apart from the period of default), without any other cause interrupting said period having operated. This Chamber adds that the pro natura principle and the defense of environmental rights are of primary importance in our society, as part of the fundamental rights of individuals, so the importance of an adequate application of the legal system in this area is not unknown, however, this does not mean that arbitrariness can be introduced in criminal prosecution, in relation to statute of limitation periods, since this would also go against the Rule of Law and other fundamental rights of the people. The State, through its respective repressive bodies, must ensure compliance with legal requirements, within the framework of action under which the different criminal conducts are prosecuted, to the detriment of Nature (…)". Solution of the case: In this matter, the representative of the State criticizes the contradictory positions between two appellate courts, demonstrating for this purpose the similarity in the factual assumptions and in the ratio decidendi. With this claim, the appellant has brought to discussion the nature of the crime of land-use change (cambio de uso de suelo) provided for and sanctioned in article 61 subsection c) of the Forestry Law (Ley Forestal), specifically regarding whether it is a crime of immediate consummation with permanent effects, or whether it is a crime whose action remains over time, thus being a permanent crime. This Chamber, with respect to this last topic, has pointed out: "(…) According to doctrine, permanent crimes '… are punishable acts in which, according to the interpretation of the criminal type (understood as a prohibitive norm), it turns out that after the production of the result, there is the realization of other actions or the conservation of the produced situation (by action or omission), a realization that constitutes the typical wrong. These subsequent actions or omissions form a unity with the production of the first result. The foregoing allows seeing the total event as a single realization of the type. As we have indicated, the first result must be the product of the violation of the norm. The subsequent action or omission, which forms a unity with the first result and which also constitutes the wrong, must also be objectively imputable to the author as his work...' (CASTILLO, Francisco: Derecho Penal Parte General, Volume I, Editorial Jurídica Continental, Costa Rica, 1st edition, 2009, p. 369). On the subject, the jurisprudence of this Chamber has indicated that '… in permanent crimes, an action or conduct of such a nature is described that with its production, not only typical consummation is created but also an unjust and lasting situation –also typical– of harm or danger to the legal interest, which is maintained or prolonged over time without interruption, until the author ceases it, as also happens, for example, in Deprivation of liberty without profit motive (article 191 of the Penal Code), in Extortionate kidnapping (art. 215 C.P.), or in Violation of domicile (art. 204 C.P.). This particularity of permanent crimes has relevance in relation to other problems, such as: a) the possibility of forms of participation or co-authorship arising after consummation; b) whatever moment is chosen to exercise legitimate defense, in permanent crimes the illegitimate aggression is always 'current' while the unjust situation persists; c) for the computation of the statute of limitations for the criminal action, it is considered that the period runs from the day on which the permanence of that unjust situation ceased (cf. art. 32 of the Code of Criminal Procedure), since otherwise the absurdity could occur that the crime prescribed without the authors having ceased their typical and unlawful action; (cf. MEZGER, Edmund: Derecho Penal Parte General, Cárdenas Editor y Distribuidor, Mexico, 2nd edition, 1990, pp. 152 and 340; FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juan: Derecho Penal Fundamental, Vol. II, Editorial Temis S.A., Colombia, 2nd reprint of the 2nd edition, 1998, p. 335; MUÑOZ CONDE, Francisco and another: Derecho Penal Parte General, Tirant lo blanch, Valencia 1993, p. 369; LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel: Curso de Derecho Penal Parte General I, Editorial Hispamer, Colombia, no edition date, p. 315; WESSELS, Johannes: Derecho Penal Parte General, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1980, p. 10; VELÁSQUEZ V., Fernando: Derecho Penal Parte General, Editorial Temis, Colombia, 1995, p. 358; CREUS, Carlos: Derecho Penal Parte General, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1988, p. 155. Regarding joinder of crimes, see the interesting observations of WELZEL, Hans: Derecho Penal Alemán, Editorial Jurídica de Chile, 1997, p. 267 and 274). … As has been stated, a permanent crime does not end until the activity ceases, either by the will of the agent or by causes beyond his control that materially prevent him from giving permanence to the activity, as has occurred, for example, when his deprivation of liberty in a judicial setting supervenes." (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Res: 2001-00036, of 10:00 a.m., on January 12, 2001). For its part, the crime of permanent effects, 'occurs when, despite having achieved the result, the accused has a permissive conduct and, being in a position to eliminate it, refrains from ceasing it… according to article 32 of the code of criminal procedure (sic) the statute of limitations begins to run from the moment the situation of permanence ceases…' (CASTILLO, Francisco: Derecho Penal Parte General, Volume I, Editorial Jurídica Continental, Costa Rica, 1st edition, 2009, pp. 373-374). The difference between both figures, then, is that the permanent crime is executed over an extensive period of time –while the legal interest is being attacked, as for example in deprivation of liberty, in which every moment in which the author does not release the victim implies a constant consummation of the act– until the material action ceases on the part of the author, whereas in the crime of permanent effects, once executed, and even if the author's material action has ceased, the effect on the legal interest persists. An example of this would be the crime of falsification and use of a false document, since the document, once falsified, may exercise its effects until its invalidity is declared (CASTILLO, op cit., p. 373) (…)" (Resolution No. 1188-2014 of fourteen hours eighteen minutes on July sixteenth of two thousand fourteen (07/16/2014), also readable as fourteen hours eighteen minutes on July sixteenth of two thousand fourteen (07/16/2014). Composed of: Pereira, Ramírez, Arroyo, Arias, and Gómez). Now, in the criminal type that occupies us, the Forestry Law (Ley Forestal) states the following: "Article 61.- Imprisonment of one month to three years. Imprisonment of one month to three years shall be imposed on anyone who: (…) c) Carries out activities that imply land-use change (cambio en el uso de la tierra) (…)". Dealing with a blank penal norm, to determine the configuration of the criminal figure, one must unquestionably refer to the provisions of article 19 of the Forestry Law (Ley Forestal), which states: "Authorized activities. On forest-covered lands (terrenos cubiertos de bosque), changing land use or establishing forest plantations shall not be permitted. However, the State Forestry Administration may grant a permit in those areas for the following purposes: a) Building dwelling houses, offices, stables, corrals, nurseries, roads, bridges, and facilities intended for recreation, ecotourism, and other analogous improvements on privately owned lands and properties where forests are located. b) Carrying out infrastructure projects, state or private, of national convenience. c) Cutting down trees for reasons of human safety or scientific interest. d) Preventing forest fires, natural disasters, or other analogous causes or their consequences. In these cases, the cutting of the forest shall be limited, proportional, and reasonable for the purposes set forth above. Previously, a pre-selection questionnaire must be completed before the State Forestry Administration to determine the possibility of requiring an environmental impact assessment (evaluación del impacto ambiental), as established by the regulations of this law."
From the substantive norms transcribed above, it is possible to determine that this crime materializes immediately (when the acts of land-use change (cambio de uso de suelo) are executed), but its consummation is reiterated over time, as long as the variation in land use is maintained, to the detriment of natural resources, since it is not enough that the forest has been cut down, given that while a different activity from that of the forest is developed on the site and its regeneration is prevented, the change in land use continues to be executed, which is expressly prohibited, provided that the permits of the Forestry Administration have not been obtained, which is why it is considered a crime of form and with permanent effects. It is clear that the protected legal interest, which in this particular case is natural resources, is affected at every instant in which the accused maintains the modification of land use that was initially a forest, and which, apparently, the defendant transformed to another purpose through his actions. Regarding the topic of environmental protection, and the need for its conservation for the preservation of the different species that co-inhabit this planet, it is pertinent to mention the development made on this matter by the Costa Rican Constitutional Court: “(…) VI.- ON THE PROTECTION OF THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. Based on the provisions of Article 50 of the Political Constitution, this Constitutional Court has widely recognized the duty incumbent upon the State to protect the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, whereby the State constitutes the guarantor in the protection and safeguarding of the environment and natural resources. It is in accordance with these provisions that the State's responsibility is born to exercise a tutelary and governing function in this matter, according to what the constitutional norm under discussion itself provides, a function that is developed by the infra-constitutional environmental regulations. In this way, through Judgment No. 2002-04830, it stated, as relevant: \"Our Political Constitution, in its Article 50, expressly recognizes the right of all present and future inhabitants of this country to enjoy a healthy environment in perfect balance. The fulfillment of this requirement is a fundamental guarantee for the protection of public life and health, not only of Costa Ricans, but also of all members of the world community. The violation of these fundamental precepts entails the possibility of injury or endangerment of short-, medium-, and long-term interests. Pollution of the environment is one of the ways through which the integrity of the environment can be broken, with results that are most often permanent and cumulative. The Costa Rican State is obligated to act preventively, avoiding—through oversight and direct intervention—the performance of acts that harm the environment, and under the correlative and equally unavoidable prohibition of promoting its degradation.\" Thus, based on the constitutional text, the Costa Rican State must ensure the protection of the environment, which implies not only that it must take the necessary measures to prevent attacks against it, but also that it must adopt measures that reinforce its protection and conservation. VII.- PRECAUTIONARY PRINCIPLE. Constitutional justice has recognized a series of principles for the protection of the environment that derive into specific obligations for the Costa Rican State. In the first place, it is relevant to rescue for the effects of the case under examination, the precautionary principle, which is found in its most general formulation in the Rio Declaration on Environment and Development, whose Principle 15 provides: “Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.” This Chamber has recognized the “precautionary principle” as a principle that obliges the State to arrange everything necessary—within the scope permitted by the Legal System—to prevent irreversible damage to the environment. Within this perspective, through Judgment No. 1250-1999 of 11:24 hrs. of February 19, 1999, the following was ordered: \"(...) in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since if the biologically and socially harmful consequences have already occurred, repression may have moral significance, but it will hardly compensate for the damages caused to the environment.\" Also, in Judgment No. 132-99 of 8:18 hrs. of January 8, 1999, the following was indicated: \"The principle of environmental protection is not a recommendation or an intention given by the Constitution, but rather, on the contrary, it is a right of immediate application, so there is an obligation on the part of governmental bodies to monitor that legal provisions tending to protect the environment are complied with.\" (The emphasis does not form part of the original). Precaution implies anticipating negative effects and ensuring the protection, conservation, and adequate management of natural resources. Consequently, the guiding principle of prevention or “precautionary principle” is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or the health of people. In this particular, constitutional jurisprudence has ordered that in the event there is a risk of serious or irreversible damage—or doubt about it—measures of precaution must be adopted and even postpone the activity in question. The foregoing, because in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since if the biologically and socially harmful consequences have already occurred, repression may have moral significance, but it will hardly compensate for the damages caused to the environment. Thus, today the precautionary action of the State must be directed toward the protection of the environment even though there is no conclusive evidence reflecting a cause-effect relationship between the activity being carried out and the possible harmful consequences resulting from it, using the best available techniques to minimize possible damages and dangers to nature and the environment. For this reason, the Costa Rican Legal System itself has imposed at the legal level the requirement to carry out prior studies before executing an activity that could potentially have harmful effects on the environment, and which, based on the foregoing, constitute constitutionally imposed duties to guarantee the right of all to enjoy a healthy and balanced environment. Corollary to the foregoing, the precautionary principle does not justify a passive action by the State regarding the protection of the environment and the care of natural resources. VIII.- ON THE RIGHT TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE NEED FOR RATIONAL USE OF NATURAL RESOURCES. Certainly, man may make use of the natural resources at his disposal to satisfy his basic needs, as a means of subsistence and as a source of income; however, such use cannot in any way be made to the detriment of these. In other words, the human being may make use of resources, provided that his activity is carried out in a proportional, rational manner, but not in an unlimited or arbitrary manner to the prejudice of the environment. In this regard, this Constitutional Court in Resolution No. 4423-93 pointed out, as relevant: “(...) All of man's life occurs in an inevitable relationship with his environment, especially with the improvement of living conditions, which is the central objective that development needs, but this must be in relation to the environment in such a way that it is harmonious and sustainable. The environment, therefore, must be understood as a development potential to be used adequately, and action must be taken in an integrated manner in its natural, sociocultural, technological, and political relations, since, otherwise, its productivity for the present and the future is degraded, and the heritage of coming generations could be put at risk (...)” Following the same line of argument, Judgment No. 5974-98 stipulated as follows: “(...) although man has the right to make use of the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of future generations; since in accordance with the principle of \"injury\", the legitimate exercise of a right has two essential limits; on the one hand, the equal rights of others, and on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself (...)” Sustainable development, as such, goes beyond being a merely environmentalist concept, since it implies an adequate and sustained use of natural resources for the enjoyment and benefit of current generations, but without compromising resources and without endangering the enjoyment of these for future generations. In itself, the principle of sustainable development encompasses several purposes, such as economic objectives by promoting efficiency in the use of resources, social by aiming to limit poverty, and ecological by protecting the preservation of physical and biological systems. These purposes must be safeguarded by the Costa Rican State jointly, achieving a balance that encompasses the pursuit of sustainable development (…)”. Based on that, and considering that we are facing a crime with permanent effects, for aspects of the statute of limitations (prescripción), we must adhere to what is provided in numeral 32 of the Code of Procedure, which provides: “(…) The limitation periods shall be governed by the principal penalty provided for in the law and shall begin to run (…) for continuous or permanent crimes, from the day on which their permanence ceased (…)”. Regarding the statute of limitations in this form of crimes, the Constitutional Chamber has pointed out: “(…) The judge now consulting argues that in the case of the crime of usurpation, the limitation period cannot begin its course until the possessor—usurper—leaves the property (effects cease), which makes the crime practically imprescriptible, since even if more than ten years have elapsed since the invasion of a property, it is sufficient to prove that the invader has always been within the land for it to be determined that not even one day has elapsed for the statute of limitations, both negative—criminal—and positive—adverse possession (usucapión)—to operate, since this cannot be computed where the extinctive one has not occurred. It is worth clarifying to the consultant that the crime of usurpation would not be imprescriptible, because as established by the article questioned here, the term for counting the statute of limitations of the criminal action would start from the cessation of the permanence of its effects, that is, when the usurpation ceases. In instantaneous crimes with permanent effects, their effects are repeated every day until the 'usurper' abandons the property, hence the qualification of permanence (…)” (Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, Voto N°11515-00 of fourteen hours thirty-nine minutes of December twenty-first of the year two thousand, also readable as 14:39 hrs. of 12/21/2000). Although the citation of the ruling just mentioned refers to usurpation, the truth is that we are facing a similar situation when it comes to the crime of land-use change, because when a forest is cut down and its purpose is completely changed, as long as the regeneration of natural resources has not been permitted, the action deployed by the defendant would continue to generate effects to the detriment of the ecosystems and future generations. Thus, under these assumptions, the rules stipulated in Article 33 of the Costa Rican criminal procedural rules are not applied, as the a quo and ad quem did within this criminal process, since the reduction of the limitation periods, as well as the interruption and suspension, depend on the moment in which the computation of the limitation period begins. However, in cases like the one at hand, in which the crime has permanent consequences and where to date it is unknown if its effects have ceased, the calculation of the statute of limitations cannot begin, as indicated by numeral 32 of the Criminal Procedure Code, and therefore, it is also not appropriate to apply the reduction of the periods of Article 33 of the adjective legislation, until the regeneration of the secondary forest, which apparently was cut down by instructions given by the accused, has begun. In conclusion, this Chamber by majority unifies the contradictory criteria raised among the second-instance courts, in the sense that, in the crime of land-use change, provided for in Article 61, subsection c) of the Forest Law (Ley Forestal), the statute of limitations does not run until its effects have ceased, that is, at the moment when the regeneration of the ecosystems that were affected by the extinction of the forest begins, to give way to other human development activities. The foregoing, in accordance with the right to a healthy and ecologically balanced environment, provided for in Article 50 of the Political Constitution, and consequently with the sustainable development necessary for the preservation of the planet for future generations. Consequently, Resolution N°2021-00625 of eleven hours of June twenty-second of two thousand twenty-one (11:00 hrs. of 06/22/2021) of the Court of Appeals for Criminal Sentence of the Third Judicial Circuit of Alajuela, Third Section, is annulled, as well as Judgment N° 204-P-20 of fourteen hours of May twenty-seventh of two thousand twenty (14:00 hrs. of 05/27/2020) of the Trial Court of Puntarenas, ordering the remand of the case to the Criminal Court of Puntarenas, so that it continues with the processing of this criminal process as legally corresponds.
III. In the second ground, the Erroneous application of the rules of the statute of limitations provided for in numerals 31, 32, and 33 of the Criminal Procedure Code is alleged, by applying the statute of limitations for the crime of land-use change. The appellant points out the mistaken application of Articles 31, 32, and 33 of the Criminal Procedure Code, because in the species we are not facing an instantaneous crime with permanent effects, but rather a permanent crime, so the statute of limitations did not start to run at the moment of the typical action of land-use change, but rather from the cessation of the state produced by it. He adds that in the crime of land-use change “…the criminal action begins its count or fatal term, once the permanence of the invasive work ceases, since as long as this remains, the illicit act is perpetuated over time, and that permanence ceases when the invasive structure or construction is eliminated and the natural resource recovers, regenerates, and returns to its original state.” He mentions that, in the particular case, terraces were built and invasive constructions were introduced that destroyed the ecosystem, works that still remain and continue to injure the protected legal interest. In his exposition, he alludes to the pronouncement of this Chamber, 2018-00893, of eleven hours and twenty-five minutes of December seventh of two thousand eighteen (12/07/2018), which he partially transcribes. He indicates that the challenged ruling causes a burden by not applying Article 32 of the Criminal Procedure Code, which allowed the issuance of the definitive dismissal (sobreseimiento definitivo) due to the statute of limitations of the criminal action and that they did not order the restitution of the affected site to its previous state. Given the way in which the first ground of the cassation appeal was resolved, a ruling on this claim is omitted.
Por tanto:
By majority, the first ground of the cassation appeal filed by the criminal prosecutor is declared with merit. This Chamber unifies the contradictory criteria raised among the appellate courts, in the sense that, in the crime of land-use change, provided for in Article 61, subsection c) of the Forest Law, the statute of limitations does not run until its effects have ceased, that is, at the moment when the regeneration of the ecosystems that were affected by the extinction of the forest begins, to give way to other human development activities. The foregoing, in accordance with the right to a healthy and ecologically balanced environment, provided for in Article 50 of the Political Constitution, and consequently with the sustainable development necessary for the preservation of the planet for future generations. Consequently, Resolution N°2021-00625 of eleven hours of June twenty-second of two thousand twenty-one (11:00 hrs. of 06/22/2021) of the Court of Appeals for Criminal Sentence of the Third Judicial Circuit of Alajuela, Third Section, is annulled, as well as Judgment N° 204-P-20 of fourteen hours of May twenty-seventh of two thousand twenty (14:00 hrs. of 05/27/2020) of the Trial Court of Puntarenas, ordering the remand of the case to the Criminal Court of Puntarenas, so that it continues with the processing of this criminal process as legally corresponds. Given the way in which this claim was resolved, a ruling on the second of the objections is omitted. Magistrada Zúñiga Morales dissents. Let it be notified.
Jesús Alberto Ramírez Q.
Sandra Eugenia Zúñiga M.
Rafael Segura B.
Substitute Magistrate
Miguel Fernández C.
Substitute Magistrate
Rosa Acón Ng
Substitute Magistrate
Dissenting vote of Magistrada Zúñiga Morales
Sole. With all due respect, I disagree with the criterion expressed by the majority of this Chamber in declaring the first ground of the cassation appeal filed by the representative of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) with merit. I consider that the appropriate course is to declare without merit both grounds (both referring to the application of the rules of the statute of limitations of the criminal action) of said challenge and to confirm what was resolved by the Court of Appeals for Criminal Sentence, in that it ratified the definitive dismissal, due to the statute of limitations, issued by the Trial Court of Puntarenas. Although the Criminal Prosecutor is correct, in the sense that there are contradictory precedents between the ruling appealed here, N° 2021-00625, of eleven hours, of June twenty-second of two thousand twenty-one (11:00 hrs. of 06/22/2021) issued by the Court of Appeals for Criminal Sentence of the Third Judicial Circuit of Alajuela, Third Section [assumes the position that the crime of “Land use change”, being immediate with permanent effects, is not subject to numeral 32 of the Criminal Procedure Code (which provides that the computation of the limitation periods starts to run “from the day its permanence ceased”), but rather the rules of the statute of limitations established in Articles 31 and 33 of that same regulatory body apply] and Resolution N° 2014-0490, of nine hours ten minutes, of March fourteenth of two thousand fourteen (09:10 hrs. of 03/14/2014) issued by the Court of Appeals for Criminal Sentence of the Second Judicial Circuit of San José, Goicoechea [considered, in a case in which the crime of “Land use change” was judged, that the period for the statute of limitations of the criminal action did not begin to run (in accordance with Article 32 of the Criminal Procedure Code), as the permanence of its effects on the site had not ceased], the truth is that, contrary to the majority vote of this Chamber, I consider that the resolution issued by the Court of Appeals in the specific case must be confirmed, in that it ratified the definitive dismissal, due to the statute of limitations, issued by the Trial Court. In the first place, it should be noted that crimes with permanent effects have been conceptualized as those in which, despite the result having been achieved, the accused person has a permissive conduct and, being in a position to eliminate it, refrains from ceasing its effects (the effect on the legal interest is maintained). As I have indicated on multiple occasions, in crimes whose nature is of permanent effects (as occurs with “Land use change”), as with any other crime, the rules on the interruption and suspension of the statute of limitations must be applied to it, because that nature of a crime with permanent effects only has meaning and utility for initiating the process (criminal prosecution). This position is consistent with the one I have maintained on other occasions, specifically, when I signed the minority vote in Resolutions N° 2007-00086, of nine hours, of February sixteenth of two thousand seven (09:00 hrs. of 02/16/2007), of the former Court of Criminal Cassation, First Section, San Ramón and N° 2013-1769, of eleven hours thirty-four minutes, of August twelfth of two thousand thirteen (11:34 hrs. of 08/12/2013), of the Court of Appeals for Criminal Sentence of the Second Judicial Circuit of San José, Goicoechea; as well as when I issued a minority vote in the pronouncements of the Third Chamber of the Supreme Court of Justice N° 2014-00559, of ten hours and fifty minutes, of March twenty-eighth of two thousand fourteen (10:50 hrs. of 03/28/2014) and N° 2018-00893, of eleven hours twenty-five minutes, of December seventh of two thousand eighteen (11:25 hrs. of 12/07/2018). Article 31 of the Criminal Procedure Code (CPP) is intended to regulate the limitation periods for the criminal action when an investigation has not been initiated against a person, either through some type of complaint or, ex officio, by the Public Prosecutor's Office in the case of crimes of public action; by complaint in illicit acts of public action at the instance of a party or, through a private criminal complaint (querella) in crimes of private action. Numeral 32 of the CPP explains how to perform the computation of the periods provided for in 31 of this same legal text, to determine whether or not the criminal action is time-barred (but for initiating prosecution through a criminal process), according to two assumptions: (i) degree of perfection of the illicit act, depending on whether it was consummated or remained at the attempt stage and (ii) mode of affectation of the protected legal interest: depending on whether it concerns what it terms “continuous or permanent” crimes. It is essential to highlight, whether one agrees or not, that the reference made by Article 32 of the CPP—specifically about the peculiarities of permanent crimes—regarding numeral 31 of that same regulatory body, is made only for the purpose of initiating criminal prosecution. A hypothesis in which, of course, if the affectation of the protected legal interest continues (in what is relevant, the carrying out of activities involving a change in the use of land or soil, contrary to what is established by Article 19 of the Forest Law), it will be possible to file a complaint, a private criminal complaint, or for the Public Prosecutor's Office to act ex officio, since the criminal action has not prescribed, which would begin to be computed from the moment in which the sanctioned conduct ceases (if it ceases). For its part, ordinal 33 of the CPP states: “Once the procedure has been initiated, the periods established in the third preceding article shall be reduced by half…”. As can be seen, this article does not establish any type of exception for these automatic reductions of the limitation period to operate, and that is so because, as the norm expressly states, this regulation exists to be applied whenever criminal prosecution has begun (under the terms provided in Article 31 of the CPP and with a single exception, provided for in subsection b), the filing of the private criminal complaint, an act with which the special procedure for crimes of private action begins). The undersigned does not share the position assumed, in the case in particular, by my colleagues of the Chamber, insofar as they consider that in the face of a crime with permanent effects such as “Land use change” and where to date it is unknown if its effects have ceased, the calculation of the statute of limitations cannot begin, as indicated by Article 32 of the Criminal Procedure Code, and therefore, it is also not appropriate to apply the reduction of the periods of numeral 33 of this same regulatory body, until the regeneration of the secondary forest has begun. With all due respect, I consider that, if ordinal 33 of the CPP does not establish any exception for its application, it would be wrong, if to the detriment of the accused, an extensive interpretation is given in the sense that, from the application of that norm, certain crimes must be excluded: those denominated by our Criminal Procedure Code as permanent or continuous; when the correct approach is to opt for a restrictive interpretation, which is expressly regulated in ordinal 2 of the CPP, which establishes: “Legal provisions that restrict personal freedom or limit the exercise of a power or right conferred upon the subjects of the process shall be interpreted restrictively. In this matter, extensive and analogical interpretation are prohibited as long as they do not favor the freedom of the accused nor the exercise of a faculty conferred upon those who intervene in the procedure.” It must be kept in mind that the statute of limitations, its periods, and its grounds for interruption and suspension are topics that respond to aspects of criminal policy. If the legislator chose to establish the interruption of the statute of limitations—without expressly including any exception—and if a restrictive interpretation of the norms prevents applying rules to the detriment or harm of the rights and guarantees of the accused person, we must conclude that this was the legislator's decision: to reduce the limitation periods by half, without any restriction; whose sole requirement is that prosecution has begun. Consequently, given that, in this process, the criminal action was extinguished, due to the statute of limitations, on January nineteenth of two thousand twenty (01/19/2020), I consider that the appropriate course is to declare without merit the cassation appeal filed by the representative of the Attorney General's Office and to confirm what was resolved by the Court of Appeals for Criminal Sentence. For the reasons noted, with all due respect, I depart from the criterion held by the majority vote.
Sandra Eugenia Zúñiga M.
Int. 817-2/17-2-22
SLEIVAA
Observations of SALA DE CASACIÓN PENAL
dissenting vote of magistrate Sandra Zúñiga Morales
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