Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Adiciona que, al ponderar la responsabilidad objetiva que deriva de las normas sustantivas citadas (98 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente), a su juicio, no es necesario acreditar de manera directa que la demandada civil haya cortado los árboles o bien que los haya sacado de la finca. Ello considerando que, la responsabilidad objetiva deriva no solo de la circunstancia de no haberse ajustado al permiso, sino además, por ser la demandada civil la titular del inmueble. Como corolario de ello, estima que interpretar la aplicación de esas normas de forma contraria, conlleva a exigir la participación directa de la persona demandada civil, más allá de lo que el legislador dejó asentado como una responsabilidad civil objetiva de la persona que solicita el permiso, pero no vela por su cumplimiento y se desentiende de que la corta que se lleve a cabo dentro de los límites autorizados por la administración forestal. Para quien impugna, este comportamiento desinteresado del autorizado, “genera un daño ambiental y detrimento a los recursos forestales, aspectos que determinan no solo el nexo causal, también el vínculo jurídico”.
English (translation)It adds that, when weighing the strict liability deriving from the cited substantive rules (Articles 98 and 101 of the Organic Environmental Law), in its view it is not necessary to directly prove that the civil defendant cut the trees or removed them from the farm. This considering that strict liability arises not only from the failure to abide by the permit, but also from the fact that the civil defendant is the owner of the property. As a corollary, it considers that interpreting the application of those rules to the contrary would require the direct participation of the civil defendant, going beyond what the legislator established as strict civil liability of the person who requests the permit but does not ensure compliance and disregards whether the felling is carried out within the limits authorized by the forestry authority. For the appellant, this disinterested behavior of the permit holder “causes environmental damage and detriment to forest resources, aspects that determine not only the causal link but also the legal bond”.
Admissible
Grande Normal Pequeña Sala Tercera de la Corte Resolución Nº 00004 - 2024 Fecha de la Resolución: 11 de Enero del 2024 a las 09:42 Expediente: 17-000566-0597-PE Redactado por: Sandra Eugenia Zúñiga Morales Clase de asunto: Recurso de casación Analizado por: SALA DE CASACIÓN PENAL Sentencias del mismo expediente Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Texto de la resolución Exp: 17-000566-0597-PE Res: 2024-00004 SALA DE CASACIÓN PENAL. San José, a las nueve horas cuarenta y dos minutos del once de enero de dos mil veinticuatro. Visto el recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001], por el delito de aprovechamiento de recursos forestales patrimonio natural del Estado, cometido en perjuicio de Los Recursos Naturales; y, Considerando: I. El licenciado Randall Aguirre Mena, en su condición de Procurador Penal apersonado en representación del Estado como querellante y actor civil, interpone recurso de casación (cfr. folios 45 a 48 vuelto) contra la sentencia N°2023-1016, de las 08:05 hras del 07 de agosto de 2023, del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José (cfr. folios 36 a 41 vuelto). En este fallo, se declaró con lugar el recurso de apelación presentado por la defensa técnica y sin necesidad de reenvío, se revocó parcialmente la sentencia de primera instancia, en cuanto había declarado con lugar la acción civil resarcitoria interpuesta por la Procuraduría General de la República contra la imputada y demandada civil [Nombre 001] y además la había condenado en costas, en su lugar, rechazó dicha demanda civil y se resolvió sin especial condenatoria en costas en alzada. II. En el único motivo planteado, el licenciado Randall Aguirre Mena, en su condición de Procurador Penal, alega “inobservancia de los numerales 98 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente y consecuentemente falta de fundamentación del fallo impugnado” (cfr. folio 45 vuelto). Sustenta su reclamo en el numeral 468 inciso b) del Código Procesal Penal, por errónea aplicación de un precepto sustantivo. Agrega que en esta causa, se acusó a la imputada por aprovechamiento de dieciséis árboles maderables, quien tenía un permiso para aprovechar madera ubicada en la finca de su propiedad, no obstante, fueron talados árboles que no estaban incluidos dentro de esa autorización otorgada. Transcribe un extracto de la resolución impugnada, en que se explica el razonamiento expuesto por el ad quem para declarar sin lugar la demanda civil (cfr. folios 45 vuelto a 46). Adiciona, que el tribunal de apelación omitió analizar las normas que aluden a la responsabilidad civil contenidas en la Ley Orgánica del Ambiente y el contenido de la demanda civil de este proceso. Indica que el numeral 98 de la citada ley, señala que la responsabilidad civil puede producirse por conductas de acción y omisión, por ello, a su juicio, la responsabilidad civil por daño ambiental no solo obedece a una acción delictiva, sino que puede darse por un comportamiento omisivo desde el punto de vista civil, que puede atribuirse a personas físicas y jurídicas (cfr. folio 46 vuelto). Por su parte, en relación con el artículo 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, señala otro criterio por el cual surge la responsabilidad civil, que le es atribuible a los titulares de las empresas o de las actividades donde se causen daños (cfr. ibíd). Con base en dichas normas, explica que en materia ambiental surge responsabilidad civil no solo por omisión, sino además, al ostentar la condición de titular del sitio en el que se realicen las actividades, incluyendo a su criterio, a los propietarios registrales de los bienes inmuebles en que se desarrollen las acciones que ocasiones un daño ambiental, como ocurre en el caso bajo examen, que la demandada civil es la propietaria del bien en que se produjo la tala ilegal de árboles. Cuestiona el argumento expuesto por el ad quem, relacionado con la carencia en la demanda civil de “un criterio de imputación más allá de la comisión de un hecho delictivo” (cfr. folios 46 vuelto a 47). Sin embargo, menciona que en la acción civil que presentó, alude a una responsabilidad distinta, que se explica en el apartado titulado «daño cuya reparación se pretende: “así las cosas el daño cuya reparación se pretende es un daño ambiental, en perjuicio de los recursos forestales, al ser que la acá demandada procedió de manera ilegal a aprovechar 16 árboles de diferentes especies, en completo desapego de lo que tenía permitido de conformidad con la autorización obtenida de parte de la administración forestal del estado…» (cfr. folio 47). Resalta el recurrente, que en la acción civil que presentó, se describe que la demandada civil aprovechó dieciséis árboles en completo desapego a la autorización otorgada por la administración, misma que le fue entregada en condición de propietaria registral del inmueble en que se llevaría a cabo la corta de árboles. Considera que la conducta desinteresada de la demandada civil al no haberse apegado al permiso que se le había otorgado, generó que se cortaran dieciséis árboles en la finca de su propiedad, consecuentemente se materializó una tala de árboles de forma ilegal al no haberse autorizado. Adiciona que, al ponderar la responsabilidad objetiva que deriva de las normas sustantivas citadas (98 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente), a su juicio, no es necesario acreditar de manera directa que la demandada civil haya cortado los árboles o bien que los haya sacado de la finca. Ello considerando que, la responsabilidad objetiva deriva no solo de la circunstancia de no haberse ajustado al permiso, sino además, por ser la demandada civil la titular del inmueble (cfr. ibíd). Como corolario de ello, estima que interpretar la aplicación de esas normas de forma contraria, conlleva a exigir la participación directa de la persona demandada civil, más allá de lo que el legislador dejó asentado como una responsabilidad civil objetiva de la persona que solicita el permiso, pero no vela por su cumplimiento y se desentiende de que la corta que se lleve a cabo dentro de los límites autorizados por la administración forestal. Para quien impugna, este comportamiento desinteresado del autorizado, “genera un daño ambiental y detrimento a los recursos forestales, aspectos que determinan no solo el nexo causal, también el vínculo jurídico” (cfr. folio 47 vuelto). Refiere que en la sentencia dictada por el a quo, se expusieron los motivos por los que pese a la sentencia absolutoria dictada a favor de la imputada, debía de responder civilmente por el daño ambiental. De seguido cita un extracto de la sentencia de primera instancia (cfr. folio 47 vuelto a 48) y concluye, que se generó una inobservancia de las normas invocadas por el tribunal de apelación, yerro que deriva en una falta de fundamentación del fallo al declarar sin lugar la demanda civil y no ordenarse el reenvío (cfr. folio 48). Como agravio expone, que al declarar sin lugar la demanda civil presentada, se genera un menoscabo a las pretensiones civiles promovidas por el Estado y se vulneran los principios de tutela judicial efectiva y acceso a la justicia. Agrega, que en caso de haberse ponderGracias por todo.ado la correcta aplicación de las normas sustantivas citadas en su reclamo, se debió declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la defensa y confirmar la condena civil. Solicita que “se acoja el motivo de apelación” (sic, cfr. folio 48 vuelto), se anule la sentencia impugnada y se ordene el reenvío de la causa para una nueva sustanciación. El motivo resulta admisible. Del estudio del motivo de casación, determina esta Cámara, que el documento recursivo cumple con los requisitos de impugnabilidad subjetiva y objetiva establecidos por el legislador en el numeral 469 del Código Procesal Penal. Lo anterior, debido a que, el recurso de casación fue interpuesto ante el Tribunal que dictó la resolución recurrida, dentro del plazo de quince días dispuesto por ley y por quien tenía facultad de recurrir, en este caso el licenciado Randall Aguirre Mena, en su condición de Procurador Penal apersonado en autos, en representación del Estado como querellante y actor civil. Aunado a ello, conforme lo dispone el numeral 467 del Código instrumental, los planteamientos se dirigen contra el fallo dictado por el tribunal de apelación de sentencia, el cual resolvió de manera definitiva, declarando con lugar el recurso de apelación, revocando la sentencia dictada por el a quo en relación con la condenatoria civil contra la demandada y en su defecto, rechazó la demanda civil y resolviendo sin especial condenatoria en costas. Además, el recurso sometido a estudio, cumple con los parámetros, bajo los cuales debe estar planteado un recurso de casación: a) se encuentra debidamente fundado; b) cita con claridad las disposiciones legales que considere inobservadas o erróneamente aplicadas; c) indica cuál es el agravio; d) establece la pretensión correspondiente a su alegato. Asimismo, el motivo formulado se ajusta a una de las causales taxativas que son válidas para recurrir en la etapa de casación, prevista por el legislador en el numeral 468 del Código Procesal Penal. Específicamente, se adecua al inciso b) que establece: “cuando la sentencia inobserve o aplique erróneamente un precepto legal sustantivo o procesal”. Por otro lado, se aprecia que el impugnante fundamenta adecuadamente su alegato, pues explica por qué, a su criterio, se inobservaron normas sustancias relativas a la responsabilidad civil objetiva, contenidas en la Ley Orgánica del Ambiente. Se constata también, que el agravio se afinca en que la interpretación de la ley sustantiva e inobservancia de los numerales 98 y 101 de la Ley indicada, realizada por el ad quem, generó una consecuencia perjudicial para los intereses civiles del Estado y se vulneraron los principios de tutela efectiva y acceso a la justicia. De conformidad con lo expuesto, se admite el motivo de casación formulado, precisando, que el objeto de conocimiento para el estudio de fondo del reclamo, versará en determinar, si en la sentencia impugnada, se inobservaron los artículos 98 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente al declarar sin lugar la acción civil incoada por la Procuraduría General de la República. Así las cosas, se admite para conocimiento de fondo, el único motivo de casación formulado por el representante de la Procuraduría General de la República, como representante de los intereses del Estado, ello conforme con lo dispuesto en los numerales 468, 469 y 471 del Código Procesal Penal. Por Tanto: Se declara admisible para estudio de fondo el recurso de casación presentado por el licenciado Randall Aguirre Mena, en su condición de Procurador Penal. Notifíquese. Jesús Alberto Ramírez Q. Cynthia Dumani S. Magistrada Suplente. Miguel Fernández C. Magistrado Suplente. William Serrano B. Magistrado Suplente. Rosa Acón Ng. Magistrada Suplente. 836-5/14-5-23 SVARGASAR Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:49:23. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
SALA DE CASACIÓN PENAL. San José, at nine hours forty-two minutes on the eleventh of January of two thousand twenty-four. Having reviewed the appeal (recurso de casación) filed in the present case against [Name 001], for the offense of exploitation of forest resources that are natural assets of the State, to the detriment of The Natural Resources; and, Considering: I. Attorney Randall Aguirre Mena, in his capacity as Criminal Prosecutor appearing as representative of the State as complainant (querellante) and civil plaintiff (actor civil), files an appeal (recurso de casación) (cf. folios 45 to 48 verso) against judgment No. 2023-1016, issued at 08:05 hrs on 07 August 2023, by the Criminal Sentence Appeals Tribunal of the Second Judicial Circuit of San José (cf. folios 36 to 41 verso). In this ruling, the appeal (recurso de apelación) filed by the technical defense was granted and, without the need for remand, the first-instance judgment was partially revoked, insofar as it had granted the civil damages action filed by the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) against the accused and civil defendant [Name 001] and had also ordered her to pay costs; instead, said civil claim was dismissed, and the matter was resolved without a special order as to costs on appeal. II. In the sole ground raised, Attorney Randall Aguirre Mena, in his capacity as Criminal Prosecutor, alleges "disregard of numerals 98 and 101 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) and consequently a lack of reasoning of the challenged ruling" (cf. folio 45 verso). He bases his claim on numeral 468, subsection b) of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal), due to erroneous application of a substantive precept. He adds that in this case, the accused was charged with the exploitation of sixteen timber trees; she had a permit to extract timber located on her property's farm, however, trees were felled that were not included within that granted authorization. He transcribes an excerpt from the challenged resolution, which explains the reasoning set forth by the ad quem to dismiss the civil claim (cf. folios 45 verso to 46). He further adds that the appeals tribunal failed to analyze the norms alluding to civil liability contained in the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) and the content of the civil claim in this process. He indicates that numeral 98 of the cited law states that civil liability can arise from acts and omissions, therefore, in his opinion, civil liability for environmental damage does not only result from a criminal action but can also arise from an omissive behavior from a civil standpoint, which can be attributed to natural and legal persons (cf. folio 46 verso). For his part, regarding article 101 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), he points out another criterion by which civil liability arises, which is attributable to the owners of the companies or activities where damages are caused (cf. ibid.). Based on these norms, he explains that in environmental matters, civil liability arises not only from omission but also from holding the status of owner of the site where the activities are carried out, including, in his view, the registered owners of the real estate where actions causing environmental damage occur, as in the case under review, where the civil defendant is the owner of the property where the illegal felling of trees occurred. He questions the argument set forth by the ad quem, related to the civil claim's lack of "a criterion of imputation beyond the commission of a criminal act" (cf. folios 46 verso to 47). However, he mentions that in the civil action he filed, he alludes to a different liability, which is explained in the section titled "damage whose repair is sought": "thus, the damage whose repair is sought is environmental damage, to the detriment of forest resources, as the defendant herein proceeded to illegally exploit 16 trees of different species, in complete disregard of what she was permitted according to the authorization obtained from the state forest administration…" (cf. folio 47). The appellant highlights that in the civil action he filed, it is described that the civil defendant exploited sixteen trees in complete disregard of the authorization granted by the administration, the same authorization that was delivered to her in her capacity as registered owner of the property where the tree felling was to be carried out. He considers that the disinterested conduct of the civil defendant in not adhering to the permit granted to her resulted in the felling of sixteen trees on her property's farm, consequently, an illegal felling of trees materialized as it was not authorized. He adds that, when weighing the strict liability (responsabilidad objetiva) deriving from the cited substantive norms (98 and 101 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente)), in his opinion, it is not necessary to directly prove that the civil defendant cut down the trees or that she removed them from the farm. This is considering that strict liability (responsabilidad objetiva) derives not only from the circumstance of not having adhered to the permit, but also from the fact that the civil defendant is the titleholder of the property (cf. ibid.). As a corollary of this, he believes that interpreting the application of these norms in a contrary manner leads to requiring the direct participation of the civilly sued person, beyond what the legislator established as a strict civil liability (responsabilidad civil objetiva) for the person who requests the permit but does not ensure its compliance and distances themselves from ensuring the felling is carried out within the limits authorized by the forest administration. For the challenger, this disinterested behavior of the authorized party "generates environmental damage and detriment to forest resources, aspects that determine not only the causal link, but also the legal nexus" (cf. folio 47 verso). He states that in the judgment issued by the a quo, the reasons were set forth explaining why, despite the acquittal judgment handed down in favor of the accused, she should be civilly liable for the environmental damage. He then cites an excerpt from the first-instance judgment (cf. folio 47 verso to 48) and concludes that a disregard of the norms invoked by the appeals tribunal has occurred, an error that results in a lack of reasoning of the ruling by dismissing the civil claim and not ordering remand (cf. folio 48). As a grievance, he sets forth that dismissing the civil claim presented causes harm to the civil claims brought by the State and violates the principles of effective judicial protection and access to justice. He adds that, had the correct application of the substantive norms cited in his claim been weighed, the appeal (recurso de apelación) filed by the defense should have been dismissed and the civil judgment confirmed. He requests that "the ground of appeal be granted" (sic, cf. folio 48 verso), the challenged judgment be annulled, and a remand of the case be ordered for a new proceeding. The ground is admissible. From the study of the appeal ground (motivo de casación), this Chamber determines that the filing document meets the subjective and objective challengeability requirements established by the legislator in numeral 469 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal). The foregoing, due to the fact that the appeal (recurso de casación) was filed before the Tribunal that issued the appealed ruling, within the fifteen-day period provided by law, and by the party authorized to appeal, in this case Attorney Randall Aguirre Mena, in his capacity as Criminal Prosecutor appearing in the proceedings, representing the State as complainant (querellante) and civil plaintiff (actor civil). In addition to this, as provided by numeral 467 of the instrumental Code, the arguments are directed against the ruling issued by the criminal sentence appeals tribunal, which finally resolved the matter, granting the appeal (recurso de apelación), revoking the judgment issued by the a quo regarding the civil ruling against the defendant, and instead, dismissed the civil claim, resolving without a special order as to costs. Furthermore, the appeal (recurso) submitted for review meets the parameters under which an appeal (recurso de casación) must be filed: a) it is duly grounded; b) it clearly cites the legal provisions it considers disregarded or erroneously applied; c) it indicates what the grievance is; d) it establishes the claim corresponding to its allegation. Likewise, the formulated ground conforms to one of the exhaustive grounds valid for filing appeal at the cassation stage, provided by the legislator in numeral 468 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal). Specifically, it fits subsection b) which establishes: "when the judgment disregards or erroneously applies a substantive or procedural legal precept." On the other hand, it is observed that the challenger adequately grounds his allegation, as he explains why, in his view, substantive norms relating to strict civil liability (responsabilidad civil objetiva), contained in the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), were disregarded. It is also verified that the grievance is rooted in the fact that the interpretation of the substantive law and the disregard of numerals 98 and 101 of the indicated Law, carried out by the ad quem, generated a harmful consequence for the State's civil interests and violated the principles of effective protection and access to justice. In accordance with the foregoing, the formulated appeal ground (motivo de casación) is admitted, specifying that the subject matter for the substantive review of the claim will be to determine if, in the challenged judgment, articles 98 and 101 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) were disregarded when dismissing the civil action brought by the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República). Thus, the sole ground for appeal (motivo de casación) formulated by the representative of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República), as representative of the State's interests, is admitted for a review on the merits, in accordance with the provisions of numerals 468, 469, and 471 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal). Therefore: The appeal (recurso de casación) filed by Attorney Randall Aguirre Mena, in his capacity as Criminal Prosecutor, is declared admissible for a review on the merits. Notify. Jesús Alberto Ramírez Q. Cynthia Dumani S. Substitute Magistrate. Miguel Fernández C. Substitute Magistrate. William Serrano B. Substitute Magistrate. Rosa Acón Ng. Substitute Magistrate. 836-5/14-5-23 SVARGASAR Is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 13:49:23. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República