Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Según se desprende de las actuaciones que constan en autos, el recurso de casación no cumple con los requisitos de impugnabilidad objetiva y en consecuencia, debe ser declarado inadmisible. En este sentido, en cuanto a los requisitos del citado medio impugnaticio, la legislación establece que el recurso de casación sólo se puede dirigir en contra de las sentencias de los tribunales de apelación de sentencia, que confirmen -total o parcialmente- la decisión del tribunal de primera instancia o bien, resuelvan de forma definitiva en el asunto, es decir, que impida discutir de nuevo el aspecto que se pretende impugnar. Así, el artículo 467 del Código Procesal Penal señala: “El recurso de casación procederá contra las resoluciones dictadas por los tribunales de apelación de sentencia, que confirmen total o parcialmente, o bien resuelvan en definitiva, la sentencia dictada por el tribunal de juicio”. En esta causa, la resolución impugnada a través de la interposición del recurso de casación no confirmó total o parcialmente la decisión de primera instancia, ni resolvió de forma definitiva aspecto alguno, sino que por el contrario, ordenó el reenvío del asunto ante el a quo para conocer ex novo la totalidad de la causa, sin condicionar de forma alguna al órgano de primera instancia acerca de la solución del caso.
English (translation)As can be seen from the proceedings in the record, the cassation appeal does not meet the requirements of objective appealability and must accordingly be declared inadmissible. In this regard, as to the requirements of said means of challenge, the legislation provides that cassation may be filed only against the judgments of sentencing appeals courts that fully or partially uphold the decision of the trial court, or that definitively resolve the matter, i.e., that bar revisiting the point sought to be challenged. Thus, Article 467 of the Criminal Procedure Code states: “Cassation shall lie against decisions rendered by sentencing appeals courts that fully or partially uphold, or definitively resolve, the judgment of the trial court.” In this case, the decision challenged by filing the cassation appeal neither fully nor partially upheld the first-instance decision, nor did it definitively resolve any point; instead, it ordered the matter to be remanded to the lower court for a de novo hearing of the entire case, without in any way conditioning the first-instance court as to the resolution of the case.
Inadmissible
Grande Normal Pequeña Sala Tercera de la Corte Resolución Nº 00347 - 2024 Fecha de la Resolución: 18 de Abril del 2024 a las 10:20 Expediente: 02-200148-0645-PE Redactado por: Gerardo Rubén Alfaro Vargas Clase de asunto: Recurso de casación Analizado por: SALA DE CASACIÓN PENAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Texto de la resolución Exp: 02-200148-0645-PE Res: 2024-00347 SALA DE CASACIÓN PENAL. San José, a las 10:20 horas del 18 de abril del 2024. Visto el recurso de casación interpuesto en causa seguida contra [Nombre 001], por los delitos de drenaje de humedal, destrucción de vegetación en área de protección, construcción en zona pública de la zona marítimo-terrestre, invasión de área de conservación o protección, aprovechamiento maderable y usurpación de bienes de dominio público, en perjuicio del medio ambiente, y; Considerando: I. Mediante resolución 2023-00977 del del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, de las 15:12 horas, del 28 de setiembre del 2023, se declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la República, disponiendo la anulación de la decisión en la que se declaró prescrita la acción penal y ordenó el juicio de reenvío (f. 3056-3062). Contra dicha decisión, el defensor particular Jorge Arturo Ferrandino Orias, en representación de [Nombre 001], interpuso recurso de casación (f. 3067-3074). II. Integración. En este asunto, la magistrada Sandra Eugenia Zúñiga Morales se excusó de conocer la causa, ya que había intervenido con autoridad en el mismo proceso (f. 3099), gestión que fue acogida por la restante integración de esta cámara (f. 3100). En consecuencia, mediante resolución de las 7:31 horas, del 26 de enero del 2024, se dispuso que para resolver el recurso, la Sala Tercera estaría integrada por los magistrados y magistradas Jesús Alberto Ramírez Quirós, Patricia Solano Castro, Patricia Vargas González, Gerardo Rubén Alfaro Vargas y Rosa Acón Ng (f. 3106). Sin embargo, por encontrarse incapacitada, la magistrada Patricia Solano Castro, es sustituida por el magistrado Rafael Segura Bonilla. III. Único motivo. Reclama que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela desconoce el artículo 1266 del Código Civil, disposición en donde se regulan los efectos de la sustitución por mandato judicial. Además, reclama la errónea aplicación de la normativa procesal penal, concretamente el artículo 462 del Código Procesal Penal, donde se establece la obligatoria celebración de la audiencia contemplada en el mismo ordinal, misma que ha sido considerada como un derecho de los recurrentes, quien contesta el recurso y el adherente. Agrega que según la disposición normativa, el tribunal debe fijar una audiencia dentro del plazo de 15 días siguientes de recibidas las actuaciones, citando como respaldo el voto 653-2004 de la Sala Tercera. Considera que la falta de celebración de la audiencia oral, a pesar que fue requerida de forma oportuna, por un sujeto debidamente legitimado, puede dar lugar a la nulidad de la sentencia. Bajo el apartado que titula “EXPOSICIÓN DE LOS AGRAVIOS CAUSADOS POR EL FALLO AHORA RECURRIDO” (f. 3068), enumera los que considera agravios causados, en el orden que de seguido se exponen. 1) Decisión de no convocar a la audiencia oral solicitada por la defensa. Precisa que en el memorial del 8 de agosto del 2023, solicitó al ad quem la convocatoria a la audiencia oral, con el fin de demostrar que el recurso debía ser rechazado y desvirtuar el fondo de los argumentos, aportando -como prueba para mejor resolver- un pronunciamiento definitivo emitido en vía administrativa, donde se demuestra -desde el año 2002- que los delitos atribuidos no existieron y las actuaciones investigadas no habían ocasionado el daño ambiental grave denunciado, porque la empresa había enmendado las obras cuestionadas y devolvió las cosas a su estado original. Refiere que la defensa tenía planificada la exposición de los citados argumentos en la audiencia que fue prescindida en contra de lo previsto en el numeral 462 del Código Procesal Penal, impidiendo a la defensa la oportunidad de ser escuchada en segunda instancia, donde se debió rechazar el recurso por la falta de legitimación procesal de la representación estatal. Destaca que en los considerandos y en el resultando de la sentencia, no se menciona la audiencia solicitada. 2) Inadvertencia de la omisa acreditación de la representación estatal, lo que vicia de nulidad absoluta el recurso incoado ante el ad quem. Señala que el artículo 1261 del Código Civil, es la normativa originaria de todas las regulaciones sobre el mandato y sus manifestaciones. Añade que incluso, según la normativa procesal penal, el mandatario se debe ceñir a los términos del mandato, excepto cuando las leyes lo autoricen a actuar de otro modo, mientras que el numeral 1264 del mismo cuerpo normativo, estatuye que el mandatario podrá sustituir el encargo si en el poder se le faculta expresamente para ello, pero para su validez, se deben atender las mismas formalidades y requisitos establecidos en la ley para el otorgamiento del poder original. Señala que en este caso, la interposición del recurso la realizó la licenciada Margot Abellán Ruiz, quien se identificó como procuradora penal en sustitución únicamente para dicho acto del también procurador Juan José Soto Cervantes. Sin embargo, no se precisa el acto jurídico que origina la sustitución que la legitima a actuar válidamente en esa delegación, ni adjunta un documento que satisfaga las formalidades observadas en el poder original, incumpliendo las exigencias previstas en el numeral 1266 del Código Civil. Reconoce que Soto Cervantes cuenta con un poder amplio y suficiente, donde se incluyen las facultades para efectuar las sustituciones del mandato en otros mandatarios, pero no autoriza la delegación de ese poder sin cumplir con las exigencias del ordinal señalado supra. Reconoce la condición de procuradores penales de ambos funcionarios, pero considera insuficiente para la sustitución, una orden interna o comunicación verbal del superior jerárquico hacia el subalterno, destacando la necesidad de aportar el documento donde se plasma la citada sustitución del mandato. Califica como claro que la procuradora carecía de legitimación para la interposición del recurso, dada la omisión del citado documento, por lo que su gestión carecía de validez a la luz de los dispuesto en los numerales 38, 462 y conexos del Código Procesal Penal, por lo que la apelación debió ser rechazada de plano. Resalta que en la admisibilidad de la impugnación analizada en el considerando II de la sentencia recurrida, no se ponderó el cumplimiento de las exigencias previstas en el numeral 1266 del Código Civil. 3) Agravio ocasionado al acoger por el fondo el recurso. Añade que la gestión recursiva incoada por la Procuraduría no resulta atendible por el fondo, conforme a los argumentos que desagrega de seguido. 3.1) Antecedentes. Señala que la procuradora penal expuso los mismos antecedentes que se observan en la acción civil resarcitoria y querella, los que se corresponden con el iter fáctico de la sentencia 132-2023 del Tribunal de Quepos, visible en los “resultandos” (f. 3073) I, II y III. No obstante, destaca una diferencia entre la sentencia recurrida y lo expuesto por la procuradora, lo que califica como importante para determinar si los efectos han cesado desde la fecha de la posible comisión del delito, hasta el momento cuando fue resuelto el asunto, todo en relación con la posible prescripción de la acción penal. Así, refiere que la plataforma fáctica de la sentencia del Tribunal de Quepos, es una mera referencia a las actuaciones atribuidas como ilegales a la firma representada por el encartado, actos delictivos considerados en grado de probabilidad, ya que nunca fueron demostrados en debate. Agrega que los hechos presentados por Abellán Ruiz implican que estos existieron y fueron cometidos por el endilgado, mismos que la procuradora estima como de efectos permanentes, con el objeto de alegar la imprescriptibilidad de la acción penal. Sin embargo, en la sentencia visible de folios 752 a 1348, emitida por el Tribunal Ambiental Administrativo, misma que fue aportada al debate y de manera clara, con el acopio de prueba técnica, inspecciones, criterios técnicos de SENARA y el Instituto Geográfico Nacional, así como reportes del Registro Público de la Propiedad, demuestra – con la activa participación del procurador Soto Cervantes en la tramitación del asunto- que los hechos no fueron cometidos por Dreyfuss o su representada, estableciendo que la afectación al Humedal Laguna Pochotal no se produjo por las actividades desplegadas en Playa Hermosa por la firma desarrolladora del Proyecto Hermosa Paradise, razón por la que se desestimó la denuncia por los mismos delitos, decisión que no fue controvertida por la Procuraduría General de la República en aquella sede. Reconoce que el fallo no es vinculante en materia penal, pero destaca que fue emitido por un organismo creado por el artículo 103 de la Ley Orgánica del Ambiente, órgano desconcentrado del MINAET con competencia exclusiva para conocer y resolver en sede administrativa las denuncias por violaciones a la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales, decisión que es irrecurrible y agota la vía administrativa. 3.2) En cuanto a la supuesta falta de fundamentación de la sentencia, en relación con el primer motivo del recurso de apelación declarado con lugar. Estima que la recurrente se equivocó al considerar como motivo de agravio, que la sentencia de primera instancia incurrió en una falta de fundamentación producto de la violación de las reglas de la sana crítica, únicamente porque no compartía el razonamiento de la decisión de primera instancia al aplicar las reglas de la prescripción, ya que en criterio de aquella -la procuradora- la naturaleza del delito no fue ponderada. Aduce que el fallo de segunda instancia carece de fundamentación, producto de la inobservancia de las reglas de la sana crítica previstas en el artículo 142 del Código Procesal Penal. Refiere que según los alegatos de Abellán Ruiz relacionados con la aplicación de las reglas de la prescripción, no se consideró la naturaleza de los delitos. Considera que dicho razonamiento debe rechazarse, ya que según el voto de las 14:30 horas, del 25 de noviembre de 1994, emitida por el entonces Tribunal de Casación Penal, la sentencia que ahora nos ocupa: “sí agota debidamente y en forma ordenada en su fundamentación de criterios legales, doctrinarios y jurisprudenciales que tiene el Tribunal para determinar la aplicación de las reglas de la prescripción de la acción que estatuye el numeral 32 del Código Procesal Penal, no solamente porque no fue que los calificó como delitos de efectos instantáneo (sic), sino porque considero, a la luz de las pruebas analizadas, que se trataba de hecho delincuenciales no cometidos por el encartado” (f. 3075). Agrega que el fallo del Tribunal Ambiental Administrativo emitido desde el 2023, determinó de forma fehaciente que el delito de drenaje de humedal no existió en los términos y condiciones atribuidos al endilgado. 3.3) Acerca del segundo motivo del recurso por razones procesales. Expone que en criterio de Abellán Ruiz, los hechos atribuidos al acriminado se derivan de la supuesta comisión del delito de drenaje de humedal, mismo que fue descartado por el Tribunal Ambiental Administrativo con base en las pruebas rendidas por SENARA, FONAFIFO, IGN y el Registro Público de la Propiedad. Añade que incluso, el encartado realizó conductas y actuaciones que remediaron lo que se había hecho mal, devolviendo las cosas a su estado anterior, razón por la cual se le eximió de las actuaciones ilegales atribuidas. Rechaza la existencia de los efectos permanentes, ya que las consecuencias negativas fueron corregidas a tiempo y tuvieron una consumación instantánea, concluyendo que el ad quem incurrió en una errónea apreciación de la prueba y los preceptos legales en los que sustentó la decisión. 3.4) Sobre la jurisprudencia y doctrina invocadas. Señala que la jurisprudencia citada por la procuradora penal y el tribunal de segunda instancia son de vieja data y corresponden a supuestos en los que el responsable fue sentenciado concluido el proceso, quedando demostrados los efectos permanentes de los hechos delictivos, mientras que en este caso, nunca se ha celebrado el debate para demostrar los hechos acusados y por el contrario, la decisión del tribunal administrativo citado previamente, concluye que el daño ambiental nunca existió en los términos acusados. En su criterio, lleva razón el a quo sobre la necesidad de abandono de aquellos viejos criterios doctrinarios y jurisprudenciales según los cuales, todo acto negativo relacionado con el ambiente y los recursos naturales, debe estimarse como de efectos permanentes. Respalda el reclamo en la nueva jurisprudencia, especialmente el voto 1309-2021 de las 9:39 horas, del 5 de noviembre del 2021 de la Sala Tercera, sobre el que transcribe un extracto. 3.5) En relación con el agravio alegado y la solicitud de restitución de las cosas a su estado original. Afirma que desde la intervención del Tribunal Ambiental Administrativo en los años 2002 y 2003, hasta la culminación de la investigación mediante resolución 134-03-TAA de las 10:35 horas, del 4 de marzo del 2023, en relación las acciones que pudieron haber desplegado efectos negativos para los recursos naturales y el ambiente por la firma desarrolladora Proyecto Hermosa Paradise, se demuestra que se realizaron acciones correctivas, incluida la solución de un taponamiento que afectaba un canal artificial que provenía de la Laguna Pochotal, restituyendo las cosas a su estado original. Concluye que los agravios referidos por la procuradora son inexistentes y estima que la solicitud de restitución resulta improcedente, ya que ello fue cumplido satisfactoriamente desde hace más de veinte años. Prueba para mejor resolver. Con base en el artículo “4673” (f. 3078) del Código Procesal Penal, ofrece como prueba para mejor resolver la resolución 134-03-TAA del Tribunal Ambiental Administrativo, de las 10:35 horas, del 4 de marzo del 2023, toda vez que, ante la no realización de la audiencia oral, no fue posible ofrecer dicho elemento de juicio en segunda instancia, al amparo de lo preceptuado en numeral 463 del código de rito. Como petitoria, con base en el artículo 473 del Código Procesal Penal, solicita acoger el recurso en todos sus extremos, decretar la nulidad absoluta de la sentencia por violación de los preceptos civiles y procesales, así como el estado de indefensión al que se vio sometido el encartado por no convocar a la audiencia oral y dejar incólume la decisión de primera instancia. El único motivo del recurso de casación incoado por el abogado particular Jorge Arturo Ferrandino Orias, se declara inadmisible. Según se desprende de las actuaciones que constan en autos, el recurso de casación no cumple con los requisitos de impugnabilidad objetiva y en consecuencia, debe ser declarado inadmisible. En este sentido, en cuanto a los requisitos del citado medio impugnaticio, la legislación establece que el recurso de casación sólo se puede dirigir en contra de las sentencias de los tribunales de apelación de sentencia, que confirmen -total o parcialmente- la decisión del tribunal de primera instancia o bien, resuelvan de forma definitiva en el asunto, es decir, que impida discutir de nuevo el aspecto que se pretende impugnar. Así, el artículo 467 del Código Procesal Penal señala: “ El recurso de casación procederá contra las resoluciones dictadas por los tribunales de apelación de sentencia, que confirmen total o parcialmente, o bien resuelvan en definitiva, la sentencia dictada por el tribunal de juicio”. En esta causa, la resolución impugnada a través de la interposición del recurso de casación no confirmó total o parcialmente la decisión de primera instancia, ni resolvió de forma definitiva aspecto alguno, sino que por el contrario, ordenó el reenvío del asunto ante el a quo para conocer ex novo la totalidad de la causa, sin condicionar de forma alguna al órgano de primera instancia acerca de la solución del caso. Así, en la sentencia 2023-00977 del del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, de las 15:12 horas, del 28 de setiembre del 2023, se dispuso: “Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la República, se anula la decisión de instancia, en la que se declaró prescrita la acción penal y se ordena el juicio de reenvío para una nueva sustentación” (f. 362). Cabe subrayar que aún cuando a folio 3061 el ad quem aludió a la naturaleza de los ilícitos investigados, en concreto, si se trataba de delitos de efectos permanentes o no, en la parte dispositiva -donde se anuló íntegramente lo decidido en primera instancia- señaló de forma clara que el tema debía ser ponderado por el a quo (cfr. 3060 vuelto). A partir de ello, se extrae que la orden de reenvío no condiciona en modo alguno al tribunal sentenciador, sino que como ya se apuntó, debe realizarse un nuevo examen de los temas. Desde esta óptica, es claro que el ad quem no consolidó situación jurídica alguna que faculte la interposición del recurso de casación, posición que ha sostenido esta Cámara en otros antecedentes. Así, en un supuesto análogo al ahora presentado, donde en primera instancia se declaró extinta la acción penal y el ad quem, anuló la decisión y ordenó el reenvió de la causa, se concluyó que la decisión carecía de impugnabilidad objetiva, estableciendo con base en el ordinal 467 del código de rito que: “Es así, como este artículo establece la norma básica de impugnabilidad objetiva del recurso de casación penal, la cual está compuesta por dos aspectos. El primero, que instituye de forma general que el recurso de casación procede contra las sentencias de apelación. Al referirse exclusivamente a las sentencias de apelación, implica que no es posible presentar la impugnación contra otro tipo de resoluciones, por ejemplo la sentencia de juicio y, el segundo, es la exigencia de la norma respecto a que la objeción se debe dirigir contra los aspectos del fallo de apelación que hayan sido resueltos de manera definitiva; es decir, no procede la casación contra la sentencia de apelación que ordena un reenvío total o contra aquellos temas de la sentencia sobre los cuales se ordenó el reenvío y, que no implican la consolidación de manera definitiva de una situación jurídica. En el caso bajo estudio, el recurrente interpone un recurso de casación contra una resolución mediante la cual se declaró con lugar los motivos sétimo, cuarto y sexto del recurso de apelación interpuesto por las querellantes, que generó la nulidad integral de la sentencia de primera instancia y ordenó el juicio de reenvío, decisión que tiene como único efecto, que se discuta de nuevo en general la comprobación o no, de hechos, posible participación de encartada y desde luego, dan probabilidad los temas relativos a la imputación, calificación legal y prescripción de los hechos. Así las cosas, la impugnación incumple con los requisitos de impugnabilidad objetiva” (voto 2020-00255 de la Sala Tercera, de la 12:10 horas del 13 de marzo de 2020, con integración de las magistradas y magistrados Solano, Alfaro, Zúñiga, Segura y Robleto). Por esta razón, el recurso de casación incoado por el defensor particular Jorge Arturo Ferrandino Orias, en representación de [Nombre 001], se declara inadmisible. Por Tanto: Se declara inadmisible el recurso de casación incoado por el defensor particular Jorge Arturo Ferrandino Orias, en representación de [Nombre 001]. Notifíquese. Jesús Alberto Ramírez Q. Gerardo Rubén Alfaro V. Patricia Vargas G. Rafael Segura B. Rosa Acón Ng Magistrado suplente Magistrada suplente No. Interno. 951-4/12-4-23 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:50:50. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Sala Tercera de la Corte Resolution No. 00347 - 2024 Date of Resolution: April 18, 2024, at 10:20 Case File: 02-200148-0645-PE Drafted by: Gerardo Rubén Alfaro Vargas Type of Matter: Cassation appeal Analyzed by: SALA DE CASACIÓN PENAL Ruling with protected data, in accordance with current regulations Text of the resolution Exp: 02-200148-0645-PE Res: 2024-00347 SALA DE CASACIÓN PENAL. San José, at 10:20 hours on April 18, 2024. Having reviewed the cassation appeal filed in the case brought against [Name 001], for the crimes of wetland drainage, destruction of vegetation in a protection area, construction in the public zone of the maritime-terrestrial zone, invasion of a conservation or protection area, timber harvesting, and usurpation of public domain property, to the detriment of the environment, and; Considering: I. By resolution 2023-00977 of the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal of the Tercer Circuito Judicial de Alajuela, at 15:12 hours, on September 28, 2023, the appeal filed by the Procuraduría General de la República was granted, ordering the annulment of the decision in which the criminal action was declared time-barred (prescrita) and ordering a retrial (juicio de reenvío) (f. 3056-3062). Against this decision, the private defense counsel Jorge Arturo Ferrandino Orias, representing [Name 001], filed a cassation appeal (f. 3067-3074). II. Integration. In this matter, Judge Sandra Eugenia Zúñiga Morales recused herself from hearing the case, as she had previously intervened with authority in the same proceeding (f. 3099), a request that was granted by the remaining members of this chamber (f. 3100). Consequently, by resolution at 7:31 hours, on January 26, 2024, it was ordered that to resolve the appeal, the Sala Tercera would be composed of judges Jesús Alberto Ramírez Quirós, Patricia Solano Castro, Patricia Vargas González, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, and Rosa Acón Ng (f. 3106). However, as she is on sick leave, Judge Patricia Solano Castro is replaced by Judge Rafael Segura Bonilla. III. Sole ground. He claims that the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal of the Tercer Circuito Judicial de Alajuela disregards Article 1266 of the Civil Code (Código Civil), a provision regulating the effects of substitution by judicial mandate. Furthermore, he claims the erroneous application of criminal procedural rules, specifically Article 462 of the Criminal Procedure Code (Código Procesal Penal), which establishes the mandatory holding of the hearing contemplated in that same article, a hearing that has been considered a right of the appellants, the party responding to the appeal, and the adhering party. He adds that according to the regulatory provision, the court must schedule a hearing within 15 days of receiving the proceedings, citing as support vote 653-2004 of the Sala Tercera. He considers that the failure to hold the oral hearing, despite it being timely requested by a duly legitimized party, may give rise to the nullity of the judgment. Under the section titled "EXPOSICIÓN DE LOS AGRAVIOS CAUSADOS POR EL FALLO AHORA RECURRIDO" (f. 3068), he lists what he considers the grievances caused, in the order presented below. 1) Decision not to convene the oral hearing requested by the defense. He specifies that in the brief of August 8, 2023, he requested the ad quem court to convene the oral hearing, in order to demonstrate that the appeal should be rejected and to refute the substance of the arguments, providing—as evidence for a better resolution—a definitive ruling issued through administrative channels, demonstrating—since 2002—that the attributed crimes did not exist and the investigated actions had not caused the reported serious environmental damage, because the company had rectified the questioned works and returned things to their original state. He states that the defense had planned to present the cited arguments at the hearing that was dispensed with, contrary to the provisions of Article 462 of the Criminal Procedure Code, preventing the defense the opportunity to be heard in the second instance, where the appeal should have been rejected due to the lack of procedural standing of the state representation. He emphasizes that neither the recitals (considerandos) nor the operative part (resultando) of the judgment mention the requested hearing. 2) Failure to notice the lack of accreditation of the state representation, which absolutely nullifies the appeal filed before the ad quem court. He points out that Article 1261 of the Civil Code is the original regulation for all provisions on mandate and its manifestations. He adds that, according to criminal procedural rules, the agent must adhere to the terms of the mandate, except when the laws authorize them to act otherwise, while Article 1264 of the same legal body establishes that the agent may substitute the assignment if the power of attorney expressly empowers them to do so, but for it to be valid, the same formalities and requirements established by law for granting the original power must be observed. He points out that in this case, the appeal was filed by attorney Margot Abellán Ruiz, who identified herself as a criminal prosecutor acting in substitution, solely for that act, for prosecutor Juan José Soto Cervantes. However, the legal act originating the substitution that legitimizes her to validly act in that delegation is not specified, nor does she attach a document satisfying the formalities observed in the original power of attorney, failing to meet the requirements set forth in Article 1266 of the Civil Code. He acknowledges that Soto Cervantes holds a broad and sufficient power of attorney, including the faculties to make substitutions of the mandate to other agents, but it does not authorize the delegation of that power without complying with the requirements of the article cited above. He acknowledges the status of both officials as criminal prosecutors but considers an internal order or verbal communication from the hierarchical superior to the subordinate insufficient for the substitution, highlighting the need to provide the document where said substitution of the mandate is recorded. He describes it as clear that the prosecutor lacked standing to file the appeal, given the omission of said document, meaning her action lacked validity in light of the provisions of Articles 38, 462, and related articles of the Criminal Procedure Code, and therefore the appeal should have been rejected outright. He highlights that in the admissibility analysis of the challenge reviewed in recital (considerando) II of the appealed judgment, compliance with the requirements of Article 1266 of the Civil Code was not weighed. 3) Grievance caused by granting the appeal on the merits. He adds that the appellate action brought by the Procuraduría is not acceptable on the merits, according to the arguments he lays out below. 3.1) Background. He states that the criminal prosecutor set out the same background facts observed in the civil action for damages (acción civil resarcitoria) and the criminal complaint (querella), which correspond to the factual narrative (iter fáctico) of judgment 132-2023 of the Tribunal de Quepos, visible in the "resultandos" (f. 3073) I, II, and III. However, he highlights a difference between the appealed judgment and what the prosecutor stated, which he qualifies as important for determining whether the effects have ceased from the date of the possible commission of the crime until the moment the matter was resolved, all in relation to the possible prescription (prescripción) of the criminal action. Thus, he states that the factual platform of the Tribunal de Quepos judgment is a mere reference to the actions attributed as illegal to the firm represented by the defendant, criminal acts considered at the level of probability, as they were never proven in trial. He adds that the facts presented by Abellán Ruiz imply that these existed and were committed by the accused, which the prosecutor considers to be permanent in effect, in order to allege the imprescriptibility of the criminal action. However, the judgment visible on folios 752 to 1348, issued by the Tribunal Ambiental Administrativo, which was provided to the trial and clearly, with the collection of technical evidence, inspections, technical criteria from SENARA and the Instituto Geográfico Nacional, as well as reports from the Registro Público de la Propiedad, demonstrates—with the active participation of prosecutor Soto Cervantes in the processing of the matter—that the acts were not committed by Dreyfuss or his represented party, establishing that the impact to the Humedal Laguna Pochotal was not caused by the activities carried out in Playa Hermosa by the firm developing the Proyecto Hermosa Paradise, a reason for which the complaint for the same crimes was dismissed, a decision that was not challenged by the Procuraduría General de la República in that venue. He acknowledges that the ruling is not binding in criminal matters but highlights that it was issued by an agency created by Article 103 of the Ley Orgánica del Ambiente, a deconcentrated body of MINAET with exclusive competence to hear and resolve, through administrative channels, complaints for violations of environmental and natural resource protection legislation, a decision that is unappealable and exhausts the administrative channel. 3.2) Regarding the alleged lack of reasoning in the judgment, in relation to the first ground of the appeal that was granted. He believes the appellant was mistaken in considering that the first-instance judgment incurred a lack of reasoning as a result of violating the rules of sound criticism (sana crítica), solely because she did not share the reasoning of the first-instance decision in applying the rules of prescription, since in her view—the prosecutor's—the nature of the crime was not weighed. He argues that the second-instance ruling lacks reasoning, as a result of disregarding the rules of sound criticism set forth in Article 142 of the Criminal Procedure Code. He states that according to Abellán Ruiz's arguments related to the application of the rules of prescription, the nature of the crimes was not considered. He believes this reasoning should be rejected, since according to the vote at 14:30 hours, on November 25, 1994, issued by the then Tribunal de Casación Penal, the judgment now before us: “does properly and in an orderly manner exhaustively address the legal, doctrinal, and jurisprudential criteria that the Tribunal has for determining the application of the rules of prescription of the action established in Article 32 of the Criminal Procedure Code, not only because it did not classify them as crimes of instantaneous effect (sic), but because it considered, in light of the evidence analyzed, that these were criminal acts not committed by the defendant” (f. 3075). He adds that the ruling of the Tribunal Ambiental Administrativo, issued since 2023, reliably determined that the crime of wetland drainage did not exist under the terms and conditions attributed to the accused. 3.3) Regarding the second ground of the appeal for procedural reasons. He explains that in Abellán Ruiz's view, the acts attributed to the accused derive from the alleged commission of the crime of wetland drainage, which was ruled out by the Tribunal Ambiental Administrativo based on evidence provided by SENARA, FONAFIFO, IGN, and the Registro Público de la Propiedad. He adds that even the defendant performed conducts and actions that remedied what had been done wrong, returning things to their previous state, a reason for which he was exonerated from the illegal actions attributed to him. He rejects the existence of permanent effects, as the negative consequences were corrected in time and had an instantaneous consummation, concluding that the ad quem court incurred an erroneous assessment of the evidence and the legal precepts on which it based the decision. 3.4) Regarding the jurisprudence and doctrine invoked. He points out that the jurisprudence cited by the criminal prosecutor and the second-instance court is of old date and corresponds to cases where the responsible party was sentenced after the proceeding concluded, with the permanent effects of the criminal acts being proven, whereas in this case, a trial to prove the accused acts has never been held, and on the contrary, the decision of the previously cited administrative court concludes that the environmental damage never existed under the terms accused. In his view, the a quo court is correct about the need to abandon those old doctrinal and jurisprudential criteria according to which any negative act related to the environment and natural resources must be considered as having permanent effects. He supports the claim with the new jurisprudence, especially vote 1309-2021 at 9:39 hours, on November 5, 2021, of the Sala Tercera, from which he transcribes an excerpt. 3.5) In relation to the alleged grievance and the request for restitution of things to their original state. He affirms that from the intervention of the Tribunal Ambiental Administrativo in the years 2002 and 2003, until the conclusion of the investigation through resolution 134-03-TAA at 10:35 hours, on March 4, 2023, regarding actions that the developing firm Proyecto Hermosa Paradise might have carried out with negative effects for natural resources and the environment, it is demonstrated that corrective actions were taken, including the solution of a blockage affecting an artificial channel originating from Laguna Pochotal, restoring things to their original state. He concludes that the grievances referred to by the prosecutor are non-existent and considers the request for restitution improper, as it was satisfactorily fulfilled over twenty years ago. Evidence for a better resolution. Based on Article “4673” (f. 3078) of the Criminal Procedure Code, he offers as evidence for a better resolution resolution 134-03-TAA of the Tribunal Ambiental Administrativo, at 10:35 hours, on March 4, 2023, since, due to the oral hearing not being held, it was not possible to offer this evidentiary element in the second instance, under the protection of Article 463 of the procedural code. As a petition, based on Article 473 of the Criminal Procedure Code, he requests that the appeal be granted in its entirety, that the absolute nullity of the judgment be decreed for violation of civil and procedural precepts, as well as the state of defenselessness to which the defendant was subjected for not convening the oral hearing, and that the first-instance decision remain unaltered. The sole ground of the cassation appeal brought by private attorney Jorge Arturo Ferrandino Orias is declared inadmissible. As shown by the actions in the record, the cassation appeal does not meet the requirements of objective challengeability (impugnabilidad objetiva), and consequently, it must be declared inadmissible. In this regard, regarding the requirements of said means of challenge, the legislation establishes that a cassation appeal can only be directed against judgments of the sentence appeals courts that confirm—totally or partially—the decision of the first-instance court, or that definitively resolve the matter, that is, that prevent discussing again the aspect intended to be challenged. Thus, Article 467 of the Criminal Procedure Code states: “The cassation appeal shall be admissible against resolutions issued by sentence appeals courts, which totally or partially confirm, or definitively resolve, the judgment issued by the trial court”. In this case, the resolution challenged through the filing of the cassation appeal did not totally or partially confirm the first-instance decision, nor did it definitively resolve any aspect, but rather, on the contrary, it ordered the referral (reenvío) of the matter to the a quo court to hear the entire case anew (ex novo), without conditioning the first-instance body in any way regarding the resolution of the case. Thus, in judgment 2023-00977 of the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal of the Tercer Circuito Judicial de Alajuela, at 15:12 hours, on September 28, 2023, it was ordered: “The appeal filed by the Procuraduría General de la República is granted, the decision at the instance level, in which the criminal action was declared time-barred, is annulled, and a retrial (juicio de reenvío) is ordered for a new presentation” (f. 362). It should be emphasized that even though at folio 3061 the ad quem court referred to the nature of the investigated offenses, specifically, whether they were crimes of permanent effects or not, in the operative part—where what was decided in the first instance was entirely annulled—it clearly indicated that the issue should be weighed by the a quo court (cf. 3060 vuelto). From this, it is clear that the referral order does not condition the sentencing court in any way, but rather, as already noted, a new examination of the issues must be conducted. From this perspective, it is clear that the ad quem court did not consolidate any legal situation that would authorize the filing of a cassation appeal, a position this Chamber has held in other precedents. Thus, in a case analogous to the one now presented, where the criminal action was declared extinguished in the first instance and the ad quem court annulled the decision and ordered the referral of the case, it was concluded that the decision lacked objective challengeability, establishing, based on Article 467 of the procedural code, that: “Thus, this article establishes the basic rule of objective challengeability of the criminal cassation appeal, which is composed of two aspects. The first, which generally establishes that the cassation appeal is admissible against appeal judgments. By referring exclusively to appeal judgments, it implies that it is not possible to file the challenge against other types of resolutions, for example, the trial judgment, and the second, is the requirement of the rule that the objection must be directed against the aspects of the appeal ruling that have been definitively resolved; that is, cassation is not admissible against an appeal judgment that orders a total referral or against those topics of the judgment for which a referral was ordered, and which do not imply the definitive consolidation of a legal situation. In the case under study, the appellant files a cassation appeal against a resolution by which the seventh, fourth, and sixth grounds of the appeal filed by the complainants were granted, which generated the integral nullity of the first-instance judgment and ordered a retrial, a decision whose only effect is that the verification or lack thereof of facts, the possible participation of the accused, and of course, the topics related to the accusation, legal classification, and prescription of the facts are to be discussed again in general. Thus, the challenge fails to meet the requirements of objective challengeability” (vote 2020-00255 of the Sala Tercera, at 12:10 hours on March 13, 2020, composed of judges Solano, Alfaro, Zúñiga, Segura, and Robleto). For this reason, the cassation appeal brought by private defense counsel Jorge Arturo Ferrandino Orias, representing [Name 001], is declared inadmissible. Therefore: The cassation appeal brought by private defense counsel Jorge Arturo Ferrandino Orias, representing [Name 001], is declared inadmissible. Notify. Jesús Alberto Ramírez Q. Gerardo Rubén Alfaro V. Patricia Vargas G. Rafael Segura B. Rosa Acón Ng Substitute Judge Substitute Judge No. Interno. 951-4/12-4-23 This is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 13:50:50. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República