Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Considerando:
I. Mediante libelo visible de folios 208 a 216, la licenciada Zaray Chavarría Prado, en su condición de Procuradora Penal, interpone recurso de casación contra la resolución N° 2023-506, de las 13:05 horas del 25 de octubre del 2023, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, Sección Primera, del Segundo Circuito Judicial de San José (En función del T.A.S.P. de Guanacaste, Sede Santa Cruz), visible de folios 199 a 202. Mediante dicho fallo, se declaró sin lugar el recurso de apelación formulado por la Procuraduría General de la República, confirmándose la sentencia N° 511-2023, de las 15:30 horas del 1 de setiembre del 2023, dictada por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, Liberia (folios 168 y 169), en la cual, en aplicación de un procedimiento abreviado, se condenó a [Nombre 001] por un delito de infracción a la ley de pesca y acuicultura en su modalidad de ejercicio de la actividad de pesca comercial o deportiva en parques nacionales, imponiéndosele el depósito de catorce salarios base. Además, el ad quem ordenó que se cancelara la anotación en el asiento de inscripción de la embarcación inscrita a nombre de [Nombre 003] y que se realizaran las diligencias necesarias para la devolución a su propietario.
II. ... La recurrente explica que, en el fallo impugnado, el ad quem ordenó la cancelación de la anotación en el asiento de inscripción de la embarcación [...], inscrita a nombre de [Nombre 003], así como realizar las diligencias necesarias para la devolución a su propietario: “…Rechazando así el comiso de la embarcación que se utilizó para la comisión del hecho en perjuicio del medio ambiente…” (folio 210 vuelto). La Procuradora transcribe un extracto de la fundamentación expuesta por el tribunal de apelación de sentencia ... considerando que, con lo resuelto, se inobservó el artículo 118 de la Ley de Pesca, que dispone, en lo que interesa, que el propietario será solidariamente responsable cuando corresponda a personas jurídicas o a personas físicas diferentes.
English (translation)Considering:
I. By petition on pages 208 to 216, attorney Zaray Chavarría Prado, acting as Criminal Prosecutor, files a cassation appeal against ruling No. 2023-506, issued at 13:05 on October 25, 2023, by the Juvenile Criminal Sentencing Appeals Tribunal, First Section, Second Judicial Circuit of San José (serving as T.A.S.P. of Guanacaste, Santa Cruz), on pages 199 to 202. That decision dismissed the appeal filed by the Attorney General’s Office, upholding sentence No. 511-2023, issued at 15:30 on September 1, 2023, by the Criminal Trial Court of the First Judicial Circuit of Guanacaste, Liberia (pages 168 and 169), in which, following an abbreviated procedure, [Name 001] was convicted of a violation of the fishing and aquaculture law for engaging in commercial or sport fishing within a national park, and sentenced to a fine of fourteen base salaries. Additionally, the appellate court ordered the cancellation of the annotation on the registration of the vessel registered to [Name 003] and that the necessary steps be taken to return it to its owner.
II. ... The appellant explains that in the challenged ruling, the ad quem ordered the cancellation of the annotation on the registration of the vessel [...], registered in the name of [Name 003], and the steps for its return to the owner: “…Thus rejecting the forfeiture of the vessel that was used to commit the act to the detriment of the environment…” (folio 210 verso). The Prosecutor transcribes an excerpt from the reasoning of the appellate court ... arguing that this decision disregarded Article 118 of the Fishing Law, which provides, insofar as relevant, that the owner shall be jointly liable when the owner is a legal entity or a different natural person.
Admitted (substantive review)
Grande Normal Pequeña Sala Tercera de la Corte Resolución Nº 01035 - 2024 Fecha de la Resolución: 03 de Octubre del 2024 a las 11:30 Expediente: 22-000173-1259-PE Redactado por: Rosa Acón Ng Clase de asunto: Recurso de casación Analizado por: SALA DE CASACIÓN PENAL Sentencias del mismo expediente Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Texto de la resolución Exp: 22-000173-1259-PE Res: 2024-01035 SALA DE CASACIÓN PENAL. San José, a las once horas treinta minutos del tres de octubre de dos mil veinticuatro. Visto el recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida en contra de [Nombre 001] por el delito de pesca comercial o deportiva ilegal cometido en perjuicio los recursos naturales; y, Considerando: I. Mediante libelo visible de folios 208 a 216, la licenciada Zaray Chavarría Prado, en su condición de Procuradora Penal, interpone recurso de casación contra la resolución N° 2023-506, de las 13:05 horas del 25 de octubre del 2023, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, Sección Primera, del Segundo Circuito Judicial de San José (En función del T.A.S.P. de Guanacaste, Sede Santa Cruz), visible de folios 199 a 202. Mediante dicho fallo, se declaró sin lugar el recurso de apelación formulado por la Procuraduría General de la República, confirmándose la sentencia N° 511-2023, de las 15:30 horas del 1 de setiembre del 2023, dictada por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, Liberia (folios 168 y 169), en la cual, en aplicación de un procedimiento abreviado, se condenó a [Nombre 001] por un delito de infracción a la ley de pesca y acuicultura en su modalidad de ejercicio de la actividad de pesca comercial o deportiva en parques nacionales, imponiéndosele el depósito de catorce salarios base. Además, el ad quem ordenó que se cancelara la anotación en el asiento de inscripción de la embarcación inscrita a nombre de [Nombre 003] y que se realizaran las diligencias necesarias para la devolución a su propietario. II. Luego de hacer referencia a algunos antecedentes que la impugnante estima relevantes para el análisis del presente asunto (folio 209 frente y vuelto), la licenciada Chavarría Prado plantea como primer motivo, la inobservancia del artículo 118 de la Ley de Pesca en relación con los artículos 103 inciso c) y 106 inciso 5) del Código Penal, por no haberse ordenado el comiso de la embarcación, en razón de la responsabilidad solidaria objetiva del propietario del bien. Explica la recurrente que, en el fallo impugnado, el ad quem ordenó la cancelación de la anotación en el asiento de inscripción de la embarcación [...], inscrita a nombre de [Nombre 003], así como realizar las diligencias necesarias para la devolución a su propietario: “…Rechazando así el comiso de la embarcación que se utilizó para la comisión del hecho en perjuicio del medio ambiente…” (folio 210 vuelto). La Procuradora transcribe un extracto de la fundamentación expuesta por el tribunal de apelación de sentencia al descartar el reclamo que fue planteado, considerando que, con lo resuelto, se inobservó el artículo 118 de la Ley de Pesca, que dispone, en lo que interesa, que el propietario será solidariamente responsable cuando corresponda a personas jurídicas o a personas físicas diferentes. Arguye, que el artículo 103 inciso c) del Código Penal establece el comiso como una consecuencia del hecho punible e indica: “…Aunque el bien decomisado pertenezca a un tercero que no fue demandado civilmente, lo cierto es que la figura del comiso no exige esa condición para su aplicación, y que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Pesca, así como, con el numeral 106 inciso 5) del Código Penal, el propietario de la embarcación es solidariamente responsable por las infracciones a dicha normativa especial, la cual no alude a la existencia de culpa o dolo o del grado de participación tampoco si es por descuido o negligencia, de ahí que al ser decomisada la embarcación en la causa que nos ocupa y tenerse por acreditado el ilícito penal con la utilización de esta, así como, la obligación civil por el daño ambiental, lo procedente era ordenar el comiso como consecuencia civil en atención a la solidaridad que por ley especial le corresponde al dueño de esta soportar…” (folio 211 vuelto). Al argumentar la protesta, la recurrente transcribe el contenido parcial del voto de esta Cámara N° 2022-00437, de las 16:46 horas, del 22 de abril del 2022, en el que se determinó que la responsabilidad solidaria por delitos ambientales es objetiva. También, alude a la resolución de esta Sala N° 780-2000, de las 10:20 horas, del 7 de julio del 2000, en la que se dispuso que ordenar la devolución de los bienes secuestrados a quien demuestre ser su legítimo propietario, conlleva que el asunto no pueda ser, en definitiva, discutido y podría propiciar eventualmente que un mero defecto de forma impida la aplicación de la ley sustantiva. Al hacer referencia al fallo impugnado, la recurrente hizo énfasis en que para el tribunal de apelación de sentencia, al no pertenecer la embarcación al acusado, se exigían comprobaciones adicionales y concluyó también, que una embarcación no es en sí un instrumento sino un medio de transporte y que en ese tanto, podría resultar desproporcionado su comiso en casos de pesca ilegal a baja escala, como en este caso. En criterio de la impugnante: “…no le correspondía realizar comprobaciones ni actos adicionales, porque los hechos que originan la responsabilidad civil fueron acreditados y entre estos que la embarcación [...] fue el instrumento con se usó para ese cometido, por ende, el daño ambiental, de ahí que se declarara con lugar la Acción Civil Resarcitoria, además la responsabilidad solidaria es objetiva y de conformidad con esta debía el dueño de la embarcación aportar la prueba que considerara pertinente para eximirlo de responsabilidad solidaria como tercero interesado, en razón del decomiso que soporta su bien, constando únicamente en el expediente el escrito entregado el 03 de agosto del 2022 visible a folio 119 donde indica "desconozco las razones del porqué este muchacho que sabe que no puede ingresar al parque lo hizo, sé que la pesca está muy escasa y que él tiene una familia que cuidar siendo la única labor que él puede realizar y que lo hace desde niño él no sabe leer ni escribir." Con el cual, se estima no es suficiente para la exoneración de responsabilidad objetiva, con cuya afirmación solamente atribuye el conocimiento del imputado sobre la ilicitud de su actuación…” (folio 213 frente). Aunado a lo anterior, aclara que, conforme al artículo 9 de la Ley de Pesca, se consiente la navegación simple en las áreas protegidas, en supuestos de caso fortuito y fuerza mayor, mientras duren tales situaciones. Posteriormente, la licenciada Chavarría Prado asegura que la embarcación: “…no solo es un medio de transporte como lo señala el tribunal de apelación…” (folio 213 vuelto), sino, uno de los instrumentos para la comisión del ilícito, por ser materialmente imposible incursionar aguas adentro sin esta y resultar esa embarcación, indispensable para entrar y permanecer en las aguas territoriales para poder llevar a cabo la pesca ilegal. Cuestiona además, que el ad quem: “…hace una interpretación extensiva de un tipo penal -conducción temeraria- que expresamente por ley está como excepción para el comiso del bien que se utiliza en la realización del ilícito y que no tiene similitud alguna con los hechos de la sumaria que nos ocupa, cuyo delito ambiental se encuentra previsto y sancionado en una ley especial como lo es la Ley de Pesca, la cual además de ordenar gravar el medio -embarcación- que se usa para la comisión de delito a fin de resguardar el pago de la multa, hace responsable solidariamente al dueño de esta por las infracciones cometidas…” (folio 213 vuelto). Reclama además, la recurrente, que en criterio del ad quem, el comiso de la embarcación en pesca a pequeña escala es desproporcional: “…sin analizar la magnitud del daño ambiental que esas conductas le ocasionan a los ecosistemas, más cuando se trata de la afectación a un área silvestre que por normativa -Ley de Pesca artículo 9, Decreto Ejecutivo 1562 del 20 de marzo de 1971 y Ley Forestal artículo 13 como patrimonio natural de Estado-, es un lugar prohibido para la pesca y tiene una protección especial para la flora y fauna que ahí existen ya que en el área marina del Parque Nacional Santa Rosa -lugar de los hechos- hay importantes zonas de interés biológico, como áreas de alta diversidad, zonas de producción y reproducción, zonas de crianza y reclutamiento de especies, así como áreas de afloramiento de nutrientes únicos en el país y variados ecosistemas de interfase tierra mar y marinos, y por más a escala que sea la pesca afecta el equilibrio ecológico…” (folio 213 vuelto). Se hace referencia, además, al derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, considerado de tercera generación, en virtud de su importancia, a partir de lo cual, la procuradora afirma que: “…los instrumentos que se utilicen para este tipo de delincuencias, como las embarcaciones, es totalmente viable que sean comisados, ya que el legislador no los ha establecido como excepción…” (folio 214 frente). También indica que, si bien, el ad quem señaló que el propietario registral de la embarcación no se tuvo como parte formalmente dentro del proceso: “… [Nombre 003] se apersonó al proceso como tercero interesado y señaló medio para notificaciones, tal y como consta en los folios 119 al 122 y 126 al 132, teniendo pleno conocimiento que la embarcación de su propiedad se encontraba decomisada debido a un delito por infracción a la Ley de Pesca, incluso para tales efectos, aunado a que solicitó el depósito provisional, otorgó poder especial judicial a favor del Lic. José Manuel González Fonseca, abogado y notario, para que lo representara y solicitara la devolución en depósito provisional y/o definitivo de la embarcación placa [...], en razón de ello, desde el principio contó con representación legal, teniendo claro que cuando un bien se encuentra en decomiso se debe resolver la situación de este en sentencia…” (folio 214 frente). Como agravio, la licenciada Chavarría Prado estima que, al no haberse ordenado el comiso de la embarcación, se generó un detrimento de los intereses civiles estatales, por la pérdida de un bien que debía ser entregado en comiso, por ser esa una consecuencia civil del hecho punible, con lo cual, estima que el ad quem: “…deja nugatoria una responsabilidad solidaria que debe soportar el dueño de la embarcación por la comisión de un ilícito ambiental mediante la utilización del bien de su propiedad en menoscabo de la víctima y actor civil.…” (folio 214 frente). Se solicita, a partir de lo expuesto, se acoja el alegato, se decrete la ineficacia de la sentencia impugnada N° 2023-0506, de las 13:05 horas, del 25 de octubre de 2023, y se ordene el reenvío ante el tribunal de juicio para conocer sobre el comiso de la embarcación como consecuencia civil derivada del hecho punible, en razón de la responsabilidad objetiva que debe soportar el dueño del bien, conforme a la correcta aplicación del artículo 118 de la Ley de Pesca en relación con el numeral 103 inciso 3) del Código Penal. El motivo debe admitirse. Una vez analizado el primer motivo del recurso de casación formulado por la licenciada Zaray Chavarría Prado, esta Sala determina que el mismo cumple con los requisitos formales que posibilitan su admisión para estudio de fondo, conforme a los artículos 467, 468 inciso b), 469 y 471 del Código Procesal Penal. El reclamo se interpuso en tiempo, por una persona legitimada para ello y se formula contra una sentencia del tribunal de apelación de sentencia, fundamentándose en la causal prevista en el numeral 468 inciso b) del Código Procesal Penal, que dispone: “a) Cuando la sentencia inobserve o aplique erróneamente un precepto legal sustantivo o procesal…”…”, centrándose el reproche en la inobservancia del artículo 118 de la Ley de Pesca en relación con los artículos 103 inciso c) y 106 inciso 5) del Código Penal, por no ordenar el comiso de la embarcación, en razón de la responsabilidad solidaria objetiva del propietario del bien. Se aprecia que la impugnante fundamenta adecuadamente su alegato, consignando el punto jurídico central en discusión: que desde su punto de vista, al haber sido decomisada la embarcación y tenerse por acreditado el ilícito penal con la utilización de la misma, así como la obligación civil por el daño ambiental, lo procedente era que se ordenara el comiso como consecuencia civil del hecho, en atención a la solidaridad que por ley especial le corresponde al dueño. Por su parte, esta Sala encuentra que existe coincidencia entre la protesta formulada y el agravio que se considera causado. De conformidad con lo expuesto, se admite el motivo de casación formulado, precisando, que el objeto de conocimiento para el estudio de fondo del reclamo, versará en determinar, si en la sentencia impugnada, se inobservaron los artículos 118 de la Ley de Pesca, en relación con los artículos 103 inciso c) y 106 inciso 5) del Código Penal, al no haberse ordenado el comiso de la embarcación [...] como lo acusa la Procuraduría General de la República. Así las cosas, al enmarcarse el motivo en una de las causales autorizadas por el artículo 468 del Código Procesal Penal, de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 467, 468 inciso b), 469 y 471 del Código Procesal Penal, lo procedente es admitir para su estudio el presente reclamo. III. En el segundo motivo, se alega inobservancia del artículo 155 de la Ley de Pesca, por haberse ordenado el levantamiento de la anotación de la embarcación y la devolución a su propietario, sin que conste el pago de la multa impuesta en la sentencia condenatoria. Reclama la impugnante, que en el expediente no consta que la multa que fue impuesta como condena por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, Liberia, en la sentencia N° 511-2023 de las 15:30 horas, del 1 de setiembre del 2023 haya sido cancelada, y que, en este tanto, el ad quem no debía ordenar el levantamiento de la anotación que, por ley, soporta la embarcación, ni darse la devolución a su propietario, por resguardar la norma señalada, el efectivo pago de la condena establecida, lo que no ha sucedido. Como agravio, se alude a la lesión a la capacidad del Estado de hacer cumplir materialmente la pena: “…ya que debilita la efectividad o coercitividad para su cancelación…” (folio 215 frente). En ese sentido, la impugnante afirma que lo resuelto: “…dificulta la ejecución de la sentencia ante el eventual incumplimiento de la cancelación de la multa impuesta como una medida para garantizar el pago de esta, debilitando la capacidad del sistema legal para hacer cumplir la decisión judicial y afectando la integridad del proceso, por ende, ver cumplida la sanción establecida…” (folio 215 vuelto). Solicita, con sustento en las razones expuestas, que se decrete la ineficacia de lo que fue resuelto por el tribunal de apelación de sentencia: “…aplicando correctamente la norma jurídica sustantiva establecida en el artículo 155 de la Ley de Pesca, ordenando mantener la anotación que soporta la embarcación [...] y sin realizar la entrega a su propietario, en razón de la multa impuesta en sentencia condenatoria, ello de conformidad con la aplicación correcta de la norma sustantiva antes citada…” (folio 215 vuelto). El motivo es admisible: Del estudio detallado de la protesta, esta Sala determina que también cumple con los requisitos formales que posibilitan su admisión para un pronunciamiento de fondo. La recurrente desarrolla los fundamentos de manera apropiada, puntualizando que, al no constar el pago de la multa impuesta en la sentencia condenatoria, no debía ordenarse el levantamiento de la anotación que, por ley, soporta la embarcación, ni darse la devolución a su propietario, enfatizando que el artículo 155 de la Ley de Pesca resguarda el efectivo pago de la condena establecida, precisándose el agravio causado y su correspondiente pretensión. Se estima procedente admitir el reclamo para su estudio de fondo, cuyo objeto de conocimiento se centrará en el análisis de la posible inobservancia del numeral 155 de la Ley de Pesca por parte del tribunal de apelación, al haber ordenado el levantamiento de la anotación de la embarcación y la devolución a su propietario. Se reserva el mismo para un pronunciamiento posterior, en el que se profundizará sobre la eventual existencia de la causal invocada, así como la procedencia o no de las pretensiones del recurrente, de conformidad con lo dispuesto por numerales 467, 468 inciso b), 469 y 471 del Código Procesal Penal. Por tanto: Se admiten para su estudio los dos motivos del recurso de casación presentado por la licenciada Zaray Chavarría Prado, en su condición de Procuradora Penal. Notifíquese. Jesús Alberto Ramírez Q. Gerardo Rubén Alfaro V. Patricia Vargas G. Miguel Fernández C. Magistrado Suplente Rosa Acón Ng Magistrada Suplente OGUZMAN 1079-5-14-5-23 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:50:29. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Sala Tercera de la Corte Resolución Nº 01035 - 2024 Date of Resolution: October 3, 2024 at 11:30 Expediente: 22-000173-1259-PE Drafted by: Rosa Acón Ng Type of matter: Recurso de casación Analyzed by: SALA DE CASACIÓN PENAL Sentences from the same expediente Sentence with protected data, in accordance with current regulations Text of the resolution Exp: 22-000173-1259-PE Res: 2024-01035 SALA DE CASACIÓN PENAL. San José, at eleven hours and thirty minutes on October third, two thousand twenty-four. Having reviewed the recurso de casación filed in the present case against [Name 001] for the crime of illegal commercial or sport fishing, committed to the detriment of natural resources; and, Considerando: I. By means of a brief found at folios 208 to 216, licensed attorney Zaray Chavarría Prado, in her capacity as Procuradora Penal, files a recurso de casación against resolution No. 2023-506, of 13:05 hours on October 25, 2023, issued by the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, First Section, of the Second Judicial Circuit of San José (Acting in function of the T.A.S.P. of Guanacaste, Santa Cruz Seat), visible at folios 199 to 202. Through said ruling, the recurso de apelación filed by the Procuraduría General de la República was declared without merit, confirming sentence No. 511-2023, of 15:30 hours on September 1, 2023, issued by the Tribunal Penal of the First Judicial Circuit of Guanacaste, Liberia (folios 168 and 169), in which, applying an abbreviated procedure (procedimiento abreviado), [Name 001] was convicted of a crime of infraction of the Ley de Pesca in its modality of exercising commercial or sport fishing activity in national parks, being imposed a fine of fourteen base salaries (salarios base). Additionally, the ad quem ordered the cancellation of the annotation in the registration entry of the vessel registered in the name of [Name 003] and that the necessary steps be taken for its return to its owner. II. After referring to some background that the appellant considers relevant for the analysis of this matter (folio 209 front and back), licensed attorney Chavarría Prado raises, as a first ground, the disregard (inobservancia) of article 118 of the Ley de Pesca in relation to articles 103 subsection c) and 106 subsection 5) of the Código Penal, for not having ordered the confiscation (comiso) of the vessel, based on the strict liability by operation of law (responsabilidad solidaria objetiva) of the owner of the property. The appellant explains that, in the contested ruling, the ad quem ordered the cancellation of the annotation in the registration entry of the vessel [...], registered in the name of [Name 003], as well as carrying out the necessary diligences for its return to its owner: "...Rejecting thus the confiscation (comiso) of the vessel that was used for the commission of the act to the detriment of the environment..." (folio 210 back). The Procuradora transcribes an excerpt of the reasoning stated by the tribunal de apelación de sentencia when discarding the claim that was raised, considering that, with the decision, article 118 of the Ley de Pesca was disregarded (inobservó), which provides, in what is of interest, that the owner shall be jointly and severally liable (solidariamente responsable) when it corresponds to legal entities or to different individuals. She argues that article 103 subsection c) of the Código Penal establishes confiscation (comiso) as a consequence of the punishable act and states: "...Even though the confiscated property belongs to a third party who was not sued civilly, it is true that the figure of confiscation (comiso) does not require that condition for its application, and that in accordance with article 118 of the Ley de Pesca, as well as, with numeral 106 subsection 5) of the Código Penal, the owner of the vessel is jointly and severally liable for infractions of said special regulations, which does not allude to the existence of fault or intent or the degree of participation, nor whether it is due to carelessness or negligence, hence, as the vessel was seized (decomisada) in the case that concerns us and the criminal illicit act is considered proven with the use of it, as well as the civil obligation for the environmental damage, the appropriate course was to order confiscation (comiso) as a civil consequence, in attention to the joint liability (solidaridad) that by special law the owner of it must bear..." (folio 211 back). When arguing the complaint, the appellant transcribes the partial content of vote of this Chamber No. 2022-00437, of 16:46 hours, on April 22, 2022, in which it was determined that the joint liability (responsabilidad solidaria) for environmental crimes is strict (objetiva). She also alludes to the resolution of this Sala No. 780-2000, of 10:20 hours, on July 7, 2000, in which it was provided that ordering the return of seized (secuestrados) goods to whoever proves to be their legitimate owner, entails that the matter cannot be, definitively, discussed and could eventually cause a mere defect of form to prevent the application of substantive law. When referring to the contested ruling, the appellant emphasized that for the tribunal de apelación de sentencia, because the vessel did not belong to the accused, additional checks were required and it also concluded that a vessel is not itself an instrument but a means of transportation and that, to that extent, its confiscation (comiso) could be disproportionate in cases of small-scale illegal fishing, as in this case. In the appellant's opinion: "...it was not its responsibility to carry out checks or additional acts, because the facts that give rise to the civil liability were proven, and among these, that the vessel [...] was the instrument used for that purpose, hence, the environmental damage, which is why the Acción Civil Resarcitoria was declared with merit, moreover, the joint liability (responsabilidad solidaria) is strict (objetiva) and according to this, the owner of the vessel had to provide the evidence he considered pertinent to exempt him from joint liability (responsabilidad solidaria) as an interested third party, by reason of the seizure (decomiso) affecting his property, the record only containing the writ delivered on August 3, 2022, visible at folio 119 where he states "I do not know the reasons why this young man, who knows he cannot enter the park, did so, I know that fishing is very scarce and that he has a family to care for, this being the only job he can perform and that he has done since he was a child, he does not know how to read or write." With which, it is deemed insufficient for the exoneration of strict liability (responsabilidad objetiva), with this statement he only attributes the accused's knowledge of the unlawfulness of his action..." (folio 213 front). In addition to the above, she clarifies that, in accordance with article 9 of the Ley de Pesca, simple navigation in protected areas is allowed, in cases of fortuitous events and force majeure (caso fortuito y fuerza mayor), while such situations last. Subsequently, licensed attorney Chavarría Prado asserts that the vessel: "...is not only a means of transportation as the tribunal de apelación points out..." (folio 213 back), rather, one of the instruments for the commission of the illicit act, because it is materially impossible to venture into the open waters without it, and that vessel is indispensable to enter and remain in the territorial waters to be able to carry out illegal fishing. She further questions that the ad quem: "...makes an extensive interpretation of a criminal type -reckless driving- that is expressly by law an exception for the confiscation (comiso) of the property used in the carrying out of the illicit act and that bears no similarity to the facts of the summary proceedings that concern us, whose environmental crime is foreseen and sanctioned in a special law such as the Ley de Pesca, which besides ordering to encumber the means -vessel- used for the commission of the crime to safeguard the payment of the fine, makes the owner jointly and severally liable (responsable solidariamente) for the infractions committed..." (folio 213 back). The appellant also claims that, in the ad quem's opinion, the confiscation (comiso) of the vessel in small-scale fishing is disproportionate: "...without analyzing the magnitude of the environmental damage that these conducts cause to the ecosystems, especially when it concerns the affectation of a wild area that by regulation -Ley de Pesca article 9, Decreto Ejecutivo 1562 of March 20, 1971 and Ley Forestal article 13 as state natural heritage- is a prohibited place for fishing and has special protection for the flora and fauna that exist there, since in the marine area of the Santa Rosa National Park -place of the facts- there are important zones of biological interest, such as areas of high diversity, production and reproduction zones, breeding and recruitment zones for species, as well as areas of nutrient upwelling unique in the country and varied land-sea interface and marine ecosystems, and no matter how small-scale the fishing is, it affects the ecological balance..." (folio 213 back). Reference is also made to the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment, considered third-generation, by virtue of its importance, from which the procuradora states that: "...the instruments used for this type of crime, such as vessels, are totally viable to be confiscated (comisados), since the legislator has not established them as an exception..." (folio 214 front). She also indicates that, although the ad quem pointed out that the registered owner of the vessel was not formally considered a party within the process: "... [Name 003] appeared in the process as an interested third party and indicated a means for notifications, as evidenced in folios 119 to 122 and 126 to 132, having full knowledge that the vessel of his property was seized (decomisada) due to a crime for infraction of the Ley de Pesca, even for such purposes, in addition to requesting the provisional deposit, he granted a special judicial power of attorney in favor of Lic. José Manuel González Fonseca, attorney and notary, to represent him and request the return in provisional and/or definitive deposit of the vessel license plate [...], by reason of this, from the beginning he had legal representation, being clear that when property is under seizure (decomiso) its situation must be resolved in the sentence..." (folio 214 front). As a grievance, licensed attorney Chavarría Prado estimates that, by not having ordered the confiscation (comiso) of the vessel, a detriment to state civil interests was generated, for the loss of property that should have been given over in confiscation (comiso), as this is a civil consequence of the punishable act, with which, she estimates that the ad quem: "...renders void a joint liability (responsabilidad solidaria) that the owner of the vessel must bear for the commission of an environmental illicit act through the use of his property to the detriment of the victim and civil actor.…" (folio 214 front). It is requested, based on the above, that the plea be accepted, the ineffectiveness (ineficacia) of the contested sentence No. 2023-0506, of 13:05 hours, on October 25, 2023, be decreed, and a remand (reenvío) be ordered before the trial court to hear the matter of the confiscation (comiso) of the vessel as a civil consequence derived from the punishable act, based on the strict liability (responsabilidad objetiva) that the owner of the property must bear, in accordance with the correct application of article 118 of the Ley de Pesca in relation to numeral 103 subsection 3) of the Código Penal. The ground must be admitted. Once the first ground of the recurso de casación filed by licensed attorney Zaray Chavarría Prado has been analyzed, this Sala determines that it meets the formal requirements that enable its admissibility for a substantive study, in accordance with articles 467, 468 subsection b), 469 and 471 of the Código Procesal Penal. The claim was filed in time, by a person entitled to do so, and is filed against a sentence of the tribunal de apelación de sentencia, based on the ground provided in numeral 468 subsection b) of the Código Procesal Penal, which provides: "a) When the sentence disregards or erroneously applies a substantive or procedural legal precept…"..., the reproach focusing on the disregard (inobservancia) of article 118 of the Ley de Pesca in relation to articles 103 subsection c) and 106 subsection 5) of the Código Penal, for not ordering the confiscation (comiso) of the vessel, based on the strict joint liability by operation of law (responsabilidad solidaria objetiva) of the owner of the property. It is noted that the appellant adequately grounds her claim, setting forth the central legal point under discussion: that from her point of view, since the vessel had been seized (decomisada) and the criminal illicit act is considered proven through the use of the same, as well as the civil obligation for the environmental damage, the appropriate course was to order confiscation (comiso) as a civil consequence of the act, in attention to the joint liability (solidaridad) that by special law belongs to the owner. For its part, this Sala finds that there is correspondence between the complaint filed and the grievance considered caused. In accordance with the above, the ground of casación is admitted, specifying that the subject matter for the substantive study of the claim will be to determine if, in the contested sentence, articles 118 of the Ley de Pesca, in relation to articles 103 subsection c) and 106 subsection 5) of the Código Penal, were disregarded (inobservaron), because the confiscation (comiso) of the vessel [...] was not ordered as the Procuraduría General de la República alleges. Thus, as the ground falls within one of the grounds authorized by article 468 of the Código Procesal Penal, in accordance with the provisions of ordinances 467, 468 subsection b), 469 and 471 of the Código Procesal Penal, the appropriate course is to admit this claim for its study. III. In the second ground, a disregard (inobservancia) of article 155 of the Ley de Pesca is alleged, because the lifting of the annotation on the vessel and its return to its owner were ordered, without evidence of the payment of the fine imposed in the conviction sentence. The appellant claims that the record does not show that the fine imposed as a sentence by the Tribunal Penal of the First Judicial Circuit of Guanacaste, Liberia, in sentence No. 511-2023 of 15:30 hours, on September 1, 2023, has been paid, and that, to this extent, the ad quem should not have ordered the lifting of the annotation that, by law, encumbers the vessel, nor proceed with its return to its owner, as the cited norm safeguards the effective payment of the established sentence, which has not happened. As a grievance, reference is made to the injury to the State's ability to materially enforce the penalty: "...since it weakens the effectiveness or coercive power for its payment..." (folio 215 front). In that sense, the appellant affirms that the decision: "...hinders the execution of the sentence in the event of possible non-compliance with the payment of the fine imposed as a measure to guarantee its payment, weakening the capacity of the legal system to enforce the judicial decision and affecting the integrity of the process, therefore, seeing the established sanction fulfilled..." (folio 215 back). She requests, based on the stated reasons, that the ineffectiveness (ineficacia) of what was decided by the tribunal de apelación de sentencia be decreed: "...applying correctly the substantive legal norm established in article 155 of the Ley de Pesca, ordering to maintain the annotation that encumbers the vessel [...] and without proceeding with the delivery to its owner, due to the fine imposed in the conviction sentence, this in accordance with the correct application of the substantive norm cited above..." (folio 215 back). The ground is admissible: From the detailed study of the complaint, this Sala determines that it also meets the formal requirements that enable its admissibility for a decision on the merits. The appellant develops the grounds appropriately, pointing out that, in the absence of evidence of the payment of the fine imposed in the conviction sentence, the lifting of the annotation that, by law, encumbers the vessel should not have been ordered, nor should its return to its owner have been given, emphasizing that article 155 of the Ley de Pesca safeguards the effective payment of the established sentence, specifying the grievance caused and its corresponding claim. It is deemed appropriate to admit the claim for its substantive study, whose subject matter will be focused on the analysis of the possible disregard (inobservancia) of numeral 155 of the Ley de Pesca by the tribunal de apelación, for having ordered the lifting of the annotation on the vessel and its return to its owner. The same is reserved for a later pronouncement, in which the possible existence of the invoked ground will be further examined, as well as the appropriateness or not of the appellant's claims, in accordance with the provisions of numerals 467, 468 subsection b), 469 and 471 of the Código Procesal Penal. Por tanto: The two grounds of the recurso de casación filed by licensed attorney Zaray Chavarría Prado, in her capacity as Procuradora Penal, are admitted for their study. Notify. Jesús Alberto Ramírez Q. Gerardo Rubén Alfaro V. Patricia Vargas G. Miguel Fernández C. Magistrado Suplente Rosa Acón Ng Magistrada Suplente OGUZMAN 1079-5-14-5-23 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:50:29. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República