Res. 00095-2026 Sala Tercera de la Corte — Standing of the PGR and Hierarchical Correction in Environmental CrimesLegitimación de la PGR y enmienda jerárquica en delitos ambientales

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Sala Tercera de la Corte

Resolución Nº 00095 - 2026

Fecha de la Resolución: 19 de Enero del 2026 a las 12:55

Expediente: 20-000327-0988-PE

Redactado por: Aisen Herrera López

Clase de asunto: Recurso de casación

Analizado por: SALA DE CASACIÓN PENAL




Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Procesal Penal

Tema: Víctima

Subtemas:

Procuraduría General de la República.

"...A partir de lo expuesto, queda claro que la P.G.R. no es la víctima en los delitos ambientales, sino su representante legal y para que pueda ejercer plenamente los derechos y facultades que le otorga el Código Procesal Penal, lo cual incluye actuar con independencia de criterio con respecto al Ministerio Público, debe construirse en parte, esto es, incoar en el momento procesal oportuno querella y acción civil..."

Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Procesal Penal

Tema: Enmienda jerárquica

Subtemas:

Consideraciones respecto a la participación del ministerio público en el proceso penal.

"...el Ministerio Público es el órgano del Estado encargado de ejercer de manera objetiva la acción penal, y su actuación se rige por una dependencia jerárquica, esto implica que las personas fiscales dependen de las directrices o instrucciones dictadas por la Fiscalía General de la República para el desempeño de sus funciones. De esta forma y siempre respetando el principio de legalidad, existe un sistema de órdenes o instrucciones que deben ser cumplidas para darle una unidad de actuación al órgano acusador (que es único para todo el país), y evitar un ejercicio dispar o incluso abusivo de la acción penal. Esta unidad de actuación se concreta con el seguimiento por parte de todos los fiscales y fiscalas de una misma línea jurídica en su labor, y esta unificación se criterio se consigue también a través de mecanismos como el instituto de la enmienda jerárquica, el cual como se ha explicado, lo que pretende es corregir una actuación errada de un fiscal de rango inferior, lo cual expresamente se encuentra previsto en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público..."

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Texto de la resolución

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Exp: 20-000327-0988-PE

Res: 2026-00095

SALA DE CASACIÓN PENAL. San José, a las doce horas cincuenta y cinco minutos del diecinueve de enero de dos mil veintiséis.

 Recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001]; mayor, costarricense, cédula de identidad número [...], nacido en [Nombre 002] el [...], hijo de [Nombre 003], por el delito de Invasión a un Área de Protección, cometido en perjuicio de Los Recursos Naturales. Intervienen en la decisión del recurso los magistrados y las magistradas Patricia Solano Castro; Gerardo Rubén Alfaro Vargas; Sandra Eugenia Zúñiga Morales; Aisen Herrera López y Giovanni Mena Artavia, estos dos último en calidad de suplentes. Además, en esta instancia, el licenciado Randall Aguirre Mena, en representación de El Estado. Se apersonó el representante del Ministerio Público, licenciado Julián Martínez Madriz.

Resultando:

 1.- Mediante sentencia Nº. 2025-024 de las 11:00 horas del 17 de enero del 2025, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, resolvió: “POR TANTO:  1.- Se declara inadmisible el recurso de apelación de sentencia incoado por el fiscal adjunto de Cartago y se admite para su estudio de fondo el recurso planteado por el representante de la Procuraduría General de la Repúbica. 2.- Se declara sin lugar el único motivo del recurso de apelación planteado por el representante de la Procuraduría General de la República y se confirma la sentencia recurrida. Notifíquese. (sic).

 2.- Contra el anterior pronunciamiento interpuso recurso de casación el licenciado Randall Aguirre Mena, en representación de El Estado. 

 3.- Verificada la deliberación respectiva, la Sala entró a conocer del recurso.

 4.- En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

 Informa el magistrado Herrera López; y,

Considerando:

 I. Mediante resolución número 2025-00464, de las 10:50 horas del 29 de mayo de 2025, esta Sala admitió para su estudio de fondo el tercer motivo del recurso de casación interpuesto por la Procuraduría General de la República, así como el recurso de casación por adhesión incoado por el Ministerio Público (cfr. folio 57 a 67 del expediente físico creado al efecto) contra la resolución número 2025-024, de las 11 horas del 17 de enero de 2025, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera (cfr. folio 10 a 19 del legajo físico creado al efecto).

 II. Tercer motivo del recurso de casación de la Procuraduría General de la República. Reprocha “errónea apliación de normas procesales en concreto de los artículos de los artículos 16 y 70 del Código Procesal Penal y 3 y 20 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y consecuentemetne inobservancia del numeral 58 de la Ley Forestal y 50 de la Constitución Política al señalar que el Estado no es víctima en los delitos contra el medio ambiente” (sic, cfr. folio 31 vuelto, se suprime el resaltado). Cuestiona que el ad quem aplicó de manera errónea los artículos 16 y 71 inciso b) del código adjetivo, al considerar que al Estado “le asiste el derecho de promover un proceso penal Querella y Acción Civil, no ostenta la condición de víctima, ya que el artículo 16 no le asigna dicha condición” (cfr. folio 31 vuelto). Explica que es importante tomar en cuenta que los delitos contra el medio ambiente a los que hace alusión el numeral 16 del código instrumental, los cuales se encuentran regulados en diversos cuerpos normativos, como por ejemplo, la Ley Forestal, deben ser analizados partiendo de lo que dispone el artículo 50 de la Constitución Política, el cual consagra que el Estado tiene la obligación de garantizar y preservar el derecho a un ambiente ecológicamente equilibrado, lo cual hace que en estos delitos ambientales exista una víctima colectiva que es afectada y cuya representación la tiene el Estado, la cual se ejerce por medio de la Procuraduría General de la República (en adelante P.G.R.). Expone que en los delitos ambientales no hay una víctima individualizada sino una víctima colectiva, es decir, todas las personas ciudadanas costarricenses que son representados por el gobierno de la República mediante sus instituciones (artículo 9 de la Constitución Política). En consecuencia, alega que el artículo 16 del Código Procesal Penal no puede analizarse de manera sesgada como lo hace el tribunal de apelación cuando resuelve que la P.G.R. tiene la facultad de interponer querella y acción civil, pero no ostenta la condición de víctima, por lo que reclama que este artículo debe analizarse de manera conjunta con las normas constitucionales y las demás normas que otorgan atribuciones a la P.G.R. para representar al Estado. Refiere que el artículo 70 inciso a) del código adjetivo dispone que es víctima la persona directamente ofendida por el delito, y siendo que por persona debe entenderse tanto las físicas como las jurídicas, el Estado ejerce sus atribuciones por medio de entidades o personas jurídicas, por lo que cuando resulta afectado el medio ambiente se debe entender que el directamente afectado es el Estado como una entidad cuya representación legal la ejerce la P.G.R., por lo que -según su criterio- resulta un sinsentido señalar que la P.G.R. (que representa al Estado) tenga la facultad de constituirse como parte procesal para presentar querella y acción civil, pero no para se le considere víctima para efectos de una medida alterna. Menciona que la condición del Estado como víctima no solo deriva de los numerales 16 y 70 del código adjetivo, sino también del artículo 58 inciso c) de la Ley Forestal, el cual otorga competencia exclusiva a la P.G.R. para establecer acción civil y proceder al cobro del daño ecológico ocasionado al patrimonio natural del Estado (bosques y áreas declaradas inalienables). Por otra parte, expone que el Ministerio Público no puede ejercer la representación de la víctima en los delitos descritos en el artículo 16 del Código Procesal Penal, pues considera que esto vulnera los numerales 3 y 20 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, los cuales establecen la competencia que se ostenta para transar en procesos judiciales cuando se deba promover una medida alterna, sin que, desde su óptica, el órgano fiscal pueda arrogarse esta potestad. Por ello, lo resuelto por el ad quem inobserva las normas citadas supra cuando establece que el Estado no es víctima en un asunto por infracción a la Ley Forestal y que el Ministerio Público puede ejercer la representación de la víctima para conciliar. Cita la resolución número 2022-437 de la Sala de Casación Penal. Como agravio describe que la resolución que impugna está generando un perjuicio al considerar que la P.G.R. no ostenta la condición de víctima, pues esto vulnera los derechos que han sido conferidos por el legislador cuando se tiene la representación del Estado, además, señala que de haberse aplicado de manera correcta las normas procesales, se habría anulado la resolución que ordena el sobreseimiento definitivo en la etapa de juicio. Como petitoria solicita se declare la ineficacia de la sentencia del ad quem y se ordene la devolución de los autos al tribunal de apelación para una nueva sustanciación.

 III. El motivo de casación admitido se declara sin lugar. En este motivo de casación, la Procuraduría General de la República (en adelante P.G.R.) reclama la inobservancia de los derechos que asisten al Estado como víctima en los delitos previstos en el artículo 16 del Código Procesal Penal, por lo cual reprocha que se le tuvo que considerar a la P.G.R. como víctima para brindar su autorización para homologar el acuerdo conciliatorio que se propuso en la etapa de juicio. De esta forma, se describe que entre la defensa y el Ministerio Público se acordó el pago de una donación de quinientos mil colones en beneficio del Hogar de Ancianos de la zona de Santa María de Dota (cfr. folio 361 del expediente digital), sin embargo, fustiga que el órgano fiscal no se encontraba legitimado para representar los intereses del Estado en delitos contra el medio ambiente. A) Recuento de las actuaciones. La causa penal inicia el 24 de noviembre de 2020 cuando por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) presenta un informe a la Fiscalía de Tarrazú, Dota y León Cortés, en el cual explica que a partir de una denuncia interpuesta bajo el sistema de atención de denuncias ambientales (SITADA), el SINAC procedió a realizar una inspección del sitio y detectó la construcción de un galerón que es utilizado como garaje para guardar buses, el cual estaba invadiendo el área de protección de una quebrada. El 04 de junio de 2021, el órgano fiscal pone en conocimiento de la P.G.R.  la existencia de la causa penal número 20-000327-0988-PE, por el delito de invasión de un área de conservación o protección, en perjuicio de los recursos naturales (cfr. folio 125 del expediente digital). El 07 de junio de 2021, la doctora Magda Inés Rojas, en su calidad de procuradora general adjunta, presenta un escrito en el que apersona al licenciado Randall Albán Aguirre Mena, al máster Andrés Alfaro Ramírez y a la licenciada Margot Avellán Ruiz, para que actúen, separada o conjuntamente, en representación del Estado en la causa penal número 20-000327-0988-PE y señala como medio para atender notificaciones los números de fax 2222-5335, 2233-7010 y 2255-0997, rotuladas a nombre de Randall Albán Aguirre Mena.  (cfr. folio 127 del expediente digital). A folio 129, la Fiscalía de Tarrazú, Dota y León Cortés tiene como parte del proceso a la P.G.R. El Ministerio Público presenta acusación e imputa al señor ([Nombre 001]) los siguientes hechos: “1. El acusado ([Nombre 001]), es hermano de [Nombre 004] quien es la propietaria de la finca folio real número [Valor 001], plano catastrado [Valor 002], ubicada en [...], en las coordenadas [Valor 003] y [Valor 004], sitio que es utilizado como garaje para estacionar autobuses propiedad del encartado. 2. Sin determinar la fecha exacta, pero en el periodo comprendido entre el 02 y el 16 de noviembre del 2020, el acusado [Nombre 001], conociendo la ilicitud sus actos y sin contar y sin contar con los permisos de la Administración Forestal del Estado, construyó un galerón de cemento, perling y zinc con las siguientes medidas: 14 metros de largo por 12 metros de ancho y un muro de concreto de 25 metros de largo por 1.40 metros de alto e invadió el área de protección de la quebrada Rivas, dicha estructura invade el área de protección en 12 metros de largo por 8 metros de ancho, dichas edificaciones se ubican a una distancia de dos metros de la rivera de la quebrada. 3. El día 02 de noviembre del 2020, en [...], se presentó el ingeniero [Nombre 005] de la Municipalidad de Dota, quien le notificó al acusado [Nombre 001], que debía detener la construcción por no tener los permisos municipales e incumplir con el alineamiento oficial (artículo 24 Ley de Construcciones), no obstante, el acusado ([Nombre 001]), indico que continuaría con las obras. 4. El día 16 de noviembre del 202, en [...], se presentaron [Nombre 006] y [Nombre 007] ambos funcionarios del SINAC, quienes realizaron inspección en el sitio y determinaron que la obra se encontraba finalizada, que dicho galerón y muro se edificaron dentro del área de protección de la quebrada Rivas. 5. Con dichas acciones, el acusado [Nombre 001], provocó un daño ambiental valorado en la suma de quinientos dos mil quinientos setenta y tres colones con cincuenta céntimos (₵502.573.50)” (sic, cfr. folio 131 y 132 del expediente digital, el resaltado pertenece al texto original). Esta relación fáctica fue calificada como un delito de invasión de área de protección, previsto en los artículos 58 inciso a) y 61 inciso c) de la Ley Forestal. El órgano fiscal comunicó la acusación a la P.G.R. el 24 de marzo de 2023, mediante cédula de notificación visible a folio 143 del expediente digital. El señalamiento para audiencia preliminar fue notificado a la P.G.R. el día 08 de junio de 2023 (cfr. folio 248 del expediente digital). La P.G.R. no presentó querella ni acción civil, sin embargo, el 12 de julio de 2023 presentó un escrito en el que solicita se tome nota de su condición de víctima en el proceso: “En relación con el señalamiento para la Audiencia Preliminar el día 14 de julio próximo a las 9:30 horas, notificado mediante la resolución de las 13:31 horas del 08 de junio de 2023, con la antelación debida, comunicamos que no atenderemos esta diligencia en virtud de que esta Representación estatal ostenta la condición de víctimas, razón por la cual, solicitamos justificar nuestra inasistencia y se nos remita copia de la resolución correspondiente. Asimismo, de plantearse una medida alterna se le solicita ponerla en nuestro conocimiento con el fin de elevarla a nuestra Jerarquía Institucional para su aprobación. Ruego en consecuencia resolver de conformidad y notificarnos al correo electrónico: [email protected] de la Oficina de Recepción de Documentos de la Procuraduría General de la República, o bien a los siguientes números de faxes:2233-7010, 22550997 y 2222-5335. Favor rotular las notificaciones a nombre del Lic. Randall Aguirre Mena” (cfr. folio 307 del expediente digital, se suprime el resaltado del texto original). La P.G.R. fue citada para la audiencia preliminar (cfr. folio 248 del expediente digital).  El 14 de julio de 2023, el Juzgado Penal de Cartago dicta auto de apertura a juicio (cfr. folio 316 del expediente digital) y el Tribunal Penal de Cartago mediante resolución de las 10:08 horas del 15 de agosto de 2023, señala para debate (cfr. folio 318 del expediente digital). Dicho señalamiento fue notificado a la P.G.R., al correo electrónico [email protected], el 15 de agosto de 2023 (cfr. folio 332 del expediente digital). A folio 360 se acredita que el señor [Nombre 001] no cuenta con antecedentes penales. El 26 de julio de 2024, el Tribunal Penal de Cartago homologa un acuerdo conciliatorio suscrito entre el Ministerio Público y la defensa, el cual consistió en el pago de una donación de quinientos mil colones a favor del Hogar de Ancianos de Santa María de Dota (cfr. folio 361 del expediente digital). El pago se efectuó el 30 de julio de 2024 (cfr. folio 363 y 364 del expediente digital). El Tribunal Penal de Cartago emite una resolución en la cual indica: “Se pone en conocimiento de las partes por el plazo de TRES DÍAS el contenido del escrito de fecha treinta de julio del dos mil veinticuatro, visible en el expediente digital” (cfr. folio 366, el resaltado pertenece al texto original). Esta resolución fue notificada a la P.G.R. el 01 de agosto de 2024 y esta no se pronunció al respecto (cfr. folio 371 del expediente digital). El a quo dicta sobreseimiento definitivo mediante sentencia número 800-2024, de las 10:20 horas del 23 de agosto de 2024, por cumplimiento del acuerdo conciliatorio (cfr. folio 382 del expediente digital), la cual fue notificada a la P.G.R. y esta presenta recurso de apelación, la cual fue declarada sin lugar. B) Sobre la representación del Estado en los delitos ambientales. El artículo 45 de la Constitución Política consagra como principio intrínseco la inviolabilidad de la propiedad privada, sin embargo, el mismo ordinal deja de manifiesto que no se trata de un derecho de carácter absoluto, sino que se pueden imponer limitaciones en función de un interés social, como sucede con las limitantes en procura de la protección del ambiente. La disposición 46 constitucional señala – en lo que es de interés – que el derecho de todo consumidor y usuario, a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos, a recibir información adecuada y veraz, a la libertad de elección, y a un trato equitativo, así como al deber estatal de regular esta materia vía ley. El numeral 50 de nuestra Carta Magna establece que se procurará el mayor bienestar de todos los habitantes del país, así como el derecho que tiene toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de ahí que el Estado tenga el deber de garantizar, defender y preservar este derecho constitucional que incumbe a todas las personas habitantes de la República. El artículo 2 de la Ley Orgánica del Ambiente instaura los principios que inspiran dicho cuerpo normativo, dentro de los cuales resaltan los incisos d) y e), en el tanto consagran que quien contamine el ambiente o cause un daño será responsable, y que el daño ambiental es un delito de carácter social, en razón que afecta las bases de la existencia misma de la sociedad. Por su parte, del ordinal 1 de la Ley Forestal define como una función esencial y prioritaria del Estado, velar por la conservación, protección y administración de los bosques naturales y por la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los recursos forestales del país destinados a ese fin, de acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables, prohibiéndose la corta o el aprovechamiento de los bosques en parques nacionales, reservas biológicas, manglares, zonas protectoras, refugios de vida silvestre y reservas forestales propiedad del Estado. Y dentro de ese deber de protección estatal, el artículo 33 de la Ley Forestal define las áreas de protección en las nacientes permanentes, en las riberas de los ríos, quebradas, arroyos, lagos y embalses naturales, lagos y embalses artificiales construidos por el Estado, las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales. Queda claro que el Estado tiene el deber de garantizar a los habitantes de la República el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado a tal punto que, a través de la ley puede subordinar el uso y goce del derecho a la propiedad privada para proteger un interés social. Ahora bien, el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Ley N° 6815, dispone: “La Procuraduría General de la República es el órgano superior consultivo, técnico-jurídico, de la Administración Pública, y el representante legal del Estado en las materias propias de su competencia (…)” (el resaltado es suplido), mientras que los incisos a) y d) del ordinal 3 de dicha ley definen que dentro de sus atribuciones se encuentras las siguientes: “a) Ejercer la representación del Estado en los negocios de cualquier naturaleza, que se tramiten o deban tramitarse en los tribunales de justicia (…), d) Intervenir en las causas penales, de acuerdo con lo que al efecto disponen esta ley y el Código de Procedimiento Penales (…)”. Con respecto a sus actuaciones, el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República indica: “Los procuradores tienen, en cuanto a los juicios en que intervengan ante las autoridades de justicia, las facultades que corresponden a los mandatarios judiciales, según la legislación común, con las restricciones siguientes:  les está absolutamente prohibido allanarse, transar, conciliar o desistir de las demandas o reclamaciones, así como someter los juicios a la decisión de árbitros,  sin la previa autorización escrita del procurador general, del procurador general adjunto o del funcionario en quien estos deleguen. No tendrá valor ni efecto alguno, en juicio ni fuera de él, lo que se haga en oposición al párrafo anterior, y la nulidad de los procedimientos, a que razonablemente dé lugar la violación, deberá ser declarada, aun de oficio, por los tribunales de justicia (…)”. El resaltado es suplido. Es decir, la P.G.R. es quien -por disposición de ley- debe asumir la representación legal del Estado en los delitos ambientales, esto de acuerdo con lo que al efecto prevean el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Por su parte, el numeral 16 del código adjetivo estipula: “La acción penal será pública o privada. Cuando sea pública, su ejercicio corresponderá al Ministerio Público, sin perjuicio de la participación que este Código concede a la víctima o a los ciudadanos. En los delitos contra la seguridad de la Nación, la tranquilidad pública,  los poderes públicos, el orden constitucional, el ambiente, la zona marítimo-terrestre,  la hacienda pública, los deberes de la función pública, los ilícitos tributarios y los  contenidos en la Ley de aduanas, Nº 7557, de 20 de octubre de 1995; la Ley orgánica del Banco  Central de Costa Rica, Nº 7558, de 3 de noviembre de 1995 y la Ley contra el enriquecimiento  ilícito de los servidores públicos, Nº 6872, de 17 de junio de 1983, la Procuraduría General de la  República también podrá ejercer directamente esa acción, sin subordinarse a las actuaciones y decisiones del Ministerio Público. En los asuntos iniciados por acción de la Procuraduría, esta se tendrá como parte y podrá ejercer los mismos recursos que el presente Código le concede al Ministerio Público” (el resaltado es suplido). Mientras que el artículo 38 del código de rito indica que la acción civil por daño social podrá ser ejercida por la P.G.R. cuando se trate de hechos punibles que afecten intereses colectivos o difusos. A partir del anterior recuento normativo, puede concluirse lo siguiente: 1) El Estado tiene el deber de garantizarle a las personas ciudadanas costarricenses un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por ello, en los procesos penales por delitos ambientales asume la condición de víctima en procura de defender y preservar este derecho constitucional, 2) la P.G.R., según la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es la representante legal del Estado en las materias propias de su competencia, 3) la P.G.R. tiene el derecho de ejercer directamente la acción penal en los delitos de acción pública (sin estar subordinada a las actuaciones y decisiones del Ministerio Púbico), para lo cual puede constituirse en parte dentro del proceso penal, esto es,  plantear querella y acción civil (si hay reclamos indemnizatorios derivados de los daños y perjuicios ocasionados a la víctima), y 4) si la P.G.R. decide no constituirse en parte, su participación en el proceso penal debe regirse según lo permita el Código Procesal Penal. En este punto conviene aclarar que cuando esta Cámara ha resuelto el derecho a la restitución de la cosa u objeto en los delitos ambientales en los que la P.G.R. no ha ejercido querella o acción civil, lo hace bajo el criterio legal de que no se requiere de la interposición de una acción civil resarcitoria a fin de requerir la restitución del bien a su estado original, pues tal posibilidad jurídica es un derecho de la parte ofendida, es decir, del Estado. De particular interés, la Sala de Casación ha establecido las siguientes consideraciones: “(…) El punto medular en la primera y segunda queja del Ministerio Público, se fundamenta en que se le declaró la inadmisibilidad de su recurso de apelación, en razón que se consideró que no se encontraba legitimado para impugnar sobre el extremo de la restitución de las cosas a su estado original, para lo que uno de los jueces sustentó su resolución en la circunstancia que carecía de legitimación subjetiva para recurrir aspectos civiles del hecho punible, en razón que el actor civil del Estado es la Procuraduría General de la República, pues fue quien interpuso la acción civil resarcitoria; mientras que la cojueza que igualmente falló a favor de esta inadmisibilidad, lo hizo con base en el argumento de que si bien la restitución de la cosa u objeto, es un derecho de la víctima como tal y por ende, no requiere de la interposición de una acción civil resarcitoria para exigirla, lo cierto es, que en el caso concreto, tal representación la ostentaba de forma exclusiva la Procuraduría General de la República. En este caso, lleva razón el órgano acusador, respecto a que no se requiere de la interposición de una acción civil resarcitoria a fin de requerir la restitución del bien a su estado original, pues tal posibilidad jurídica es un derecho de la parte ofendida, tal y cual ha sido admitido por esta Cámara en la resolución N° 2019-1622, de las 14:40 horas, del trece de diciembre del dos mil diecinueve (13/12/2019), en la que se indicó: “(…) La restitución es entendida como la acción de “volver algo a quien lo tenía antes, así como restablecer o poner algo en el estado que tenía antes” (Diccionario de la Real Academia Española, vigésimo tercera edición, octubre de 2014). La anterior definición contiene las dos acepciones que la restitución tiene también en el plano jurídico, en tanto en su sentido amplio implica la “restitutio in tegrum”, es decir, la restitución al estado original, volver las cosas a las condiciones que tenían de previo a que se efectuara el ilícito; mientras que en sentido estricto se entiende como devolver a su legítimo poseedor o dueño la cosa de la que fue privado ilegítimamente con ocasión del delito. (Abdelnour Granados, Rosa. La responsabilidad Civil Derivada del Hecho Punible, Editorial Juricentro,1984. P. 261). En nuestro ordenamiento jurídico, tanto la legislación penal, como la procesal penal vigente, establecen que la restitución es la consecuencia civil preferente del delito. Propiamente en el numeral 103 del Código Penal se señala: “Todo hecho punible tiene como consecuencia la reparación civil, que será determinada en sentencia condenatoria; ésta ordenará: 1) La restitución de las cosas o en su defecto el pago del respectivo valor; 2) La reparación de todo daño; y la indemnización de los perjuicios causados tanto al ofendido como a terceros; y 3) El comiso”. La restitución dispuesta en el inciso 1) de la norma transcrita hace referencia a la cosa misma que ha sido el objeto material del delito, sobre la cual la víctima conserva los derechos que tenía antes de que se ejecutara el hecho, por tal razón, mientras que la cosa no haya desaparecido, la obligación de restituirla persiste. Por su parte, la indemnización y la reparación dispuestas en el inciso 2) se refieren a la responsabilidad civil surgida a raíz del hecho punible, por los perjuicios y daños ocasionados a la víctima. De lo expuesto se concluye que los institutos indicados son claramente diferenciables y que deben tener un abordaje por separado, pese a que todos son consecuencias civiles del hecho punible. Lo anterior se verifica en las disposiciones contenidas en el artículo 361 Código Procesal Penal, que señala: “Normas para la deliberación y votación El tribunal apreciará las pruebas producidas durante el juicio, de un modo integral y con estricta aplicación de las reglas de la sana crítica. Los jueces deliberarán y votarán respecto de las cuestiones, y seguirán en lo posible el siguiente orden: a) Las relativas a su competencia, a la procedencia de la acción penal y toda otra cuestión incidental que se haya diferido para este momento. b) Las relativas a la existencia del hecho, su calificación legal y la culpabilidad. c) La individualización de la pena aplicable.  d) La restitución y las costas. e) Cuando corresponda, lo relativo a la reparación de los daños y perjuicios. Las decisiones se adoptarán por mayoría. Si esta no se produce en relación con los montos de la pena y la reparación civil, se aplicará el término medio.” (Negrita suplida). De este último precepto se deduce además que el pronunciamiento sobre la restitución de las cosas al estado anterior debe realizarse de manera oficiosa por el Juzgador, a diferencia de los aspectos relativos a los daños y perjuicios, sobre los que se podrá pronunciar “cuando corresponda”, es decir, cuando se haya ejercido la acción civil resarcitoria, pues sobre esta rige el principio dispositivo propio del derecho privado, en el que solo puede actuarse a instancia de parte (…)” (Integraron las y los Magistrados Ramírez, Zúñiga, Cortés, Desanti y Robleto). Empero, aún anulando esa errónea interpretación que realizó el Tribunal de Sentencia Penal de Cartago, lo cierto es, que queda vigente el otro argumento por el que el recurso fue declarado inadmisible, que hace referencia a la falta de legitimación del Ministerio Público en este tipo de supuestos y, es que en el caso concreto, como bien lo indicó el Tribunal de Segunda Instancia, a quien le corresponde defender los intereses civiles de la víctima (el Estado) es a su representante legal, que para efectos de la causa bajo examen, la misma recae sobre la Procuraduría General de la República, la cual sería la legitimada, en el tanto se haya efectivamente apersonado. Tal y como se infiere del numeral primero de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (N° 3848), que dispone: “La Procuraduría General de la República, adscrita a la Presidencia de la República, tiene la representación legal del Estado en lo que concierne a los intereses y a las materias que la presente ley determina (…)” en concordancia con la disposición 16 del Código Procesal Penal, que estipula: “La acción penal será pública o privada. Cuando sea pública, su ejercicio corresponderá al Ministerio Público, sin perjuicio de la participación que este Código concede a la víctima o a los ciudadanos. En los delitos contra la seguridad de la Nación, la tranquilidad pública,  los poderes públicos, el orden constitucional, el ambiente, la zona marítimo-terrestre,  la hacienda pública, los deberes de la función pública, los ilícitos tributarios y los  contenidos en la Ley de aduanas, Nº 7557, de 20 de octubre de 1995; la Ley orgánica del Banco  Central de Costa Rica, Nº 7558, de 3 de noviembre de 1995 y la Ley contra el enriquecimiento  ilícito de los servidores públicos, Nº `6872, de 17 de junio de 1983, la Procuraduría General de la  República también podrá ejercer directamente esa acción, sin subordinarse a las actuaciones y decisiones  del Ministerio Público. En los asuntos iniciados por acción de la Procuraduría, esta se tendrá como parte y podrá ejercer los mismos recursos que el presente Código le concede al Ministerio Público” (lo resaltado no corresponde al original); el titular de la acción pública penal y las consecuencias civiles que se derivan de esta, en delitos ambientales, es dicha institución, siempre y cuando se haya integrado en la litis como representante del Estado y ejerza los derechos y potestades que tal facultad le concede, puesto que, si la misma no se apersona como parte al expediente, tal representación le corresponderá asumirla a la Fiscalía, por estar involucrados intereses difusos, cuyo daño afecta la colectividad. En el expediente que nos ocupa, de una revisión somera de la sentencia de primera instancia (cfr. folios 1 al 21, del expediente físico) se visualiza que en el mismo, estuvo apersonado el Licenciado Manrique Ruíz Leal, Procurador Adjunto Ambiental, de la Procuraduría General de la República, el cual fue el que representó al Estado en el contradictorio, ejerció la respectiva querella y acción civil incoada en su oportunidad por esta institución, e incluso, es la persona que efectivamente ha presentado los recursos de apelación y casación en esta causa. Por lo anterior, es que es dicho ente el único legitimado para recurrir sobre los extremos civiles que derivan de la presente investigación y no el representante fiscal, quien en estos aspectos, por estar apersonada por mandato legal la Procuraduría General de la República, carece de legitimación. En cuanto al tercer motivo interpuesto por la Fiscalía, corre este alegato la misma suerte que los anteriores, puesto que es evidente la falta de legitimación del Ministerio Público, dado que el reproche va dirigido contra los argumentos dados por el Tribunal de Alzada a efectos de rechazar el segundo motivo del recurso de apelación presentado por la Procuraduría General de la República. Es por ello, que el acusador no se encuentra legitimado para impugnar este punto y mucho menos ostenta interés procesal alguno, en el tanto en el recurso de apelación que presentó en su oportunidad no impugnó tal tópico. Lo que se evidencia aún más, si se toma en cuenta que la propia Procuraduría no impugnó en casación el rechazo de su segundo motivo de apelación, con lo que se mostró conforme con lo resuelto. Es decir, si el propio interviniente afectado no tuvo interés en recurrir tal extremo, mucho menos lo tiene un tercero (…)” (Sala de Casación Penal, resolución número 2022-00437, de las 16:46 horas del 22 de abril de 2022, suscrita por las personas magistradas Patricia Solano, Jesús Alberto Ramírez, Gerardo Rubén Alfaro, Sandra Eugenia Zúñiga y Rafael Segura). De esta resolución, pueden extraerse las siguientes conclusiones: 1) la restitución de la cosa u objeto es un derecho de la víctima como tal, y por ende, no requiere de la interposición de una acción civil resarcitoria para exigirla, 2) en los delitos ambientales, el titular de la acción pública penal y las consecuencias civiles que se derivan de esta, es la P.G.R. siempre y cuando se haya integrado en la litis como parte representante del Estado y ejerza los derechos y potestades que tal facultad le concede, 3) si la P.G.R. no se constituye en parte, tal representación corresponderá asumirla a la Fiscalía, por estar involucrados intereses difusos, cuyo daño afecta a la colectividad, 4) si la P.G.R. presenta acción civil resarcitoria, el único legitimado para recurrir sobre los extremos civiles que se derivan de los delitos ambientales es dicha institución por estar apersonada por mandato legal. Debe agregarse que el Código Procesal Penal no le confirió de forma expresa a una persona física la posibilidad de ejercer la persecución penal por delitos ambientales, por cuanto esta quedó reservada para ser promovida por las personas jurídicas descritas en el inciso d) del artículo 70 del código adjetivo y el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, según lo prevé el artículo 16 del código de rito. Estas normas del Código Procesal Penal deben concordarse con el texto del artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público que se lee: “Artículo 2. Funciones. El Ministerio Público tiene la función de requerir ante los tribunales penales la aplicación de la ley, mediante el ejercicio de la acción penal y la realización de la investigación preparatoria en los delitos de acción pública (…)”. Finalmente, la Sala de Casación Penal ha definido que el carácter de parte procesal en el caso de la víctima se asume cuando la persona [física o jurídica] se constituye en querellante o actor civil: ‹‹(…) Como ha indicado esta Cámara con anterioridad, “la víctima al no haberse constituido en querellante o actor (a) civil, según los lineamientos procesales que rigen para tales actos, no ha asumido el carácter de parte procesal en sentido estricto. Esto tiene implicaciones directas, en cuanto a su facultad de participación activa dentro del proceso penal. Tal circunstancia incide en los momentos procesales, en que la víctima se encuentre con plena legitimación, para poder ejercer de forma directa su derecho impugnaticio, contra una determinada resolución jurisdiccional. Esto por cuanto, con las actuales normas procesales vigentes, la participación directa de una víctima, que no ejerció su derecho de constituirse como querellante o actor (a) civil, se limitan de forma expresa, únicamente al derecho de recurrir el dictado de la desestimación del proceso y el sobreseimiento definitivo, según lo dispuesto en los artículos 282 y 340 del Código Procesal Penal.” No obstante, cuando se trata de la posibilidad procesal, de recurrir ante los diversos Tribunales de Apelación de Sentencia o ante la propia Sala de Casación Penal, la legitimación subjetiva para poder interponer el respectivo recurso, se ve limitada por parte del ordenamiento jurídico vigente. Esto por cuanto, para que una víctima no constituida como querellante o actor (a) civil, pueda interponer de forma directa el respectivo recurso de apelación de sentencia o de casación, debe originarse como requisito sine qua non, una “solicitud de instancia ante el Ministerio Público”. Aspecto regulado en el Código Procesal Penal, en el numeral 441 (…)››. (Resolución número 2016-0628, de las 09:50 horas del 24 de junio de 2016, citada en el voto número 2023-0910, de las 09:22 horas del 05 de octubre de 2023, ambas de la Sala Tercera, suscrita por los magistrados Ramírez Quirós, Alfaro Vargas, Segura Bonilla, Fernández Calvo y Serrano Baby). En este orden de ideas, debe señalarse que la Sala Constitucional al resolver la acción de inconstitucionalidad incoada en el expediente 10-012026-007-CO, referente a la “directriz” de la P.G.R. que rechazaba la aplicación de medidas alternas en los delitos de conducción temeraria, dispuso lo siguiente: “(…) VI.- Inconstitucionalidad de las instrucciones verbales de carácter general giradas por la Procuraduría General de la República para no negociar medidas alternativas en el proceso penal. Ahora bien, de lo anteriormente expuesto, se infiere que si bien la Procuraduría General de la República, en su condición de representante legal del Estado, puede figurar a su vez como representante de la “víctima” en determinados delitos y por ende, decidir en cada caso concreto, si negocia o no una medida alternativa,  lo cierto es que no puede dictar disposiciones de carácter general o girar instrucciones verbales, sin fundamento alguno, donde se limite de una forma generalizada la aplicación de dichas medidas, pues ello implica hacerlas nugatorias y sustituir la voluntad del legislador, quien en su competencia para diseñar la política criminal, consideró que debían incluirse en el ordenamiento procesal penal, formas de solución alternativas al conflicto, atendiendo a que en el mismo artículo 7 del Código Procesal Penal se fija como uno de los fines principales del proceso: “…resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho, de conformidad con los principios contenidos en las leyes, en procura de contribuir a restaurar la armonía social entre las partes y, en especial, el restablecimiento de los derechos de la víctima.” El principio de legalidad debe entenderse inmerso en todas las fases de creación y aplicación de los tipos penales: no hay delito sin ley previa, escrita y estricta; no hay pena sin ley; la pena no puede ser impuesta sin un juicio justo y de acuerdo con lo previsto por la ley. De ahí que incluya este principio, las vertientes de legalidad criminal, penal, procesal y de ejecución. El Estado debe actuar con total sometimiento al imperio de la ley y dentro de sus límites, y por otra parte, en virtud de los principios de seguridad jurídica y defensa, se debe garantizar a los ciudadanos o destinatarios de las normas, el acceso a conocer cuáles son las conductas prohibidas y sus consecuencias, así como el procedimiento que se aplicará en caso de ser juzgado por la comisión de un delito. El legislador, al crear las distintas medidas alternativas dentro del proceso penal, tales como la conciliación, la reparación integral del daño y la suspensión del proceso a prueba, apostó por una opción político criminal que tiene fundamento en instrumentos de derecho internacional y estableció distintas condiciones y requisitos para su aplicación, tales como el acuerdo libre y voluntario de la víctima, la naturaleza del delito, la gravedad de la pena, la forma de comisión, el daño causado y el momento procesal oportuno para acordarlas, entre otros. De ahí que si la Procuraduría General de la República, opta por no negociar medidas alternativas en los casos donde según el ordenamiento jurídico figura como parte, debe hacerlo de una forma fundamentada, con razones claras y objetivas, atendiendo a criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, a fin de que las partes puedan conocer los motivos de tal proceder y sepan a qué atenerse (…)”. (Resolución número 2011-6350, de las 14:34 horas del 18 de mayo de 2011. En igual sentido, resolución número 2011-6803, de las 15:25 horas del 25 de mayo de 2011, ambas dictadas por la Sala Constitucional. El resaltado es suplido). El diccionario jurídico del Poder Judicial define como parte a la “persona, física o jurídica, que litiga en un pleito judicial” Diccionario | Diccionario Usual | Poder Judicial de Costa Rica (poder-judicial.go.cr). A partir de lo expuesto, queda claro que la P.G.R. no es la víctima en los delitos ambientales, sino su representante legal y para que pueda ejercer plenamente los derechos y facultades que le otorga el Código Procesal Penal, lo cual incluye actuar con independencia de criterio con respecto al Ministerio Público, debe construirse en parte, esto es, incoar en el momento procesal oportuno querella y acción civil (si hay daños y perjuicios que deban ser resarcidos), o bien, tal y como lo consagra el último párrafo del numeral 16 del código adjetivo: “(…) En los asuntos iniciados por acción de la Procuraduría, esta se tendrá como parte y podrá ejercer los mismos recursos que el presente Código le concede al Ministerio Público”. De lo contrario, si la P.G.R. no es parte en el proceso penal no puede arrogarse equivocadamente la condición de víctima para pretender estar legitimada para realizar ciertos actos procesales por sí misma, pues estos únicamente están autorizados cuando se cuente con la condición procesal de parte. C) Sobre el caso concreto. En el asunto bajo estudio, la P.G.R. no se constituyó como parte, a pesar de que presentó un escrito en el que solicitaba -erróneamente- se le considerara como víctima (cfr. folio 307 del expediente digital), lo cual genera que el director de la acción penal sea el Ministerio Público al tratarse de un delito de acción pública. Se verifica que la P.G.R. fue debidamente informada de los actos que marcaron cada etapa procesal y en los cuales pudo haber participado activamente como representante del Estado para manifestar su criterio jurídico: fue notificada de la acusación (cfr. folio 143), del señalamiento a audiencia preliminar (cfr. folio 248), del señalamiento a debate (cfr. folio 332) y del acuerdo conciliatorio suscrito entre la defensa y el Ministerio Público (cfr. folio 366). Sin embargo, no se constituyó en querellante y actor civil, no se hizo presente a la audiencia preliminar ni al debate y tampoco se pronunció con respecto a la conciliación suscrita entre las partes, lo cual evidencia que su postura en el proceso se debió a su decisión de no participar en el caso, a pesar de haber sido informada de cada acto procesal. Ahora bien, de ninguna forma se desconoce que la P.G.R. en su función de representante legal del Estado pudo haberse hecho presente al debate, o al menos, contestar la audiencia conferida por el tribunal de instancia para manifestar su posición con respecto a la medida alterna que se estaba pactando entre las partes, no obstante, no hubo ningún pronunciamiento al respecto, por lo que no se violentaron los derechos de la P.G.R. de participar en una discusión en la que pudo haberse valorado su criterio (la aplicación de una medida alterna). Empero, al ser el Ministerio Público quien estaba ejerciendo la acción penal de manera exclusiva, asume la defensa de los derechos estatales por estar involucrados intereses difusos, cuyo daño afecta a la colectividad, lo cual produce que haya sido el órgano acusador quien para el contradictorio tuviera la legitimación para tomar decisiones sobre la persecución penal en la etapa de juicio. En consecuencia, en este caso, no se violentó el derecho de la P.G.R de conocer e intervenir en la discusión de una medida alterna, en su calidad de representante legal de la víctima, debido a que fue debidamente informada del señalamiento a debate y se le puso en conocimiento por el plazo de tres días de los documentos visibles a folio 362 a 365, los cuales acreditan el pago de la donación de quinientos mil colones a favor del Hogar de Ancianos de la Zona de Santa María de Dota, por lo que no existe ningún vicio en la medida alterna pactada por el Ministerio Público. En virtud de lo expuesto, se declara sin lugar el tercer motivo de casación incoado por la Procuraduría General de la República, toda vez que se considera que la medida alterna al conflicto fue legalmente pactada por quien ejercía de manera exclusiva la acción penal y en la cual se observaron los derechos que asisten al representante legal de la parte ofendida no constituida en parte procesal.

 IV. Recurso de casación por adhesión del Ministerio Público. Primer motivo. Reclama “errónea interpretación de un precepto legal procesal: Artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico” (cfr. folio 38, se suprime el resaltado). Como fundamento jurídico cita el artículo 468 inciso b) del Código Procesal Penal. Alega que el ad quem inadmitió el recurso de apelación del órgano fiscal con base en una interpretación errada del numeral 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Explica que dicho artículo brinda al Ministerio Público la posibilidad de que el superior jerárquico a través de la enmienda pueda “enderezar la representación fiscal” (cfr. folio 38) que un subalterno haya tenido en alguna diligencia dentro del proceso penal, tanto por alguna omisión o acción indebida. Cita el numeral en comentario y describe que conforme a una correcta interpretación de dicho artículo, el fiscal adjunto puede interponer recursos para enmendar un pronunciamiento o una omisión errada de un fiscal inferior, todo lo cual estima podría ser incluso ajeno a una cuestión de criterio, pues el error puede ocurrir, por ejemplo, por un desconocimiento o descuido de un fiscal que no se opone o no ofrece alguna otra condición ante algún tipo de medida alterna. Cuestiona que el ad quem realizó una interpretación errada del artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público debido a que dicho numeral sí faculta para que el superior corrija los actuaciones u omisiones del inferior, lo cual genera un agravio porque bajo esa interpretación errada se declaró inadmisible el recurso de apelación del órgano fiscal. Cita la resolución 2022-317 de la Sala de Casación Penal, y reprocha que el tribunal de alzada le está dando una interpretación diversa al artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, estableciendo limitantes que la norma no establece, incluso diciendo que dicha norma “tiene un nomen iuris de “Enmienda”, pero que en realidad trata dos supuestos totalmente distintos” (cfr. folio 39 del legajo físico creado al efecto). Como agravio establece que al inobservarse el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público se presentó un recurso de apelación por enmienda y el ad quem la inadmitió, lo cual lesiona las pretensiones punitivas del Ministerio Público, quien pretende ejercer la respectiva acción penal en contra del encartado. Como petitoria solicita anular la resolución recurrida y se ordene el reenvío para que se resuelva el recurso de apelación del órgano fiscal.

 V. El primer motivo de casación por adhesión del órgano fiscal se declara con lugar. El Ministerio Público presenta recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Tribunal Penal de Cartago que ordena el sobreseimiento definitivo por extinción de la acción penal (cumplimiento del acuerdo conciliatorio). De esta forma, el fiscal adjunto de Cartago, Jofrey Salas Fuentes, impugna esta resolución alegando que, según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, se encuentra legitimado por enmienda jerárquica para recurrir. Por su parte, el tribunal de alzada declara inadmisible el libelo impugnaticio y señala que el artículo 439 del código adjetivo prevé que solo puede recurrir la parte que no ha contribuido  con su accionar a generar el vicio que luego pretende combatir, y que en todo caso, el segundo párrafo del numeral 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público trata de un supuesto distinto al de la enmienda y lo que autoriza es a que el superior jerárquico reemplace al fiscal que venía encargándose del asunto, o bien, para que otro fiscal presente los recursos que pudieran caber: “(…) Los supuestos en donde es posible recurrir no se reducen simplemente a conseguir revertir lo decidido por el tribunal porque el superior no está de acuerdo, como ocurre en el presente caso, sino que, como bien lo señala el Tribunal de Apelación se Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, en el voto 1245-2021 de las 14:50 horas del 19 de agosto de 2021: “…hasta puede darse la situación de que el superior jerárquico desista del recurso que hubiera interpuesto un representante de grado inferior (artículo 445 del Código Procesal Penal) o de que impugne una sentencia en favor del encartado en razón del principio de objetividad…”. La divergencia de criterio jurídico entre el superior y el que haya expuesto el inferior durante las audiencias, no podrá ser estimada como un error si no se fundamenta en el incumplimiento de las directrices generales que previamente haya dispuesto la institución, lo que deja ver nuevamente que no es cualquier pronunciamiento o solicitud fiscal la que puede ser objeto de “enmienda jerárquica” mediante una impugnación, sino solo aquellas que “la ley autoriza”, según lo dispone el propio numeral 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (…).” (cfr. folio 12 vuelto y 13, se suprime el resaltado del texto original). Esta Cámara después de haber realizado un análisis minucioso del recurso de casación planteado por el Ministerio Público y la resolución del ad quem, arriba a la conclusión de que le asiste razón al recurrente, por las razones que a continuación se exponen. El instituto procesal de la enmienda jerárquica, se encuentra regulado en artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual consagra lo siguiente: “El superior jerárquico podrá enmendar, mediante dictamen fundado con indicación del error o errores cometidos, los pronunciamientos o solicitudes del inferior, mientras no se haya dictado la resolución correspondiente. Igualmente, una vez dictadas estas resoluciones o cualesquiera otras, dicho superior podrá ordenar a otro representante del Ministerio Público la interposición de los recursos que la ley autoriza, o que se haga cargo de la continuación del procedimiento”. Este instituto resulta ser una herramienta mediante la cual el órgano acusador -según los principios de unidad de actuaciones y dependencia jerárquica- se garantiza una coherencia en la forma en que sus funcionarios actúan, quienes lo hacen por delegación y dependencia del Fiscal General (numeral 15 de la Ley Orgánica del Ministerio Público), y es precisamente por ese mandato, que los fiscales y las fiscalas para intervenir válidamente en una causa les basta su comparecencia (artículo 16 del mismo cuerpo legal). A partir de lo anterior, queda claro que el numeral 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público faculta al superior jerárquico del Ministerio Público para interponer los recursos que considere necesarios con la finalidad de enmendar cualquier error cometido por el personal subalterno durante el proceso. En este orden de ideas, esta Sala ha considerado que el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público regula tres hipótesis diversas: 1) la contenida en el primer párrafo, la cual prevé la posibilidad de enmienda por parte del fiscal superior en aquellos supuestos en los que una vez emitido el pronunciamiento o la solicitud del fiscal inferior, interviene el jerarca antes de que el órgano jurisdiccional dicte la resolución correspondiente, para lo cual debe señalar los errores en que ha incurrido el subalterno con el objetivo de que la autoridad judicial tome en cuenta estos aspectos al momento de resolver el caso, 2)  la dispuesta en el  segundo párrafo, en la cual el pronunciamiento o la solicitud del fiscal inferior fue efectuada y la autoridad judicial tomó una decisión, la cual puede ser impugnada por el superior , y 3) una vez que se han dictado “estas resoluciones o cualquiera otras” (tal y como lo dice expresamente el numeral), el superior jerárquico puede designar a otro representante del Ministerio Público para que formule los recursos que estime pertinentes. Aunado a esto, la Sala de Casación Penal ha resuelto lo siguiente, con respecto al tema del agravio y el ejercicio de la acción penal: “(…) Es entonces claro que subsiste la posibilidad de enmienda frente a cualquier pronunciamiento o solicitud de un miembro del ente fiscal en caso de que su Superior lo estime pertinente y necesario. En resumen, no es válido el fundamento que da el juzgador de segunda instancia, para no analizar el punto controvertido, amparado en que el Ministerio Público no le asiste agravio (…) no puede de ninguna manera, establecerse la inexistencia del agravio, por el hecho de haber solicitado el Fiscal, en conclusiones se librara de responsabilidad penal al encartado, tampoco se puede asimilar a una falta de acción o interés del ente ministerial, sino que se trata de una decisión tomada después de analizar las probanzas, la cual no le es vinculante, por lo cual, es aplicable la figura de la enmienda jerárquica que se pretende, por lo que el Ministerio Público sigue manteniendo el ejercicio de la acción penal por imperativo de ley (…). Adicionalmente, debe recordarse, en primer lugar, que siendo el Código Procesal Penal (emitido mediante la Ley Nº 7594 publicado en La Gaceta Nº 106 del 4 de junio de 1996) y la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley Nº 7442 de 25 de octubre de 1994, pero modificada totalmente por la Ley Nº 7728 del 15 de diciembre de 1997), leyes de la República que gozan del mismo rango, pero siendo la segunda posterior vino a establecer en el precepto de comentario una excepción a la exigencia de necesidad de agravio, establecida en el artículo 439 del Código Procesal Penal, que dispone: "Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que les causen agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarlo. El recurso deberá sustentarse en el reproche de los defectos que causen la afectación...". Es decir, en atención a lo preceptuado por el artículo 18, el superior jerárquico sí tendría la posibilidad legal de enmendar las actuaciones de sus subordinados, y por tanto, interponer los recursos que estime pertinentes, aún cuando estos se originaran en un error generado por el Ministerio Público. Lo contrario, sería una interpretación en exceso formal y sin sentido práctico, sea indicar que el recurso del superior es factible y admisible, pero de seguido se pasa a rechazarlo con el argumento de no existir agravio, pues lo resuelto se corresponde con lo solicitado, cuando lo que precisamente se busca es una corrección de ese actuar que la superior estima errado. Ciertamente esa prerrogativa del Ministerio Público podría cuestionarse o consultarse desde el punto de vista constitucional, por vulnerar el principio de igualdad entre las partes del proceso; pero mientras no exista un pronunciamiento de la Sala Constitucional que ordene lo contrario, deberá aceptarse la posibilidad de que el superior jerárquico impugne -como aquí- resoluciones a cuyo resultado contribuyó el mismo ente fiscal”. (Resolución número 2020-01718, de las 12:23 horas del 17 de diciembre de 2020, dictada por la Sala de Casación Penal y suscrita por las personas magistradas Jesús Ramírez, Patricia Solano, Álvaro Burgos, Gerardo Rubén Alfaro y Sandra Eugenia Zúñiga). De igual forma, esta Cámara ha considerado que la enmienda jerárquica constituye un medio por el cual el órgano fiscal corrige las incongruencias que puedan presentarse en el ejercicio de la acción penal, toda vez que hay un interés público de por medio: “(…) Tal y como ocurrió en el caso en particular, la fiscal adjunta Laura Monge Cantero, dispuso enmendar lo actuado por el fiscal inferior que asistió al contradictorio y autorizó a la fiscal de impugnaciones, Adriana Chaves Redondo para que interpusiera recurso de apelación, y ahora ambas profesionales, han incoado recurso de casación contra lo resuelto por el ad quem. Según el voto citado, se puede entonces concluir que, en la especie subsiste el yerro alegado por las recurrentes, por cuanto son incorrectos tanto el análisis, la fundamentación como la conclusión del tribunal de alzada. No es dable argumentar que no se ha causado agravio, se debe recordar que el Ministerio Público no actúa como un sujeto particular más dentro del proceso, sino que este tutela un interés público, por lo que, no es procedente sobre esa base, decidir que no se va a analizar el fondo del recurso de apelación interpuesto, claramente esta aseveración es falaz, debido a que se acusan hechos y no calificaciones, por lo cual, el que se haya calificado de manera errónea un cuadro fáctico, no determina que no se deba estudiar, en cada caso particular si los eventos descritos contienen o no la descripción de otra u otras figuras delictivas, como sucede en el caso. Es claro que la pieza acusatoria del Ministerio Público fue elevada a juicio por el juez de la etapa intermedia, por lo que pasó a ser conocida por el órgano jurisdiccional, existiendo un interés público de por medio, para que se dictara una resolución como en derecho corresponde, de acuerdo a la valoración de la prueba, bajo las reglas de la sana crítica racional; por lo cual no es procedente  concluir que no hay agravio para el órgano acusador, por el hecho de que se haya calificado de manera incorrecta el evento delictivo. No se debe perder de vista que, precisamente, ante este tipo de incongruencias presentadas en el ejercicio de la acción penal, es que se genera el agravio para la representación fiscal, misma que cuenta con este medio de corrección, dado por el propio ordenamiento procesal penal. Claramente es  aplicable la figura de la enmienda jerárquica que se pretende, por cuanto el ordinal 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público debe ser interpretado de manera sistemática,  relacionándolo con el contenido del numeral 439 del Código Procesal Penal, de manera que -al margen de la facultad abstracta que implica la enmienda jerárquica - en el sub lite, es jurídicamente viable tener por configurado un agravio en la fijación de la dosimetría penal; razón suficiente para aceptar el reclamo incoado por el actor penal en la vía ordinaria de impugnación, por lo cual el motivo se declara con lugar (…)”. (Resolución número 2022-00317, de las 16:28 horas del 18 de marzo de 2022, emitida por la Sala de Casación Penal. Integraron las personas magistradas Jesús Ramírez, Álvaro Burgos, Sandra Eugenia Zúñiga, William Serrano y Rosa Acón). El Ministerio Público es el órgano del Estado encargado de ejercer de manera objetiva la acción penal, y su actuación se rige por una dependencia jerárquica, esto implica que las personas fiscales dependen de las directrices o instrucciones dictadas por la Fiscalía General de la República para el desempeño de sus funciones. De esta forma y siempre respetando el principio de legalidad, existe un sistema de órdenes o instrucciones que deben ser cumplidas para darle una unidad de actuación al órgano acusador (que es único para todo el país), y evitar un ejercicio dispar o incluso abusivo de la acción penal. Esta unidad de actuación se concreta con el seguimiento por parte de todos los fiscales y fiscalas de una misma línea jurídica en su labor, y esta unificación se criterio se consigue también a través de mecanismos como el instituto de la enmienda jerárquica, el cual como se ha explicado, lo que pretende es corregir una actuación errada de un fiscal de rango inferior, lo cual expresamente se encuentra previsto en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Por ello, no resulta acertado el criterio jurídico del ad quem de declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el órgano fiscal a partir de la consideración de que dicho numeral no faculta al superior jerárquico a impugnar, pues, al contrario, este ordinal prevé expresamente la posibilidad de que el superior ordene la interposición de los recursos que la ley autoriza una vez que las resoluciones han sido dictadas por la autoridad jurisdiccional. Y aunque esta Sala considera que la simple divergencia de criterio jurídico entre el superior y el que haya expuesto el inferior durante las audiencias no justifica per se una enmienda jerárquica que legitime una impugnación, toda vez que debe fundamentarse cuál es el incumplimiento de las directrices generales que previamente haya dispuesto la institución, esto según lo contempla el mismo numeral 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en el presente caso, la inadmisibilidad del recurso se basó principalmente en el criterio de que la artículo en mención no faculta al superior para impugnar por enmienda jerárquica y que el ordinal 439 del código adjetivo limita la posibilidad de recurrir a la parte que haya contribuido a provocar el agravio, lo cual plantea una interpretación que desconoce que es deber del Ministerio Público promover procesos penales conforme a la Constitución Política y la ley, informando, dictaminando, oponiéndose o ejercitando debidamente la acción penal a través del más estricto respeto por los derechos y garantías de las partes, por ello, la enmienda jerárquica supone un seguimiento de la legalidad con la que actúa el órgano acusador. La lectura del artículo 18 de la Ley Orgánica resulta clara en establecer la posibilidad del superior de enmendar la actuación del fiscal de rango inferior una vez que la resolución ha sido dictada por medio de los recursos que la ley permita, por cuanto existe un interés público cuya defensa de manera objetiva ha sido encomendada al ministerio fiscal. En virtud de lo expuesto, se declara con lugar el primer motivo de casación del Ministerio Público, debido a que se ha verificado una errónea aplicación de un precepto procesal concerniente a la enmienda jerárquica, y en consecuencia, se anula de forma parcial la resolución número 2025-024, de las 11 horas del 17 de enero de 2025, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera, en cuanto declara inadmisible la impugnación del órgano acusador y se ordena el reenvío del asunto al tribunal de alzada para que, con nueva integración, proceda a conocer del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público.

 VI. Segundo motivo del libelo de impugnación por adhesión del Ministerio Público. Señala “inobservancia de un precepto legal procesal: errores graves en la construcción lógica de los fundamentos” (cfr. folio 39, se suprime el resaltado). Como fundamento jurídico cita los artículos 142 y 468 inciso b) del Código Procesal Penal. Reclama que existe un grave error de fundamentación cuando el ad quem justifica la inadmisibilidad del recurso de apelación del Ministerio Público bajo un razonamiento muy limitado y estricto que no se deriva del artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, señalando que la enmienda trata de supuestos distintos de los que enuncia dicho numeral. Cita un extracto de lo resuelto por el tribunal de alzada e indica que de manera incorrecta y contrario al espíritu ontológico de la norma, el ad quem limita el uso de la facultad de enmendar una actuación fiscal a pesar de que el numeral no establece ninguna limitante, lo cual deja de lado que por medio de una interpretación lógica, el Ministerio Público sí puede corregir la acción u omisión del fiscal con inferior jerarquía, es decir, estima que el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público no trata de un supuesto distinto al de la enmienda, como lo interpreta el tribunal de apelación. Además, refiere que el ad quem no puede “(…) descalificar la aplicación de una norma bajo el argumento errado de que los supuestos son distintos al nomen iuris, pues con ese proceder estaría adentrándose a una función que no le corresponde e incurriendo en una motivación que o deriva del espíritu de dicha norma procesal (…)” (cfr. folio 40). Reitera que hay un grave error de fundamentación del tribunal de apelación al generalizar los supuestos vicios y extraer o derivar situaciones que o establece el instituto de la enmienda jerárquica previsto en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, todo lo cual generó un agravio al órgano fiscal cuando se declara inadmisible su recurso de apelación por enmienda. Relata que esta inobservancia de normas procesales relativas a la debida fundamentación incidió sustancialmente en la pretensión y posición del Ministerio Público en el presente asunto, lo cual produce la impunidad del imputado bajo un fundamento y un perjuicio ilegítimos a las pretensiones punitivas del órgano fiscal cuando se declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto. Tercer motivo de casación por adhesión. Reprocha la “existencia de precedentes contradictorios dictados por los Tribunales de Apelación de sentencia con respecto a los dictados por la Sala de Casación Penal: sobre los alcances de la enmienda jerárquica del artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público” (cfr. folio 40 vuelto, se suprime el resaltado). Como fundamento jurídico cita el artículo 468 inciso a) del Código Procesal Penal. Explica que existen precedentes contradictorios con respecto al tema de la enmienda jerárquica y sus alcances, lo cual se evidencia en lo resuelto por el ad quem y otras resoluciones, por lo que busca la uniformidad de criterios. Menciona que el tribunal de apelación considera que el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público no regula los supuestos donde el fiscal adjunto no esté de acuerdo con la interpretación jurídica del fiscal de rango inferior, lo cual apoya en el numeral 14 de la misma ley orgánica, pues según el criterio del ad quem lo único que vincula al fiscal de menor rango son las instrucciones generales que debe cumplir, debido a que en las audiencias orales tiene libertad de criterio. Cita un extracto de la resolución que impugna y el voto 2021-1245, de las 14:50 horas del 19 de agosto de 2021, dictado por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, y menciona que en ambas resoluciones se infiere que existe un criterio restringido respecto a la interpretación o alcances de la enmienda jerárquica a cargo del fiscal adjunto, criterio que se contrapone a otras resoluciones en las que no se considera que existan dichas limitaciones para que el fiscal a cargo pueda “enderezar” una errónea gestión jurídica del inferior, por ejemplo, indica que la Sala de Casación ha vertido un criterio en el que, con base en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el órgano fiscal sí tiene la potestad de impugnar por medio de la enmienda algún error del fiscal de menor rango, por cuanto el numeral 18 de la citada ley ofrece tres posibilidades para enderezar una errada gestión fiscal. Cita la resolución 2020-01718, de las 12:23 horas del 17 de diciembre de 2020, dictada por la Sala de Casación Penal, y explica que la Sala Tercera confirmó en este voto la potestad que tiene el Ministerio Público para que el fiscal adjunto pueda “reversar una incorrecta posición del fiscal inferior por medio de la enmienda jerárquica” (cfr. folio 43). Cita la resolución 2022-317 de la Sala de Casación Penal, y menciona que por medio de este pronunciamiento se anuló la resolución 2012-1245 del Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José, el cual como se indicó supra establece un criterio jurídico distinto, lo cual estima evidencia que en situaciones semejantes se ha resuelto de manera diferente, esto es, interpretando distinta forma el tema de la enmienda jerárquica. Desde su óptica, la posición que ha venido sosteniendo la Sala de Casación Penal (en las resoluciones 2020-01718 y 2022-317) es la que debe mantenerse, por cuanto por su naturaleza jurídica y ontológica, el instituto de la enmienda regulado en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público viene a ser una opción para que el órgano fiscal pueda enderezar la acción penal que otro fiscal de menor rango no ha ejercido correctamente, tanto por acción o por omisión. Como agravio establece que cuando el ad quem inadmite el recurso de apelación del Ministerio Público, se perjudicaron las pretensiones punitivas del órgano fiscal en el caso concreto. Como petitoria solicita se anule la resolución que impugna y se ordene el reenvío para que se resuelva el recurso de apelación que interpuso el Ministerio Público por enmienda jerárquica. En virtud de que esta Cámara está declarando con lugar el primer motivo de casación por adhesión del Ministerio Público referente a la errónea aplicación del artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público concerniente a la enmienda jerárquica, se omite pronunciamiento con respecto al segundo y tercer motivo de casación por adhesión incoados por el órgano fiscal, en los cuales se reprocha un grave error en la construcción lógica de los razonamientos y la existencia de precedentes contradictorios, ambos a partir de la interpretación que el tribunal de apelación otorgó a dicho numeral para declarar inadmisible el recurso de apelación del órgano acusador, por lo que resulta innecesario emitir criterio si la protesta ha sido acogida.

Por tanto:

 Se declara sin lugar el tercer motivo de casación interpuesto por la Procuraduría General de la República. Se declara con lugar el primer motivo del recurso de casación por adhesión esbozado por el Ministerio Público, por lo que se anula parcialmente la resolución número 2025-024, de las 11 horas del 17 de enero de 2025, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera, en cuanto declara inadmisible la impugnación del órgano fiscal y se ordena el reenvío del asunto al tribunal de alzada para que, con nueva integración, proceda a conocer del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público. Por la forma en que se resuelve este motivo, se omite pronunciamiento con respeto al segundo y tercer motivo de casación por adhesión del órgano acusador. Notifíquese.

 

 

 

Patricia Solano C.




 

 

Gerardo Rubén Alfaro V.

	

 

	

 

 

 

 

Sandra Eugenia Zúñiga M.




 

 

 

Aisen Herrera L.

Magistrado suplente

	

 

	

 

 

 

Giovanni Mena A.

Magistrado suplente

 

 

 

LQUIROSG (257-3 / 7-3-25)

Clasificación elaborada por SALA DE CASACIÓN PENALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:39:13.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**SALA TERCERA DE LA CORTE**

**Resolution No. 00095 - 2026**

**Date of Resolution:** January 19, 2026 at 12:55

**Case File:** 20-000327-0988-PE

**Drafted by:** Aisen Herrera López

**Type of Matter:** Cassation Appeal

**Analyzed by:** CRIMINAL CASSATION CHAMBER

**Relevance Indicators**

Relevant judgment

Judgment with protected data, in accordance with current regulations

**Content of Interest:**

**Type of content:** Unanimous vote

**Branch of Law:** Criminal Procedure

**Topic:** Victim

**Subtopics:**

Procuraduría General de la República.

"...Based on the foregoing, it is clear that the P.G.R. is not the victim in environmental crimes, but rather its legal representative, and in order for it to fully exercise the rights and powers granted to it by the Criminal Procedure Code, which includes acting with independence of judgment with respect to the Public Prosecutor's Office, it must be constituted as a party, that is, it must file a criminal complaint (querella) and civil action at the appropriate procedural moment..."

**Content of Interest:**

**Type of content:** Unanimous vote

**Branch of Law:** Criminal Procedure

**Topic:** Hierarchical amendment (enmienda jerárquica)

**Subtopics:**

Considerations regarding the participation of the public prosecutor's office in criminal proceedings.

"...the Public Prosecutor's Office is the State body responsible for objectively exercising criminal action, and its actions are governed by hierarchical dependence; this implies that prosecutors depend on the directives or instructions issued by the Office of the Prosecutor General of the Republic for the performance of their duties. In this way, and always respecting the principle of legality, there is a system of orders or instructions that must be followed to provide unity of action to the prosecuting body (which is unique for the entire country), and to avoid disparate or even abusive exercise of criminal action. This unity of action is realized by all prosecutors following the same legal line in their work, and this unification of criteria is also achieved through mechanisms such as the institute of hierarchical amendment (enmienda jerárquica), which, as has been explained, is intended to correct an erroneous action by a lower-ranking prosecutor, which is expressly provided for in Article 18 of the Organic Law of the Public Prosecutor's Office..."

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**Text of the resolution**

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Case File: 20-000327-0988-PE

Res: 2026-00095

**CRIMINAL CASSATION CHAMBER.** San José, at twelve hours fifty-five minutes on January nineteenth, two thousand twenty-six.

Cassation appeal filed in the present case against [Name 001]; adult, Costa Rican, identity card number [...], born in [Name 002] on [...], child of [Name 003], for the crime of Invasion of a Protection Area, committed to the detriment of Natural Resources. The magistrates Patricia Solano Castro; Gerardo Rubén Alfaro Vargas; Sandra Eugenia Zúñiga Morales; Aisen Herrera López and Giovanni Mena Artavia, the latter two acting as substitutes, participate in the decision on the appeal. Furthermore, at this instance, attorney Randall Aguirre Mena, representing the State. The representative of the Public Prosecutor's Office, attorney Julián Martínez Madriz, appeared.

**Whereas:**

1.- By judgment No. 2025-024 at 11:00 a.m. on January 17, 2025, the Criminal Sentence Appeals Court of Cartago, resolved: “THEREFORE: 1.- The appeal of the judgment filed by the deputy prosecutor of Cartago is declared inadmissible, and the appeal filed by the representative of the Procuraduría General de la Repúbica is admitted for consideration on the merits. 2.- The sole ground of the appeal filed by the representative of the Procuraduría General de la República is declared without merit, and the appealed judgment is confirmed. Notify. (sic).

2.- Against the preceding ruling, attorney Randall Aguirre Mena, representing the State, filed a cassation appeal.

3.- After the respective deliberation was verified, the Chamber proceeded to hear the appeal.

4.- The pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.

Magistrate Herrera López reports; and,

**Considering:**

I. By resolution number 2025-00464, at 10:50 a.m. on May 29, 2025, this Chamber admitted for consideration on the merits the third ground of the cassation appeal filed by the Procuraduría General de la República, as well as the cassation appeal by adhesion filed by the Public Prosecutor's Office (cf. folios 57 to 67 of the physical case file created for this purpose) against resolution number 2025-024, at 11:00 a.m. on January 17, 2025, issued by the Criminal Sentence Appeals Court of Cartago, First Section (cf. folios 10 to 19 of the physical file created for this purpose).

II. Third ground of the cassation appeal by the Procuraduría General de la República. It reproaches the “erroneous application of procedural rules, specifically Articles 16 and 70 of the Criminal Procedure Code and 3 and 20 of the Organic Law of the Procuraduría General de la República, and consequently the disregard of Article 58 of the Forestry Law (Ley Forestal) and 50 of the Political Constitution by stating that the State is not a victim in crimes against the environment” (sic, cf. folio 31 verso, highlighting omitted). It questions that the ad quem erroneously applied articles 16 and 71 subsection b) of the procedural code, by considering that the State “has the right to initiate a criminal proceeding through a criminal complaint (Querella) and Civil Action, [but] does not hold the status of victim, since Article 16 does not assign it such status” (cf. folio 31 verso). It explains that it is important to consider that crimes against the environment referred to in Article 16 of the procedural code, which are regulated in various normative bodies, such as the Forestry Law (Ley Forestal), must be analyzed based on the provisions of Article 50 of the Political Constitution, which enshrines that the State has the obligation to guarantee and preserve the right to an ecologically balanced environment, which means that in these environmental crimes there is a collective victim that is affected and whose representation is held by the State, exercised through the Procuraduría General de la República (hereinafter P.G.R.). It states that in environmental crimes, there is no individualized victim but rather a collective victim, that is, all Costa Rican citizens who are represented by the government of the Republic through its institutions (Article 9 of the Political Constitution). Consequently, it alleges that Article 16 of the Criminal Procedure Code cannot be analyzed in a biased manner as the appeals court does when it resolves that the P.G.R. has the power to file a criminal complaint (querella) and civil action, but does not hold the status of victim, and therefore claims that this article must be analyzed jointly with constitutional norms and other norms that grant powers to the P.G.R. to represent the State. It refers that Article 70 subsection a) of the procedural code provides that the victim is the person directly offended by the crime, and since person must be understood as both natural and legal persons, the State exercises its powers through entities or legal persons, so when the environment is affected, it must be understood that the directly affected party is the State as an entity whose legal representation is exercised by the P.G.R., and therefore -in its opinion- it is nonsensical to state that the P.G.R. (which represents the State) has the power to be constituted as a procedural party to present a criminal complaint (querella) and civil action, but not to be considered a victim for the purposes of an alternative measure. It mentions that the State's status as a victim derives not only from Articles 16 and 70 of the procedural code, but also from Article 58 subsection c) of the Forestry Law (Ley Forestal), which grants exclusive competence to the P.G.R. to file a civil action and proceed with the collection of ecological damage caused to the natural heritage of the State (forests and areas declared inalienable). On the other hand, it states that the Public Prosecutor's Office cannot exercise the representation of the victim in the crimes described in Article 16 of the Criminal Procedure Code, as it considers that this violates Articles 3 and 20 of the Organic Law of the Procuraduría General de la República, which establish the competence held to settle in judicial proceedings when an alternative measure must be promoted, without, from its perspective, the prosecutorial body being able to arrogate this power to itself. Therefore, the decision of the ad quem disregards the norms cited above when it establishes that the State is not a victim in a matter for violation of the Forestry Law (Ley Forestal) and that the Public Prosecutor's Office can exercise the representation of the victim for conciliation purposes. It cites resolution number 2022-437 of the Criminal Cassation Chamber. As a grievance, it describes that the resolution it challenges is causing harm by considering that the P.G.R. does not hold the status of victim, as this violates the rights that have been conferred by the legislator when holding the representation of the State; furthermore, it points out that if the procedural rules had been correctly applied, the resolution ordering the definitive dismissal (sobreseimiento definitivo) at the trial stage would have been annulled. As a petition, it requests that the ineffectiveness of the ad quem's judgment be declared and that the case record be ordered returned to the appeals court for a new proceeding.

III. The admitted cassation ground is declared without merit. In this cassation ground, the Procuraduría General de la República (hereinafter P.G.R.) claims the disregard of the rights that assist the State as a victim in the crimes provided for in Article 16 of the Criminal Procedure Code, for which it reproaches that the P.G.R. should have been considered as a victim in order to grant its authorization to approve the conciliation agreement proposed at the trial stage. In this way, it is described that the defense and the Public Prosecutor's Office agreed on the payment of a donation of five hundred thousand colones in benefit of the Nursing Home (Hogar de Ancianos) of the Santa María de Dota area (cf. folio 361 of the digital case file); however, it criticizes that the prosecutorial body was not authorized to represent the interests of the State in crimes against the environment. A) Recount of the proceedings. The criminal case began on November 24, 2020, when the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) filed a report with the Prosecutor's Office of Tarrazú, Dota, and León Cortés, explaining that based on a complaint filed under the environmental complaint attention system (SITADA), SINAC proceeded to inspect the site and detected the construction of a shed used as a garage to park buses, which was invading the protection area of a stream (quebrada). On June 4, 2021, the prosecutorial body notified the P.G.R. of the existence of criminal case number 20-000327-0988-PE, for the crime of invasion of a conservation or protection area, to the detriment of natural resources (cf. folio 125 of the digital case file). On June 7, 2021, Dr. Magda Inés Rojas, in her capacity as deputy attorney general, filed a document appointing attorney Randall Albán Aguirre Mena, Master Andrés Alfaro Ramírez, and attorney Margot Avellán Ruiz, to act, separately or jointly, representing the State in criminal case number 20-000327-0988-PE, and designated as a means for receiving notifications the fax numbers 2222-5335, 2233-7010, and 2255-0997, labeled in the name of Randall Albán Aguirre Mena. (cf. folio 127 of the digital case file). At folio 129, the Prosecutor's Office of Tarrazú, Dota, and León Cortés accepts the P.G.R. as a party to the proceeding. The Public Prosecutor's Office files an accusation and charges the defendant ([Name 001]) with the following facts: “1. The defendant ([Name 001]) is the brother of [Name 004], who is the owner of the property with real estate folio number [Value 001], surveyed plan [Value 002], located in [...], at coordinates [Value 003] and [Value 004], a site used as a garage to park buses owned by the accused. 2. Without determining the exact date, but in the period between November 2 and 16, 2020, the defendant [Name 001], knowing the unlawfulness of his acts and without having the permits from the State Forestry Administration, built a shed (galerón) of cement, purlin (perling), and zinc with the following dimensions: 14 meters long by 12 meters wide and a concrete wall 25 meters long by 1.40 meters high, and invaded the protection area of the Rivas stream (quebrada); said structure invades the protection area by 12 meters long by 8 meters wide; said buildings are located at a distance of two meters from the bank of the stream (quebrada). 3. On November 2, 2020, in [...], engineer [Name 005] from the Municipality of Dota appeared, who notified the defendant [Name 001] that he must stop the construction for not having municipal permits and for failing to comply with the official alignment (Article 24 of the Construction Law), however, the defendant ([Name 001]) indicated that he would continue with the works. 4. On November 16, 202, in [...], [Name 006] and [Name 007], both SINAC officials, appeared and conducted an inspection at the site and determined that the work was completed, that said shed (galerón) and wall were built within the protection area of the Rivas stream (quebrada). 5. With these actions, the defendant [Name 001] caused environmental damage valued at the sum of five hundred two thousand five hundred seventy-three colones and fifty cents (₡502,573.50)” (sic, cf. folios 131 and 132 of the digital case file, the highlighting belongs to the original text). This factual account was classified as the crime of invasion of a protection area, provided for in Articles 58 subsection a) and 61 subsection c) of the Forestry Law (Ley Forestal). The prosecutorial body communicated the accusation to the P.G.R. on March 24, 2023, via a notification document visible at folio 143 of the digital case file. The scheduling notice for the preliminary hearing was notified to the P.G.R. on June 8, 2023 (cf. folio 248 of the digital case file). The P.G.R. did not file a criminal complaint (querella) or civil action; however, on July 12, 2023, it filed a document requesting that its status as a victim in the proceeding be noted: “In relation to the scheduling for the Preliminary Hearing on July 14th next at 9:30 a.m., notified through the resolution at 1:31 p.m. on June 8, 2023, with due advance notice, we communicate that we will not attend this proceeding because this State Representation holds the status of victim, for which reason we request that our non-attendance be justified and a copy of the corresponding resolution be sent to us. Likewise, if an alternative measure is proposed, you are requested to bring it to our attention in order to elevate it to our Institutional Hierarchy for its approval. I therefore request that it be resolved accordingly and that we be notified at the email address: [email protected] of the Document Reception Office of the Procuraduría General de la República, or to the following fax numbers: 2233-7010, 22550997 and 2222-5335. Please label notifications in the name of Lic. Randall Aguirre Mena” (cf. folio 307 of the digital case file, the highlighting of the original text is omitted). The P.G.R. was summoned to the preliminary hearing (cf. folio 248 of the digital case file). On July 14, 2023, the Criminal Court of Cartago issued the order to open trial (auto de apertura a juicio) (cf. folio 316 of the digital case file), and the Criminal Trial Court of Cartago, by resolution at 10:08 a.m. on August 15, 2023, scheduled the hearing (cf. folio 318 of the digital case file). Said scheduling notice was notified to the P.G.R., at the email [email protected], on August 15, 2023 (cf. folio 332 of the digital case file). At folio 360, it is certified that the defendant [Name 001] has no criminal record. On July 26, 2024, the Criminal Trial Court of Cartago approved a conciliation agreement signed between the Public Prosecutor's Office and the defense, which consisted of the payment of a donation of five hundred thousand colones to the Hogar de Ancianos de Santa María de Dota (cf. folio 361 of the digital case file). The payment was made on July 30, 2024 (cf. folios 363 and 364 of the digital case file). The Criminal Trial Court of Cartago issued a resolution stating: “The content of the document dated July thirtieth, two thousand twenty-four, visible in the digital case file, is brought to the attention of the parties for a period of THREE DAYS” (cf. folio 366, the highlighting belongs to the original text). This resolution was notified to the P.G.R. on August 1, 2024, and it did not pronounce on the matter (cf. folio 371 of the digital case file). The a quo ordered the definitive dismissal (sobreseimiento definitivo) through judgment number 800-2024, at 10:20 a.m. on August 23, 2024, for fulfillment of the conciliation agreement (cf. folio 382 of the digital case file), which was notified to the P.G.R., and it filed an appeal, which was declared without merit. B) On the representation of the State in environmental crimes. Article 45 of the Political Constitution enshrines as an intrinsic principle the inviolability of private property; however, the same article makes clear that this is not an absolute right, but that limitations may be imposed based on a social interest, as occurs with limitations aimed at protecting the environment. Provision 46 of the Constitution states – in what is of interest – the right of every consumer and user to the protection of their health, environment, safety, and economic interests, to receive adequate and truthful information, to freedom of choice, and to equitable treatment, as well as the state duty to regulate this matter via law. Article 50 of our Magna Carta establishes that the greatest well-being of all the country's inhabitants shall be sought, as well as the right of every person to a healthy and ecologically balanced environment, hence the State has the duty to guarantee, defend, and preserve this constitutional right that concerns all inhabitants of the Republic. Article 2 of the Organic Law of the Environment establishes the principles that inspire said normative body, within which subsections d) and e) stand out, as they enshrine that whoever pollutes the environment or causes damage shall be responsible, and that environmental damage is a crime of a social nature, as it affects the foundations of society's very existence. For its part, Article 1 of the Forestry Law (Ley Forestal) defines as an essential and priority function of the State, to ensure the conservation, protection, and management of natural forests and the production, utilization, industrialization, and promotion of the country's forest resources destined for that purpose, in accordance with the principle of adequate and sustainable use of renewable natural resources, prohibiting the cutting or utilization of forests in national parks, biological reserves, mangroves, protected zones (zonas protectoras), wildlife refuges, and state-owned forest reserves. And within that duty of state protection, Article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal) defines the protection areas around permanent springs (nacientes), on the banks of rivers, streams (quebradas), creeks, lakes and natural reservoirs, artificial lakes and reservoirs built by the State, recharge areas, and aquifers of springs. It is clear that the State has the duty to guarantee the inhabitants of the Republic the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment, to the point that, through law, it can subordinate the use and enjoyment of the right to private property to protect a social interest. Now, Article 1 of the Organic Law of the Procuraduría General de la República, Law No. 6815, provides: “The Procuraduría General de la República is the superior consultative, technical-legal body of the Public Administration, and the legal representative of the State in matters within its competence (…)” (highlighting supplied), while subsections a) and d) of Article 3 of said law define that within its powers are the following: “a) Exercise the representation of the State in matters of any nature, that are processed or must be processed in the courts of justice (…), d) Intervene in criminal cases, in accordance with what this law and the Code of Criminal Procedure provide for that purpose (…)”. Regarding its actions, Article 20 of the Organic Law of the Procuraduría General de la República states: “Procuradores have, regarding the lawsuits in which they intervene before judicial authorities, the powers that correspond to judicial representatives, according to common legislation, with the following restrictions: they are absolutely prohibited from accepting claims, settling, conciliating, or withdrawing from lawsuits or claims, as well as submitting lawsuits to the decision of arbitrators, without the prior written authorization of the attorney general, the deputy attorney general, or the official to whom they delegate. What is done in opposition to the preceding paragraph shall have no value or effect, in or out of court, and the nullity of the proceedings, to which the violation reasonably gives rise, must be declared, even ex officio, by the courts of justice (…)”. The highlighting is supplied. That is, the P.G.R. is the entity that -by legal provision- must assume the legal representation of the State in environmental crimes, this in accordance with what the Criminal Procedure Code and the Organic Law of the Procuraduría General de la República provide for that purpose. For its part, Article 16 of the procedural code stipulates: “Criminal action shall be public or private. When it is public, its exercise corresponds to the Public Prosecutor's Office, without prejudice to the participation that this Code grants to the victim or to citizens. In crimes against the security of the Nation, public tranquility, public powers, constitutional order, the environment, the maritime-terrestrial zone, the public treasury, the duties of public office, tax offenses and those contained in the Customs Law, No. 7557, of October 20, 1995; the Organic Law of the Central Bank of Costa Rica, No. 7558, of November 3, 1995 and the Law against the Illicit Enrichment of Public Servants, No. 6872, of June 17, 1983, the Procuraduría General de la República may also directly exercise that action, without being subordinated to the actions and decisions of the Public Prosecutor's Office. In matters initiated by action of the Procuraduría, it shall be considered a party and may exercise the same remedies that this Code grants to the Public Prosecutor’s Office” (highlighting supplied). While Article 38 of the procedural code indicates that the civil action for social damage may be exercised by the P.G.R. when dealing with punishable acts that affect collective or diffuse interests. From the preceding regulatory recount, the following can be concluded: 1) The State has the duty to guarantee Costa Rican citizens a healthy and ecologically balanced environment; therefore, in criminal proceedings for environmental crimes, it assumes the status of victim in order to defend and preserve this constitutional right, 2) the P.G.R., according to the Organic Law of the Procuraduría General de la República, is the legal representative of the State in matters within its competence, 3) the P.G.R. has the right to directly exercise criminal action in public prosecution crimes (without being subordinated to the actions and decisions of the Public Prosecutor's Office), for which it can be constituted as a party within the criminal proceeding, that is, to file a criminal complaint (querella) and civil action (if there are indemnity claims derived from the damages caused to the victim), and 4) if the P.G.R. decides not to be constituted as a party, its participation in the criminal proceeding must be governed as permitted by the Criminal Procedure Code. At this point, it is appropriate to clarify that when this Chamber has resolved on the right to the restitution of the thing or object in environmental crimes in which the P.G.R. has not filed a criminal complaint (querella) or civil action, it does so under the legal criterion that the filing of a compensatory civil action is not required in order to request the restitution of the property to its original state, as such legal possibility is a right of the offended party, that is, of the State. Of particular interest, the Cassation Chamber has established the following considerations: “(…) The core point in the first and second complaints of the Public Prosecutor's Office is based on the fact that its appeal was declared inadmissible, on the grounds that it was considered not authorized to challenge the aspect of restitution of things to their original state, for which one of the judges based their resolution on the circumstance that it lacked subjective standing to appeal civil aspects of the punishable act, because the civil plaintiff for the State is the Procuraduría General de la República, as it was the one who filed the compensatory civil action; while the co-judge who also ruled in favor of this inadmissibility, did so based on the argument that although the restitution of the thing or object is a right of the victim as such and therefore, does not require the filing of a compensatory civil action to demand it, the truth is that, in the specific case, such representation was held exclusively by the Procuraduría General de la República. In this case, the prosecutorial body is correct, regarding the fact that it is not necessary to file a compensatory civil action in order to request the restitution of the property to its original state, since such legal possibility is a right of the offended party, as has been admitted by this Chamber in resolution No. 2019-1622, at 14:40, on December thirteenth, two thousand nineteen (13/12/2019), in which it was indicated: ‘(…) Restitution is understood as the action of “returning something to the one who had it before, as well as restoring or putting something in the state it had before” (Dictionary of the Royal Spanish Academy, twenty-third edition, October 2014). The previous definition contains the two meanings that restitution also has in the legal sphere, as in its broad sense it implies “restitutio in integrum”, that is, restitution to the original state, returning things to the conditions they had before the illicit act was carried out; while in a strict sense it is understood as returning to its legitimate possessor or owner the thing of which they were illegitimately deprived on the occasion of the crime. (Abdelnour Granados, Rosa. Civil Liability Derived from the Punishable Act, Editorial Juricentro, 1984. P. 261). In our legal system, both current criminal legislation and criminal procedure legislation establish that restitution is the preferred civil consequence of the crime. Specifically, Article 103 of the Penal Code states: “Every punishable act has as a consequence civil reparation, which shall be determined in a condemnatory judgment; said judgment shall order: 1) The restitution of the things or, failing that, the payment of the respective value; 2) The reparation of all damage; and the indemnification of the damages caused to both the offended party and third parties; and 3) The confiscation (comiso)”. The restitution provided for in subsection 1) of the transcribed norm refers to the very thing that has been the material object of the crime, over which the victim retains the rights they had before the act was committed; for this reason, as long as the thing has not disappeared, the obligation to restore it persists. For its part, the indemnification and reparation provided for in subsection 2) refer to the civil liability arising from the punishable act, for the damages caused to the victim. From the foregoing, it follows that the indicated institutes are clearly distinguishable and must be addressed separately, even though all are civil consequences of the punishable act. The foregoing is verified in the provisions contained in Article 361 of the Criminal Procedure Code, which states: “Rules for deliberation and voting The court shall assess the evidence produced during the trial, in an integral manner and with strict application of the rules of sound criticism. The judges shall deliberate and vote on the issues, and shall follow the following order as much as possible: a) Those relating to its competence, the admissibility of the criminal action and any other incidental issue that has been deferred for this moment. b) Those relating to the existence of the act, its legal classification and guilt. c) The individualization of the applicable penalty. d) Restitution and costs. e) When applicable, matters relating to the reparation of damages. Decisions shall be adopted by majority. If this is not reached in relation to the amounts of the penalty and civil reparation, the intermediate term shall be applied.”’ (Bold supplied).

From this last precept it is also deduced that the pronouncement on the restitution of things to their prior state must be made ex officio by the Judge, unlike aspects relating to damages and losses, on which a pronouncement may be made "when appropriate," that is, when the civil action for damages has been brought, since this is governed by the dispositive principle inherent to private law, in which one may only act at the instance of a party (...)" (Joined by Judges Ramírez, Zúñiga, Cortés, Desanti, and Robleto). However, even annulling that erroneous interpretation made by the Criminal Sentencing Court of Cartago, the fact is that the other argument on which the appeal was declared inadmissible remains in force, which refers to the lack of standing of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) in such cases, and it is that in the specific case, as the Second Instance Court correctly indicated, the entity responsible for defending the civil interests of the victim (the State) is its legal representative, which for the purposes of the cause under examination, falls upon the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República), which would be the party with standing, insofar as it has actually appeared as a party. As is inferred from article one of the Organic Law of the Office of the Attorney General (No. 3848), which provides: "The Office of the Attorney General, attached to the Office of the President, has the legal representation of the State in matters concerning the interests and subjects that this law determines (...)" in accordance with provision 16 of the Code of Criminal Procedure, which stipulates: "The criminal action shall be public or private. When it is public, its exercise shall correspond to the Public Prosecutor's Office, without prejudice to the participation that this Code grants to the victim or to citizens. In crimes against the security of the Nation, public tranquility, public powers, constitutional order, the environment, the maritime-terrestrial zone, the public treasury, duties of public function, tax offenses, and those contained in the Customs Law, No. 7557, of October 20, 1995; the Organic Law of the Central Bank of Costa Rica, No. 7558, of November 3, 1995, and the Law against Illicit Enrichment of Public Servants, No. 6872, of June 17, 1983, the Office of the Attorney General may also directly exercise that action, without subordinating itself to the actions and decisions of the Public Prosecutor's Office. In matters initiated by action of the Office of the Attorney General, it shall be considered a party and may exercise the same remedies that this Code grants to the Public Prosecutor’s Office" (the highlighting is not part of the original); the holder of the public criminal action and the civil consequences derived from it, in environmental crimes, is said institution, provided it has joined the litigation as representative of the State and exercises the rights and powers that such faculty grants it, since, if it does not appear as a party in the file, such representation must be assumed by the Prosecutor's Office, because diffuse interests are involved, the damage of which affects the community. In the file before us, from a cursory review of the first-instance judgment (cf. folios 1 to 21 of the physical file), it is visualized that Licenciado Manrique Ruíz Leal, Assistant Attorney for the Environment (Procurador Adjunto Ambiental), of the Office of the Attorney General, appeared as a party, who was the one who represented the State in the adversarial proceedings, exercised the respective complaint (querella) and civil action brought in due course by this institution, and even is the person who has effectively filed the appeals of appeal (apelación) and cassation in this cause. Therefore, it is that said entity is the only one with standing to appeal the civil aspects derived from this investigation and not the prosecutorial representative, who in these aspects, because the Office of the Attorney General has appeared by legal mandate, lacks standing. Regarding the third ground filed by the Prosecutor's Office, this argument suffers the same fate as the previous ones, since the lack of standing of the Public Prosecutor's Office is evident, given that the reproach is directed against the arguments given by the Court of Appeals to reject the second ground of the appeal of appeal filed by the Office of the Attorney General. It is for this reason that the accuser does not have standing to challenge this point, much less holds any procedural interest, insofar as in the appeal of appeal that it presented in due course it did not challenge such topic. This becomes even more evident if one considers that the Office of the Attorney General itself did not challenge in cassation the rejection of its second ground of appeal, thereby conforming to what was decided. That is, if the affected party itself had no interest in appealing such extreme, much less does a third party have it (...)" (Cassation Chamber, resolution number 2022-00437, of 4:46 p.m. on April 22, 2022, signed by judges Patricia Solano, Jesús Alberto Ramírez, Gerardo Rubén Alfaro, Sandra Eugenia Zúñiga, and Rafael Segura). From this resolution, the following conclusions can be drawn: 1) the restitution of the thing or object is a right of the victim as such, and therefore, does not require the filing of a civil action for damages to demand it, 2) in environmental crimes, the holder of the public criminal action and the civil consequences derived from it is the P.G.R., provided it has joined the litigation as a party representing the State and exercises the rights and powers that such faculty grants it, 3) if the P.G.R. does not constitute itself as a party, such representation must be assumed by the Prosecutor's Office, because diffuse interests are involved, the damage of which affects the community, 4) if the P.G.R. presents a civil action for damages, the only party with standing to appeal the civil aspects derived from environmental crimes is said institution because it has appeared by legal mandate. It must be added that the Code of Criminal Procedure did not expressly grant a natural person the possibility of pursuing criminal prosecution for environmental crimes, as this was reserved to be promoted by the legal entities described in subsection d) of article 70 of the procedural code and the Public Prosecutor's Office and the Office of the Attorney General, as provided for in article 16 of the procedural code. These rules of the Code of Criminal Procedure must be harmonized with the text of article 2 of the Organic Law of the Public Prosecutor's Office which reads: "Article 2. Functions. The Public Prosecutor's Office has the function of requesting before the criminal courts the application of the law, through the exercise of the criminal action and the conduct of the preparatory investigation in crimes of public action (…)". Finally, the Cassation Chamber has defined that the character of a procedural party in the case of the victim is assumed when the person [physical or legal] constitutes themselves as a complainant (querellante) or civil plaintiff (actor civil): ‹‹(…) As this Chamber has previously indicated, “the victim, by not having constituted themselves as a complainant or civil plaintiff, according to the procedural guidelines governing such acts, has not assumed the character of a procedural party in the strict sense. This has direct implications regarding their faculty for active participation within the criminal process. Such circumstance affects the procedural moments in which the victim has full standing to directly exercise their right to challenge a specific jurisdictional resolution. This is because, with the current procedural rules in force, the direct participation of a victim who did not exercise their right to constitute themselves as a complainant or civil plaintiff is expressly limited to the right to appeal the issuance of the dismissal of the process and the definitive dismissal, as provided in articles 282 and 340 of the Code of Criminal Procedure.” However, when it comes to the procedural possibility of appealing before the various Sentence Appeal Courts or before the Cassation Chamber itself, the subjective standing to file the respective appeal is limited by the current legal system. This is because, for a victim not constituted as a complainant or civil plaintiff to be able to directly file the respective appeal of sentence or cassation, a “request to the Public Prosecutor's Office” must originate as a sine qua non requirement. An aspect regulated in the Code of Criminal Procedure, in numeral 441 (…)››. (Resolution number 2016-0628, of 9:50 a.m. on June 24, 2016, cited in vote number 2023-0910, of 9:22 a.m. on October 5, 2023, both from the Third Chamber, signed by judges Ramírez Quirós, Alfaro Vargas, Segura Bonilla, Fernández Calvo, and Serrano Baby). In this vein, it should be noted that the Constitutional Chamber, when resolving the action of unconstitutionality filed in file 10-012026-007-CO, regarding the “directive” of the P.G.R. that rejected the application of alternative measures in reckless driving crimes, ordered the following: “(…) VI. Unconstitutionality of the general verbal instructions issued by the Office of the Attorney General not to negotiate alternative measures in the criminal process. Now, from the foregoing, it is inferred that although the Office of the Attorney General, in its capacity as legal representative of the State, may in turn act as representative of the “victim” in certain crimes and therefore, decide in each specific case whether or not to negotiate an alternative measure, the truth is that it cannot issue general provisions or give verbal instructions, without any basis, where the application of such measures is limited in a generalized manner, since this implies making them moot and substituting the will of the legislator, who in their competence to design criminal policy, considered that alternative forms of conflict resolution should be included in the criminal procedural system, given that article 7 of the Code of Criminal Procedure itself establishes as one of the main purposes of the process: “…to resolve the conflict arising as a consequence of the act, in accordance with the principles contained in the laws, in an effort to contribute to restoring social harmony between the parties and, in particular, the re-establishment of the victim's rights.” The principle of legality must be understood as immersed in all phases of the creation and application of criminal laws: there is no crime without prior, written, and strict law; there is no penalty without law; the penalty cannot be imposed without a fair trial and in accordance with what the law provides. Hence, this principle includes the aspects of criminal, penal, procedural, and enforcement legality. The State must act with total submission to the rule of law and within its limits, and on the other hand, by virtue of the principles of legal certainty and defense, citizens or recipients of the norms must be guaranteed access to know what the prohibited conducts are and their consequences, as well as the procedure that will be applied if tried for the commission of a crime. The legislator, when creating the different alternative measures within the criminal process, such as conciliation, integral reparation of the damage, and the suspension of the process on probation, opted for a criminal policy option based on international law instruments and established different conditions and requirements for their application, such as the free and voluntary agreement of the victim, the nature of the crime, the severity of the penalty, the manner of commission, the damage caused, and the appropriate procedural moment to agree on them, among others. Hence, if the Office of the Attorney General chooses not to negotiate alternative measures in cases where, according to the legal system, it acts as a party, it must do so in a reasoned manner, with clear and objective reasons, based on criteria of suitability, necessity, and proportionality, so that the parties may know the reasons for such a course of action and know what to expect (…)”. (Resolution number 2011-6350, of 2:34 p.m. on May 18, 2011. In the same vein, resolution number 2011-6803, of 3:25 p.m. on May 25, 2011, both issued by the Constitutional Chamber. The highlighting is supplied). The legal dictionary of the Judicial Branch defines a party as the “person, physical or legal, who litigates in a judicial lawsuit” Diccionario | Diccionario Usual | Poder Judicial de Costa Rica (poder-judicial.go.cr). From the foregoing, it is clear that the P.G.R. is not the victim in environmental crimes, but rather its legal representative, and to fully exercise the rights and faculties granted by the Code of Criminal Procedure, which includes acting with independent judgment from the Public Prosecutor's Office, it must constitute itself as a party, that is, file a complaint and civil action at the appropriate procedural moment (if there are damages and losses to be compensated), or else, as enshrined in the last paragraph of numeral 16 of the procedural code: “(…) In matters initiated by action of the Office of the Attorney General, it shall be considered a party and may exercise the same remedies that this Code grants to the Public Prosecutor’s Office”. Otherwise, if the P.G.R. is not a party in the criminal process, it cannot erroneously arrogate the condition of victim to claim standing to perform certain procedural acts on its own, since these are only authorized when one has the procedural condition of party. C) Regarding the specific case. In the matter under study, the P.G.R. did not constitute itself as a party, despite having submitted a brief in which it erroneously requested to be considered a victim (cf. folio 307 of the digital file), which means that the director of the criminal action is the Public Prosecutor's Office, as it involves a crime subject to public action. It is verified that the P.G.R. was duly informed of the acts that marked each procedural stage and in which it could have actively participated as a representative of the State to express its legal opinion: it was notified of the accusation (cf. folio 143), of the scheduling of the preliminary hearing (cf. folio 248), of the scheduling of the trial (cf. folio 332), and of the conciliation agreement reached between the defense and the Public Prosecutor's Office (cf. folio 366). However, it did not constitute itself as a complainant and civil plaintiff, did not appear at the preliminary hearing or the trial, nor did it comment on the conciliation agreed upon between the parties, which shows that its stance in the process was due to its decision not to participate in the case, despite having been informed of each procedural act. Now, it is in no way ignored that the P.G.R., in its role as the legal representative of the State, could have appeared at the trial, or at least, responded to the hearing granted by the trial court to state its position regarding the alternative measure being agreed upon between the parties; nevertheless, there was no pronouncement on the matter, so the rights of the P.G.R. to participate in a discussion where its opinion could have been assessed (the application of an alternative measure) were not violated. However, as the Public Prosecutor's Office was exclusively exercising the criminal action, it assumes the defense of state rights because diffuse interests are involved, the damage of which affects the community, meaning that the prosecuting body had the standing to make decisions on criminal prosecution during the trial stage. Consequently, in this case, the right of the P.G.R. to be informed about and intervene in the discussion of an alternative measure, in its capacity as legal representative of the victim, was not violated, because it was duly informed of the trial date and was made aware, within a period of three days, of the documents visible at folios 362 to 365, which prove the payment of the donation of five hundred thousand colones to the Nursing Home of the Santa María de Dota Area, meaning there is no defect in the alternative measure agreed upon by the Public Prosecutor's Office. By virtue of the foregoing, the third ground for cassation filed by the Office of the Attorney General is declared without merit, since the alternative measure to the conflict is considered to have been legally agreed upon by the entity exclusively exercising the criminal action, and in which the rights assisting the legal representative of the offended party not constituted as a procedural party were observed.\n\n IV. Cassation appeal by adhesion of the Public Prosecutor's Office. First ground. Claims "erroneous interpretation of a procedural legal precept: Article 18 of the Organic Law of the Public Prosecutor's Office" (cf. folio 38, the highlighting is removed). As a legal basis, it cites article 468, subsection b), of the Code of Criminal Procedure. It alleges that the ad quem inadmissibly dismissed the appeal of the prosecutorial body based on an erroneous interpretation of numeral 18 of the Organic Law of the Public Prosecutor's Office. It explains that said article gives the Public Prosecutor's Office the possibility that the hierarchical superior, through correction (enmienda), can "rectify the prosecutorial representation" (cf. folio 38) that a subordinate may have had in some proceeding within the criminal process, whether due to some omission or improper action. It cites the numeral under commentary and describes that according to a correct interpretation of said article, the assistant prosecutor (fiscal adjunto) can file appeals to correct an erroneous pronouncement or omission by a lower-ranking prosecutor, all of which it believes could even be unrelated to a matter of opinion, since the error may occur, for example, due to ignorance or carelessness of a prosecutor who does not oppose or does not offer some other condition for some type of alternative measure. It questions that the ad quem made an erroneous interpretation of article 18 of the Organic Law of the Public Prosecutor's Office because said numeral does empower the superior to correct the actions or omissions of the inferior, which causes harm because under that erroneous interpretation, the appeal of the prosecutorial body was declared inadmissible. It cites resolution 2022-317 of the Cassation Chamber, and reproaches the appeals court for giving a different interpretation to article 18 of the Organic Law of the Public Prosecutor's Office, establishing limitations that the norm does not establish, even saying that said norm "has a nomen iuris of 'Correction', but that it actually deals with two totally different situations" (cf. folio 39 of the physical file created for this purpose). As harm, it establishes that by disregarding article 18 of the Organic Law of the Public Prosecutor's Office, an appeal was filed for correction and the ad quem inadmissibly dismissed it, which harms the punitive claims of the Public Prosecutor's Office, which seeks to exercise the respective criminal action against the accused. As a petition, it requests to annul the appealed resolution and order a remand so that the appeal of the prosecutorial body is resolved.\n\n V. The first ground of cassation by adhesion of the prosecutorial body is declared with merit. The Public Prosecutor's Office filed an appeal against the resolution issued by the Criminal Court of Cartago that orders the definitive dismissal due to extinction of the criminal action (compliance with the conciliation agreement). Thus, the assistant prosecutor of Cartago, Jofrey Salas Fuentes, challenges this resolution alleging that, according to the provisions of article 18 of the Organic Law of the Public Prosecutor's Office, he has standing by hierarchical correction to appeal. For its part, the appeals court declared the appeal brief inadmissible and stated that article 439 of the procedural code provides that only the party that has not contributed through its actions to generating the defect it then intends to combat can appeal, and that in any case, the second paragraph of numeral 18 of the Organic Law of the Public Prosecutor's Office deals with a situation different from that of correction and what it authorizes is for the hierarchical superior to replace the prosecutor who had been handling the matter, or for another prosecutor to present the appeals that may be available: "(…) The situations in which it is possible to appeal are not simply reduced to succeeding in reversing what was decided by the court because the superior disagrees, as occurs in the present case, but rather, as correctly indicated by the Sentence Appeal Court of the Second Judicial Circuit of San José, in vote 1245-2021 of 2:50 p.m. on August 19, 2021: ‘…it may even be the case that the hierarchical superior withdraws the appeal that a lower-ranking representative had filed (article 445 of the Code of Criminal Procedure) or that it challenges a sentence in favor of the accused based on the principle of objectivity…’. The divergence of legal opinion between the superior and that expressed by the inferior during the hearings may not be considered an error if it is not based on non-compliance with the general guidelines previously issued by the institution, which again shows that not just any prosecutorial pronouncement or request can be subject to 'hierarchical correction' through a challenge, but only those 'that the law authorizes,' as provided by numeral 18 of the Organic Law of the Public Prosecutor's Office itself (…)." (cf. folio 12 verso and 13, the highlighting from the original text is removed). This Chamber, after having carried out a meticulous analysis of the cassation appeal filed by the Public Prosecutor's Office and the resolution of the ad quem, concludes that the appellant is correct, for the reasons set forth below. The procedural mechanism of hierarchical correction is regulated in article 18 of the Organic Law of the Public Prosecutor's Office, which enshrines the following: "The hierarchical superior may correct, by means of a reasoned opinion indicating the error or errors committed, the pronouncements or requests of the inferior, as long as the corresponding resolution has not been issued. Likewise, once these resolutions or any others have been issued, said superior may order another representative of the Public Prosecutor's Office to file the appeals that the law authorizes, or to take charge of the continuation of the procedure". This mechanism turns out to be a tool through which the prosecutorial body—according to the principles of unity of actions and hierarchical dependence—guarantees coherence in the way its officials act, who do so by delegation and dependence on the Attorney General (Fiscal General) (numeral 15 of the Organic Law of the Public Prosecutor's Office), and it is precisely because of that mandate that prosecutors, to intervene validly in a case, only need to appear (article 16 of the same legal body). From the foregoing, it is clear that numeral 18 of the Organic Law of the Public Prosecutor's Office empowers the hierarchical superior of the Public Prosecutor's Office to file the appeals deemed necessary to correct any error committed by subordinate personnel during the process. In this vein, this Chamber has considered that article 18 of the Organic Law of the Public Prosecutor's Office regulates three different hypotheses: 1) the one contained in the first paragraph, which provides for the possibility of correction by the superior prosecutor in those situations where, once the pronouncement or request has been issued by the inferior prosecutor, the superior intervenes before the jurisdictional body issues the corresponding resolution, for which they must indicate the errors incurred by the subordinate so that the judicial authority takes these aspects into account when deciding the case, 2) the one provided in the second paragraph, in which the pronouncement or request of the inferior prosecutor was made and the judicial authority made a decision, which can be challenged by the superior, and 3) once "these resolutions or any others" have been issued (as expressly stated in the numeral), the hierarchical superior may designate another representative of the Public Prosecutor's Office to formulate the appeals deemed pertinent. In addition to this, the Cassation Chamber has resolved the following, regarding the issue of grievance and the exercise of the criminal action: "(…) It is therefore clear that the possibility of correction remains against any pronouncement or request of a member of the prosecutorial entity if its Superior deems it pertinent and necessary. In summary, the basis given by the second-instance judge for not analyzing the disputed point is not valid, based on the argument that the Public Prosecutor's Office has no grievance (…) the non-existence of a grievance cannot in any way be established simply because the Prosecutor, in closing arguments, requested that the accused be freed from criminal liability; nor can it be equated to a lack of action or interest by the prosecutorial body, but rather it is a decision made after analyzing the evidence, which is not binding on them, therefore, the figure of hierarchical correction sought is applicable, meaning that the Public Prosecutor's Office continues to exercise the criminal action by legal imperative (…). Additionally, it must be remembered, first, that since the Code of Criminal Procedure (issued through Law No. 7594 published in Gazette No. 106 of June 4, 1996) and the Organic Law of the Public Prosecutor's Office (Law No. 7442 of October 25, 1994, but totally modified by Law No. 7728 of December 15, 1997) are laws of the Republic that enjoy the same rank, but the latter being later came to establish in the precept under commentary an exception to the requirement of needing a grievance, established in article 439 of the Code of Criminal Procedure, which provides: \"The parties may only challenge judicial decisions that cause them grievance, provided they have not contributed to provoking it. The appeal must be based on the reproach of defects that cause the impact...\". That is, in consideration of what is prescribed by article 18, the hierarchical superior would have the legal possibility to correct the actions of their subordinates, and therefore, file the appeals deemed pertinent, even when these originate from an error generated by the Public Prosecutor's Office. The contrary would be an excessively formalistic interpretation without practical sense, that is, to say that the superior's appeal is feasible and admissible, but then proceed to reject it on the grounds that there is no grievance, because the decision corresponds to what was requested, when what is precisely sought is a correction of that action that the superior considers erroneous. Certainly this prerogative of the Public Prosecutor's Office could be questioned or consulted from a constitutional point of view, for violating the principle of equality between the parties to the process; but as long as there is no pronouncement from the Constitutional Chamber ordering otherwise, the possibility that the hierarchical superior challenges—as here—resolutions to whose outcome the same prosecutorial entity contributed must be accepted". (Resolution number 2020-01718, of 12:23 p.m. on December 17, 2020, issued by the Cassation Chamber and signed by judges Jesús Ramírez, Patricia Solano, Álvaro Burgos, Gerardo Rubén Alfaro, and Sandra Eugenia Zúñiga). Similarly, this Chamber has considered that hierarchical correction constitutes a means by which the prosecutorial body corrects inconsistencies that may arise in the exercise of the criminal action, since there is a public interest at stake: "(…) Just as occurred in the particular case, assistant prosecutor Laura Monge Cantero ordered to correct what was done by the inferior prosecutor who attended the adversarial hearing and authorized the appeals prosecutor (fiscal de impugnaciones), Adriana Chaves Redondo, to file an appeal, and now both professionals have filed a cassation appeal against what was decided by the ad quem. According to the cited vote, it can then be concluded that, in this instance, the error alleged by the appellants remains, as the analysis, the reasoning, and the conclusion of the appeals court are incorrect. It is not acceptable to argue that no grievance has been caused; it must be remembered that the Public Prosecutor's Office does not act as just another private subject within the process, but rather it protects a public interest, therefore, it is not appropriate on that basis to decide not to analyze the merits of the appeal filed; clearly this assertion is fallacious, because facts are accused and not legal classifications, therefore, the fact that a factual scenario was erroneously legally classified does not determine that it should not be studied, in each particular case, whether the described events contain or do not contain the description of another or other criminal figures, as occurs in this case.

It is clear that the accusatory instrument of the Public Prosecutor's Office was elevated to trial by the judge of the intermediate stage, and therefore came to be heard by the jurisdictional body, with a public interest at stake, so that a resolution would be issued as legally appropriate, in accordance with the assessment of the evidence, under the rules of sound rational criticism; therefore, it is not appropriate to conclude that there is no grievance for the prosecuting body due to the fact that the criminal event was classified incorrectly. It should not be overlooked that, precisely, it is in the face of this type of inconsistencies presented in the exercise of the criminal action that the grievance for the prosecutorial representation is generated, a representation that has this means of correction, provided by the criminal procedural system itself. The figure of the hierarchical amendment (enmienda jerárquica) sought is clearly applicable, because Article 18 of the Organic Law of the Public Prosecutor's Office (Ley Orgánica del Ministerio Público) must be interpreted systematically, relating it to the content of numeral 439 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal), so that—aside from the abstract power implied by the hierarchical amendment (enmienda jerárquica)—in the sub lite, it is legally viable to consider a grievance as established in the setting of the criminal dosimetry; sufficient reason to accept the claim brought by the criminal actor through the ordinary challenge route, for which reason the ground is declared with merit (…)”. (Resolution number 2022-00317, of 4:28 p.m. on March 18, 2022, issued by the Criminal Cassation Chamber. The panel of magistrates consisted of Jesús Ramírez, Álvaro Burgos, Sandra Eugenia Zúñiga, William Serrano, and Rosa Acón). The Public Prosecutor's Office is the State body responsible for objectively exercising the criminal action, and its actions are governed by hierarchical dependency. This implies that prosecutors depend on the guidelines or instructions issued by the Office of the Attorney General (Fiscalía General de la República) for the performance of their duties. In this way, and always respecting the principle of legality, there is a system of orders or instructions that must be followed to give a unified action to the prosecuting body (which is unique for the entire country) and to avoid a disparate or even abusive exercise of the criminal action. This unity of action is achieved by all prosecutors following the same legal line in their work, and this unification of criteria is also achieved through mechanisms such as the institution of hierarchical amendment (enmienda jerárquica), which, as has been explained, seeks to correct an erroneous action by a lower-ranking prosecutor, which is expressly provided for in Article 18 of the Organic Law of the Public Prosecutor's Office (Ley Orgánica del Ministerio Público). Therefore, the legal criterion of the ad quem to declare inadmissible the appeal filed by the prosecutorial body based on the consideration that said numeral does not empower the hierarchical superior to challenge is not correct, since, on the contrary, this article expressly provides for the possibility that the superior orders the filing of the remedies that the law authorizes once the resolutions have been issued by the jurisdictional authority. And although this Chamber considers that a simple divergence of legal criterion between the superior and that which the inferior may have expressed during the hearings does not per se justify a hierarchical amendment (enmienda jerárquica) that legitimizes a challenge, since it must be grounded on the non-compliance with the general directives previously established by the institution, as contemplated by the same Article 18 of the Organic Law of the Public Prosecutor's Office (Ley Orgánica del Ministerio Público), in the present case, the inadmissibility of the appeal was based mainly on the criterion that the article in question does not empower the superior to challenge by hierarchical amendment (enmienda jerárquica) and that Article 439 of the procedural code limits the possibility of appeal to the party that has contributed to causing the grievance, which raises an interpretation that ignores that it is the duty of the Public Prosecutor's Office to promote criminal proceedings in accordance with the Political Constitution and the law, informing, issuing opinions, opposing, or duly exercising the criminal action through the strictest respect for the rights and guarantees of the parties. Therefore, the hierarchical amendment (enmienda jerárquica) implies a monitoring of the legality with which the prosecuting body acts. The reading of Article 18 of the Organic Law is clear in establishing the possibility for the superior to amend the action of the lower-ranking prosecutor once the resolution has been issued through the remedies that the law allows, given that there is a public interest whose objective defense has been entrusted to the Public Prosecutor's Office. By virtue of the foregoing, the first ground of cassation of the Public Prosecutor's Office is declared with merit, because an erroneous application of a procedural precept concerning the hierarchical amendment (enmienda jerárquica) has been verified, and consequently, resolution number 2025-024, of 11:00 a.m. on January 17, 2025, issued by the Criminal Sentence Appeals Tribunal of Cartago, First Section, is partially annulled insofar as it declares inadmissible the challenge of the prosecuting body, and the matter is ordered to be remanded to the appellate court so that, with a new panel composition, it proceeds to hear the appeal filed by the Public Prosecutor's Office.

VI. Second ground of the challenge brief upon joinder by the Public Prosecutor's Office. Alleges "disregard of a procedural legal precept: serious errors in the logical construction of the grounds" (cf. folio 39, highlighting removed). As a legal basis, it cites articles 142 and 468 subsection b) of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal). It claims that there is a serious error in the reasoning when the ad quem justifies the inadmissibility of the appeal of the Public Prosecutor's Office under a very limited and strict reasoning that is not derived from Article 18 of the Organic Law of the Public Prosecutor's Office (Ley Orgánica del Ministerio Público), pointing out that the amendment deals with different scenarios than those stated in said numeral. It quotes an excerpt from what was resolved by the appellate court and indicates that, incorrectly and contrary to the ontological spirit of the norm, the ad quem limits the use of the power to amend a prosecutorial action, even though the numeral does not establish any limitation, which disregards that through a logical interpretation, the Public Prosecutor's Office can correct the action or omission of the prosecutor with lower hierarchy; that is, it considers that Article 18 of the Organic Law of the Public Prosecutor's Office (Ley Orgánica del Ministerio Público) does not deal with a scenario different from that of the amendment, as interpreted by the appeals tribunal. Furthermore, it argues that the ad quem cannot "(…) disqualify the application of a norm under the erroneous argument that the scenarios are different from the nomen iuris, because by doing so it would be entering into a function that does not correspond to it and incurring in reasoning that is not derived from the spirit of said procedural norm (…)" (cf. folio 40). It reiterates that there is a serious error in the reasoning of the appeals tribunal by generalizing the alleged defects and extracting or deriving situations that the institution of hierarchical amendment (enmienda jerárquica) provided for in Article 18 of the Organic Law of the Public Prosecutor's Office (Ley Orgánica del Ministerio Público) does not establish, all of which generated a grievance for the prosecutorial body when its appeal by amendment is declared inadmissible. It relates that this disregard of procedural norms relating to due reasoning substantially affected the claim and position of the Public Prosecutor's Office in this matter, which produces the impunity of the accused under an illegitimate basis and prejudice to the punitive claims of the prosecutorial body when the filed appeal is declared inadmissible. Third ground of cassation upon joinder. Challenges the "existence of contradictory precedents issued by the Criminal Sentence Appeals Tribunals with respect to those issued by the Criminal Cassation Chamber: on the scope of the hierarchical amendment of Article 18 of the Organic Law of the Public Prosecutor's Office" (cf. folio 40 verso, highlighting removed). As a legal basis, it cites Article 468 subsection a) of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal). It explains that there are contradictory precedents regarding the topic of the hierarchical amendment (enmienda jerárquica) and its scope, which is evident in what was resolved by the ad quem and other resolutions, for which reason it seeks uniformity of criteria. It mentions that the appeals tribunal considers that Article 18 of the Organic Law of the Public Prosecutor's Office (Ley Orgánica del Ministerio Público) does not regulate the scenarios where the assistant prosecutor (fiscal adjunto) does not agree with the legal interpretation of the lower-ranking prosecutor, which it supports with Article 14 of the same organic law, because according to the ad quem's criterion, the only thing that binds the lower-ranking prosecutor are the general instructions that must be followed, since in oral hearings they have freedom of criterion. It quotes an excerpt from the resolution it challenges and from ruling 2021-1245, of 2:50 p.m. on August 19, 2021, issued by the Criminal Sentence Appeals Tribunal of the Second Judicial Circuit of San José, and mentions that in both resolutions it is inferred that there is a restricted criterion regarding the interpretation or scope of the hierarchical amendment (enmienda jerárquica) by the assistant prosecutor (fiscal adjunto), a criterion that contrasts with other resolutions in which it is not considered that there are such limitations for the prosecutor in charge to "rectify" an erroneous legal act by the inferior. For example, it indicates that the Cassation Chamber has expressed a criterion in which, based on Article 18 of the Organic Law of the Public Prosecutor's Office (Ley Orgánica del Ministerio Público), the prosecutorial body does have the power to challenge, by means of the amendment, some error of the lower-ranking prosecutor, because Article 18 of the cited law offers three possibilities to rectify an erroneous prosecutorial act. It quotes resolution 2020-01718, of 12:23 p.m. on December 17, 2020, issued by the Criminal Cassation Chamber, and explains that the Third Chamber confirmed in this ruling the power of the Public Prosecutor's Office for the assistant prosecutor (fiscal adjunto) to "reverse an incorrect position of the inferior prosecutor through the hierarchical amendment (enmienda jerárquica)" (cf. folio 43). It quotes resolution 2022-317 of the Criminal Cassation Chamber, and mentions that through this pronouncement, resolution 2012-1245 of the Appeals Tribunal of the Second Judicial Circuit of San José was annulled, which as indicated supra establishes a different legal criterion, which it considers evidence that in similar situations, matters have been resolved differently, that is, interpreting the topic of the hierarchical amendment (enmienda jerárquica) differently. From its perspective, the position that the Criminal Cassation Chamber has been maintaining (in resolutions 2020-01718 and 2022-317) is the one that should be maintained, because due to its legal and ontological nature, the institution of the amendment regulated in Article 18 of the Organic Law of the Public Prosecutor's Office (Ley Orgánica del Ministerio Público) becomes an option for the prosecutorial body to be able to rectify the criminal action that another lower-ranking prosecutor has not exercised correctly, either by action or omission. As a grievance, it establishes that when the ad quem declares the appeal of the Public Prosecutor's Office inadmissible, the punitive claims of the prosecutorial body in the specific case were harmed. As a petition, it requests that the resolution it challenges be annulled and that the matter be remanded so that the appeal filed by the Public Prosecutor's Office by hierarchical amendment (enmienda jerárquica) is resolved. Given that this Chamber is declaring with merit the first ground of cassation upon joinder of the Public Prosecutor's Office regarding the erroneous application of Article 18 of the Organic Law of the Public Prosecutor's Office (Ley Orgánica del Ministerio Público) concerning the hierarchical amendment (enmienda jerárquica), a pronouncement is omitted with respect to the second and third grounds of cassation upon joinder raised by the prosecutorial body, in which a serious error in the logical construction of the reasoning and the existence of contradictory precedents are challenged, both based on the interpretation that the appeals tribunal gave to said numeral to declare the appeal of the prosecuting body inadmissible, making it unnecessary to issue a criterion if the objection has been upheld.

Por tanto:

The third ground of cassation filed by the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) is declared without merit. The first ground of the cassation appeal upon joinder outlined by the Public Prosecutor's Office is declared with merit, therefore resolution number 2025-024, of 11:00 a.m. on January 17, 2025, issued by the Criminal Sentence Appeals Tribunal of Cartago, First Section, is partially annulled insofar as it declares inadmissible the challenge of the prosecutorial body, and the matter is ordered to be remanded to the appellate court so that, with a new panel composition, it proceeds to hear the appeal filed by the Public Prosecutor's Office. Due to the manner in which this ground is resolved, a pronouncement is omitted regarding the second and third grounds of cassation upon joinder of the prosecuting body. Notifíquese.

Patricia Solano C.

Gerardo Rubén Alfaro V.

Sandra Eugenia Zúñiga M.

Aisen Herrera L.
Substitute Magistrate

Giovanni Mena A.
Substitute Magistrate

LQUIROSG (257-3 / 7-3-25)

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It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 09:39:13.

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