Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)De esta forma, el órgano de apelación ordenó el reenvío para que se discutiera el monto por el concepto de daños y la condena en costas, concretamente señaló el vicio de la siguiente manera: “…Dicho aspecto específico, relativo a la forma de cálculo del daño ambiental a la luz de la absolutoria por la acción de tala en el bosque de origen (y su reflejo en el rubro total de condena), fue impugnado de forma escueta, pero comprensible. Al constarse un yerro de motivación omisa al respecto en la sentencia de alzada, que no repara en el detalle de los rubros incluidos en el cálculo total de la valoración por daño ambiental, se acoge parcialmente el primer reclamo de apelación de sentencia, únicamente en lo que toca a la determinación del monto total de la condena civil por daño ambiental…”
Nada de lo anterior sucede en el asunto que nos ocupa. Pese a que el tribunal de apelación decidió sobre la condena civil y penal, esto no es lo que recurre la casacionista, sino que reclama la decisión del ad quem de ordenar un reenvío porque a su criterio inobservó las normas sustantivas para arribar a dicha conclusión. Así que los reclamos no se dirigen a cuestionar los aspectos consolidados, por el contrario, la casacionista objeta sobre lo que se podrá discutir en el juicio de reenvío que se ordenó por el tribunal de apelación de sentencia penal.
Por tanto:
Se declara inadmisible el recurso de casación formulado por la licenciada Zaray Chavarría Prado, representante de la Procuraduría General de la República. Notifíquese.
English (translation)Thus, the appellate court ordered a remand for redetermination of the amount of damages and costs, specifically noting the defect as follows: ‘…This specific aspect, relating to the method of calculating environmental damage in light of the acquittal for the action of logging in the native forest (and its reflection in the total award), was impugned succinctly but understandably. Upon finding an error of omitted reasoning in the trial judgment, which fails to examine the detail of the items included in the total environmental damage assessment, the first ground of the sentence appeal is partially upheld, solely as regards the determination of the total amount of the civil award for environmental damage…’
None of this occurs in the case before us. Even though the appellate court ruled on the civil and criminal conviction, that is not what the appellant challenges; rather, she disputes the appellate court’s decision to order a remand, arguing that it disregarded substantive norms in reaching that conclusion. Thus, the complaints do not challenge the consolidated aspects; on the contrary, the appellant objects to matters that may be litigated in the remand trial ordered by the criminal appeals court.
Therefore:
The cassation appeal filed by attorney Zaray Chavarría Prado, representing the Attorney General’s Office, is declared inadmissible. Let this be notified.
Inadmissible
Grande Normal Pequeña Sala Tercera de la Corte Resolución Nº 00069 - 2026 Fecha de la Resolución: 15 de Enero del 2026 a las 14:17 Expediente: 20-001673-0061-PE Redactado por: Marianela Corrales Pampillo Clase de asunto: Recurso de casación Analizado por: SALA DE CASACIÓN PENAL Sentencias del mismo expediente Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Texto de la resolución Exp: 20-001673-0061-PE Res: 2026-00069 SALA DE CASACIÓN PENAL. San José, a las catorce horas diecisiete minutos del quince de enero de dos mil veintiséis. Visto el recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 002] y otros, por el delito de Infracción a la Ley Forestal, cometido en perjuicio de Los Recursos Naturales; y, Considerando: I. La licenciada Zaray Chavarría Prado, en su condición de procuradora penal, en escrito visible de folios 224 frente a 234 vuelto, formula recurso de casación en contra de la sentencia N° 2025-0316, de las 09:55 horas del 08 de abril del 2025, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Especializado en Delincuencia Organizada (en funciones de Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela), que declaró: “…parcialmente con lugar el primer motivo de la impugnación formulada por la defensa técnica, en lo que toca al monto de la condena por concepto de daño moral. En consecuencia, se anula en forma parcial la sentencia N° 04-P-2025, dictada por el Tribunal Penal de Puntarenas, a las 14:05 horas del 7 de enero de 2025, única y exclusivamente en lo que respecta al monto otorgado por concepto de daño ambiental y el monto de condena en costas relativos al ejercicio de la acción civil resarcitoria. Se dispone la celebración de juicio de reenvío para que, con integración diversa, se sustancien nuevamente los extremos puntuales antes indicados. En lo restante, se mantiene incólume la condena penal y civil…” (cfr. f. 211 frente) . II. Como preámbulo de su gestión, la recurrente transcribe la base fáctica que se tuvo como probada en el presente caso. En su primer motivo, alega la inobservancia de los artículos 101 de la Ley Orgánica del Ambiente; 109 y 110 de la Ley de Biodiversidad en relación con el numeral 3 de la Ley Forestal, “…al ordenar el reenvío para valorar el monto de la pena por tala, inaplicando la normativa sustantiva que impone la reparación integral del daño ambiental…” (cfr. f. 229 frente). Considera la petente que la decisión del tribunal de apelación inobservó las normas sustantivas ambientales con relación a la responsabilidad civil objetiva y solidaria. Según la gestionante, el numeral 3 de la Ley Forestal establece que constituye aprovechamiento maderable no solo la tala, sino también la eliminación o utilización de árboles caídos. Este último aspecto se tiene por acreditado en la presente causa y en razón de ello, el ad quem mantiene la condena penal y la civil parcialmente. Agrega que las normas antes mencionadas obligan a reconocer la reposición del árbol como parte del daño ambiental, incluso si no existiera condena penal por tala, al no ser posible fragmentar la afectación ambiental, debido a que el daño se produce en función de la alteración del equilibrio ecológico y no de la calificación penal individual de cada conducta. Continúa transcribiendo en su literalidad el numeral 101 de la Ley Orgánica del Ambiente y 109 y 110 de la Ley de Biodiversidad. Reclama que el órgano de apelación debió resolver el cuestionamiento civil conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico y no disponer de reenvío que retrasa la retribución económica por el agravio ambiental causado. Desde su óptica, la decisión del tribunal de segunda instancia se basó en un agravio escueto, no técnico y desnaturalizó el principio de reparación ambiental plena. Acota que la existencia del árbol caído fue una condición necesaria e indispensable para que los endilgados realizaran el aprovechamiento y la ejecución de este sin autorización, provocando una afectación al ecosistema cuya reparación ahora se reclama. Como sustento de su alegato, menciona el voto N° 2022-00437, de las 16:46 horas del 22 de abril del 2022 emitido por esta Sala de Casación Penal, que respalda la afirmación de que solamente es necesario acreditar la existencia del daño y el nexo causal para mantener la condena penal y civil, como sucedió en este caso. Señala que el fallo impugnado generó un agravio, al afectar directamente el interés colectivo y prolongar innecesariamente la reparación de este. Adiciona que, pese a reconocer expresamente que los imputados incurrieron en un aprovechamiento ilegal del árbol caído y con ello provocaron una afectación ambiental, omitieron aplicar las consecuencias derivadas de ese hecho. Culmina indicando que: “…El agravio es trascendente, ya que el reenvío dispuesto por el tribunal de apelación no se apoya en la inexistencia de prueba, falta de fundamentación ni en una nulidad procesal, sino en una premisa jurídica incorrecta: que la reposición del árbol requiere condena penal por tala, lo cual inobserva el contenido material del artículo 3 de la Ley Forestal y desnaturaliza el régimen de responsabilidad ambiental objetiva y solidaria. Lo que implicó, en consecuencia, una inobservancia del derecho sustantivo (…)” (cfr. f. 232 vuelto). Solicita se declare con lugar el reproche incoado y se anule la sentencia impugnada. En su segundo motivo, reclama la inobservancia de los artículos 101 de la Ley Orgánica del Ambiente y los preceptos 109 y 110 de la Ley de Biodiversidad con relación al artículo 3 de la Ley Forestal. Refiere que el tribunal de segunda instancia anuló parcialmente el monto de la condena en costas relativas al ejercicio de la acción civil resarcitoria, sin realizar una valoración específica de aquellas. Acota que este defecto es reflejo de la inobservancia expuesta en el primer motivo, ya que se anula parcialmente el efecto accesorio de la condena, sin que existiera justificación legal para ello. Por lo expuesto, asegura la casacionista que el tribunal de apelación lesiona “…el derecho del Estado costarricense a obtener ese monto correspondiente derivado del ejercicio de la acción civil por todo el daño ambiental, lo que genera un perjuicio económico concreto…” (cfr. f. 233 vuelto). Determina que con la decisión del órgano de alzada se le impide, como representación del Estado, ejecutar de forma inmediata el monto reconocido por las costas derivado del daño ambiental. Peticiona se declare con lugar el reclamo, se anule parcialmente la sentencia recurrida, únicamente en cuanto al reenvió. III. Los reclamos se resuelven en conjunto debido a los motivos de inadmisibilidad del recurso. Una vez analizados los reproches formulados por la licenciada Zaray Chavarría Prado, en su condición de procuradora penal, determina esta Cámara que los mismos incumplen los presupuestos de impugnabilidad objetiva que regula la ordenanza procesal penal. Como aspecto central, debe de tenerse en consideración que el recurso de casación está cubierto por una serie de requisitos formales que el Código Procesal Penal prevé. El numeral 437 ibidem, determina que este medio de impugnación sólo procederá en contra de las resoluciones dictadas por los tribunales de apelación de sentencia penal, que confirmen total o parcialmente la sentencia de juicio o resuelvan en definitiva la situación jurídica de las partes. Es posible deducir de la norma en cita, que la casación se encuentra autorizada para examinar aquellas resoluciones dictadas por el órgano de segunda instancia que cumplan con alguno de los dos supuestos indicados. En el caso en cuestión, el ad quem, declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto y dispuso en su parte dispositiva, lo siguiente: “…se anula en forma parcial la sentencia n° 04-P-2025, dictada por el Tribunal Penal de Puntarenas, a las 14:05 horas del 7 de enero de 2025, única y exclusivamente en lo que respecta al monto otorgado por concepto de daño ambiental y el monto de condena en costas relativos al ejercicio de la acción civil resarcitoria. Se dispone la celebración de juicio de reenvío para que, con integración diversa, se sustancien nuevamente los extremos puntuales antes indicados. En lo restante, se mantiene incólume la condena penal y civil…” (cfr. f. 211). De esta forma, el órgano de apelación ordenó el reenvío para que se discutiera el monto por el concepto de daños y la condena en costas, concretamente señaló el vicio de la siguiente manera: “…Dicho aspecto específico, relativo a la forma de cálculo del daño ambiental a la luz de la absolutoria por la acción de tala en el bosque de origen (y su reflejo en el rubro total de condena), fue impugnado de forma escueta, pero comprensible. Al constarse un yerro de motivación omisa al respecto en la sentencia de alzada, que no repara en el detalle de los rubros incluidos en el cálculo total de la valoración por daño ambiental, se acoge parcialmente el primer reclamo de apelación de sentencia, únicamente en lo que toca a la determinación del monto total de la condena civil por daño ambiental…” (cfr. f. 210 vuelto); evidenciándose que el ad quem consideró una falta de fundamentación sobre un punto en especifico y es esa la razón por la que declaró parcialmente con lugar el recurso interpuesto. Esta Sala de Casación Penal en ocasiones excepcionales, ha admitido recursos de casación contra sentencias que dispongan un reenvío parcial, siempre y cuando, estas hubieren consolidado alguna situación jurídica que cause agravio para la parte y que no tuviera oportunidad de discutirlo en una instancia superior. Al respecto, esta Cámara ha dicho: «…Bajo dicha doctrina se perfila una excepción a la fórmula general de admisibilidad del recurso de casación estatuida en el artículo 467 del Código Procesal Penal, de modo que (…) será posible cuestionar en sede de casación aquellas sentencias dictadas por los tribunales de apelación de sentencia que, resolviendo algunos extremos sometidos a su conocimiento, prejuzguen sobre algún punto en específico, consolidando una situación jurídica, la cual, de no ser susceptible de ser revisada en casación, quedaría desprovista de cualquier tipo de control por la vía recursiva. En tales eventos, pese a que el ad quem no ha resuelto “en definitiva”, ya sea porque ordena un reenvío, o bien, decreta la inadmisibilidad del recurso de apelación de sentencia, ineluctablemente consolida para las partes una situación jurídica…» (voto N° 2023-01024, de las 10:04 horas del 09 de noviembre del 2023, Sala integrada por el magistrado Gerardo Rubén Alfaro y las magistradas Patricia Solano, Patricia Vargas, Rosa Acón y Cynthia Dumani). Nada de lo anterior sucede en el asunto que nos ocupa. Pese a que el tribunal de apelación decidió sobre la condena civil y penal, esto no es lo que recurre la casacionista, sino que reclama la decisión del ad quem de ordenar un reenvío porque a su criterio inobservó las normas sustantivas para arribar a dicha conclusión. Así que los reclamos no se dirigen a cuestionar los aspectos consolidados, por el contrario, la casacionista objeta sobre lo que se podrá discutir en el juicio de reenvío que se ordenó por el tribunal de apelación de sentencia penal. Dicho de otra forma, las circunstancias jurídicas que se consolidaron a través de la sentencia impugnada no son debatidas por la casacionista. Por lo que, con base en las consideraciones expuestas, se desprende que el recurso formulado por la procuradora penal carece de los requisitos de impugnabilidad objetiva establecidos en el numeral 467 del Código Procesal Penal. Así las cosas, al tenor de los artículos 467 y 471 del Código Procesal Penal, se declara inadmisible el recurso interpuesto la licenciada Zaray Chavarría Prado. Por tanto: Se declara inadmisible el recurso de casación formulado por la licenciada Zaray Chavarría Prado, representante de la Procuraduría General de la República. Notifíquese. Gerardo Rubén Alfaro V. Patricia Vargas G. Rafael Segura B. Marianela Corrales P. Magistrada suplente Giovanni Mena A. Magistrado suplente Int: 588-1/1-1-25 Sleivaa Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:38:50. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Sala Tercera de la Corte Resolution No. 00069 - 2026 Resolution Date: 15 de Enero del 2026 at 14:17 Expediente: 20-001673-0061-PE Drafted by: Marianela Corrales Pampillo Type of Matter: Recurso de casación Analyzed by: SALA DE CASACIÓN PENAL Sentences from the same case file Sentence with protected data, in accordance with current regulations Text of the Resolution Exp: 20-001673-0061-PE Res: 2026-00069 SALA DE CASACIÓN PENAL. San José, at fourteen hours and seventeen minutes on the fifteenth of January of two thousand twenty-six. Having reviewed the recurso de casación filed in this case against [Name 002] and others, for the crime of Violation of the Ley Forestal, committed to the detriment of Natural Resources; and, Considering: I. Attorney Zaray Chavarría Prado, in her capacity as criminal prosecutor (procuradora penal), in a brief appearing on folios 224 front to 234 back, files a recurso de casación against judgment No. 2025-0316, issued at 09:55 hours on 08 de abril del 2025, by the Tribunal de Apelación de Sentencia Especializado en Delincuencia Organizada (acting as the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal of the Third Judicial Circuit of Alajuela), which declared: “…partially with merit the first ground of the appeal filed by the technical defense, regarding the amount of the award for moral damages (daño moral). Consequently, judgment No. 04-P-2025, issued by the Tribunal Penal de Puntarenas, at 14:05 hours on 7 de enero de 2025, is partially annulled, solely and exclusively with respect to the amount granted for environmental damage (daño ambiental) and the amount of the cost award (condena en costas) related to the exercise of the civil action for damages. A hearing de novo (juicio de reenvío) is ordered so that, with a different panel, the specific points indicated above are heard again. In all other respects, the criminal and civil judgment remains unchanged…” (cf. f. 211 front). II. As a preamble to her filing, the appellant transcribes the factual basis that was proven in this case. In her first ground, she alleges the disregard of articles 101 of the Ley Orgánica del Ambiente; 109 and 110 of the Ley de Biodiversidad in relation to numeral 3 of the Ley Forestal, “…by ordering a hearing de novo (reenvío) to assess the amount of the penalty for felling (tala), disapplying the substantive law that imposes comprehensive reparation for environmental damage…” (cf. f. 229 front). The petitioner considers that the appellate court's decision disregarded substantive environmental norms related to strict and joint and several civil liability. According to the petitioner, numeral 3 of the Ley Forestal establishes that timber harvesting (aprovechamiento maderable) constitutes not only felling (tala), but also the elimination or use of fallen trees. This last aspect is taken as proven in this case and, by reason of it, the ad quem maintains the criminal and civil judgment partially. She adds that the aforementioned norms oblige the recognition of tree replacement as part of the environmental damage, even if there were no criminal conviction for felling (tala), as the environmental impact cannot be fragmented, given that the damage occurs as a function of the alteration of the ecological balance and not the individual criminal classification of each conduct. She continues transcribing in full numeral 101 of the Ley Orgánica del Ambiente and 109 and 110 of the Ley de Biodiversidad. She claims that the appellate body should have resolved the civil challenge in accordance with the legal system and not ordered a hearing de novo (reenvío) that delays the economic compensation for the environmental harm caused. From her perspective, the second-instance court's decision was based on a brief, non-technical grievance and distorted the principle of full environmental reparation. She notes that the existence of the fallen tree was a necessary and indispensable condition for the defendants to carry out the harvesting (aprovechamiento) and its execution without authorization, causing an impact on the ecosystem whose reparation is now being claimed. In support of her argument, she mentions vote No. 2022-00437, issued at 16:46 hours on 22 de abril del 2022 by this Sala de Casación Penal, which supports the assertion that it is only necessary to prove the existence of the damage and the causal link to uphold the criminal and civil judgment, as happened in this case. She points out that the challenged decision caused a grievance, by directly affecting the collective interest and unnecessarily prolonging its reparation. She adds that, despite expressly recognizing that the accused engaged in illegal harvesting (aprovechamiento) of the fallen tree and thereby caused environmental impact, they omitted to apply the consequences derived from that fact. She concludes by stating that: “…The grievance is significant, since the hearing de novo (reenvío) ordered by the appellate court is not based on a lack of evidence, lack of reasoning, or a procedural nullity, but on an incorrect legal premise: that the replacement of the tree requires a criminal conviction for felling (tala), which disregards the material content of article 3 of the Ley Forestal and distorts the system of strict and joint and several environmental liability. This consequently entailed a disregard of substantive law (…)” (cf. f. 232 back). She requests that the objection raised be declared with merit and that the challenged judgment be annulled. In her second ground, she claims the disregard of articles 101 of the Ley Orgánica del Ambiente and precepts 109 and 110 of the Ley de Biodiversidad in relation to article 3 of the Ley Forestal. She states that the second-instance court partially annulled the amount of the cost award (condena en costas) related to the exercise of the civil action for damages, without conducting a specific assessment of them. She notes that this defect is a reflection of the disregard set forth in the first ground, since the accessory effect of the judgment is partially annulled without legal justification. For the foregoing, the cassation appellant asserts that the appellate court harms “…the right of the Costa Rican State to obtain that corresponding amount derived from the exercise of the civil action for all the environmental damage, which generates a specific economic loss…” (cf. f. 233 back). She determines that the decision of the appellate body prevents her, as the State’s representative, from immediately executing the amount recognized for costs derived from the environmental damage. She petitions that the claim be declared with merit, and that the appealed decision be partially annulled, solely regarding the hearing de novo (reenvío). III. The claims are resolved jointly due to the grounds for inadmissibility of the recurso. Having analyzed the objections raised by Attorney Zaray Chavarría Prado, in her capacity as criminal prosecutor (procuradora penal), this Chamber determines that they fail to meet the objective challengeability requirements regulated by the criminal procedural ordinance. As a central aspect, it must be considered that the recurso de casación is covered by a series of formal requirements that the Código Procesal Penal provides. Numeral 437 thereof determines that this means of challenge shall only proceed against resolutions issued by the tribunals of appeal of criminal judgment, that totally or partially confirm the trial judgment or definitively resolve the legal situation of the parties. It is possible to deduce from the cited norm, that the recurso de casación is authorized to examine those resolutions issued by the second-instance body that meet one of the two indicated assumptions. In the case at hand, the ad quem declared the appeal filed partially with merit and ordered in its operative part, the following: “…judgment No. 04-P-2025, issued by the Tribunal Penal de Puntarenas, at 14:05 hours on 7 de enero de 2025, is partially annulled, solely and exclusively with respect to the amount granted for environmental damage (daño ambiental) and the amount of the cost award (condena en costas) related to the exercise of the civil action for damages. A hearing de novo (juicio de reenvío) is ordered so that, with a different panel, the specific points indicated above are heard again. In all other respects, the criminal and civil judgment remains unchanged…” (cf. f. 211). Thus, the appellate body ordered a hearing de novo (reenvío) to discuss the amount for damages and the cost award (condena en costas), specifically pointing out the defect as follows: “…This specific aspect, relating to the method of calculating environmental damage in light of the acquittal for the action of felling (tala) in the forest of origin (and its reflection in the total award item), was challenged in a brief but understandable manner. As an error of omitted reasoning in this regard is observed in the appealed judgment, which does not address the detail of the items included in the total calculation of the environmental damage valuation, the first claim of the appeal of the judgment is partially granted, solely with respect to the determination of the total amount of the civil judgment for environmental damage…” (cf. f. 210 back); evidencing that the ad quem considered a lack of reasoning on a specific point and that is the reason why it partially granted the appeal filed. This Sala de Casación Penal, on exceptional occasions, has admitted recursos de casación against judgments ordering a partial hearing de novo (reenvío), provided that these have consolidated some legal situation that causes grievance to the party and that the party had no opportunity to discuss in a higher instance. In this regard, this Chamber has stated: «…Under this doctrine, an exception to the general admissibility formula for the recurso de casación established in article 467 of the Código Procesal Penal emerges, so that (…) it will be possible to challenge, in cassation, those judgments handed down by the tribunals of appeal of judgment that, resolving some issues submitted to their consideration, prejudge a specific point, consolidating a legal situation which, if not susceptible to review in cassation, would be deprived of any type of control through the appeals process. In such events, although the ad quem has not resolved “in definitively,” either because it orders a hearing de novo (reenvío), or because it decrees the inadmissibility of the appeal of judgment, it inevitably consolidates a legal situation for the parties…» (vote No. 2023-01024, issued at 10:04 hours on 09 de noviembre del 2023, Chamber composed of Judge Gerardo Rubén Alfaro and Judges Patricia Solano, Patricia Vargas, Rosa Acón, and Cynthia Dumani). None of the foregoing occurs in the matter before us. Despite the fact that the appellate court decided on the civil and criminal judgment, this is not what the cassation appellant appeals; rather, she challenges the ad quem’s decision to order a hearing de novo (reenvío) because, in her view, it disregarded the substantive norms to reach that conclusion. Thus, the claims are not directed at challenging the consolidated aspects; on the contrary, the cassation appellant objects to what may be discussed in the hearing de novo (juicio de reenvío) that was ordered by the criminal judgment appeal tribunal. In other words, the legal circumstances that were consolidated through the challenged judgment are not debated by the cassation appellant. Therefore, based on the considerations set forth, it is evident that the recurso filed by the criminal prosecutor (procuradora penal) lacks the objective challengeability requirements established in numeral 467 of the Código Procesal Penal. Consequently, pursuant to articles 467 and 471 of the Código Procesal Penal, the recurso filed by Attorney Zaray Chavarría Prado is declared inadmissible. Por tanto: The recurso de casación filed by Attorney Zaray Chavarría Prado, representative of the Procuraduría General de la República, is declared inadmissible. Notify. Gerardo Rubén Alfaro V. Patricia Vargas G. Rafael Segura B. Marianela Corrales P. Magistrada suplente Giovanni Mena A. Magistrado suplente Int: 588-1/1-1-25 Sleivaa It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 09:38:50. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República