Res. 00193-2026 Sala Tercera de la Corte — Transporting timber without documentation is a crime even if origin is unprovenTransporte de madera sin documentación es delito aunque no se demuestre origen

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Sala Tercera de la Corte

Resolución Nº 00193 - 2026

Fecha de la Resolución: 05 de Febrero del 2026 a las 12:40

Expediente: 24-000282-1261-PE

Redactado por: Marianela Corrales Pampillo

Clase de asunto: Recurso de casación

Analizado por: SALA DE CASACIÓN PENAL




Sentencia con Voto Salvado

Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencias del mismo expediente

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Penal

Tema: Ley Forestal

Subtemas:

Art 56 de la Ley Forestal. las partes que trasladen madera deberán de portar la documentación necesaria que respalde la procedencia de esta.

[...] Con base en los fundamentos antes dichos, se mantiene el criterio de esta Sala al considerar que de conformidad con el numeral 56 de la Ley Forestal, las partes que trasladen madera deberán de portar la documentación necesaria que respalde la procedencia de esta [...]

Texto de la resolución

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Exp: 24-000282-1261-PE

Res: 2026-00193

SALA DE CASACIÓN PENAL. San José, a las doce horas cuarenta minutos del cinco de febrero de dos mil veintiséis.               

 Recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001], mayor, costarricense, cédula de identidad [...], hijo de [Nombre 002] y [Nombre 003], por el delito de Movilización Ilegal de Madera, cometido en perjuicio de Los Recursos Naturales. Intervienen en la decisión del recurso las magistradas y los magistrados Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Sandra Eugenia Zúñiga Morales, Patricia Vargas González, Rafael Segura Bonilla y Marianela Corrales Pampillo, esta última como suplente. Además, en esta instancia, la licenciada Zaray Chavarría Prado, Procuradora Penal de la Procuraduría General de la República. Se apersonó como representante del Ministerio Público, licenciado Luis Enrique Arias Carmona.

Resultando:

 1. Mediante sentencia Nº. 2024-01018 de las quince horas veinte minutos del seis de diciembre de dos mil veinticuatro, el Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, resolvió: “POR TANTO:  Se declara sin lugar el recurso de apelación de sentencia interpuesto por la Procuraduría General de la República. Notifíquese.  Jorge Luis Morales García; José Alejandro Piedra Pérez; Maria Gabriela Rodríguez Morales. Jueces y Jueces de Apelación de Sentencia" (sic).

 2. Contra el anterior pronunciamiento interpuso recurso de casación la licenciada Zaray Chavarría Prado, en calidad de Procuradora Penal.

 3. Verificada la deliberación respectiva, la Sala entró a conocer del recurso.

 4. En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

 Informa la magistrada suplente Corrales Pampillo; y,

Considerando:

 I. Tal y como se observa de folio 39 frente a 54 frente del expediente tramitado en esta sede, la licenciada Zaray Chavarría Prado, representante de la Procuraduría General de la República, presentó recurso de casación contra la sentencia número 2024-01018, de las 15:20 horas del 06 de diciembre del 2024, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, sede San Ramón, la cual resolvió lo siguiente: “…Se declara sin lugar el recurso de apelación de sentencia interpuesto por la Procuraduría General de la República…” (cfr. f. 13 frente a 19 frente). 

 II. Por resolución N° 2025-00639, de las 10:21 horas del 05 de junio del 2025, visible de folios 80 frente a 83 vuelto, se declaró admisible el recurso de casación formulado por la licenciada Zaray Chavarría Prado. De seguido, se procede con el conocimiento de fondo y se emite la decisión que corresponde conforme a derecho. 

 III. Primer motivo de la impugnación. La casacionista inicia su libelo impugnaticio con el acápite que denomina “antecedentes” (f. 40). Aclara que su participación en el proceso se da como víctima, según lo preceptuado en los artículos 70 y 71 del Código Procesal Penal. De seguido, transcribe parte de la resolución dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, sede Santa Cruz, número 75-2015, de las 16:20 horas del 29 de abril del 2015, en la que se hace referencia a la interpretación sobre la Ley Forestal, respecto a la tipicidad de la conducta del transporte de madera, indicando que es erróneo concluir que solo es sancionable cuando se demuestre que la madera proviene de un bosque o una plantación forestal; sino que también lo es, cuando no se cuente con los permisos de corta exigidos normativamente o los certificados de origen. La impugnante aduce que dicho precedente se contrapone a lo dispuesto en el fallo aquí recurrido número 2024-1018, en el que no se compartió la posición de referencia del tribunal de apelación de sentencia de Santa Cruz, con el argumento de que hubo duda respecto a los hechos y que su posición no es compartida por ese tribunal, dado  que vulnera el principio de legalidad y necesaria imputación, al realizar también una interpretación extensiva del tipo penal y de las definiciones de los elementos normativos que la misma legislación estipula. En criterio de la quejosa, el tribunal de alzada realizó una interpretación sesgada del artículo 56 de la Ley Forestal, porque la norma impone la exigencia de contar con la documentación respectiva para el transporte de madera y el numeral 31 ibidem requiere de un certificado de origen, expedido por el regente forestal o por el Consejo Regional Ambiental de la zona, para poder movilizar la madera. Por ello, indica que no existe tal interpretación extensiva que reprocha el ad quem. Agrega, que mantener la orden de devolución de la madera al imputado, le genera al Estado la pérdida del producto forestal incautado sin documentación legítima para su transporte, ocasionándole así un perjuicio en la protección de los recursos naturales y en el cumplimiento de la Ley Forestal, aunado a que se le permite sacar provecho de un ilícito cometido en perjuicio de los recursos naturales y de la colectividad. Fundamenta la impugnación en los ordinales 438, 439, 467, 468 inciso b) y 469 del Código Procesal Penal. Luego formula en un segundo apartado que denomina: “Motivo: único. Existencia de precedentes contradictorios dictados por los tribunales de apelación” (f. 43), concretamente entre el fallo aquí recurrido y el emitido por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, sede Santa Cruz, número 75-2015, de las 16:20 horas del 29 de abril del 2015, supra descrito. Subdivide este acápite en: A) similitud en los supuestos fácticos. Transcribe los hechos atribuidos en el caso del precedente dictado por el tribunal de apelación de sentencia de Santa Cruz (f. 44); así como los de la presente sumaria (f. 45), señalando que de ambos marcos fácticos se desprende que la conducta atribuida al justiciable consiste en el transporte de madera sin tener la documentación requerida por las normas vigentes, según lo establecido en el numeral 63 inciso a), en relación con el 56, ambos de la Ley Forestal. De ahí que, según la procuradora, sí existe la similitud fáctica en ambas resoluciones que hacen que los casos sean equiparables y que ponen en entredicho la seguridad jurídica y la igualdad, al ser resueltas de forma contradictoria, dando distinto alcance al ordinal 31 de dicha ley especial. B) Identidad de la ratio decidendi. La gestionante alega, que, en ambos casos, los tribunales de alzada entraron a conocer la absolutoria dictada por el a quo en favor de los encartados e interpretaron de forma diferente el artículo 31 supra citado (f. 45). Copia un extracto del precedente mencionado en el que se aborda la interpretación del artículo 31, en relación con el 27 de ese mismo cuerpo legal, en el que se trata la exigencia normativa de los permisos y autorizaciones para el aprovechamiento de los árboles maderables, criterio sustentado en la sentencia de la Sala Tercera número 2014-1043, de las 10:13 horas del 27 de junio de 2014. En igual sentido, reproduce lo estipulado por el tribunal aquí impugnado, al descartar la interpretación del precedente de cita. Con base en lo anterior, la procuradora indica que el tema en discusión es el mismo, pero que fue resuelto de forma diversa. C- Oposición en el análisis jurídico. Arguye que la posición antagónica entre ambas resoluciones supra mencionadas radica en la interpretación del artículo 56 de la Ley Forestal -sobre la procedencia de la madera que se moviliza procedente de una plantación o de una plantación forestal y la documentación para ello- y el alcance del artículo 31 -respecto a la exigencia del certificado de origen para el transporte de madera-, según lo preceptuado en el ordinal 63 inciso a) de la Ley Forestal. En el precedente se indica que la exigencia legal de documentación no se limita a la madera proveniente de plantaciones forestales exclusivamente, sino también a árboles plantados individualmente o en terrenos de otra naturaleza y que tal conducta también es sancionable si no cuenta con las autorizaciones requeridas. Por su parte, el tribunal aquí impugnado discrepa de esa posición y excluye de los requerimientos a los que no provengan de plantaciones forestales. Reitera el agravio expuesto en líneas anteriores y agrega, que no tener un criterio uniforme sobre la interpretación de dichas normas forestales y sus exigencias genera incertidumbre jurídica, a falta de un criterio coherente entre los tribunales de justicia. Sostiene, que la sentencia debe ser casada entendiendo que lo dispuesto en los cánones 61 inciso a), 56 y 31, todos de la Ley Forestal, debe ser exigido para toda la madera que se transporte, independientemente del lugar de procedencia. D) El razonamiento o postura se pueden convertir en una regla aplicable para resolver otras hipótesis fácticas similares (f. 51). La impugnante afirma que si esta cámara de casación resuelve en el sentido de admitir que toda la madera que se transporte debe contar con los permisos y certificaciones exigidas, sin hacer distinción entre las plantaciones forestales y otros tipos de plantaciones, unifica el criterio que da certeza y claridad para la movilización del producto forestal con la documentación necesaria y con ello, determinándola como regla general para otras situaciones fácticas que guardan similitud con el caso sub lite. Insiste en el agravio ya expuesto y solicita se declare con lugar el recurso de casación, se anule el fallo impugnado y se ordene la aplicación e interpretación correcta de la normativa especial. Consecuentemente, se ordene el reenvío de la causa ante el Tribunal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, sede San Carlos, para nueva sustanciación.

 IV. El reclamo se declara con lugar. La gestionante en su único motivo de casación, fustiga la existencia de precedentes contradictorios entre el fallo N° 2015-00075, de las 16:20 horas del 29 de abril del 2015 dictado por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, sede Santa Cruz, y la resolución que ahora impugna. La discusión se centra en la interpretación de normas sustantivas, específicamente, sobre los numerales 56 y 61 inciso a) de la Ley Forestal. Con base en lo anterior, es necesario exponer el criterio de los dos órganos de apelación que ahora se contraponen y posteriormente, los argumentos que llevan a esta Sala a declarar el recurso interpuesto por la procuradora penal con lugar. A. Resolución N° 2015-00075, de las 16:20 horas del 29 de abril del 2015 dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, sede Santa Cruz. En este asunto, el tribunal de apelación declaró con lugar el reclamo del representante fiscal que impugnó la sentencia absolutoria, con base en dos argumentos. El primero de ellos, se dio porque las partes decidieron someterse al procedimiento abreviado, donde el endilgado aceptó los hechos y pactaron la pena de 20 días de prisión; al respecto, el a quo absolvió al encartado al considerar que la acusación no cumplía con los requisitos establecidos en la normativa procesal penal, por lo que el ad quem señaló que lo procedente era que se rechazara el procedimiento abreviado y se reenviara el asunto para debate. El segundo punto se refiere, a que el tribunal de juicio consideró que solo era posible perseguir el hecho si se conocía el lugar de origen de la madera, a lo que el órgano de apelación argumentó lo siguiente: «…Concluir entonces que solo es sancionable el transporte de madera si se demuestra que procede de un bosque o una plantación forestal en los términos definidos en el artículo 3 de la Ley antedicha, es erróneo. El transporte de madera sin los permisos de corta exigidos en las distintas normas, o los certificados de origen en su caso, se tipifica como delito conforme a lo establecido en el numeral 63 inciso a) en relación con el artículo 56, que prohíbe la movilización de la madera, ya sea en trozas, escuadrada o aserrada, “si no se cuenta con la documentación respectiva”. Madera que puede provenir de un bosque o plantación en sentido amplio, ya se trate de una “plantación forestal” como la define el artículo 3 inciso f), o de árboles plantados en propiedad privada individualmente, o en dimensiones menores que las establecidas en el numeral 3 de repetida cita. De lo anterior se colige que, además de las plantaciones forestales definidas expresamente por la ley, existen otras formas de plantación de especies maderables cuya conservación y protección también cae dentro de las previsiones legales. Y si bien la normativa invocada por el Ministerio Público y con base en la cual se pactó el procedimiento abreviado permite diversas interpretaciones, no se puede concluir que el hecho acusado sea atípico, o que la acusación sea ineficaz, por la sola circunstancia de que no se indicara el lugar de origen de la madera decomisada…». B. Fallo N° 2024-01018 de las 15:20 horas del 06 de diciembre del 2024, dictado por el Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, sede San Ramón (sentencia que ahora se recurre). La representante de la Procuraduría General de la República impugnó la sentencia absolutoria dictada a favor del imputado, ya que el a quo estimó que no se requería autorización para transportar la madera que se le decomisó al endilgado, porque no se acreditó que el árbol transportado procediera de un bosque ni de una plantación forestal, sino que, según la declaración de los testigos, se ubicaba en un potrero. Además, que al no tenerse la certeza de dónde provenía la madera, ese estado dubitativo le favorecía al justiciable. Al respecto, el tribunal de segunda instancia detalló: “…La esencia de la discusión en este caso es si en efecto, para el aprovechamiento de un árbol individual en un potrero, como parece es el dato que genera la posibilidad de duda en este caso, sería necesario la acreditación de algún documento que, necesariamente, en este caso debería tener consigo la persona que moviliza el referido recurso forestal (…) Ciertamente la representación del Estado cita en su favor un criterio jurisprudencial del Tribunal de Apelación de Sentencia de Guanacaste, resolución número 75-2015 del 29 de abril de 2015, respecto del cual, cabe hacer las siguientes acotaciones, en primer lugar, desde el punto de vista procesal aquél fue un caso en que en virtud de un procedimiento abreviado se dispuso la absolutoria del imputado pero argumentando aspectos de duda, por lo cual esencialmente por esto se consideró que la resolución no era procedente, por otra parte, los argumentos expuestos en dicha resolución no son compartidos en esta oportunidad por enfrentar las mismas objeciones que hemos apuntado y que se enfrentan abiertamente con el principio de legalidad y necesaria imputación legal que consagra el debido proceso legal, pues ciertamente, no es posible sustraerse de las definiciones de los elementos normativos que la misma legislación define y que establece que en el caso del transporte de madera el producto forestal debe provenir de una "plantación forestal", siendo que con respecto a estas y no los árboles que estarían plantados en forma aislada es que se generarían los documentos a que se alude en el numeral 31 de la ley forestal tantas veces citada. Evidentemente, para nuestro entender, el citado Tribunal de Apelación de Sentencia de Guanacaste hace una interpretación extensiva del tipo penal contraria al numeral 2 del Código Procesal Penal (…) sin lugar a ninguna duda, el interpretar que el numeral 31 de la Ley Forestal demanda el certificado de origen para recursos maderables que no sean de plantaciones forestales; siendo que la ley claramente define ese concepto y en donde, definitivamente, no podría encuadrarse un árbol ubicado en un potrero en forma aislada, implica una interpretación extensiva del tipo penal que  resulta desde cualquier, perspectiva centrada a la prohibición de interpretación en contra del imputado. Por ello, aunque tenemos claro que el criterio externado por el Tribunal de Apelación de Sentencia de Guanacaste, incluso ha sido reiterado en otros pronunciamientos tales como el 53-2026 del 9 de marzo de 2016 y el 396-2022 del 26 de julio de 2022, no se considera atendible por este Despacho, que al respecto estima que ante la colusión de bienes jurídicos como son el Derecho Ambiental y el Derecho de defensa del imputado, debe prevalecer el principio de inocencia y la interpretación restrictiva de la normativa penal que hemos expuesto (…) el Estado tiene la obligación de constatar en un supuesto como el que aquí ocupa para determinar si en efecto el origen del recurso maderable provenía de las condiciones que en su descargo alegó el imputado, pues de ser así, evidentemente no se estaría llenando la tipicidad del delito que se atribula, si eso no se hizo, se impone, como se produjo en este caso la absolutoria en virtud de la duda que debe favorecer al imputado… ” (sic, cfr. f. 17 frente a 18 vuelto, la negrita es propia). C. Decisión de esta Cámara. Conforme lo anteriormente expuesto, lleva razón la recurrente al señalar la contradicción entre lo resuelto por ambos tribunales de apelación de sentencia, con respecto a la aplicación del numeral 56 en consonancia con el artículo 31 de la Ley Forestal. El órgano de apelación con sede en Guanacaste consideró que todo transporte de madera deberá demostrar su procedencia a través de los permisos exigidos o certificados de origen. Por su parte, el tribunal de segunda instancia de la sede de San Ramón sostuvo que, al no poder constatarse la procedencia de la madera, que al parecer pertenecía a un potrero, y al no encontrarse este sitio definido en el numeral 31 de la Ley Forestal que regula sobre las plantaciones forestales o bosques, lo procedente era confirmar la absolutoria por duda a favor del justiciable, puesto que es una obligación del Estado constatar de dónde provenía la madera que descargó el encartado. Sobre las normas antes dichas, ya esta Sala ha emitido su criterio mediante el voto N° 2019-0403, de las 14:50 horas del 25 de abril del 2019, al indicar: «…El artículo 56 de la Ley Forestal, ley 7575 del 16 de abril de 1996, indica respecto a la movilización de madera: “No se podrá movilizar madera en trozas, escuadrada ni aserrada proveniente de bosque ni de plantación, si no se cuenta con la documentación respectiva.”  Tenemos entonces que quien movilice madera en trozas, sea escuadrada o aserrada, proveniente de bosque o de plantación, sin contar con la documentación respectiva, incurre en el delito de infracción a la ley forestal y se hace acreedor a una pena de prisión de un mes a un año.  Del análisis conjunto de los artículos 56, 31 y 63 de la Ley Forestal, se concluye que para movilizar madera sea que provenga de un bosque o de una plantación forestal, se debe contar con el certificado de origen emitido por el regente forestal o el Consejo Regional Ambiental…» (Sala Tercera integrada por las magistradas Patricia Solano y Sandra Zúñiga y los magistrados Jesús Ramírez, Jorge Desanti y Rafael Segura, lo resaltado es suplido). Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el endilgado no portaba ninguna documentación que estableciera la procedencia de la madera, en la sentencia de juicio, el juez señala que, de acuerdo con la declaración de varios testigos, el árbol se encontraba en un potrero, pero no hay documentación que así lo respalde. El ad quem acota que ante la duda, lo que debe de dictarse es la absolutoria del encartado, pero deja de lado el tribunal de apelación, lo consignado en la Ley Orgánica del Ambiente, en su artículo 2 inciso d), el cual dispone un principio general: “…Quien contamine el ambiente o le ocasione daño será responsable, conforme a lo establezcan las leyes de la República y los convenios internacionales…”. En línea con lo anterior, el numeral 109 de la Ley de Biodiversidad estatuye: “…La carga de la prueba, de la ausencia de contaminación, degradación o afectación no permitidas, corresponderá a quien solicite la aprobación, el permiso o acceso a la biodiversidad o a quien se le acuse de haber ocasionado daño ambiental…”. Con base en la normativa especial indicada, le corresponde a la persona a quien se vincula de cometer un daño ambiental comprobar que no fue así, de lo contrario, estaría incurriendo en un delito si así lo establece la ley. Otro aspecto importante, es que no debe de confundirse el permiso para corta que define el ordinal 28 de la Ley Forestal, que al respecto señala: “… Las plantaciones forestales, incluidos los sistemas agroforestales y los árboles plantados individualmente y sus productos, no requerirá permiso de corta, transporte, industrialización ni exportación. Sin embargo, en los casos en que antes de la vigencia de esta ley exista un contrato forestal, firmado con el Estado para recibir Certificados de Abono Forestal o deducción del impuesto sobre la renta, la corta deberá realizarse conforme a lo establecido en el plan de manejo aprobado por la Administración Forestal del Estado…”; con portar la documentación que respalde el origen de la madera, como lo define el artículo 56 de la ley en mención: “…No se podrá movilizar madera en trozas, escuadrada ni aserrada proveniente de bosque ni de plantación, si no se cuenta con la documentación respectiva…” (la negrita es propia). El tema central aquí, es que al no traer consigo ningún documento que acreditara la procedencia de la madera que se transportaba, no se tiene certeza si se afectó el bien jurídico tutelado o no. La razón de ser de esta norma es asegurar el recurso forestal, puesto que el transporte de madera es una actividad estrechamente ligada a su comercialización y aprovechamiento, por lo que de alguna forma debe de controlarse que la madera provenga de una tala debidamente autorizada. De lo contrario, bastaría con la persona que la transporta indicara que no proviene de una zona protegida para eximirla de responsabilidad. Cabe señalar que el principio pro natura, que rige en materia ambiental, señala que en caso de duda, las decisiones del Estado deberán favorecer a la protección del ambiente. Así, lo ha ratificado nuestra Sala Constitucional a través del fallo N° 2025-30562, de las 09:41 horas del 23 de setiembre del 2025, al establecer: «…y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente...» (Sala integrada por las magistradas Ingrid Hess y Anamari Garro, así como por lo magistrados Fernando Castillo, Fernando Cruz, Luis Salazar, Jorge Araya y Hubert Fernández). Ahora bien, con respecto al tema en discusión, el numeral 32 del Reglamento a la Ley Forestal, define que: “…Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, cuando se transporte madera aserrada deberá respaldarse con una factura autorizada, de venta o de aserrío. Salvo cuando se aserre directamente por el propietario o propietaria de la madera en cuyo caso deberá aportar el certificado de origen que compruebe su legitimidad. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en este y el anterior artículo facultará a la A.F.E. o a cualquiera de las autoridades públicas que realizan control al decomiso de la madera y del vehículo que transporta la misma, como medio de ejecución del delito, así como proceder a la interposición de la denuncia penal correspondiente. Se permitirá el transporte de madera aserrada mediante el respaldo de una guía de transporte emitida de conformidad con el artículo 31 de este Reglamento, a aquellas personas o empresas, que transporten madera sin la factura autorizada a que hace referencia el presente artículo, cuando el producto proveniente de un centro de industrialización primaria es llevado a un depósito de madera propiedad de la misma empresa…” (la negrita es suplida). De esta manera se logra concluir, que para el transporte de madera, la parte deberá contar con la documentación que respalde el origen de esta. Este es el criterio que ha mantenido esta Cámara y que ahora se reitera, ya que mediante el fallo N° 2023-00430, de las 11:51 horas del 12 de mayo del 2023, se expuso: «… No es que la existencia, exigencia y aplicación de esas normas sea de menor importancia. Son incuestionablemente de importancia, porque permiten, por vía del control a esa captación, procesamiento y transporte de recursos forestales, prevenir y contrarrestar el atropello contra esos recursos, sea por su destrucción o mal aprovechamiento. Entonces, cuando esa destrucción o mal aprovechamiento está demostrado; o, a falta de ello, la ausencia de esa documentación no permite acreditar que no se cometió ese atropello contra los recursos forestales, esos artículos vienen en plena aplicación, como normas funcionales que son, y tutelares del bien jurídico intermedio (…) En el sub examine, el quid es si los documentos a los que hace mención la Ley Forestal -según se expone en detalle en la presente resolución que he suscrito junto a mi compañera y mis compañeros- deben ser exhibidos en el acto de la inspección por las autoridades, so pena de incurrir en una conducta típica en el caso contrario. Para los efectos que interesa, el artículo 56 de la Ley Forestal dispone: “…No se podrá movilizar madera en trozas, escuadrada ni aserrada proveniente de bosque ni de plantación, si no se cuenta con la documentación respectiva”. Por su parte, el ordinal 63 de ese mismo cuerpo normativo indica: “…Se impondrá prisión de un mes a un año a quien: a) Contravenga lo dispuesto en el artículo 56 de esta ley”. De la lectura de ambos enunciados normativos se colige que la falta de portación de los documentos en el acto en que estos son requeridos por la autoridad competente, por sí misma convierte en típica la conducta…» (Sala Tercera integrada por las magistradas Patricia Solano y Sandra Zúñiga y los magistrados Gerardo Rubén Alfaro, Rafael Segura y Jesús Ramírez, la negrita es propia). Con base en los fundamentos antes dichos, se mantiene el criterio de esta Sala al considerar que de conformidad con el numeral 56 de la Ley Forestal, las partes que trasladen madera deberán de portar la documentación necesaria que respalde la procedencia de esta. Así las cosas, se declara con lugar el recurso de casación formulado por la licenciada Zaray Chavarría Prado, procuradora penal, y en ese tanto, se anulan las sentencias N° 2024-01018 de las 15:20 horas del 06 de diciembre del 2024, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, sede San Ramón y la N° 2024-2772 de las 11:10 horas del 19 de setiembre del 2024, emitida por el Tribunal de Flagrancias del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Ciudad Quesada. En consecuencia, por economía procesal, se ordena el reenvío de la causa al Tribunal de Juicio de origen para que, con una nueva integración, se realice un nuevo debate. La magistrada Vargas González salva el voto.

Por tanto: 

 Por mayoría, se declara con lugar el recurso de apelación formulado por la licenciada Zaray Chavarría Prado, procuradora penal, y en ese tanto, se anulan las sentencias N° 2024-01018 de las 15:20 horas del 06 de diciembre del 2025, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercera Circuito Judicial de Alajuela, sede San Ramón y la N° 2024-2772 de las 11:10 horas del 19 de setiembre del 2024, emitida por el Tribunal de Flagrancias del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Ciudad Quesada. En consecuencia, por economía procesal, se ordena el reenvío de la causa al Tribunal de Juicio de origen para que, con una nueva integración, se realice un nuevo debate. La magistrada Vargas González salva el voto. Notifíquese.

 

 

	

 

Gerardo Rubén Alfaro V.

	

 




 

 

Sandra Eugenia Zúñiga M.

	

 

	

 

 

            Patricia Vargas G.




 

 

Rafael Segura B.

	

 

	

 

 

       Marianela Corrales P.

         Magistrada suplente

 

VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA VARGAS GONZÁLEZ

 Respeto, pero no comparto, la decisión adoptada por la mayoría de la Sala. El artículo 56 de la Ley Forestal señala que “No se podrá movilizar madera en trozas, escuadrada ni aserrada proveniente de bosque ni de plantación, si no cuenta con la documentación respectiva”. Por su parte, el artículo 31 de la misma ley apunta: “Permiso para trasegar madera. Para sacar de la finca hacia cualquier parte del territorio nacional, madera en trozas, escuadrada o aserrada, proveniente de plantaciones forestales, se requerirá un certificado de origen expedido por el regente forestal o el Consejo Regional Ambiental de la zona. En caso de que este documento sea expedido por el regente forestal, la copia deberá contar con el sello de recibido de la Administración Forestal del Estado. Esa Administración comunicará a la municipalidad de origen los permisos de aprovechamiento y los certificados de origen aprobados. Antes de extender el permiso, el regente forestal o el Consejo Regional Ambiental deberá constatar que los medios de transporte por utilizar para el traslado de la madera, cumplen con las regulaciones de pesos y dimensiones vigentes para el trasiego de carga por vías públicas.” Finalmente, el artículo 63 de esta misma ley señala: “Prisión de un mes a un año.  Se impondrá prisión de un mes a un año a quien: a) Contravenga lo dispuesto en el artículo 56 de esta ley. b) Envenene o anille uno o varios árboles, sin el permiso emitido previamente por la Administración Forestal del Estado. En estos casos, los productos serán decomisados y se pondrán a la orden de la autoridad judicial competente.” (El destacado es suplido). Para quien suscribe estas líneas, de las anteriores normas se extrae con claridad que el delito de movilización de madera se da únicamente cuando esta proviene de bosque o plantación y el sujeto activo no cuenta con la documentación respectiva. Dicho en otras palabras, si el origen de la madera no es aquel (bosque o plantación) no se requiere certificado o permiso y por ende, su transporte sin documento alguno no constituye delito. Cabe añadir que la demostración de ese aspecto (el origen de la madera) es resorte de la parte acusadora y no cabe trasladar a la persona imputada la responsabilidad de acreditar lo contrario, imponiéndole el deber de aportar documentos que bien pueden no existir, pues esto vulnera la presunción de inocencia. En síntesis, si mediante la prueba existente en autos (que puede ser cualquiera, en tanto sea permitida por el ordenamiento jurídico, art. 182 del Código Procesal Penal) no se logra demostrar el origen de la madera transportada sin documentación, lo que corresponde es absolver al justiciable, tal y como sucedió en este caso. Por lo dicho, mi voto es por declarar sin lugar el recurso que formula la Procuraduría General de la República y confirmar lo decidido en instancias anteriores.

 

 

 

Patricia Vargas G.

Magistrada

Sala de Casación Penal

 

Int: 184-1/1-1-25

Sleivaa

Clasificación elaborada por SALA DE CASACIÓN PENALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 14:15:12.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Third Chamber of the Court**

**Resolution No. 00193 - 2026**

**Date of Resolution:** February 5, 2026 at 12:40

**Case File:** 24-000282-1261-PE

**Drafted by:** Marianela Corrales Pampillo

**Type of matter:** Cassation appeal

**Analyzed by:** CRIMINAL CASSATION CHAMBER

**Judgment with Dissenting Vote**

**Relevance Indicators**

**Relevant judgment**

**Judgments from the same case file**

**Judgment with protected data, in accordance with current regulations**

**Content of Interest:**

**Type of content:** Majority vote

**Branch of Law:** Criminal

**Topic:** Ley Forestal

**Subtopics:**

Art 56 of the Ley Forestal. Parties transporting wood must carry the necessary documentation supporting its origin.

[...] Based on the grounds stated above, the criterion of this Chamber is **maintained** in considering that **in accordance with numeral 56 of the Ley Forestal, parties transporting wood must carry the necessary documentation supporting its origin** [...]

**Text of the resolution**



Exp: 24-000282-1261-PE

Res: 2026-00193

CRIMINAL CASSATION CHAMBER. San José, at twelve hours forty minutes on February fifth, two thousand twenty-six.

Cassation appeal filed in the present case against [Name 001], of legal age, Costa Rican, identity card [...], child of [Name 002] and [Name 003], for the crime of Illegal Transport of Wood (Movilización Ilegal de Madera), committed to the detriment of Natural Resources (Los Recursos Naturales). The magistrates Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Sandra Eugenia Zúñiga Morales, Patricia Vargas González, Rafael Segura Bonilla, and Marianela Corrales Pampillo, the latter as a substitute, participate in the decision on the appeal. Also, at this stage, attorney Zaray Chavarría Prado, Criminal Prosecutor (Procuradora Penal) of the Procuraduría General de la República. Attorney Luis Enrique Arias Carmona appeared as representative of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público).

**Whereas (Resultando):**

**1.** By judgment No. 2024-01018 at fifteen hours twenty minutes on December sixth, two thousand twenty-four, the Sentencing Appeals Court (Tribunal de Apelación de Sentencia) of the Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón, resolved: "THEREFORE (POR TANTO): The appeal of judgment filed by the Procuraduría General de la República is dismissed. Let it be notified. Jorge Luis Morales García; José Alejandro Piedra Pérez; Maria Gabriela Rodríguez Morales. Sentencing Appeals Judges" (sic).

**2.** Attorney Zaray Chavarría Prado, in her capacity as Criminal Prosecutor, filed a cassation appeal against the preceding ruling.

**3.** After verifying the respective deliberation, the Chamber proceeded to hear the appeal.

**4.** The pertinent legal prescriptions have been observed in the proceedings.

Substitute Magistrate Corrales Pampillo reports; and,

**Considering (Considerando):**

**I.** As observed from folio 39 front to 54 front of the case file processed at this venue, attorney Zaray Chavarría Prado, representative of the Procuraduría General de la República, filed a cassation appeal against judgment number 2024-01018, issued at 15:20 on December 6, 2024, by the Sentencing Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón venue, which resolved the following: "…The appeal of judgment filed by the Procuraduría General de la República is dismissed…" (cfr. f. 13 front to 19 front).

**II.** By resolution No. 2025-00639, at 10:21 on June 5, 2025, visible on folios 80 front to 83 back, the cassation appeal formulated by attorney Zaray Chavarría Prado was declared admissible. Subsequently, we proceed with the substantive hearing and issue the decision that corresponds according to law.

**III.** First ground for challenge. The cassation appellant begins her challenge brief with the section she calls "background" (f. 40). She clarifies that her participation in the process is as a victim, according to the provisions of articles 70 and 71 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal). Subsequently, she transcribes part of the resolution issued by the Sentencing Appeals Court of the Second Judicial Circuit of Guanacaste, Santa Cruz venue, number 75-2015, at 16:20 on April 29, 2015, which refers to the interpretation of the Ley Forestal, regarding the typification of the conduct of transporting wood, indicating that it is erroneous to conclude that it is only punishable when it is proven that the wood comes from a forest or a forest plantation (plantación forestal); but that it is also punishable when the cutting permits required by regulations or the certificates of origin are not available. The appellant argues that said precedent contradicts the provisions in the judgment challenged here, number 2024-1018, in which the referenced position of the Sentencing Appeals Court of Santa Cruz was not shared, with the argument that there was doubt regarding the facts and that its position is not shared by that court, given that it violates the principle of legality and necessary imputation, by also carrying out an extensive interpretation of the criminal offense and the definitions of the normative elements stipulated by the same legislation. In the appellant's view, the appeals court (tribunal de alzada) made a biased interpretation of article 56 of the Ley Forestal, because the rule imposes the requirement of having the respective documentation for the transportation of wood and numeral 31 ibidem requires a certificate of origin, issued by the forest manager (regente forestal) or by the Regional Environmental Council (Consejo Regional Ambiental) of the area, in order to transport the wood. Therefore, she indicates that there is no such extensive interpretation that the ad quem reproaches. She adds that maintaining the order for the return of the wood to the accused generates a loss for the State of the forest product seized without legitimate documentation for its transport, thus causing harm to the protection of natural resources and compliance with the Ley Forestal, coupled with allowing him to profit from an illicit act committed to the detriment of natural resources and the community. She bases the challenge on ordinals 438, 439, 467, 468 subsection b) and 469 of the Código Procesal Penal. She then formulates a second section that she calls: "Ground: single. Existence of contradictory precedents issued by the appeals courts" (f. 43), specifically between the judgment challenged here and the one issued by the Sentencing Appeals Court of the Second Judicial Circuit of Guanacaste, Santa Cruz venue, number 75-2015, at 16:20 on April 29, 2015, described supra. She subdivides this section into: A) similarity in the factual assumptions. She transcribes the facts attributed in the case of the precedent issued by the Sentencing Appeals Court of Santa Cruz (f. 44); as well as those of the present summary case (f. 45), pointing out that from both factual frameworks it is clear that the conduct attributed to the defendant consists of transporting wood without having the documentation required by current regulations, as established in numeral 63 subsection a), in relation to 56, both of the Ley Forestal. Hence, according to the prosecutor, there is indeed a factual similarity in both resolutions that makes the cases comparable and that calls legal certainty and equality into question, as they were resolved in a contradictory manner, giving a different scope to ordinal 31 of said special law. B) Identity of the ratio decidendi. The petitioner alleges that, in both cases, the appeals courts heard the acquittal issued by the a quo in favor of the accused and interpreted article 31 cited supra differently (f. 45). She copies an excerpt from the aforementioned precedent that addresses the interpretation of article 31, in relation to 27 of that same legal body, which deals with the regulatory requirement of permits and authorizations for the harvesting of timber trees, a criterion supported by the judgment of the Third Chamber number 2014-1043, at 10:13 on June 27, 2014. In the same vein, she reproduces what was stipulated by the court challenged here, when discarding the interpretation of the cited precedent. Based on the foregoing, the prosecutor indicates that the issue under discussion is the same, but that it was resolved in a different manner. C) Opposition in the legal analysis. She argues that the antagonistic position between the two aforementioned resolutions lies in the interpretation of article 56 of the Ley Forestal—regarding the origin of the wood being transported from a plantation or a forest plantation and the documentation for this—and the scope of article 31—regarding the requirement of the certificate of origin for the transportation of wood—as prescribed in ordinal 63 subsection a) of the Ley Forestal. In the precedent, it is indicated that the legal requirement for documentation is not limited to wood exclusively from forest plantations, but also to trees planted individually or on lands of another nature, and that such conduct is also punishable if it lacks the required authorizations. For its part, the court challenged here disagrees with that position and excludes from the requirements those that do not come from forest plantations. She reiterates the grievance set forth in the preceding lines and adds that not having a uniform criterion on the interpretation of said forest regulations and their requirements generates legal uncertainty, in the absence of a coherent criterion among the courts of justice. She maintains that the judgment must be cassated, understanding that the provisions of canons 61 subsection a), 56 and 31, all from the Ley Forestal, must be required for all wood transported, regardless of the place of origin. D) The reasoning or position can become an applicable rule for resolving other similar factual hypotheses (f. 51). The appellant states that if this cassation chamber resolves in the sense of admitting that all wood transported must have the required permits and certifications, without distinguishing between forest plantations and other types of plantations, it unifies the criterion that provides certainty and clarity for the transportation of the forest product with the necessary documentation and thereby, determining it as a general rule for other factual situations that are similar to the sub lite case. She insists on the grievance already set forth and requests that the cassation appeal be granted, the challenged judgment be annulled, and the correct application and interpretation of the special regulations be ordered. Consequently, the referral (reenvío) of the case be ordered to the Flagrancy Court (Tribunal de Flagrancia) of the Second Judicial Circuit of Alajuela, San Carlos venue, for new proceedings.

**IV.** The claim is granted. The petitioner, in her sole cassation ground, criticizes the existence of contradictory precedents between judgment No. 2015-00075, at 16:20 on April 29, 2015, issued by the Sentencing Appeals Court of the Second Judicial Circuit of Guanacaste, Santa Cruz venue, and the resolution she now challenges. The discussion centers on the interpretation of substantive norms, specifically, on numerals 56 and 61 subsection a) of the Ley Forestal. Based on the foregoing, it is necessary to set forth the criterion of the two appellate bodies that now conflict and subsequently, the arguments that lead this Chamber to grant the appeal filed by the criminal prosecutor. A. Resolution No. 2015-00075, at 16:20 on April 29, 2015, issued by the Sentencing Appeals Court of the Second Judicial Circuit of Guanacaste, Santa Cruz venue. In this matter, the appeals court granted the claim of the prosecuting attorney who challenged the acquittal judgment, based on two arguments. The first one occurred because the parties decided to submit to the abbreviated procedure, where the accused accepted the facts and agreed to the penalty of 20 days in prison; in this regard, the a quo acquitted the accused by considering that the accusation did not meet the requirements established in the criminal procedural regulations, so the ad quem pointed out that the appropriate action was to reject the abbreviated procedure and refer the matter for trial. The second point refers to the trial court considering that it was only possible to prosecute the act if the place of origin of the wood was known, to which the appellate body argued the following: «…To conclude then that the transportation of wood is only punishable if it is demonstrated that it comes from a forest or a forest plantation in the terms defined in article 3 of the aforementioned Law is erroneous. The transportation of wood without the cutting permits required in the different regulations, or the certificates of origin where applicable, is classified as a crime in accordance with the provisions of numeral 63 subsection a) in relation to article 56, which prohibits the transportation of wood, whether in logs, squared or sawn, “if the respective documentation is not available.” Wood that may come from a forest or plantation in a broad sense, whether it is a “forest plantation” as defined in article 3 subsection f), or from trees planted on private property individually, or in dimensions smaller than those established in numeral 3 of the repeated citation. From the foregoing, it follows that, in addition to forest plantations expressly defined by law, there are other forms of planting timber species whose conservation and protection also fall within the legal provisions. And while the regulations invoked by the Public Prosecutor's Office and on the basis of which the abbreviated procedure was agreed upon allow for various interpretations, one cannot conclude that the accused act is atypical, or that the accusation is ineffective, solely because the place of origin of the seized wood was not indicated…». B. Judgment No. 2024-01018 at 15:20 on December 6, 2024, issued by the Sentencing Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón venue (the judgment now being appealed). The representative of the Procuraduría General de la República challenged the acquittal judgment issued in favor of the accused, because the a quo considered that no authorization was required to transport the wood seized from the accused, because it was not proven that the transported tree came from a forest or a forest plantation, but rather, according to the testimony of the witnesses, it was located in a pastureland (potrero). Furthermore, since there was no certainty as to where the wood came from, that dubious state favored the defendant. In this regard, the second instance court detailed: “…The essence of the discussion in this case is whether, in effect, for the harvesting of an individual tree in a pastureland, as appears to be the point that generates the possibility of doubt in this case, it would be necessary to prove some document that, necessarily, in this case, the person transporting the referred forest resource should have in their possession (…) Certainly, the State's representation cites in its favor a jurisprudential criterion from the Sentencing Appeals Court of Guanacaste, resolution number 75-2015 of April 29, 2015, regarding which, certain observations must be made. Firstly, from a procedural standpoint, that was a case in which, by virtue of an abbreviated procedure, the acquittal of the accused was ordered but arguing aspects of doubt, for which essentially this was why it was considered that the resolution was not appropriate. On the other hand, the arguments set forth in said resolution are not shared on this occasion because they face the same objections we have pointed out and that openly confront the principle of legality and necessary legal imputation that consecrates due legal process, since certainly, it is not possible to escape the definitions of the normative elements that the same legislation defines and that establishes that in the case of wood transportation, the forest product must come from a \"forest plantation\", given that it is with respect to these and not trees that would be planted in isolation that the documents referred to in numeral 31 of the frequently cited Ley Forestal would be generated. Evidently, in our understanding, the cited Sentencing Appeals Court of Guanacaste makes an extensive interpretation of the criminal offense contrary to numeral 2 of the Código Procesal Penal (…) without a doubt, interpreting that numeral 31 of the Ley Forestal demands the certificate of origin for timber resources that are not from forest plantations; given that the law clearly defines that concept and where, definitely, a tree located in isolation in a pastureland could not fit, implies an extensive interpretation of the criminal offense that is, from any perspective, centered on the prohibition of interpretation against the accused. Therefore, although we are clear that the criterion expressed by the Sentencing Appeals Court of Guanacaste has even been reiterated in other pronouncements such as 53-2026 of March 9, 2016, and 396-2022 of July 26, 2022, it is not considered admissible by this Office, which in this regard considers that given the collusion of legal interests such as Environmental Law and the Right of the accused's defense, the principle of innocence and the restrictive interpretation of the criminal regulations we have set forth must prevail (…) the State has the obligation to verify in a situation such as the one here to determine if indeed the origin of the timber resource came from the conditions that the accused alleged in his defense, because if so, evidently the typification of the crime being attributed would not be fulfilled. If that was not done, it is necessary, as occurred in this case, the acquittal by virtue of the doubt that must favor the accused…” (sic, cfr. f. 17 front to 18 back, bold is ours). C. Decision of this Chamber. In accordance with the foregoing, the appellant is correct in pointing out the contradiction between what was resolved by both sentenci

**Therefore (Por tanto):**

By majority, the appeal filed by attorney Zaray Chavarría Prado, criminal prosecutor, is granted, and to that extent, judgments No. 2024-01018 at 15:20 on December 6, 2025, issued by the Sentencing Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón venue, and No. 2024-2772 at 11:10 on September 19, 2024, issued by the Flagrancy Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela, Ciudad Quesada, are annulled. Consequently, for procedural economy, the referral of the case to the Trial Court of origin is ordered so that, with a new panel, a new trial is conducted. Magistrate Vargas González dissents. Let it be notified.

Gerardo Rubén Alfaro V.

Sandra Eugenia Zúñiga M.

Patricia Vargas G.

Rafael Segura B.

Marianela Corrales P.
Substitute Magistrate

**DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE VARGAS GONZÁLEZ**

I respect, but do not share, the decision adopted by the majority of the Chamber. Article 56 of the Ley Forestal states that “No se podrá movilizar madera en trozas, escuadrada ni aserrada proveniente de bosque ni de plantación, si no cuenta con la documentación respectiva”.

For its part, Article 31 of the same law states: “Permit to transport timber. To remove from the farm to any part of the national territory, timber in logs, squared, or sawn, originating from forest plantations, a certificate of origin issued by the forestry regent (regente forestal) or the Regional Environmental Council (Consejo Regional Ambiental) of the area shall be required. In the event that this document is issued by the forestry regent, the copy must bear the received stamp of the State Forestry Administration (Administración Forestal del Estado). That Administration shall notify the municipality of origin of the approved harvesting permits and certificates of origin. Before issuing the permit, the forestry regent or the Regional Environmental Council must verify that the means of transport to be used for moving the timber comply with the weight and dimension regulations in force for the transport of cargo on public roads.” Finally, Article 63 of this same law states: “Imprisonment of one month to one year. Imprisonment of one month to one year shall be imposed on anyone who: a) Contravenes the provisions of Article 56 of this law. b) Poisons or ring-barks one or more trees, without the permit previously issued by the State Forestry Administration. In these cases, the products shall be seized and placed at the order of the competent judicial authority.” (Emphasis supplied). For the undersigned, it is clearly drawn from the foregoing norms that the crime of timber mobilization occurs only when the timber originates from a forest or plantation and the active subject lacks the respective documentation. In other words, if the origin of the timber is not the former (forest or plantation), no certificate or permit is required and, therefore, its transport without any document does not constitute a crime. It is worth adding that the demonstration of that aspect (the origin of the timber) is the responsibility of the accusing party, and the responsibility for proving the contrary cannot be shifted to the accused person, imposing on them the duty to provide documents that may well not exist, as this violates the presumption of innocence. In summary, if through the existing evidence in the case file (which can be any evidence, as long as it is permitted by the legal system, art. 182 of the Code of Criminal Procedure) the origin of the timber transported without documentation cannot be demonstrated, the proper course is to acquit the defendant, just as occurred in this case. For the foregoing, my vote is to declare the appeal filed by the Procuraduría General de la República without merit and to confirm what was decided in prior instances.

 

 

 

Patricia Vargas G.

Judge

Criminal Cassation Chamber (Sala de Casación Penal)

 

Int: 184-1/1-1-25

Sleivaa

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It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 07-05-2026 14:15:12.

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