Res. 07464-2021 Sala Constitucional — Failure to address environmental complaint at Higuito and Pilón BeachesOmisión de atender denuncia ambiental en Playas Higuito y Pilón

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Sala Constitucional

Resolución Nº 07464 - 2021

Fecha de la Resolución: 16 de Abril del 2021 a las 09:15

Expediente: 21-001802-0007-CO

Redactado por: Ileana Sánchez Navarro

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con nota separada

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Sentencia relevante

Sentencias Relacionadas


Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

CONSTRUCCION.

07464-21. AMBIENTE. SE ORDENA A VARIAS INSTITUCIONES, RESOLVER, EN EL PLAZO DE TRES MESES, LAS DENUNCIAS PLANTEADAS POR CONSTRUCCIONES Y RANCHOS IMPROVISADOS EN PLAYAS HIGUITO Y PILÓN EN OSA. VCG05/2021

Otras Referencias: SENTENCIA: 2545-08

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: PETICIÓN

Subtemas:

OMISA.

07464-21. PETICIÓN. EL RECURRENTE REALIZÓ UNA DENUNCIA SOBRE LA EXISTENCIA DE CONSTRUCCIONES Y RANCHOS IMPROVISADOS EN PLAYAS HIGUITO Y PILÓN Y LAS DEPENDENCIAS NO HAN ATENDIDO.

“(…) Pese a lo anterior, si bien con ocasión de la notificación del auto de curso, el Área Rectora de Salud de Golfito, ordenó la realización de una inspección en Playa Pilón, para verificar si habían variado las condiciones previamente existentes en ese lugar, la cual permite verificar que el problema denunciado persistía en Playa Pilón, no se demostró que el recurrente haya sido informado de ello. Precisamente, por lo anterior, estima este Tribunal que se produjo la omisión reclamada.

(…)

Aunado a lo anterior, si bien con ocasión de la notificación del auto de curso a las autoridades locales recurridas, se brindó y notificó un informe al recurrente de las acciones que se pretenden implementar con ocasión de su denuncia, no consta que el problema denunciado haya sido atendido. Así las cosas, estima la Sala que se produjo la infracción reclamada.

En lo que atañe al Área de Conservación Osa, se demostró que por oficio No. SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-086-2020 de 10 de junio de 2020, se rindió un informe de la inspección interinstitucional que se realizó el 9 de ese mismo mes, la cual concluyó que existían construcciones en la zona pública del polígono certificado Patrimonio Natural del Estado. Además, se georreferenciaron seis construcciones en la Zona Pública del polígono Certificado Patrimonio Natural del Estado (administración SINAC-MINAE), una construcción fuera de la Zona Pública en Patrimonio Natural del Estado y siete construcciones en Zona Pública, fuera del Patrimonio Natural del Estado. Por lo anterior, según afirma la Directora a.i. de esa Área de Conservación Osa, es necesario exigir al ICT en nombre del Estado y a la municipalidad recurrida el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria, pues la competencia del SINAC se enfocaría únicamente al área clasificada como Patrimonio Natural del Estado. Aunado a lo anterior, explica, en vista de que la información que se levantó para la elaboración de ese informe es poco clara y podría estar desactualizada, es imprescindible establecer una caracterización de la ocupación con el objetivo de que una vez se no esté vigente la Ley de Protección de ocupantes de zonas clasificadas como Especiales, 9577. Si bien, se verificó que a esos efectos se dispuso un plan de acción que permita establecer la ruta a seguir, no consta idónea y fehacientemente que al denunciante se le haya informado nada sobre el particular, ni que haya dispuesto medida alguna para resolver el problema. Bajo esta inteligencia, aprecia la Sala se produjo el agravio reclamado. (…)” VCG05/2021

 

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 050- Ambiente

Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

“(…) V.- SOBRE EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha reconocido que la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos tanto a nivel constitucional como a través de la normativa internacional. Se ha indicado que el ejercicio legítimo de ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, y que corresponde al Estado la protección del ambiente, según el principio precautorio que rige en materia ambiental. Este principio obliga al Estado a disponer todo lo que sea necesario, dentro del ámbito permitido por la ley, a efectos de impedir que se produzcan daños irreversibles al ambiente, para cuyo efecto es responsable de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido este derecho como una situación de bienestar físico, psíquico (o mental) y social (véase Sentencia No. 1998-0180 de las 16:24 horas del 13 de enero de 1998). La obligación objetiva del Estado en materia de protección ambiental no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas, o bien, de personas físicas y jurídicas. De este modo, el Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio, así como también aquellas que vulneren el ambiente, lo cual puede hacer a través de leyes, reglamentos, acuerdos u otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos. En consecuencia, la posibilidad de exigir judicialmente, a través del recurso de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida, salud o derecho al ambiente en beneficio de sus habitantes, está restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas. De lo que se desprende que la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país. (…)” VCG05/2021

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Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 033- Legitimación activa

Subtemas:

NO APLICA.

VII.- NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. Debo advertir que desde la sentencia n.° 2019-2355 de las 9:30 de 12 de febrero de 2019, mi postura ha sido la siguiente en relación con los recursos de amparo cuando estos han sido planteados a favor de una persona jurídica:

“…en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Granier y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas. En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado) (OC. 22/16)”.

Ahora, si bien el recurso de marras está planteado a favor de una persona jurídica, no menos cierto es que en el sub iudice se acusa la falta de atención de una denuncia ambiental interpuesta ante las autoridades accionadas, mediante la cual se alegó la existencia de construcciones y ranchos improvisados en Playas Higuito y Pilón. Visto lo anterior, conviene señalar que este Tribunal ha validado la legitimación vicaria en materia ambiental, tal como se aprecia en la sentencia n.° 2018-018870 de las 9:40 horas del 13 de noviembre de 2018: “(…) tratándose de materia ambiental, como la que es objeto en este recurso, la Sala sí ha aceptado la legitimación vicaria, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 105 de la Ley de Biodiversidad, que reconoce una acción popular al señalar: “Toda persona está legitimada en sede administrativa o jurisdiccional, en defensa y protección de la biodiversidad” (ver sentencias No. 2018-1185 y 2018-1794). Por consiguiente, se admite la gestión y se procede a conocer por el fondo lo reclamado”. En mérito de lo anterior, dado que se está frente a un supuesto de legitimación vicaria, considero pertinente conocer el recurso planteado a favor de la persona jurídica amparada.

VCG05/2021

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Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

CONSTRUCCION.

VIII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa la presunta contaminación, producida por construcciones y ranchos improvisados en Playas Higuito y Pilón, lo cual fue denunciado ante la Municipalidad de Golfito, y el Ministerio de Salud, sin que la problemática sea resuelta de forma definitiva, provocando afectación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

VCG05/2021

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Texto de la resolución

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Exp: 21-001802-0007-CO

Res. Nº 2021007464

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del dieciseis de abril de dos mil veintiuno .

 

 Recurso de amparo promovido por JOSEPH DOUGLAS ROBERTSON JR., pasaporte 487373244, a favor de la ASOCIACIÓN CÁMARA DE TURISMO DE PAVONES, cédula jurídica 3002754000, contra el ÁREA DE CONSERVACIÓN DE OSA (SINAC-ACOSA), LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO Y EL MINISTERIO DE SALUD.

RESULTANDO:

 1.- Mediante memorial presentado a las 13:16 horas de 29 de enero de 2021, el recurrente promovió recurso de amparo, contra el Área de Conservación Osa, la Municipalidad de Golfito y el Ministerio de Salud, pues, según afirma, es el Presidente de la Asociación Cámara de Turismo de Pavones y, cumpliendo el acuerdo firme de la Junta Directiva de su representada, acude en amparo contra la Directora del refugio de Vida Silvestre SINAC- ACOSA, el Alcalde y el Presidente del Concejo, ambos de Golfito, debido a que esas autoridades no han hecho nada en relación con la situación que les pusiera en conocimiento el Área Rectora de Salud de Golfito, en el siguiente sentido: Los informes de inspección de campo Nos. SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-086-2020, MS-DRRSBRU-URS-IT-0140-2020 y MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0573-2020 evidenciaron la invasión en la zona marítimo terrestre de Playa Pilón, lugar donde encontraron estructuras ubicadas en el espacio inalienable de administración municipal, en zona pública y patrimonio natural del Estado, por lo que se solicitó a las autoridades recurridas, en oficios a ellas dirigidos, generar un plan de abordaje de esa problemática, con un cronograma de acción y el presupuesto respectivo, así como mantener informadas a las autoridades del Ministerio de Salud sobre las acciones que se emitan. El recurrente manifiesta su preocupación por la forma en que esta situación afecta las playas, a los vecinos y a los turistas; alega que el Ministerio de Salud tampoco ha tramitado nada relacionado con la denuncia interpuesta por esa Cámara de Turismo, ni ha velado por el derecho a la salud; por el contrario, las reiteradas declaratorias de emergencia demuestran que estamos en una segunda ola de la pandemia de la Covid-19 y el problema de contaminación se ha incrementado. Así lo hicieron ver en un comunicado dirigido a las autoridades del Ministerio de Salud, a las direcciones de correo electrónico [email protected] y [email protected] el 11 de diciembre de 2020. El recurrente manifiesta su disconformidad porque desde el 19 de agosto de 2020, cuando el Ministerio de Salud emplazó a las otras autoridades para abordar dentro de un plazo razonable la problemática planteada; han transcurrido más de cinco meses y no han actuado. Considera violentando el principio de pronta respuesta y su derecho a una respuesta pronta y cumplida. Además, reprocha que hay negligencia de las autoridades recurridas en atender el problema de salud pública y responder los requerimientos del Ministerio de Salud. Solicita se ordene a los recurridos abordar de forma inmediata los problemas de salud pública expresados por el Ministerio de Salud y se les condene al pago de costas, daños y perjuicios.

 2.- Por resolución de las 10:20 horas de 1 de febrero de 2021, se dio traslado al recurso y requirió un informe a la Directora del Refugio de Vida Silvestre del Área de Conservación de Osa (Sinac- Acosa), al Alcalde y al Presidente del Concejo, ambos de Golfito, al Ministro de Salud y a la Directora del Área Rectora de Salud de Golfito, sobre esos hechos.

 3.- Informa bajo juramento Daniel Salas Peraza, en condición de Ministro de Salud, e indica que atiende el presente informe de ley con sustento en el Oficio No. MS-DRRSBRU-1921-2021 de 4 de febrero del 2021, emitido por el Dr. Christian Valverde, en su condición de Director Regional de Rectoría de la Salud Brunca, quien, en síntesis, afirma lo siguiente:

 “(…) 1. En marzo del 2020, este Ministerio recibe nota sin firma en la cual se denuncia construcciones y ranchos improvisados en Playa Higuito y Playa Pilón en donde residen algunas familias. Esta denuncia fue remitida también a la Dirección de Atención al Cliente. La nota indica que es en nombre de la Junta Directiva de la Asociación de Cámara de Turismo y el correo lo remite el señor Joseph Robertson.

2. Por oficio MS-DRRSBRU-ARSGO 0295-2020, el Dr. Fernando Mata le comunica al señor Robertson que ha recibido la nota, que la denuncia fue trasladada a la Municipalidad de Golfito para que atiendan el caso dentro de sus competencias. (folio 11)

3. En fecha 09 de junio 2020, se realiza un operativo interinstitucional, en el cual participan funcionarios de la Municipalidad de Golfito, SINAC y Ministerio de Salud, en sitio se aplicó el Instrumento de Verificación de a Denuncias por Aguas Residuales en Urbanizaciones o Residenciales. (Folio 13 y 14).

4. Por oficio SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-086-2020, la Licda. Ana Cecilia Medina Gutiérrez rinde un informe de inspección de Puerto Pilón, en el mismo se concluye que existe construcciones en la zona pública del polígono certificado Patrimonio Natural del Estado; además se georreferenció seis construcciones en la Zona Pública del polígono Certificado Patrimonio Natural del Estado (administración SINAC-MINAE), una construcciones fuera de la Zona Pública en Patrimonio Natural del Estado y siete construcciones en Zona Pública, fuera del Patrimonio Natural del Estado (administración dela Municipalidad de Golfito). (folio 15 al 18)

5. La Licda. Jovita Morera y el Ing. Marvin Salamanca, funcionarios de la Unidad de Rectoría de la Salud, emiten el informe MS-DRRSBRU-URS-IT-140-2020 del 11 de junio del 2020, en el cual refieren que el caserío que se ubica en Playa Pilón incumple las disposiciones en cuanto al manejo de aguas residuales y que utilizan pozos para abastecerse de agua para el consumo humano, pero que éstos pozos no respetan el retiro de ley y que corresponde a la Municipalidad de Golfito girar los actos administrativos correspondientes (folio 20 y 21)

6. Informe técnico MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0573-2020 del 22 de junio 2020, suscrito por la Ing. Hellen Rodríguez, funcionaria del ARS de Golfito en el cual refiere que en la visita realizada el 09 de junio del 2020 a Playa Pilón, se evidencia que la situación denuncia se mantiene, existe un total de trece estructuras que carecen de sistema de tratamiento de aguas residuales y que, siendo que las estructuras se encuentran dentro de Patrimonio Natural del Estado, corresponde a la Municipalidad de Golfito y SINAC emitir los actos administrativos necesarios a fin de solventar la contaminación que se está presentando (Folio 22 al 24).

7. Informe MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0574-2020 del 22 de junio 2020, suscrito por la Ing. Hellen Rodríguez, funcionaria del ARS de Golfito en el cual refiere que en la visita realizada el 09 de junio del 2020 a Playa Higuito, no se mantiene la situación denunciada y que no se mantiene personas acampando en el lugar. (Folio 25 y 26).

8. Por oficio MS-DRRSBRU-ARSGO-0710-2020 del 18 de agosto 2020, el Dr. Fernando Mata, solicita a la Máster Laura Rivera Quintanilla, Directora del Refugio de Vida Silvestre Golfito SINAC-ACOSA, plan de abordaje de la problemática en el cual establezca un cronograma y presupuesto respectivo. (Folio 28).

9. Por oficio MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020 del 18 de agosto 2020, el Dr. Fernando Mata, solicita al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde de la Municipalidad de Golfito, plan de abordaje de la problemática en el cual establezca un cronograma y presupuesto respectivo. (Folio 29).

10. Por oficio MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020, el Dr. Fernando Mata informa al señor Joseph Robertson lo actuado a la fecha. (Folio 31).

11. Por oficio MS-DRRSBRU-ARSGO-O-1218-2020, del 13 de noviembre del 2020, el Dr. Fernando Mata solicita a la Máster Laura Rivera, Directora del Refugio de Vida Silvestre Golfito SINAC-ACOSA, informe sobre las acciones realizadas, en el entendido de que existe una problemática de salud pública y una afectación al ambiente. (Folio 33).

12. Por oficio MS-DRRSBRU-ARSGO-O-1219-2020, del 13 de noviembre del 2020, el Dr. Fernando Mata solicita al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde la Municipalidad de Golfito, informe sobre las acciones realizadas, en el entendido de que existe una problemática de salud pública y una afectación al ambiente. (Folio 34).

13. Por oficio MS-DRRSBRU-ARSG-0043-2021, del 20 de enero 2021, dirigido al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde la Municipalidad de Golfito y la Máster Laura Rivera, Directora del Refugio de Vida Silvestre Golfito SINAC-ACOSA, el Dr. Fernando Mata, en seguimiento a los oficios MS-DRRSBRU-ARSGO-0710-2020 y MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020, les solicita le informen sobre las gestiones realizadas. (Folio 40 y 41).

14. Por oficio MS-DRRSBRU-ARSG-0044-2021, del 20 de enero 2021 el Dr. Fernando Mata informa al suscrito sobre las actuaciones realizadas.

15. Por medio de oficio SINAC-ACOSA-D-033-2021, de fecha 21 de enero 2021, la máster Laura Rivera Quintanilla, traslada al Dr. Fernando Mata el informe SINACACOSA-RNFSG-AD-086-2020, al que me referí en el punto cuatro de este oficio. (Folio 49 al 53)

16. Por oficio AM-MG-O-0024-2021 del 25 de enero 2021, el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde de la Municipalidad de Golfito, informa al Dr. Fernando Mata que el oficio MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020 fue remitido al Departamento de Valoraciones y al Departamento de Zona Marítimo Terrestre, adjunta los informe MG-OV-INT-043-20200 y MS-OV-IT-026-2019 y concluye su oficio indicando que se encuentran a la espera del dictamen de la Comisión de Ambientales. (Folio 54-114).

17. El 26 de enero 2021 el Dr. Fernando Mata remite correo electrónico a la máster Laura Rivera Quintanilla, en el cual solicita le brinde la información que ha solicitado anteriormente a fin de dar respuesta al denunciante a las autoridades superiores. (Folio 115).

18. Por oficio MS-DRRSBRU-ARSGO-0056-2021 del 28 de enero 2021, el Dr. Fernando Mata informa al denunciante las actuaciones realizadas en atención a su denuncia. (Folio 117)

19. Por oficio MS-DRRSBRU-1503-2021, y en atención al oficio MS-DGS-0046-2021, el suscrito informa al denunciante lo actuado (…)”

 

De conformidad con lo expuesto, el Ministerio, a través de las autoridades del Área Rectora de Salud de Golfito y de la Dirección Regional de Rectoría de Salud  Brunca, han brindado atención y seguimiento al caso de marras y se le ha enviado respuesta al amparado, manteniéndole informado sobre lo actuado por este Ministerio conforme a sus competencias, ello consta en notificaciones realizadas al aquí amparado, según el expediente del caso de marras, el cual el Área Rectora de Salud de Golfito hará llegar a esta Sala. No está de más indicar que lo relacionado con el dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de las zonas marítimo terrestre, constituye competencia municipal, en este caso de la Municipalidad de Golfito.

4.- Informa bajo juramento Freiner Lara Blanco, en condición de Alcalde de Golfito, e indica que indica que mediante acuerdo transcrito por oficio SMG-T-0479-08-2020 de 27 de agosto de 2020, el Consejo conoció el oficio MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020 de 18 de agosto de 2020, en el cual se acordó trasladar a la administración la denuncia a efecto que se tomaran las acciones del caso y se rindiera un informe a ese órgano. Por oficio No. MG-OV-INT-043-2020 de 1 de octubre de 2020, se indica:

“En el informe adjunto como anexo se evidencia que la problemática se da desde el 2007, ya que en ese sector el cuerpo de inspectores realizó un inventario de las construcciones en el mismo sector, se ha consultado de manera verbal a los departamentos de Asesoría Legal, Plataforma de Servicios, Inspecciones y Alcaldía y se conoce documentación alguna del caso, para saber si hay evidencia de reubicación a los ocupantes de la zona en aquel entonces o actas de desalojo, la compañera Licda. Victoria Blanco Moraga localizó copia de expediente en el cual consta alguna información de procedimientos llevados a cabo en el 2009 sobe la misma problemática, no constando ejecución alguna del proyecto.

En el expediente se observa una serie de croquis sobre zonas propuestas para la reubicación de las personas clasificadas como pescadores, que habitan en el lugar.

Sobre estas debemos indicar que la zona actualmente se encuentra ocupada (se desconocen expedientes administrativos, estado actual de los mismos y si anteriormente eran ocupantes del sector en conflicto) … por lo que no se recomienda como solución a la problemática …

1.1.                Propuesta reciente

Si bien la Norma es clara en cómo proceder con las ocupaciones ilegales, la institución no debe de obviar la problemática social que hay en este sector en específico, puede buscarse una solución a ambos problemas si se tienen los recursos necesarios.

Este departamento en su momento trabajó en una propuesta para dar opción de reubicar a estos ocupantes ilegales, la propuesta de esta  realizado consiste en habilitar un sector en la Zona Restringida de la Zona Marítimo Terrestre que actualmente se encuentra zonificado en el Plan Regular costero Sector A Puerto Pilón como Zona de Facilidades Comunales y Zona de Alojamiento Turístico, esta zona se encuentra a 500 metros lineales del lugar que actualmente se tiene ocupado, se muestra imagen general del lugar.

La razón de proponer esta zona que se estaba trabajando en el desarrollo del Plan Regular Integral de Pavones (PRI), en conjunto con el ICT y en el sector que se demarca en verde como zona propuesta par reubicación se ha hecho la propuesta de implementar vialidad secundaria y terciaria, dado que actualmente esta zona carece de acceso real.

El PRC propone una vialidad la cual viene desde terreno escriturado, actualmente no se han realizado las expropiaciones necesarias y existen construcciones sobre el trazado de estas.

En la imagen 3 se observa en verde la vialidad propuesta en el PRI, esta hace ingreso siempre por la zona restringida, las calles terciarias que se ven frente a los mojones 514 515, 516 son las que darían acceso a la zona pública definida la Ría de la quebrada Pavón, mismo lugar donde se encuentra el cementerio del lugar al cual se ha solicitado en otras ocasiones dar acceso y son estas vías la que se darían opción de lotificar el sector si se hace un cambio en la zonificación.

En la imagen 4 se observa un ejemplo de trazado de lotificación, la zona que se describe se cambiaria de uso a Zona Residencial al PRC. Es necesario hacer énfasis en que esto es solo una propuesta que se tomó en cuenta parara el proceso del PRI, no es de implementación inmediata ya que para eso se debería concluir con el proceso de implementación de dicho Plan Regulador, el cual se estima en 2 o 3 años. Además, la solución sería de dar una opción a los pobladores locales para que si así lo desean soliciten uno de los lotes propuestos mediante la figura de la concesión, no pudiendo desarrollar el terreno hasta que se obtengan la concesión debidamente inscrita en el Registro Nacional (sic).

                    Conclusiones y Recomendaciones.

Se ha evidenciado en los puntos anteriores que el equipo técnico de la Municipalidad ha realizado los procesos necesarios (levantamiento e inspección) solicitados para un proceso al cual se desconoce su línea, pero que, sin embargo, sirve para que la Administración tome las acciones necesarias, se desconoce el proceso de trámite de desalojo y como se debe intervenir, por lo que sugiero solicitar a la asesoría legal criterio de cómo proceder en estos casos.

También considero necesario que se verifique si existen proyectos de bien social en los cuales después de realizar la valoración de socioeconómica de cada núcleo familiar se pueda dar otra opción de vivienda a los ocupantes, labor que debe ser realizada por el trabajador social o promotora social de la Municipalidad.

Se puede observar también en el expediente facilitado por la encargada de la Plataforma de Servicios, que se puso en conocimiento en el 2009 al Instituto Mixto de Ayuda Social, puede buscarse asesoría con este y otras instituciones e incluso conocer proyectos que puedan dar opciones de vivienda a las personas afectadas.

Del Informe de Avalúo MG-OV-IT-026-2019 de fecha 06 de Agosto del 2019 suscrito por el funcionario Ing. Bryan Tenorio Sánchez en calidad de Topógrafo de la Oficina de Valoraciones referente al Levantamiento de Construcciones en Zona Pública, Pavones, se concluye lo siguiente: “…todas las construcciones (excepto las ocupadas por el señor Luis Concepción Caballera, que por la cercanía con la línea de mojones se pretende realizar un levantamiento con equipo especializado), se encuentran en la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre. Algunas de estas ya constatadas en el Oficio No. MGPS-20175-2007, elaborado por los compañeros inspecciones cambiando algunas ocasiones los ocupantes e incluso las mejoras en el terreno.

El levantamiento se realizará el día 07 de agosto del 2019 en conjunto con los inspectores adicionalmente se hará una segunda visita en el sitio para los casos en los que no se encontraron los ocupantes de las construcciones.

Se analizaron otras construcciones que se encuentran en la Zona Restringida de la zona marítimo terrestre en el mismo sector. Sin embargo, se tratan en otro informe por la relación directa con solicitudes de concesión abiertas en el municipio.

                    Posteriormente, mediante Oficio No. AM-MG-O-0024-2021 de fecha 25 de Enero del 2021, se refieren a las acciones realizadas en contestación del Oficio No. MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020 de fecha 18 de Agosto del 2020, en el cual se adjuntan las propuestas emitidas mediante Oficio No. MG-OV-INT-043-2020 de fecha 01 de Octubre del 2020, firmado por el Ing. Bryan Tenorio Sánchez en calidad de Topógrafo de la Oficina de Valoración y la funcionaria María del Carmen Vargas Arrieta en calidad de Encargada a.i. de Departamento de Zona Marítimo Terrestre, ambos de la Municipalidad de Golfito”

 

Así las cosas, se acredita que la Administración Municipal ha estado tomando acciones con respecto al caso de las invasiones en zona pública de la zona marítimo terrestre, razón por la cual, no es cierto que no se haya dado respuesta al recurrente, ni mucho menos que no se hayan tomado acciones con respecto a la denuncia interpuesta por el recurrente.

5.- Informa bajo juramento Gustavo Mayorga Mayorga, en condición de Presidente del Concejo de Golfito, y reitera lo alegado por el Alcalde de ese cantón.

6.- Informa bajo juramento Fernando Mata Castro, en condición de Director del Área Rectora de Salud de Golfito, e indica que en marzo de 2020, vía correo electrónico, se recibió una nota sin firma, en la cual se denuncian construcciones y ranchos improvisados en Playa Higuito y Playa Pilón, donde residen algunas familias. Esta denuncia fue remitida, de la misma forma, también a la Dirección de Atención al Cliente. La nota indica que es en nombre de la Junta Directiva de la Asociación Cámara de Turismo y el correo lo remite Joseph Robertson. Con Oficio No. MS-DRRSBRU-ARSGO 0295-2020 de 23 de abril de 2020, le brindó respuesta al recurrente, dando acuse de recibido de la nota, e informando que fue trasladada a la Municipalidad de Golfito para que atendieran el caso dentro de sus competencias. El 9 de junio 2020, se realizó un operativo interinstitucional de verificación en el sitio, en el cual participaron funcionarios de la Municipalidad de Golfito, SINAC y Ministerio de Salud. El Ministerio aplicó el Instrumento de Verificación a Denuncias por Aguas Residuales en Urbanizaciones o Residenciales. Mediante el Oficio No. SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-086-2020 de 10 de junio de 2020, se rindió un informe de la verificación en el sitio, el cual concluye que, se georreferenció seis construcciones en la Zona Pública del polígono certificado Patrimonio Natural del Estado, administración SINAC-MINAE; una construcción fuera de la Zona Pública en Patrimonio Natural del Estado, y se georreferenció siete construcciones en Zona Pública, fuera del Patrimonio Natural del Estado, en administración de la Municipalidad de Golfito. Además, que el caso en Play Higuito de Pavones, las personas que en algún momento ocuparon en condición precaria en ese sitio, ya se habían retirado del lugar. La Licda. Jovita Morera y el Ing. Marvin Salamanca, funcionarios de la Unidad de Rectoría de la Salud de la Dirección Regional Brunca del Ministerio de Salud, emiten el Informe MS-DRRSBRUURS-IT-140-2020 de 11 de junio de 2020, en el cual refieren que el caserío que se ubica en Playa Pilón, incumple las disposiciones en cuanto al manejo de aguas residuales y que utilizan pozos para abastecerse de agua para el consumo humano, pero que esos pozos no respetaban el retiro de ley y que correspondía a la Municipalidad de Golfito girar los actos administrativos correspondientes. El Informe Técnico del Área Rectora de Salud de Golfito, No. MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0573-2020 de 22 de junio 2020,  señala que la visita de 9 de junio del 2020 a Playa Pilón, evidenció que la situación denuncia se mantenía, pues existía un total de trece estructuras que carecen de sistema de tratamiento de aguas residuales y que, siendo que las estructuras se encuentran dentro de Patrimonio Natural del Estado, corresponde a la Municipalidad de Golfito y SINAC, emitir los actos administrativos necesarios a fin de solventar la contaminación que se está presentando. El Informe MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0574-2020 de 22 de junio 2020, refiere que en la visita realizada el 9 de junio a Playa Higuito, no se mantiene la situación denunciada, puesto que no habían personas acampando en el lugar. Por Oficios Nos. MS-DRRSBRU-ARSGO-0710-2020 y MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020, ambos de 18 de agosto 2020, se ordenó a los recurridos que realizaran un plan de abordaje de la problemática, el cual estableciera un cronograma de acción y el presupuesto respectivo, además que mantuviera informado sobre las acciones que se emitan. Por Oficio MS-DRRSBRU-ARSGO-0712-2020 de 18 de agosto 2020, informó por segunda vez, al recurrente, lo actuado a la fecha. Ante ausencia de respuesta, por Oficios Nos. MS-DRRSBRU-ARSGO-O-1218-2020 y MS-DRRSBRU-ARSGO-O-1219-2020, ambos de 13 de noviembre de 2020, se requirió y al Alcalde de Golfito, un informe sobre las acciones realizadas, en el entendido de que existe una problemática de salud pública y una afectación al ambiente. Mediante el Oficio No. MS-DRRSBRU-ARSG-0043-2021 de 20 de enero 2021, dirigido al Alcalde de Golfito y la Directora del Refugio de Vida Silvestre Golfito SINAC-ACOSA, en seguimiento a los Oficios MS-DRRSBRU-ARSGO-0710-2020 y MSDRRSBRU- ARSGO-0711-2020 antes citados, se solicitó un informe por tercera vez sobre las gestiones realizadas. Mediante el oficio No. MS-DRRSBRU-ARSG-0044-2021 de 20 de enero 2021, informó al Director Regional de Rectoría de La Salud Brunca, sobre las actuaciones realizadas. En respuesta a lo solicitado, por oficio No. SINAC-ACOSA-D-033-2021 de 21 de enero de 2021, se trasladó el Informe SINAC-ACOSARNFSG-AD-086-2020. En respuesta a lo solicitado, por Oficio del Alcalde recurrido, No. AM-MG-O-0024-2021 de 25 de enero 2021, se informó que el Oficio MS-DRRSBRU-ARSGO- 0711-2020 había remitido al Departamento de Valoraciones y al Departamento de Zona Marítimo Terrestre, adjunta los informe MG-OV-INT-043-2020 y MS-OV-IT-026-2019 y que se estaba a la espera del dictamen de la Comisión de Ambientales. El 26 de enero 2021, remitió un correo electrónico a la máster Directora del Área de Conservación solicitando que brindara la información que se ha solicitado, a fin de dar respuesta al denunciante y a las autoridades superiores. Por Oficio No. MS-DRRSBRU-ARSGO-0056-2021 de 28 de enero 2021, informó por tercera vez, al recurrente de las actuaciones realizadas en atención a su nota. Mediante Oficio No. MS-DRRSBRU-1503-2021 de 27 de enero de 2021, y en atención al Oficio No. MS-DGS-0046- 2021, el Director Regional de Rectoría de la Salud Brunca, informó al recurrente. Habiendo sido notificado de este recurso, el 3 de febrero de 2021, ordenó al Técnico de Regulación de La Salud del Área Rectora de Salud, que realizara una verificación en Playa Pilón. Por Informe TécnicoMS-DRRSBRU-ARSG-IT-0058-2021, se rindió un informe de esa visita, el cual concluye que se observó un asentamiento de personas en la playa, contando con estructuras permanentes para habitar y la realización de actividades de subsistencia (pesca y lo relacionado a la pesca). Además, que las condiciones detectadas se mantienen. Ha sido diligente en la atención del caso y las situaciones formuladas, debido a lo cual, el recurso de amparo, en lo que a esta entidad corresponde, debe ser desestimado y así se solicita.

7.- Informa bajo juramento Laura Rivera Quintanilla, en condición de Directora a.i. del Área de Conservación Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, e indica que no es cierto que no haya actuado para atender la problemática reclamada. Del informe SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-086-2020, se colige lo siguiente:

“…Se georeferenció seis construcciones en la Zona Pública del polígono certificado Patrimonio Natural del Estado, administración SINAC-MINAE.

Una construcción fuera de la Zona Pública, en PNE.

Se georeferenció siete construcciones en la ZP, fuera de PNE, en administración de la Municipalidad de Golfito…”

 

En los casos mencionados en el oficio No. SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-086-2020, todas las construcciones menos una se ubican en Zona Pública, por tanto, no es posible tramitar ni otorgar un permiso de uso. En lo que respecta a la construcción que se menciona está en el área restringida, sería necesario determinar si está concesionada y de ser así, a nombre de quién lo está, porque no hay mucha claridad en el informe, para conocer si tendría alguna solicitud de permiso de uso. Es posible certificar que no se ha otorgado ningún permiso de uso en este sector perteneciente a Pavones. Asimismo, de conformidad con la Ley 6043, es al ICT al que le corresponde la supervisión y vigilancia general de la zona marítimo terrestre. Compete a las municipalidades velar directamente por el cumplimiento de las normas de esa ley según establece el artículo 3. La competencia del SINAC se enfocaría únicamente al área clasificada como patrimonio natural del estado. Tal y como se indica en el oficio No. SINACACOSA-PNE-AD-019-2021, la información que se levantó para la elaboración del informe No. SINACACOSA-RNFSG-AD-086-2020 es poco clara y podría estar desactualizada, por lo que es imprescindible establecer una caracterización de la ocupación con el objetivo de que una vez se no esté vigente la Ley de Protección de ocupantes de zonas clasificadas como Especiales No 9577, la cual fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta No 132 Alcance No 133 de 20 de julio de 2018, con una vigencia de 36 meses. También las presentes acciones están ajustadas y orientadas para ser eficientes en el uso del recurso con que cuenta el ACOSA, ya que como lo indica el oficio SINAC-ACOSA-D-059-2021 hay un recorte en las partidas de viáticos por 50% y combustible 62.5%. El Área de Conservación Osa (ACOSA), abordará la problemática de la siguiente manera:

"Objetivos del plan de acción primera etapa:

Elaborar un levantamiento de la ocupación georreferenciado dentro del polígono B3.

Elaborar un análisis técnico legal de la información, que permita establecer la ruta a seguir.

Etapa 1.

Tal y como lo indica el informe de la Licda. Ginette Jiménez Soto, oficio SINAC-ACOSAPNE-AD-019-2021, la información que se levantó para la elaboración del informe SINAC-ACOSARNFSGAD-086-2020, es poco clara y podría estar desactualizada por lo que se procederá a realizar un nuevo levantamiento de la información. En dicho levantamiento se procederá a recoger la siguiente información:

1. Puntos GPS, de ambas esquinas de la construcción u ocupación, cercanas a la zona pública.

2. Perímetros de la construcción y del predio.

3. Materiales de construcción.

4. Valor estimado de la construcción.

5. Datos de los ocupantes.

6. Tipo y tiempo de la ocupación.

7. Si cuentan con permisos de uso de suelo por parte de la municipalidad.

8. Si cuentan con concesión por parte de la municipalidad.

9. Si gestionaron permiso de uso de ante SINAC-ACOSA.

Esta etapa se realizará el realizará los días 13 y 14 de febrero de 2021. Responsable del levantamiento Lic. Joel García Medina.

Etapa 2.

Esta etapa se tabulará la información y se realizará el informe correspondiente por el cual se solicitará el análisis técnico legal a los departamentos de PNE y Legal. A partir de los resultados se establecerá los pasos a seguir por parte de ACOSA. Este informe se entregará a finales del presente mes.

Etapa 3

Elaboración del análisis técnico legal. El objetivo es indicar el estatus de la ocupación. Este informe deberá estar finalizado en la primera quincena del mes de marzo. 

Etapa 4

Elaboración del Plan de acción Operativo. El objetivo de este es desalojar la ocupación ilegal del PNE. El plan estará presentado para finales de marzo".

 

8.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Sánchez Navarro; y,

CONSIDERANDO:

 I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente reprocha que un año después de que denunció ante las dependencias y el ente local recurrido, la existencia de construcciones y ranchos improvisados en Playas Higuito y Pilón, y los consecuentes problemas sanitarios que esto supone, esta no ha sido atendida. Afirma que esa omisión, vulnera sus derechos fundamentales.

 II.- CUESTIÓN PRELIMINAR. Antes de analizar el fondo del asunto, debe aclararse que, a partir de la Sentencia No. 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute, si la administración ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por leyes sectoriales para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está frente a una denuncia, relacionada con el medio ambiente, la cual, presuntamente, no ha sido atendida, ni resuelta dentro de un plazo razonable. Atendiendo a los derechos fundamentales que se invocan, esta Sala valora las posibles dilaciones en la resolución de las denuncias de este tipo. Clarificado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

III.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para la decisión del presente amparo se tienen por demostrados los siguientes: 1) El 26 de marzo de 2020, el recurrente denunció ante el Ministerio de Salud la existencia de construcciones y ranchos improvisados en Playas Higuito y Pilón (copia adjunta al informe). 2) Mediante correo electrónico de 14 de abril de 2020, el recurrente reiteró su denuncia ante el Ministro de Salud (copia adjunta al informe). 3) Mediante oficio del Área Rectora de Salud de Golfito, No. MS-DRRSBRU-ARSGO-0294-2020 de 23 de abril de 2020, se trasladó dicha denuncia a la Municipalidad de Golfito (informe rendido bajo juramento). 4) Por oficio de esa Área de Salud, No. MS-DRRSBRU-ARSGO-0295-2020 de 23 de abril de 2020, se comunicó al recurrente que su denuncia había sido trasladada al ente local recurrido (informe rendido bajo juramento). 5) El 9 de junio 2020, se realizó un operativo interinstitucional en los lugares denunciados, en el cual participaron funcionarios de la Municipalidad de Golfito, SINAC y Ministerio de Salud, y aplicó el Instrumento de Verificación de a Denuncias por Aguas Residuales en Urbanizaciones o Residenciales (informe rendido bajo juramento). 6) Por oficio del Área de Conservación Osa, No. SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-086-2020 de 10 de junio de 2020, se rindió un informe de esa inspección, el cual concluyó que existían construcciones en la zona pública del polígono certificado Patrimonio Natural del Estado. Además, se georreferenciaron seis construcciones en la Zona Pública del polígono Certificado Patrimonio Natural del Estado (administración SINAC-MINAE), una construcción fuera de la Zona Pública en Patrimonio Natural del Estado y siete construcciones en Zona Pública, fuera del Patrimonio Natural del Estado (informe rendido bajo juramento y copia adjunta al informe). 7) El informe del Área Rectora de Salud recurrida, No. MS-DRRSBRU-URS-IT-140-2020 de 11 de junio de 2020, concluyó que el caserío que se ubica en Playa Pilón incumple las disposiciones en cuanto al manejo de aguas residuales y que utilizan pozos para abastecerse de agua para el consumo humano, los cuales irrespetan el retiro de ley y que corresponde a la Municipalidad de Golfito girar los actos administrativos correspondientes (informe rendido bajo juramento y copia adjunta al informe). 8) Por oficio del Área Rectora de Salud de Golfito, No. MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0573-2020 de 22 de junio 2020, se brindó un informe técnico de la visita que se realizó el 9 de junio a Playa Pilón, el cual evidenciaba que la situación denuncia se mantenía, puesto que existían un total de trece estructuras que carecían de sistema de tratamiento de aguas residuales y que, en vista que las estructuras se encuentran dentro de Patrimonio Natural del Estado, corresponde a la Municipalidad de Golfito y SINAC emitir los actos administrativos necesarios a fin de solventar la contaminación que se está presentando (informe rendido bajo juramento y copia adjunta al informe). 9) Por Informe de esa Área Rectora de Salud, No. MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0574-2020 de 22 de junio 2020, se informó que en la visita que se realizó el 9 de junio a Playa Higuito, no existían personas acampando en el lugar (informe rendido bajo juramento). 10) Por oficio No. MS-DRRSBRU-ARSGO-0710-2020 de 18 de agosto 2020, se solicitó a la Directora del Refugio de Vida Silvestre Golfito SINAC-ACOSA que elabora una plan de abordaje de la problemática en el cual establezca un cronograma y presupuesto respectivo (informe rendido bajo juramento y copia adjunta al informe). 11) Por oficio MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020 de 18 de agosto 2020, se solicita al Alcalde de Golfito que realizara un plan de abordaje de la problemática en el cual establezca un cronograma y presupuesto respectivo (informe rendido bajo juramento y copia adjunta al informe). 12)  Por oficio del Área Rectora de Salud recurrida, No. MS-DRRSBRU-ARSGO-0712-2020 de 18 de agosto 2020, se informó al recurrente de lo actuado a ese momento (copia adjunta al informe). 13) Por acuerdo tomado por el Concejo de Golfito en la sesión ordinaria No. 12-ORD 32-2020 de 19 de agosto de 2021, se conoció el oficio de esa Área de Salud de Golfito, No. MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020, y dispuso “trasladarlo a la administración y de las acciones a tomar se rinda un informe a este Concejo” (copia adjunta al informe). 14) Mediante Oficio de la Oficina de Valoraciones y del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, ambos de la Municipalidad recurrida, No. MG-OV-INT-043-2020 de 1 de octubre de 2020, se rindió un informe al Alcalde de Golfito, respecto de los hechos denunciados (copia adjunta al informe). 14) Por oficio MS-DRRSBRU-ARSGO-O-1218-2020 de 13 de noviembre de 2020, se requirió un informe a la Directora del Refugio de Vida Silvestre Golfito SINAC-ACOSA, sobre las acciones realizadas, en el entendido de que existía un problema de salud pública y una afectación al ambiente (informe rendido bajo juramento y copia adjunta al informe). 15) Por oficio MS-DRRSBRU-ARSGO-O-1219-2020 de 13 de noviembre de 2020, se solicitó un informe al Alcalde recurrido, sobre las acciones realizadas (informe rendido bajo juramento y copia adjunta al informe). 16) El 11 de diciembre de 2020, el recurrente reiteró su denuncia ante el Ministro de Salud (copia adjunta al informe). 17) Mediante el oficio de la Dirección General de Salud, No. MS-DGS-0046-2021 de 8 de enero de 2021, se trasladó esa gestión del recurrente a la Rectoría de la Dirección Regional Brunca, para lo de su cargo (copia adjunta al informe). 18) Por oficio MS-DRRSBRU-ARSG-0043-2021 de 20 de enero de 2021, se requirió un informe la Alcalde de Golfito y la Directora del Refugio de Vida Silvestre Golfito SINAC-ACOSA, sobre las gestiones realizadas (informe rendido bajo juramento y copia adjunta al informe). 19) Por oficio del Área Rectora de Salud recurrida, No. MS-DRRSBRU-ARSG-0044-2021 de 20 de enero de 2021 se brindó un informe al Ministro de Salud sobre las actuaciones realizadas (informe rendido bajo juramento y copia adjunta al informe). 20) Por oficio No. SINAC-ACOSA-D-033-2021 de 21 de enero de 2021, se rindió el informe solicitado (informe rendido bajo juramento y copia adjunta al informe). 21) Por oficio del Alcalde de Golfito, No. AM-MG-O-0024-2021 de 25 de enero 2021, se informó que el oficio MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020 había sido remitido al Departamento de Valoraciones y al Departamento de Zona Marítimo Terrestre (informe rendido bajo juramento y copia adjunta al informe). 22) El 26 de enero de 2021 se reiteró a la Directora del Refugio de Vida Silvestre del Área de Conservación de Osa que brindara la información que ha solicitado anteriormente a fin de dar respuesta al denunciante a las autoridades superiores (informe rendido bajo juramento). 23) Mediante el oficio de la Alcaldía, No. AM-MG-0027-2021 de 26 de enero de 2021, se rindió un informe al Concejo de Golfito respecto de los hechos denunciados por el recurrente (copia adjunta al informe). 24) Por oficio MS-DRRSBRU-1503-2021 de 27 de enero de 2021, se informó al denunciante de lo actuado (informe rendido bajo juramento y copia adjunta al informe). 25) Por oficio MS-DRRSBRU-ARSGO-0056-2021 de 28 de enero de 2021, se informó al denunciante las actuaciones realizadas en atención a su denuncia (informe rendido bajo juramento). 26) El 3 de febrero de 2021, el Área Rectora de Salud de Golfito, ordenó que se realizara una inspección en Playa Pilón, para verificar si habían variado las condiciones previamente existentes en ese lugar (informe rendido bajo juramento). 27) El Informe Técnico del Área Rectora de Salud recurrida, No. MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0058-2021 de 3 de febrero de 2021, concluyó que las condiciones detectadas en Playa Pilón persistían (informe rendido bajo juramento). 28) Mediante el oficio de la Alcaldía de Golfito, No. AM-MG-O-0050-2021 de 8 de febrero del 2021, se brindó un informe al recurrente de las acciones que se pretenden implementación con ocasión de su denuncia (copia adjunta al informe). 29) El 3 de febrero de 2021, se notificó el auto de curso a la Municipalidad y al Área de Salud recurridas (actas de notificación visibles en el Historial de Acontecimientos del Expediente Electrónico). 30) El 8 de febrero de 2021, se notificó es oficio al recurrente, a través del correo electrónico  [email protected] (copia adjunta al informe).

 IV.- HECHOS NO PROBADOS. Se estima no demostrado, el siguiente de relevancia: Único.- Que el Área de Conservación Osa haya brindado respuesta alguna al recurrente, ni que haya dispuesto medida alguna para abordar la denuncia.

 V.- SOBRE EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha reconocido que la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos tanto a nivel constitucional como a través de la normativa internacional. Se ha indicado que el ejercicio legítimo de ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, y que corresponde al Estado la protección del ambiente, según el principio precautorio que rige en materia ambiental. Este principio obliga al Estado a disponer todo lo que sea necesario, dentro del ámbito permitido por la ley, a efectos de impedir que se produzcan daños irreversibles al ambiente, para cuyo efecto es responsable de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido este derecho como una situación de bienestar físico, psíquico (o mental) y social (véase Sentencia No. 1998-0180 de las 16:24 horas del 13 de enero de 1998). La obligación objetiva del Estado en materia de protección ambiental no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas, o bien, de personas físicas y jurídicas. De este modo, el Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio, así como también aquellas que vulneren el ambiente, lo cual puede hacer a través de leyes, reglamentos, acuerdos u otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos. En consecuencia, la posibilidad de exigir judicialmente, a través del recurso de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida, salud o derecho al ambiente en beneficio de sus habitantes, está restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas. De lo que se desprende que la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país.

 VI.- CASO CONCRETO. En la especie, el recurrente reprocha que un año después de que denunció ante las dependencias y el ente local recurrido, la existencia de construcciones y ranchos improvisados en Playas Higuito y Pilón, y los consecuentes problemas sanitarios que esto supone, esta no ha sido atendida. Afirma que esa omisión, vulnera sus derechos fundamentales.

En lo que respecta al Ministerio de Salud, los autos permiten constatar que, el 26 de marzo de 2020, el recurrente denunció ante el Ministerio de Salud la existencia de construcciones y ranchos improvisados en Playas Higuito y Pilón y que el 14 de abril de ese mismo año, el recurrente reiteró esa denuncia ante el Ministro de Salud. También, se demostró que mediante el oficio de esa Área de Salud, No. MS-DRRSBRU-ARSGO-0295-2020 de 23 de abril de 2020, se comunicó al recurrente que su denuncia había sido trasladada a la Municipalidad de Golfito. Igualmente, se verificó que el 9 de junio 2020, se realizó un operativo interinstitucional en los sitios denunciados, en el cual participaron funcionarios de la Municipalidad de Golfito, SINAC y Ministerio de Salud, el cual aplicó el Instrumento de Verificación de a Denuncias por Aguas Residuales en Urbanizaciones o Residenciales. El informe del Área Rectora de Salud recurrida, No. MS-DRRSBRU-URS-IT-140-2020 de 11 de junio de 2020, arroja que el caserío que se ubica en Playa Pilón presenta problemas en cuanto al manejo de aguas residuales y que utilizan pozos para abastecerse de agua para el consumo humano, los cuales irrespetan el retiro de ley. Asimismo, se verificó que por oficios del Área Rectora de Salud de Golfito, Nos. MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0573-2020 y MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0574-2020, ambos de 22 de junio 2020, se brindó un informe técnico de las inspecciones que se realizaron en los sitios denunciados, según las cuales, en Playa Pilón la situación denunciada se mantenía, puesto que existían trece estructuras que carecían de sistema de tratamiento de aguas residuales, en tanto que en Playa Higuito, no existían personas acampando en el lugar. Aunado a lo anterior, consta que el recurrente ha sido informado en distintos momentos de la intervención que el Área Rectora de Salud ordenó a la Municipalidad de Golfito y al Área de Conservación Osa, la elaboración de un plan de abordaje del problema, con su respectivo cronograma y presupuesto, así como que se ha requerido reiteradamente un informe a esas autoridades de lo actuado. Pese a lo anterior, si bien con ocasión de la notificación del auto de curso, el Área Rectora de Salud de Golfito, ordenó la realización de una inspección en Playa Pilón, para verificar si habían variado las condiciones previamente existentes en ese lugar, la cual permite verificar que el problema denunciado persistía en Playa Pilón, no se demostró que el recurrente haya sido informado de ello. Precisamente, por lo anterior, estima este Tribunal que se produjo la omisión reclamada.

En cuanto al ente local recurrido, de los autos se acredita que, en el acuerdo tomado por el Concejo de Golfito en la sesión ordinaria No. 12-ORD 32-2020 de 19 de agosto de 2021, se conoció el oficio del Área de Salud de Golfito, No. MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020, y dispuso “trasladarlo a la administración y de las acciones a tomar se rinda un informe a este Concejo”. También, se verificó que por Oficio de la Oficina de Valoraciones y del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad recurrida, No. MG-OV-INT-043-2020 de 1 de octubre de 2020, se rindió un informe al Alcalde de Golfito, respecto de los hechos denunciados. Además, se constata que mediante el oficio de la Alcaldía, No. AM-MG-0027-2021 de 26 de enero de 2021, se rindió un informe al Concejo de Golfito respecto de los hechos denunciados por el recurrente. Aunado a lo anterior, si bien con ocasión de la notificación del auto de curso a las autoridades locales recurridas, se brindó y notificó un informe al recurrente de las acciones que se pretenden implementar con ocasión de su denuncia, no consta que el problema denunciado haya sido atendido. Así las cosas, estima la Sala que se produjo la infracción reclamada.

En lo que atañe al Área de Conservación Osa, se demostró que por oficio No. SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-086-2020 de 10 de junio de 2020, se rindió un informe de la inspección interinstitucional que se realizó el 9 de ese mismo mes, la cual concluyó que existían construcciones en la zona pública del polígono certificado Patrimonio Natural del Estado. Además, se georreferenciaron seis construcciones en la Zona Pública del polígono Certificado Patrimonio Natural del Estado (administración SINAC-MINAE), una construcción fuera de la Zona Pública en Patrimonio Natural del Estado y siete construcciones en Zona Pública, fuera del Patrimonio Natural del Estado. Por lo anterior, según afirma la Directora a.i. de esa Área de Conservación Osa, es necesario exigir al ICT en nombre del Estado y a la municipalidad recurrida el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria, pues la competencia del SINAC se enfocaría únicamente al área clasificada como Patrimonio Natural del Estado. Aunado a lo anterior, explica, en vista de que la información que se levantó para la elaboración de ese informe es poco clara y podría estar desactualizada, es imprescindible establecer una caracterización de la ocupación con el objetivo de que una vez se no esté vigente la Ley de Protección de ocupantes de zonas clasificadas como Especiales, 9577. Si bien, se verificó que a esos efectos se dispuso un plan de acción que permita establecer la ruta a seguir, no consta idónea y fehacientemente que al denunciante se le haya informado nada sobre el particular, ni que haya dispuesto medida alguna para resolver el problema. Bajo esta inteligencia, aprecia la Sala se produjo el agravio reclamado.

 VII.- NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. Debo advertir que desde la sentencia n.° 2019-2355 de las 9:30 de 12 de febrero de 2019, mi postura ha sido la siguiente en relación con los recursos de amparo cuando estos han sido planteados a favor de una persona jurídica:

 “…en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Granier y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural  que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica  a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas. En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica,  de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado) (OC. 22/16)”. 

 

Ahora, si bien el recurso de marras está planteado a favor de una persona jurídica, no menos cierto es que en el sub iudice se acusa la falta de atención de una denuncia ambiental interpuesta ante las autoridades accionadas, mediante la cual se alegó la existencia de construcciones y ranchos improvisados en Playas Higuito y Pilón. Visto lo anterior, conviene señalar que este Tribunal ha validado la legitimación vicaria en materia ambiental, tal como se aprecia en la sentencia n.° 2018-018870 de las 9:40 horas del 13 de noviembre de 2018: “(…) tratándose de materia ambiental, como la que es objeto en este recurso, la Sala sí ha aceptado la legitimación vicaria, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 105 de la Ley de Biodiversidad, que reconoce una acción popular al señalar: “Toda persona está legitimada en sede administrativa o jurisdiccional, en defensa y protección de la biodiversidad” (ver sentencias No. 2018-1185 y 2018-1794). Por consiguiente, se admite la gestión y se procede a conocer por el fondo lo reclamado”. En mérito de lo anterior, dado que se está frente a un supuesto de legitimación vicaria, considero pertinente conocer el recurso planteado a favor de la persona jurídica amparada.

 VIII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa la presunta contaminación, producida por construcciones y ranchos improvisados en Playas Higuito y Pilón, lo cual fue denunciado ante la Municipalidad de Golfito, y el Ministerio de Salud, sin que la problemática sea resuelta de forma definitiva, provocando afectación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

 IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Daniel Salas Peraza, a Fernando Mata Castro, a Freiner Lara Blanco, a Gustavo Mayorga Mayorga y a Laura Rivera Quintanilla, respectivamente, en condición de Ministro de Salud y de  Director del Área Rectora de Salud de Golfito, de Alcalde y de Presidente del Concejo, ambos de Golfito, y de Directora a.i. del Área de Conservación Osa, o a quienes ejerzan esos cargos, que dispongan y coordinen lo necesario a efecto que en el plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, resuelva en definitiva la denuncia del recurrente. Se advierte a los recurridos que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Golfito, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Los Magistrados Rueda Leal y Salazar Alvarado, de forma separada, ponen nota. Notifíquese.-

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Paul Rueda L.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.




Alejandro Delgado F.

	

 

	

Ileana Sánchez N.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 CE6V6U7HT0061

EXPEDIENTE N° 21-001802-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 08:43:43.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**CONSTITUTIONAL CHAMBER**

**Resolution No. 07464 - 2021**

**Resolution Date:** April 16, 2021, at 09:15

**Case File:** 21-001802-0007-CO

**Drafted by:** Ileana Sánchez Navarro

**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER

**Judgment with Separate Note**

**Relevance Indicators**

**Relevant Judgment**

**Related Judgments**

**Content of Interest:**

**Type of content:** Majority Vote

**Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS

**Topic:** ENVIRONMENT

**Subtopics:**

CONSTRUCTION.

07464-21. ENVIRONMENT. SEVERAL INSTITUTIONS ARE ORDERED TO RESOLVE, WITHIN THREE MONTHS, THE COMPLAINTS RAISED REGARDING CONSTRUCTIONS AND IMPROVISED RANCHOS IN HIGUITO AND PILÓN BEACHES IN OSA. VCG05/2021

**Other References:** JUDGMENT: 2545-08

**Content of Interest:**

**Type of content:** Majority Vote

**Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS

**Topic:** PETITION

**Subtopics:**

OMISSION.

07464-21. PETITION. THE APPELLANT FILED A COMPLAINT ABOUT THE EXISTENCE OF CONSTRUCTIONS AND IMPROVISED RANCHOS IN HIGUITO AND PILÓN BEACHES AND THE DEPENDENCIES HAVE NOT RESPONDED.

“(…) Despite the foregoing, although on the occasion of the notification of the order to proceed, the Governing Health Area of Golfito ordered an inspection at Pilón Beach to verify whether the previously existing conditions at that location had changed, which allows verifying that the reported problem persisted at Pilón Beach, it was not demonstrated that the appellant was informed of this. Precisely for this reason, this Tribunal considers that the claimed omission occurred.

(…)

In addition to the foregoing, although on the occasion of the notification of the order to proceed to the local authorities appealed against, a report was provided and notified to the appellant regarding the actions intended to be implemented concerning his complaint, there is no record that the reported problem has been addressed. Thus, the Chamber considers that the claimed infringement occurred.

Regarding the Osa Conservation Area (Área de Conservación Osa), it was demonstrated that through official letter No. SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-086-2020 dated June 10, 2020, a report was submitted on the inter-institutional inspection carried out on the 9th of that same month, which concluded that there were constructions in the public zone of the polygon certified as State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado). In addition, six constructions were georeferenced in the Public Zone of the State Natural Heritage Certified polygon (SINAC-MINAE administration), one construction outside the Public Zone on State Natural Heritage, and seven constructions in the Public Zone, outside the State Natural Heritage. Due to the foregoing, as stated by the Acting Director of that Osa Conservation Area, it is necessary to demand that the ICT on behalf of the State and the appealed municipality comply with the legal and regulatory provisions, since SINAC's competence would be focused solely on the area classified as State Natural Heritage. In addition, she explains, in view of the fact that the information gathered for the preparation of that report is unclear and could be outdated, it is essential to establish a characterization of the occupation so that, once Law for the Protection of Occupants of Zones Classified as Special, 9577, is no longer in force. Although it was verified that an action plan was provided for these purposes to establish the route to follow, there is no suitable and reliable record that the complainant was informed of anything on the matter, nor that any measure was taken to resolve the problem. Under this reasoning, the Chamber considers that the claimed grievance occurred. (…)” VCG05/2021

**Content of Interest:**

**Type of content:** Majority Vote

**Branch of Law:** 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

**Topic:** 050- Environment

**Subtopics:**

NOT APPLICABLE.

ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION

“(…) V.- ON THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. On repeated occasions, this Chamber's jurisprudence has recognized that public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are recognized both at the constitutional level and through international regulations. It has been indicated that the legitimate exercise of that right requires that resources be used rationally, and that it is the State's responsibility to protect the environment, according to the precautionary principle (principio precautorio) that governs environmental matters. This principle obliges the State to arrange everything necessary, within the scope permitted by law, to prevent irreversible damage to the environment, for which purpose it is responsible for achieving the social conditions conducive to each person being able to enjoy their health, this right being understood as a situation of physical, psychological (or mental), and social well-being (see Judgment No. 1998-0180 of 1:24 p.m. on January 13, 1998). The objective obligation of the State regarding environmental protection does not inevitably entail a subjective right of individuals to demand, through judicial bodies, that a specific measure be taken, but it does entail the right for suitable measures to be adopted in protection of that right, in the face of openly negligent attitudes by public authorities or natural and legal persons. In this way, the State acquires the obligation to regulate areas of social life from which dangers may arise for the physical existence of the inhabitants of its territory, as well as those that violate the environment, which it can do through laws, regulations, agreements, or other measures related to administrative organization and procedures. Consequently, the possibility of judicially demanding, through the amparo remedy (recurso de amparo), a specific type of State activity in fulfillment of its duty to protect life, health, or the right to the environment for the benefit of its inhabitants, is restricted to the clear verification of an imminent danger against those rights of individuals. From which it follows that the interference of the constitutional jurisdiction is only viable in the face of the proven inaction of the State, through its competent bodies, in addressing the demands made by the country's inhabitants in the exercise of their rights. (…)” VCG05/2021

**Content of Interest:**

**Type of content:** Separate Note

**Branch of Law:** 6. LAW OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION ANNOTATED WITH JURISPRUDENCE

**Topic:** 033- Active Standing

**Subtopics:**

NOT APPLICABLE.

VII.- NOTE FROM JUDGE RUEDA LEAL. I must warn that since judgment No. 2019-2355 of 9:30 on February 12, 2019, my position has been the following in relation to amparo remedies (recursos de amparo) when they have been filed on behalf of a legal person:

“…in Advisory Opinion 22-16 of February 26, 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that although some States recognize the right to petition to legal persons under special conditions, such as unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the fact is that “Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of natural persons, so legal persons are not holders of the rights enshrined in said treaty.” On the other hand, in the same advisory opinion, the Inter-American Court stated that, in certain particular contexts, natural persons can exercise their rights through legal persons (for example, through a media outlet, as happened in the Granier et al. v. Venezuela case); however, in order for this to be protectable before the inter-American system, “the exercise of the right through a legal person must involve an essential and direct relationship between the natural person requiring protection from the inter-American system and the legal person through which the violation occurred, since a simple link between both persons is not sufficient to conclude that the rights of natural persons and not of legal persons are actually being protected. Indeed, it must be proven beyond the simple participation of the natural person in the activities proper to the legal person, so that said participation substantially relates to the rights alleged to have been violated.” (emphasis added) (OC. 22/16)”.

Now, although the appeal at hand is filed on behalf of a legal person, it is no less true that in the sub iudice, a lack of attention to an environmental complaint filed before the accused authorities is alleged, through which the existence of constructions and improvised ranchos in Higuito and Pilón Beaches was claimed. Given the foregoing, it is worth noting that this Tribunal has validated vicarious standing (legitimación vicaria) in environmental matters, as seen in judgment No. 2018-018870 of 9:40 a.m. on November 13, 2018: “(…) in the case of environmental matters, such as the one at hand in this appeal, the Chamber has indeed accepted vicarious standing, in accordance with the provisions of Article 105 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), which recognizes a popular action by stating: “Every person has standing in administrative or jurisdictional venues, in defense and protection of biodiversity” (see judgments No. 2018-1185 and 2018-1794). Therefore, the petition is admitted, and we proceed to hear the merits of the claim.” By virtue of the foregoing, given that this is a case of vicarious standing, I consider it pertinent to hear the appeal filed on behalf of the protected legal person.

VCG05/2021

**Content of Interest:**

**Type of content:** Separate Note

**Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS

**Topic:** ENVIRONMENT

**Subtopics:**

CONSTRUCTION.

VIII.- NOTE FROM JUDGE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the undersigned's criterion that if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as occurs in this case, in which the alleged contamination is accused, produced by constructions and improvised ranchos in Higuito and Pilón Beaches, which was reported to the Municipality of Golfito and the Ministry of Health, without the issue being resolved definitively, causing the affectation of a healthy and ecologically balanced environment.

VCG05/2021

**Text of the resolution**

**Case File: 21-001802-0007-CO**

**Res. No. 2021007464**

**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours and fifteen minutes on April sixteenth, two thousand twenty-one.

**Amparo remedy (Recurso de amparo) filed by JOSEPH DOUGLAS ROBERTSON JR., passport 487373244, on behalf of the ASOCIACIÓN CÁMARA DE TURISMO DE PAVONES, legal identification number 3002754000, against the OSA CONSERVATION AREA (SINAC-ACOSA), THE MUNICIPALITY OF GOLFITO, AND THE MINISTRY OF HEALTH.**

**WHEREAS:**

**1.-** Through a brief filed at 1:16 p.m. on January 29, 2021, the appellant filed an amparo remedy (recurso de amparo) against the Osa Conservation Area, the Municipality of Golfito, and the Ministry of Health, since, as he states, he is the President of the Asociación Cámara de Turismo de Pavones and, complying with the firm agreement of the Board of Directors of his represented entity, he appeals against the Director of the SINAC-ACOSA Wildlife Refuge, the Mayor, and the President of the Council, both of Golfito, because these authorities have done nothing regarding the situation brought to their attention by the Governing Health Area of Golfito, as follows: The field inspection reports No. SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-086-2020, MS-DRRSBRU-URS-IT-0140-2020, and MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0573-2020 evidenced the invasion of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) of Pilón Beach, where they found structures located in the inalienable space under municipal administration, in the public zone, and on State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), for which the appealed authorities were requested, in official letters addressed to them, to generate an approach plan for this issue, with an action timeline and the respective budget, as well as to keep the Ministry of Health authorities informed about the actions issued. The appellant expresses his concern about how this situation affects the beaches, residents, and tourists; he alleges that the Ministry of Health has also not processed anything related to the complaint filed by that Tourism Chamber, nor has it ensured the right to health; on the contrary, the repeated emergency declarations demonstrate that we are in a second wave of the Covid-19 pandemic and the contamination problem has increased. They made this known in a communication addressed to the Ministry of Health authorities, to the email addresses [email protected] and [email protected] on December 11, 2020. The appellant expresses his disagreement because since August 19, 2020, when the Ministry of Health summoned the other authorities to address the raised issue within a reasonable timeframe, more than five months have elapsed and they have not acted. He considers this to violate the principle of prompt response and his right to a prompt and complete response. Furthermore, he criticizes that there is negligence on the part of the appealed authorities in addressing the public health problem and responding to the Ministry of Health's requirements. He requests that the respondents be ordered to immediately address the public health problems expressed by the Ministry of Health and that they be ordered to pay costs, damages, and losses.

**2.-** By resolution at 10:20 a.m. on February 1, 2021, the appeal was processed and a report was requested from the Director of the Wildlife Refuge of the Osa Conservation Area (SINAC-ACOSA), the Mayor and the President of the Council, both of Golfito, the Minister of Health, and the Director of the Governing Health Area of Golfito, regarding these facts.

**3.-** Reports under oath Daniel Salas Peraza, in his capacity as Minister of Health, and indicates that he responds to this legal report based on Official Letter No. MS-DRRSBRU-1921-2021 of February 4, 2021, issued by Dr. Christian Valverde, in his capacity as Regional Director of the Brunca Health Governing Body (Rectoría de la Salud Brunca), who, in summary, states the following:

“(…) 1. In March 2020, this Ministry received an unsigned note reporting constructions and improvised ranchos in Higuito Beach and Pilón Beach where some families reside. This complaint was also referred to the Customer Service Directorate. The note indicates it is on behalf of the Board of Directors of the Asociación de Cámara de Turismo and the email was sent by Mr. Joseph Robertson.

2. By official letter MS-DRRSBRU-ARSGO 0295-2020, Dr. Fernando Mata informs Mr. Robertson that he has received the note, that the complaint was forwarded to the Municipality of Golfito so they could address the case within their competences. (folio 11)

3. On June 9, 2020, an inter-institutional operation was carried out, in which officials from the Municipality of Golfito, SINAC, and the Ministry of Health participated; on-site, the Instrument for Verification of Complaints regarding Wastewater in Urbanizations or Residential areas was applied. (Folios 13 and 14).

4. By official letter SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-086-2020, Ms. Ana Cecilia Medina Gutiérrez submits an inspection report for Puerto Pilón, in which it is concluded that there are constructions in the public zone of the polygon certified as State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado); in addition, six constructions were georeferenced in the Public Zone of the State Natural Heritage Certified polygon (SINAC-MINAE administration), one construction outside the Public Zone on State Natural Heritage, and seven constructions in the Public Zone, outside the State Natural Heritage (administration of the Municipality of Golfito). (folios 15 to 18)

5. Ms. Jovita Morera and Mr. Marvin Salamanca, officials of the Health Governing Unit (Unidad de Rectoría de la Salud), issue report MS-DRRSBRU-URS-IT-140-2020 dated June 11, 2020, in which they state that the hamlet located at Pilón Beach fails to comply with the provisions regarding wastewater management and that they use wells to supply water for human consumption, but that these wells do not respect the legal setback and that it is the responsibility of the Municipality of Golfito to issue the corresponding administrative acts (folio 20 and 21)

6. Technical report MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0573-2020 dated June 22, 2020, signed by Ms. Hellen Rodríguez, official of the Golfito ARS, in which she states that during the visit made on June 9, 2020, to Pilón Beach, it is evident that the reported situation persists, there is a total of thirteen structures lacking a wastewater treatment system and that, given that the structures are located within State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), it is the responsibility of the Municipality of Golfito and SINAC to issue the necessary administrative acts to resolve the contamination that is occurring (Folios 22 to 24).

7. Report MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0574-2020 dated June 22, 2020, signed by Ms. Hellen Rodríguez, official of the Golfito ARS, in which she states that during the visit made on June 9, 2020, to Higuito Beach, the reported situation does not persist and there are no people camping at the location. (Folios 25 and 26).

8. By official letter MS-DRRSBRU-ARSGO-0710-2020 dated August 18, 2020, Dr. Fernando Mata requests from Master Laura Rivera Quintanilla, Director of the Golfito Wildlife Refuge SINAC-ACOSA, an approach plan for the issue establishing a timeline and respective budget. (Folio 28).

9. By official letter MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020 dated August 18, 2020, Dr. Fernando Mata requests from Mr. Freiner Lara Blanco, Mayor of the Municipality of Golfito, an approach plan for the issue establishing a timeline and respective budget. (Folio 29).

10. By official letter MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020, Dr. Fernando Mata informs Mr. Joseph Robertson of the actions taken to date. (Folio 31).

11. By official letter MS-DRRSBRU-ARSGO-O-1218-2020, dated November 13, 2020, Dr. Fernando Mata requests from Master Laura Rivera, Director of the Golfito Wildlife Refuge SINAC-ACOSA, a report on the actions taken, understanding that there is a public health problem and an impact on the environment. (Folio 33).

12. By official letter MS-DRRSBRU-ARSGO-O-1219-2020, dated November 13, 2020, Dr. Fernando Mata requests from Mr. Freiner Lara Blanco, Mayor of the Municipality of Golfito, a report on the actions taken, understanding that there is a public health problem and an impact on the environment. (Folio 34).

13. By official letter MS-DRRSBRU-ARSG-0043-2021, dated January 20, 2021, addressed to Mr. Freiner Lara Blanco, Mayor of the Municipality of Golfito, and Master Laura Rivera, Director of the Golfito Wildlife Refuge SINAC-ACOSA, Dr. Fernando Mata, following up on official letters MS-DRRSBRU-ARSGO-0710-2020 and MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020, requests that they inform him of the actions taken. (Folio 40 and 41).

14. By official letter MS-DRRSBRU-ARSG-0044-2021, dated January 20, 2021, Dr. Fernando Mata informs the undersigned of the actions taken.

15. By means of official letter SINAC-ACOSA-D-033-2021, dated January 21, 2021, Master Laura Rivera Quintanilla forwards to Dr. Fernando Mata the report SINACACOSA-RNFSG-AD-086-2020, which I referred to in point four of this official letter. (Folio 49 to 53)

16. By official letter AM-MG-O-0024-2021 dated January 25, 2021, Mr. Freiner Lara Blanco, Mayor of the Municipality of Golfito, informs Dr. Fernando Mata that official letter MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020 was referred to the Valuation Department (Departamento de Valoraciones) and the Maritime-Terrestrial Zone Department (Departamento de Zona Marítimo Terrestre), attaches reports MG-OV-INT-043-20200 and MS-OV-IT-026-2019, and concludes his official letter indicating that they are awaiting the opinion of the Environmental Commission (Comisión de Ambientales). (Folio 54-114).

17. On January 26, 2021, Dr. Fernando Mata sends an email to Master Laura Rivera Quintanilla, in which he requests that she provide the information previously requested in order to respond to the complainant and to higher authorities. (Folio 115).

18. By official letter MS-DRRSBRU-ARSGO-0056-2021 dated January 28, 2021, Dr. Fernando Mata informs the complainant of the actions taken in response to his complaint. (Folio 117)

19. By official letter MS-DRRSBRU-1503-2021, and in response to official letter MS-DGS-0046-2021, the undersigned informs the complainant of the actions taken (…)”

In accordance with the foregoing, the Ministry, through the authorities of the Governing Health Area of Golfito and the Regional Directorate of the Brunca Health Governing Body, has provided attention and follow-up to the case at hand and has sent a response to the protected party, keeping him informed of the actions taken by this Ministry according to its competences; this is recorded in notifications made to the protected party here, according to the case file at hand, which the Governing Health Area of Golfito will forward to this Chamber. It is not superfluous to indicate that matters related to the domain, development, use, and exploitation of maritime-terrestrial zones (zonas marítimo terrestres) constitute municipal competence, in this case, of the Municipality of Golfito.

**4.-** Reports under oath Freiner Lara Blanco, in his capacity as Mayor of Golfito, and indicates that by agreement transcribed by official letter SMG-T-0479-08-2020 dated August 27, 2020, the Council took cognizance of official letter MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020 dated August 18, 2020, in which it was agreed to refer the complaint to the administration so that the appropriate actions could be taken and a report rendered to that body. By official letter No. MG-OV-INT-043-2020 dated October 1, 2020, it is indicated:

“The report attached as an annex shows that the problem has existed since 2007, since in that sector the inspection team carried out an inventory of the constructions in the same sector. The departments of Legal Counsel (Asesoría Legal), Service Platform (Plataforma de Servicios), Inspections, and the Mayor's Office have been consulted verbally, and some documentation of the case is known, to find out if there is evidence of relocation of the occupants of the zone at that time or eviction records. The colleague, Ms. Victoria Blanco Moraga, located a copy of the file containing some information on procedures carried out in 2009 on the same problem, with no record existing of any execution of the project.

The file shows a series of sketches of proposed zones for the relocation of the persons classified as fishermen who inhabit the place.

Regarding these, we must indicate that the zone is currently occupied (administrative files are unknown, their current status, and whether they were previously occupants of the sector in conflict) … so it is not recommended as a solution to the problem …

1.1. Recent Proposal

Although the Standard is clear on how to proceed with illegal occupations, the institution must not ignore the social problem existing in this specific sector; a solution to both problems can be sought if the necessary resources are available.

This department at the time worked on a proposal to provide an option to relocate these illegal occupants; the proposal made consists of enabling a sector in the Restricted Zone (Zona Restringida) of the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre) that is currently zoned in the Coastal Regulatory Plan (Plan Regular costero) Sector A Puerto Pilón as a Community Facilities Zone (Zona de Facilidades Comunales) and Tourist Accommodation Zone (Zona de Alojamiento Turístico); this zone is located 500 linear meters from the place currently occupied; a general image of the place is shown.

The reason for proposing this zone, which was being worked on in the development of the Comprehensive Regulatory Plan of Pavones (PRI), jointly with the ICT, and in the sector demarcated in green as the proposed relocation zone, a proposal has been made to implement secondary and tertiary roadways, given that this zone currently lacks real access.

The PRC proposes a road that comes from registered land; the necessary expropriations have not currently been carried out, and there are constructions along its route.

In image 3, the roadway proposed in the PRI is seen in green; this always enters through the restricted zone; the tertiary roads seen in front of boundary markers 514, 515, 516 are those that would provide access to the defined public zone of the Ría de la quebrada Pavón, the same place where the local cemetery is located, for which access has been requested on other occasions, and it is these roads that would provide the option of lotifying the sector if a change is made in the zoning.

In image 4, a layout example for the subdivision (lotificación) is shown; the described zone would change its use to Residential Zone in the PRC. It is necessary to emphasize that this is only a proposal that was considered for the PRI process; it is not for immediate implementation since the process of implementing said Regulatory Plan (Plan Regulador) would need to be completed first, which is estimated at 2 to 3 years. Furthermore, the solution would be to provide an option to local residents so that, if they wish, they can request one of the proposed lots through the concession (concesión) figure, without being able to develop the land until the concession is obtained and duly registered in the National Registry (Registro Nacional) (sic).

                    Conclusions and Recommendations.

It has been evidenced in the previous points that the Municipality's technical team has carried out the necessary processes (survey and inspection) requested for a process whose direction is unknown, but which, however, serves so that the Administration can take the necessary actions; the eviction procedure and how to intervene are unknown, so I suggest requesting a criterion from the legal counsel (asesoría legal) on how to proceed in these cases.

I also consider it necessary to verify if there are social welfare projects in which, after carrying out a socioeconomic assessment of each family nucleus, another housing option can be given to the occupants, a task that must be performed by the Municipality's social worker or social promoter.

It can also be observed in the file provided by the person in charge of the Service Platform (Plataforma de Servicios) that the Joint Institute for Social Assistance (Instituto Mixto de Ayuda Social) was informed in 2009; advice can be sought from this and other institutions, and even projects that can provide housing options to the affected persons can be explored.

From the Appraisal Report MG-OV-IT-026-2019 dated August 6, 2019, signed by the official Mr. Bryan Tenorio Sánchez, as Topographer of the Valuation Office (Oficina de Valoraciones), regarding the Survey of Constructions in the Public Zone, Pavones, the following is concluded: “…all the constructions (except those occupied by Mr. Luis Concepción Caballera, for which, due to their proximity to the boundary marker line, a survey with specialized equipment is intended to be carried out) are located in the Public Zone of the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre). Some of these were already noted in Official Letter No. MGPS-20175-2007, prepared by the inspection colleagues, with the occupants and even the improvements to the land changing on some occasions.

The survey will be carried out on August 7, 2019, jointly with the inspectors; additionally, a second visit will be made to the site for cases where the occupants of the constructions were not found.

Other constructions located in the Restricted Zone of the maritime-terrestrial zone in the same sector were analyzed. However, they are addressed in another report due to their direct relationship with concession (concesión) applications open at the municipality.

                    Subsequently, through Official Letter No. AM-MG-O-0024-2021 dated January 25, 2021, they refer to the actions taken in response to Official Letter No. MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020 dated August 18, 2020, to which the proposals issued through Official Letter No. MG-OV-INT-043-2020 dated October 1, 2020, signed by Mr. Bryan Tenorio Sánchez, as Topographer of the Valuation Office (Oficina de Valoración) and the official María del Carmen Vargas Arrieta, as Acting Head, are attached.

of the Maritime Zone Department, both of the Municipality of Golfito”

Thus, it is proven that the Municipal Administration has been taking actions regarding the case of encroachments on public land within the maritime zone, which is why it is not true that no response has been given to the petitioner, much less that no actions have been taken regarding the complaint filed by the petitioner.

5.- Gustavo Mayorga Mayorga, in his capacity as President of the Golfito Council, reports under oath and reiterates the arguments made by the Mayor of that canton.

6.- Fernando Mata Castro, in his capacity as Director of the Golfito Governing Health Area, reports under oath and states that in March 2020, an unsigned note was received via email, denouncing constructions and improvised shacks (ranchos) in Playa Higuito and Playa Pilón, where some families reside. This complaint was forwarded, in the same manner, to the Customer Service Department. The note states it is on behalf of the Board of Directors of the Cámara de Turismo Association and the email was sent by Joseph Robertson. Through Official Letter No. MS-DRRSBRU-ARSGO 0295-2020 of April 23, 2020, a response was provided to the petitioner, acknowledging receipt of the note and informing that it had been forwarded to the Municipality of Golfito so they could address the case within their competencies. On June 9, 2020, an inter-institutional verification operation was carried out on site, in which officials from the Municipality of Golfito, SINAC, and the Ministry of Health participated. The Ministry applied the Instrument for Verification of Complaints regarding Wastewater in Urbanizations or Residential Areas (Instrumento de Verificación a Denuncias por Aguas Residuales en Urbanizaciones o Residenciales). Through Official Letter No. SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-086-2020 of June 10, 2020, a report on the on-site verification was issued, concluding that six constructions were georeferenced in the Public Zone of the polygon certified as Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), under SINAC-MINAE administration; one construction outside the Public Zone within Natural Heritage of the State; and seven constructions were georeferenced in the Public Zone, outside the Natural Heritage of the State, under the administration of the Municipality of Golfito. Furthermore, regarding the case in Playa Higuito de Pavones, the persons who at some point occupied that site under precarious conditions had already left the place. Licda. Jovita Morera and Ing. Marvin Salamanca, officials of the Health Stewardship Unit of the Brunca Regional Directorate of the Ministry of Health, issued Report MS-DRRSBRUURS-IT-140-2020 of June 11, 2020, which states that the settlement located in Playa Pilón fails to comply with the provisions regarding wastewater management and that they use wells to supply water for human consumption, but those wells did not respect the legally required setback (retiro de ley), and that it was the responsibility of the Municipality of Golfito to issue the corresponding administrative acts. Technical Report of the Golfito Governing Health Area No. MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0573-2020 of June 22, 2020, indicates that the visit of June 9, 2020, to Playa Pilón, showed that the reported situation persisted, as there was a total of thirteen structures lacking a wastewater treatment system, and that, since the structures are located within Natural Heritage of the State, it falls to the Municipality of Golfito and SINAC to issue the necessary administrative acts to resolve the ongoing pollution. Report MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0574-2020 of June 22, 2020, states that during the visit carried out on June 9 to Playa Higuito, the reported situation was not maintained, since there were no people camping at the site. Through Official Letters Nos. MS-DRRSBRU-ARSGO-0710-2020 and MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020, both dated August 18, 2020, the respondents were ordered to develop an approach plan for the issue, establishing an action schedule and the respective budget, and to keep [the office] informed of the actions taken. Through Official Letter MS-DRRSBRU-ARSGO-0712-2020 of August 18, 2020, the petitioner was informed for the second time of the actions taken to date. In the absence of a response, through Official Letters Nos. MS-DRRSBRU-ARSGO-O-1218-2020 and MS-DRRSBRU-ARSGO-O-1219-2020, both dated November 13, 2020, a report on the actions taken was required from the Mayor of Golfito, on the understanding that a public health problem and an environmental impact exist. Through Official Letter No. MS-DRRSBRU-ARSG-0043-2021 of January 20, 2021, addressed to the Mayor of Golfito and the Director of the Golfito Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre Golfito) SINAC-ACOSA, in follow-up to the aforementioned Official Letters MS-DRRSBRU-ARSGO-0710-2020 and MSDRRSBRU- ARSGO-0711-2020, a report on the actions taken was requested for the third time. Through Official Letter No. MS-DRRSBRU-ARSG-0044-2021 of January 20, 2021, the Regional Director of Health Stewardship Brunca was informed of the actions carried out. In response to the request, through Official Letter No. SINAC-ACOSA-D-033-2021 of January 21, 2021, Report SINAC-ACOSARNFSG-AD-086-2020 was forwarded. In response to the request, through Official Letter of the respondent Mayor No. AM-MG-O-0024-2021 of January 25, 2021, it was reported that Official Letter MS-DRRSBRU-ARSGO- 0711-2020 had been forwarded to the Valuations Department and the Maritime Zone Department, attaching reports MG-OV-INT-043-2020 and MS-OV-IT-026-2019, and that they were awaiting the opinion of the Environmental Commission. On January 26, 2021, an email was sent to the Master Director of the Conservation Area (Área de Conservación) requesting that she provide the information that had been requested, in order to respond to the complainant and higher authorities. Through Official Letter No. MS-DRRSBRU-ARSGO-0056-2021 of January 28, 2021, the petitioner was informed for the third time of the actions taken in response to their note. Through Official Letter No. MS-DRRSBRU-1503-2021 of January 27, 2021, and in response to Official Letter No. MS-DGS-0046-2021, the Regional Director of Health Stewardship Brunca informed the petitioner. Having been notified of this appeal on February 3, 2021, the Health Regulation Technician of the Governing Health Area was ordered to conduct a verification at Playa Pilón. Through Technical Report MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0058-2021, a report of that visit was issued, concluding that a settlement of persons was observed on the beach, with permanent structures for dwelling and the undertaking of subsistence activities (fishing and related tasks). Furthermore, the detected conditions persist. It has been diligent in addressing the case and the formulated situations, for which reason the amparo appeal, as far as this entity is concerned, should be dismissed, and this is so requested.

7.- Laura Rivera Quintanilla, in her capacity as Acting Director of the Osa Conservation Area of the National System of Conservation Areas, reports under oath and states that it is not true that no action has been taken to address the claimed problem. From report SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-086-2020, the following is deduced:

“…Six constructions were georeferenced in the Public Zone of the certified polygon Natural Heritage of the State, under SINAC-MINAE administration.

One construction outside the Public Zone, within PNE.

Seven constructions were georeferenced in the PZ, outside PNE, under the administration of the Municipality of Golfito…”

In the cases mentioned in Official Letter No. SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-086-2020, all constructions except one are located in the Public Zone, therefore, it is not possible to process or grant a use permit. Regarding the construction mentioned as being in the restricted area, it would be necessary to determine if it is under a concession and, if so, in whose name, because the report lacks clarity to ascertain if there might be a use permit application. It is possible to certify that no use permit has been granted in this sector belonging to Pavones. Likewise, in accordance with Law 6043, it is the ICT that is responsible for the general supervision and monitoring of the maritime zone. It is incumbent upon the municipalities to directly ensure compliance with the provisions of that law as established in Article 3. SINAC's competence would be focused solely on the area classified as natural heritage of the state. As indicated in Official Letter No. SINACACOSA-PNE-AD-019-2021, the information gathered for the preparation of report No. SINACACOSA-RNFSG-AD-086-2020 is unclear and could be outdated, making it essential to establish a characterization of the occupation with the objective that once the Law for the Protection of Occupants of Zones classified as Special (Ley de Protección de ocupantes de zonas clasificadas como Especiales) No. 9577, published in La Gaceta No. 132, Alcance No. 133 of July 20, 2018, with a duration of 36 months, is no longer in effect. The present actions are also adjusted and oriented to be efficient in the use of resources available to ACOSA, as indicated by Official Letter SINAC-ACOSA-D-059-2021, there is a cut in budget lines for travel expenses (viáticos) by 50% and fuel by 62.5%. The Osa Conservation Area (ACOSA), will address the issue as follows:

"Objectives of the first stage action plan:

To elaborate a georeferenced survey of the occupation within polygon B3.

To prepare a technical-legal analysis of the information, allowing the establishment of the route to follow.

Stage 1.

As indicated in the report by Licda. Ginette Jiménez Soto, Official Letter SINAC-ACOSAPNE-AD-019-2021, the information gathered for the preparation of report SINAC-ACOSARNFSGAD-086-2020 is unclear and could be outdated, so a new information survey will be carried out. In said survey, the following information will be collected:

1. GPS points, of both corners of the construction or occupation, near the public zone.
2. Perimeters of the construction and the plot.
3. Construction materials.
4. Estimated value of the construction.
5. Occupants' data.
6. Type and duration of the occupation.
7. Whether they have land-use permits from the municipality.
8. Whether they have a concession from the municipality.
9. Whether they processed a use permit before SINAC-ACOSA.

This stage will be carried out on February 13 and 14, 2021. Responsible for the survey: Lic. Joel García Medina.

Stage 2.

In this stage, the information will be tabulated, and the corresponding report will be prepared, through which a technical-legal analysis will be requested from the PNE and Legal departments. Based on the results, the steps to be followed by ACOSA will be established. This report will be delivered by the end of the current month.

Stage 3

Preparation of the technical-legal analysis. The objective is to indicate the status of the occupation. This report must be completed within the first half of March.

Stage 4

Preparation of the Operational Action Plan. Its objective is to evict the illegal occupation of the PNE. The plan will be presented by the end of March."

8.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Judge Sánchez Navarro; and,

WHEREAS (CONSIDERANDO):

I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The petitioner complains that, one year after he reported the existence of constructions and improvised shacks (ranchos) in Playas Higuito and Pilón to the respondent agencies and the local entity, and the resulting health problems this entails, this has not been addressed. He claims that this omission violates his fundamental rights.

II.- PRELIMINARY MATTER. Before analyzing the merits of the case, it must be clarified that, based on Judgment No. 2008-02545 of 08:55 hours of February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction –with some exceptions– those matters in which it is disputed whether the administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or by sectoral laws to resolve through a final act an administrative procedure –initiated ex officio or at the request of a party– or to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in the sub lite case, an exception is raised, as we are faced with a complaint related to the environment, which allegedly has not been addressed or resolved within a reasonable timeframe. Bearing in mind the fundamental rights invoked, this Chamber assesses the potential delays in resolving complaints of this type. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

III.- PROVEN FACTS. The following facts, relevant to the decision of this amparo, are deemed proven: 1) On March 26, 2020, the petitioner reported to the Ministry of Health the existence of constructions and improvised shacks (ranchos) in Playas Higuito and Pilón (copy attached to the report). 2) Via email on April 14, 2020, the petitioner reiterated his complaint to the Minister of Health (copy attached to the report). 3) Through Official Letter of the Golfito Governing Health Area No. MS-DRRSBRU-ARSGO-0294-2020 of April 23, 2020, said complaint was forwarded to the Municipality of Golfito (report rendered under oath). 4) Through Official Letter of that Health Area, No. MS-DRRSBRU-ARSGO-0295-2020 of April 23, 2020, the petitioner was informed that his complaint had been forwarded to the respondent local entity (report rendered under oath). 5) On June 9, 2020, an inter-institutional operation was carried out at the reported locations, in which officials from the Municipality of Golfito, SINAC, and the Ministry of Health participated, and the Instrument for Verification of Complaints regarding Wastewater in Urbanizations or Residential Areas (Instrumento de Verificación de a Denuncias por Aguas Residuales en Urbanizaciones o Residenciales) was applied (report rendered under oath). 6) Through Official Letter of the Osa Conservation Area (Área de Conservación Osa), No. SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-086-2020 of June 10, 2020, a report of that inspection was issued, concluding that there were constructions in the public zone of the polygon certified as Natural Heritage of the State. Additionally, six constructions were georeferenced in the Public Zone of the Certified Natural Heritage of the State polygon (SINAC-MINAE administration), one construction outside the Public Zone within Natural Heritage of the State, and seven constructions in the Public Zone, outside the Natural Heritage of the State (report rendered under oath and copy attached to the report). 7) The report of the respondent Governing Health Area, No. MS-DRRSBRU-URS-IT-140-2020 of June 11, 2020, concluded that the settlement located in Playa Pilón fails to comply with the provisions regarding wastewater management and that they use wells to supply water for human consumption, which disrespect the legally required setback (retiro de ley), and that it falls to the Municipality of Golfito to issue the corresponding administrative acts (report rendered under oath and copy attached to the report). 8) Through Official Letter of the Golfito Governing Health Area, No. MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0573-2020 of June 22, 2020, a technical report was provided of the visit made on June 9 to Playa Pilón, which showed that the reported situation persisted, as there were a total of thirteen structures lacking a wastewater treatment system, and since the structures are located within Natural Heritage of the State, it falls to the Municipality of Golfito and SINAC to issue the necessary administrative acts to resolve the ongoing pollution (report rendered under oath and copy attached to the report). 9) Through Report of that Governing Health Area, No. MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0574-2020 of June 22, 2020, it was reported that during the visit carried out on June 9 to Playa Higuito, there were no people camping at the site (report rendered under oath). 10) Through Official Letter No. MS-DRRSBRU-ARSGO-0710-2020 of August 18, 2020, the Director of the Golfito Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre Golfito) SINAC-ACOSA was requested to develop an approach plan for the issue, establishing a schedule and respective budget (report rendered under oath and copy attached to the report). 11) Through Official Letter MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020 of August 18, 2020, the Mayor of Golfito was requested to develop an approach plan for the issue, establishing a schedule and respective budget (report rendered under oath and copy attached to the report). 12) Through Official Letter of the respondent Governing Health Area, No. MS-DRRSBRU-ARSGO-0712-2020 of August 18, 2020, the petitioner was informed of the actions taken up to that moment (copy attached to the report). 13) Through an agreement adopted by the Golfito Council at ordinary session No. 12-ORD 32-2020 of August 19, 2021, Official Letter of that Golfito Health Area No. MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020 was heard, and it ordered “to forward it to the administration and that a report on the actions to be taken be rendered to this Council” (copy attached to the report). 14) Through Official Letter of the Valuations Office and the Maritime Zone Department, both of the respondent Municipality, No. MG-OV-INT-043-2020 of October 1, 2020, a report was rendered to the Mayor of Golfito regarding the reported facts (copy attached to the report). 14) Through Official Letter MS-DRRSBRU-ARSGO-O-1218-2020 of November 13, 2020, a report was required from the Director of the Golfito Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre Golfito) SINAC-ACOSA on the actions taken, on the understanding that a public health problem and an environmental impact existed (report rendered under oath and copy attached to the report). 15) Through Official Letter MS-DRRSBRU-ARSGO-O-1219-2020 of November 13, 2020, a report was required from the respondent Mayor on the actions taken (report rendered under oath and copy attached to the report). 16) On December 11, 2020, the petitioner reiterated his complaint to the Minister of Health (copy attached to the report). 17) Through the Official Letter of the General Directorate of Health, No. MS-DGS-0046-2021 of January 8, 2021, that petition from the petitioner was forwarded to the Stewardship of the Brunca Regional Directorate, for its attention (copy attached to the report). 18) Through Official Letter MS-DRRSBRU-ARSG-0043-2021 of January 20, 2021, a report was required from the Mayor of Golfito and the Director of the Golfito Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre Golfito) SINAC-ACOSA, on the proceedings carried out (report rendered under oath and copy attached to the report). 19) Through Official Letter of the respondent Governing Health Area, No. MS-DRRSBRU-ARSG-0044-2021 of January 20, 2021, a report was provided to the Minister of Health on the actions performed (report rendered under oath and copy attached to the report). 20) Through Official Letter No. SINAC-ACOSA-D-033-2021 of January 21, 2021, the requested report was rendered (report rendered under oath and copy attached to the report). 21) Through Official Letter of the Mayor of Golfito, No. AM-MG-O-0024-2021 of January 25, 2021, it was reported that Official Letter MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020 had been forwarded to the Valuations Department and the Maritime Zone Department (report rendered under oath and copy attached to the report). 22) On January 26, 2021, the Director of the Wildlife Refuge of the Osa Conservation Area was once again asked to provide the information previously requested, in order to respond to the complainant and the higher authorities (report rendered under oath). 23) Through the Mayor's Office Official Letter, No. AM-MG-0027-2021 of January 26, 2021, a report was rendered to the Golfito Council regarding the facts reported by the petitioner (copy attached to the report). 24) Through Official Letter MS-DRRSBRU-1503-2021 of January 27, 2021, the complainant was informed of the actions taken (report rendered under oath and copy attached to the report). 25) Through Official Letter MS-DRRSBRU-ARSGO-0056-2021 of January 28, 2021, the complainant was informed of the actions taken in response to his complaint (report rendered under oath). 26) On February 3, 2021, the Golfito Governing Health Area ordered an inspection to be carried out at Playa Pilón, to verify whether the conditions previously existing at that location had changed (report rendered under oath). 27) Technical Report of the respondent Governing Health Area, No. MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0058-2021 of February 3, 2021, concluded that the conditions detected at Playa Pilón persisted (report rendered under oath). 28) Through the Golfito Mayor's Office Official Letter, No. AM-MG-O-0050-2021 of February 8, 2021, a report was provided to the petitioner of the actions intended to be implemented in response to his complaint (copy attached to the report). 29) On February 3, 2021, the order to proceed was notified to the respondent Municipality and the Health Area (notification records visible in the Event History of the Electronic Case File). 30) On February 8, 2021, the official letter was notified to the petitioner, via email [email protected] (copy attached to the report).

IV.- UNPROVEN FACTS. The following, of relevance, is deemed not demonstrated: Sole: That the Osa Conservation Area has provided any response to the petitioner, nor that it has ordered any measure to address the complaint.

V.- ON THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. On repeated occasions, the jurisprudence of this Chamber has recognized that public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are recognized both at the constitutional level and through international regulations. It has been indicated that the legitimate exercise of that right requires that resources be used rationally, and that it is the responsibility of the State to protect the environment, according to the precautionary principle that governs environmental matters. This principle obliges the State to arrange everything necessary, within the scope permitted by law, to prevent irreversible damage to the environment, for which purpose it is responsible for achieving the conducive social conditions so that each person can enjoy their health, this right being understood as a state of physical, psychological (or mental), and social well-being (see Judgment No. 1998-0180 of 16:24 hours of January 13, 1998). The objective obligation of the State in matters of environmental protection does not inevitably entail a subjective right of individuals to demand, through judicial bodies, that a specific measure be taken, but rather that those suitable for protecting that right be adopted, in the face of openly negligent attitudes by public authorities, or by natural or legal persons. Thus, the State acquires the obligation to regulate the areas of social life from which dangers may arise for the physical existence of the inhabitants of its territory, as well as those that harm the environment, which it can do through laws, regulations, agreements, or other measures related to administrative organization and procedures. Consequently, the possibility of judicially demanding, through the amparo appeal, a specific type of welfare activity from the State in fulfillment of its duty to protect the life, health, or right to the environment for the benefit of its inhabitants is restricted to the clear verification of an imminent danger against those rights of individuals. From which it follows that the intervention of the constitutional jurisdiction is only viable in the face of proven inertia by the State, through its competent bodies, in addressing the demands made by the country's inhabitants in exercise of their rights.

VI.- SPECIFIC CASE. In this case, the petitioner complains that, one year after he reported the existence of constructions and improvised shacks (ranchos) in Playas Higuito and Pilón to the respondent agencies and the local entity, and the resulting health problems this entails, this has not been addressed. He claims that this omission violates his fundamental rights.

Regarding the Ministry of Health, the case records confirm that, on March 26, 2020, the petitioner reported to the Ministry of Health the existence of constructions and improvised shacks (ranchos) in Playas Higuito and Pilón, and that on April 14 of that same year, the petitioner reiterated this complaint to the Minister of Health. It was also demonstrated that through Official Letter of that Health Area, No. MS-DRRSBRU-ARSGO-0295-2020 of April 23, 2020, the petitioner was informed that his complaint had been forwarded to the Municipality of Golfito. Likewise, it was verified that on June 9, 2020, an inter-institutional operation was carried out at the reported sites, in which officials from the Municipality of Golfito, SINAC, and the Ministry of Health participated, which applied the Instrument for Verification of Complaints regarding Wastewater in Urbanizations or Residential Areas (Instrumento de Verificación de a Denuncias por Aguas Residuales en Urbanizaciones o Residenciales). The report of the respondent Governing Health Area, No. MS-DRRSBRU-URS-IT-140-2020 of June 11, 2020, reveals that the settlement located in Playa Pilón presents problems regarding wastewater management and that they use wells to supply water for human consumption, which disrespect the legally required setback (retiro de ley). Furthermore, it was verified that through Official Letters of the Golfito Governing Health Area, Nos. MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0573-2020 and MS-DRRSBRU-ARSG-IT-0574-2020, both dated June 22, 2020, a technical report was provided on the inspections carried out at the reported sites, according to which, in Playa Pilón the reported situation persisted, as there were thirteen structures lacking a wastewater treatment system, while in Playa Higuito, there were no people camping at the site. In addition to the above, the record shows that the petitioner has been informed at different times of the intervention that the Governing Health Area ordered the Municipality of Golfito and the Osa Conservation Area to develop an approach plan for the problem, with its respective schedule and budget, as well as that a report of actions taken has been repeatedly required from those authorities. Despite the foregoing, while on the occasion of the notification of the order to proceed, the Golfito Governing Health Area ordered an inspection at Playa Pilón to verify whether the conditions previously existing at that location had changed, which allows verification that the reported problem persisted in Playa Pilón, it was not demonstrated that the petitioner was informed of this. Precisely for this reason, this Court considers that the alleged omission occurred.

Regarding the respondent local entity, the case records prove that, in the agreement adopted by the Golfito Council at ordinary session No. 12-ORD 32-2020 of August 19, 2021, Official Letter of the Golfito Health Area No. MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020 was heard, and it ordered “to forward it to the administration and that a report on the actions to be taken be rendered to this Council”. It was also verified that through Official Letter of the Valuations Office and the Maritime Zone Department of the respondent Municipality, No. MG-OV-INT-043-2020 of October 1, 2020, a report was rendered to the Mayor of Golfito regarding the reported facts. Additionally, it is confirmed that through the Mayor's Office Official Letter, No. AM-MG-0027-2021 of January 26, 2021, a report was rendered to the Golfito Council regarding the facts reported by the petitioner. In addition to the above, while on the occasion of the notification of the order to proceed to the respondent local authorities, a report was provided and notified to the petitioner of the actions intended to be implemented in response to his complaint, it is not on record that the reported problem has been addressed. That being the case, this Chamber considers that the alleged violation occurred.

Regarding the Osa Conservation Area, it was demonstrated that through Official Letter No. SINAC-ACOSA-RNFSG-AD-086-2020 of June 10, 2020, a report was issued on the inter-institutional inspection carried out on the 9th of that same month, which concluded that there were constructions in the public zone of the polygon certified as Natural Heritage of the State. Additionally, six constructions were georeferenced in the Public Zone of the Certified Natural Heritage of the State polygon (SINAC-MINAE administration), one construction outside the Public Zone within Natural Heritage of the State, and seven constructions in the Public Zone, outside the Natural Heritage of the State. For this reason, as stated by the Acting Director of that Osa Conservation Area, it is necessary to demand that the ICT on behalf of the State and the respondent municipality comply with legal and regulatory provisions, since SINAC's competence would focus solely on the area classified as Natural Heritage of the State. In addition to the above, she explains that, in view that the information gathered for the preparation of that report is unclear and could be outdated, it is essential to establish a characterization of the occupation with the objective that once the Law for the Protection of Occupants of Zones classified as Special (Ley de Protección de ocupantes de zonas clasificadas como Especiales), 9577, is no longer in effect. Even though it was verified that, for these purposes, an action plan was designed to establish the route to follow, it is not on record that the complainant was adequately and reliably informed of anything on the matter, nor that any measure was ordered to resolve the problem. Under this reasoning, this Chamber considers that the alleged grievance occurred.

VII.- NOTE BY JUDGE RUEDA LEAL.

I must note that since judgment No. 2019-2355 of 9:30 a.m. on February 12, 2019, my position has been as follows regarding amparo actions when they have been filed on behalf of a legal entity:

 “…in Advisory Opinion 22-16 of February 26, 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that while some States recognize the right of petition for legal entities under special conditions, such as unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the fact is that ‘Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of natural persons, so legal entities are not holders of the rights enshrined in said treaty.’ On the other hand, in the same advisory opinion, the Inter-American Court held that, in certain particular contexts, natural persons may exercise their rights through legal entities (for example, through a media outlet, as occurred in the case of Granier et al. v. Venezuela); however, for this to be protectable before the inter-American system, ‘the exercise of the right through a legal entity must involve an essential and direct relationship between the natural person requiring protection from the inter-American system and the legal entity through which the violation occurred, since a simple link between both persons is not sufficient to conclude that the rights of natural persons, and not of legal entities, are effectively being protected. Indeed, it must be proven beyond the simple participation of the natural person in the activities proper to the legal entity, such that said participation relates substantially to the rights alleged to have been violated.’ (emphasis added) (OC. 22/16)”.

 

Now, while the action at hand is filed on behalf of a legal entity, it is no less true that in the sub iudice the complaint is about the failure to address an environmental complaint filed with the respondent authorities, through which the existence of constructions and improvised ranches at Playas Higuito and Pilón was alleged. In view of the above, it is pertinent to note that this Court has validated vicarious standing in environmental matters, as seen in judgment No. 2018-018870 of 9:40 a.m. on November 13, 2018: “(…) concerning environmental matters, such as the one at issue in this action, the Chamber has indeed accepted vicarious standing, in accordance with the provisions of Article 105 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), which recognizes a popular action by stating: ‘Every person has standing in administrative or judicial venues, in defense and protection of biodiversity’ (see judgments No. 2018-1185 and 2018-1794). Therefore, the petition is admitted and we proceed to consider the merits of what is claimed.” By virtue of the foregoing, given that this is a case of vicarious standing, I consider it pertinent to hear the action filed on behalf of the protected legal entity.

 VIII.- NOTE OF JUDGE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the undersigned’s view that if the Public Administration has already intervened, its review and resolution falls to the administrative contentious jurisdiction. However, I do proceed to consider the merits of the matter when other rights of persons affected by the source of pollution are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which the alleged pollution produced by constructions and improvised ranches at Playas Higuito and Pilón is denounced, which was reported to the Municipalidad de Golfito and the Ministerio de Salud, without the problem being definitively resolved, thereby causing an impact on a healthy and ecologically balanced environment.

 IX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period shall be destroyed, pursuant to the provisions of the "Regulation on Electronic Case Files before the Judiciary (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial)", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial) No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

THEREFORE:

The action is granted. Daniel Salas Peraza, Fernando Mata Castro, Freiner Lara Blanco, Gustavo Mayorga Mayorga, and Laura Rivera Quintanilla are ordered, respectively, in their capacities as Minister of Health and Director of the Área Rectora de Salud de Golfito, Mayor and President of the Council, both of Golfito, and Acting Director of the Área de Conservación Osa, or whoever holds those positions, to arrange and coordinate whatever is necessary so that within the period of THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, they definitively resolve the petitioner's complaint. The respondents are warned that in accordance with the provisions of Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional), a prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo action, and does not comply with or enforce it, provided the offense is not more severely punished. The State and the Municipalidad de Golfito are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts underlying this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment phase of the administrative contentious jurisdiction. Judges Rueda Leal and Salazar Alvarado, separately, add a note. Notify.-

 

 

 

Fernando Castillo V.

President

 

 



Paul Rueda L.

 

 


Luis Fdo. Salazar A.



Jorge Araya G.

 

 


Anamari Garro V.



Alejandro Delgado F.

 

 


Ileana Sánchez N.

 

 

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