Res. 13750-2021 Sala Constitucional — Access to environmental viability file of gasification plantAcceso a expediente de viabilidad ambiental de planta gasificadora

Grande
Normal
Pequeña
Sala Constitucional

Resolución Nº 13750 - 2021

Fecha de la Resolución: 18 de Junio del 2021 a las 09:15

Expediente: 21-009001-0007-CO

Redactado por: Paul Rueda Leal

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución



Exp: 21-009001-0007-CO

Res. Nº 2021013750

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del dieciocho de junio de dos mil veintiuno .

 

Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 21-009001-0007-CO, interpuesto por WALTER BRENES SOTO, cédula de identidad 0206450800, contra el MINISTERIO DE SALUD, la SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL y COOPEGUANACASTE RL.

Resultando:

 

1.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 10:10 horas del 11 de mayo de 2021, la parte accionante interpone recurso de amparo. Indica que el 5 de marzo de 2021 planteó una solicitud ante la SETENA, en la que solicitó copia del expediente administrativo “D1-12116-2014 PLANTA GASIFICADORA DE DESECHOS ORDINARIOS”. Acota que a tal gestión se le asignó el n.° 02335-2021. Acota que, el 5 de marzo de 2021, también formuló un requerimiento ante el Área Rectora de Salud de Carrillo, en la que solicitó la copia del expediente administrativo relativo a la Planta Gasificadora de Residuos Ordinarios. Agrega que, el 10 de marzo de 2021, planteó una gestión ante Coopeguanacaste R.L, mediante la que solicitó la copia del expediente administrativo relativo a la Planta Gasificadora de Residuos Ordinarios. Reclama que no ha obtenido respuesta a sus gestiones. Solicita que se declare con lugar el recurso.

2.- Mediante resolución de la Sala de las 14:15 horas del 12 de mayo de 2021, se dio curso al amparo y se le concedió traslado a Miguel Gómez Corea, en su condición de gerente general de COOPEGUANACASTE R.L. Asimismo, se le solicitó informe al secretario técnico de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y al director del Área Rectora de Salud de Carrillo, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

3.- Por escrito incorporado en el expediente digital a las 12:37 horas del 20 de mayo de 2021, informa bajo juramento Cynthia Barzuna Gutiérrez, en su condición de secretaria general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Manifiesta que se le solicitó al Departamento de Archivo la digitalización del expediente solicitado por el amparado, pero no fue posible realizarlo. Acota que, mediante oficio SETENA-SG-0556 del 7 de abril de 2021, notificado al tutelado el 12 de mayo de 2021, se le previno: “Referente al Consecutivo No.02335-2021 presentado el 05 de marzo del corriente, donde solicita copia certificada digital del expediente en referencia, se le indica que el mismo solo se encuentra en forma física, por lo que para continuar con dicha solicitud deberá aportar las copias físicas del expediente así como los timbres de ley para dicho fin, según lo establece la Ley General de la Administración Pública en el artículo 272 inciso 2; “El costo de las copias y certificaciones será de cuenta del petente.”. Para el cumplimiento de lo anterior se le otorga un plazo de diez días hábiles de conformidad con el artículo 264 de la Ley General de la Administración Pública”. Narra que el recurrente contaba con plazo hasta el 26 de mayo de 2021 para aportar los timbres de ley. Sostiene que la SETENA no negó el acceso a un expediente administrativo, sino que al amparado se le previno aportar los documentos, pero no lo ha cumplido. Acota que el único medio válido para el recibo de correspondencia y documentación es a través de la página web https://portal.setena.go.cr. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

4.- Por escrito incorporado en el expediente digital a las 13:03 horas del 20 de mayo de 2021, rinde informe Miguel Gómez Corea, en su condición de gerente de la Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste Responsabilidad Limitada (COOPEGUANACASTE R.L). Sostiene que lo reclamado por el accionante es “la supuesta no entrega de una información de un proyecto privado de Gasificación de residuos ordinarios, que nada tiene que ver con un servicio público esencial como lo es el del suministro de la electricidad, por lo que la cooperativa no se encuentra en una relación de poder con el recurrente, quién es también un sujeto privado. Se trata de un proyecto privado cuya información es confidencial y privilegiada, por la naturaleza y alcances del mismo proyecto”. Explica que la cooperativa se encuentra regida por el derecho y es responsable de la “actividad de electrificación de la Provincia de Guanacaste y la Península de Nicoya, pudiendo asociarse a esta entidad todas las personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que residan dentro del área de cobertura indicada y que sean usuarias del servicio eléctrico que ofrece COOPEGUANACASTE R.L”. Estima que el recurrente también es un sujeto de derecho privado, quien solicita la entrega del expediente completo de un proyecto privado de generación eléctrica (Planta Gasificadora de Residuos Ordinarios), la cual es de autoría privada de la cooperativa y contiene información sensible y confidencial que forma parte del “know how”. Considera que el amparado no pertenece a alguna institución pública y su solicitud carece de la debida y justificada fundamentación en relación a su objetivo y necesidad, indicando únicamente que la información es de interés público y ambiental. Refiere que la gestión planteada ante la cooperativa contradice a la solicitud formulada ante el Área Rectora de Salud de Carrillo, pues en esta última manifestó que la información es para un estudio académico y para valorar la creación de más proyectos similares en el país, “de lo que se desprende, por un lado, que el recurrente no pertenece tampoco a ninguna institución educativa, y por otro, que pretendería utilizar información privilegiada de un proyecto privado para uso personal o de su firma de abogados para asesorar eventual clientela interesada en este tipo de proyectos, lo que no es consecuente con nuestro ordenamiento jurídica. Pretende el recurrente dirimir en sede constitucional un conflicto de legalidad y derechos de autor, competencia ajena a este estrado judicial”. Niega que al amparado no se le haya dado respuesta alguna, pues se instruyó a Erick Herra, gerente de proyectos, para que atendiera la solitud del tutelado. Afirma que Herra llamó a la oficina del accionante, pero el accionante no lo pudo atender. Narra que el gerente de proyectos dejó un mensaje con la secretaria del recurrente para que le devolviera la llamada y coordinar lo correspondiente, pero el accionante no ha contactado de vuelta. Enfatiza que “Es importante destacar que el proyecto de gasificación de residuos ordinarios (Biomasa) es un proyecto privado de autoría exclusiva de Coopeguanacaste, cuya información es privilegiada, confidencial, y parte de nuestro “know How” operativo, por lo que el acceso a esta información es restringido tratándose de sujetos de derecho privado como el recurrente. Note esta honorable Sala que el recurrente pertenece a una firma de abogados especializada en materia de energía y de ahí su nombre “ENERGY LAW”, no siendo una institución estatal en donde priva el interés público y más bien podría pensarse que la información que solicitan, que es todo el expediente, podría ser utilizada para beneficio propio o de su staff de clientes interesados en proyectos de energía. No es posible que la información de un proyecto privado que le ha costado tanto a Coopeguanacaste R.L. (siete años solo para la viabilidad ambiental) le pueda ser entregada a cualquier persona, sin justificación alguna, incluso hasta para ser copiado eventualmente. No obstante, lo expuesto, contamos con información de acceso no restringido con las generalidades del proyecto. Además, el proyecto ya cuenta con Viabilidad Ambiental otorgada por el SETENA, en donde igualmente el recurrente puede solicitar la información que ahí consta, claro está, cumpliendo con los requisitos que para ello le solicitará esa autoridad. El recurrente, abogado de profesión, ciertamente no está adscrito, ni pertenece a ninguna institución pública, actuando simplemente como un sujeto privado, no ostentando capacidad jurídica, con las potestades o investiduras legales para exigir a otro sujeto, igualmente de derecho privado, información personal, sensible y confidencial, sin la debida justificación de necesidad y oportunidad. En consecuencia, al no provenir el requerimiento de información de una autoridad con poder coercitivo conforme lo autoriza la misma Ley 8968 citada, viola la solicitud del recurrente nuestro derecho a la AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA, reconocido como un Derecho Fundamental, que tiene como objeto controlar el flujo de información, derivado del derecho a la privacidad, actuando el recurrente de forma arbitraria y al margen de la Ley”. Sostiene que el recurrente no es asociado de COOPEGUANACASTE R.L, lo que desvirtúa un eventual derecho a la información. Estima que incluso los asociados deben justificar la necesidad de la información, lo anterior para prevenir su uso incorrecto y por formar parte del “know how”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

5.- Por escrito incorporado en el expediente digital a las 13:49 horas del 6 de junio de 2021, informa bajo juramento Suseth Rodríguez Vega, en su condición de directora del Área Rectora de Salud Carrillo. Aclara que, el 5 de marzo de 2021, se recibió una gestión de parte de la autoridad recurrida. Manifiesta que se comunicó mediante llamada telefónica con el amparado, a efectos de que remitiera nuevamente la gestión, pero indicando el propósito de la misma. Acota que a las 22:00 horas del 5 de marzo de 2021, recibió un correo del tutelado, en el que se indicó: “lo anterior a fin de realizar un estudio académico de los beneficios que traerá el proyecto a la zona de Carrillo, con el fin de valorar la creación de más proyectos similares en el país”. Arguye que, el 10 de marzo de 2021, se elevó la gestión a la coordinadora del Proceso Atención al Cliente Interno y Externo de la Dirección Regional de Salud Chorotega, a los efectos de consultar la legalidad de brindar la copia del expediente, pues el tutelado no es parte del expediente. Manifiesta que tal coordinara atendió la consulta y remitió el criterio del asesor legal de la Dirección Regional de Salud Chorotega. Narra que le consultó al gerente general de Coopegunanacaste R.L, quien le indicó: “hemos recibido solicitud del señor Walter Brenes, misma que será tramitada por la Gerencia de Proyectos de Coopeguanacaste R.L”. Sostiene que el área rectora accionada ha intentado contactar con el amparado, a los efecto de indicarle que su solicitud debe ser planteada en forma presencial y se debe aportar el carné de abogado y el propósito de la solicitud, pues desconoce si el petente es abogado. Sostiene que el accionante no se ha apersonado al Área Rectora de Salud de Carrillo, a los efectos de solicitar la copia del expediente. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:

I.- CUESTIÓN PREVIA. Tratándose de recursos de amparo dirigidos contra sujetos privados, previo al análisis de fondo acerca de la violación constitucional alegada, debe examinarse si, en la especie, se está o no ante alguno de los supuestos que hacen admisible tal recurso, y, en caso afirmativo, dilucidar si es o no admisible. Indica la Ley de la Jurisdicción Constitucional en el artículo 57 que procede el recurso de amparo contra las acciones u omisiones de sujetos de derecho privado, cuando estos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a) de la misma Ley. En la especie, de ser ciertos los reclamos de la parte tutelada, la recurrida podría estar en una situación de poder, frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes podrían resultar insuficientes para tutelar los derechos fundamentales de los amparados, motivo por el cual, el recurso se debe admitir para su análisis por parte de este Tribunal.

II.- OBJETO DEL RECURSO. El amparado estima lesionados sus derechos fundamentales, pues indica que el 5 de marzo de 2021 planteó una solicitud ante SETENA, en la que solicitó copia del expediente administrativo “D1-12116-2014 PLANTA GASIFICADORA DE DESECHOS ORDINARIOS”; además, ese mismo días también formuló un requerimiento ante el Área Rectora de Salud de Carrillo, en la que solicitó la copia del expediente administrativo relativo a la Planta Gasificadora de Residuos Ordinarios. Agrega que, el 10 de marzo de 2021, planteó una gestión ante Coopeguanacaste R.L, mediante la que solicitó la copia del expediente administrativo relativo a la Planta Gasificadora de Residuos Ordinarios. Reclama que no ha obtenido respuesta alguna a sus gestiones.

III.- HECHOS PROBADOS: De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

En relación con la Secretaría Técnica Nacional Ambiental:

a)     El 5 de marzo de 2021, el amparado planteó una gestión ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en la que requirió: “(…) solicito que se me brinde copia certificada de los expedientes administrativos relacionados con la “Planta Gasificadora de Residuos Ordinarios” a desarrollar en la zona del cantón de Carrillo. El mismo puede ser remitido al correo electrónico indicado, o de estar en físico, indicarnos cuando podermos (sic) retirarlo. Para notificaciones señalo como medio de notificación el correo electrónico [email protected]. (…)”. A tal gestión se le asignó el trámite n.° 02335-2021. (Ver prueba documental).

b)    Mediante oficio SETENA-SG-0556-2021 del 7 de abril de 2021, la directora general de SETENA le previno al accionante: “ (…) Referente al Consecutivo No.02335-2021 presentado el 05 de marzo del corriente, donde solicita copia certificada digital del expediente en referencia, se le indica que el mismo solo se encuentra en forma física, por lo que para continuar con dicha solicitud deberá aportar las copias físicas del expediente así como los timbres de ley para dicho fin, según lo establece la Ley General de la Administración Pública en el artículo 272 inciso 2; “El costo de las copias y certificaciones será de cuenta del petente.”. Para el cumplimiento de lo anterior se le otorga un plazo de diez días hábiles de conformidad con el artículo 264 de la Ley General de la Administración Pública (…)”. (Ver prueba documental).

c)     El 17 de mayo de 2021, la autoridad recurrida fue notificada de la tramitación de este recurso. (Ver acta de notificación).

En relación con el Área Rectora de Salud de Carrillo:

d)    El 5 de marzo de 2021, la parte amparada remitió un correo electrónico a la cuenta [email protected]. En tal correo se adjuntó una gestión dirigida al Área Rectora de Salud de Carrillo, en la que solicitó: “(…)se me brinde copia certificada de los expedientes administrativos relacionados con la “Planta Gasificadora de Residuos Ordinarios” a desarrollar en la zona del cantón de Carrillo. El mismo puede ser remitido al correo electrónico indicado, o de estar en físico, indicarnos cuando podermos (sic) retirarlo. Para notificaciones señalo como medio de notificación el correo electrónico [email protected] (…)”. (Ver prueba documental).

e)     En fecha indeterminada, el Área Rectora de Salud de Carrillo le previno al recurrente que debía indicar el propósito de su gestión. (Ver informe rendido bajo juramento).

f)      El 9 de marzo de 2021, el amparado cumplió la prevención realizada e indicó: “(…) se me brinde copia certificada de los expedientes administrativos relacionados con la “Planta Gasificadora de Residuos Ordinarios” a desarrollar en la zona del cantón de Carrillo, lo anterior con el fin de realizar un estudio académico de los beneficios que traerá el proyecto a la zona de Carrillo, con el fin de valorar la creación de más proyectos similares. El mismo puede ser remitido al correo electrónico indicado, o de estar en físico, indicarnos cuando podermos (sic) retirarlo. Para notificaciones señalo como medio de notificación el correo electrónico [email protected] (…)”. (Ver prueba documental).

g)    En fecha indeterminada, el Área Rectora de Salud de Carrillo le previno al recurrente mediante llamada telefónica que debía formular la gestión en forma presencial, y que debía aportar el carné de abogado e indicar el propósito de su gestión. (Ver informe rendido bajo juramento).

h)    El amparado no ha cumplido la prevención realizada mediante llamada telefónica. (Ver informe rendido bajo juramento).

En relación con Coopeguanacaste R.L.

a)     El 10 de marzo de 2021, la parte amparada remitió un correo electrónico a las cuentas [email protected] y [email protected]. En tal correo se adjuntó una gestión dirigida a COOPEGUANACASTE R.L, en la que pidió: “se me brinde copia certificada de los expedientes administrativos relacionados con la “Planta Gasificadora de Residuos Ordinarios” a desarrollar en la zona del cantón de Carrillo. El mismo puede ser remitido al correo electrónico indicado, o de estar en físico, indicarnos cuando podermos (sic) retirarlo. Para notificaciones señalo como medio de notificación el correo electrónico [email protected] (…)”. (Ver prueba documental).

IV.- HECHOS NO PROBADOS: De importancia para la decisión de este asunto, no se estima como debidamente demostrado:

a)     Que el oficio SETENA-SG-0556-2021 del 7 de abril de 2021 le haya sido notificado al recurrente.

b)    Que el gerente de proyectos de COOPEGUANACASTE R.L contactara mediante llamada telefónica al recurrente, a los efectos de coordinar lo correspondiente a la gestión planteada el 10 de marzo de 2021.

c)     Que el recurrente sea asociado de COOPEGUANACASTE R.L.

V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, el amparado estima lesionados sus derechos fundamentales, pues indica que el 5 de marzo de 2021 planteó una solicitud ante SETENA, en la que solicitó copia del expediente administrativo “D1-12116-2014 PLANTA GASIFICADORA DE DESECHOS ORDINARIOS”; además, ese mismo días también formuló un requerimiento ante el Área Rectora de Salud de Carrillo, en la que solicitó la copia del expediente administrativo relativo a la Planta Gasificadora de Residuos Ordinarios. Agrega que, el 10 de marzo de 2021, planteó una gestión ante Coopeguanacaste R.L, mediante la que solicitó la copia del expediente administrativo relativo a la Planta Gasificadora de Residuos Ordinarios. Reclama que no ha obtenido respuesta alguna a sus gestiones.

En relación con la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, esta Sala tiene por demostrado que, el 5 de marzo de 2021, el amparado planteó una gestión ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en la que requirió: “(…) solicito que se me brinde copia certificada de los expedientes administrativos relacionados con la “Planta Gasificadora de Residuos Ordinarios” a desarrollar en la zona del cantón de Carrillo. El mismo puede ser remitido al correo electrónico indicado, o de estar en físico, indicarnos cuando podermos (sic) retirarlo. Para notificaciones señalo como medio de notificación el correo electrónico [email protected]. (…)”. A tal gestión se le asignó el trámite n.° 02335-2021.  Además, mediante oficio SETENA-SG-0556-2021 del 7 de abril de 2021, la directora general de SETENA le previno al accionante: “ (…) Referente al Consecutivo No.02335-2021 presentado el 05 de marzo del corriente, donde solicita copia certificada digital del expediente en referencia, se le indica que el mismo solo se encuentra en forma física, por lo que para continuar con dicha solicitud deberá aportar las copias físicas del expediente así como los timbres de ley para dicho fin, según lo establece la Ley General de la Administración Pública en el artículo 272 inciso 2; “El costo de las copias y certificaciones será de cuenta del petente.”. Para el cumplimiento de lo anterior se le otorga un plazo de diez días hábiles de conformidad con el artículo 264 de la Ley General de la Administración Pública (…)”.

Ahora, si bien la recurrida sostiene que tal prevención fue puesta en conocimiento del amparado el 12 de mayo de 2021, pero este no ha aportado los timbres requeridos, no menos cierto es que de los autos no se tiene por demostrado que, efectivamente, el oficio SETENA-SG-0556-2021 del 7 de abril de 2021 le haya sido notificado al recurrente. De modo que, no se acredita que la autoridad recurrida le haya comunicado a la parte amparada la prevención correspondiente a la gestión de marras. Ergo, lo procedente es declarar con lugar el recurso.

VI.- En relación con el Área Rectora de Salud de Carrillo, este Tribunal tiene por verificado que, el 5 de marzo de 2021, la parte amparada remitió un correo electrónico a la cuenta [email protected]. En tal correo se adjuntó una gestión dirigida al Área Rectora de Salud de Carrillo, en la que solicitó: “(…)se me brinde copia certificada de los expedientes administrativos relacionados con la “Planta Gasificadora de Residuos Ordinarios” a desarrollar en la zona del cantón de Carrillo. El mismo puede ser remitido al correo electrónico indicado, o de estar en físico, indicarnos cuando podermos (sic) retirarlo. Para notificaciones señalo como medio de notificación el correo electrónico [email protected] (…)”. En fecha indeterminada, el Área Rectora de Salud de Carrillo le previno al recurrente que debía indicar el propósito de su gestión. El 9 de marzo de 2021, el amparado cumplió la prevención realizada e indicó: “(…) se me brinde copia certificada de los expedientes administrativos relacionados con la “Planta Gasificadora de Residuos Ordinarios” a desarrollar en la zona del cantón de Carrillo, lo anterior con el fin de realizar un estudio académico de los beneficios que traerá el proyecto a la zona de Carrillo, con el fin de valorar la creación de más proyectos similares. El mismo puede ser remitido al correo electrónico indicado, o de estar en físico, indicarnos cuando podermos (sic) retirarlo. Para notificaciones señalo como medio de notificación el correo electrónico [email protected] (…)”. En fecha indeterminada, el Área Rectora de Salud de Carrillo le previno al recurrente mediante llamada telefónica que debía formular la gestión en forma presencial, y aportar el carné de abogado e indicar el propósito de su gestión.

Ahora, si bien la accionada informa a este Tribunal, con las solemnidades y responsabilidades que ello conlleva, que el amparado no ha cumplido la prevención realizada mediante llamada telefónica, no menos cierto es que este Tribunal considera que la prevención realizada es improcedente, pues no sólo se le impone al recurrente volver a plantear su gestión, sino que se le obliga a indicar el propósito de la misma. Sobre el tema de marras, en la sentencia n.° 2019- 002106 de las 9:15 horas del 8 de febrero de 2019, el Tribunal indicó: 

“VII.- Por su parte, el accionado justifica la omisión de no cumplir con la entrega de lo pedido por la recurrente, bajo el argumento de que su solicitud no cumple con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 9097 de Regularización del Derecho de Petición, toda vez que, en su criterio, no ha sido formulada por escrito -en un documento entregado en las oficinas de la Auditoría Municipal-, y no incluyó el nombre, la cédula o el documento de identidad de la recurrente, así como tampoco el objeto y el destinatario de la petición. Sobre este tema, debe partirse de que el artículo 4 de la Ley de Regularización del Derecho de Petición, fue cuestionado en la acción de inconstitucionalidad que se tramitó en esta Sala bajo el número de expediente 13-008056-0007-CO el que, a su vez, tenía suspendido este recurso. Dicha acción fue resuelta en la sentencia N° 2018-014645 de las 12 horas de 5 de septiembre de 2018 y, específicamente en cuanto al artículo 4 inciso a), la Sala dispuso que no es inconstitucional lo que ahí se requiere, señalando que, de la lectura atenta de esa norma, se infiere que cuando dicho ordinal requiere que se debe precisar el objeto, no implica que la persona gestionante deba justificar el motivo de su petitoria, sino especificar lo que solicita; el objeto de la petición es lo que se pide y no la finalidad, razones o el porqué se pide. Por su parte, el destinatario de la petición es a quién se le pide, de manera tal que la solicitud sea atendida por el funcionario verdaderamente competente y con mayor celeridad, de manera tal que bastaría con señalar el departamento u oficina de destino. Tómese en cuenta que esas formalidades exigidas e interpretadas en los términos supra señalados -referidas al objeto y al destinatario-, son acordes a lo indicado por la Sala en cuanto a la forma del ejercicio y los requisitos mínimos para hacer uso de ese derecho. A partir de lo anterior, en este punto en concreto, debe concluirse que lo prevenido por la autoridad recurrida,  resultaba improcedente, toda vez que la gestión de la recurrente es clara en la información que solicita, entonces, es más que evidente que no se requiere de su número de cédula pues era público y notorio quien era la persona consultante, la cual inclusive en el oficio de su consulta, coloca su nombre y debajo de éste el cargo de Regidora del Concejo Municipal de San José, por lo que en su caso no era indispensable que se individualizara más a través del número de cédula. De igual manera, no tenía porqué señalarse el objeto de la consulta pues en el mismo oficio consignó que la información la requiere para realizar su trabajo de fiscalización y seguimiento de los asuntos municipales que, como regidora municipal, tiene que efectuar. Finalmente en cuanto al destinatario, de conformidad con lo dispuesto por la Sala en la referida sentencia que resolvió la acción de inconstitucionalidad, es a quien se le pide la información y, en este caso es más que evidente que se trata de la autoridad accionada pues es la que posee la información de su interés. Así las cosas, no era procedente que se le solicitara a la recurrente, subsanar lo que se consideró necesario en atención a lo dispuesto en el artículo 4 de cita, de manera que, aún cuando la accionante no cumplió́ lo prevenido, la autoridad accionada debió de atender lo solicitado. Ante ese panorama y tomando en cuenta que, a la fecha, la información requerida por la recurrente no ha sido puesta a su disposición, el amparo es procedente, de manera tal que se le deberá entregar la información solicitada con la única exclusión de aquéllos (sic) datos que estén siendo objeto de la investigación penal a la que hizo mención la autoridad accionada y que hayan sido declarados confidenciales por la autoridad judicial competente”.

Al analizar los autos, la Sala detalla que, en la gestión planteada por el recurrente, se indicó expresamente el objeto de su petición. Ergo, en aplicación del criterio expuesto, el Tribunal estima que las prevenciones efectuadas por la parte accionada, tendentes a inquirir sobre el propósito de lo requerido, constituyeron un obstáculo innecesario para el ejercicio de los derechos del tutelado, lesionando de esa manera la normativa constitucional.

Asimismo, los alegatos esgrimidos por la autoridad recurrida, en el sentido de que al tutelado no se le puede entregar la información solicitada por no ser parte del expediente y no tener seguridad de que el accionante es abogado, este Tribunal advierte que tal justificación no es de recibo, pues lo requerido por el tutelado corresponde a información pública. Ahora bien, en relación con el derecho de acceso a la información, en la sentencia n.° 2020-008474 de las 9:20 horas del 8 de mayo de 2020, la Sala señaló:

“Es el contenido del artículo 30, de la Constitución Política, el que establece la posibilidad de acceso a los archivos y a los departamentos públicos, con el fin de que todas las personas puedan conocer la información que reviste de interés público. Esta Sala, en su jurisprudencia –v. gr. sentencia N° 2008-004460 de las 17:14 horas de 25 de marzo de 2008-, ha señalado que el numeral citado supra, garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, siendo que este derecho se constituye como un medio de control en manos de los administrados, puesto que, les permite ejercer un óptimo control de legalidad y de oportunidad, conveniencia o mérito, de las Administraciones Públicas. Asimismo, este Tribunal ha señalado que tal reconocimiento no es ilimitado, y como todo derecho constitucional, posee límites. Así, dentro de las excepciones al goce de este derecho, se encuentra el acceso a información calificada como secreto de Estado y a la información contemplada dentro de los procedimientos que se encuentran en fase de investigación o que se encuentran en desarrollo. Esto conlleva a la distinción entre el acceso a la información correspondiente a documentación administrativa y el acceso a documentos que forman parte de un procedimiento administrativo, siendo que en el primero de los caso (sic), se le brindará lo requerido a quien lo solicite, al ser un sujeto ad extra; en el segundo caso, solo se ofrecerá la información que soliciten las partes que se encuentran inmiscuidas en el proceso, es decir, ad intra. De esta forma, los diversos órganos de las Administraciones Públicas tienen la obligación de rendir la información pública requerida por los interesados, esto dentro del menor plazo posible”. (El resaltado no es del original).

Desde tal panorama, este Tribunal estima que lo procedente es declarar con lugar el recurso, en lo que al Área Rectora de Salud atañe.

VII.- Finalmente, en relación con Coopeguanacaste R.L, este Tribunal tiene por demostrado que, el 10 de marzo de 2021, la parte amparada remitió un correo electrónico a las cuentas [email protected] y [email protected]. En tal correo se adjuntó una gestión dirigida a COOPEGUANACASTE R.L, en la que pidió: “se me brinde copia certificada de los expedientes administrativos relacionados con la “Planta Gasificadora de Residuos Ordinarios” a desarrollar en la zona del cantón de Carrillo. El mismo puede ser remitido al correo electrónico indicado, o de estar en físico, indicarnos cuando podermos (sic) retirarlo. Para notificaciones señalo como medio de notificación el correo electrónico [email protected] (…)”. Asimismo, aun cuando el accionado informó a este Tribunal que “esa representación instruyó a la gerencia de proyectos, Ing. Erick Herra, para que coordinara con el recurrente lo relativo a la solicitud de información del proyecto de gasificación. Me informa el señor Herra que llamó vía teléfono en su oficina y que esa vez no le pudo atender, por lo que le dejó el mensaje con su secretaria para que le devolviera la llamada y coordinarán lo correspondiente. A hoy, el recurrente no ha devuelto la llamada”, no menos cierto es que tales circunstancias no se tienen por demostradas. Asimismo, en el sub iudice no se tiene por verificado que el accionante sea asociado de la cooperativa accionada.

Ahora bien, el recurrido asevera en su informe que el proyecto de la Planta Gasificadora de Residuos Ordinarios es “un proyecto privado de autoría exclusiva de Coopeguanacaste, cuya información es privilegiada, confidencial, y parte de nuestro “know How” operativo, por lo que el acceso a esta información es restringido tratándose de sujetos de derecho privado como el recurrente”, por lo que no se encuentra en la obligación de suministrarle la información sensible y confidencial al recurrente.

En relación con el tema de marras, resulta menester traer a colación lo dispuesto en la sentencia n.° 2017-010112 de las 9:15 horas del 30 de junio de 2017, en la que se indicó:

“I.- OBJETO DEL AMPARO . La recurrente señala que el primero de junio de dos mil quince, presentó una gestión ante la Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste, R. L. (Coopeguanacaste R.L.), a fin de que se le brindara información relacionada con la sustitución -presuntamente irregular- de dos medidores del servicio eléctrico en un inmueble que arrienda a terceros. No obstante, acusa que no ha obtenido resolución, lo que estima lesiona sus derechos fundamentales.

II.- EL CASO CONCRETO. En cuanto a la falta de respuesta que reclama, debe señalarse que como en este caso, la petición fue hecha ante la Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste, R. L., que no constituye una persona de carácter público sino de naturaleza jurídica privada, no se ha producido el quebranto acusado, por lo que, deberá acudir a la vía jurisdiccional correspondiente, en resguardo de sus derechos. Esta Sala ha determinado que en el caso de los sujetos de derecho privado, como es el caso de la cooperativa recurrida, el derecho de petición y pronta resolución puede ser opuesto cuando un miembro de un determinado grupo o colectividad, solicita a sus administradores información sobre asuntos que interesan al grupo o colectividad, o cuando el ente privado actúe o “deba actuar en ejercicio de funciones o de potestades públicas” y además, que los remedios jurisdiccionales sean “claramente insuficientes o tardíos” para proteger el derecho conculcado. En el caso en concreto, la información solicitada no es en su condición de persona asociada sobre temas que interesen al grupo que integra la cooperativa; en consecuencia, se trata de una situación para la cual los remedios jurisdiccionales ordinarios ofrecen a la persona amparada la vía para dilucidar la situación de fondo. (En similar sentido, ver la Sentencia N° 2016-016738 de las 09:05 horas de 11 de noviembre de 2016). Dadas las consideraciones dichas, el recurso es inadmisible y procede su rechazo de plano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional”.

 Así las cosas, en el sub examine, nótese que no se tuvo por acreditado que el accionante fuera un asociado de la cooperativa; además, no se verifica que el aludido proyecto de la Planta Gasificadora de Residuos Ordinarios verse sobre actividades propias que realiza COOPEGUANACASTE R.L en el ejercicio de funciones o potestades públicas. En consecuencia, la Sala no aprecio mérito alguno para variar el criterio transcrito, por lo que procede desestimar el recurso en relación con este extremo.

VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documento, ya sea en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI .

 

 

Por tanto:

 

 Se declara parcialmente con lugar el recurso, solo contra la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Área Rectora de Salud de Carrillo. Se ordena a Cynthia Barzuna Gutiérrez, en su condición de secretaria general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y a Suseth Rodríguez Vega, en su condición de directora del Área Rectora de Salud de Carrillo, o a quienes ocupen tales cargos, que coordinen lo necesario, giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, ponga a disposición del recurrente la información solicitada mediante las gestiones planteadas ante sus dependencias el 5 de marzo de 2021 y le notifique tales circunstancias al medio señalado para tales efectos. Lo anterior salvaguardando los datos sensibles o confidenciales, en caso de haberlos, de conformidad con la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (ley n.° 8968). En caso de incurrirse en algún costo producto de las copias requeridas, el mismo correrá a cargo de la parte interesada. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En todo lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Paul Rueda L.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.




Marta Eugenia Esquivel R.

	

 

	

Ana María Picado B.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 O95ZCACZYQK61

EXPEDIENTE N° 21-009001-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 02-04-2026 06:53:20.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

SALA CONSTITUCIONAL

Resolution No. 13750 - 2021

Date of Resolution: 9:15 a.m. on June 18, 2021

Case File: 21-009001-0007-CO

Drafted by: Paul Rueda Leal

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL

Text of the resolution

Case File: 21-009001-0007-CO

Res. No. 2021013750

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine-fifteen in the morning on June eighteenth, two thousand twenty-one.

Amparo proceeding processed in case file No. 21-009001-0007-CO, filed by WALTER BRENES SOTO, identity card number 0206450800, against the MINISTERIO DE SALUD, the SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, and COOPEGUANACASTE RL.

Resultando:

1.- By document added to the digital case file at 10:10 a.m. on May 11, 2021, the petitioner files an amparo action. He states that on March 5, 2021, he submitted a request to SETENA, in which he requested a copy of the administrative case file “D1-12116-2014 PLANTA GASIFICADORA DE DESECHOS ORDINARIOS.” He notes that this petition was assigned number 02335-2021. He notes that on March 5, 2021, he also submitted a request to the Área Rectora de Salud de Carrillo, in which he requested a copy of the administrative case file relating to the Ordinary Waste Gasification Plant. He adds that on March 10, 2021, he submitted a petition to Coopeguanacaste R.L, through which he requested a copy of the administrative case file relating to the Ordinary Waste Gasification Plant. He complains that he has not received a response to his petitions. He requests that the amparo be granted.

2.- By resolution of this Chamber at 2:15 p.m. on May 12, 2021, the amparo was admitted and a response was requested from Miguel Gómez Corea, in his capacity as general manager of COOPEGUANACASTE R.L. Likewise, a report was requested from the technical secretary of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental and the director of the Área Rectora de Salud de Carrillo, regarding the facts alleged by the petitioner.

3.- By document added to the digital case file at 12:37 p.m. on May 20, 2021, Cynthia Barzuna Gutiérrez, in her capacity as general secretary of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, submits a sworn report. She states that the Department of Archives was asked to digitize the case file requested by the amparo petitioner, but it was not possible to do so. She notes that, by formal communication SETENA-SG-0556 of April 7, 2021, notified to the protected party on May 12, 2021, he was advised: “Regarding Consecutive No. 02335-2021 submitted on March 5th of the current year, in which you request a certified digital copy of the referenced case file, you are advised that it exists only in physical form; therefore, to continue with said request, you must provide the physical copies of the case file as well as the legally required stamps for that purpose, as established by the Ley General de la Administración Pública in Article 272, subsection 2; ‘The cost of copies and certifications shall be borne by the requester.’ To comply with the foregoing, a period of ten business days is granted in accordance with Article 264 of the Ley General de la Administración Pública.” She recounts that the petitioner had until May 26, 2021, to provide the legally required stamps. She maintains that SETENA did not deny access to an administrative case file; rather, the amparo petitioner was advised to provide the documents, but he has not complied. She notes that the only valid method for receiving correspondence and documentation is through the website https://portal.setena.go.cr. She requests that the amparo be denied.

4.- By document added to the digital case file at 1:03 p.m. on May 20, 2021, Miguel Gómez Corea, in his capacity as manager of the Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste Responsabilidad Limitada (COOPEGUANACASTE R.L), submits a report. He maintains that what the petitioner claims is “the supposed failure to deliver information about a private Ordinary Waste Gasification project, which has nothing to do with an essential public service like electricity supply; therefore, the cooperative is not in a power relationship with the petitioner, who is also a private individual. This is a private project whose information is confidential and privileged, due to the nature and scope of the project itself.” He explains that the cooperative is governed by law and is responsible for the “electrification activity of the Province of Guanacaste and the Península de Nicoya; all natural persons and non-profit legal entities residing within the indicated coverage area and who are users of the electrical service offered by COOPEGUANACASTE R.L may become members of this entity.” He considers that the petitioner is also a subject of private law, who requests delivery of the complete case file of a private electricity generation project (Ordinary Waste Gasification Plant), which is privately authored by the cooperative and contains sensitive and confidential information that is part of the “know-how.” He considers that the amparo petitioner does not belong to any public institution, and his request lacks the proper and justified basis regarding its objective and necessity, merely stating that the information is of public and environmental interest. He refers that the petition submitted to the cooperative contradicts the request submitted to the Área Rectora de Salud de Carrillo, because in the latter he stated that the information was for an academic study and to assess the creation of more similar projects in the country, “from which it can be inferred, on the one hand, that the petitioner also does not belong to any educational institution, and on the other, that he would intend to use privileged information from a private project for personal use or for his law firm to advise potential clients interested in this type of project, which is not consistent with our legal system. The petitioner seeks to settle a legality and copyright conflict in a constitutional venue, a matter outside the jurisdiction of this court.” He denies that the amparo petitioner was not given any response, since Erick Herra, project manager, was instructed to address the protected party’s request. He affirms that Herra called the petitioner’s office, but the petitioner could not take the call. He recounts that the project manager left a message with the petitioner’s secretary for him to return the call and coordinate accordingly, but the petitioner has not called back. He emphasizes: “It is important to highlight that the ordinary waste gasification project (Biomass) is a private project exclusively authored by Coopeguanacaste, whose information is privileged, confidential, and part of our operational “know-how”; therefore, access to this information is restricted when dealing with subjects of private law like the petitioner. Let this honorable Chamber note that the petitioner belongs to a law firm specializing in energy matters, hence its name “ENERGY LAW,” and is not a state institution where public interest prevails; rather, one might think that the information they request, which is the entire case file, could be used for their own benefit or that of their client base interested in energy projects. It is not possible for information from a private project that has cost Coopeguanacaste R.L. so much (seven years just for environmental viability) to be given to any person, without any justification, even potentially to be copied. However, having stated this, we have unrestricted access information containing the general aspects of the project. In addition, the project already has Environmental Viability granted by SETENA, where the petitioner can likewise request the information held there, of course, complying with the requirements that said authority will ask of him. The petitioner, a lawyer by profession, is certainly not assigned to, nor does he belong to, any public institution, acting simply as a private individual, lacking legal capacity, powers, or legal authority to demand from another individual, equally subject to private law, personal, sensitive, and confidential information, without the proper justification of necessity and timeliness. Consequently, since the information request does not come from an authority with coercive power as authorized by the very Law 8968 cited, the petitioner’s request violates our right to INFORMATIONAL SELF-DETERMINATION, recognized as a Fundamental Right, whose purpose is to control the flow of information, derived from the right to privacy, with the petitioner acting arbitrarily and outside the Law.” He maintains that the petitioner is not a member of COOPEGUANACASTE R.L, which negates any potential right to information. He considers that even members must justify the need for the information, to prevent its incorrect use and because it forms part of the “know-how.” He requests that the amparo be denied.

5.- By document added to the digital case file at 1:49 p.m. on June 6, 2021, Suseth Rodríguez Vega, in her capacity as director of the Área Rectora de Salud Carrillo, submits a sworn report. She clarifies that on March 5, 2021, a petition was received from the respondent authority. She states that she communicated by telephone call with the amparo petitioner so that he would resubmit the petition, stating its purpose. She notes that at 10:00 p.m. on March 5, 2021, she received an email from the protected party stating: “the foregoing in order to carry out an academic study of the benefits that the project will bring to the Carrillo area, for the purpose of assessing the creation of more similar projects in the country.” She argues that on March 10, 2021, the petition was forwarded to the coordinator of the Proceso Atención al Cliente Interno y Externo of the Dirección Regional de Salud Chorotega, for the purpose of consulting on the legality of providing the copy of the case file, since the protected party is not a party to the case file. She states that said coordinator addressed the query and forwarded the opinion of the legal advisor of the Dirección Regional de Salud Chorotega. She recounts that she consulted the general manager of Coopegunanacaste R.L, who told her: “we have received a request from Mr. Walter Brenes, which will be processed by the Gerencia de Proyectos of Coopeguanacaste R.L.” She maintains that the respondent health directorate has attempted to contact the amparo petitioner to inform him that his request must be submitted in person, and he must provide his bar association card and the purpose of the request, as she does not know if the requester is a lawyer. She maintains that the petitioner has not appeared in person at the Área Rectora de Salud de Carrillo to request the copy of the case file. She requests that the amparo be denied.

6.- The legal provisions have been observed in the proceedings conducted.

Drafted by Magistrate Rueda Leal; and,

Considerando:

I.- PRELIMINARY ISSUE. In the case of amparo actions against private individuals, prior to the analysis on the merits regarding the alleged constitutional violation, it must be examined whether, in the instant case, one of the circumstances that makes such an action admissible is present, and, if so, determine whether it is admissible or not. The Ley de la Jurisdicción Constitucional, in Article 57, states that the amparo action is available against the actions or omissions of subjects of private law, when they act or should act in the exercise of public functions or powers, or when they are, de jure or de facto, in a position of power against which ordinary judicial remedies are clearly insufficient or untimely to guarantee the fundamental rights and freedoms referred to in Article 2, subsection a) of the same Law. In this case, if the claims of the protected party are true, the respondent could be in a position of power, against which ordinary judicial remedies could be insufficient to protect the fundamental rights of the amparo petitioners; therefore, the action must be admitted for analysis by this Court.

II.- SUBJECT MATTER OF THE ACTION. The amparo petitioner considers his fundamental rights violated, stating that on March 5, 2021, he submitted a request to SETENA, requesting a copy of the administrative case file “D1-12116-2014 PLANTA GASIFICADORA DE DESECHOS ORDINARIOS”; also, on that same day he also submitted a request to the Área Rectora de Salud de Carrillo, requesting a copy of the administrative case file relating to the Ordinary Waste Gasification Plant. He adds that on March 10, 2021, he submitted a petition to Coopeguanacaste R.L, requesting a copy of the administrative case file relating to the Ordinary Waste Gasification Plant. He complains that he has not received any response to his petitions.

III.- PROVEN FACTS: The following facts are considered duly proven for the decision of this matter, either because they have been accredited as such or because the respondent authority omitted to refer to them, as provided in the initial ruling:

Regarding the Secretaría Técnica Nacional Ambiental:

a) On March 5, 2021, the amparo petitioner submitted a petition to the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, in which he requested: “(...) I request that I be provided with a certified copy of the administrative case files related to the ‘Ordinary Waste Gasification Plant’ to be developed in the area of the canton of Carrillo. It may be sent to the indicated email address, or if it is physical, please tell us when we can pick it up. For notifications, I indicate the email address [email protected] as the means of notification. (...)” This petition was assigned procedure No. 02335-2021. (See documentary evidence).

b) By formal communication SETENA-SG-0556-2021 of April 7, 2021, the general director of SETENA advised the petitioner: “(...) Regarding Consecutive No. 02335-2021 submitted on March 5th of the current year, where you request a certified digital copy of the referenced case file, you are advised that it exists only in physical form; therefore, to continue with said request, you must provide the physical copies of the case file as well as the legally required stamps for that purpose, as established by the Ley General de la Administración Pública in Article 272, subsection 2; ‘The cost of copies and certifications shall be borne by the requester.’ To comply with the foregoing, a period of ten business days is granted in accordance with Article 264 of the Ley General de la Administración Pública (...)” (See documentary evidence).

c) On May 17, 2021, the respondent authority was notified of the processing of this action. (See notification record).

Regarding the Área Rectora de Salud de Carrillo:

d) On March 5, 2021, the amparo protected party sent an email to the account [email protected]. This email attached a petition addressed to the Área Rectora de Salud de Carrillo, in which he requested: “(...) I be provided with a certified copy of the administrative case files related to the ‘Ordinary Waste Gasification Plant’ to be developed in the area of the canton of Carrillo. It may be sent to the indicated email address, or if it is physical, please tell us when we can pick it up. For notifications, I indicate the email address [email protected] as the means of notification (...)” (See documentary evidence).

e) On an undetermined date, the Área Rectora de Salud de Carrillo advised the petitioner that he needed to state the purpose of his petition. (See sworn report).

f) On March 9, 2021, the amparo petitioner complied with the advice given and stated: “(...) I be provided with a certified copy of the administrative case files related to the ‘Ordinary Waste Gasification Plant’ to be developed in the area of the canton of Carrillo, the foregoing for the purpose of carrying out an academic study of the benefits that the project will bring to the Carrillo area, in order to assess the creation of more similar projects. It may be sent to the indicated email address, or if it is physical, please tell us when we can pick it up. For notifications, I indicate the email address [email protected] as the means of notification (...)” (See documentary evidence).

g) On an undetermined date, the Área Rectora de Salud de Carrillo advised the petitioner, via a telephone call, that he had to submit the petition in person, provide his bar association card, and state the purpose of his petition. (See sworn report).

h) The amparo petitioner has not complied with the advice given via telephone call. (See sworn report).

Regarding Coopeguanacaste R.L.

a) On March 10, 2021, the amparo protected party sent an email to the accounts [email protected] and [email protected]. This email attached a petition addressed to COOPEGUANACASTE R.L, in which he requested: “I be provided with a certified copy of the administrative case files related to the ‘Ordinary Waste Gasification Plant’ to be developed in the area of the canton of Carrillo. It may be sent to the indicated email address, or if it is physical, please tell us when we can pick it up. For notifications, I indicate the email address [email protected] as the means of notification (...)” (See documentary evidence).

IV.- UNPROVEN FACTS: For the decision of this matter, the following is not considered duly proven:

a) That the formal communication SETENA-SG-0556-2021 of April 7, 2021, was notified to the petitioner.

b) That the project manager of COOPEGUANACASTE R.L contacted the petitioner by telephone call, for the purpose of coordinating the matter regarding the petition submitted on March 10, 2021.

c) That the petitioner is a member of COOPEGUANACASTE R.L.

V.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. In the case sub lite, the amparo petitioner considers his fundamental rights violated, stating that on March 5, 2021, he submitted a request to SETENA, requesting a copy of the administrative case file “D1-12116-2014 PLANTA GASIFICADORA DE DESECHOS ORDINARIOS”; also, on that same day he also submitted a request to the Área Rectora de Salud de Carrillo, requesting a copy of the administrative case file relating to the Ordinary Waste Gasification Plant. He adds that on March 10, 2021, he submitted a petition to Coopeguanacaste R.L, requesting a copy of the administrative case file relating to the Ordinary Waste Gasification Plant. He complains that he has not received any response to his petitions.

Regarding the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, this Chamber finds it proven that on March 5, 2021, the amparo petitioner submitted a petition to the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, requesting: “(...) I request that I be provided with a certified copy of the administrative case files related to the ‘Ordinary Waste Gasification Plant’ to be developed in the area of the canton of Carrillo. It may be sent to the indicated email address, or if it is physical, please tell us when we can pick it up. For notifications, I indicate the email address [email protected] as the means of notification. (...)” This petition was assigned procedure No. 02335-2021. Furthermore, by formal communication SETENA-SG-0556-2021 of April 7, 2021, the general director of SETENA advised the petitioner: “(...) Regarding Consecutive No. 02335-2021 submitted on March 5th of the current year, where you request a certified digital copy of the referenced case file, you are advised that it exists only in physical form; therefore, to continue with said request, you must provide the physical copies of the case file as well as the legally required stamps for that purpose, as established by the Ley General de la Administración Pública in Article 272, subsection 2; ‘The cost of copies and certifications shall be borne by the requester.’ To comply with the foregoing, a period of ten business days is granted in accordance with Article 264 of the Ley General de la Administración Pública (...)”

Now, although the respondent maintains that this advice was communicated to the amparo petitioner on May 12, 2021, but he has not provided the required stamps, it is no less true that it is not proven in the proceedings that formal communication SETENA-SG-0556-2021 of April 7, 2021, was effectively notified to the petitioner. Therefore, it is not accredited that the respondent authority communicated the corresponding advice on the petition in question to the amparo protected party. Ergo, it is appropriate to grant the amparo.

VI.- Regarding the Área Rectora de Salud de Carrillo, this Court has verified that on March 5, 2021, the amparo protected party sent an email to the account [email protected]. This email attached a petition addressed to the Área Rectora de Salud de Carrillo, requesting: “(...) I be provided with a certified copy of the administrative case files related to the ‘Ordinary Waste Gasification Plant’ to be developed in the area of the canton of Carrillo. It may be sent to the indicated email address, or if it is physical, please tell us when we can pick it up. For notifications, I indicate the email address [email protected] as the means of notification (...)” On an undetermined date, the Área Rectora de Salud de Carrillo advised the petitioner that he needed to state the purpose of his petition. On March 9, 2021, the amparo petitioner complied with the advice given and stated: “(...) I be provided with a certified copy of the administrative case files related to the ‘Ordinary Waste Gasification Plant’ to be developed in the area of the canton of Carrillo, the foregoing for the purpose of carrying out an academic study of the benefits that the project will bring to the Carrillo area, in order to assess the creation of more similar projects. It may be sent to the indicated email address, or if it is physical, please tell us when we can pick it up. For notifications, I indicate the email address [email protected] as the means of notification (...)” On an undetermined date, the Área Rectora de Salud de Carrillo advised the petitioner, via a telephone call, that he had to submit the petition in person, provide his bar association card, and state the purpose of his petition.

Now, although the respondent informs this Court, with the solemnities and responsibilities that this entails, that the amparo petitioner has not complied with the advice given via telephone call, it is no less true that this Court considers the advice given to be improper, because it not only requires the petitioner to resubmit his petition, but also compels him to state its purpose. On the matter in question, in judgment No. 2019-002106 at 9:15 a.m. on February 8, 2019, this Court stated:

“VII.- For his part, the respondent justifies the omission in complying with the delivery of what was requested by the petitioner, under the argument that her request does not comply with the provisions of Article 4 of Law 9097, the Ley de Regularización del Derecho de Petición, since, in his view, it was not submitted in writing - in a document delivered to the offices of the Municipal Audit Office -, and did not include the petitioner's name, identity card or identification document, nor the subject matter and the recipient of the petition. On this issue, one must start from the premise that Article 4 of the Ley de Regularización del Derecho de Petición was challenged in the unconstitutionality action processed in this Chamber under case file number 13-008056-0007-CO, which, in turn, had suspended this amparo. Said action was resolved in Judgment N° 2018-014645 at 12:00 noon on September 5, 2018, and, specifically regarding Article 4, subsection a), the Chamber ruled that what is required therein is not unconstitutional, noting that from a careful reading of that provision, it is inferred that when said article requires that the subject matter must be specified, it does not imply that the petitioning person must justify the reason for their request, but rather specify what they are requesting; the subject matter of the petition is what is requested and not the purpose, reasons, or why it is requested. For its part, the recipient of the petition is whom the petition is addressed to, so that the request is handled by the truly competent official and with greater speed, so that it would suffice to indicate the department or office of destination. It should be noted that these required formalities, interpreted in the terms indicated above - referring to the subject matter and the recipient -, are consistent with what the Chamber has indicated regarding the form of exercise and the minimum requirements to make use of that right. Based on the foregoing, on this specific point, it must be concluded that the advice given by the respondent authority was improper, since the petitioner's request is clear regarding the information requested; it is, therefore, more than evident that her identity card number was not required because it was publicly known who the consulting person was, who even in the official letter of her inquiry, placed her name and, below it, the position of Councilor of the Concejo Municipal de San José, so in her case it was not essential to further identify her through the identity card number. Similarly, she did not have to state the purpose of the inquiry, since in the same official letter she recorded that she required the information to perform her duty of oversight and monitoring of municipal affairs that, as a municipal councilor, she must carry out. Finally, regarding the recipient, in accordance with what was decided by the Chamber in the aforementioned judgment that resolved the unconstitutionality action, it is the person from whom the information is requested, and, in this case, it is more than evident that it is the respondent authority, since it is the one that possesses the information of interest to her. As things stand, it was not appropriate to ask the petitioner to correct what was deemed necessary according to the provisions of Article 4 cited, so that, even though the petitioner did not comply with the advice given, the respondent authority should have attended to what was requested. In view of this situation and considering that, to date, the information required by the petitioner has not been made available to her, the amparo is appropriate, so that the information requested must be delivered to her, with the sole exclusion of those data that are the subject of the criminal investigation mentioned by the respondent authority and that have been declared confidential by the competent judicial authority.”

Upon analyzing the case records, the Chamber details that the petition submitted by the petitioner expressly stated its subject matter. Ergo, applying the stated criteria, the Court considers that the advice given by the respondent, aimed at inquiring about the purpose of what was requested, constituted an unnecessary obstacle to the exercise of the rights of the protected party, thereby violating constitutional regulations.

Likewise, regarding the arguments put forth by the respondent authority, to the effect that the information requested cannot be delivered to the protected party because he is not a party to the case file and there is no certainty that the petitioner is a lawyer, this Court warns that such justification is not acceptable, because what was requested by the protected party constitutes public information. Now, regarding the right of access to information, in judgment No. 2020-008474 at 9:20 a.m. on May 8, 2020, the Chamber stated:

“It is the content of Article 30 of the Constitución Política that establishes the possibility of access to public archives and departments, so that all persons may know information that is of public interest. This Chamber, in its jurisprudence – e.g., judgment N° 2008-004460 at 5:14 p.m. on March 25, 2008 -, has indicated that the article cited supra guarantees free access to administrative departments for purposes of information on matters of public interest, and that this right constitutes a means of control in the hands of the administered, since it allows them to exercise optimal control of legality and of the opportunity, convenience, or merit of public administrations. Likewise, this Court has indicated that such recognition is not unlimited, and like all constitutional rights, it has limits. Thus, among the exceptions to the enjoyment of this right is access to information classified as state secrets and to information contemplated within procedures that are in the investigation phase or that are under development.

This entails the distinction between access to information corresponding to administrative documentation and access to documents that form part of an administrative procedure, given that in the first case (sic), the requested information will be provided to whoever requests it, as an ad extra subject; in the second case, only the information requested by the parties involved in the process, that is, ad intra, will be provided. In this manner, the various bodies of the Public Administrations have the obligation to provide the public information requested by interested parties, within the shortest possible time frame." (The highlighting is not from the original).

From this perspective, this Tribunal considers that the appropriate course is to grant the appeal (recurso) with respect to the Área Rectora de Salud.

VII.- Finally, in relation to Coopeguanacaste R.L, this Tribunal finds it proven that, on March 10, 2021, the petitioner (parte amparada) sent an email to the accounts [email protected] and [email protected]. Attached to that email was a request directed to COOPEGUANACASTE R.L, in which he requested: "I be provided with a certified copy of the administrative files (expedientes administrativos) related to the 'Planta Gasificadora de Residuos Ordinarios' to be developed in the area of the canton of Carrillo. It may be sent to the email address indicated, or if it is in physical form, indicate when we can (sic) collect it. For notifications I indicate the email address [email protected] as the means of notification (…)". Likewise, even though the respondent informed this Tribunal that "that representation instructed the project manager, Eng. Erick Herra, to coordinate with the petitioner regarding the information request for the gasification project. Mr. Herra informs me that he called him by phone at his office and that at that moment he could not take the call, so he left a message with his secretary for him to return the call and coordinate accordingly. To date, the petitioner has not returned the call," it is no less true that such circumstances are not considered proven. Furthermore, in the sub iudice, it is not verified that the claimant is an associate of the respondent cooperative.

Now, the respondent asserts in its report that the project of the Planta Gasificadora de Residuos Ordinarios is "a private project of the exclusive authorship of Coopeguanacaste, whose information is privileged, confidential, and part of our operational 'know How,' so access to this information is restricted when dealing with subjects of private law such as the petitioner," and therefore it is not obligated to provide sensitive and confidential information to the petitioner.

In relation to the matter at hand, it is necessary to bring up the provisions of judgment no. 2017-010112 of 9:15 a.m. on June 30, 2017, which stated:

"I.- OBJECT OF THE AMPARO. The petitioner states that on June 1, 2015, she filed a request before the Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste, R. L. (Coopeguanacaste R.L.), seeking information related to the —allegedly irregular— replacement of two electricity service meters in a property she leases to third parties. However, she alleges that she has not obtained a resolution, which she considers violates her fundamental rights.

II.- THE SPECIFIC CASE. Regarding the lack of response she claims, it must be noted that as in this case, the request was made before the Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste, R. L., which is not a person of a public nature but of private legal nature, the alleged violation has not occurred, and therefore, she must resort to the corresponding jurisdictional avenue to safeguard her rights. This Chamber has determined that in the case of subjects of private law, as is the case of the respondent cooperative, the right of petition (derecho de petición) and timely resolution can be asserted when a member of a particular group or community requests information from its administrators on matters of interest to the group or community, or when the private entity acts or 'must act in the exercise of public functions or powers' and, in addition, jurisdictional remedies are 'clearly insufficient or untimely' to protect the violated right. In this specific case, the information requested is not in his capacity as an associate on matters of interest to the group that forms the cooperative; consequently, it is a situation for which ordinary jurisdictional remedies offer the petitioner the avenue to elucidate the substantive situation. (In a similar vein, see Judgment No. 2016-016738 of 09:05 a.m. on November 11, 2016). Given the foregoing considerations, the appeal is inadmissible and its outright rejection is appropriate, in accordance with the provisions of Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional."

Thus, in the sub examine, note that it was not credited that the claimant was an associate of the cooperative; furthermore, it is not verified that the aforementioned project of the Planta Gasificadora de Residuos Ordinarios concerns activities that COOPEGUANACASTE R.L carries out in the exercise of public functions or powers. Consequently, the Chamber finds no merit whatsoever to vary the reasoning transcribed, and therefore the appeal must be dismissed regarding this point.

VIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. This Chamber must warn the petitioner that if any documents have been provided, whether on paper, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or those produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

 

 

Por tanto:

 

 

The appeal (recurso) is partially granted, only against the Secretaría Técnica Nacional Ambiental and the Área Rectora de Salud de Carrillo. Cynthia Barzuna Gutiérrez, in her capacity as secretary general of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, and Suseth Rodríguez Vega, in her capacity as director of the Área Rectora de Salud de Carrillo, or whoever holds those positions, are ordered to coordinate whatever is necessary, issue the pertinent orders, and carry out all actions within the scope of their authority so that, within THREE DAYS from the notification of this judgment, they make available to the petitioner the information requested through the requests filed with their offices on March 5, 2021, and notify such circumstances to the means indicated for such purposes. The foregoing safeguarding sensitive or confidential data, if any, in accordance with the Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Law No. 8968). In the event that any cost is incurred as a result of the required copies, it shall be borne by the interested party. The respondent authority is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a prison sentence of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order issued within an amparo appeal that must be complied with or enforced and fails to comply with it or enforce it, provided that the offense is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs (costas), damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. In all other respects, the appeal is denied. Notify.

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 



Paul Rueda L.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.



Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.



Marta Eugenia Esquivel R.

	

 

	

Ana María Picado B.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 O95ZCACZYQK61

EXPEDIENTE N° 21-009001-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception for matters involving vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, streets 19 and 21, avenues 8 and 6

Es copia fiel del original - Taken from Nexus.PJ on: 02-04-2026 06:53:20.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República