Res. 19096-2021 Sala Constitucional — Delay in paraquat ban violates precautionary principleRetraso en la prohibición del paraquat lesiona principio precautorio

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Sala Constitucional

Resolución Nº 19096 - 2021

Fecha de la Resolución: 27 de Agosto del 2021 a las 09:15

Expediente: 21-013723-0007-CO

Redactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




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Sentencias Relacionadas


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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: PODER EJECUTIVO

Subtemas:

QUEJA.

019096-21. PODER EJECUTIVO. SE ORDENA AL MINISTRO DE SALUD, QUE CONVOQUE A LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL,  PARA QUE PROCEDAN A ACTUALIZAR EL INFORME DEL PERFIL DEL HERBICIDA PARAQUAT, “RIESGOS A LA SALUD PÚBLICA, SALUD LABORAL Y AL MEDIO AMBIENTE”, ASÍ COMO LA PROPUESTA DE DECRETO EJECUTIVO “PROHIBICIÓN DE LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE, REEMPAQUE, REENVASE, MANIPULACIÓN, VENTA, MEZCLA Y USO DE INGREDIENTES ACTIVOS GRADO TÉCNICO Y PLAGUICIDAS SINTÉTICOS FORMULADOS QUE CONTENGA EL INGREDIENTE ACTIVO 1,1´-DIMETIL-4,4´-BIPIRIDILIO (PARAQUAT) Y SUS SALES”, ASÍ COMO EL PROYECTO DEL REGLAMENTO, SIENDO QUE UNA VEZ PUESTO EN SU CONOCIMIENTO LA ÚLTIMA VERSIÓN DE DICHO PROYECTO, Y CUMPLIDO CON LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES, DEBERÁ EN EL PLAZO DE DOS MESES PROCEDER A REVISAR Y BRINDAR SU CRITERIO A DICHA PROPUESTA.

“(…) IX.- CONCLUSIÓN. En concreto, la Sala no cuenta con elementos claros y contundentes para determinar, a través de un proceso amparo, si el plaguicida debe ser prohibido porque es dañino o no y, por consiguiente, si se debe prohibir su comercialización y uso en el país, dado que, toda propuesta tendente a restringir o prohibir el uso agrícola de un plaguicida en el país debe observar los procedimientos previamente establecidos al efecto por el ordenamiento jurídico, mismos que deben ser llevados a cabo en plazos razonables, siendo que la Sala, no puede obligar la promulgación o no de un decreto ejecutivo dentro de un plazo razonable, sin demostrar, mediante estudios técnicos y científicos actualizados, que el producto daña la salud o el ambiente. Aun así, en el sublite, lo que se comprueba es que ha existo un atraso injustificado en la resolución acerca de la aprobación o no de la propuesta de proyecto por parte del Ministerio de Salud, lo que ha provocado que a la fecha, el informe que dio origen al proyecto en cuestión, se encuentra desactualizado, mismo que es necesario para justificar al día de hoy, el proyecto del Reglamento. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso, con las consecuencias que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia. (…)” VCG09/2021

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

ESTUDIOS AMBIENTALES.

019096-21. AMBIENTE. EL ESTADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA REGULACIÓN DEL USO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS.

“(…) VI.- SOBRE LA REGULACIÓN DEL USO DE LOS PESTICIDAS  Como se indicó líneas atrás, el derecho a la vida, a la salud y a un ambiente sano, son derechos fundamentales regulados en los artículos 21 y 50, de la Constitución Política y su protección es de interés público. Precisamente, es por esa razón que el Estado tiene la obligación, en aras de proteger la salud de la población, y el principio precautorio ambiental de regular el uso de las sustancias químicas o afines para uso agrícola, de forma que sean   manejadas correcta, razonablemente y que no generen riesgos para la salud humana y el ambiente. Además, que también tiene la responsabilidad de garantizar el bienestar de los ciudadanos y un ambiente ecológicamente equilibrado. En torno a esto, la Sala ha establecido que el Estado debe tener un papel de garante con respecto al uso adecuado de plaguicidas y la evitación de sus efectos nocivos sobre la salud y el ambiente. En este sentido, en Sentencia N° 2004-13968 de las 11:35 horas del 3 de diciembre de 2014, indicó:

“III.- Ese informe [FOE-AM-19/2004 del 20 de octubre del 2004, efectuado por el Área de servicios agropecuarios y de medio ambiente de la División de fiscalización operativa y evaluativa de la Contraloría General de la República, sobre la evaluación de la gestión del Estado en relación con el control de plaguicidas agrícolas] se originó por la necesidad de fiscalizar el proceso administrativo relacionado con uno de los problemas ambientales más apremiantes que debe resolver el país, que es el empleo de sustancias químicas, biológicas o afines en las actividades agrícolas, y ante la necesidad de que el Estado intervenga ejerciendo una función reguladora sobre el uso de agroquímicos, que garantice a los agricultores la disponibilidad en el mercado de productos eficaces para el combate de las plagas y, a la vez, la protección de la salud de la ciudadanía en general y el derecho de ésta a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Se indicó en el informe que ese control lo ejerce principalmente el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por medio del Servicio Fitosanitario del Estado, quien debe trabajar en coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente y Energía, en cuanto al control sobre los impactos en la salud y el ambiente, así como con el Ministerio de Hacienda respecto a la importación y exoneración de tales productos. Su objetivo general fue evaluar la gestión del Estado en relación con el control de plaguicidas utilizados en actividades agrícolas y su efecto sobre el ambiente y la salud humana, principalmente el accionar del Servicio Fitosanitario del estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); y los objetivos específicos del estudio fueron: a) evaluar las políticas nacionales y la rectoría en el campo del control sobre el uso de plaguicidas, identificando las instituciones participantes y sus competencias, b) evaluar el proceso de registro de plaguicidas en el país y la normativa asociada, c) evaluar el proceso de exoneración e importación de plaguicidas en el país y, d) evaluar la fiscalización y monitoreo sobre el uso de plaguicidas. 

IV.- En ese informe concluyó la Contraloría que el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) no cumple sus objetivos de creación con eficiencia y apego al principio de legalidad, que lo llaman a regular, ejecutar y fiscalizar el registro y uso de agroquímicos, en el marco de una actividad agrícola en armonía con la naturaleza y con fiel cumplimiento de los principios constitucionales de derecho a la vida, a la salud y a un ambiente sano. Determinó que, por el contrario, el accionar de dicho órgano se orienta a facilitar el registro y comercialización de tales sustancias, justificado en un supuesto interés de mejorar la competitividad de los productores agrícolas, pero más bien, esos objetivos parecen dirigirse a fomentar la competencia en el mercado de los plaguicidas, por encima de los derechos constitucionales de los mismos agricultores y de los principios ambientales y de salud de las personas. Concluyó que las empresas más beneficiadas con la función facilitadora del SFE, han sido las empresas que se dedican a la venta de agroquímicos, especialmente a los denominados genéricos, en detrimento de los productores y consumidores de bienes agrícolas. Aclaró que ello no significa que no puedan registrarse en el país, plaguicidas de este tipo, sino más bien que su registro se debe hacer respetando la normativa y asegurando a la población costarricense la protección de su salud y el derecho fundamental que tiene a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y protegerle al agricultor nacional su derecho a contar con insumos de buena calidad; sin perjuicio de las necesarias acciones que el Estado debe ejecutar para buscar la paulatina reducción del uso de plaguicidas y el fomento de mecanismos alternativos. Estas consideraciones motivaron a la Contraloría General de la República a dictar una serie de disposiciones finales dirigidas al Presidente de la República y a los Ministros de Planificación Nacional y Política Económica, Agricultura y Ganadería, Salud, Ambiente y Energía, y Economía, Industria y Comercio, así como al Auditor Interno del Ministerio de Agricultura y Ganadería”.

De igual modo, en la Sentencia N° 2006-09565, de las 16:08 horas del 5 de julio de 2006, este Tribunal consideró:

“ (… )  es evidente que el Estado costarricense está en el deber de actuar en forma eficaz y anticipada, para evitar la ocurrencia de eventos que degraden el medio ambiente y comprometan su sostenibilidad".

Y, en la N° 2011-016937 de las 14:36 horas del 7 de diciembre de 2011, dispuso:

“ (…) VIII.- SOBRE LA REGULACIÓN EN MATERIA DE REGISTRO DE LOS PLAGUICIDAS. El uso adecuado de los plaguicidas puede resultar útil para el control y eliminación de las plagas, en beneficio de la seguridad alimentaria de la población  y de la actividad económica sustentada en la producción agrícola. Sin embargo, debe reconocerse el riesgo potencial que puede implicar para la salud humana y el ambiente el uso de tales sustancias. Lo que incluso ha motivado la adopción de instrumentos internacionales con el objetivo expreso de proteger la salud humana -incluida la salud de los consumidores y de los trabajadores- y el medio ambiente frente a los posibles efectos perjudiciales de los plaguicidas, como es el caso del Convenio de Rotterdam para la Aplicación del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto del Comercio Internacional, que fue aprobado por Costa Rica, por medio de Ley No. 8705 del 13 de febrero del 2009.

(… ) este Tribunal ha reconocido el riesgo que puede entrañar el uso de los plaguicidas y la trascendencia de adoptar medidas idóneas para regular su empleo. En el ordenamiento jurídico costarricense existe diversa normativa legal y reglamentaria de la que se deriva que la actividad de importación, fabricación, comercialización y empleo de los plaguicidas está fuertemente sometida a la potestad de policía del Estado, en aras de garantizar el derecho a la salud y al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. (…)” VCG09/2021

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 034- Legitimación pasiva. Litis consorcios

Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

“(…) III.- SOBRE LA COADYUVANCIA PLANTEADA. La coadyuvancia es una forma de intervención adhesiva que se da, cuando una persona actúa en un proceso, adhiriéndose a las pretensiones de algunas de las partes principales. En consecuencia, está legitimado para actuar como coadyuvante quien ostente un interés directo en el resultado del recurso; sin embargo, al no ser actor principal, el coadyuvante no resultará directamente afectado por la sentencia, es decir, la eficacia de ésta no podrá alcanzarle de manera directa e inmediata, ni le afecta la condición de cosa juzgada del pronunciamiento (Véanse, entre otras, las Sentencia N° 2010-000254, de las 11:28 horas el 08 de enero de 2010, y la N° 2018019952, de las 9:30 horas de 30 de noviembre de 2018). En el caso bajo análisis, esta Sala admite la solicitud de coadyuvancia pasiva presentada por Abel Chaves Trigueros, en su condición de Presidente de la Asociación Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña, por tener un interés directo en el presente asunto. En términos generales, el solicitante indica, que la prohibición del uso de paraquat no afecta la salud ni el ambiente y que el producto es necesario para la productividad agrícola del país. Sobre este particular, el numeral 34, párrafo 3°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, estipula que quien posea un interés legítimo en el proceso puede intervenir, sea en su perfil activo o pasivo, como coadyuvante. En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en la norma de rito supra señalada y lo expuesto por el mencionado interviniente, resultan admisible la coadyuvancia. (…)” VCG09/2021

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 050- Ambiente

Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

“(…) V.-  SOBRE EL DERECHO A LA SALUD Y A DISFRUTAR DE UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. La salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89, de la Carta Magna), así como a través de la normativa internacional. En este sentido, este Tribunal Constitucional, en la Sentencia N° 3705-93, de las 15:00 horas. del 30 de julio de 1993, indicó lo siguiente:

“(...) La calidad ambiental es un parámetro de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene en deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo (...)". 

Asimismo, existe una obligación del Estado de proteger el ambiente que se encuentra contemplada, expresamente, en el párrafo segundo, del artículo 50, de la Constitución Política, que dispone en lo conducente:

 "(...) Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado (...)".

 En relación con lo expuesto, esta Sala, mediante la Sentencia N°180-98, de las 16:24 horas del 13 de enero de 1998, dispuso lo siguiente:

"(...) el Estado no solo tiene la responsabilidad ineludible de velar para que la salud de cada una de las personas que componen la comunidad nacional, no sufra daños por parte de terceros, en relación a estos derechos, sino que, además, debe asumir la responsabilidad de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido tal derecho, como una situación de bienestar físico, psíquico(o mental) y social (…)".

De otra parte, la normativa infraconstitucional desarrolla este derecho y, en este sentido, la Ley General de Salud autoriza al Ministerio de Salud para tomar las medidas sanitarias correspondientes e imponer las sanciones con el fin de proteger el medio ambiente y el derecho a la salud de las personas. Asimismo, cabe señalar que este Tribunal, como garante de los derechos fundamentales, se erige como un contralor del cumplimiento de las obligaciones que derivan de lo dispuesto en los artículos 21 y 50, de la Constitución Política, que constriñen al Estado no sólo a reconocer los derechos señalados, sino, además, a utilizar los medios materiales y, jurídicamente, legítimos para garantizarlos. (…)” VCG09/2021

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Tipo de contenido: Voto salvado

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 050- Ambiente

Subtemas:

NO APLICA.

X.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ RESPECTO DEL RECLAMO POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.

           1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada,  le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.

2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.

          3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace,  o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos.  Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.

4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.

5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata  más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.

6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución.  Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes.  Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.-

7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.

8. En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados no se presenta ninguna de las excepciones que mencionan y la situación planteada se ubica dentro de aquellos casos en las que la intervención de los medios de protección de la Administración y la justicia ordinaria, resultan ser una vía más amplia y completa para el tema discutido, el cual involucra una discusión sobre ventajas y desventajas y valoración de los beneficios, que requiere abundante prueba, seguimientos y estudios que exceden el ámbito del amparo. De tal modo, debió aplicarse el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y rechazar de plano el recurso, no obstante, al no haber ocurrido así, procede ahora declarar sin lugar el amparo interpuesto.

VCG09/2021

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Texto de la resolución



Exp: 21-013723-0007-CO

Res. Nº 2021019096

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintisiete de agosto de dos mil veintiuno .

 

Recurso de amparo que se tramita en el expediente N° 21-013723-0007-CO, interpuesto por MARIANA LUCÍA PORRAS ROZAS, cédula de identidad 0111460917; contra el MINISTERIO DE SALUD, el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, y el MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido en la secretaria de la Sala a las 18:26 horas del 15 de julio de 2021, la recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Ambiente y Energía, y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Relata, que es la Presidenta de la Red de Coordinación en Biodiversidad. Refiere, que acude en contra de los jerarcas de los ministerios de Salud, Agricultura y Ganadería, Ambiente y Energía y Trabajo y Seguridad Social, por retardar y evitar la publicación del decreto ejecutivo de “Prohibición del registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan los ingredientes activos paraquat y diquat y sus sales”, con lo cual comprometen los derechos constitucionales a la vida, la salud y a tener un ambiente ecológicamente equilibrado, así como el principio in dubio pro natura, también conocido como principio precautorio. Resalta que, a nivel internacional, el paraquat forma parte de la denomina “docena sucia”. Señala que, en el 24 de febrero de 2004, entró en vigor el “Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional”; y en 2007, por medio del Decreto Ejecutivo N° 34139-S-MAG-TSS-MINAE, del 9 de abril de 2007, se estableció que “se restringe el producto: la venta y comercialización se realiza sólo con receta profesional, y están prohibidas las aplicaciones aéreas y terrestres a bajo y ultra bajo volumen. Además, el ingrediente técnico como el producto formulado deben de contener un colorante azul/verdoso así como un olor característico para su rápida identificación”. Comenta que, el 7 de marzo de 2017, la Dirección General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, remitió la nota N° DGPE-171-03-2017, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, solicitando la posición de ese ministerio en relación a una posible inclusión del paraquat como sustancia listada en el Anexo II de la Convención de Rotterdam. Sostiene, que después de múltiples gestiones entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por segunda ocasión, la Dirección de Asuntos Jurídicos del MS, por medio de La Gaceta N° 69 del 20 de abril de 2018 (DAJCB-727-2018), inició el proceso de consulta pública del proyecto de normativa de prohibición del paraquat y sus sales. Destaca que en julio de 2018, los técnicos de los ministerios recurridos publicaron un exhaustivo y detallado informe técnico-científico denominado: “Paraquat: riesgos a la salud pública, salud laboral y al medio ambiente”, en el cual se concluye que: “De acuerdo con la información compilada sobre las propiedades del paraquat, reflejan preocupaciones sobre los efectos que se generan sobre el ambiente por el uso de este producto como herbicida. Por ejemplo, la contaminación de aguas subterráneas y del suelo, así como la muerte de organismos que son la base de la cadena trófica, lo cual desestabiliza el equilibrio natural de los ecosistemas. A esto se suma la preocupación por el uso que se da del herbicida en el campo como desecante con lo que es muy probable que se produzcan dioxinas y furanos, sustancias altamente tóxicas tanto para humanos como para otros seres vivos. (…) Por su parte, por la alta incidencia y gravedad de las intoxicaciones reportadas al Ministerio de Salud y al Centro Nacional de Control de Intoxicaciones (CCSS), se recomienda la prohibición del plaguicida Paraquat en sus distintas formulaciones. Asimismo, se considera de importancia eliminar de raíz la posibilidad de éxito de las intoxicaciones por intento de suicidio, las que representan entre los años 2012- 2016 más de un 50% del total. Dicho impacto sólo puede ser logrado mediante la prohibición absoluta, eliminando la disponibilidad de este producto, que a pesar de ser regulado por receta profesional, se abre camino para presentar dichos riesgos”. Explica que, por oficio con fecha 27 de mayo de 2021, le solicitó al ministro de Salud, información de su interés, indicando expresamente: “(…) Nos remitimos a usted muy atentamente con la finalidad de solicitarle información sobre el estado actual del proyecto de publicación en La Gaceta del decreto ejecutivo para hacer efectiva la “PROHIBICIÓN DEL REGISTRO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE, REEMPAQUE, REENVASE, MANIPULACIÓN, VENTA, MEZCLA Y USO DE INGREDIENTES ACTIVOS GRADO TÉCNICO Y PLAGUICIDAS SINTÉTICOS FORMULADOS QUE CONTENGAN LOS INGREDIENES ACTIVOS PARAQUAT Y DIQUAT Y SUS SALES”, sustentado en el informe técnico-científico “Paraquat: riesgos a la salud pública, salud laboral y al medio ambiente”, elaborado por técnicos del MAG, MTSS, Minae y Minsalud, hace 34 meses (julio de 2018). (…)”. Alega que, como respuesta, el 08 de junio el ministro de Salud le indicó a través del oficio MS-DM-4639-2021 que: “(…) La propuesta de reglamento que menciona no se concretó debido a que, desde finales del año pasado y hasta la fecha, los ministerios de Agricultura y Ganadería, Salud, así como Ambiente y Energía han venido realizando un arduo trabajo referente a la normativa sobre agroquímicos en nuestro país, priorizando el tema referente a renovación de registros existentes, así como la inscripción de nuevas moléculas, lo cual, una vez concretado, permitirá que normativa de interés, como lo es el caso del decreto que consulta, pueda ser analizada y promulgada, sin generar contradicciones con el trabajo de revisión y actualización en el tema, que se ha venido realizando y espera culminarse pronto. (…)”. Reclama, que lo señalado por el ministro de Salud hace ver el desinterés y negligencia para enviar a publicar el decreto de prohibición aludido. Estima, que tal explicación no es más que una excusa ilógica e inadmisible, puesto que el trabajo que vienen haciendo esos ministerios nada tiene que ver con hacer efectiva la recomendación fundamentada técnicamente en el informe que rindieron los funcionarios que conformaron la Comisión Interministerial (MS, MINAE, MTSS, MAG) en julio de 2018, sobre publicar en La Gaceta el decreto de prohibición mencionado. Asimismo, considera que queda manifiesta la intención de los jerarcas de los ministerios recurridos de evadir su responsabilidad como funcionarios públicos, ya que la propuesta del decreto de prohibición en cuestión ha estado en sus respectivos despachos desde julio del 2018. Por lo expuesto, acude a la Sala en protección de sus derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar el recurso.

2.- Mediante resolución de las 13:11 horas del 16 de julio de 2021, se previno a la recurrente para que aportara copias completas, legibles y con los respectivos comprobantes de recibido o envío de las gestiones que -según indica- formuló ante las autoridades recurridas y, de haber recibido alguna resolución, indicar cuál fue su resultado y presentar la documentación generada con ocasión de dichas diligencias. Lo anterior, por cuanto tal información resulta esencial para resolver lo que en derecho corresponda y bajo apercibimiento de rechazar de plano el recurso si no lo hiciere.

3.- Mediante resolución de Presidencia de las 16:55 horas del 22 de julio de 2021, se dio curso al proceso y se otorgó audiencia al Ministro de Salud, el Ministro de Agricultura y Ganadería, la Ministra de Ambiente y Energía, y la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, para que se refieran a los hechos objeto de este recurso.

4.- Informa bajo juramento, Luis Renato Alvarado Rivera, en su condición de Ministro de Agricultura y Ganadería, que con el oficio DM-MAG-237-2018, el entonces Ministro de Agricultura y Ganadería, señor Luis Felipe Arauz Cavallini, remitió al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las observaciones, efectuadas por el Servicio Fitosanitario del Estado al borrador del decreto de prohibición del Paraquat, efectuadas en el oficio AE-REG-0385/2018, según el cual: “Con respecto al documento que me fue remitido vía correo electrónico que corresponde al traslado realizado por el despacho ministerial a la Dirección del SFE le indico lo siguiente: En su momento participé en la reunión sobre la propuesta de prohibir el uso de paraquat, misma que tomó auge cuando el despacho según indicaron estaba de acuerdo con incluirlo en el convenio de Rotterdan (importación de consentimiento previo) Posteriormente se dejó de lado este tema para iniciar a analizar la situación de Glifosato producto de una solicitud realizada por los despachos ministeriales involucrados en este tema Desde un inicio la parte técnica indicó que el Paraquat no tiene efectos negativos para la agricultura nacional y que no existe sustituto. De acuerdo a las competencias de cada ministerio están en la facultad de ordenar la prohibición de un plaguicida siempre y cuando se presenten las justificaciones técnicas. En los considerandos 17 y 18 de dicha propuesta enuncian sobre las intoxicaciones con paraquat sin que se demuestre que dichas intoxicaciones son de accidentes laborales agrícolas. El país cuenta con Decreto No 34139 S-MAG- TSS-MINAE de restricción de uso de paraquat, se debe tomar en cuenta que no hay alternativas similares para la agricultura costarricense y que un efecto de prohibición en el país puede incrementar el contrabando debido a que en nuestros países vecinos no está prohibido su uso.” Señala, que posteriormente, mediante el oficio DM-652-2018, se le contestó la solicitud del señor Jaime E. García González, representante de la Red de Coordinación en Biodiversidad, en que se le indicó que: “…me permito indicarle que las instituciones involucradas en dicho decreto son Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio Trabajo y Ministerio de Salud, la última citada es la que coordina y quien tiene en su poder el expediente administrativo. Por lo tanto, agradezco su solicitud sea dirigida al Ministerio de Salud…” Refiere, que el Ministerio que representa cumplió con su obligación de enviar las observaciones al borrador de decreto de “Prohibición del registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan los ingredientes activos paraquat y diquat y sus sales”. Asimismo,  aclara que es el Ministerio de Salud quien lideraba el proceso, por lo que es a éste a quien correspondía los trámites propios para el avance del decreto supra citado. Solicita se declare sin lugar el recurso.

5.- Informa bajo juramento Daniel Salas Peraza, en su condición de Ministro de Salud, que de acuerdo al Oficio N° MS-DPRSA-632-2021,  del 27 de julio del 2021, suscrito por el Ing. Eugenio Androvetto Villalobos. Director en la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental; así como Oficio N° MS-DM-4639-2021 del 08 de junio del 2021, emitido por el suscrito Ministro de Salud, en síntesis, se afirma que la decisión de circunscribirse a una molécula, el paraquat, responde al interés y respeto por las decisiones que se analizaron internacionalmente en el año 2017, bajo el auspicio del Convenio de Rotterdam del que Costa Rica es parte, y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el punto focal para los plaguicidas.  Indica, que al existir ya un avance reglamentario enmarcado en el Decreto 34139-S-MAGTSS- MINAE, del 09/04/2007, que prohíbe ciertas aplicaciones y restringe la comercialización del paraquat al hacer obligatoria la receta profesional, es para el país un paso natural seguir esa línea y no incorporar otras moléculas como el Diquat en una futura prohibición total, como se pretendió en su momento con la propuesta de reglamento a la que hace referencia la Red de Coordinación en Biodiversidad.  Advierte, que al respecto la posición supracitada del Ministro de Agricultura y Ganadería (2017) en que se coloque al paraquat en el Anexo II del Convenio de Rotterdam, sería un paso previo para mayores restricciones. Refiere, que la Comisión que analizó el caso consideró además que existen importantes diferencias entre el paraquat y diquat en cuanto a usos permitidos en cultivos, toxicidad, consumo y uso en comportamiento suicida, según los antecedentes nacionales. Aclara, que el diquat se usa principalmente para el control de plantas acuáticas o cultivos que están sumergidos. Acota, que el Ministerio de Salud  tramitó en dos ocasiones la consulta pública de dicho reglamento, y se  documentó la oposición por sectores involucrados, así como observaciones del público y otras instituciones, entre ellas la FECON, DIGECA, Cámara de Insumos Agropecuarios, Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, Cámara Nacional de Agroinsumos y Productos Genéricos (CANAPROGE). Añade, que algunas de las razones de la oposición son de índole jurídica, indicándose que no es el Ministerio de Salud el ente competente para dicho trámite, sino el Servicio Fitosanitario del Estado quién debe tramitar dicha prohibición. Expone, que el Ministerio, a través de la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario, y no la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental (DPRSA), participa en la Comisión de Registro de Plaguicidas, junto con el SFE (Coordinador) y representantes de la DIGECA (MINAE); si bien por experticia ambiental y jurídica la DPRSA colaboró en la comisión ad-hoc que elaboró el Perfil sobre el Paraquat y sus sales, al inicio de las gestiones sobre dicho instrumento jurídico. Acota, que según lo indicado en el  Oficio N°MS-DM-4639-2021 del 8 de junio de 2021, la propuesta del decreto ejecutivo señalado no se ha concretado puesto que, desde finales del año pasado y hasta la fecha, los ministerios de Agricultura y Ganadería, Salud, así como Ambiente y Energía han venido realizando un arduo trabajo referente a la normativa sobre agroquímicos en nuestro país, priorizando el tema referente a renovación de registros existentes, así como la inscripción de nuevas moléculas, lo cual, una vez concretado, permitirá que normativa de interés, como lo es el caso del decreto indicado, pueda ser analizada y promulgada, sin generar contradicciones con el trabajo de revisión y actualización en el tema, que se ha venido realizando y espera culminarse pronto. Aclara, que no es el Ministerio de Salud el ente competente para tramitar dicha prohibición, sino el Servicio Fitosanitario del Estado. Menciona, que los Ministerios de Agricultura y Ganadería, Salud, Ambiente y Energía, han venido realizando un arduo trabajo referente a la normativa sobre agroquímicos en el país, priorizando el tema referente a renovación de registros existentes, así como la inscripción de nuevas moléculas, lo cual, una vez concretado, permitirá más normativa de interés, como lo es el caso del decreto ejecutivo de prohibición de los herbicidas paraquat y diquat y sus sales, pudiendo ser analizadas y promulgadas, sin generar contradicciones con el trabajo de revisión y actualización que se ha venido realizando con la expectativa de que se culmine pronto. Por lo anterior, solicita se declare sin lugar el recurso

6.- Informa bajo juramento, Andrea Meza Murillo, en su condición de Ministra de Ambiente y Energía, que su representada ha participado en el proceso de elaboración del decreto señalado por la recurrente, por medio de su dependencia técnica: la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA). Señala, que el paraquat está prohibido en treinta y dos países, incluidos veintisiete países de la Unión Europea; además, su uso es restringido en diez países, entre estos Costa Rica que por medio del Decreto Ejecutivo N° 34139-S-MAG-TSS-MINAE, del 9 de abril de 2007, se “Regula el registro, la fabricación, la formulación, el reempaque, el almacenamiento, la venta, la mezcla, la comercialización y uso, de materia prima o producto formulado, de los productos que contengan el plaguicida agrícola dicloruro de paraquat”. Manifiesta, que el “Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional”, fue aprobado por Costa Rica por medio de la Ley Nº 8705 del día 13 de febrero del 2009 y ratificado por medio del Decreto Ejecutivo Nº 35416-RE del 30 de junio de 2009. Indica, que de acuerdo al criterio expresado por el Comité de Revisión de Químicos del Convenio de Rotterdam, el paraquat, en formulaciones líquidas (concentrado emulsionable y concentrado soluble) que contengan, como mínimo, 276 gramo por litro de dicloruro de paraquat, equivalente a concentraciones de ión paraquat iguales o superiores a 200 gramo por litro formulaciones liquidas cumple con las características de alta peligrosidad que justifican ser incorporado en el Anexo III de dicho convenio. Aclara, que el paraquat no forma parte de la denominada “docena sucia” que es la lista de Compuestos Orgánicos Persistentes (COPs), que se pretenden eliminar según lo acordado en el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (Ley número 8538). Relata que, en el año 2017, la Dirección General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, remitió nota DGPE-171-03-2017 al Ministro de Agricultura y Ganadería, solicitando la posición oficial de ese Ministerio (como punto focal de este Convenio), en relación con una posible inclusión del Paraquat dentro de la lista de sustancias del Anexo III. Expone, que el 21 de abril de 2017, mediante nota DM-MAG-275-2017, Luis Felipe Arauz Cavallini, entonces ministro de Agricultura y Ganadería, indicó a la Dirección General de Política Exterior que su Despacho Ministerial estaba de acuerdo con dicha inclusión; debido a lo anterior, el Servicio Fitosanitario del Estado convocó a reunión a los Ministerios de Agricultura y Ganadería, Salud, Ambiente y Energía y Trabajo y Seguridad Social para que aportaran información técnica y evaluar la prohibición de este producto a nivel nacional. Expone, que el grupo de trabajo conformado por funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente y Energía, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social elaboraron tanto el informe denominado: “Paraquat: riesgos a la salud pública, salud laboral y al medio ambiente” finalizado en junio del año 2017, así como la redacción del borrador de decreto “Prohibición del registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan el ingrediente activo 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridilio (paraquat) y sus sales”. Indica, que el proceso de consulta pública del decreto en mención fue del 24 de abril de 2018 al 15 de mayo de 2018, verificable en el siguiente link: https://tramitescr.meic.go.cr/formulario/1162 y la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental emitió dos observaciones mediante el Oficio DIGECA-164-2018, debido a que se identificaron variaciones en el texto elaborado en el año 2017 por el grupo de trabajo técnico. Añade que, posteriormente, la propuesta de decreto llegó al despacho del Ministerio de Ambiente y Energía para la respectiva firma en dos ocasiones, en la cuales la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental emitió los oficios: DIGECA-353-2018 el 14 de agosto de 2018 y el DIGECA-401-2018 el 04 de octubre de 2018; en este último oficio, se avaló la firma de la propuesta siempre y cuando se atendiera una corrección en el artículo 1 del texto. Refiere que, después, mediante el oficio DM810-2018 del 27 de noviembre de 2018, Carlos Manuel Rodríguez (entonces ministro de Ambiente y Energía) remitió al Ministerio de Salud el decreto firmado y posterior a esto, se desconoce lo sucedido con el borrador del reglamento. Asevera, que tanto su representada como la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental no comparten lo indicado en el Oficio MS-DM-4639-2021 del Ministerio de Salud, puesto que el trabajo en la normativa de agroquímicos que se realiza hasta la fecha, ha estado enfocado en la elaboración de reglamentos para el registro de plaguicidas y otros agroinsumos; es decir, al no estar relacionado con el proceso de restricción o prohibición de moléculas en particular, como es el caso del paraquat,  no entiende cómo la firma del decreto de prohibición del paraquat afectaría o se vería afectada por el proceso de mejora regulatoria en la normativa general de plaguicidas. Afirma, que la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental apoya la prohibición del paraquat a la mayor brevedad y recomienda solicitar al Ministerio de Salud la última versión de la propuesta de decreto para revisarla y proceder con la firma respectiva por parte de la Ministra de Ambiente y Energía; por su parte, respecto al diquat, se cuenta con la mejor disposición para participar en el proceso de regulación de dicho plaguicida, porque su representada únicamente ha trabajado en la elaboración del informe y propuesta de decreto de prohibición para la molécula paraquat. Por lo anterior, solicita se declares sin lugar el recurso.

7.- Informa bajo juramento Silvia Lara Povedano, en su condición de Ministra de Trabajo y Seguridad Social, que en el mes de junio del año 2017, una comisión interinstitucional conformada por personas funcionarias del MINAE, MTSS, MAG y MS elaboró un perfil del Herbicida Paraquat, “Riesgos a la salud pública, salud laboral y al medio ambiente”, que concluyó en preocupaciones por los efectos ambientales del producto sobre aguas subterráneas, suelo, causante de muerte de organismos que son la base de la cadena trófica, producción de dioxinas y furanos, sustancias tóxicas para los seres humanos y otros seres vivos, además, por la alta incidencia y gravedad de las intoxicaciones reportadas al Ministerio de Salud y al Centro Nacional de Control de Intoxicaciones, recomendaron la prohibición del plaguicida Paraquat en sus distintas formulaciones.  Señala, que el Consejo de Salud Ocupacional, órgano técnico adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por Acuerdo Nº 2888-2017 de la Sesión Ordinaria Nº 1969-2017 de fecha 22 de noviembre del 2017, acordó: Remitir la propuesta de decreto para la “Prohibición de la importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contenga el ingrediente activo 1,1´-DIMETIL-4,4´-bipiridilio (paraquat) y sus sales”, al Ministro de Agricultura y Ganadería y al Ministro de Ambiente y Energía, con la finalidad de que un plazo de 30 días naturales, a partir de su notificación, remitiera sus observaciones y e indicara si estaba de acuerdo en sumarse a la firma de la propuesta, para lo cual se remitieron los oficios MTSS-CSO-OF-09-2017 y MTSS-CSOOF- 10-2017, ambos de fecha 05 de diciembre del 2017. |Menciona, que mediante oficio DAJ-SM-1944-2017 de fecha 25 de octubre del 2017, emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y dirigido a la Licenciada Kattia Sáenz Benavides, Directora de la Dirección de Mejora Regulatoria del MEIC, le solicitó que en atención al aviso de consulta pública con número de referencia DAJ-SM-1806-2017 publicado en La Gaceta Nº 200 del 24 de octubre del 2017, dejar sin efecto la consulta pública para la propuesta de reglamento “Prohibición de la importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contenga el ingrediente activo 1,1´-DIMETIL-4,4´-bipiridilio (paraquat) y sus sales”. Afirma, que por correo enviado el día 17 de abril del 2018, por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud a la Imprenta Nacional, se solicita la publicación con el carácter de urgencia del aviso de consulta pública DAJ-CB-272-2018 del Reglamento en cuestión. Aduce, que en La Gaceta Nº 69 del viernes 20 de abril del 2018, salió publicada la consulta pública DAJ-CB-727-2018 de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud relacionado con el citado Reglamento. Informa, que mediante oficio Nº DM-MAG-237-2018 de fecha 07 de mayo del 2018, el Ministro de Agricultura y Ganadería dio respuesta al oficio MTSS-CSO-OF-9-2017, en relación al reglamento que acá interesa. Expone, que mediante oficio Nº CSO-DE-OF-205-2018 de fecha 23 de julio del 2018, la Directora Ejecutiva del CSO, María Gabriela Valverde Fallas, advirtió al Ministerio de Ambiente y Energía que no se recibió respuesta por parte de dicha entidad con relación a la consulta de este reglamento acordada en el Acuerdo Nº 2889-2017 de la sesión Nº 1969-2017 de la Junta Directiva del Consejo. Sostiene, que por oficio Nº DIGECA-353-2018 de fecha 14 de agosto del 2018, la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía dio respuesta al oficio CSO-DE-OF-205-2018, manifestándose de acuerdo con la propuesta. Detalla, que mediante oficio Nº CSO-DE-OF-275-2018 de fecha 17 de setiembre del 2018, emitido por la Dirección Ejecutiva del Consejo de Salud Ocupacional y dirigido a la señora Giselle Amador Muñoz, en su condición de Ministra de Salud, le solicita interponer sus buenos oficios ante la Dirección de Asuntos Jurídicos de dicho Ministerio, con el fin de que agilice los trámites administrativos del proyecto de Reglamento, mismo que obra en poder de dicha Dirección Jurídica y se reiteró la importancia de que dicho reglamento salga a la vía jurídica a la mayor brevedad. Precisa, que por oficio Nº MS-DM-4639-2021 de fecha 08 de junio del 2021 suscrito por el actual Ministro de Salud, Doctor Daniel Salas Peraza, y dirigido a la Sra. Mariana Porras Rozas en su carácter de presidenta de la Asociación Red de Coordinación en  Biodiversidad (RCB), indica que en respuesta a su consulta relacionada al reglamento que acá interesa, la propuesta de reglamento que menciona no se concretó debido a que, desde finales del año pasado y hasta la fecha, los ministerios de Agricultura y Ganadería, Salud, así como Ambiente y Energía han venido realizando un arduo trabajo referente a la normativa sobre agroquímicos en nuestro país, priorizando el tema referente a renovación de registros existentes, así como la inscripción de nuevas moléculas, lo cual, una vez concretado, permitirá que normativa de interés, como lo es el caso del decreto que consulta, pueda ser analizada y promulgada, sin generar contradicciones con el trabajo de revisión y actualización en el tema, que se ha venido realizando y espera culminarse pronto.  Detalla, que al día de hoy, el sitio web del MEIC https://tramitescr.meic.go.cr/formulario/1162 indica que la consulta pública del Reglamento en cuestión fue efectuada por el Ministerio de Salud y que la audiencia pública venció el día 07 de mayo del 2018 y tiene una oposición presentada y varios comentarios ciudadanos. Agrega, que a la fecha ni el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ni el Consejo de Salud Ocupacional han recibido comunicación alguna de parte del Ministerio de Salud con respecto a los resultados posteriores a la consulta pública realizada y  es el Ministerio de Salud quien realizó la consulta pública, por lo que se encuentran a la espera de los resultados de la gestión. Concluye, que no existe ningún trámite pendiente de parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o bien de parte del Consejo de Salud Ocupacional como órgano técnico adscrito a este Ministerio en lo que se refiere al Reglamento para la “Prohibición de la importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contenga el ingrediente activo 1,1´-DIMETIL-4,4´-bipiridilio (paraquat) y sus sales”.  Señala, que se está a la espera de la comunicación del Ministerio de Salud en cuanto a los resultados de la consulta pública DAJ-CB-727-2018 publicada en La Gaceta Nº 69 del viernes 20 de abril del 2018, de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, relacionada con el citado Reglamento. Estima que dicha reglamentación es un claro compromiso social y de interés público, por lo que una vez recibida la documentación desde el Ministerio de Salud, el procedimiento siguiente es trasladarlo a conocimiento de la Junta Directiva del Consejo de Salud Ocupacional. Por lo anterior, solicita se declare sin lugar el recurso.

8.- Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala, a las 9:18 horas del 17 de agosto de 2021, Abel Chaves Trigueros, en su condición de Presidente de la Asociación Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña, se apersona como coadyuvante pasivo. Manifiesta, que el paraquat está registrado y se usa en aproximadamente en noventa países desarrollados y en desarrollo en todo el mundo, incluso en los principales mercados agrícolas claves, que cuentan con algunos de los sistemas regulatorios más exigentes, tales como Canadá, Australia. l*l*.UU, Japón y Nueva Zelanda. Esgrime, que el paraquat es un producto que controla de forma rápida y eficientemente las arvenses, en especial las que poseen resistencia a otros herbicidas, siendo una opción importante para el sector agrícola. Menciona, una de las ventajas del uso del paraquat es que puede ser utilizado en época lluviosa, por lo que resulta un producto importante en países tropicales como es el caso de Costa Rica. Afirma, que dicho producto ayuda para que el desarrollo de los cultivos sea más eficiente, pues reduce el uso del arado y su impacto sobre el recurso edáfico; favorece los programas de Manejo y Conservación de Suelos (Mitigación de la erosión), y el incremento de la productividad de los diferentes cultivos. Aduce, que es un producto seguro siempre y cuando se sigan las recomendaciones de uso y aplicación indicados por el formulador o fabricante. Expone, que no presenta residualidad de ningún tipo en los diferentes productos alimenticios en que se utiliza durante su cultivo. Explica, que es esencial en la producción de cultivos como piña, café, papa y pastos, siendo que en el año 2020, dichos cultivos sumaron 213.040 hectáreas. Alega, que el uso del paraquat tiene un fuerte impacto en la producción costarricense, pues su empleo no sólo reduce los costos de producción. sino que evita la pérdida de cosechas. Declara, que el paraquat es un herbicida que se aplica anualmente para controlar malezas y pastos invasores en cultivos que incluyen algodón, maíz y soja, siendo que no se encuentran disponibles alternativas individuales directas al paraquat. Aclara que todos los productos de paraquat son de uso restringido y solo pueden ser utilizados por aplicadores de plaguicidas certificados. Estima, que de restringirse el uso del Paraquat se afectaría al agricultor, ya que no existe un producto eficaz que lo sustituya, siendo que se pondría en peligro la productividad de la producción agrícola, situación por la que  habría una dependencia e incremento de las importaciones de esos productos, aunado a un aumento del contrabando y, por ende, de la evasión fiscal. Advierte, que la aplicación de glifosato tiene un costo menor que el paraquat; sin  embargo, sólo puede ser utilizado de forma premergente, ya que posteriormente al establecimiento del cultivo le causaría daño, por lo que no puede sustituirlo. Acota, que debido a esta situación se debería combinar con glufosinato de amonio o el control mecánico, lo cual al final tendría consecuencias negativas para el productor ya que se incrementarían sustancialmente los costos de aplicación. Añade, que el Glufosinato de Amonio es un herbicida de amplio espectro; pero su problema estriba en que sus costos de aplicación son más altos comparados con el paraquat, por lo que este último es la mejor opción tanto económica como para el control de las malezas. Sostiene, que científicamente está descartado que el Paraquat produzca daños a la salud humana si se utiliza conforme a las instrucciones de su fabricante. Puntualiza, que sustituir el Paraquat en estos momentos por otros productos disponibles en el mercado implicaría aumentar los costos de producción  y ello, podría sacarlos del mercado, dada la alta competencia existente, de manera que es esperar como ha dicho el Ministro de Salud, dado que "desde finales del año pasado y hasta la fecha, los ministerios de Agricultura y Ganadería, Salud, así como Ambiente y Energía han venido realizando un arduo trabajo referente a la normativa sobre agroquímicos en el país. Considera que los hechos indicados y que curiosamente la recurrente soslayó, demuestran que el uso del Paraquat, en las dosis y condiciones establecidas por sus fabricantes, no atentan contra la salud y, como todo producto químico utilizado en agricultura, tiene algunos efectos residuales para el mismo cultivo; sin embargo, en el caso del Paraquat los niveles de intoxicación son muy bajos, inclusive si se lo compara con otros productos para uso agrícola que nunca han sido cuestionados desde el punto de vista del derecho de protección a la salud.  Reitera, que la evidencia científica demuestra que el Paraquat no es un producto peligroso para la salud humana, como errónea y maliciosamente lo afirma la recurrente, prueba de ello, es que no se conoce ni un solo caso de un ser humano que haya fallecido como consecuencia directa de haber estado expuesto laboralmente a una plantación en que se usó el Paraquat. Asevera, que según está demostrado con sólida evidencia científica, dicho producto no tiene efectos directos ni indirectos sobre la salud humana al utilizarse de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta y panfleto. Enfatiza, que las exigencias del desarrollo económico entran constantemente en conflicto con las regulaciones en materia ambiental, cuando no se considera dentro de la ecuación el beneficio, como sí lo hace por ejemplo la agencia ambiental de los Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés) al realizar las evaluaciones de riesgo de los plaguicidas. Concluye, que el uso del paraquat es conforme con el principio del desarrollo sostenible, pues permite que la actividad agrícola sea explotada con respecto absoluto del ambiente. Por tanto, la supuesta violación invocada por la recurrente carece totalmente de asidero jurídico.

9.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

  Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,

 

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente acusa que, desde julio de 2018, los órganos recurridos han retardado y evitado la publicación del decreto ejecutivo de “Prohibición del registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan los ingredientes activos paraquat y diquat y sus sales”, con lo se comprometen los derechos constitucionales a la vida, la salud y a tener un ambiente ecológicamente equilibrado, así como el principio in dubio pro natura, también conocido como principio precautorio.

II.- CUESTIÓN PRELIMINAR. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia por presunta violación al derecho a la salud y al ambiente. Aclarado el punto, se entra a resolver, la situación planteada en este amparo para no prolongar más el conocimiento de la denuncia planteada por la recurrente, por las circunstancias y retrasos supuestamente presentados por parte de las autoridades recurridas.

III.- SOBRE LA COADYUVANCIA PLANTEADA. La coadyuvancia es una forma de intervención adhesiva que se da, cuando una persona actúa en un proceso, adhiriéndose a las pretensiones de algunas de las partes principales. En consecuencia, está legitimado para actuar como coadyuvante quien ostente un interés directo en el resultado del recurso; sin embargo, al no ser actor principal, el coadyuvante no resultará directamente afectado por la sentencia, es decir, la eficacia de ésta no podrá alcanzarle de manera directa e inmediata, ni le afecta la condición de cosa juzgada del pronunciamiento (Véanse, entre otras, las Sentencia N° 2010-000254, de las 11:28 horas el 08 de enero de 2010, y la N° 2018019952, de las 9:30 horas de 30 de noviembre de 2018). En el caso bajo análisis, esta Sala admite la solicitud de coadyuvancia pasiva presentada por Abel Chaves Trigueros, en su condición de Presidente de la Asociación Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña, por tener un interés directo en el presente asunto. En términos generales, el solicitante indica, que la prohibición del uso de paraquat no afecta la salud ni el ambiente y que el producto es necesario para la productividad agrícola del país. Sobre este particular, el numeral 34, párrafo 3°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, estipula que quien posea un interés legítimo en el proceso puede intervenir, sea en su perfil activo o pasivo, como coadyuvante. En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en la norma de rito supra señalada y lo expuesto por el mencionado interviniente, resultan admisible la coadyuvancia.

IV.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia:

a) Sin precisar fecha, el Servicio Fitosanitario del Estado convocó a reunión a los Ministerios de Agricultura y Ganadería, Salud, Ambiente y Energía y Trabajo y Seguridad Social para que aportaran información técnica y evaluar la prohibición del producto paraquat a nivel nacional (ver informe de las partes recurridas).

b) En el mes junio de 2017, la comisión interinstitucional integrada por representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente y Energía, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social elaboraron un informe denominado: “Paraquat: riesgos a la salud pública, salud laboral y al medio ambiente”  y el borrador de decreto “Prohibición del registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan el ingrediente activo 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridilio (paraquat) y sus sales” (ver informe de las partes recurridas y copia del informe).

c) Mediante oficio DPAH-UNSSAH-112-2017, del 28 de marzo de 2017, el Jefe a.i. de la Unidad de Normalización de los Servicios de Salud en Ambiente Humanos del Ministerio de Salud le envió al Director del Servicio Fitosanitario del Estado el “Reglamento sobre prohibición del paraquat y diquat” para su revisión y en el plazo de cinco días proceda a enviar las observaciones  (ver copia del oficio).

 d) Mediante oficios MTSS-CSO-OF-09-2017 y MTSS-CSOOF- 10-2017, ambos de fecha 05 de diciembre del 2017, el Consejo de Salud Ocupacional, órgano técnico adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, le comunicó al Ministro de Agricultura y Ganadería y al Ministro de Ambiente y Energía, el Acuerdo Nº 2888-2017 tomado en la Sesión Ordinaria Nº 1969-2017, de fecha 22 de noviembre del 2017, en el que se dispuso: remitirles la propuesta de decreto para la “Prohibición de la importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contenga el ingrediente activo 1,1´-DIMETIL-4,4´-bipiridilio (paraquat) y sus sales”, con la finalidad de que un plazo de treinta días naturales, a partir de su notificación, remitieran sus observaciones e indicaran, si estaban de acuerdo en sumarse a la firma de la propuesta (ver informe de la autoridad recurrida, copia del acta de la sesión, copia del borrador del decreto y de los oficios).

e) Mediante oficio MTSS-CSO-OF-5-2018, del 09 de abril de 2018, el Director del Consejo Ocupacional del Ministerio de Trabajo le solicitó al Ministro de Agricultura y Ganadería hacer llegar las observaciones respecto a la prohibición del uso del paraquat (ver copia del oficio).

f) El 17 de abril del 2018, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud solicitó a la Imprenta Nacional, la publicación con el carácter de urgencia del aviso de consulta pública DAJ-CB-272-2018 del Reglamento en cuestión (ver informe de las partes y copia del correo electrónico).

g) El 20 de abril de 2018, en el Diario Oficial La Gaceta N°69, salió publicada la consulta pública DAJ-CB-727-2018, para someter a conocimiento de las instituciones y público general el proyecto del Reglamento del registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan los ingredientes activos 1-1 dimetil 4-4-bipiridilio (paraquat) y sus sales (ver copia de la publicación).

h) Del 24 de abril al 15 de mayo de 2018, se realizó el proceso de consulta pública del decreto y la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía emitió dos observaciones al respecto, debido a que identificaron variaciones en el texto elaborado en el año 2017 por el grupo de trabajo técnico (ver informe de la autoridad recurrida y el link https://tramitescr.meic.go.cr/formulario/1162).

i) Mediante oficio Nº DM-MAG-237-2018 de fecha 07 de mayo del 2018, el Ministro de Agricultura y Ganadería dio respuesta al oficio MTSS-CSO-OF-9-2017, indicando que el país cuenta con el decreto N° 34139-S-MAG-TSS-MINAE de restricción de uso de paraquat, el cual no tiene efectos negativos para la agricultura y que se debe considerar que no hay alternativas similares para la agricultura, siendo que la prohibición puede incrementar el contrabando debido a que los países vecinos no está prohibida su venta (ver copia del oficio y del informe AE-REG-0385/2018, de del Departamentos de Agroquímicos).

j) Mediante oficio Nº CSO-DE-OF-205-2018 de fecha 23 de julio del 2018, la Directora Ejecutiva del Consejo de Salud Ocupacional, advirtió al Ministerio de Ambiente y Energía que no se recibió respuesta por parte de dicha entidad con relación a la consulta de este reglamento acordada en el Acuerdo Nº 2889-2017 de la sesión Nº 1969-2017 de la Junta Directiva del Consejo (ver informe de la autoridad recurrida y copia del oficio).

k) Por oficio Nº DIGECA-353-2018 de fecha 14 de agosto del 2018, la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía dio respuesta al oficio CSO-DE-OF-205-2018, manifestando estar de acuerdo con la propuesta (ver informe de la autoridad recurrida y copia del oficio).

l) Mediante oficio NºCSO-DE-OF-275-2018 de fecha 17 de setiembre del 2018, la Dirección Ejecutiva del Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo le solicitó a la señora Giselle Amador Muñoz, en ese momento Ministra de Salud, interponer sus buenos oficios ante la Dirección de Asuntos Jurídicos de dicho Ministerio, con el fin de que agilice los trámites administrativos del proyecto de Reglamento, mismo que obra en poder de dicha Dirección Jurídica (ver informe de la autoridad recurrida y copia del oficio).

m) Mediante oficio DIGECA-401-2018 el 04 de octubre de 2018, la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente avaló la firma de la propuesta del reglamento siempre y cuando se atendiera una corrección en el artículo 1 del texto (ver informe de la autoridad recurrida y documentación aportada).

n) Mediante el oficio DM810-2018 del 27 de noviembre de 2018, Carlos Manuel Rodríguez, entonces ministro de Ambiente y Energía remitió al Ministerio de Salud el decreto firmado (ver informe de la autoridad recurrida y copia del oficio).

o) Mediante oficio DH-CV-0212-2019, del 13 de marzo de 2019, la Defensoría de los Habitantes le pidió al ministro de Salud informar sobre el trámite dado a los documentos y propuestas de decreto elaborados por la comisión interinstitucional en relación con el glifosato y el paraquat (ver copia del oficio).

p) A la fecha, el MINAE desconoce lo sucedido con el borrador del reglamento y el trabajo en la normativa de agroquímicos que se realiza actualmente está enfocado en la elaboración de reglamentos para el registro de plaguicidas y otros agroinsumos (ver informe de las partes recurridas).

q) La Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía apoya la prohibición del paraquat a la mayor brevedad y recomienda solicitar al Ministerio de Salud la última versión de la propuesta de decreto para revisarla y proceder con la firma respectiva por parte de la Ministra de Ambiente y Energía (ver informe de la parte recurrida).

r) A la fecha,  no se ha trabajado en la elaboración del informe y propuesta de decreto de prohibición para la molécula diquat (ver informe de la parte recurrida).

 s) Al día de hoy, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está a la espera de la comunicación por parte del Ministerio de Salud en cuanto a los resultados de la consulta pública DAJ-CB-727-2018, publicada en La Gaceta Nº 69 del viernes 20 de abril del 2018 (ver informe de la autoridad recurrida).

t) A la fecha, la Dirección de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía mantiene el criterio externado en el informe técnico “Paraquat: riesgos a la salud pública, salud laboral y al medio ambiente” debido a las preocupaciones sobre los efectos que se generan sobre el ambiente por el uso de este producto como herbicida, como son la contaminación de aguas subterráneas y del suelo, así como la muerte de organismos que son la base de la cadena trófica, lo cual desestabiliza el equilibrio natural de los ecosistemas (ver informe de la autoridad recurrida).

u) El 27 de mayo 2021, la recurrente en su condición de Presidenta de la Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad solicitó información estado actual proyecto publicación en la Gaceta del decreto ejecutivo para hacer efectiva la “PROHIBICIÓN DEL REGISTRO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE, REEMPAQUE, REENVASE, MANIPULACIÓN, VENTA, MEZCLA Y USO DE INGREDIENTES ACTIVOS GRADO TÉCNICO Y PLAGUICIDAS SINTÉTICOS FORMULADOS QUE CONTENGAN LOS INGREDIENES ACTIVOS PARAQUAT Y DIQUAT Y SUS SALES”, sustentado en el informe técnico-científico “Paraquat: riesgos a la salud pública, salud laboral y al medio ambiente”, elaborado por técnicos del MAG, MTSS, Minae y Minsalud, hace 34 meses (julio de 2018). Señaló para atender notificaciones el correo electrónico [email protected]  (ver copia de la gestión).

v) Mediante oficio MS-DM-4639-2021, del  08 de junio de 2021, el Ministro de Salud le comunicó a la recurrente en su condición de Presidenta de la Asociación Red de Coordinación en biodiversidad, que “…La propuesta de reglamento que menciona no se concretó debido a que, desde finales del año pasado y hasta la fecha, los ministerios de Agricultura y Ganadería, Salud, así como Ambiente y Energía han venido realizando un arduo trabajo referente a la normativa sobre agroquímicos en nuestro país, priorizando el tema referente a renovación de registros existentes, así como la inscripción de nuevas moléculas, lo cual, una vez concretado, permitirá que normativa de interés, como lo es el caso del decreto que consulta, pueda ser analizada y promulgada, sin generar contradicciones con el trabajo de revisión y actualización en el tema, que se ha venido realizando y espera culminarse pronto” (ver copia del oficio).

V.-  SOBRE EL DERECHO A LA SALUD Y A DISFRUTAR DE UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. La salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89, de la Carta Magna), así como a través de la normativa internacional. En este sentido, este Tribunal Constitucional, en la Sentencia N° 3705-93, de las 15:00 horas. del 30 de julio de 1993, indicó lo siguiente:

“(...) La calidad ambiental es un parámetro de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene en deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo (...)". 

Asimismo, existe una obligación del Estado de proteger el ambiente que se encuentra contemplada, expresamente, en el párrafo segundo, del artículo 50, de la Constitución Política, que dispone en lo conducente:

 "(...) Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado (...)".

 En relación con lo expuesto, esta Sala, mediante la Sentencia N°180-98, de las 16:24 horas del 13 de enero de 1998, dispuso lo siguiente:

"(...) el Estado no solo tiene la responsabilidad ineludible de velar para que la salud de cada una de las personas que componen la comunidad nacional, no sufra daños por parte de terceros, en relación a estos derechos, sino que, además, debe asumir la responsabilidad de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido tal derecho, como una situación de bienestar físico, psíquico(o mental) y social (…)".

De otra parte, la normativa infraconstitucional desarrolla este derecho y, en este sentido, la Ley General de Salud autoriza al Ministerio de Salud para tomar las medidas sanitarias correspondientes e imponer las sanciones con el fin de proteger el medio ambiente y el derecho a la salud de las personas. Asimismo, cabe señalar que este Tribunal, como garante de los derechos fundamentales, se erige como un contralor del cumplimiento de las obligaciones que derivan de lo dispuesto en los artículos 21 y 50, de la Constitución Política, que constriñen al Estado no sólo a reconocer los derechos señalados, sino, además, a utilizar los medios materiales y, jurídicamente, legítimos para garantizarlos.

VI.- SOBRE LA REGULACIÓN DEL USO DE LOS PESTICIDAS  Como se indicó líneas atrás, el derecho a la vida, a la salud y a un ambiente sano, son derechos fundamentales regulados en los artículos 21 y 50, de la Constitución Política y su protección es de interés público. Precisamente, es por esa razón que el Estado tiene la obligación, en aras de proteger la salud de la población, y el principio precautorio ambiental de regular el uso de las sustancias químicas o afines para uso agrícola, de forma que sean   manejadas correcta, razonablemente y que no generen riesgos para la salud humana y el ambiente. Además, que también tiene la responsabilidad de garantizar el bienestar de los ciudadanos y un ambiente ecológicamente equilibrado. En torno a esto, la Sala ha establecido que el Estado debe tener un papel de garante con respecto al uso adecuado de plaguicidas y la evitación de sus efectos nocivos sobre la salud y el ambiente. En este sentido, en Sentencia N° 2004-13968 de las 11:35 horas del 3 de diciembre de 2014, indicó:

“III.- Ese informe [FOE-AM-19/2004 del 20 de octubre del 2004, efectuado por el Área de servicios agropecuarios y de medio ambiente de la División de fiscalización operativa y evaluativa de la Contraloría General de la República, sobre la evaluación de la gestión del Estado en relación con el control de plaguicidas agrícolas] se originó por la necesidad de fiscalizar el proceso administrativo relacionado con uno de los problemas ambientales más apremiantes que debe resolver el país, que es el empleo de sustancias químicas, biológicas o afines en las actividades agrícolas, y ante la necesidad de que el Estado intervenga ejerciendo una función reguladora sobre el uso de agroquímicos, que garantice a los agricultores la disponibilidad en el mercado de productos eficaces para el combate de las plagas y, a la vez, la protección de la salud de la ciudadanía en general y el derecho de ésta a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Se indicó en el informe que ese control lo ejerce principalmente el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por medio del Servicio Fitosanitario del Estado, quien debe trabajar en coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente y Energía, en cuanto al control sobre los impactos en la salud y el ambiente, así como con el Ministerio de Hacienda respecto a la importación y exoneración de tales productos. Su objetivo general fue evaluar la gestión del Estado en relación con el control de plaguicidas utilizados en actividades agrícolas y su efecto sobre el ambiente y la salud humana, principalmente el accionar del Servicio Fitosanitario del estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); y los objetivos específicos del estudio fueron: a) evaluar las políticas nacionales y la rectoría en el campo del control sobre el uso de plaguicidas, identificando las instituciones participantes y sus competencias, b) evaluar el proceso de registro de plaguicidas en el país y la normativa asociada, c) evaluar el proceso de exoneración e importación de plaguicidas en el país y, d) evaluar la fiscalización y monitoreo sobre el uso de plaguicidas. 

IV.- En ese informe concluyó la Contraloría que el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) no cumple sus objetivos de creación con eficiencia y apego al principio de legalidad, que lo llaman a regular, ejecutar y fiscalizar el registro y uso de agroquímicos, en el marco de una actividad agrícola en armonía con la naturaleza y con fiel cumplimiento de los principios constitucionales de derecho a la vida, a la salud y a un ambiente sano. Determinó que, por el contrario, el accionar de dicho órgano se orienta a facilitar el registro y comercialización de tales sustancias, justificado en un supuesto interés de mejorar la competitividad de los productores agrícolas, pero más bien, esos objetivos parecen dirigirse a fomentar la competencia en el mercado de los plaguicidas, por encima de los derechos constitucionales de los mismos agricultores y de los principios ambientales y de salud de las personas. Concluyó que las empresas más beneficiadas con la función facilitadora del SFE, han sido las empresas que se dedican a la venta de agroquímicos, especialmente a los denominados genéricos, en detrimento de los productores y consumidores de bienes agrícolas. Aclaró que ello no significa que no puedan registrarse en el país, plaguicidas de este tipo, sino más bien que su registro se debe hacer respetando la normativa y asegurando a la población costarricense la protección de su salud y el derecho fundamental que tiene a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y protegerle al agricultor nacional su derecho a contar con insumos de buena calidad; sin perjuicio de las necesarias acciones que el Estado debe ejecutar para buscar la paulatina reducción del uso de plaguicidas y el fomento de mecanismos alternativos. Estas consideraciones motivaron a la Contraloría General de la República a dictar una serie de disposiciones finales dirigidas al Presidente de la República y a los Ministros de Planificación Nacional y Política Económica, Agricultura y Ganadería, Salud, Ambiente y Energía, y Economía, Industria y Comercio, así como al Auditor Interno del Ministerio de Agricultura y Ganadería”.

De igual modo, en la Sentencia N° 2006-09565, de las 16:08 horas del 5 de julio de 2006, este Tribunal consideró:

“ (… )  es evidente que el Estado costarricense está en el deber de actuar en forma eficaz y anticipada, para evitar la ocurrencia de eventos que degraden el medio ambiente y comprometan su sostenibilidad".

Y, en la N° 2011-016937 de las 14:36 horas del 7 de diciembre de 2011, dispuso:

“ (…) VIII.- SOBRE LA REGULACIÓN EN MATERIA DE REGISTRO DE LOS PLAGUICIDAS. El uso adecuado de los plaguicidas puede resultar útil para el control y eliminación de las plagas, en beneficio de la seguridad alimentaria de la población  y de la actividad económica sustentada en la producción agrícola. Sin embargo, debe reconocerse el riesgo potencial que puede implicar para la salud humana y el ambiente el uso de tales sustancias. Lo que incluso ha motivado la adopción de instrumentos internacionales con el objetivo expreso de proteger la salud humana -incluida la salud de los consumidores y de los trabajadores- y el medio ambiente frente a los posibles efectos perjudiciales de los plaguicidas, como es el caso del Convenio de Rotterdam para la Aplicación del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto del Comercio Internacional, que fue aprobado por Costa Rica, por medio de Ley No. 8705 del 13 de febrero del 2009.

(… ) este Tribunal ha reconocido el riesgo que puede entrañar el uso de los plaguicidas y la trascendencia de adoptar medidas idóneas para regular su empleo. En el ordenamiento jurídico costarricense existe diversa normativa legal y reglamentaria de la que se deriva que la actividad de importación, fabricación, comercialización y empleo de los plaguicidas está fuertemente sometida a la potestad de policía del Estado, en aras de garantizar el derecho a la salud y al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.

VII.- SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, según lo indicado por las autoridades recurridas el herbicida bajo el nombre comercial “Paraquat” ha sido clasificado por la Organización Mundial para la Salud como un plaguicida moderadamente peligroso ( Clase II), razón por la cual desde el año 2017, se formó una comisión interinstitucional conformada por representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente y Energía, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quienes realizaron un informe en el que se advierte, acerca de los riesgos que produce dicho químico a la salud pública, salud laboral y al ambiente. En razón de ello, elaboraron un borrador de un decreto ejecutivo denominado  “Prohibición del registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan el ingrediente activo 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridilio (paraquat) y sus sales”. Al respecto, es menester indicar que pese a que desde el año de 2018, el proyecto fue sometido a consulta pública y a conocimiento por parte de los señores Ministros de las carteras de Agricultura y Ganadería, Ambiente y Energía, Trabajo y Seguridad Social y Salud, posterior a ello, su tramitación fue abandonada, sin que le conste a la Sala un motivo que justifique tal inactividad o el dictado de algún acto administrativo mediante el cual se haya concluido dicho trámite por las razones que sean. A su vez, llama la atención a la Sala, que es mediante los informes rendidos con ocasión del presente amparo, que las dependencias del Ministerio de Ambiente y Energía y de Trabajo y Seguridad Social abogan por su aprobación y publicación, en aras de la protección al ambiente y la salud pública. En su defensa, el Ministro de Salud reitera lo ya externado a la recurrente, en el sentido de que “…La propuesta de reglamento que menciona no se concretó debido a que, desde finales del año pasado y hasta la fecha, los ministerios de Agricultura y Ganadería, Salud, así como Ambiente y Energía han venido realizando un arduo trabajo referente a la normativa sobre agroquímicos en nuestro país, priorizando el tema referente a renovación de registros existentes, así como la inscripción de nuevas moléculas, lo cual, una vez concretado, permitirá que normativa de interés, como lo es el caso del decreto que consulta, pueda ser analizada y promulgada, sin generar contradicciones con el trabajo de revisión y actualización en el tema, que se ha venido realizando y espera culminarse pronto”. De modo, que lo anterior viene a confirmar el hecho que desde el año 2018 al 2020, el trámite de aprobación de dicho reglamento quedó en el limbo, pese a que en el año 2019, la Defensoría de los Habitantes le pidió al ministro de Salud informar sobre el trámite dado a los documentos y propuestas del decreto ejecutivo elaborados por la comisión interinstitucional, en relación con el glifosato y el paraquat. Siguiendo dicha línea, es claro que la Sala no es un órgano técnico que pueda dilucidar si dicho producto debe ser prohibido o no, y tampoco puede reemplazar a la administración activa en la gestión de sus competencias, ya que no le corresponde usurpar las atribuciones legalmente conferidas a otras dependencias u órganos. Así las cosas, Sala carece de competencia para revisar los criterios técnicos que sirven de base para el borrador del decreto ejecutivo en cuestión, así como para determinar, entre distintos criterios divergentes, cuál es el que debe aplicarse o prevalecer, ya que como puede observarse con meridiana claridad, las autoridades estatales recurridas poseen criterios absolutamente contrapuestos con respecto a los efectos que produce el uso del plaguicida conocido como paraquat en la salud de los seres humanos y en el ambiente en general.  No puede esta Sala, en este caso particular y, por tratarse de un tema estrictamente técnico, respaldar el criterio de una autoridad pública en detrimento de otra, cuando las recurridas son especialistas en la materia bajo estudio y sostienen sus criterios con fundamento en estudios científicos emitidos al efecto. Mucho menos, se podría entrar a analizar cada uno de los estudios técnicos aportados a los autos por las partes, así como por el coadyuvante pasivo, para finalmente determinar cuál de todos es el que debe privar ante las circunstancias descritas en este proceso y por ende, obligar a la aprobación y publicación de la norma. Sin embargo, en aras de protección al derecho a la salud y al ambiente, y de conformidad al principio precautorio, consta que el Estado ya dictó el Decreto Ejecutivo N° 34139-S-MAG-TSS-MINAE, del 9 de abril de 2007, en el que norma el registro, la fabricación, la formulación, el reempaque, el almacenamiento, la venta, la mezcla, la comercialización y uso, de materia prima o producto formulado, de los productos que contengan el plaguicida agrícola dicloruro de paraquat, con la finalidad de que sean manejados correcta y razonablemente, y no generen riesgos inaceptables a la salud humana y el ambiente. Así las cosas, pese a que se desconoce el resultado que tendrá en el ordenamiento jurídico la aprobación o no del borrador del decreto ejecutivo, se estima que a la fecha, la población y el ambiente no se encuentran totalmente desprotegidos.

VIII.- En ese orden de ideas, es importante mencionar que el principio precautorio pro natura implica anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos naturales.  Consecuentemente, este principio o el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. En este marco, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que en caso que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto- se debe adoptar las medidas de precaución e inclusive posponer la actividad que se trate.  Lo anterior, debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente o a la salud. Es así, como hoy en día la acción precautoria del Estado debe ir encaminada a la tutela del ambiente a pesar que no existan pruebas concluyentes que reflejen una relación causa-efecto entre la actividad que se ejerce y las posibles consecuencias nocivas como resultado de la misma, utilizándose las mejores técnicas disponibles para reducir al mínimo los posibles daños y peligros para la naturaleza y el ambiente. Por este motivo, es que el propio ordenamiento costarricense ha impuesto a nivel legal la exigencia de efectuar estudios previos antes de ejecutar una actividad que, eventualmente, podría tener efectos nocivos sobre el ambiente, y que, a partir de lo expuesto, se constituyen en deberes constitucionalmente impuestos para garantizar el derecho de todos a gozar de la salud y un ambiente sano y equilibrado (en similar sentido ver la Sentencia N° 2010-007292, de las 19:08 horas del 20 de abril de 2010). En ese aspecto, la Sala estima que en caso bajo análisis, se ha lesionado el derecho a una justicia pronta y cumplida en relación al principio precautorio, el cual no permite una actuación pasiva del Estado en cuanto a la tutela de la salud de los habitantes y el ambiente. Nótese, que han transcurrido cuatro años desde que la comisión interinstitucional integrada por funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente y Energía, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social elaboró el informe: “Paraquat: riesgos a la salud pública, salud laboral y al medio ambiente”  y el borrador de decreto “Prohibición del registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan el ingrediente activo 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridilio (paraquat) y sus sales”; y, a la fecha, se desconoce la posición del ministro de salud al respecto. Se advierte, que tanto el Ministro de Ambiente y Energía y el de Trabajo de Seguridad Social de ese entonces, manifestaron estar de acuerdo con promulgar dicha reglamentación, no así el de Agricultura y Ganadería. En su defensa el Ministro de Salud alegó, que “…La propuesta de reglamento que menciona no se concretó debido a que, desde finales del año pasado y hasta la fecha, los ministerios de Agricultura y Ganadería, Salud, así como Ambiente y Energía han venido realizando un arduo trabajo referente a la normativa sobre agroquímicos en nuestro país, priorizando el tema referente a renovación de registros existentes, así como la inscripción de nuevas moléculas, lo cual, una vez concretado, permitirá que normativa de interés, como lo es el caso del decreto que consulta, pueda ser analizada y promulgada, sin generar contradicciones con el trabajo de revisión y actualización en el tema, que se ha venido realizando y espera culminarse pronto (…)”. No obstante, no es excusa que desde el año pasado, las autoridades sanitarias están trabajando en una normativa de agroquímicos, dado que dicho borrador fue puesto en conocimiento a dicha autoridad en el año 2018, es decir dos años antes que empezaran con el estudio del tema. De modo, que dicho retraso ha generado una incertidumbre acerca la prohibición o no de un producto agroquímico, y por ende existe una mora administrativa que eventualmente puede constituirse en una amenaza a la salud y al ambiente. A su vez, dicha situación ha generado que, los criterios técnicos que se utilizaron para rendir el informe que dio origen al proyecto alegado por la recurrente, deban ser revisados y actualizados, motivo por el que las autoridades recurridas deberán de verificar la existencia de nuevos avances científicos y tecnológicos que podrían aportar nuevos elementos para demostrar si efectivamente el plaguicida paraquat daña o no, la salud y el ambiente.

IX.- CONCLUSIÓN. En concreto, la Sala no cuenta con elementos claros y contundentes para determinar, a través de un proceso amparo, si el plaguicida debe ser prohibido porque es dañino o no y, por consiguiente, si se debe prohibir su comercialización y uso en el país, dado que, toda propuesta tendente a restringir o prohibir el uso agrícola de un plaguicida en el país debe observar los procedimientos previamente establecidos al efecto por el ordenamiento jurídico, mismos que deben ser llevados a cabo en plazos razonables, siendo que la Sala, no puede obligar la promulgación o no de un decreto ejecutivo dentro de un plazo razonable, sin demostrar, mediante estudios técnicos y científicos actualizados, que el producto daña la salud o el ambiente. Aun así, en el sublite, lo que se comprueba es que ha existo un atraso injustificado en la resolución acerca de la aprobación o no de la propuesta de proyecto por parte del Ministerio de Salud, lo que ha provocado que a la fecha, el informe que dio origen al proyecto en cuestión, se encuentra desactualizado, mismo que es necesario para justificar al día de hoy, el proyecto del Reglamento. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso, con las consecuencias que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia.

X.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ RESPECTO DEL RECLAMO POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.

           1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada,  le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.

2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.

          3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace,  o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos.  Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.

4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.

5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata  más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.

6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución.  Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes.  Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.-

7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.

8. En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados no se presenta ninguna de las excepciones que mencionan y la situación planteada se ubica dentro de aquellos casos en las que la intervención de los medios de protección de la Administración y la justicia ordinaria, resultan ser una vía más amplia y completa para el tema discutido, el cual involucra una discusión sobre ventajas y desventajas y valoración de los beneficios, que requiere abundante prueba, seguimientos y estudios que exceden el ámbito del amparo. De tal modo, debió aplicarse el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y rechazar de plano el recurso, no obstante, al no haber ocurrido así, procede ahora declarar sin lugar el amparo interpuesto.

XI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N°27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N°19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Daniel Salas Peraza, en su condición de Ministro de Salud, que en el plazo de TRES DÍAS, a partir de la notificación de la presente sentencia convoque a la comisión interinstitucional conformada por representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente y Energía, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que procedan  actualizar el informe del perfil del herbicida Paraquat, “Riesgos a la salud pública, salud laboral y al medio ambiente”, así como la propuesta de Decreto Ejecutivo “Prohibición de la importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contenga el ingrediente activo 1,1´-DIMETIL-4,4´-bipiridilio (paraquat) y sus sales”, así como el proyecto del reglamento, siendo que una vez puesto en su conocimiento la última versión de dicho proyecto, y cumplido con los trámites administrativos correspondientes, deberá en el PLAZO DE DOS MESES proceder a revisar y brindar su criterio a dicha propuesta. Lo anterior, bajo el apercibimiento que con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada Hernández López salva el voto y declara sin lugar el recurso. Notifíquese.-

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Paul Rueda L.

	

 

	

Nancy Hernández L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Marta Eugenia Esquivel R.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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EXPEDIENTE N° 21-013723-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 23-02-2026 15:13:25.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Constitucional

Ruling No. 19096 - 2021

Date of Ruling: August 27, 2021 at 09:15

Case File: 21-013723-0007-CO

Drafted by: Luis Fdo. Salazar Alvarado

Type of Matter: Amparo Appeal

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL



Judgment with Dissenting Vote

Relevance Indicators

Relevant Judgment

Key Judgment

Related Judgments


Content of Interest:

Type of content: Majority Vote

Branch of Law: 4. MATTERS OF CONSTITUTIONAL GUARANTEE

Topic: EXECUTIVE BRANCH

Subtopics:

COMPLAINT.

019096-21. EXECUTIVE BRANCH. THE MINISTER OF HEALTH IS ORDERED TO CONVENE THE INTERINSTITUTIONAL COMMISSION TO PROCEED TO UPDATE THE PROFILE REPORT ON THE HERBICIDE PARAQUAT, "RISKS TO PUBLIC HEALTH, OCCUPATIONAL HEALTH, AND THE ENVIRONMENT," AS WELL AS THE PROPOSED EXECUTIVE DECREE "PROHIBITION OF THE IMPORT, EXPORT, MANUFACTURE, FORMULATION, STORAGE, DISTRIBUTION, TRANSPORT, REPACKAGING, REFILLING, HANDLING, SALE, MIXING, AND USE OF TECHNICAL-GRADE ACTIVE INGREDIENTS AND FORMULATED SYNTHETIC PESTICIDES CONTAINING THE ACTIVE INGREDIENT 1,1'-DIMETHYL-4,4'-BIPYRIDYLIUM (PARAQUAT) AND ITS SALTS," AS WELL AS THE DRAFT REGULATION, AND ONCE THE LATEST VERSION OF SAID DRAFT IS BROUGHT TO ITS ATTENTION AND THE CORRESPONDING ADMINISTRATIVE PROCEDURES HAVE BEEN COMPLETED, IT MUST, WITHIN A PERIOD OF TWO MONTHS, PROCEED TO REVIEW AND PROVIDE ITS OPINION ON SAID PROPOSAL.

"(...) IX.- CONCLUSION. Specifically, the Chamber does not have clear and compelling elements to determine, through an amparo proceeding, whether the pesticide must be prohibited because it is harmful or not and, consequently, whether its commercialization and use in the country must be prohibited, given that any proposal aimed at restricting or prohibiting the agricultural use of a pesticide in the country must observe the procedures previously established for this purpose by the legal system, which must be carried out within reasonable timeframes, and the Chamber cannot compel the promulgation or non-promulgation of an executive decree within a reasonable timeframe without demonstrating, through updated technical and scientific studies, that the product harms health or the environment. Even so, in the case at hand, what is proven is that there has been an unjustified delay in the resolution regarding the approval or not of the draft proposal by the Ministry of Health, which has meant that, to date, the report that gave rise to the project in question is outdated, which is necessary to justify, as of today, the draft Regulation. Consequently, the appropriate course of action is to grant the appeal, with the consequences indicated in the operative part of this judgment. (...)" VCG09/2021

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Content of Interest:

Type of content: Majority Vote

Branch of Law: 4. MATTERS OF CONSTITUTIONAL GUARANTEE

Topic: ENVIRONMENT

Subtopics:

ENVIRONMENTAL STUDIES.

019096-21. ENVIRONMENT. THE STATE HAS THE OBLIGATION TO PROTECT THE POPULATION'S HEALTH THROUGH THE REGULATION OF THE USE OF CHEMICAL SUBSTANCES.

"(...) VI.- ON THE REGULATION OF THE USE OF PESTICIDES As indicated above, the right to life, to health, and to a healthy environment are fundamental rights regulated in Articles 21 and 50 of the Political Constitution, and their protection is of public interest. Precisely for this reason, the State has the obligation, in order to protect the health of the population and the environmental precautionary principle, to regulate the use of chemical or similar substances for agricultural use, so that they are handled correctly, reasonably, and do not generate risks to human health and the environment. Furthermore, it also has the responsibility to guarantee the well-being of citizens and an ecologically balanced environment. In this regard, the Chamber has established that the State must play a guarantor role regarding the proper use of pesticides and the avoidance of their harmful effects on health and the environment. In this sense, in Judgment No. 2004-13968 of 11:35 a.m. on December 3, 2014, it indicated:

"III.- That report [FOE-AM-19/2004 of October 20, 2004, prepared by the Agricultural Services and Environment Area of the Operational and Evaluative Oversight Division of the Comptroller General of the Republic, on the evaluation of the State's management regarding the control of agricultural pesticides] originated from the need to audit the administrative process related to one of the most pressing environmental problems that the country must resolve, which is the use of chemical, biological, or similar substances in agricultural activities, and given the need for the State to intervene by exercising a regulatory function over the use of agrochemicals, which guarantees farmers the availability on the market of products effective for combating pests and, at the same time, the protection of the health of the general public and their right to a healthy and ecologically balanced environment. The report indicated that this control is exercised mainly by the Ministry of Agriculture and Livestock, through the State Phytosanitary Service, which must work in coordination with the Ministry of Health and the Ministry of Environment and Energy, regarding control over health and environmental impacts, as well as with the Ministry of Finance regarding the import and exemption of such products. Its general objective was to evaluate the State's management regarding the control of pesticides used in agricultural activities and their effect on the environment and human health, mainly the actions of the State Phytosanitary Service of the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG); and the specific objectives of the study were: a) evaluate national policies and leadership in the field of control over pesticide use, identifying the participating institutions and their competencies, b) evaluate the pesticide registration process in the country and the associated regulations, c) evaluate the exemption and import process for pesticides in the country, and d) evaluate the oversight and monitoring of pesticide use.

IV.- In that report, the Comptroller General concluded that the State Phytosanitary Service (SFE) does not fulfill its creation objectives with efficiency and adherence to the principle of legality, which call upon it to regulate, execute, and oversee the registration and use of agrochemicals, within the framework of agricultural activity in harmony with nature and in faithful compliance with the constitutional principles of the right to life, to health, and to a healthy environment. It determined that, on the contrary, the actions of said body are oriented towards facilitating the registration and commercialization of such substances, justified on a supposed interest in improving the competitiveness of agricultural producers, but rather, those objectives appear to be directed at promoting competition in the pesticide market, above the constitutional rights of the farmers themselves and the environmental and personal health principles. It concluded that the companies most benefited by the SFE's facilitating function have been the companies dedicated to the sale of agrochemicals, especially the so-called generics, to the detriment of producers and consumers of agricultural goods. It clarified that this does not mean that pesticides of this type cannot be registered in the country, but rather that their registration must be done respecting the regulations and assuring the Costa Rican population the protection of their health and the fundamental right they have to a healthy and ecologically balanced environment, and protecting the national farmer's right to have good quality inputs; without prejudice to the necessary actions that the State must execute to seek the gradual reduction of pesticide use and the promotion of alternative mechanisms. These considerations prompted the Comptroller General of the Republic to issue a series of final provisions directed to the President of the Republic and the Ministers of National Planning and Economic Policy, Agriculture and Livestock, Health, Environment and Energy, and Economy, Industry, and Commerce, as well as the Internal Auditor of the Ministry of Agriculture and Livestock."

Similarly, in Judgment No. 2006-09565, of 4:08 p.m. on July 5, 2006, this Court considered:

"(... ) it is evident that the Costa Rican State has the duty to act effectively and in advance to prevent the occurrence of events that degrade the environment and compromise its sustainability."

And, in No. 2011-016937 of 2:36 p.m. on December 7, 2011, it ordered:

"(...) VIII.- ON THE REGULATION OF PESTICIDE REGISTRATION. The proper use of pesticides can be useful for controlling and eliminating pests, benefiting the food security of the population and the economic activity based on agricultural production. However, the potential risk that the use of such substances may pose to human health and the environment must be recognized. This has even motivated the adoption of international instruments with the express objective of protecting human health—including the health of consumers and workers—and the environment from the possible harmful effects of pesticides, as is the case of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade, which was approved by Costa Rica through Law No. 8705 of February 13, 2009.

(... ) this Court has recognized the risk that the use of pesticides may entail and the importance of adopting suitable measures to regulate their use. In the Costa Rican legal system, there is diverse legal and regulatory legislation from which it is derived that the import, manufacture, commercialization, and use of pesticides are strongly subject to the police power of the State, in order to guarantee the right to health and to a healthy and ecologically balanced environment." VCG09/2021

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Type of content: Majority Vote

Branch of Law: 6. LAW OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION ANNOTATED WITH JURISPRUDENCE

Topic: 034- Passive Legitimation. Joinder of Parties

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

ARTICLE 34 OF THE LAW OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION

"(...) III.- ON THE JOINDER REQUESTED. Joinder is a form of adhesive intervention that occurs when a person acts in a proceeding, adhering to the claims of one of the principal parties. Consequently, anyone who holds a direct interest in the outcome of the appeal is legitimated to act as a joining party; however, not being a principal party, the joining party will not be directly affected by the judgment, that is, the efficacy of the latter may not affect him directly and immediately, nor does the condition of res judicata of the ruling affect him (See, among others, Judgment No. 2010-000254, of 11:28 a.m. on January 8, 2010, and No. 2018019952, of 9:30 a.m. on November 30, 2018). In the case under analysis, this Chamber admits the passive joinder request filed by Abel Chaves Trigueros, in his capacity as President of the Association Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña [National Chamber of Pineapple Producers and Exporters], for having a direct interest in the present matter. In general terms, the applicant indicates that the prohibition of the use of paraquat does not affect health or the environment and that the product is necessary for the agricultural productivity of the country. On this particular matter, Article 34, paragraph 3, of the Law of the Constitutional Jurisdiction stipulates that whoever has a legitimate interest in the proceeding may intervene, whether in its active or passive capacity, as a joining party. Consequently, by virtue of the provisions of the procedural rule cited above and what was stated by the aforementioned intervenor, the joinder is admissible. (...)" VCG09/2021

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Type of content: Majority Vote

Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

Topic: 050- Environment

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION

"(...) V.- ON THE RIGHT TO HEALTH AND TO ENJOY A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. Public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized (Articles 21, 50, 73, and 89 of the Magna Carta), as well as through international regulations. In this sense, this Constitutional Court, in Judgment No. 3705-93, of 3:00 p.m. on July 30, 1993, indicated the following:

"(...) Environmental quality is a parameter of that quality of life; other no less important parameters are health, food, work, housing, education, etc., but more important than that is understanding that although man has the right to use the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is nothing more than the translation to this matter of the principle of 'injury,' already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: On one hand, the equal rights of others and, on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself (...)".

Likewise, there is an obligation of the State to protect the environment that is expressly contemplated in the second paragraph of Article 50 of the Political Constitution, which states, as relevant:

"(...) Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are legitimated to denounce acts that infringe upon that right and to demand reparation for the damage caused (...)".

In relation to the foregoing, this Chamber, through Judgment No. 180-98, of 4:24 p.m. on January 13, 1998, ordered the following:

"(...) the State not only has the unavoidable responsibility of ensuring that the health of each of the persons that make up the national community does not suffer damage from third parties in relation to these rights, but also must assume the responsibility of achieving the favorable social conditions so that each person can enjoy their health, understanding such right as a situation of physical, mental (or psychological), and social well-being (…)".

On the other hand, infra-constitutional regulations develop this right and, in this sense, the General Health Law authorizes the Ministry of Health to take the corresponding sanitary measures and impose sanctions in order to protect the environment and the right to health of persons. Likewise, it should be noted that this Court, as guarantor of fundamental rights, stands as a comptroller of compliance with the obligations derived from the provisions of Articles 21 and 50 of the Political Constitution, which constrain the State not only to recognize the indicated rights but also to use the material and legally legitimate means to guarantee them. (...)" VCG09/2021

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Type of content: Dissenting Vote

Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

Topic: 050- Environment

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

X.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ REGARDING THE CLAIM FOR INFRACTION OF ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION.

1. The historical context that motivated, at the time, the extensive intervention of the Chamber in environmental matters has undergone a considerable variation that requires this body to reconsider the conditions for its participation in ensuring the right of individuals to a healthy and balanced environment, as has been protected in Article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation—characterized by a very broad legal and regulatory production that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies for compliance with what is ordered in the Fundamental Charter—is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state instances with appropriate competence imposed on the Chamber a protagonist, almost sole, role in the defense of the aforementioned constitutional right.

2. Today, we find ourselves facing a "dense web" of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of a comprehensive legal regulation regarding activities whose impact on the environment was scarcely or not at all regulated, as well as the creation of state bodies with surveillance and control powers over the effects of human activity on the environment. The second phenomenon is that this increasing juridification—predominantly legislative and regulatory—brings with it the unavoidable entry onto the scene of both administrative justice and ordinary jurisdiction—primarily the contentious-administrative, but also criminal jurisdiction. In them, in accordance with the importance of environmental law, procedural pathways and inclusive means of legitimation have been widely regulated, so that those administered may enforce what is established in that broad legal order related to the environmental issue.

3. In this context, it is not legally appropriate, nor from a functional point of view, for the Constitutional Chamber to displace, or—even worse—substitute, the ordinary justice bodies in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective compliance with laws and regulations. It is legally improper because in the vast majority of these cases, what is requested is to interpret and enforce legal and regulatory norms, thereby risking overlapping its competencies with those of other jurisdictional bodies that—they, indeed—have been created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect, because the design of its processes poorly matches the complexity present in numerous environmental conflicts that are composed of series of technically and legally complex facts and acts. On both issues, there are known examples in which the Chamber has delivered a half-finished or technically incomplete resolution, or unnecessary frictions and impact on legal certainty have been generated.

4. As part of the technical aspects I have assessed, I add the fact that this jurisdiction does not have sentence enforcement judges to allow adequate follow-up to them—generally complex—which sometimes involve the follow-up of remedial plans, among others, with inter-institutional coordination and follow-up over months and even years.

5. From that perspective, the decision to take a step aside in environmental matters on the part of this Court should not be seen as an abandonment of the environmental matter, but on the contrary, of its adequate protection in the instance that best suits the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should not be seen as the declination of this instance from its task of protecting the constitutional rights imposed upon it by the Political Constitution and its Organic Law, which from my point of view, is reserved in this matter for specific cases. It is, rather, an exercise of readjustment of the burdens and tasks that correspond to the different state bodies, so that each of them can fully deploy its work within the scope that has been assigned to it, as well as an exercise of fixing its own competence, as established in Article 7 of its Organic Law.

6. It is clear that the Chamber does not propose to abandon to other jurisdictions the work of protecting the rights of individuals in environmental matters. It is known that although any claim for infringement of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of the law of the Constitution. It is, therefore, about ensuring that the Chamber becomes a protagonist alongside others, so that—together and each in its own space—the entire variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment within a society where other equally pressing needs also exist can be covered. With this position, I firmly believe that the citizen does not lose an iota of protection, but substantial gains are made in breadth, perspective, and respect for the balance and distribution of powers, this latter principle being of obligatory consideration, since it governs the constitutional dynamics of any liberal and democratic system such as ours.-

7. In line with the foregoing, I maintain that this Chamber must refrain from hearing claims filed for alleged infraction of Article 50 of the Political Constitution to leave its knowledge in the hands of the administrative justice and the contentious-administrative jurisdiction. The foregoing is stated with a general character, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my opinion, would still be better protected by this Chamber and must therefore be heard and resolved by it. - Within such groups of cases, and without this enumeration being considered a closed and definitive list, I can point out that the Chamber must reserve the hearing of situations such as, for example, claims for environmental infractions that also directly put the health of persons at risk, or the access to or quality of water; cases of gross and direct violations to the environment in which a clear absence of protection by state authorities is verified, provided always and the nature of the claim allows it to be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural institute, since I believe that amparo should not be made 'ordinary' to address, even in these cited cases, issues that exceed the capacity to be adequately dealt with in it.

8. In the specific case, according to the proven facts, none of the exceptions mentioned are present, and the situation raised falls within those cases in which the intervention of the means of protection of the Administration and ordinary justice proves to be a broader and more complete avenue for the discussed topic, which involves a discussion on advantages and disadvantages and the assessment of benefits, requiring abundant evidence, follow-ups, and studies that exceed the scope of amparo. Thus, Article 9 of the Law of the Constitutional Jurisdiction should have been applied and the appeal rejected outright; however, this not having occurred, it is now appropriate to declare the amparo filed without merit.

VCG09/2021

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Text of the Ruling

☪☲☱☰☱☳☷☲☳☰☰☰☷CO*

Exp: 21-013723-0007-CO

Res. No. 2021019096


CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on August twenty-seventh, two thousand twenty-one.


Amparo appeal processed under case file No. 21-013723-0007-CO, filed by MARIANA LUCÍA PORRAS ROZAS, identity card number 0111460917; against the MINISTRY OF HEALTH, the MINISTRY OF AGRICULTURE AND LIVESTOCK, the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY, and the MINISTRY OF LABOR AND SOCIAL SECURITY.

WHEREAS:

1.- Through a writing received at the secretariat of the Chamber at 6:26 p.m. on July 15, 2021, the appellant files an amparo appeal against the Ministry of Health, Ministry of Agriculture and Livestock, Ministry of Environment and Energy, and Ministry of Labor and Social Security. She states that she is the President of the Red de Coordinación en Biodiversidad [Biodiversity Coordination Network]. She reports that she appears against the heads of the ministries of Health, Agriculture and Livestock, Environment and Energy, and Labor and Social Security, for delaying and preventing the publication of the executive decree on the "Prohibition of the registration, import, export, manufacture, formulation, storage, distribution, transport, repackaging, refilling, handling, sale, mixing, and use of technical-grade active ingredients and formulated synthetic pesticides containing the active ingredients paraquat and diquat and their salts," thereby compromising the constitutional rights to life, health, and an ecologically balanced environment, as well as the in dubio pro natura principle, also known as the precautionary principle. She highlights that, internationally, paraquat is part of the so-called "dirty dozen." She points out that, on February 24, 2004, the "Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade" entered into force; and in 2007, through Executive Decree No. 34139-S-MAG-TSS-MINAE, of April 9, 2007, it was established that "the product is restricted: sale and commercialization is carried out only with a professional prescription, and aerial and terrestrial applications at low and ultra-low volume are prohibited. Furthermore, both the technical ingredient and the formulated product must contain a blue/greenish colorant as well as a characteristic odor for their rapid identification." She comments that, on March 7, 2017, the General Directorate of Foreign Policy of the Ministry of Foreign Affairs and Worship sent note No. DGPE-171-03-2017 to the Ministry of Agriculture and Livestock, requesting the position of that ministry regarding a possible inclusion of paraquat as a substance listed in Annex II of the Rotterdam Convention. She maintains that after multiple procedures between the Ministry of Health and the Ministry of Agriculture and Livestock, for the second time, the Directorate of Legal Affairs of the MS, through La Gaceta No. 69 of April 20, 2018 (DAJCB-727-2018), initiated the public consultation process for the draft regulation on the prohibition of paraquat and its salts. She emphasizes that in July 2018, the technicians of the respondent ministries published an exhaustive and detailed technical-scientific report called: "Paraquat: risks to public health, occupational health, and the environment," in which it is concluded that: "According to the compiled information on the properties of paraquat, concerns are reflected about the effects generated on the environment by the use of this product as an herbicide. For example, the contamination of groundwater and soil, as well as the death of organisms that are the base of the trophic chain, which destabilizes the natural balance of ecosystems. Added to this is the concern about the use of the herbicide in the field as a desiccant, making it very likely that dioxins and furans are produced, substances highly toxic to both humans and other living beings. (…) In turn, due to the high incidence and severity of poisonings reported to the Ministry of Health and the National Poison Control Center (CCSS), the prohibition of the Paraquat pesticide in its different formulations is recommended. Likewise, it is considered important to eliminate at the root the possibility of successful poisonings due to suicide attempts, which represent more than 50% of the total between the years 2012-2016. Such impact can only be achieved through an absolute prohibition, eliminating the availability of this product, which despite being regulated by professional prescription, makes its way to present said risks." She explains that, by official communication dated May 27, 2021, she requested information of interest from the Minister of Health, expressly indicating: "(...) We respectfully refer to you with the purpose of requesting information on the current status of the project for publication in La Gaceta of the executive decree to make effective the 'PROHIBITION OF THE REGISTRATION, IMPORT, EXPORT, MANUFACTURE, FORMULATION, STORAGE, DISTRIBUTION, TRANSPORT, REPACKAGING, REFILLING, HANDLING, SALE, MIXING, AND USE OF TECHNICAL-GRADE ACTIVE INGREDIENTS AND FORMULATED SYNTHETIC PESTICIDES CONTAINING THE ACTIVE INGREDIENTS PARAQUAT AND DIQUAT AND THEIR SALES,' supported by the technical-scientific report 'Paraquat: risks to public health, occupational health, and the environment,' prepared by technicians from MAG, MTSS, Minae, and Minsalud, 34 months ago (July 2018). (...)"

She alleges that, in response, on June 8 the Minister of Health informed her via official letter MS-DM-4639-2021 that: “(…) The proposed regulation you mention did not materialize because, since the end of last year and up to now, the ministries of Agriculture and Livestock, Health, and Environment and Energy have been carrying out arduous work regarding the regulations on agrochemicals in our country, prioritizing the issue of renewing existing registrations, as well as the registration of new molecules, which, once completed, will allow regulations of interest, such as the decree you are inquiring about, to be analyzed and promulgated without generating contradictions with the review and updating work on the subject that has been underway and is expected to be completed soon. (…)”. She contends that what was stated by the Minister of Health reveals a lack of interest and negligence in sending the aforementioned prohibition decree for publication. She considers that such an explanation is nothing more than an illogical and inadmissible excuse, since the work those ministries have been doing has nothing to do with making effective the technically grounded recommendation in the report rendered by the officials who formed the Interministerial Commission (MS, MINAE, MTSS, MAG) in July 2018, regarding publishing the mentioned prohibition decree in La Gaceta. Likewise, she considers that the intention of the heads of the respondent ministries to evade their responsibility as public officials is manifest, given that the proposed prohibition decree in question has been in their respective offices since July 2018. Based on the foregoing, she comes to the Court in protection of her fundamental rights and requests that the appeal be granted.

2.- By a ruling issued at 1:11 p.m. on July 16, 2021, the appellant was warned to provide complete, legible copies with the respective proofs of receipt or sending of the actions that—she indicates—she filed before the respondent authorities and, if she received any resolution, to indicate what its result was and to submit the documentation generated on the occasion of those proceedings. The foregoing, because such information is essential to resolve what is legally appropriate, under warning of summarily rejecting the appeal if she fails to do so.

3.- By a Presidency ruling issued at 4:55 p.m. on July 22, 2021, the proceeding was admitted and a hearing was granted to the Minister of Health, the Minister of Agriculture and Livestock, the Minister of Environment and Energy, and the Minister of Labor and Social Security, so that they may address the facts that are the subject of this appeal.

4.- Luis Renato Alvarado Rivera, in his capacity as Minister of Agriculture and Livestock, reports under oath that by official letter DM-MAG-237-2018, the then Minister of Agriculture and Livestock, Mr. Luis Felipe Arauz Cavallini, forwarded to the Ministry of Labor and Social Security the observations made by the State Phytosanitary Service (Servicio Fitosanitario del Estado) on the draft decree prohibiting Paraquat, made in official letter AE-REG-0385/2018, according to which: “Regarding the document that was forwarded to me via email, which corresponds to the referral made by the ministerial office to the SFE Directorate, I indicate the following: I participated at the time in the meeting regarding the proposal to prohibit the use of paraquat, which gained momentum when the office, as they indicated, agreed to include it in the Rotterdam Convention (prior informed consent import). Subsequently, this topic was set aside to begin analyzing the situation of Glyphosate as a result of a request made by the ministerial offices involved in this matter. From the outset, the technical side indicated that Paraquat has no negative effects on national agriculture and that there is no substitute. According to the competencies of each ministry, they are empowered to order the prohibition of a pesticide provided that the technical justifications are presented. In recitals 17 and 18 of said proposal, they enumerate paraquat poisonings without demonstrating that such poisonings are agricultural occupational accidents. The country has Decree No. 34139 S-MAG-TSS-MINAE restricting the use of paraquat; it must be taken into account that there are no similar alternatives for Costa Rican agriculture and that a prohibition effect in the country may increase smuggling due to the fact that its use is not prohibited in our neighboring countries.” He indicates that, subsequently, via official letter DM-652-2018, the request from Mr. Jaime E. García González, representative of the Biodiversity Coordination Network (Red de Coordinación en Biodiversidad), was answered, in which he was told that: “…I inform you that the institutions involved in said decree are the Ministry of Agriculture and Livestock, the Ministry of Labor, and the Ministry of Health, the latter being the one that coordinates and the one that holds the administrative file. Therefore, I would appreciate it if your request were directed to the Ministry of Health…” He states that the Ministry he represents fulfilled its obligation to send the observations on the draft decree for the “Prohibition of the registration, importation, exportation, manufacturing, formulation, storage, distribution, transportation, repackaging, refilling, handling, sale, mixing, and use of technical-grade active ingredients and formulated synthetic pesticides containing the active ingredients paraquat and diquat and their salts.” Likewise, he clarifies that it is the Ministry of Health that led the process, and therefore it is the one responsible for the procedures necessary for the advancement of the aforementioned decree. He requests that the appeal be dismissed.

5.- Daniel Salas Peraza, in his capacity as Minister of Health, reports under oath that according to Official Letter No. MS-DPRSA-632-2021, dated July 27, 2021, signed by Eng. Eugenio Androvetto Villalobos, Director of the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health (Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental); as well as Official Letter No. MS-DM-4639-2021 dated June 8, 2021, issued by the undersigned Minister of Health, in summary, it is affirmed that the decision to limit the scope to a single molecule, paraquat, responds to the interest in and respect for the decisions that were analyzed internationally in 2017 under the auspices of the Rotterdam Convention, to which Costa Rica is a party, and the Ministry of Agriculture and Livestock is the focal point for pesticides. He indicates that, since there is already regulatory progress framed within Decree 34139-S-MAG-TSS-MINAE of April 9, 2007, which prohibits certain applications and restricts the commercialization of paraquat by making a professional prescription mandatory, it is a natural step for the country to follow that line and not incorporate other molecules such as Diquat in a future total prohibition, as was attempted at the time with the regulatory proposal referred to by the Biodiversity Coordination Network. He warns that, in this regard, the above-cited position of the Minister of Agriculture and Livestock (2017) that paraquat be placed in Annex II of the Rotterdam Convention would be a prior step toward greater restrictions. He states that the Commission that analyzed the case also considered that there are important differences between paraquat and diquat in terms of permitted uses in crops, toxicity, consumption, and use in suicidal behavior, according to national records. He clarifies that diquat is mainly used for the control of aquatic plants or crops that are submerged. He notes that the Ministry of Health processed the public consultation of said regulation on two occasions, and opposition from the sectors involved was documented, as well as observations from the public and other institutions, including FECON, DIGECA, the Chamber of Agricultural Inputs, the National Chamber of Agriculture and Agroindustry, and the National Chamber of Agro-Inputs and Generic Products (CANAPROGE). He adds that some of the reasons for the opposition are of a legal nature, indicating that the Ministry of Health is not the competent entity for that procedure, but rather the State Phytosanitary Service is the one that must process said prohibition. He explains that the Ministry, through the Directorate for Regulation of Products of Health Interest (Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario), and not the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health (DPRSA), participates in the Pesticide Registration Commission, together with the SFE (Coordinator) and representatives of DIGECA (MINAE); although due to environmental and legal expertise, the DPRSA collaborated in the ad-hoc commission that prepared the Profile on Paraquat and its salts, at the beginning of the procedures regarding that legal instrument. He notes that, according to what is indicated in Official Letter No. MS-DM-4639-2021 dated June 8, 2021, the proposed executive decree mentioned has not materialized because, since the end of last year and up to now, the ministries of Agriculture and Livestock, Health, and Environment and Energy have been carrying out arduous work regarding the regulations on agrochemicals in our country, prioritizing the issue of renewing existing registrations, as well as the registration of new molecules, which, once completed, will allow more regulations of interest, such as the executive decree prohibiting the herbicides paraquat and diquat and their salts, to be analyzed and promulgated, without generating contradictions with the review and updating work that has been underway and is expected to be completed soon. He clarifies that the Ministry of Health is not the competent entity to process said prohibition, but rather it is the State Phytosanitary Service. He mentions that the Ministries of Agriculture and Livestock, Health, and Environment and Energy have been carrying out arduous work regarding the regulations on agrochemicals in the country, prioritizing the issue of renewing existing registrations, as well as the registration of new molecules, which, once completed, will allow more regulations of interest, such as the executive decree prohibiting the herbicides paraquat and diquat and their salts, to be analyzed and promulgated, without generating contradictions with the review and updating work that has been underway with the expectation that it will be completed soon. Based on the foregoing, he requests that the appeal be dismissed.

6.- Andrea Meza Murillo, in her capacity as Minister of Environment and Energy, reports under oath that her represented agency has participated in the process of drafting the decree indicated by the appellant, through its technical unit: the Directorate of Environmental Quality Management (Dirección de Gestión de Calidad Ambiental, DIGECA). She indicates that paraquat is prohibited in thirty-two countries, including twenty-seven countries of the European Union; additionally, its use is restricted in ten countries, among them Costa Rica, which through Executive Decree No. 34139-S-MAG-TSS-MINAE of April 9, 2007, “Regulates the registration, manufacture, formulation, repackaging, storage, sale, mixing, commercialization, and use of raw material or formulated product, of products containing the agricultural pesticide paraquat dichloride.” She states that the “Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Pesticides and Chemicals in International Trade” was approved by Costa Rica through Law No. 8705 of February 13, 2009, and ratified through Executive Decree No. 35416-RE of June 30, 2009. She indicates that, according to the opinion expressed by the Chemical Review Committee of the Rotterdam Convention, paraquat, in liquid formulations (emulsifiable concentrate and soluble concentrate) containing a minimum of 276 grams per liter of paraquat dichloride, equivalent to paraquat ion concentrations equal to or greater than 200 grams per liter in liquid formulations, meets the characteristics of high hazard that justify its inclusion in Annex III of said convention. She clarifies that paraquat is not part of the so-called “dirty dozen,” which is the list of Persistent Organic Pollutants (POPs) intended to be eliminated as agreed in the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Law No. 8538). She recounts that, in 2017, the General Directorate of Foreign Policy of the Ministry of Foreign Affairs and Worship sent note DGPE-171-03-2017 to the Minister of Agriculture and Livestock, requesting the official position of that Ministry (as the focal point for this Convention) regarding a possible inclusion of Paraquat in the list of substances in Annex III. She explains that, on April 21, 2017, via note DM-MAG-275-2017, Luis Felipe Arauz Cavallini, then Minister of Agriculture and Livestock, informed the General Directorate of Foreign Policy that his Ministerial Office agreed with said inclusion; due to this, the State Phytosanitary Service convened a meeting of the Ministries of Agriculture and Livestock, Health, Environment and Energy, and Labor and Social Security to provide technical information and evaluate the prohibition of this product at the national level. She explains that the working group formed by officials from the Ministry of Agriculture and Livestock, the Ministry of Health, the Ministry of Environment and Energy, and the Ministry of Labor and Social Security prepared both the report entitled: “Paraquat: risks to public health, occupational health, and the environment,” completed in June 2017, and the drafting of the draft decree “Prohibition of the registration, importation, exportation, manufacturing, formulation, storage, distribution, transportation, repackaging, refilling, handling, sale, mixing, and use of technical-grade active ingredients and formulated synthetic pesticides containing the active ingredient 1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridinium (paraquat) and its salts.” She indicates that the public consultation process for the decree in question ran from April 24, 2018, to May 15, 2018, verifiable at the following link: https://tramitescr.meic.go.cr/formulario/1162, and the Directorate of Environmental Quality Management issued two observations via Official Letter DIGECA-164-2018, because variations were identified in the text prepared in 2017 by the technical working group. She adds that, subsequently, the decree proposal reached the office of the Ministry of Environment and Energy for the respective signature on two occasions, on which the Directorate of Environmental Quality Management issued official letters: DIGECA-353-2018 on August 14, 2018, and DIGECA-401-2018 on October 4, 2018; in this last official letter, the signature of the proposal was endorsed provided that a correction was addressed in Article 1 of the text. She states that, later, via official letter DM810-2018 of November 27, 2018, Carlos Manuel Rodríguez (then Minister of Environment and Energy) forwarded the signed decree to the Ministry of Health, and after that, what happened with the draft regulation is unknown. She asserts that both her represented agency and the Directorate of Environmental Quality Management do not share what is indicated in Official Letter MS-DM-4639-2021 from the Ministry of Health, since the work on agrochemical regulations carried out to date has been focused on drafting regulations for the registration of pesticides and other agricultural inputs; that is, since it is not related to the process of restricting or prohibiting specific molecules, as is the case with paraquat, she does not understand how signing the paraquat prohibition decree would affect or be affected by the regulatory improvement process in the general pesticide regulations. She affirms that the Directorate of Environmental Quality Management supports the prohibition of paraquat as soon as possible and recommends requesting the Ministry of Health to provide the latest version of the decree proposal in order to review it and proceed with the respective signature by the Minister of Environment and Energy; for her part, regarding diquat, there is the utmost willingness to participate in the regulatory process for said pesticide, because her represented agency has only worked on preparing the report and draft prohibition decree for the paraquat molecule. Based on the foregoing, she requests that the appeal be dismissed.

7.- Silvia Lara Povedano, in her capacity as Minister of Labor and Social Security, reports under oath that in June 2017, an inter-institutional commission formed by officials from MINAE, MTSS, MAG, and MS prepared a profile of the Herbicide Paraquat, “Risks to public health, occupational health, and the environment,” which concluded with concerns about the environmental effects of the product on groundwater and soil, its role in causing the death of organisms that form the base of the trophic chain, the production of dioxins and furans, toxic substances for humans and other living beings, and additionally, due to the high incidence and severity of poisonings reported to the Ministry of Health and the National Poison Control Center, they recommended the prohibition of the pesticide Paraquat in its various formulations. She indicates that the Occupational Health Council (Consejo de Salud Ocupacional), a technical body attached to the Ministry of Labor and Social Security, by Agreement No. 2888-2017 of Ordinary Session No. 1969-2017 dated November 22, 2017, agreed: To forward the proposed decree for the “Prohibition of the importation, exportation, manufacturing, formulation, storage, distribution, transportation, repackaging, refilling, handling, sale, mixing, and use of technical-grade active ingredients and formulated synthetic pesticides containing the active ingredient 1,1´-DIMETHYL-4,4´-bipyridinium (paraquat) and its salts,” to the Minister of Agriculture and Livestock and the Minister of Environment and Energy, so that within a period of 30 calendar days from its notification, they would forward their observations and indicate whether they agreed to join in signing the proposal, for which official letters MTSS-CSO-OF-09-2017 and MTSS-CSOOF-10-2017 were sent, both dated December 5, 2017. She mentions that by official letter DAJ-SM-1944-2017 dated October 25, 2017, issued by the Legal Affairs Directorate of the Ministry of Health and addressed to Ms. Kattia Sáenz Benavides, Director of the Directorate of Regulatory Improvement of MEIC, she was requested that, in response to the public consultation notice with reference number DAJ-SM-1806-2017 published in La Gaceta No. 200 of October 24, 2017, the public consultation for the proposed regulation “Prohibition of the importation, exportation, manufacturing, formulation, storage, distribution, transportation, repackaging, refilling, handling, sale, mixing, and use of technical-grade active ingredients and formulated synthetic pesticides containing the active ingredient 1,1´-DIMETHYL-4,4´-bipyridinium (paraquat) and its salts” be rendered without effect. She affirms that by an email sent on April 17, 2018, from the Legal Affairs Directorate of the Ministry of Health to the National Printing Office, the urgent publication of public consultation notice DAJ-CB-272-2018 for the Regulation in question was requested. She argues that in La Gaceta No. 69 of Friday, April 20, 2018, public consultation DAJ-CB-727-2018 from the Legal Affairs Directorate of the Ministry of Health related to the cited Regulation was published. She reports that via official letter No. DM-MAG-237-2018 dated May 7, 2018, the Minister of Agriculture and Livestock responded to official letter MTSS-CSO-OF-9-2017, regarding the regulation that is of interest here. She explains that via official letter No. CSO-DE-OF-205-2018 dated July 23, 2018, the Executive Director of the CSO, María Gabriela Valverde Fallas, warned the Ministry of Environment and Energy that no response had been received from that entity regarding the consultation on this regulation agreed upon in Agreement No. 2889-2017 of session No. 1969-2017 of the Board of Directors of the Council. She maintains that by official letter No. DIGECA-353-2018 dated August 14, 2018, the Directorate of Environmental Quality Management of the Ministry of Environment and Energy responded to official letter CSO-DE-OF-205-2018, expressing agreement with the proposal. She details that via official letter No. CSO-DE-OF-275-2018 dated September 17, 2018, issued by the Executive Directorate of the Occupational Health Council and addressed to Ms. Giselle Amador Muñoz, in her capacity as Minister of Health, she was requested to interpose her good offices before the Legal Affairs Directorate of said Ministry, for the purpose of expediting the administrative procedures for the draft Regulation, which was in the possession of said Legal Directorate, and the importance of said regulation being issued through the legal channels as soon as possible was reiterated. She specifies that by official letter No. MS-DM-4639-2021 dated June 8, 2021, signed by the current Minister of Health, Doctor Daniel Salas Peraza, and addressed to Ms. Mariana Porras Rozas, in her capacity as president of the Association Biodiversity Coordination Network (Red de Coordinación en Biodiversidad, RCB), he indicates that in response to her inquiry related to the regulation that is of interest here, the proposed regulation she mentions did not materialize because, since the end of last year and up to now, the ministries of Agriculture and Livestock, Health, and Environment and Energy have been carrying out arduous work regarding the regulations on agrochemicals in our country, prioritizing the issue of renewing existing registrations, as well as the registration of new molecules, which, once completed, will allow regulations of interest, such as the decree she is inquiring about, to be analyzed and promulgated without generating contradictions with the review and updating work on the subject that has been underway and is expected to be completed soon. She details that, as of today, the MEIC website https://tramitescr.meic.go.cr/formulario/1162 indicates that the public consultation for the Regulation in question was carried out by the Ministry of Health and that the public hearing expired on May 7, 2018, and it has one opposition filed and several citizen comments. She adds that, to date, neither the Ministry of Labor and Social Security nor the Occupational Health Council has received any communication from the Ministry of Health regarding the results subsequent to the public consultation held, and it is the Ministry of Health that conducted the public consultation; therefore, they are awaiting the results of the proceeding. She concludes that there is no pending procedure on the part of the Ministry of Labor and Social Security or on the part of the Occupational Health Council, as a technical body attached to this Ministry, concerning the Regulation for the “Prohibition of the importation, exportation, manufacturing, formulation, storage, distribution, transportation, repackaging, refilling, handling, sale, mixing, and use of technical-grade active ingredients and formulated synthetic pesticides containing the active ingredient 1,1´-DIMETHYL-4,4´-bipyridinium (paraquat) and its salts.” She indicates that they are awaiting communication from the Ministry of Health regarding the results of the public consultation DAJ-CB-727-2018 published in La Gaceta No. 69 of Friday, April 20, 2018, from the Legal Affairs Directorate of the Ministry of Health, related to the cited Regulation. She considers that said regulation is a clear social commitment and a matter of public interest; therefore, once the documentation is received from the Ministry of Health, the following procedure is to bring it to the attention of the Board of Directors of the Occupational Health Council. Based on the foregoing, she requests that the appeal be dismissed.

8.- By a brief received in the Secretariat of the Court at 9:18 a.m. on August 17, 2021, Abel Chaves Trigueros, in his capacity as President of the Association National Chamber of Pineapple Producers and Exporters (Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña), appears as a passive coadjuvant. He states that paraquat is registered and used in approximately ninety developed and developing countries around the world, including key major agricultural markets that have some of the most demanding regulatory systems, such as Canada, Australia, the United States, Japan, and New Zealand. He argues that paraquat is a product that quickly and efficiently controls weeds, especially those resistant to other herbicides, making it an important option for the agricultural sector. He mentions that one of the advantages of using paraquat is that it can be used in the rainy season, making it an important product in tropical countries such as Costa Rica. He affirms that said product helps crop development be more efficient, as it reduces the use of plowing and its impact on soil resources; it favors Soil Management and Conservation Programs (Mitigation of erosion), and the increase in productivity of different crops. He argues that it is a safe product as long as the use and application recommendations indicated by the formulator or manufacturer are followed. He explains that it does not present any type of residual effect in the different food products in which it is used during cultivation. He explains that it is essential in the production of crops such as pineapple, coffee, potato, and pasture, noting that in 2020, those crops totaled 213,040 hectares. He alleges that the use of paraquat has a strong impact on Costa Rican production, since its use not only reduces production costs but also prevents crop losses. He declares that paraquat is a herbicide applied annually to control weeds and invasive grasses in crops including cotton, corn, and soybeans, and that no direct individual alternatives to paraquat are available. He clarifies that all paraquat products are for restricted use and can only be used by certified pesticide applicators. He believes that restricting the use of Paraquat would affect farmers, since there is no effective product to replace it, which would endanger the productivity of agricultural production, a situation that would lead to dependence on and an increase in imports of those products, coupled with an increase in smuggling and, therefore, tax evasion. He warns that the application of glyphosate has a lower cost than paraquat; however, it can only be used pre-emergently, since later, after crop establishment, it would cause damage, and therefore cannot replace it. He notes that due to this situation, it would have to be combined with glufosinate-ammonium or mechanical control, which in the end would have negative consequences for the producer as application costs would substantially increase. He adds that Glufosinate-Ammonium is a broad-spectrum herbicide, but its drawback is that its application costs are higher compared to paraquat, making the latter the best option both economically and for weed control. He maintains that it has been scientifically ruled out that Paraquat produces harm to human health if used according to the manufacturer's instructions. He points out that replacing Paraquat at this time with other products available on the market would mean increasing production costs, and that could push them out of the market, given the high existing competition; therefore, it is necessary to wait, as the Minister of Health has said, given that "since the end of last year and up to now, the ministries of Agriculture and Livestock, Health, and Environment and Energy have been carrying out arduous work regarding the regulations on agrochemicals in the country." He considers that the facts indicated, and which the appellant curiously overlooked, demonstrate that the use of Paraquat, in the doses and conditions established by its manufacturers, does not threaten health and, like any chemical product used in agriculture, it has some residual effects on the crop itself; however, in the case of Paraquat, the levels of poisoning are very low, even when compared to other products for agricultural use that have never been questioned from the point of view of the right to health protection. He reiterates that scientific evidence demonstrates that Paraquat is not a dangerous product for human health, as the appellant erroneously and maliciously claims; proof of this is that there is not a single known case of a human being who died as a direct consequence of having been occupationally exposed to a plantation where Paraquat was used. He asserts that, as demonstrated by solid scientific evidence, said product has no direct or indirect effects on human health when used according to the label and pamphlet recommendations. He emphasizes that the demands of economic development constantly come into conflict with environmental regulations when the benefit is not considered within the equation, as is done, for example, by the environmental agency of the United States (EPA) when conducting pesticide risk assessments. He concludes that the use of paraquat is consistent with the principle of sustainable development, as it allows agricultural activity to be conducted with absolute respect for the environment. Therefore, the alleged violation invoked by the appellant completely lacks legal basis.

9.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.

Drafted by Judge Salazar Alvarado; and,

CONSIDERING:

I.- SUBJECT OF THE APPEAL.

The appellant claims that, since July 2018, the respondent bodies have delayed and prevented the publication of the executive decree for the "Prohibition of the registration, importation, exportation, manufacture, formulation, storage, distribution, transportation, repackaging, refilling, handling, sale, mixing, and use of technical-grade active ingredients and formulated synthetic pesticides containing the active ingredients paraquat and diquat and their salts," thereby compromising the constitutional rights to life, health, and an ecologically balanced environment, as well as the in dubio pro natura principle, also known as the precautionary principle.

II.- PRELIMINARY MATTER. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the time periods established by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in the sub lite, an exception is raised, since this involves a complaint for an alleged violation of the right to health and the environment. Having clarified this point, we proceed to resolve the situation raised in this amparo so as not to further prolong the hearing of the complaint filed by the appellant, due to the circumstances and delays allegedly presented by the respondent authorities.

III.- ON THE COADJUVANCY FILED. Coadjuvancy is a form of adhesive intervention that occurs when a person acts in a proceeding, adhering to the claims of one of the main parties. Consequently, anyone who has a direct interest in the outcome of the appeal is entitled to act as a coadjuvant; however, not being a principal actor, the coadjuvant will not be directly affected by the judgment, that is, its effectiveness cannot reach them directly and immediately, nor does the res judicata effect of the ruling affect them (See, among others, Judgment No. 2010-000254, of 11:28 a.m. on January 8, 2010, and No. 2018019952, of 9:30 a.m. on November 30, 2018). In the case under analysis, this Chamber admits the request for passive coadjuvancy filed by Abel Chaves Trigueros, in his capacity as President of the Asociación Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña, for having a direct interest in this matter. In general terms, the applicant states that the prohibition of the use of paraquat does not affect health or the environment and that the product is necessary for the country's agricultural productivity. In this regard, numeral 34, paragraph 3, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional stipulates that anyone who has a legitimate interest in the proceeding may intervene, whether in an active or passive capacity, as a coadjuvant. Consequently, by virtue of the provisions of the aforementioned procedural rule and the statements made by the mentioned intervenor, the coadjuvancy is admissible.

IV.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts of relevance are deemed duly proven:

a) Without specifying a date, the Servicio Fitosanitario del Estado called a meeting with the Ministries of Agriculture and Livestock, Health, Environment and Energy, and Labor and Social Security to provide technical information and evaluate the prohibition of the product paraquat at the national level (see report of the respondent parties).

b) In June 2017, the inter-institutional commission composed of representatives of the Ministry of Agriculture and Livestock, Ministry of Health, Ministry of Environment and Energy, and the Ministry of Labor and Social Security prepared a report called: "Paraquat: risks to public health, occupational health, and the environment" and the draft decree "Prohibición del registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan el ingrediente activo 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridilio (paraquat) y sus sales" (see report of the respondent parties and copy of the report).

c) By official letter DPAH-UNSSAH-112-2017, of March 28, 2017, the Acting Head of the Unidad de Normalización de los Servicios de Salud en Ambiente Humanos of the Ministry of Health sent the Director of the Servicio Fitosanitario del Estado the "Reglamento sobre prohibición del paraquat y diquat" for review and to send observations within five days (see copy of the official letter).

d) By official letters MTSS-CSO-OF-09-2017 and MTSS-CSOOF-10-2017, both dated December 5, 2017, the Consejo de Salud Ocupacional, a technical body attached to the Ministry of Labor and Social Security, notified the Minister of Agriculture and Livestock and the Minister of Environment and Energy of Agreement No. 2888-2017 adopted at Ordinary Session No. 1969-2017, dated November 22, 2017, in which it was ordered: to send them the proposed decree for the "Prohibición de la importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contenga el ingrediente activo 1,1´-DIMETIL-4,4´-bipiridilio (paraquat) y sus sales," with the purpose that within a period of thirty calendar days from notification, they send their observations and indicate whether they agreed to join in signing the proposal (see report of the respondent authority, copy of the session minutes, copy of the draft decree and the official letters).

e) By official letter MTSS-CSO-OF-5-2018, of April 9, 2018, the Director of the Consejo Ocupacional of the Ministry of Labor requested the Minister of Agriculture and Livestock to submit observations regarding the prohibition of the use of paraquat (see copy of the official letter).

f) On April 17, 2018, the Dirección de Asuntos Jurídicos of the Ministry of Health requested the Imprenta Nacional to urgently publish the public consultation notice DAJ-CB-272-2018 of the Regulation in question (see report of the parties and copy of the email).

g) On April 20, 2018, in the official gazette La Gaceta No. 69, public consultation DAJ-CB-727-2018 was published, to submit to the knowledge of institutions and the general public the draft Regulation on the registration, importation, exportation, manufacture, formulation, storage, distribution, transportation, repackaging, refilling, handling, sale, mixing, and use of technical-grade active ingredients and formulated synthetic pesticides containing the active ingredients 1-1 dimetil 4-4-bipiridilio (paraquat) and its salts (see copy of the publication).

h) From April 24 to May 15, 2018, the public consultation process for the decree was carried out, and the Dirección de Gestión de Calidad Ambiental of the Ministry of Environment and Energy issued two observations in that regard, because they identified variations in the text prepared in 2017 by the technical working group (see report of the respondent authority and the link https://tramitescr.meic.go.cr/formulario/1162).

i) By official letter No. DM-MAG-237-2018 dated May 7, 2018, the Minister of Agriculture and Livestock responded to official letter MTSS-CSO-OF-9-2017, indicating that the country has decree No. 34139-S-MAG-TSS-MINAE restricting the use of paraquat, which has no negative effects on agriculture, and that it should be considered that there are no similar alternatives for agriculture, and that the prohibition could increase smuggling because neighboring countries have not prohibited its sale (see copy of the official letter and report AE-REG-0385/2018, from the Agrochemicals Department).

j) By official letter No. CSO-DE-OF-205-2018 dated July 23, 2018, the Executive Director of the Consejo de Salud Ocupacional advised the Ministry of Environment and Energy that no response was received from that entity regarding the consultation on this regulation agreed upon in Agreement No. 2889-2017 of Session No. 1969-2017 of the Board of Directors of the Council (see report of the respondent authority and copy of the official letter).

k) By official letter No. DIGECA-353-2018 dated August 14, 2018, the Dirección de Gestión de Calidad Ambiental of the Ministry of Environment and Energy responded to official letter CSO-DE-OF-205-2018, stating that it agreed with the proposal (see report of the respondent authority and copy of the official letter).

l) By official letter No. CSO-DE-OF-275-2018 dated September 17, 2018, the Executive Director of the Consejo de Salud Ocupacional of the Ministry of Labor requested Ms. Giselle Amador Muñoz, then Minister of Health, to interpose her good offices with the Dirección de Asuntos Jurídicos of said Ministry, in order to expedite the administrative procedures for the draft Regulation, which is in the possession of said Legal Department (see report of the respondent authority and copy of the official letter).

m) By official letter DIGECA-401-2018 on October 4, 2018, the Dirección de Gestión de Calidad Ambiental of the Ministry of Environment endorsed the signing of the proposed regulation provided that a correction in article 1 of the text was addressed (see report of the respondent authority and provided documentation).

n) By official letter DM810-2018 of November 27, 2018, Carlos Manuel Rodríguez, then Minister of Environment and Energy, sent the signed decree to the Ministry of Health (see report of the respondent authority and copy of the official letter).

o) By official letter DH-CV-0212-2019, of March 13, 2019, the Defensoría de los Habitantes asked the Minister of Health to report on the processing of the documents and decree proposals prepared by the inter-institutional commission in relation to glyphosate and paraquat (see copy of the official letter).

p) To date, MINAE is unaware of what happened with the draft regulation, and the work on agrochemical regulations currently being carried out is focused on the preparation of regulations for the registration of pesticides and other agricultural inputs (see report of the respondent parties).

q) The Dirección de Gestión de Calidad Ambiental of the Ministry of Environment and Energy supports the prohibition of paraquat as soon as possible and recommends requesting the Ministry of Health for the latest version of the proposed decree to review it and proceed with the respective signature by the Minister of Environment and Energy (see report of the respondent party).

r) To date, no work has been done on the preparation of the report and proposal for a decree prohibiting the diquat molecule (see report of the respondent party).

s) As of today, the Ministry of Labor and Social Security is awaiting communication from the Ministry of Health regarding the results of public consultation DAJ-CB-727-2018, published in La Gaceta No. 69 of Friday, April 20, 2018 (see report of the respondent authority).

t) To date, the Dirección de Calidad Ambiental of the Ministry of Environment and Energy maintains the opinion expressed in the technical report "Paraquat: risks to public health, occupational health, and the environment" due to concerns about the effects on the environment generated by the use of this product as an herbicide, such as the contamination of groundwater and soil, as well as the death of organisms that are the base of the trophic chain, which destabilizes the natural balance of ecosystems (see report of the respondent authority).

u) On May 27, 2021, the appellant, in her capacity as President of the Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad, requested information on the current status of the project for publication in La Gaceta of the executive decree to make effective the "PROHIBICIÓN DEL REGISTRO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE, REEMPAQUE, REENVASE, MANIPULACIÓN, VENTA, MEZCLA Y USO DE INGREDIENTES ACTIVOS GRADO TÉCNICO Y PLAGUICIDAS SINTÉTICOS FORMULADOS QUE CONTENGAN LOS INGREDIENES ACTIVOS PARAQUAT Y DIQUAT Y SUS SALES," supported by the technical-scientific report "Paraquat: riesgos a la salud pública, salud laboral y al medio ambiente," prepared by technicians from MAG, MTSS, Minae, and Ministry of Health, 34 months ago (July 2018). She indicated the email address [email protected] for notifications (see copy of the communication).

v) By official letter MS-DM-4639-2021, of June 8, 2021, the Minister of Health informed the appellant, in her capacity as President of the Asociación Red de Coordinación en biodiversidad, that "...The regulatory proposal you mention was not finalized because, since the end of last year and to date, the ministries of Agriculture and Livestock, Health, and Environment and Energy have been carrying out arduous work regarding the regulations on agrochemicals in our country, prioritizing the issue of renewal of existing registrations, as well as the registration of new molecules, which, once finalized, will allow regulations of interest, such as the decree you inquire about, to be analyzed and promulgated, without generating contradictions with the review and updating work on the subject that has been carried out and is expected to be completed soon" (see copy of the official letter).

V.- ON THE RIGHT TO HEALTH AND TO ENJOY A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. Public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are recognized constitutionally (articles 21, 50, 73, and 89 of the Constitution), as well as through international regulations. In this regard, this Constitutional Court, in Judgment No. 3705-93, of 3:00 p.m. on July 30, 1993, stated the following:

"(...) Environmental quality is a parameter of that quality of life; other no less important parameters are health, food, work, housing, education, etc., but more important than that is to understand that while man has the right to use the environment for his own development, he also has the duty to protect it and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is nothing more than the translation into this matter of the principle of 'lesión,' already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: on the one hand, the equal rights of others, and on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself (...)".

Likewise, there is an obligation of the State to protect the environment that is expressly contemplated in the second paragraph of article 50 of the Political Constitution, which provides as relevant:

"(...) Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe that right and to demand reparation for the damage caused (...)".

In relation to the foregoing, this Chamber, through Judgment No. 180-98, of 4:24 p.m. on January 13, 1998, ordered the following:

"(...) the State not only has the unavoidable responsibility to ensure that the health of each of the individuals that make up the national community does not suffer damage from third parties in relation to these rights, but it must also assume the responsibility of achieving the social conditions conducive to each person being able to enjoy their health, understanding such right as a state of physical, mental, and social well-being (...)".

On the other hand, infra-constitutional regulations develop this right, and in this sense, the General Health Law authorizes the Ministry of Health to take the corresponding sanitary measures and impose sanctions in order to protect the environment and the right to health of persons. Likewise, it should be noted that this Court, as guarantor of fundamental rights, stands as a controller of compliance with the obligations derived from the provisions of articles 21 and 50 of the Political Constitution, which constrain the State not only to recognize the indicated rights but also to use material and legally legitimate means to guarantee them.

VI.- ON THE REGULATION OF THE USE OF PESTICIDES As indicated above, the right to life, to health, and to a healthy environment are fundamental rights regulated in articles 21 and 50 of the Political Constitution and their protection is of public interest. Precisely for that reason, the State has the obligation, in order to protect the health of the population, and the environmental precautionary principle, to regulate the use of chemical or similar substances for agricultural use, so that they are managed correctly, reasonably, and do not generate risks to human health and the environment. Furthermore, it also has the responsibility to guarantee the well-being of citizens and an ecologically balanced environment. In this regard, the Chamber has established that the State must have a guarantor role with respect to the proper use of pesticides and the avoidance of their harmful effects on health and the environment. In this sense, in Judgment No. 2004-13968 of 11:35 a.m. on December 3, 2014, it stated:

"III.- That report [FOE-AM-19/2004 of October 20, 2004, conducted by the Agricultural Services and Environment Area of the Operative and Evaluative Auditing Division of the Contraloría General de la República, on the evaluation of the State's management regarding the control of agricultural pesticides] originated from the need to audit the administrative process related to one of the most pressing environmental problems that the country must resolve, which is the use of chemical, biological, or similar substances in agricultural activities, and given the need for the State to intervene by exercising a regulatory function over the use of agrochemicals, guaranteeing farmers the availability on the market of effective products for pest control and, at the same time, the protection of the health of the citizenry in general and their right to a healthy and ecologically balanced environment. The report indicated that this control is exercised mainly by the Ministry of Agriculture and Livestock, through the Servicio Fitosanitario del Estado, which must work in coordination with the Ministry of Health and the Ministry of Environment and Energy, regarding the control of impacts on health and the environment, as well as with the Ministry of Finance regarding the importation and exoneration of such products. Its general objective was to evaluate the State's management regarding the control of pesticides used in agricultural activities and their effect on the environment and human health, mainly the actions of the Servicio Fitosanitario del Estado of the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG); and the specific objectives of the study were: a) to evaluate national policies and stewardship in the field of control over the use of pesticides, identifying the participating institutions and their competencies, b) to evaluate the pesticide registration process in the country and associated regulations, c) to evaluate the exoneration and importation process of pesticides in the country, and d) to evaluate the oversight and monitoring of pesticide use.

IV.- In that report, the Contraloría concluded that the Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) does not fulfill its creation objectives efficiently and in adherence to the principle of legality, which call it to regulate, execute, and audit the registration and use of agrochemicals, within the framework of agricultural activity in harmony with nature and in faithful compliance with the constitutional principles of the right to life, health, and a healthy environment. It determined that, on the contrary, said body's actions are oriented toward facilitating the registration and commercialization of such substances, justified on a supposed interest in improving the competitiveness of agricultural producers, but rather, those objectives seem aimed at promoting competition in the pesticide market, above the constitutional rights of the same farmers and the environmental and human health principles. It concluded that the companies most benefited by the SFE's facilitating function have been those engaged in the sale of agrochemicals, especially so-called generics, to the detriment of producers and consumers of agricultural goods. It clarified that this does not mean that pesticides of this type cannot be registered in the country, but rather that their registration must be done respecting the regulations and ensuring the Costa Rican population the protection of their health and the fundamental right they have to a healthy and ecologically balanced environment, and protecting the national farmer's right to have quality inputs; without prejudice to the necessary actions that the State must execute to seek the gradual reduction of pesticide use and the promotion of alternative mechanisms. These considerations prompted the Contraloría General de la República to issue a series of final dispositions directed to the President of the Republic and the Ministers of National Planning and Economic Policy, Agriculture and Livestock, Health, Environment and Energy, and Economy, Industry and Commerce, as well as to the Internal Auditor of the Ministry of Agriculture and Livestock."

Similarly, in Judgment No. 2006-09565, of 4:08 p.m. on July 5, 2006, this Court held:

"(...) it is evident that the Costa Rican State has the duty to act effectively and in advance to prevent the occurrence of events that degrade the environment and compromise its sustainability."

And, in No. 2011-016937 of 2:36 p.m. on December 7, 2011, it ordered:

"(...) VIII.- ON REGULATION REGARDING THE REGISTRATION OF PESTICIDES. The proper use of pesticides can be useful for the control and elimination of pests, for the benefit of the food security of the population and the economic activity based on agricultural production. However, the potential risk that the use of such substances can imply for human health and the environment must be recognized. This has even motivated the adoption of international instruments with the express objective of protecting human health—including the health of consumers and workers—and the environment from the possible harmful effects of pesticides, as is the case of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade, which was approved by Costa Rica, through Law No. 8705 of February 13, 2009.

(...) this Court has recognized the risk that the use of pesticides can entail and the importance of adopting suitable measures to regulate their use. In the Costa Rican legal system, there is diverse legal and regulatory normativity from which it follows that the activity of importation, manufacture, commercialization, and use of pesticides is strongly subject to the police power of the State, in order to guarantee the right to health and a healthy and ecologically balanced environment."

VII.- ON THE MERITS. In the case under study, according to what was indicated by the respondent authorities, the herbicide under the brand name "Paraquat" has been classified by the World Health Organization as a moderately hazardous pesticide (Class II), which is why, since 2017, an inter-institutional commission was formed composed of representatives of the Ministry of Agriculture and Livestock, Ministry of Health, Ministry of Environment and Energy, and the Ministry of Labor and Social Security, who prepared a report warning about the risks that said chemical produces to public health, occupational health, and the environment. For this reason, they prepared a draft of an executive decree called "Prohibición del registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan el ingrediente activo 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridilio (paraquat) y sus sales." In this regard, it is necessary to point out that even though since 2018, the project was submitted to public consultation and for knowledge by the Ministers of the portfolios of Agriculture and Livestock, Environment and Energy, Labor and Social Security, and Health, after that, its processing was abandoned, without there being evidence before this Chamber of a reason that justifies such inactivity or the issuance of any administrative act by which said procedure was concluded for whatever reasons. In turn, it calls the Chamber's attention that it is through the reports rendered on the occasion of this amparo that the agencies of the Ministry of Environment and Energy and of Labor and Social Security advocate for its approval and publication, in the interest of protecting the environment and public health. In his defense, the Minister of Health reiterates what was already communicated to the appellant, in the sense that "...The regulatory proposal you mention was not finalized because, since the end of last year and to date, the ministries of Agriculture and Livestock, Health, and Environment and Energy have been carrying out arduous work regarding the regulations on agrochemicals in our country, prioritizing the issue of renewal of existing registrations, as well as the registration of new molecules, which, once finalized, will allow regulations of interest, such as the decree you inquire about, to be analyzed and promulgated, without generating contradictions with the review and updating work on the subject that has been carried out and is expected to be completed soon." Thus, the foregoing confirms the fact that from 2018 to 2020, the approval process of said regulation remained in limbo, even though in 2019, the Defensoría de los Habitantes asked the Minister of Health to report on the processing given to the documents and proposals for the executive decree prepared by the inter-institutional commission, in relation to glyphosate and paraquat. Following that line, it is clear that the Chamber is not a technical body that can elucidate whether said product should be prohibited or not, nor can it replace the active administration in the management of its competencies, since it is not its role to usurp the powers legally conferred to other agencies or bodies. That being the case, the Chamber lacks competence to review the technical criteria that serve as the basis for the draft executive decree in question, as well as to determine, among different divergent criteria, which one should be applied or prevail, since, as can be observed with crystal clarity, the respondent state authorities hold absolutely opposing criteria regarding the effects produced by the use of the pesticide known as paraquat on human health and the environment in general. This Chamber cannot, in this particular case and because it is a strictly technical matter, endorse the opinion of one public authority to the detriment of another, when the respondents are specialists in the subject matter under study and support their opinions based on scientific studies issued for that purpose. Even less so, could it proceed to analyze each of the technical studies submitted to the case file by the parties, as well as by the passive coadjuvant, to finally determine which of all of them should prevail under the circumstances described in this proceeding and, therefore, compel the approval and publication of the norm. However, in the interest of protecting the right to health and the environment, and in accordance with the precautionary principle, it is on record that the State has already issued Executive Decree No. 34139-S-MAG-TSS-MINAE, of April 9, 2007, which regulates the registration, manufacture, formulation, repackaging, storage, sale, mixing, commercialization, and use, of raw material or formulated product, of products containing the agricultural pesticide paraquat dichloride, with the purpose that they be managed correctly and reasonably, and do not generate unacceptable risks to human health and the environment. Thus, despite the unknown outcome that the approval or non-approval of the draft executive decree will have in the legal system, it is considered that at present, the population and the environment are not completely unprotected.

VIII.- In that vein, it is important to mention that the precautionary pro natura principle implies anticipating negative effects and ensuring the protection, conservation, and proper management of natural resources.

Consequently, this principle or the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or the health of persons. Within this framework, the constitutional case law has determined that in the event that there is a risk of serious or irreversible harm—or a doubt in this regard—precautionary measures must be adopted and the activity in question may even be postponed. The foregoing, because in environmental matters, ex post coercion proves ineffective, since if the biologically and socially harmful consequences have already occurred, the repression may have moral significance, but it will hardly compensate for the damages caused to the environment or health. Thus, today the precautionary action of the State must be directed toward the protection of the environment even though there is no conclusive evidence reflecting a cause-effect relationship between the activity being carried out and the possible harmful consequences as a result of it, using the best available techniques to minimize possible damages and dangers to nature and the environment. For this reason, the Costa Rican legal system itself has imposed at the legal level the requirement to carry out prior studies before executing an activity that could eventually have harmful effects on the environment, and which, based on the foregoing, constitute constitutionally imposed duties to guarantee the right of all to enjoy health and a healthy and balanced environment (in a similar sense, see Judgment No. 2010-007292, of 19:08 hours on April 20, 2010). In this regard, the Chamber considers that in the case under analysis, the right to prompt and complete justice has been violated in relation to the precautionary principle, which does not permit passive action by the State regarding the protection of the health of the inhabitants and the environment. It should be noted that four years have elapsed since the inter-institutional commission composed of officials from the Ministry of Agriculture and Livestock, Ministry of Health, Ministry of Environment and Energy, and the Ministry of Labor and Social Security prepared the report: “Paraquat: risques to public health, occupational health and the environment” and the draft decree “Prohibition of the registration, import, export, manufacture, formulation, storage, distribution, transport, repackaging, refilling, handling, sale, mixing and use of technical-grade active ingredients and formulated synthetic pesticides containing the active ingredient 1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridinium (paraquat) and its salts”; and, to date, the position of the Minister of Health on the matter is unknown. It is noted that both the then Minister of Environment and Energy and the Minister of Labor and Social Security expressed their agreement with promulgating said regulation, but not the Minister of Agriculture and Livestock. In his defense, the Minister of Health alleged that “…The proposed regulation you mention did not materialize because, from the end of last year until now, the ministries of Agriculture and Livestock, Health, as well as Environment and Energy have been carrying out arduous work regarding the regulations on agrochemicals in our country, prioritizing the issue regarding the renewal of existing registrations, as well as the registration of new molecules, which, once completed, will allow the regulation of interest, such as the decree you are inquiring about, to be analyzed and promulgated, without generating contradictions with the review and updating work on the subject that has been underway and is expected to be completed soon (…)”. However, it is no excuse that since last year the health authorities have been working on an agrochemical regulation, given that said draft was brought to the attention of said authority in 2018, that is, two years before they began studying the subject. Thus, said delay has generated uncertainty regarding the prohibition or not of an agrochemical product, and therefore there is an administrative delay that could eventually constitute a threat to health and the environment. In turn, said situation has meant that the technical criteria used to issue the report that gave rise to the project alleged by the appellant must be reviewed and updated, which is why the appealed authorities must verify the existence of new scientific and technological advances that could provide new elements to demonstrate whether or not the pesticide paraquat actually harms health and the environment.

IX.- CONCLUSION. Specifically, the Chamber does not have clear and compelling elements to determine, through an amparo proceeding, whether the pesticide should be prohibited because it is harmful or not and, consequently, whether its commercialization and use in the country should be prohibited, given that any proposal tending to restrict or prohibit the agricultural use of a pesticide in the country must observe the procedures previously established for that purpose by the legal system, which must be carried out within reasonable timeframes, and the Chamber cannot compel the promulgation or not of an executive decree within a reasonable timeframe, without demonstrating, through updated technical and scientific studies, that the product damages health or the environment. Even so, in this case, what is proven is that there has been an unjustified delay in the resolution regarding the approval or not of the project proposal by the Ministry of Health, which has caused that to date, the report that gave rise to the project in question is outdated, and it is necessary to justify, as of today, the project for the Regulation. Consequently, the appropriate action is to grant the appeal, with the consequences indicated in the operative part of this judgment.

X.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ REGARDING THE CLAIM OF VIOLATION OF ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION.

1. The historical context that at the time motivated the broad intervention of the Chamber in environmental matters has undergone a considerable variation that requires this body to reconsider the conditions for its participation in ensuring the right of persons to a healthy and balanced environment, as has been protected under Article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation—characterized by a vast production of laws and regulations that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies for compliance with what is ordered in the Fundamental Charter—is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state entities with appropriate competence imposed on the Chamber a role as protagonist, almost unique, in the defense of the aforementioned constitutional right.

2. Today, we are faced with a “dense network” of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of a comprehensive legal regulation regarding activities whose impact on the environment was little or not at all regulated, as well as the creation of state bodies with powers of oversight and control over the effects of human activity on the surroundings. The second phenomenon is that this increasing juridification—predominantly legislative and regulatory—brings with it an unavoidable entry onto the scene of both administrative justice and the ordinary jurisdiction—primarily the administrative contentious, but also the criminal. In these, in accordance with the importance of environmental law, broad procedural avenues and inclusive means of standing have been regulated, so that the administered can enforce what is established in that broad legal order related to environmental matters.

3. In this context, it is not legally appropriate, nor from the functional point of view, for the Constitutional Chamber to displace, or—worse yet—substitute, the ordinary justice bodies in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective compliance with laws and regulations. It is legally inappropriate because in the vast majority of these cases what is requested is that it interpret and enforce legal and regulatory norms, with which it risks overlapping its powers with those of other jurisdictional bodies that—they indeed—have been created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect, because the design of its processes is ill-suited to the complexity present in numerous environmental conflicts that are composed of series of technically and legally complex facts and acts. On both questions there are well-known examples in which the Chamber has issued a partial or technically incomplete resolution, or unnecessary frictions and impacts on legal certainty have been generated.

4. As part of the technical aspects that I have assessed, I add the fact that this jurisdiction does not have sentence-executing judges to allow appropriate monitoring of the same—generally complex—which sometimes involve monitoring remedial plans, among other things, with inter-institutional coordination and monitoring over months and even years.

5. From this perspective, the decision to take a step aside in environmental matters by this Court should not be seen as an abandonment of the environmental field, but on the contrary, of its adequate protection in the instance that best suits the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should not be seen as the declination of this instance in its task of protecting constitutional rights imposed by the Political Constitution and its Organic Law, which from my point of view, is reserved in this matter for specific cases. Rather, it is an exercise of rearrangement of the burdens and tasks corresponding to the different state bodies, so that each of them can fully deploy its work within the sphere assigned to it, as well as the exercise of defining its own jurisdiction, as established in Article 7 of its Organic Law.

6. It is clear that the Chamber does not propose to abandon to other jurisdictions the task of protecting the rights of persons in environmental matters. It is known that although any claim for violation of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of constitutional law. It is a matter, then, of ensuring that the Chamber becomes a protagonist together with others, so that—all together and each in its own space—the entire variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment can be covered within a society in which other equally pressing needs also exist. With this position I firmly believe that the citizen does not lose an iota of protection but gains substantially in breadth, in perspective, and in respect for the balance and distribution of powers, this latter principle being of obligatory consideration, since it governs the constitutional dynamic of any liberal and democratic system such as ours.-

7. In line with the above, I maintain that this Chamber should refrain from hearing claims presented to it for alleged violations of Article 50 of the Political Constitution, leaving their hearing to the administrative justice and the contentious-administrative jurisdiction. The foregoing is affirmed as a general principle, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my opinion, would still be better protected by this Chamber and therefore should be heard and resolved by it.- Within such groups of cases, and without this listing being considered a closed and definitive list, I can state that the Chamber should reserve the hearing of situations such as, for example, claims for environmental violations that also directly endanger people's health, or the access to or quality of water; cases of gross and direct violations to the environment in which a glaring absence of protection by the state authorities is confirmed, provided always that the nature of the claim also allows it to be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural mechanism, since I also consider that the amparo should not be “ordinary-ized” to address, even in these cited cases, matters that exceed the capacity to be adequately attended to within it.

8. In the specific case, in accordance with the proven facts, none of the exceptions mentioned are present and the situation raised falls within those cases in which the intervention of the means of protection of the Administration and the ordinary justice prove to be a broader and more complete avenue for the issue discussed, which involves a discussion of advantages and disadvantages and assessment of benefits, requiring abundant evidence, follow-ups and studies that exceed the scope of the amparo. Thus, Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction should have been applied and the appeal rejected outright; however, since this did not occur, it is now appropriate to declare the amparo filed without merit.

XI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period shall be destroyed, pursuant to the provisions of the “Regulation on Electronic Case Files before the Judicial Branch”, approved by the Corte Plena in Session No. 27-11, of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin No. 19, of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, Article LXXXI.

THEREFORE:

The appeal is granted. Daniel Salas Peraza, in his capacity as Minister of Health, is ordered, within a period of THREE DAYS from the notification of this judgment, to convene the inter-institutional commission made up of representatives of the Ministry of Agriculture and Livestock, Ministry of Health, Ministry of Environment and Energy, and the Ministry of Labor and Social Security so that they proceed to update the profile report on the herbicide Paraquat, “Risks to public health, occupational health and the environment”, as well as the proposed Executive Decree “Prohibition of the import, export, manufacture, formulation, storage, distribution, transport, repackaging, refilling, handling, sale, mixing and use of technical-grade active ingredients and formulated synthetic pesticides containing the active ingredient 1,1´-DIMETHYL-4,4´-bipyridinium (paraquat) and its salts”, as well as the draft regulation, and once the latest version of said project has been brought to his attention, and the corresponding administrative procedures have been completed, he must within a PERIOD OF TWO MONTHS proceed to review and provide his opinion on said proposal. The foregoing, under the warning that based on the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on whoever receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding and fails to comply with it or fails to have it complied with, provided the crime is not more severely punishable. The State is ordered to pay the costs, damages and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Hernández López dissents and declares the appeal without merit. Notify.-

Fernando Castillo V.

President

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Marta Eugenia Esquivel R.

Digitally Signed Document

-- Verification Code --

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SDIWCRBPXRU61

CASE FILE No. 21-013723-0007-CO

Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6

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