Res. 24807-2021 Sala Constitucional — Constitutional Chamber orders completion of studies on Fipronil's impact on pollinatorsSala Constitucional ordena culminar estudios sobre afectación del Fipronil en polinizadores

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Sala Constitucional

Resolución Nº 24807 - 2021

Fecha de la Resolución: 05 de Noviembre del 2021 a las 09:20

Expediente: 21-016578-0007-CO

Redactado por: Paul Rueda Leal

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL



Sentencias Relacionadas Sentencias del mismo expediente

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

FAUNA.

24807-21. SE ORDENA A VARIAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, QUE, EN EL PLAZO DE TRES MESES, EL EQUIPO DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL CONFORMADO PARA DETERMINAR LA AFECTACIÓN DEL FIPRONIL EN ABEJAS Y OTROS INSECTOS POLINIZADORES CULMINE TODOS LOS ESTUDIOS TÉCNICOS REQUERIDOS Y RINDA EL INFORME FINAL CORRESPONDIENTE; SI SE DETERMINARE QUE EL USO AGRÍCOLA O VETERINARIO DE ESE PLAGUICIDA CAUSA DAÑOS GRAVES A ESTOS SERES VIVOS Y PERJUDICA SU FUNCIÓN POLINIZADORA, EL INFORME RESPECTIVO DEBERÁ INCLUIR LAS MEDIDAS ADECUADAS PARA RESOLVER LA SITUACIÓN Y SU PLAZO DE EJECUCIÓN. 


"En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha subrayado que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentra reconocido tanto a nivel constitucional como convencional. Asimismo, se ha indicado que la protección efectiva a ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, contexto en que el Estado y la ciudadanía en general deben actuar según los principios que rigen la materia ambiental. En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos."






LBH12/22


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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 050- Ambiente

Subtemas:

NO APLICA.

24807-21. SE ORDENA A VARIAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, QUE, EN EL PLAZO DE TRES MESES, EL EQUIPO DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL CONFORMADO PARA DETERMINAR LA AFECTACIÓN DEL FIPRONIL EN ABEJAS Y OTROS INSECTOS POLINIZADORES CULMINE TODOS LOS ESTUDIOS TÉCNICOS REQUERIDOS Y RINDA EL INFORME FINAL CORRESPONDIENTE; SI SE DETERMINARE QUE EL USO AGRÍCOLA O VETERINARIO DE ESE PLAGUICIDA CAUSA DAÑOS GRAVES A ESTOS SERES VIVOS Y PERJUDICA SU FUNCIÓN POLINIZADORA, EL INFORME RESPECTIVO DEBERÁ INCLUIR LAS MEDIDAS ADECUADAS PARA RESOLVER LA SITUACIÓN Y SU PLAZO DE EJECUCIÓN. 


"En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha subrayado que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentra reconocido tanto a nivel constitucional como convencional. Asimismo, se ha indicado que la protección efectiva a ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, contexto en que el Estado y la ciudadanía en general deben actuar según los principios que rigen la materia ambiental. En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos."






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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 021- Vida humana

Subtemas:

NO APLICA.

24807-21. SE ORDENA A VARIAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, QUE, EN EL PLAZO DE TRES MESES, EL EQUIPO DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL CONFORMADO PARA DETERMINAR LA AFECTACIÓN DEL FIPRONIL EN ABEJAS Y OTROS INSECTOS POLINIZADORES CULMINE TODOS LOS ESTUDIOS TÉCNICOS REQUERIDOS Y RINDA EL INFORME FINAL CORRESPONDIENTE; SI SE DETERMINARE QUE EL USO AGRÍCOLA O VETERINARIO DE ESE PLAGUICIDA CAUSA DAÑOS GRAVES A ESTOS SERES VIVOS Y PERJUDICA SU FUNCIÓN POLINIZADORA, EL INFORME RESPECTIVO DEBERÁ INCLUIR LAS MEDIDAS ADECUADAS PARA RESOLVER LA SITUACIÓN Y SU PLAZO DE EJECUCIÓN. 


“VI.- SOBRE LA REGULACIÓN DEL USO DE LOS PESTICIDAS. Como se indicó líneas atrás, el derecho a la vida, a la salud y a un ambiente sano, son derechos fundamentales regulados en los artículos 21 y 50, de la Constitución Política y su protección es de interés público. Precisamente, es por esa razón que el Estado tiene la obligación, en aras de proteger la salud de la población, y el principio precautorio ambiental de regular el uso de las sustancias químicas o afines para uso agrícola, de forma que sean manejadas correcta, razonablemente y que no generen riesgos para la salud humana y el ambiente. Además, que también tiene la responsabilidad de garantizar el bienestar de los ciudadanos y un ambiente ecológicamente equilibrado. En torno a esto, la Sala ha establecido que el Estado debe tener un papel de garante con respecto al uso adecuado de plaguicidas y la evitación de sus efectos nocivos sobre la salud y el ambiente."





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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA

Tema: Precautorio

Subtemas:

NO APLICA.

24807-21. SE ORDENA A VARIAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, QUE, EN EL PLAZO DE TRES MESES, EL EQUIPO DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL CONFORMADO PARA DETERMINAR LA AFECTACIÓN DEL FIPRONIL EN ABEJAS Y OTROS INSECTOS POLINIZADORES CULMINE TODOS LOS ESTUDIOS TÉCNICOS REQUERIDOS Y RINDA EL INFORME FINAL CORRESPONDIENTE; SI SE DETERMINARE QUE EL USO AGRÍCOLA O VETERINARIO DE ESE PLAGUICIDA CAUSA DAÑOS GRAVES A ESTOS SERES VIVOS Y PERJUDICA SU FUNCIÓN POLINIZADORA, EL INFORME RESPECTIVO DEBERÁ INCLUIR LAS MEDIDAS ADECUADAS PARA RESOLVER LA SITUACIÓN Y SU PLAZO DE EJECUCIÓN. 


"En ese orden de ideas, es importante mencionar que el principio precautorio pro natura implica anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos naturales. Consecuentemente, este principio o el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. En este marco, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que en caso que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto- se debe adoptar las medidas de precaución e inclusive posponer la actividad que se trate."






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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 8. JURISPRUDENCIA CIDH

Tema: SENTENCIAS SALA CONSTITUCIONAL - CORTE IDH

Subtemas:

Opinión Consultiva.

“…Interesa también resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, desarrolló lo atinente a las obligaciones estatales en relación con el medio ambiente, en aras de la salvaguardia a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Interesa también resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, desarrolló lo atinente a las obligaciones estatales en relación con el medio ambiente, en aras de la salvaguardia a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos…” 24807-21

CO11/22

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Texto de la resolución

*210165780007CO*

Exp: 21-016578-0007-CO

Res. Nº 2021024807

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del cinco de noviembre de dos mil veintiuno .

                

                Recurso de amparo interpuesto por CATALINA CRESPO SANCHO, cédula de identidad n.°0108780086, en su condición de defensora de los Habitantes , contra el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG), el MINISTERIO DE SALUD y el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE).

 

Resultando:

 
1.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 8:32 horas de 24 de agosto de 2021, la recurrente, en su calidad de defensora de los Habitantes, interpuso recurso de amparo contra el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía. Manifiesta que el 21 de abril de 2021 recibió en su despacho una denuncia de Juan Bautista Alvarado Barrantes, presidente de la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura, planteada ante el MAG, el Ministerio de Salud y el MINAE. Tal gestión se refiere a una solicitud de prohibición total y definitiva de la importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvasado, anuncio, manipulación, mezcla, venta y empleo de los productos que contengan como ingrediente activo Fipronil, así como la cancelación de los registros de estos productos. Señala que en esa denuncia se argumentó que el uso del Fipronil, insecticida autorizado para uso agrícola, ha ocasionado en el país la muerte masiva de abejas, cuya función como polinizadores es esencial, tanto en los ecosistemas naturales como en la actividad agrícola. Al respecto, refiere que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha señalado que el declive mundial en las poblaciones de abejas implica una seria amenaza para una gran variedad de plantas críticas para el ser humano y los medios de vida. Asimismo, las abejas aseguran la polinización y, de este modo, la reproducción de muchas plantas silvestres y cultivadas, lo que es crucial para la producción de alimentos, los medios de vida humanos y la biodiversidad. Además, la polinización beneficia la nutrición humana, ya que no solo permite la producción de cantidad de frutas, nueces y semillas, sino que también contribuye a una mayor variedad y mejor calidad de ellas. Resalta que la Defensoría de los Habitantes les solicitó a los ministerios de Agricultura, Ambiente y Energía, y Salud, como entidades competentes para el registro y autorización de uso de los agroquímicos, que rindieran, cada uno, un informe acerca de las acciones emprendidas para atender la denuncia y gestión planteada por el interesado. Agrega que, al analizar los informes aportados, la Defensoría de los Habitantes interpone este amparo con base en lo siguiente: 1. La zoopolinización desempeña una función vital como servicio ecosistémico regulador de la naturaleza. A nivel mundial, casi el 90% de las fitoespecies florales silvestres dependen, al menos parcialmente, de la transferencia de polen por los animales. Esas plantas son fundamentales para el buen funcionamiento de los ecosistemas por cuanto producen alimentos, forman hábitats y aportan recursos a muchas otras especies. 2. Más de las tres cuartas partes de los principales tipos de cultivos alimentarios mundiales dependen en cierta medida de la zoopolinización en cuanto al rendimiento o la calidad. Los cultivos que dependen de los polinizadores representan hasta el 35% de la producción agrícola mundial. 3. Los productos alimentarios que dependen de los polinizadores contribuyen en gran medida a una alimentación sana y una buena nutrición. Las especies que dependen de los polinizadores abarcan muchos cultivos de frutas, vegetales, semillas, nueces y aceites, los cuales aportan numerosos micronutrientes, vitaminas y minerales a la dieta humana. 4. Tanto los polinizadores silvestres como los gestionados desempeñan funciones importantes a nivel mundial en la polinización de los cultivos, aunque su contribución relativa varía según el cultivo y la ubicación. El rendimiento y la calidad de la cosecha dependen tanto de la abundancia como de la diversidad de los polinizadores. Una comunidad de polinizadores diversa generalmente proporciona una polinización más eficaz y estable que una sola especie. La diversidad de polinizadores contribuye a la polinización de los cultivos, aun cuando las especies gestionadas (por ejemplo, las abejas melíferas) estén presentes en gran abundancia. La contribución de los polinizadores silvestres a la producción agrícola está infravalorada. 5. Los polinizadores son fuente de múltiples beneficios para las personas, pues, además de productos alimenticios, contribuyen directamente a la elaboración de medicamentos, biocombustibles, fibras, materiales de construcción, instrumentos musicales, artes y artesanías. Los polinizadores son símbolos espirituales muy importantes en muchas culturas. 6. La abundancia, diversidad y salud de los polinizadores y la provisión de polinización están amenazadas por factores de cambio directos que entrañan riesgos para las sociedades y los ecosistemas. Entre las amenazas figuran el cambio en el uso de la tierra, la gestión intensiva de la agricultura y del uso de los plaguicidas, la contaminación ambiental, las especies exóticas invasoras, los patógenos y el cambio climático. La insuficiencia o complejidad de los datos hace difícil establecer un vínculo explícito entre la disminución de los polinizadores y alguno de los distintos factores directos o una combinación de estos; empero, numerosos estudios monográficos realizados en todo el mundo apuntan a que esos factores directos suelen afectar negativamente a los polinizadores. 7. El riesgo que representan los plaguicidas para los polinizadores resulta de una combinación de toxicidad y nivel de exposición que varía geográficamente según los compuestos empleados, la escala de la gestión de la tierra y la dimensión del hábitat en el paisaje. Se ha demostrado que los plaguicidas, en especial los insecticidas, tienen muchos efectos letales y subletales en los polinizadores en condiciones experimentales controladas. 8. La exposición de los polinizadores a los plaguicidas puede disminuirse reduciendo su uso, buscando otras formas de control de las plagas, y adoptando una serie de prácticas de aplicación específicas, en especial, las técnicas dirigidas a reducir la dispersión de los plaguicidas. Entre las medidas para reducir el uso de plaguicidas cabe mencionar la promoción del manejo integrado de plagas, complementada con la educación de los agricultores, la agricultura orgánica y la implantación de políticas destinadas a reducir el uso de plaguicidas a nivel mundial. La evaluación de los riesgos, que debe tener en cuenta a los diferentes niveles de riesgo para las especies de polinizadores silvestres y gestionadas en función de sus características biológicas, puede ser un instrumento eficaz para definir el uso de plaguicidas inocuos para los polinizadores. 9. La apicultura fue declarada de interés público como una actividad de importancia para el desarrollo ambiental, social y económico de Costa Rica y declaratoria del día nacional de las abejas y otros polinizadores, según Ley No. 9929. 10. En Costa Rica, durante el año 2020 se reportaron dos eventos de mortalidad masiva de abejas; el primero ocurrió el 8 de mayo en Esparza, Puntarenas, mientras que el segundo acaeció el 12 de agosto en Orotina, Alajuela. 11. La Unidad de Residuos y Contaminantes en Alimentos de Origen Terrestre del Servicio Nacional de Salud Animal del MAG reportó que en las muestras analizadas (abeja proveniente de la colmena) de ambos sitios había presencia del plaguicida Fipronil. 12. El Fipronil es un insecticida de amplio espectro, cuyo uso en cultivos ya no está aprobado en la Unión Europea; sin embargo, puede usarse como tratamiento veterinario para el control de parásitos en animales no destinados a la cadena alimentaria. 13. El Fipronil, número CAS 120068-37-3, tiene baja solubilidad en agua, baja volatilidad, y no es muy móvil en el ambiente. Puede ser bastante persistente en los sistemas de suelo, pero lo es menos en los sistemas acuáticos y de sedimentos; es muy tóxico para los humanos y puede bioacumularse; se considera un neurotóxico e irritante tanto para los ojos como para la piel; es muy tóxico para los mamíferos, aves y abejas, pero un poco menos para los peces, invertebrados acuáticos, plantas acuáticas y lombrices de tierra. 14. La Unidad de Evaluación Ambiental de Agroinsumos (UEAA) de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), dependencia técnica encargada de la evaluación de agroinsumos por parte del MINAE, elaboró el informe de mortalidad de abejas 2021, en el que se realizó una evaluación de riesgo ambiental para el ingrediente activo grado técnico (IAGT) Fipronil. 15. La evaluación de riesgo ambiental determinó que el Fipronil representa riesgos inaceptables para las abejas, tanto para la dosis más alta como para las más baja. 16. Las abejas son la especie que se toma como representativa de los insectos polinizadores, por lo que el Fipronil no solo supone un riesgo para sus poblaciones sino también para la biodiversidad de los ecosistemas y la propia estabilidad del ser humano, quien depende del trabajo de polinización de las abejas. 17. El Fipronil se considera altamente tóxico para aves, peces, invertebrados acuáticos y muy altamente tóxico para algas. Es moderadamente persistente en suelo y en sistemas agua/sedimento, y cuando se degrada produce otros metabolitos que sí son persistentes. 18. En Costa Rica existen 6 registros de ingredientes activos grado técnico (IAGTs) y productos formulados del Fipronil, así como 3 registros para exportación y 3 registros para uso nacional, cuya fecha de vencimiento está expirada. Asimismo, hay 12 registros de productos formulados, 7 para exportación y 5 para uso nacional. 19. De acuerdo con el sistema de información de DIGECA, no consta que el MINAE haya emitido algún respaldo técnico que avale los registros de IAGTs y productos formulados del Fipronil. 20. La molécula de Fipronil no solo se encuentra registrada para uso agrícola sino también para el control de pulgas y garrapatas en mascotas y, en menor número, para especies de animales productivos. Asimismo, existen productos que contienen en su formulación el principio activo Fipronil, registrados en la Dirección de Medicamentos Veterinarios del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) y que se comercializan en Costa Rica, para uso médico veterinario como antiparasitario externo de amplio espectro. 21. El informe de la DIGECA concluye solicitando a las autoridades nacionales con competencia, tomar las medidas urgentes y necesarias para resguardar los siguientes bienes constitucionales: la salud humana, la biodiversidad y el ambiente en Costa Rica, del uso de agroquímicos que contengan Fipronil, y recomienda la cancelación de los registros de productos que contienen Fipronil y la prohibición de su uso a nivel nacional. 22. Ante la mencionada denuncia y solicitud de Juan Bautista Alvarado Barrantes, Andrea Meza Murillo, ministra de Ambiente y Energía, mediante oficio n.° DM-0374-2021 del 29 de abril de 2021 dirigido a los ministros de Salud, Daniel Salas, y de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, afirmó que se requiere tomar medidas urgentes y necesarias, según las competencias de cada ministerio, para resguardar los derechos constitucionales de la salud humana, la biodiversidad y el ambiente en Costa Rica ante el uso de agroquímicos que contengan Fipronil. 23. La ministra de Ambiente y Energía les solicitó a los ministros de Salud y de Agricultura y Ganadería conformar de forma urgente un grupo de trabajo técnico para proceder con la regulación normativa del Fipronil al más corto plazo. 24. A lo interno del MINAE, y con el aporte del Consejo Nacional Ambiental, se conformó un grupo de trabajo interinstitucional para la preparación de documentos técnicos y directrices orientados a respaldar técnicamente las decisiones sobre la regulación del uso de agroquímicos que contengan Fipronil. 25. El ministro de Agricultura y Ganadería informó a la Defensoría de los Habitantes, mediante oficio n.° DMMAG-553-2021 del 7 de junio de 2021, que el Servicio Nacional de Salud Animal y el Servicio Fitosanitario del Estado están realizando un análisis coordinado para que, una vez que se tenga el resultado, conjuntamente se adopten las acciones pertinentes en aras del bienestar de la salud pública veterinaria. 26. El ministro de Salud, mediante oficio n.° MS-DM-4668-2021 del 9 de junio de 2021, informó a la Defensoría de los Habitantes que el ministerio avanzó en la solicitud de criterios a los equipos técnicos correspondientes, de cara a la conformación de la comisión mencionada en el oficio del MINAE (DM-0374-2021), en el que la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental tendrá una participación activa y ya designó a un representante. Con base en lo anterior, considera urgente que los ministerios competentes prohíban el uso del Fipronil y cancelen los registros existentes de este producto, por cuanto se ha demostrado que el Fipronil ha sido responsable de la muerte masiva de abejas en nuestro país, así como por el riesgo que representa y los efectos que tiene sobre la salud humana, la biodiversidad y el ambiente; asimismo, estima que se debe actuar con la mayor celeridad posible para acatar la recomendación urgente del MINAE a los efectos de la prohibición del uso del ingrediente activo grado técnico Fipronil y de los productos formulados que contengan Fipronil, pues de lo contrario se seguiría vulnerando el artículo 50 de la Constitución Política, así como el derecho a la salud, que se deriva del derecho a la vida establecido en el numeral 21 constitucional. Pide que se prohíba el registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos que contengan como ingrediente activo Fipronil; asimismo, requiere que se cancelen los registros de todos los productos que contengan este ingrediente activo y que hayan sido aprobados para uso agrícola y veterinario.
2.- Mediante la resolución de las 20:58 horas de 31 de agosto de 2021, se dio curso al amparo y se solicitó informe al ministro de Agricultura y Ganadería, al ministro de Salud y a la ministra de Ambiente y Energía, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.
3.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 10:52 horas de 7 de septiembre de 2021, Pedro González Morera, ministro a.i. de Salud, informó lo siguiente:  “ El 09 de abril de 2021 se emite el oficio HT-0843-2021 dirigido al Ing. Eugenio Androvetto Villalobos trasladando el oficio N° CNFA-JD-009-2021 suscrito por el Sr. Juan Bautista Alvarado Barrantes, en el cual, presenta la solicitud de prohibición de productos formulados que contengan como ingrediente activo Fipronil  aprobados para aplicación en cultivos agrícolas o en animales domésticos, semovientes. El 12 de abril de 2021 se emite oficio N° MS-DPRSA-0240-2021 suscrito por el Ing. Eugenio Androvetto Villalobos dirigido a la Dra. Ileana Herrera Gallegos, directora de la Dirección de Productos de Interés Sanitario, en donde se solicita criterio de la Dirección para brindar una recomendación al Despacho del Ministro de Salud. El 06 de mayo de 2021 se recibe oficio DM-0374-2021 realizando una propuesta de atención a los eventos de mortalidad masiva de abejas debido al plaguicida Fipronil. • El 10 de mayo se emite el informe técnico N° DRPIS-VU-036-2021 (donde se concluye el ingrediente activo grado técnico Fipronil no representa un riesgo inaceptable a la salud humana, siempre y cuando sea utilizado bajo las buenas prácticas agrícolas, cumpliendo con las indicaciones de la etiqueta, y respetando los límites máximos de residuos en los cultivos aprobados; y adicionalmente, aboga a la importancia de la fiscalización de los residuos en alimentos y efectos a la salud pública, por parte de las entidades responsables. • El 26 de mayo de 2021 se envía oficio N° MS-DPRSA-417-2021 suscrito por el Ing. Eugenio Androvetto Villalobos dirigido al Dr. Daniel Salas Peraza donde se concluye que con base en la información consultada y los datos disponibles no se considera que el Fipronil represente un riesgo inaceptable para la salud humana, como sí se evidencia que lo es para los organismos invertebrados y otras especies. No obstante, sí es de interés de esta Dirección participar en la conformación de un equipo técnico con las autoridades correspondientes para trabajar en la regulación específica de esta sustancia, atendiendo el oficio N° DM-0374-2021. • El 04 de junio de 2021 se emite oficio N° MS-DM-4603-2021 suscrito por el Dr. Daniel Salas Peraza dirigido al Sr. Juan Bautista Alvarado Barrantes, presidente de la Cámara Nacional de Apicultores, en el que se le responde el oficio N° CNFA-JD-009-2021 (sic) (…) en el cual el Dr. Salas le comunica que se conformará un grupo técnico para atender la solicitud de regulación del producto y que se estará trabajando en los estudios correspondientes, además se le estará informando (sic) de los avances en el momento que lo requieran. • El 08 de junio de 2021 se emite oficio N° MS-DM-4665-2021 (sic) suscrito por el Dr. Daniel Salas Peraza dirigido al Sr. Juan Bautista Alvarado Barrantes (…) en adendum al oficio MS-DM-4603-2021 donde se le comunica las conclusiones de los oficios MS-DPRSA-417-2021 y DRPIS-VU-036-2021 y se le indica que este Ministerio continuará con las gestiones de investigación como parte de las acciones del equipo técnico interinstitucional para la regulación específica de esta sustancia. • El 09 de junio de 2021 se emite oficio N° MS-DM-4668-2021 (sic) suscrito por el Dr. Daniel Salas Peraza, dirigido a la Ph.D. Catalina Crespo Sancho defensora de los habitantes donde se le expone lo actuado de manera cronológica con relación a la atención de la denuncia del Sr. Alvarado Barrantes, presidente de la cámara de apicultores. Además se le comunica que, a lo interno se avanzó en la solicitud de criterios a los equipos técnicos correspondientes a la afectación en salud que compete a este ministerio de cara a la conformación de la comisión mencionada en el oficio del MINAE (DM-0374-2021), en la cual la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental tendrá una participación activa y designó una representante. • El 17 de junio del 2021 se emite oficio N° MS-DPRSA-547-2021 (sic) suscrito por el Ing. Eugenio Androvetto Villalobos, dirigido al Dr. Daniel Salas Peraza designando a la Licda. Dorell Rojas Fonseca de la Unidad de Protección Radiológica para conformar el grupo de trabajo sobre el expediente que se requiere para la normativa del Fipronil. • El 17 de junio del 2021 (sic) el Dr. Daniel Salas Peraza le comunica a la Sra. Andrea Meza Ministra de Ambiente y Energía que la Licda. Dorell Rojas Fonseca, (sic) conformará parte del equipo de trabajo que elaborará el expediente para regular el fipronil, a través del oficio MS-DM-4771-2021. • El 22 de junio de 2021 se emite oficio N° MS-DM-4888-2021 suscrito por el Dr. Daniel Salas dirigido a Sra. Andrea Meza, Ministra de Ambiente y Energía (sic) donde se incluye a los funcionarios M.Sc. Andrés Araya Brenes y Ing. Karol Masís Díaz de la Dirección de Productos de Interés Sanitario para conformar el equipo de trabajo que elaborará el expediente para regular el fipronil. • El 23 de junio del 2021 se recibe oficio N° DM-0598-2021 suscrito por la Sra. Andrea Meza Murillo dirigido al Dr. Daniel Salas Peraza, ministro de salud y Sr. Renato Alvarado, ministro de agricultura y ganadería donde se enlista a los funcionarios que conformarán el grupo de trabajo. • El 14 de julio se lleva a cabo la primera reunión del equipo técnico en donde se acordó que el equipo va a empezar tratar únicamente la mortalidad de las abejas con respecto al tema de la sustancia del fipronil, y se creó una carpeta compartida para iniciar la conformación del expediente, de acuerdo con la minuta de la reunión. • El 04 de agosto de 2021 se realiza la segunda reunión del equipo técnico donde se discutió la propuesta de Directriz por parte del MINAE, además se discutió el análisis de la regulación de uso del fipronil previo a considerar su prohibición. También, se acordó revisar la documentación y el sustento técnico en la carpeta compartida para ingresar las observaciones en una herramienta desarrollada por DIGECA, de acuerdo con la minuta de la reunión. • El 23 de agosto se solicita vía correo electrónica a la Dra. Guiselle Zeledón del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones información sobre las intoxicaciones de personas ya sea por uso inadecuado o por exposición laboral que se han reportado en el Centro Nacional de Control de Intoxicaciones durante el último periodo de cinco años. • El 23 de agosto se emite oficio N° MS-DPRSA-692-2021 suscrito por el Ing. Eugenio Androvetto Villalobos dirigido a la Dra. Priscilla Herrera García, Directora General de Salud solicitando información sobre la atención de denucias (sic) de intoxicación de seres humanos con productos cuyo ingrediente activo sea fipronil. • El 25 de agosto se consulta vía correo electrónico al Dr. Roberto Castro Córdoba, jefe de la unidad de epidemiología de la Dirección de Vigilancia de la Salud sobre la información documentada durante el periodo comprendido entre 2016 y 2021 de reportes de casos de personas intoxicadas con plaguicidas cuyo ingrediente activo sea Fipronil, ya sea por un uso inadecuado o por exposición laboral, entre otros factores que pudieran ocasionar esta situación. • El 27 de agosto se emitió oficio N° MS-DGS-3607-2021 suscrito por la Dra. Priscilla Herrera García, dirigido a los Directores Regionales solicitando información sobre la atención de denucias (sic) de intoxicación de seres humanos con productos cuyo ingrediente activo sea fipronil se dio plazo hasta el 03 de setiembre para enviar los informes. (…) el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario, en conjunto con la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental, expuso los antecedentes del caso y se evidencia ha actuado oportuna, legal y administrativamente de forma diligente, todo bajo el marco del principio de legalidad, ya que precisamente, tal como se ha venido cumpliendo, desde la emisión del oficio N° MS-DM-4603-2021 de fecha 04 de junio de 2021, suscrito por el Dr. Daniel Salas Peraza y dirigido al Sr. Juan Bautista Alvarado Barrantes, presidente de la Cámara Nacional de Apicultores, se ha venido trabajando en continuidad y completo compromiso a las responsabilidades evidenciadas en las fechas descritas en convocación, coordinación y realización de los planes de trabajo, visto en informe afín, en una constante coordinación en lograr el objetivo de tener el equipo interinstitucional de marras, logrado así en fecha 23 de junio del 2021, mediante oficio N° DM-0598-2021, suscrito por la Licda. Andrea Meza Murillo, Ministra de Ambiente y Energía, dirigido al Dr. Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud y al Sr. Renato Alvarado, Ministro de Agricultura y Ganadería, donde se enlista a los funcionarios que conformarán el grupo de trabajo. Realización de primera reunión en fecha 14 de julio del 2021, bajo la consigna única y exclusiva de tratar la mortalidad de las abejas con respecto al tema de la sustancia del fipronil, existiendo reuniones posteriores 4, 23, 25 de agosto del 2021, en relación de tener el acopio pertinente de la información necesaria en relación a intoxicaciones, cuyo ingrediente activo sea fipronil, necesariamente solicitada ante varias autoridades competentes, mediante un último oficio N° MS-DGS-3607-2021 en fecha 27 de agosto del 2021, con plazo de cumplimiento 03 de setiembre del 2021, suscrito por la Dra. Priscilla Herrera García, Directora General de Salud, dirigido a los Directores Regionales del Ministerio de Salud, solicitando información sobre la atención de denuncias de intoxicación de seres humanos, con productos cuyo ingrediente activo sea fipronil. Evidenciando que la Dirección de Productos de Interés Sanitario y la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental realizan, dentro de los tiempos mínimos, bajo el mandato Ministerial y dentro el principio de legalidad para cada uno de los actos, las tareas necesarias en la culminación de un informe serio y con argumento conciso al tema de tratar la mortalidad de las abejas con respecto al tema de la sustancia del fipronil… ”. Por lo expuesto, solicita se declare sin lugar el recurso.
4.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 16:34 horas de 7 de septiembre de 2021, Rolando Castro Córdoba, ministro a.i. de Ambiente y Energía, informó que el “ fipronil es un insecticida de contacto y estomacal de amplio espectro, lo que quiere decir que tiene efecto sobre distintos tipos de insectos, como hormigas, escarabajos, cucarachas, pulgas, termitas, trips y otros. Por esta razón, existen productos de uso doméstico, veterinario y agrícola cuya formulación tiene este ingrediente activo. Con respecto al uso agrícola según la información disponible en el sitio de INSUMOSYS del SFE1, en Costa Rica se encuentran registrados: seis IAGTs, donde tres son para exportación y tres para uso nacional, cuya fecha de vencimiento está expirada y doce productos formulados, dentro de los cuales, siete son para exportación y cinco son de uso nacional. Dentro de los cultivos que se encuentra autorizado su uso están: algodón, caña india, café, chile dulce, cítricos, palma aceitera, piña, plantas ornamentales y frutales. Lo anterior se puede constatar en la página oficial del SFE. (…) De parte de MINAE, se comparten los argumentos planteados por la recurrente en los motivos del recurso interpuesto. La actividad de polinización de las plantas es una función vital para los ecosistemas, así como para la propia humanidad, la cual es llevada a cabo por insectos silvestres y abejas de producción apícola. Dentro de los factores que pueden afectar las poblaciones de insectos polinizadores se ha identificado el uso de algunos plaguicidas, tal como fue descrito en el “Informe sobre impactos de los neonicotinoides y el fipronil a la biodiversidad y los recursos naturales” (sic) elaborado por SINAC-MINAE como parte del trabajo realizado con el Consejo Nacional Ambiental a inicios del año 2021 y que fueron entregados a la Ministra de Ambiente y Energía. (…) Las abejas (Apis mellifera) se utilizan como especie indicadora para evaluar los efectos de los plaguicidas en el grupo taxonómico de los insectos y por lo tanto es de lo que se obtiene mayor información. Los riesgos asociados al uso de plaguicidas deben ser analizados a partir de una evaluación de riesgo ambiental como parte del proceso de registro, previo a la autorización del uso, tal como lo señala la FAO/OMS en el Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas: “los gobiernos deberían llevar a cabo evaluaciones de riesgos y adoptar decisiones de gestión de riesgos basadas en todos los datos e informaciones disponibles pertinentes, como parte del proceso de registro de los plaguicidas” y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuyo lema es “Mejores políticas para una vida mejor”. De acuerdo con múltiples recomendaciones de la OCDE (sic) los países miembros deben evaluar el riesgo de uso de las sustancias químicas, incluyendo los plaguicidas. Por su parte, la Contraloría General de la República, en el INFORME No. FOE-AM-19/2004 indicó que “Se determinó que el proceso de registro de un plaguicida no se lleva a cabo mediante una evaluación integral de los efectos que pueden tener estas sustancias sobre el ambiente y la salud de las personas, lo que se lograría tomando en cuenta las propiedades de la sustancia activa del plaguicida y su comportamiento de acuerdo con el uso agronómico aprobado”. Así también: “Otro aspecto de vital relevancia es que en dicha evaluación no se analizan los efectos ambientales derivados del uso de los plaguicidas. Según lo señalado por el Ministerio de Salud, por regla general no se realiza ninguna investigación sobre impacto ambiental derivado del uso de plaguicidas. Indica que el Ministerio del Ambiente y Energía debería participar en la definición de los requerimientos para la valoración de riesgo ambiental por el uso de agroquímicos, en especial de los riesgos a la biodiversidad”. Sobre este tema, la Contraloría General de la República dispuso al Presidente de la República: “Nombrar de inmediato una comisión interventora interministerial ad hoc para que proceda a la revisión de todos los expedientes de registro de plaguicidas actualmente vigentes y las anotaciones marginales realizadas, a fin de determinar si tales actuaciones fueron realizadas respetando las normas, condiciones y requisitos exigidos por la legislación y la técnica. Dicha comisión, de la cual no podrán ser parte las personas que se vieron involucradas en la aprobación de tales registros y anotaciones, deberá tomar en cuenta lo siguiente: i. Conforme se vayan determinado los registros que se hayan otorgado con incumplimiento de la normativa vigente, se debe restablecer la situación conforme a derecho. Para ello, los registros en esa condición se deberán comunicar al Ministerio de Agricultura y Ganadería con el fin de que se inicie el procedimiento pertinente respecto de las nulidades absolutas que se hubieren presentado, ya sea por medio del proceso de lesividad o por el previsto en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, cuando éstas sean evidentes y manifiestas. La comisión deberá tener en cuenta que se apartan del ordenamiento jurídico aquellos registros que se otorgaron basándose en información correspondiente a otro producto previamente registrado, sin que se realizara un examen de equivalencia de conformidad con las disposiciones internacionales en la materia. Igualmente se deben tener como fuera del ordenamiento jurídico aquellos registros en los cuales no se hubiere dado cabal cumplimiento de la normativa constitucional, internacional y nacional que regula el proceso de registro de estas sustancias, dejándose de realizar o requerir los análisis técnico-científicos, datos o información necesaria para evaluar su calidad y los riesgos que representan para la salud y el ambiente; como son los perfiles de impurezas, los análisis de impurezas de importancia toxicológica o el cumplimiento de determinadas especificaciones técnicas establecidas por la FAO, la OMS y el propio Ministerio de Salud”. Sin embargo, con respecto a los productos registrados que contienen fipronil y muchos otros (registros otorgados con una normativa diferente al Decreto Ejecutivo N° 33495 MAG-S-MINAE-MEIC “Reglamento sobre Registro, Uso y Control de Plaguicidas Sintéticos Formulados, Ingrediente Activo Grado Técnico, Coadyuvantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola”), no consta que el MINAE haya emitido ningún respaldo técnico que avale dichos registros a pesar de lo externado por la Contraloría General de la República en su informe del año 2004, por el contrario, existe preocupación por la peligrosidad ambiental y por ende los efectos ambientales inaceptables que pueden estar ocurriendo actualmente por el uso de productos, en el caso concreto a base de fipronil, tal como fue indicado en el “Informe de Mortalidad de abejas 2021” elaborado por DIGECA-MINAE (se adjunta documento como prueba al presente informe). En este informe se realizó una evaluación de riesgo para las abejas, debido a la preocupación por los eventos de mortalidad de estos organismos evidenciada durante el año 2020. Esta evaluación consideró la dosis más baja y la más alta autorizada en cultivos agrícolas y se concluyó que el riesgo es inaceptable para estos organismos según los usos autorizados. Así mismo, los datos ecotoxicológicos de fipronil generan preocupación hacia otros organismos del ecosistema por cuanto se considera altamente tóxico para aves, peces, invertebrados acuáticos y muy altamente tóxico para algas. Además, es moderadamente persistente en suelo y en sistemas de agua/sedimento, y cuando se degrada produce otros metabolitos que sí son persistentes. (…) la Ministra de Ambiente y Energía, mediante oficio DM- 0374-2021 (aportado como prueba) solicitó a los ministros de Salud y de Agricultura y Ganadería, conformar de forma urgente un grupo de trabajo técnico para proceder con la regulación normativa del fipronil al más corto plazo. El 14 de julio del año en curso, se conformó un grupo de trabajo con integrantes de las siguientes instituciones: MINAE, Ministerio de Salud, Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), bajo la coordinación de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental. El grupo inició el trabajo de análisis del fipronil tomando como base los documentos entregados por el Consejo Nacional Ambiental a la señora Ministra de Ambiente. A la fecha se han realizado tres reuniones de trabajo, siendo la última el pasado 1 de setiembre; por lo que se adjunta únicamente las minutas de las dos primeras reuniones con algunas firmas aun faltantes. En estas reuniones se ha planteado la necesidad de que todos los miembros revisen los documentos disponibles y emitan sus comentarios para identificar otro tipo de información necesaria para realizar el análisis integral sobre los diferentes usos del fipronil. Con base en esto, los representantes de Ministerio de Salud y del Servicio Fitosanitario del Estado han entregado los informes que habían elaborado al respecto, de previo a conformar el grupo de trabajo. Así también, se ha solicitado a los representantes de Ministerio de Salud, Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) que presenten los informes que respalden los criterios técnicos según las competencias legales de cada autoridad. Como acuerdo de la última reunión, estos informes deben ser entregados entre el 10 y el 17 de setiembre de 2021. No obstante, es importante señalar lo indicado por DIGECA en el oficio DIGECA-520- 2021, quienes asisten a las reuniones indicadas, que la posición que manifestaron representantes de SENASA es que el Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG) indicó que como autoridad nacional competente del registros de agroquímicos a nivel nacional elaborarían por su cuenta un decreto para regular el Fipronil y presentarían una propuesta más madura y analizada, por lo que hasta que eso ocurriera, SENASA podría empezar a manifestar y compartir una propuesta con los compañeros de otros ministerios. (…) De acuerdo a lo anterior, en la última reunión (…) los representantes de SENASA realizaron una presentación de una propuesta de decreto de regulación de los usos de fipronil autorizados por SENASA y SFE. En principio, el texto indica que sería firmado únicamente por el MAG. Como acuerdo de la reunión, SENASA entregaría el documento el 2 de setiembre de 2021. Al respecto, y en concordancia con la posición de las representantes de DIGECAMINAE, se manifiesta que es interés del MINAE conocer la propuesta y realizar los ajustes necesarios para que sea una regulación que agrupe los criterios de los tres ministerios dentro del grupo de trabajo e incluya las firmas de los tres ministros. De igual manera, se secunda la preocupación de DIGECA en relación a que se afirme que, los efectos ocasionados a las abejas sean consecuencia del mal uso del fipronil y no por los usos autorizados, cuando ya el “Informe de Mortalidad de abejas 2021” elaborado por dicha dirección de MINAE demostró con una evaluación de riesgo que los usos agrícolas que están autorizados en los registros actuales, representan riesgos inaceptables para las abejas, tanto para la dosis más alta como para la más baja. También, se resaltó que otros organismos silvestres, diferentes a las abejas productoras de miel, pueden estar expuestos a las aplicaciones agrícolas de estos productos y que la venta bajo receta profesional resulta una medida insuficiente para garantizar su protección. Con base en todo lo anterior, se apoya la posición técnica y científica de DIGECA en cuanto a los alegatos técnicos y jurídicos consignados en el informe: “Informe de Mortalidad de abejas 2021” (que se adjunta) de que se deben tomar las medidas urgentes y necesarias, para resguardar los siguientes bienes constitucionales: la salud humana, la biodiversidad y el ambiente en Costa Rica del uso de agroquímicos que contengan fipronil. Para esto, se recomienda un decreto de prohibición de esta sustancia y consecuentemente la cancelación de los registros de productos de uso agrícola que contienen fipronil registrados en el SFE. Mientras que, para los productos registrados para uso doméstico y uso veterinario, se mantiene a la espera de los informes de Ministerio de Salud y SENASA, para emitir un criterio basado en la ciencia y la técnica… ”.
5.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 8:45 horas de 8 de septiembre de 2021, Luis Renato Alvarado Rivera, ministro de Agricultura y Ganadería, informó que “ el señor Alvarado Barrantes presentó en fecha 7 de abril del 2021, ante la Presidencia de la República, Ministerios de Salud y Ambiente y Energía y este Despacho, escrito bajo el número CNFA- JD009-2021 (sic) el cual contiene las mismas pretensiones que se establecen en el escrito presentado ante su representada y que en resumen tiene por fin la prohibición del registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan el ingrediente activo FIPRONIL e igualmente la cancelación del registro de todos los productos formulados que contengan como ingrediente activo Fipronil y que dentro de los usos aprobados estén la aplicación en cultivos agrícolas o en animales domésticos y semovientes, dicha solicitud de prohibición está en estudios y análisis técnicos para verificar el grado de impacto de dicha petición. La mayoría de esos productos veterinarios vienen en presentaciones que comercialmente se les denomina tipo “Pour-On”, “pipeta”, “ampolla” “spot-on”, conteniendo el antiparasitario listo para su uso sin necesidad de diluirlo y para ser administrados de forma tópica, es decir sobre la piel del animal, para el control de pulgas y garrapatas en mascotas y en un menor número para especies de animales productivas Adicionalmente existen productos que contienen en su formulación el principio activo Fipronil, registrados en la Dirección de Medicamentos Veterinarios del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) y que se comercializan en Costa Rica, para uso médico veterinario como antiparasitario externo de amplio espectro. (…) En relación a la consulta sobre si se ha realizado alguna valoración o estudio sobre el impacto que el uso del plaguicida Fipronil tiene sobre las abejas y, de ser así, las medidas que se hayan implementado con base en dicha información, es importante señalar que tanto el Servicio de Salud Animal como el Servicio Fitosanitario del Estado, trabajan técnica y científicamente elaborando un estudio interinstitucional conjunto sobre este tema, una vez que se tenga el resultado de dicho estudio será comunicado al interesado y a ésta (sic)   Defensoría de los Habitantes. (…) Como señalé líneas arriba, tanto el Servicio Nacional de Salud Animal, como el Servicio Fitosanitario del Estado involucrados técnica y científicamente en el tema que nos atañe, están realizando un análisis coordinado interinstitucionalmente, para que una vez que se tenga el resultado y conjuntamente se adopten las acciones que correspondan en aras del bienestar de la salud pública veterinaria, se estará informando al petente y a su Despacho…”.
6.- Mediante la resolución de las 16:40 horas de 4 de octubre de 2021, se ampliaron las partes consignadas en el recurso, y se le solicitó informe al director ejecutivo del Servicio Fitosanitario del Estado, así como al director general del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA).
7.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 9:29 horas de 13 de octubre de 2021, Germán Rojas Hidalgo, en su condición de director general del Servicio Nacional de Salud Animal, informó que “ con ocasión de la interposición del presente Recurso  de Amparo (…) el Despacho del señor Ministro de Agricultura y Ganadería le solicitó a este Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) y al Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) le rindiéramos un informe sobre los hechos aducidos por la Recurrente, el cual se plasmó mediante Oficio N° SENASA-DG-1100-2021/DSFE-0612-2021 del 06 de septiembre de 2021. (…) Sobre el uso de Fipronil En el país el fipronil está registrado por el SENASA para el control de ectoparásitos en animales y de plagas en instalaciones para producción pecuaria y por medio del Servicio Fitosanitario se encuentra registrado para el uso agrícola. 1.- Productos de uso veterinario. En cuanto a los hechos y apreciaciones que se relacionan a las formulaciones de medicamentos veterinarios que contengan el ingrediente grado activo Fipronil se debe señalar lo siguiente: Sobre los eventos de mortalidad de abejas que se indican en el recurso, efectivamente en el año 2020 ocurrieron, sin embargo, en el evento que sucedió el 08 de mayo de 2021 se pudo determinar un mal uso del producto, por lo que se impuso las sanciones correspondientes al infractor. Respecto al segundo caso si bien es cierto las muestras tomadas resultaron positivas a Fipronil no se puedo determinar el origen del contacto. El Fipronil es un insecticida de amplio espectro (que sirve para controlar diferentes plagas), autorizado tanto para uso agrícola como para el uso veterinario que pertenece al grupo de los fenilpirazoles, el cual se utiliza en el ámbito veterinario principalmente para el control de pulgas, garrapatas en animales como bovinos, perros y gatos, además, en instalaciones pecuarias para el control de hormigas, cucarachas, moscas, termitas y otros insectos. En la Dirección de Medicamentos Veterinarios del SENASA se tiene aproximadamente 55 productos debidamente registrados conforme a las exigencias técnicas y legales que exige la normativa para el registro de productos veterinarios y productos afines. Dichos productos, se clasifican en el grupo 3 de venta de droguerías y farmacias veterinarias, el origen de los productos es de Francia, Uruguay, Colombia, Brasil, Costa Rica, Perú, Argentina, Guatemala y Chile. La mayoría de productos registrados en el SENASA con el principio activo Fipronil, son de uso tópico, en presentaciones que comercialmente se les denomina tipo “Pour-On”, “pipeta”, “ampolla”, “spot-on”, conteniendo el antiparasitario listo para su uso sin necesidad de ser diluidos y para administración tópica (es decir sobre la piel) para el control de pulgas y garrapatas en mascotas y en un menor número en especies de animales de producción. El uso tópico de estos productos en los animales es una forma segura de aplicación ya que se coloca directo en el dorso del animal, lo que reduce el riesgo de que se extienda en el ambiente, asimismo, no permanece mucho tiempo en la piel del animal, si no que se absorbe hacia las glándulas sebáceas de los folículos pilosos, donde es “recirculado” y extendido de glándula en glándula, de manera que una aplicación puntual (sea spot-on o por unción dorsal) logra un efecto generalizado en la piel, lo cual a su vez limita la exposición de animales o insectos que por accidente entren en contacto con el animal tratado. Las abejas son un insecto del filo Artrópoda y del orden Himenóptera, por lo tanto, no son un insecto hematófago, nutricionalmente precisan de un equilibrio entre diferentes azúcares (hidratos de carbono), lípidos, proteínas, minerales y agua. Estos insectos encuentran estos nutrientes en sus principales fuentes de alimento, que son la miel y el polen, por lo que la posibilidad de que se contaminen con Fipronil aplicado en el dorso de un animal es poco probable. (…) Existen registrados dos productos de uso veterinario autorizados exclusivamente para el control de plagas, cuya forma de uso es en aspersión o a través de pulverizadores por contacto en las zonas en donde se ubican las plagas y son para uso exclusivo en instalaciones pecuarias, las cuales no son un hábitat común de los insectos polinizadores, siendo baja la probabilidad de exposición de éstos al Fipronil mediante este uso. El fipronil es un antiparasitario externo que se utiliza en animales para el tratamiento y control de infestaciones de ectoparásitos como el piojo (pediculosis), la pulga (pulicosis, tungiasis), la mosca (miasis), los ácaros (sarna o acarosis) y las garrapatas. La infectación (sic) de estos ectoparásitos no solo es un problema para la salud animal, sino también para la salud pública, ya que estos parásitos pueden actuar como vectores de enfermedades tanto para humanos como animales. Estos ectoparásitos producen cuantiosas pérdidas económicas en los diferentes sistemas de producción animal y  además actúan como vectores de enfermedades tanto para humanos como animales, convirtiéndose en un problema de salud pública ya que producen zoonosis, esto es, enfermedades que los animales transmiten al hombre. Ejemplo de ello son, las garrapatas que tienen importancia, médica, veterinaria, sanitaria y económica, debido al daño directo que causan por ser ectoparásitos hematófagos (se alimentan de la sangre del animal parasitado) y transmisoras de microorganismos patógenos entre animales, o de animales a personas, de protozoarios, bacterias, rickettsias y virus, así como, por la inoculación de sustancias tóxicas que pueden producir enfermedades en animales y en humanos, tales como, lyme, erliquia, anaplasmosis, entre otras, que pueden afectar la salud de las personas e incluso su muerte. Asimismo, las garrapatas y los ácaros al succionar también permiten el intercambio de algunas sustancias que por su composición el cuerpo las reconoce como extrañas y generan procesos alérgicos donde ocurren reacciones de tipo inmune afectando la piel produciendo inflamación, dolor, prurito, laceraciones en la piel, úlceras, pérdida de pelo, entre otras, que a toda vista causarían perdida de salud o la caída del bienestar en animales y personas. Lo anterior, reviste suma importancia teniendo en consideración que la mayoría de los productos registrados en el SENASA, se utiliza en mascotas que conviven con adultos mayores, adultos y niños, por lo que de no brindarse un adecuado tratamiento a dichos animales, aumentan las posibilidades de que por ejemplo la garrapata se convierta una plaga en el hogar y de transmisiones de enfermedades a un porcentaje significativo de la población, máxime teniendo en consideración que conforme al Estudio Nacional sobre tenencia de perros en Costa Rica del 2016, World animal protection, el 50,5% de los hogares encuestados manifestaron tener perros, y de los datos obtenidos muestran que la media de perros por hogar es de 1.8 perros. Asimismo, en el estudio se indicó que según la estimación censal del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, al 2015 habría 1462.000 hogares en el país, en consecuencia, un aproximado de 738.310 hogares tienen perros. Como ha quedado evidenciado los productos que contienen Fipronil son necesarios para el control de ectoparásitos y principalmente de las garrapatas, a efectos de que no se desarrollen de manera exponencial y se produzcan daños a la salud pública y patrimonio pecuario del país. El SENASA ha estado consciente que el mal uso de los productos con Fipronil pueden afectar a las abejas por lo que por lo que para el registro de dicho producto se obliga a que en las etiquetas y material de empaque para productos veterinarios que contengan Fipronil aparezca la siguiente leyenda: “El fipronil puede afectar adversamente a los organismos acuáticos y a las abejas. No deberá verter el medicamento o los envases vacíos en cursos de agua puesto que podrían resultar peligrosos a los peces y otros organismos acuáticos”. Los dueños de los animales deben leer y seguir cuidadosamente todas las indicaciones de las etiquetas antes de utilizar el producto. Asimismo, se ha detectado la necesidad de reforzar las buenas prácticas de uso de esta sustancia y para ciertos usos como el agrícola o en instalaciones pecuarias, establecer mayor control por parte de las Autoridades Sanitarias competentes, por lo que se está en un proceso de actualización de la normativa. (…) 3.- Confirmación de la Comisión Equipo Técnico Fipronil. Mediante los oficios DM-MAG-411-2021, DM-MAG-569-2021, DM-MAG-643-221 y DM-MAG-837- 2021  el Despacho del Ministro de Agricultura y Ganadería, en respuesta al oficio RDHC-DR-065- 2021, nombró un equipo de trabajo técnico y legal del Servicio Fitosanitario del Estado, Servicio de Salud Animal y el Ministerio de Agricultura y Ganadería  para la conformación del grupo de trabajo técnico de Fipronil, para atender los eventos de mortalidad masiva de abejas por aparente uso del plaguicida Fipronil, en conjunto con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente, el cual está teniendo reuniones periódicas para analizar los estudios e insumos técnicos sobre el plaguicida y emitir recomendaciones. 4.- Normativa sobre el Fipronil. Si bien es cierto, el fipronil se encuentra prohibido su uso agrícola en Europa, no así en animales, por un asunto de protección a las abejas, también es cierto que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) por sus siglas en inglés tiene autorizado su uso en los Estados Unidos. Como se señaló líneas arriba, en el país el fipronil está registrado por el SENASA y por el Servicio Fitosanitario, el cual se utiliza tanto en uso veterinario como en uso agrícola. Al ser un tema de vital importancia tanto con el tema de las abejas, como en el tema agrícola, en el seno del grupo de trabajo técnico de Fipronil, se presentó como propuesta ministerial un borrador de Decreto Ejecutivo para regular la venta y establecer medidas sanitarias y fitosanitarias para la importación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempacado, reenvasado, manipulación, mezcla, compra, venta, y uso del ingrediente grado activo técnico Fipronil, sea como materia prima o en formulaciones agrícolas o de medicamentos veterinarios que las contengan, registrados en el Servicio Nacional de Salud Animal y el Servicio Fitosanitario del Estado. La propuesta indicada, cuyo borrador se adjunta como anexo al presente informe, se encuentra en proceso de análisis y discusión en el seno del referido grupo de trabajo técnico. Resulta relevante informar que el Programa Nacional de Salud Apícola del SENASA, junto con el Servicio Fitosanitario del Estado y la Cámara de Insumos Agropecuarios participan en un proyecto conjunto que tiene como fin capacitar en torno a la aplicación de las buenas prácticas de uso de los plaguicidas con la finalidad de fomentar el correcto uso de éstos y evitar afectaciones a agentes polinizadores…”. (…) En el año 2006 se promulgó la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, N° 8495 y se creó el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), como un órgano desconcentrado del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con personalidad jurídica instrumental para realizar las competencias previstas en esta Ley. Dicho cuerpo legal estableció que el órgano técnico responsable de la salud pública veterinaria y la salud animal, lo es SENASA, órgano que debe perseguir los siguientes objetivos: “Artículo 2º—Objetivos de la Ley. La presente Ley tiene como objetivos: a) Conservar, promover, proteger y restablecer la salud de los animales, a fin de procurarles mayor bienestar y productividad, en armonía con el medio ambiente. Dicho cuerpo legal estableció que el órgano técnico responsable de la salud pública veterinaria y la salud animal, lo es SENASA, órgano que debe perseguir los siguientes objetivos: “Artículo 2º—Objetivos de la Ley. La presente Ley tiene como objetivos: a) Conservar, promover, proteger y restablecer la salud de los animales, a fin de procurarles mayor bienestar y productividad, en armonía con el medio ambiente Para los efectos de esta Ley, el Senasa se considerará una autoridad en salud; por ello, toda persona, natural o jurídica, queda sujeta a los mandatos de esta Ley, sus Reglamentos y a las órdenes generales y particulares, ordinarias y de emergencia, que esta autoridad dicte en el ejercicio de sus competencias.” Sin embargo, las prohibiciones o restricciones que se establezcan deben ser razonables, proporcionales y deben estar sustentadas en criterios técnicos, científicos o profesionales que respalden su emisión (artículos 37, 90 de la Ley N° 8495 en relación con el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Ley N° 7475 - D del 20/12/1994). Si bien es cierto, la Defensoría de los Habitantes de la República interpone el presente Recurso de Amparo con ocasión de una denuncia interpuesta por el señor Juan Bautista Alvarado Barrantes, Presidente de la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura y de las distintas respuestas o documentos que se le hicieron llegar, se debe precisar que los mismos se basan en referencias bibliográficas y no en estudios de campo e igualmente no versan sobre productos de uso veterinario y en consecuencia, tampoco se refieren al análisis de estudios técnicos, científicos o profesionales que demuestren que se requiere una prohibición de uso de productos de uso veterinario, prohibición que como se indicó líneas atrás acarrearía que se desencadenen múltiples problemas de salud para los animales y las personas, incluso pudiéndose llegar hasta su muerte, al no contar el país con los medicamentos y productos necesarios para el control de ectoparásitos en animales y de plagas en instalaciones para producción pecuaria. Es importante recalcar, que el registro de los productos de uso veterinario, se empezó a regular desde hace muchos años atrás y no se ha encontrado desprovisto de regulación o control y para que un producto se registre y comercialice en el país, se somete a un proceso de evaluación de aspectos técnicos y científicos para su aprobación. Véase en ese sentido por ejemplo el Decreto ejecutivo N°28861 del 12/08/2000, el Decreto Ejecutivo N° 42965 del 15/04/2021 que Publica (sic) Resolución N° 436-2020 (COMIECO-XCIII) de fecha 10 de diciembre de 2020 y su Anexo: " Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 65.05.51:18 (sic) Medicamentos veterinarios, productos afines y sus establecimientos. Requisitos de registro sanitario y control.  Sobre los eventos de mortalidad de abejas que se indican en el recurso, efectivamente  en el año 2020 ocurrieron, sin embargo, en el evento que sucedió el 08 de mayo de 2021 se pudo determinar que en el mismo se presentó por parte de un propietario de un predio, de modo consciente la utilización inadecuada, contrario a las buenas prácticas agropecuarias, de un producto que contenía la molécula del Fipronil, a fin de eliminar abejas por lo que se impuso las sanción administrativa correspondiente al infractor y se le abrió el correspondiente proceso judicial de carácter penal, ante denuncia que los propietarios de las abejas interpusieron ante la Fiscalía correspondiente. Respecto al segundo caso, si bien es cierto las muestras tomadas h (sic) que fueron analizadas en el Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios (LANASEVE) de este Servicio Nacional, resultaron positivas a Fipronil, no se puedo determinar el origen del contacto, por lo que no hay evidencia para afirmar que el correcto uso de productos veterinarios registrados en el SENASA produjo la mortalidad de abejas reportada. En lo que compete al Ministerio de Agricultura y Ganadería y que incide en las competencias que tiene el SENASA en el tema de salud pública veterinaria, preocupa enormemente, que la Defensoría de los Habitantes está solicitando a esa Sala Constitucional que se declare con lugar el recurso y que se ordené al Ministerio de Agricultura y Ganadería: “1. PROHIBIR el registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan el ingrediente activo FIPRONIL. / (sic) 2. CANCELAR el registro de todos los productos formulados que contengan como ingrediente activo FIPRONIL y que hayan sido aprobados para uso agrícola o veterinario.” La anterior solicitud, sin aportar evidencia técnica, científica y profesional que justifique que el empleo de productos de uso veterinario que contengan en su formulación Fipronil deba ser prohibido. Sumado a lo anterior, el caso resulta ser un tema de mera legalidad, pues además de pretender que mediante la vía del recurso de amparo se le ordene a la Administración que debe regular los productos de uso veterinario y cómo lo debe hacer, no ha logrado demostrar violación a un derecho fundamental (sic) pues como ya se indicó no aporta documentación técnica, científica y profesional que justifique la cancelación y prohibición de los productos de uso veterinario. Como ha quedado demostrado el SENASA ha venido desplegando las acciones necesarias para regular el tema y actualmente en el seno del grupo de trabajo técnico de Fipronil, se presentó como propuesta ministerial un borrador de Decreto Ejecutivo para regular la venta y establecer medidas sanitarias y fitosanitarias para la importación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempacado, reenvasado, manipulación, mezcla, compra, venta, y uso del ingrediente grado activo técnico Fipronil. En dicha propuesta de decreto en su Capítulo II denominado “De las formulaciones de medicamentos veterinarios que contengan el ingrediente grado activo Fipronil” se está proponiendo establecer una serie de restricciones de comercialización y uso e imponiendo la obligación de que estos productos lleven en su etiqueta el siguiente señalamiento: “...El Fipronil puede afectar adversamente a los organismos acuáticos y a las abejas. No deberá verter el medicamento o los envases vacíos en cursos de agua puesto que podrían resultar peligrosos para los peces y otros organismos acuáticos”. Adicionalmente se refuerza en forma específica el fomento de las buenas prácticas por parte de los consumidores de este tipo de productos que contengan la molécula referida por intermedio de acciones específicas de las personas físicas o jurídicas que registren, fabriquen, formulen, comercialicen y manipulen materia prima o producto formulados de los antes indicados. Tal como puede apreciarse (sic) este Servicio Nacional ha venido ejerciendo sus funciones y dispuesto acciones de control y regulación para este tipo de productos y no ha menoscabado derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política.”.
8.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 15:25 horas de 13 de octubre de 2021, Nelson Morera Paniagua, director del Servicio Fitosanitario del Estado, informó lo siguiente: “ el día 07 de septiembre del 2021  en respuesta a la resolución de las veinte horas cincuenta y ocho minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno de la Sala Constitucional, expediente judicial N° 21-016578-0007-CO, el despacho del Ministro de Agricultura y Ganadería solicitó al Servicio Nacional de Salud Animal y el  Servicio Fitosanitario del Estado (sic) informe sobre los alegatos señalados en el recurso en cuestión, el cual fue contestado por medio de informe SENASA-DG-1100-2021 y DSFE-0612- 2021 del 06 de septiembre del 2021, dicho informe fue remitido como insumo técnico en la respuesta suministrada por el señor Ministro de Agricultura. (…) Sobre el fondo de lo recurrido por la Defensoría de los Habitantes. Concordamos en todos sus extremos la respuesta emitida por el señor Ministro de Agricultura (…) Es importante manifestar, que para este tema sobre el análisis técnico de la molécula del Fipronil, para determinar una regulación o prohibición de la misma ha sido creada una Comisión Interinstitucional para los aspectos técnicos de lo que conlleva el fondo del presente recurso de amparo. Dicha comisión está representada por funcionarios del Ministerio de Agricultura (sic) desde el 6 de mayo de 2021, comisión formada mediante oficio DM-0598-2021 del 23 de junio de 2021, suscrito por el Ministerio de Ambiente, el cual se adjunta. Analizados los argumentos y hechos expuestos por la Defensoría de los Habitantes, en el presente recurso, se aprecia que lo que pretende discutir el recurrente son aspectos de legalidad, que en un primer plano se tienen que discutir a nivel institucional y  posteriormente en caso de no existir una decisión por parte de las instituciones competentes, sería discutir dichos. temas ante la jurisdicción Contenciosa Administrativa y no pretender mediante la vía constitucional, resolver asuntos técnicos y de mera legalidad.”.
9.-Por escrito incorporado al expediente digital a las 10:15 horas de 15 de octubre de 2021, Ronny Guevara Mora plantea coadyuvancia y manifiesta: “se considera necesario visibilizar unos pequeños insectos que tienen un sistema nervioso, exoesqueleto, cabeza, patas y abdomen. Con ellos, y muchísimos otros más cuyas poblaciones están extinguiéndose, compartimos el planeta y si recordamos la obra de Charles Darwin de 1859, la cual estableció uno de los más importantes paradigmas modernos de la biología, que sostiene que a través de la selección natural sobre variantes genéticas ocurre la evolución de los seres vivos, podemos comprender, grosso modo, que las abejas han tenido un proceso de transformación a partir de su interacción con el medio ambiente para llevar a cabo su función natural dentro del planeta, en un proceso de diálogo evolutivo junto con las flores, las cuales también han evolucionado en función de la visión y olfato de sus polinizadores, pudiendo desarrollar la capacidad de percibir el zumbido de las abejas y segregando, a partir de ello, una cantidad mayor de azúcar en su néctar con el fin de atraerlas para llevar a cabo la polinización. A su vez, las abejas también han evolucionado modificando su fisonomía, principalmente sus patas, para transportar mayores cantidades de polen hacia sus nidos y otras flores. “Los científicos se refieren a esta evolución paralela de polinizadores y flores como un ejemplo de coevolución (un proceso donde los cambios en un grupo de organismos son acompañados por modificaciones en otro grupo, y viceversa), que comenzó posiblemente hace 120 millones de años, en el período de la vida de la Tierra llamado el Cretácico. Con ello podemos apreciar que la polinización es un proceso evolutivo que nace con la historia de la Tierra misma, siendo que la función que las abejas es la de asegurar la reproducción de las plantas, la cual se da de manera indirecta pues ellas acuden a las flores para recolectar tanto el néctar como el polen, del cual se alimentan y acarrean a sus nidos, por lo que en esas visitas de flor en flor transportan de forma aérea el polen, que es el gameto masculino de la flor, hacia la parte femenina de otras flores, con lo cual éste inicia el ciclo de germinación, fecunda la planta y de esa forma se generan semillas. Sin polinizadores como las abejas, la reproducción de las plantas estaría objetiva y científicamente comprometida, pues flores y abejas desarrollaron una verdadera simbiosis, de la cual depende la seguridad alimentaria del planeta, ya que de dichas plantas se constituye una gran parte de la cadena alimenticia. Ese rol fundamental fue reconocido en el año 2019 por el instituto Earthwatch, que declaró a las abejas como el ser vivo más importante del planeta; y ahora ilustraremos la importancia directa que tiene para el ser humano su función polinizadora. “Según la organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), entre las 100 especies de plantas que conforman los alimentos más consumidos por el hombre y que aportan el 90% de los alimentos en el mundo, un 71 % son polinizados por insectos. En Costa Rica, existen alrededor de 700 especies de abejas, las cuales pertenecen a cinco familias de abejas, de un total de siete familias que tienen presencia en el mundo, integradas en su conjunto por aproximadamente 20 mil especies en total. El aporte que recibe la agricultura, y con ello nuestra alimentación, de la función polinizadora de las abejas es abundante (…) Si hipotéticamente imaginamos la eliminación de las abejas de nuestro país, el daño global al medio ambiente y a nuestra seguridad alimentaria, sería de proporciones incalculables que solamente podemos esbozar a partir de un efecto dominó, ya que “La importancia de las abejas se puede apreciar con un solo dato: de los 115 cultivos que proveen el 90 por ciento de la comida en 146 países, 71 son polinizados por abejas. En otras palabras, dependemos de las abejas para tener una gran parte de nuestro alimento. Pero, más importante aún, las abejas pueden ser responsables de la polinización de aproximadamente el 70 por ciento de las especies de plantes silvestres en el trópico. Si se recuerda que las plantas son la base de la alimentación de la fauna y son esenciales para el equilibrio de los ciclos naturales del planeta, se podrá concluir que las abejas son un soporte fundamental de los ecosistemas terrestres. A partir de lo anteriormente expuesto, dejamos establecida la importancia, desde un punto de vista antropocéntrico, para el ser humano, su medio ambiente, su economía y alimentación, de las abejas y demás polinizadores. Pero esta coadyuvancia no puede acercarse al quid de la cuestión, sino plantea el interés de los polinizadores de desarrollar su natural comportamiento sin morir como resultado del contacto contra insecticidas introducidos por la especie humana, por lo que tampoco podemos pasar por alto que compartimos este planeta con otras formas distintas de vida pero no menos importantes, y en gran medida ello es posible por el trabajo de las abejas y otros polinizadores. El beneficio que recibimos de ellas no podría ser igualado ni siquiera por los avances tecnológicos que podríamos soñar a futuro. Sin embargo, la protección y tutela jurídica efectiva de la que son merecedoras es prácticamente nula, motivo por el que ofrecemos argumentos para revertir esa situación. La evolución ha determinado que las abejas deban superar cuatro fases de vida, las cuales son: huevo, larva, pupa y adulta. Ese proceso, conocido como metamorfosis, puede tardar entre varias semanas a varios meses y una vez que se llega a la etapa adulta, la vida de una abeja puede durar entre quince días a un mes y la cantidad de huevos que logre depositar depende de su especie. El proceso de las primeras tres etapas ocurre dentro del nido o dentro de la colmena, según el tipo de abeja de que se trate, sin embargo, aún y cuando el polen sea de importancia extrema para la reproducción de las plantas, también es la fuente de proteína de la que se alimentan las larvas, motivo por el que las abejas lo recolectan de las flores y trasladan a sus nidos, polinizando indirectamente las vegetaciones. Aunque no los vemos, sus nidos están por doquier, y corren el riesgo de ser fumigados directa o indirectamente por el fipronil, matando larvas y colonias enteras. “La construcción y arquitectura final del nido ha evolucionado para maximizar la capacidad de sobrevivencia de las crías y su estructura es propia de cada especie. Los nidos de las abejas son muy variados en su localización, forma y tamaño: pueden encontrarse en el suelo (…) en paredones de tierra (…) en ramas (…) o troncos huecos, o bien pueden ser estructuras expuestas construidas enteramente con material recolectado o producido por las abejas”. “Para recordar la ubicación de su nido, la hembra hace algunos vuelos de orientación para aprender los rasgos prominentes en el vecindario. En Costa Rica, la mayoría de las abejas buscan polen y néctar durante las mañanas soleadas y durante la tarde, a menudo, lleva a cabo actividades dentro del nido, por ejemplo, ampliar las cavidades y excavar nuevos túneles y celdas. La distancia que una hembra recorre de su nido para recoger alimento depende del tipo de abeja, usualmente corresponde a unos cientos de metros en abejas solitarias pequeñas, de 1 a 6 kilómetros en la abeja melífera, y quizás hasta 20 kilómetros en abejas de orquídeas.” El lenguaje con el que comunican a otras abejas la fuente de un alimento, es verdaderamente una joya de la evolución, ya que logran dar coordenadas para que las demás consigan llegar y aprovechar igualmente los nutrientes necesarios para el ciclo de la vida. Para producir un kilo de miel, las abejas tienen que volar entre 40 y 50 mil kilómetros, por lo que al no poder siempre regresar a su colmena, descansan dentro de las flores, de las que recolectan el pólen (sic) para llevar a sus descendientes en los nidos, que han fundado para albergarlos. Sin embargo, si entran en contacto con fipronil que haya sido fumigado previamente, podrán morir y nunca regresar con el alimento que espera su colmena. Las abejas, así como el resto de polinizadores, tienen el derecho de continuar con su función natural dentro de su ecosistema, de volar libremente de flor en flor atraídas por el néctar que de éstas emanan, de cargar el pólen (sic) en su cuerpo para alimentar sus crías, de fundar sus nidos donde su instinto evolutivo mejor les indique y desarrollar así el ciclo de la vida de su propia especie y de las demás especies de seres vivos dentro del planeta, sin padecer la muerte a mano de agrotóxicos que el ser humano emplea de manera despreocupada y a pesar de la evidencia científica que recomienda su prohibición. El fipronil es un insecticida que se utiliza comúnmente en la agricultura, donde los polinizadores son llamados a contribuir con el traslado aéreo del pólen. Dicho agro-tóxico se fumiga sobre los cultivos, y afecta el sistema nervioso de las abejas y otros polinizadores al entrar en contacto con los residuos que se depositan en el pólen (sic) de las flores, lo que les causa desorientación sin poder volver a su colmena en algunos casos, por lo que las larvas se quedan sin alimento y mueren antes de llegar a la vida adulta sin lograr depositar más huevos, mientras que en otros casos logran volver pero contaminan la colmena entera, causando así las muertes masivas que son conocidas a nivel nacional y sobre las que hay múltiples solicitudes para cancelar los registros de los productos que contienen este químico así como su prohibición de uso en territorio nacional. También es necesario ponderar que existen factores que amenazan la vida de los insectos que defendemos en esta acción, considerando entonces la expansión de la agricultura y la creciente deforestación, como consecuencia del aumento de la población, de igual manera, las abejas y otros polinizadores tienen depredadores naturales, así como patógenos propios de su especie, a lo cual debe sumarse los efectos del cambio climático como factores que deben superar para conseguir su ciclo vital. Sin embargo, el uso de insecticidas con fipronil representa una amenaza introducida exclusivamente por el ser humano, frente al cual ni las abejas ni otros polinizadores, pueden desarrollar mecanismo alguno de defensa, lo que representa una afectación desproporcionada contra la vida de las abejas así como contra el ciclo polinizador y de vida del que son parte, poniendo en riesgo la supervivencia del planeta. Con el uso de ese agrotóxico, el ser humano está interrumpiendo los ciclos vitales y evolutivos de la naturaleza y al dañar a otros, también se daña a sí mismo. Las abejas, así como otros polinizadores, cuyo conjunto defendemos mediante esta acción, son merecedores de respeto, y nuestra obligación como seres dignos conlleva darles un trato digno igualmente, por lo que debe reconocerse el derecho de las abejas y demás polinizadoras a desarrollar su natural comportamiento evolutivo sin padecer la muerte a manos del ser humano, lo cual se materializa con la prohibición en territorio nacional del uso de cualquier producto que contenga el fipronil. Nuestro ordenamiento jurídico encuentra su fuente principal en el derecho romano, para el que los animales, dentro de una sociedad eminentemente agrícola, eran altamente valorados, teniendo desde entonces, consideraciones jurídicas dentro de la categoría de la propiedad. Como bien apunta la doctora Marita Giménez-Candela, catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona, en su reciente investigación Abejas y Covid-19 (sic) : una regulación jurídica necesaria: “La cuestión central que tratan los textos jurídicos romanos en relación a las abejas, es la conservación de la propiedad del enjambre que migra -lo que se relaciona con la naturaleza jurídica del enjambre y, por ende, de las abejas-, y con el modo de adquisición de dicha propiedad, que se relaciona con otros dos principios centrales de la regulación jurídica de los animales, a saber: el estatuto jurídico de los animales, considerados hasta el presente como cosas en propiedad y, en estrecha relación con la propiedad, la debatida cuestión de la libertad natural de los animales, que se relaciona con la afirmación en los textos de la naturaleza silvestre de las abejas (…) La categoría de cosas dentro de la que se encuentran los animales en nuestro código civil, ha ido incorporando al tejido normativo argumentos científicos de la rama de la biología que ponen en evidencia que los animales no son cosas, sino seres sintientes que de acuerdo al postulado kantiano, merecen ser considerados dentro del contrato social del ser humano. En ese sentido, la ley del servicio nacional de salud animal considera que la salud de los animales es de interés público, y siendo que el uso del Fipronil está directamente relacionado con muertes masivas de colmenas, se hace necesario evidenciar la afectación al medio ambiente y con ello requerir la tutela constitucional (…) A partir de todo lo anteriormente expuesto, el uso del fipronil resulta lesivo para el ser humano, los polinizadores y el medio ambiente, por lo que prontamente debe reconocerse a las abejas y demás polinizadores así como seres vivos afectados por el fipronil, como entidades sujetas de derechos y titulares de protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las entidades territoriales que la integran. Con base en las consideraciones anteriormente expuestas, citas de ley y jurisprudencia relacionada, en defensa del medio ambiente con respeto y admiración superlativas, solicito a la Sala Constitucional se declare con lugar este recurso y que, de acuerdo con sus respectivas competencias, se ordene al Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía: 1. PROHIBIR el registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan el ingrediente activo FIPRONIL. 2. CANCELAR el registro de todos los productos formulados que contengan como ingrediente activo FIPRONIL y que hayan sido aprobados para uso agrícola o veterinario. 3. Que se declare a las abejas y demás polinizadores así como seres vivos afectados por el fipronil, como entidades sujetas de derechos y titulares de protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las entidades territoriales que la integran.”.
10.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 11:51 horas de 22 de octubre de 2021, Mario Peña Chacón plantea coadyuvancia y manifiesta: “el 8 de octubre de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a través de la Resolución A/HRC/48/L.23, reconoció derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano importante para el disfrute de los derechos humanos. En la citada Resolución (sic) , el Consejo señaló que el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible está relacionado con otros derechos y con el Derecho internacional vigente y que “los efectos del cambio climático, la ordenación y el uso no sostenibles de los recursos naturales, la contaminación del aire, las tierras y el agua, la gestión irracional de las sustancias químicas y los desechos, la pérdida resultante de diversidad biológica y la disminución de los servicios prestados por los ecosistemas” obstruyen e interfieren negativamente el disfrute de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. También reconoció que los derechos de buscar, recibir y difundir información y de participar efectivamente en la dirección de los asuntos gubernamentales y públicos y en la adopción de decisiones relativas al medio ambiente, así como el derecho a un recurso efectivo son esenciales para alcanzar el disfrute del derecho un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Por último, en la histórica resolución, el Consejo de Derechos Humanos hace un llamado a los Estados para crear las capacidades necesarias que les permitan cumplir con sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos, igualmente se les exhorta a mejorar la cooperación interestatal, compartir buenas prácticas en el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, así como a adoptar políticas para lograr el disfrute de este derecho con respeto a la biodiversidad y a los ecosistemas, procurando avanzar en el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. (…) En la Opinión Consultiva 23-17 del 15 de noviembre de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se pronunció sobre el efecto de las obligaciones derivadas del derecho ambiental en relación con las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Dentro de los aspectos más relevantes desarrollados por la Corte Interamericana en la OC-23-17, estrictamente relacionados con el derecho humano a un ambiente sano, destacan los siguientes: • El derecho humano a un ambiente sano posee connotaciones tanto individuales como colectivas. En su dimensión colectiva constituye un interés universal, que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras, mientras que en su dimensión individual su vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a su conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros, en la medida que la degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables en los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad. (Párrafo 59) • El derecho a un ambiente sano es un derecho autónomo que, a diferencia de otros derechos, protege los componentes del medio ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de un derecho incluido entre los derechos económicos, sociales y culturales (DESCA), protegidos por el artículo 26 de la Convención, derecho que protege a la naturaleza y el medio ambiente no solamente por su utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos humanos, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos. Al efecto, la Corte advirtió la tendencia a nivel global de reconocer personería jurídica y, por ende, derechos a la naturaleza, no solo en sentencias judiciales sino incluso en ordenamientos constitucionales. (Párrafo 62) • Los derechos especialmente vinculados al medio ambiente se clasifican en dos grupos: a) derechos sustantivos, tales como los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud o a la propiedad, y b) derechos de procedimiento, entre ellos: libertad de expresión y asociación, a la información, a la participación en la toma de decisiones y a un recurso efectivo. (Párrafo 64) • El derecho a un medio ambiente sano como derecho autónomo es distinto al contenido ambiental que surge de la protección de otros derechos particularmente vulnerables a afectaciones ambientales, dentro de los que se encuentran los derechos a la vida, integridad personal, vida privada, salud, agua, alimentación, vivienda, participación en la vida cultural, derecho a la propiedad, derecho a la paz y el derecho a no ser desplazado forzadamente por deterioro del medio ambiente. (Párrafos 63 y 66) • La afectación a los derechos estrictamente vinculados al ambiente puede darse con mayor intensidad en determinados grupos en situación de vulnerabilidad, como pueblos indígenas, niños, personas viviendo en situación de extrema pobreza, minorías, personas con discapacidad, mujeres, comunidades que dependen, económicamente o para su supervivencia, fundamentalmente de los recursos ambientales, o que por su ubicación geográfica corren un peligro especial de afectación en casos de daños ambientales, tales como las comunidades costeñas y de islas pequeñas. (Párrafo 67) Por su parte, en relación con las obligaciones estatales derivadas del cumplimiento efectivo del derecho a un ambiente sano, en la Opinión Consultiva la Corte Interamericana desarrolló las siguientes: • Los Estados deben velar porque su territorio no sea utilizado de modo que se pueda causar un daño significativo al medio ambiente de otros Estados o de zonas fuera de los límites de su territorio. Por tanto, los Estados tienen la obligación de evitar causar daños transfronterizos. (Párrafos 127 a 174) • Los Estados tienen la obligación de prevenir daños ambientales significativos, dentro o fuera de su territorio. (Párrafos 127 a 174) • Con el propósito de cumplir la obligación de prevención los Estados deben regular, supervisar y fiscalizar las actividades bajo su jurisdicción que puedan producir un daño significativo al medio ambiente; realizar estudios de impacto ambiental cuando exista riesgo de daño significativo al medio ambiente; establecer un plan de contingencia, a efecto de tener medidas de seguridad y procedimientos para minimizar la posibilidad de grandes accidentes ambientales; y mitigar el daño ambiental significativo que se hubiere producido, aun cuando hubiera ocurrido a pesar de acciones preventivas del Estado. (Párrafos 141 a 174) • Los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, a efectos de la protección del derecho a la vida y a la integridad personal, frente a posibles daños graves o irreversibles al medio ambiente, aún en ausencia de certeza científica. (Párrafo 180) • Los Estados tienen la obligación de cooperar, de buena fe, para la protección contra daños al medio ambiente (Párrafos 181 a 210) • Con el propósito de cumplir la obligación de cooperación, los Estados deben notificar a los demás Estados potencialmente afectados cuando tengan conocimiento que una actividad planificada bajo su jurisdicción podría generar un riesgo de daños significativos transfronterizos y en casos de emergencias ambientales, así como consultar y negociar, de buena fe, con los Estados potencialmente afectados por daños transfronterizos significativos. (Párrafos 187 a 210) • Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho al acceso a la información relacionada con posibles afectaciones al medio ambiente, consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana. (Párrafos 213 a 225) • Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 23.1.a de la Convención Americana, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente. (Párrafos 226 a 232) • Los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso a la justicia, en relación con las obligaciones estatales para la protección del medio ambiente. (Párrafos 233 a 240) De esta forma, y al igual que como lo ha venido haciendo a nivel global el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionados con el disfrute a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible en sus informes dirigidos a la Asamblea General de Naciones Unidas; la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a nivel regional, por medio de la OC-23-17, otorgó contenido y sustento al derecho humano al ambiente sano del artículo 26 de la Convención Americana, mismo que presenta una serie de características propias que permiten calificarlo como un derecho humano atípico. De acuerdo a la OC-23-17, a diferencia de otros derechos humanos, el derecho humano al ambiente sano, protege a la naturaleza, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales, y no solamente por su utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación puede causar en otros derechos humanos, sino por la importancia para los demás organismos vivos, también merecedores de protección en sí mismos. Esta postura de la Corte Interamericana fue reforzada en la sentencia del caso Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina del 06 de febrero de 2020 (párrafo 203), en la cual tuvo por violentados los derechos al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural, los cuales fueron definidos como autónomos y justiciables en el marco del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. A raíz de lo anterior, la Corte Interamericana amplió de forma conjunta, sinérgica y sin jerarquías, el elenco de destinatarios de protección del derecho humano al ambiente sano, con el fin de incluir a las generaciones presentes y futuras, así como a todas aquellas especies con las cuales el ser humano comparte el planeta, merecedoras de tutela por su importancia intrínseca e independiente de su valoración humana. Se trata entonces de un derecho humano que tiene como destinatario de protección lo humano y lo no humano. Aplicando un enfoque biocéntrico, la Corte Interamericana rompió con el paradigma de que los derechos humanos son exclusivos de, por y para los seres humanos. Es posible afirmar que la Corte Interamericana, en su opinión consultiva 23-17, “ecologizó” el derecho humano al ambiente sano en tres distintas dimensiones. La primera de ellas, dimensión espacial, estableciendo obligaciones estatales a nivel nacional, transfronterizo y planetario; una segunda dimensión de carácter temporal, en relación con la tutela de los derechos ambientales de las generaciones presentes y futuras; y una última dimensión biocéntrica/geocéntrico, por medio de la cual amplía su radio de protección sobre otras especies y ecosistemas La tutela constitucional y convencional de especies amenazadas, en peligro de extinción o de especial relevancia para garantizar el equilibrio ecológico y la alimentación, así como de los sistemas ecológicos de los cuales dependen para existir, prosperar y evolucionar, por parte de esta Sala, data de varias décadas, tal y como se expone a continuación: En el voto 1999-12501 del 19 de febrero de 1999, esta Sala declaró la inconstitucionalidad de un decreto ejecutivo que permitía la captura de la tortuga verde (chelonia mydas) en el Mar Caribe, para fines comerciales. Con ello, da inicio a una línea jurisprudencial de tutela de especies amenazadas o en peligro de extinción por su valor intrínseco, así como del derecho de las generaciones futuras de “conocerlas y de gozar del mismo ecosistema del que gozamos actualmente”, integrando los derechos recogidos en los artículos 7, 50 y 89 constitucionales con las obligaciones contraídas por Costa Rica mediante la suscripción de instrumentos internacionales ambientales que giran en torno a la protección del equilibrio ecológico del cual dependen dichas especies. (…) La Ley de Biodiversidad, con estatus de orden público, que sirve, además, de marco para la interpretación del resto de las normas que regulan la materia ambiental, 7 en su artículo 9, establece como principios generales: el respeto a la vida en todas sus formas, reconociendo de forma clara, directa y expresa, el derecho de todos los seres vivos a la vida, con independencia de su valor económico actual o potencial; el carácter meritorio de los elementos de la biodiversidad, reconociendo además su importancia decisiva y estratégica para el desarrollo del país y su carácter indispensable para el uso doméstico, económico, social, cultural y estético de sus habitantes; el respeto a la diversidad cultural especialmente el caso de las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y otros grupos culturales, así como la equidad intra e inter generacional. Desde 1998 y como principio general del ordenamiento jurídico ambiental, la Ley de Biodiversidad concede derechos a formas de vida distintas a la humana y les otorga un valor intrínseco, con ello los reconoce como sujetos de derechos y destinatarios directos de protección por parte del sistema jurídico. Tal reconocimiento es acorde y encuentra respaldo en instrumentos internacionales de reciente data que incorporan una racionalidad biocéntrica / ecocéntrica. En ese sentido, es posible acudir al Principio 2 de la Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental del 2016, que al efecto dispone: Derecho a la Naturaleza y Derechos de la Naturaleza. Cada ser humano y otros seres vivos tienen derecho a la conservación, protección y restauración de la salud e integridad de los ecosistemas. La naturaleza posee un derecho intrínseco a existir, prosperar y evolucionar. También encuentra fundamento en la Opinión Consultiva 23-17 sobre medio ambiente y derechos humanos (párrafos 56 a 68), así como en la sentencia Caso Comunidades miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs Argentina (párrafo 203), ambas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las cuales, al desarrollar el contenido del derecho humano al ambiente sano a través del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte consideró a los componentes del medio ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales, disponiendo que la naturaleza y el medio ambiente encuentran protección interamericana no solamente por su conexidad con su utilidad para ser humano o por los efectos que su degradación podría causar a otros derechos de las personas, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos, advirtiendo una tendencia a reconocer personería jurídica, y  por ende derechos a la naturaleza no solo en sentencias judiciales, sino incluso en ordenamientos constitucionales. A la vez, obtiene respaldo del documento denominado Principios Jurídicos Medioambientales para el desarrollo ecológicamente sostenible, el cual identifica y sistematiza los principios internacionales de protección del ambiente reconocidos por instrumentos internacionales y por la jurisprudencia nacional y comparada sobre la materia y que fue aprobado por la Corte Plena en 2020, en especial, de los siguientes principios: Principio 38: Obligación de protección de la naturaleza; Principio 39: Derecho a la naturaleza y derechos de la naturaleza; Principio 42: Sostenibilidad ecológica y resiliencia (sic) y Principio 48: Interdependencia ecológica (…) De conformidad con los hechos expuestos en el escrito de interposición del recurso de amparo, así como las consideraciones de fondo desarrolladas a través de la presente coadyuvancia activa y al existir plena certeza científica respecto a los efectos devastadores sobre los derechos humanos a la salud, seguridad alimentaria, biodiversidad y ambiente, que genera el uso de agroquímicos que contienen fipronil (informe rendido por la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía), solicito a este Tribunal Constitucional declarar con lugar el recurso de amparo ordenando la prohibición de su uso a nivel nacional.”.
11.-En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 

                 Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:

 

I.- SOBRE LAS COADYUVANCIAS PLANTEADAS. La coadyuvancia es una forma de intervención adhesiva que se da, cuando una persona actúa en un proceso, adhiriéndose a las pretensiones de algunas de las partes principales. En consecuencia, está legitimado para actuar como coadyuvante quien ostente un interés directo en el resultado del recurso; sin embargo, al no ser actor principal, el coadyuvante no resultará directamente afectado por la sentencia, es decir, la eficacia de ésta no podrá alcanzarle de manera directa e inmediata, ni le afecta la condición de cosa juzgada del pronunciamiento (véanse, entre otras, las sentencias n.°2010-000254, de las 11:28 horas el 08 de enero de 2010, y la n.° 2018019952 de las 9:30 horas de 30 de noviembre de 2018). En este caso, la Sala procede a admitir las coadyuvancias presentadas por cuanto los solicitantes sí tienen un interés en el resultado de este proceso.
II.-OBJETO DEL RECURSO. La recurrente, en su condición de defensora de los Habitantes, estima lesionado el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Aduce que el 21 de abril de 2021 recibió una denuncia suscrita por el presidente de la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura, en la que él señalaba que se había gestionado ante el MAG, el Ministerio de Salud y el MINAE la prohibición total de los productos que contengan como ingrediente activo Fipronil, insecticida de uso agrícola y veterinario, pues ha sido el responsable de la muerte masiva de abejas en Costa Rica. Expresa que por la afectación ambiental y el riesgo para la salud humana que provoca el Fipronil debe prohibirse su importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso; además, solicita la cancelación de todos los registros de los productos que contengan ese ingrediente activo, tanto para uso agrícola como veterinario.
III. HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
El 7 de abril del 2021, mediante el oficio n.° CNFA-JD-009-2021, el señor Juan Bautista Alvarado Barrantes, presidente de la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura, presentó una gestión ante los ministerios de Salud, Ambiente y Energía, y, Ganadería y Agricultura, en la que requirió: “Prohibir el registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan el ingrediente activo FIPRONIL (…) Cancelar el registro, de todos los productos formulados que contengan como ingrediente activo Fipronil y que dentro de los usos aprobados estén la aplicación en cultivos agrícolas o en animales domésticos, semovientes.”. Lo anterior, debido a la afectación generada a las abejas. (Prueba documental).
En cuanto al Ministerio de Salud:
El 9 de abril de 2021, el Ministerio de Salud dio traslado al oficio n.° CNFA-JD-009-2021, suscrito por el señor Juan Bautista Alvarado Barrantes, al ingeniero Eugenio Androvetto Villalobos, para la atención de la denuncia interpuesta. (Ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada al expediente digital).
 El 12 de abril de 2021, mediante el oficio n° MS-DPRSA-0240-2021, el ingeniero Eugenio Androvetto Villalobos solicitó a la Dirección de Productos de Interés Sanitario, el criterio correspondiente sobre la solicitud del señor Juan Bautista Alvarado Barrantes, a fin de elaborar una recomendación al Despacho del ministro de Salud. (Ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada al expediente digital).
El 10 de mayo de 2021, la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud emitió el informe técnico n.°DRPIS-VU-036-2021, en el que se consignó: “El Fipronil (fórmula química: C12H4Cl2F6N4OS, Nº CAS: 120068-37-3. Nombres comerciales: A.S. Myl, Albatros, Bemol, Blitz, Chipco Choice, Cosmos, Fulminante, Goliath Gel, Klap, Maxforce, Regent, Sofion, Termidor, Thunder, Tim-Bor, Tripzell, Weedcop, Zetanil), es un insecticida de amplio espectro y una sustancia de uso veterinario que pertenece al grupo de los fenilpirazoles, el cual se utiliza para el control de hormigas, cucarachas, pulgas, garrapatas, termitas y otros insectos. El Fipronil puede ser comercializado en productos de forma granulada, tratamiento para semillas, productos tópicos para cuidado de mascotas, cebos de gel, termiticidas líquidos y en la agricultura. Según la información consultada en la página web del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), en Costa Rica se ha aprobado su utilización en formulaciones líquidas y sólidas para uso agrícola, conteniendo un 20.0 % m/v y 0.003% m/m del ingrediente activo, respectivamente y su uso está autorizado en los cultivos de chile dulce, naranja, piña, plantas ornamentales, café y palma aceitera (…) En Costa Rica se ha aprobado 3 registros del IAGT Fipronil, todos amparados en la ley N° 8702; dicha ley contempla que el registrante solo debe aportar un resumen de los ensayos que establecen las características toxicológicas de la sustancia, razón por la cual este IAGT no fue evaluado de forma minuciosa por el Ministerio de Salud. A nivel de productos formulados, se tiene 14 registros, 7 de los cuales son exclusivos para exportación. Según datos aportados por la Unidad de Control de Residuos del Departamento de Agroquímicos del SFE, durante el 2019, el Fipronil se detectó por encima del Límite Máximo de Residuos (LMR) con una frecuencia de 44 veces en chile y 8 en culantro. En el caso de matrices de origen animal para consumo humano (carne, huevos o leche), según consulta realizada al Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), por el momento dicho laboratorio no tiene disponible información sobre posibles incumplimientos del LMR, debido a que no cuentan con el estándar analítico de Fipronil-sulfona necesario para su evaluación (por definición, los residuos de Fipronil se expresan como la sumatoria de Fipronil y Fipronil sulfona) por lo que ambos deben poder ser detectados. A nivel mundial, actualmente, se encuentra aprobado el uso de Fipronil en Bélgica y Países Bajos bajo la normativa N° 1107/2009, además se utiliza en Australia y en Estados Unidos donde fue aprobado desde 1996. En el caso de la Unión Europea, el Fipronil se incluyó en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE el 1 de octubre de 2007 así como mediante la Directiva 2007/52/CE. Se consideró aprobado con arreglo al Reglamento (CE) N° 1107/2009 y de conformidad con el Reglamento de ejecución de la Comisión (UE) N° 540/2011, modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) No 541/2011 de la Comisión. A pesar de lo anterior, conforme al reglamento CE 1107/2009, no se autorizó su uso en productos para protección de plantas y está prohibido su uso en animales destinados para consumo humano, aunque de acuerdo con la Directiva 2010/21/UE de la Comisión, hay disposiciones específicas para permitir su uso como tratamiento para semillas y solamente donde el recubrimiento de las semillas sea realizado en instalaciones de tratamiento profesional, el cual aplique las mejores técnicas para garantizar que la liberación de polvos o nieblas durante la aplicación, almacenaje y transporte puedan ser minimizados. Cabe destacar que estas medidas fueron principalmente adoptadas para la protección de las abejas y no se han expuesto criterios de salud humana para las subsecuentes modificaciones realizadas después de su aprobación en la Unión Europea. La UE estableció un LMR en productos de origen vegetal y animal de 0.005 mg/kg según regulación Reg. (EU) 2019/1792, modificando los antiguos LMR que eran mayores en algunas matrices; esto tomando en consideración el potencial de bioacumulación, la afinidad por tejidos adiposos del ingrediente activo y la ADI. Por lo anterior, debe prestarse especial importancia al potencial carcinogénico por exposición crónica, en caso de que se determinen nuevos datos técnicos que evidencien un riesgo real, y sea necesario restringir o prohibir el uso agrícola en Costa Rica. 5. Conclusión Considerando la información suministrada por las principales autoridades internacionales, así como las encargadas de monitorear residuos de plaguicidas en Costa Rica, es necesario destacar que: a. En el caso de SENASA, sería muy valioso poder contar con información sobre la presencia de este IAGT en matrices animales de consumo humano, para determinar si existe un riesgo asociado por esa vía, sin embargo, por las razones expuestas anteriormente esa información no está disponible. b. De acuerdo con el SFE, sí existen excedencias del LMR en productos de origen agrícola. c. Es necesario el criterio de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, para saber si han llevado a cabo acciones de control o fiscalización relacionados al Fipronil adicionales a las mencionadas en fuentes para consumo de agua, considerando que de acuerdo con el SFE sí se han reportado casos anómalos y que los procedimientos de vigilancia y fiscalización de sustancias de uso agrícola están fuera de las competencias de la Unidad de Registro. Por lo tanto, y de acuerdo con los datos disponibles, esta Unidad considera que el IAGT Fipronil no representa un riesgo inaceptable a la salud humana, siempre y cuando sea utilizado bajo las buenas prácticas agrícolas, cumpliendo con las indicaciones de la etiqueta, y respetando los límites máximos de residuos en los cultivos aprobados; y adicionalmente, aboga a la importancia de la fiscalización de los residuos en alimentos y efectos a la salud pública, por parte de las entidades responsables.”. (Informe de la autoridad recurrida y prueba documental).
El 26 de mayo de 2021, el director de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud suscribió el oficio n.° n.°MS-DPRSA-417-2021, dirigido al ministro de Salud, en el que señaló: “En conclusión, la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental con base en la información consultada y los datos disponibles no considera que el Fipronil represente un riesgo inaceptable para la salud humana, como sí se evidencia que lo es para los organismos invertebrados y otras especies. No obstante, sí es de interés de esta Dirección participar en la conformación de un equipo técnico con las autoridades correspondientes para trabajar en la regulación específica de esta sustancia.”. (Informe de la autoridad recurrida y prueba documental).
El 4 de junio de 2021, mediante el oficio n.° MS-DM-4603-2021, dirigido al señor Juan Bautista Alvarado Barrantes, el ministro de Salud indicó: “Sobre el particular, le informo que la situación de afectación en la salud por el fipronil, se encuentra en análisis, así también la señora Andrea Meza Murillo, Ministra del MINAE través del DM-0374-2021 (adjunto) solicita “se conforme de forma urgente un grupo de trabajo técnico que pueda levantar el expediente que se requiere para la regulación normativa de esta sustancia al más corto plazo”. En razón de lo anterior estamos trabajando en los estudios correspondientes, estaremos informándole de los avances en el momento que ustedes así lo requieran.”. (Informe de la autoridad recurrida y prueba documental).
El 8 de junio de 2021, el ministro de Salud emitió el oficio n.° MS-DM-4665-2021, mediante el cual se le comunicó al señor Juan Bautista Alvarado Barrantes las conclusiones de los oficios MS-DPRSA-417-2021 y DRPIS-VU-036-2021; además, se le indicó que se continuaría con las gestiones de investigación, como parte de las acciones del equipo técnico interinstitucional, para la regulación específica de esta sustancia Fipronil. (Ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada al expediente digital).
 Por medio del oficio n.° MS-DM-4668-2021 de 9 de junio de 2021, dirigido a la defensora de los Habitantes, el ministro de Salud señaló: “En atención a su oficio N°05444-2021-DHR-(CV), me permito describir a continuación las acciones que hemos llevado a cabo con respecto al tema denunciado por el señor Juan Bautista Alvarado Barrantes, en torno al uso del plaguicida Fipronil: a) El día 7 de abril se recibe oficio CNFA-JD-009-2021, donde el señor Alvarado Barrantes “solicita la prohibición total y definida de la importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, reempaque, reenvasado, anuncio, manipulación, mezcla, venta, empleo y la cancelación del registro, de todos los productos formulados que contengan como ingrediente activo Fipronil y que dentro de los usos aprobados estén la aplicación en cultivos agrícolas o en animales domésticos, semovientes”. b) Dicho oficio fue traslado para la atención pertinente, al Ing. Eugenio Androvetto Villalobos, Director de Protección Radiológica y Salud Ambiental, (documento N° HT-843-2021), quien a su vez hizo la consulta del caso a la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario. c) Se recibe oficio de señora Andrea Meza Murillo, Ministra del MINAE través del DM-0374-2021 (adjunto) solicita “se conforme de forma urgente un grupo de trabajo técnico que pueda levantar el expediente que se requiere para la regulación normativa de esta sustancia al más corto plazo” d) Con oficio MS-DM-4603-2021 (adjunto) se da respuesta a la nota CNFA-JD-009-2021 del señor Juan Bautista Alvarado. e) Con respecto al criterio técnico solicitado, se reciben los oficios MS-DPRSA-417-2021 y DRPIS-VU-036-2021, que además adjunto copia, los cuales contienen criterio técnico preliminar sobre el plaguicida en cuestión, como insumo para la comisión interinstitucional a instaurar solicitada mediante oficio de la Andrea Meza Murillo, Ministra del MINAE. f) Como adendum del oficio anterior, con nota MS-DM-4665-2021 (adjunta) dirigida al señor Bautista Alvarado, se le hace traslado de los criterios citados en el punto b). Valga indicar que la situación de afectación en la salud por el Fipronil, se encuentra en análisis, así también la señora Andrea Meza Murillo, Ministra del MINAE través del DM-0374-2021 (adjunto) solicita “se conforme de forma urgente un grupo de trabajo técnico que pueda levantar el expediente que se requiere para la regulación normativa de esta sustancia al más corto plazo”. Finalmente reiterar que a lo interno se avanzó en la solicitud de criterios a los equipos técnicos correspondientes a la afectación en salud que compete a este ministerio de cara a la conformación de la comisión mencionada en el oficio del MINAE (DM-0374-2021), en la cual la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental tendrá una participación activa y designó un representante.”. (Informe de la autoridad recurrida y prueba documental).
El 17 de junio de 2021, se emitió el oficio n.°MS-DPRSA-547-2021, suscrito por el ingeniero Eugenio Androvetto Villalobos, dirigido al ministro Daniel Salas Peraza, mediante el cual se designó a la señora Dorell Rojas Fonseca de la Unidad de Protección Radiológica para conformar el grupo de trabajo para la regulación del Fipronil. Asimismo, el 17 de junio se le comunicó a la ministra de Ambiente y Energía que la funcionaria mencionada sería la integrante del equipo de trabajo.  (Ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada al expediente digital).
 El 22 de junio de 2021, por medio del oficio n.° MS-DM-4888-2021, el ministro de Salud le comunicó a la ministra de Ambiente y Energía, la inclusión de los funcionarios Andrés Araya Brenes y Karol Masís Díaz, ambos de la Dirección de Productos de Interés Sanitario, para conformar el equipo de trabajo. (Ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada al expediente digital).
El 14 de julio de 2021 se llevó a cabo la primera reunión del equipo técnico, en la que participaron funcionarios de MINAE, Ministerio de Salud, SENASA y Servicio Fitosanitario del Estado, y en la minuta se consignaron los siguientes acuerdos: “Acuerdo 1: El equipo va a empezar tratar únicamente la mortalidad de las abejas con respecto al tema de la sustancia del fipronil (…) Acuerdo 2: Buscar la forma de tener una plataforma donde todos puedan tener acceso a la información (…) Acuerdo 3: Andrés Araya de Ministerio de Salud enviara por correo informe que se realizó desde registro y Esaú Miranda enviara propuesta de regulación que se ha trabajo en el Servicio Fitosanitario del Estado a Inti Acedo (…) Acuerdo 4: Se seguirá trabajando con los que no cuentan con un impedimento por directriz. Acuerdo 5: La próxima reunión será llevada a cabo el día cuatro del mes de agosto del 2021 de 1:30pm a 3:00pm (…)  Acuerdo 6: El cuadro será incluido en una carpeta a la que todos tendrán acceso para irla alimentando. Acuerdo 7: Inti Acedo estará comunicando cuando el problema de la carpeta compartida este resulto.”. (Informe de la autoridad recurrida y prueba documental).
 El 4 de agosto de 2021 se realizó la segunda reunión del equipo técnico, y en la minuta se anotó: “Acuerdo 1: En la carpeta del Equipo técnico para regular el fipronil se encontrará la carpeta principal del Fipronil y también otros temas relacionados a las demás sustancias en subcarpetas (…) Acuerdo 2: Ir levantando las diferentes observaciones de cada documento y en base a (sic) esa información ver que plantamiento (sic) adicional pueden hacer para recopilar información e ir avanzando. Acuerdo 3: Valorar la regulación del uso de fipronil en lugar de su prohibición (…) Acuerdo 4: Las compañeras participantes de parte de Ministerio de Ambiente y Energía van a consultar en que (sic) estado se encuentra la directriz (…) Acuerdo 5: SENASA enviará el informe técnico dirigido a Inti Acedo (…) Acuerdo 6: Cada uno alimentará el cuadro con aportes o comentarios para cada documento y así hacer recomendaciones sobre los documentos una vez ya se revisen con detalle (…) Acuerdo 7: Para la próxima reunión se va a contar con una lista de observaciones e información adicional para los documentos que se van a revisar (…) Acuerdo 8: La próxima reunión será llevada a cabo el día 1 de septiembre a la 1:00pm.”. (Informe de la autoridad recurrida y prueba documental).
El 23 de agosto de 2021, la funcionaria Dorell Rojas Fonseca, de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, solicitó vía correo electrónico al Centro Nacional de Control de Intoxicaciones, información sobre intoxicaciones de personas, ya sea por uso inadecuado o por exposición laboral, que se hayan reportado durante el último periodo de cinco años. (Informe de la autoridad recurrida y prueba documental).
 Mediante el oficio n.° MS-DPRSA-692-2021 de 23 de agosto de 2021, el director de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud le solicitó a la directora general de Salud, información sobre la atención de denuncias de intoxicación de seres humanos con productos cuyo ingrediente activo sea Fipronil. (Informe de la autoridad recurrida y prueba documental).
El 25 de agosto de 2021, la funcionaria Dorell Rojas Fonseca, de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, consultó, vía correo electrónico, al jefe de la Unidad de epidemiología de la Dirección de Vigilancia de la Salud información documentada durante el periodo comprendido entre 2016 y 2021 de reportes de casos de personas intoxicadas con plaguicidas cuyo ingrediente activo sea Fipronil, ya sea por un uso inadecuado o por exposición laboral, entre otros factores que pudieran ocasionar esta situación. (Informe de la autoridad recurrida y prueba documental).
 Mediante el oficio n.°MS-DGS-3607-2021 de 27 de agosto de 2021, la directora general de Salud solicitó a los directores regionales información sobre la atención de denuncias de intoxicación de seres humanos con productos cuyo ingrediente activo sea Fipronil. (Informe de la autoridad recurrida y prueba documental).
Sobre el Ministerio de Ambiente y Energía:
 El ministro a.i. de ambiente y Energía informa que el Fipronil es un insecticida de contacto y estomacal de amplio espectro, y existen productos de uso doméstico, veterinario y agrícola con este ingrediente activo. Asimismo, señala que se encuentra autorizado para los cultivos de algodón, caña india, café, chile dulce, cítricos, palma aceitera, piña, plantas ornamentales y frutales. (Informe de la autoridad recurrida).
 En fecha indeterminada de 2021, la Unidad de Evaluación Ambiental de Agroinsumos de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental de MINAE emitió el “Informe de Mortalidad de Abejas 2021”, en el que se consignó: “(…) A nivel nacional, durante el año 2020, se ha generado preocupación debido a dos eventos de mortalidad de abejas que fueron reportados. Uno fue el 8 de mayo en Esparza3 de Puntarenas y el otro fue el 12 de agosto en Orotina de Alajuela4, donde la Unidad de Residuos y Contaminantes en alimentos de Origen Terrestre del Servicio Nacional de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), reportó que las muestras analizadas (abeja proveniente de la colmena) de ambos sitios, presentaban presencia del plaguicida Fipronil. Adicionalmente, en la muestra proveniente de Orotina, se detectó otro plaguicida Trifloxistrobina. Como consecuencia de los eventos antes citados, los apicultores de Costa Rica hicieron una llamada a las autoridades del MAG para que se proceda a restringir y prohibir el uso fipronil y trifloxistrobina. Además instaron a que se inicie un programa de capacitación dirigido a las personas agricultoras sobre el uso y correcto manejo de todas las sustancias químicas potencialmente nocivas para las abejas5 (…) Con base en la información recabada de los eventos de mortalidad de abejas previamente citados, se elaboró el presente informe con el objetivo de determinar el riesgo para las abejas asociado al uso agrícola autorizado en Costa Rica para los productos formulados a base de fipronil y trifloxistrobina (…) Generalidades sobre el Fipronil. El Fipronil es un insecticida de amplio espectro que ya no está aprobado para su uso en la UE en cultivos, sin embargo, puede usarse como tratamiento veterinario, para el control de parásitos en animales no destinados a la cadena alimentaria. 7 El fipronil, número CAS 120068-37-3, tiene baja solubilidad en agua, baja volatilidad y no es muy móvil en el medio ambiente. Puede ser bastante persistente en los sistemas de suelo, pero lo es menos en los sistemas acuáticos y de sedimentos. Es muy tóxico para los humanos y puede bioacumularse. Se considera un neurotóxico e irritante tanto para los ojos como para la piel. El fipronil es muy tóxico para los mamíferos, aves y abejas, pero un poco menos para los peces, invertebrados acuáticos, plantas acuáticas y lombrices de tierra7 (…) CONCLUSION GENERAL Los resultados de la evaluación de riesgo ambiental para los IAGTs detectados en muestras de abejas colectadas en dos eventos de mortalidad de estos insectos, fipronil y trifloxistrobina, demostró que únicamente para el caso de fipronil los usos agronómicos actualmente autorizados representan riesgos inaceptables para las abejas, tanto para la dosis más alta aprobada como para la más baja. Las abejas son la especie que se toma como representativo de los insectos polinizadores, por lo que no solo supone un riesgo para sus poblaciones sino también para la biodiversidad de los ecosistemas y la propia estabilidad del ser humano, quien depende del trabajo de polinización que realizan las abejas. Así mismo, los datos ecotoxicológicos de fipronil generan preocupación hacia otros organismos del ecosistema por cuanto se considera altamente tóxico para aves, peces, invertebrados acuáticos y muy altamente tóxico para algas. Además, es moderadamente persistente en suelo y en sistemas de agua/sedimento, y cuando se degrada produce otros metabolitos que sí son persistentes. Estos resultados sugieren que los productos actualmente registrados que contienen fipronil pueden estar causando un daño ambiental, y que el daño ambiental no solo está asociado al uso indiscriminado o intencional de estos productos. Por lo tanto, basado en los resultados de riesgo ambiental para las abejas, así como las alertas de peligrosidad del fipronil y que los productos registrados a base de este IAGT no cuentan con el aval ambiental de esta cartera, consideramos que, en pro de salvaguardar el ambiente, resulta fundamental que se cancelen los registros vigentes a base de este plaguicida. Lo anterior en apego a lo estipulado en el numeral 13 del DE 33495 o en el numeral 14.1.3.1 y 14.2.1.2 del DE 40059 y en el artículo 29 y 30 de la Ley 7664 Ley de Protección Fitosanitaria, referente a suspensiones y cancelaciones de registro. Así también, se deben tomar las acciones pertinentes para la prohibición del uso de este IAGT a nivel nacional, no solo en la agricultura. Con respecto al trifloxistrobina, si bien no se demostró un riesgo para las abejas asociado a su uso agronómico, es importante resaltar que es muy altamente tóxico para organismos acuáticos (peces, invertebrados y algas) (…) 4. PETITORIA De acuerdo con la información recabada y analizada en este informe, se puede concluir un riesgo inaceptable para los polinizadores por efectos del uso del insecticida fipronil y por ende, un riesgo inaceptable para la biodiversidad de los ecosistemas y la propia estabilidad del ser humano, quien depende del trabajo de polinización que realizan las abejas, así como una alta peligrosidad para aves y organismos acuáticos. El uso de insecticidas como el fipronil es una situación controlable, a diferencia de los otros factores que también amenazan la estabilidad de las poblaciones de invertebrados benéficos, por lo tanto, es asequible en este caso, el realizar un cambio de alto impacto y a corto plazo en favor del ambiente. Por lo tanto, se solicita a las autoridades nacionales con competencia tomar las medidas urgentes y necesarias para resguardar los siguientes bienes constitucionales: la salud humana, la biodiversidad y el ambiente en Costa Rica del uso de agroquímicos que contengan fipronil. Ya que, como se indicó supra, hay datos que muestran riesgos inaceptables sobre las abejas, sin embargo, no solo se deben ejercer las acciones de protección de estos organismos per se (conservación de la biodiversidad), sino porque al estar en riesgo ellas, también se ponen concomitantemente en riesgo la estabilidad de los ecosistemas y la propia supervivencia humana. Para esto se recomienda la cancelación de los registros de productos que contienen fipronil y la prohibición del uso a nivel nacional.” (Prueba documental).
Mediante el oficio n.° DM- 0374-2021 de 29 de abril de 2021, dirigido al ministro de Salud y al ministro de Agricultura y Ganadería, la ministra de Ambiente y Energía señaló: “Desde el MINAE ponemos en su conocimiento la preocupación ambiental que tiene este Ministerio debido a los eventos de mortalidad masiva de abejas que han sido reportados desde el año 2020. La Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), realizó el análisis de la información disponible para los eventos ocurridos el 8 de mayo en Esparza de Puntarenas y el 12 de agosto en Orotina de Alajuela, donde la Unidad de Residuos y Contaminantes en alimentos de Origen Terrestre del Servicio Nacional de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), reportó que las muestras analizadas (abeja proveniente de la colmena) de ambos sitios, presentaban presencia del plaguicida Fipronil. Con base en la información recabada en el informe de DIGECA, el cual nos permitimos adjuntar, se demostró que el fipronil representa riesgos inaceptables para las abejas, tanto para la dosis más alta aprobada como para la más baja para uso agrícola. Así mismo, los datos ecotoxicológicos de fipronil generan preocupación hacia otros organismos del ecosistema por cuanto se considera altamente tóxico para aves, peces, invertebrados acuáticos y muy altamente tóxico para algas. Adicionalmente, de acuerdo con el sistema de información de DIGECA, no consta que el MINAE haya emitido ningún respaldo técnico que avale los registros de productos a base de fipronil. Existe información también de que esta molécula no solo se encuentra registrada para uso agrícola sino también para uso veterinario y para uso doméstico, siendo todos estos registros otorgados por los Ministerios a su cargo. Por lo tanto, desde MINAE requerimos que se tomen medidas urgentes y necesarias según las competencias de cada Ministerio, para resguardar los derechos constitucionales de la salud humana, la biodiversidad y el ambiente en Costa Rica por el uso de agroquímicos que contengan fipronil. Ya que, como se indicó supra, hay datos que muestran riesgos inaceptables sobre las abejas según los usos aprobados para el fipronil e incluso para las dosis más bajas; consecuentemente, las muertes masivas vinculadas con este plaguicida, evidencian los graves efectos que está generando en el ambiente. Las abejas de producción de miel, son un organismo indicador cuyos efectos observados son extrapolados sobre los invertebrados terrestres no objetivo, por lo tanto, a partir de los datos recabados para este grupo taxonómico, cabe esperar severos e irreversibles efectos en los demás grupos de invertebrados terrestres que componen los ecosistemas naturales, siendo estos organismos fundamentales para la vida, en particular aquellos que cumplen con la función de polinización. Aunado a esto, aumenta nuestra preocupación al sopesar también los efectos esperados en otras taxas, como son los peces, aves y algas, esperando entonces un impacto mucho mayor en el ambiente. Por esto, no solo se deben ejercer las acciones de protección de estos organismos per se (importancia para lo humanos de la producción de miel y polinización de las plantas), sino porque al estar en riesgo ellas, también se ponen concomitantemente en riesgo la estabilidad de los ecosistemas y la propia supervivencia humana. Además, de los daños vinculados con el uso del fipronil al ambiente y a sector de producción apícola (muchos campesinos dependen de esta actividad). También cabe señalar que es de preocupación la presencia de este plaguicida en los alimentos de consumo humano, esto por cuanto mediante una búsqueda rápida de información sobre el fipronil, se logra constatar que este plaguicida está vinculado con daños en los órganos por exposiciones repetidas1, entre otros efectos. Preocupa también que esta sustancia no está registrada en la Unión Europea2. Por lo tanto, solicitamos que se conforme de forma urgente un grupo de trabajo técnico que pueda levantar el expediente que se requiere para la regulación normativa de esta sustancia al más corto plazo. En caso de considerarlo oportuno, nosotros podemos convocar al grupo con los funcionarios que ustedes nos designen para tal fin. De nuestra institución estarán participando las señoras Inti Acedo como titular y Manuela Mata como suplente.”. (Informe de la autoridad recurrida y prueba documental).
A la fecha, el MINAE no ha emitido ningún respaldo técnico que avale los productos registrados que contienen Fipronil. (Informe de la autoridad recurrida).
A la fecha, se han realizado tres reuniones de trabajo, en las que se ha planteado la necesidad de que todos los miembros revisen los documentos disponibles y emitan sus comentarios para identificar otro tipo de información necesaria para realizar el análisis integral sobre los diferentes usos del Fipronil. La última reunión se llevó a cabo el 1° de septiembre del año en curso, y en ella, los representantes de SENASA presentaron una propuesta de decreto para la regulación de los usos de Fipronil. (Informe de la autoridad recurrida).
Sobre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (SENASA, SFE):
 Por medio del oficio n.° DM-MAG-411-2021 de 6 de mayo de 2021, dirigido a la ministra de Ambiente y Energía, el ministro de Agricultura y Ganadería indicó: “(…) en atención al oficio DM-0374-2021 me permito informarle que las personas designadas para la conformación del grupo de trabajo técnico para atender la serie de eventos de mortalidad masiva de abejas debido al plaguicida Fipronil son las siguientes: • Servicio Fitosanitario del Estado Ing. Esaú Miranda Vargas, Jefe de la Unidad de Residuos de Agroquímicos, Correo electrónico: [email protected] • Servicio Nacional de Salud Animal Dra. Miriam Jiménez Mata-Dirección de Medicamentos Veterinarios- Correo Electrónico: [email protected] y Lic. Kattia Murillo Murillo-Asesoría Jurídica- Correo Electrónico: [email protected].” . (Prueba documental).
 Mediante el oficio n.° 05599-2021-DHR de 27 de mayo de 2021, dirigido al ministro de Agricultura y Ganadería, la recurrente consignó: “(…) Para iniciar el trámite correspondiente, la Defensoría de los Habitantes, le solicita a la institución que en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente de recibida esta comunicación, de conformidad con el artículo 20 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes N° 7319, se sirva remitir a esta institución un INFORME en el que indique lo siguiente: 1. Las acciones que se hayan realizado o se hayan programado para la atención de la solicitud presentada por el interesado ante su despacho el pasado 7 de abril de 2021, acerca de la prohibición de registro, importación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, re envase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan el ingrediente activo Fipronil, así como la cancelación de los registros vigentes de estos productos. 2. Informar si se ha realizado alguna valoración o estudio sobre el impacto que el uso del plaguicida Fipronil tiene sobre las abejas y, de ser así, las medidas que se hayan implementado con base en dicha información. 3. Remitir copia de la respuesta que se haya dado al señor Alvarado Barrantes, en relación con la solicitud presentada el pasado 7 de abril de 2021. Además de referirse a lo solicitado anteriormente, deberá adjuntar las pruebas que correspondan. De igual forma se le solicita comunicar a la Defensoría de los Habitantes sobre cualquier trámite, gestión o información adicional que se relacione con el presente asunto. En el eventual caso de que la presente solicitud sea remitida a otro/a funcionario/a, mucho se le agradecerá informar el nombre, cargo que desempeña, número de teléfono y de fax, así como el propósito de dicho traslado (…)”. (Prueba documental).
 Mediante el oficio n.° DM-MAG-553-2021 de 7 de junio de 2021, dirigido a la defensora de los Habitantes, el ministro de Ambiente y Energía señaló: “Primero: El Fipronil es un plaguicida químico para uso agrícola registrado en el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), que se utiliza como un insecticida de amplio espectro, perteneciente al grupo Fenilpirazol, número CAS 120068-37-3 clasificado en la Categoría de Producto Moderadamente Peligroso (Clase II), según el criterio adoptado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con baja solubilidad en agua, baja volatilidad y poca movilidad en el medio ambiente, tóxico para los humanos al ser neurotóxico e irritante tanto para los ojos como para la piel e igualmente tóxico para los mamíferos, las aves y las abejas, aunque un poco menos para los peces, los invertebrados acuáticos, las plantas acuáticas y las lombrices de tierra. Como bien se indica el señor Alvarado Barrantes presentó en fecha 7 de abril del 2021, ante la Presidencia de la República, Ministerios de Salud y Ambiente y Energía y este Despacho, escrito bajo el número CNFA- JD- 009-2021 el cual contiene las mismas pretensiones que se establecen en el escrito presentado ante su representada y que en resumen tiene por fin la prohibición del registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan el ingrediente activo FIPRONIL e igualmente la cancelación del registro de todos los productos formulados que contengan como ingrediente activo Fipronil y que dentro de los usos aprobados estén la aplicación en cultivos agrícolas o en animales domésticos y semovientes, dicha solicitud de prohibición está en estudios y análisis técnicos para verificar el grado de impacto de dicha petición. La mayoría de esos productos veterinarios vienen en presentaciones que comercialmente se les denomina tipo “Pour-On”, “pipeta”, “ampolla” “spot-on”, conteniendo el antiparasitario listo para su uso sin necesidad de diluirlo y para ser administrados de forma tópica, es decir sobre la piel del animal, para el control de pulgas y garrapatas en mascotas y en un menor número para especies de animales productivas. Adicionalmente existen productos que contienen en su formulación el principio activo Fipronil, registrados en la Dirección de Medicamentos Veterinarios del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) y que se comercializan en Costa Rica, para uso médico veterinario como antiparasitario externo de amplio espectro. Segundo: En (sic) relación a la consulta sobre si se ha realizado alguna valoración o estudio sobre el impacto que el uso del plaguicida Fipronil tiene sobre las abejas y, de ser así, las medidas que se hayan implementado con base en dicha información, es importante señalar que tanto el Servicio de Salud Animal como el Servicio Fitosanitario del Estado, trabajan técnica y científicamente elaborando un estudio interinstitucional conjunto sobre este tema, una vez que se tenga el resultado de dicho estudio será comunicado al interesado y a ésta Defensoría de los Habitantes. Tercero: Sobre lo solicitado por el señor Alvarado Barrantes en su oficio CNFA-JD-009-2021, este Despacho brindó respuesta mediante oficio DM-MAG-534-2021, notificado el día 03 de junio de 2021, donde se le informó que “actualmente se están estudiando y realizando los análisis necesarios para elaborar las recomendaciones correspondientes al Despacho Ministerial, acciones que se estarán comunicando posterior al cumplimiento de dicho proceso de valoración”. Como señalé líneas arriba, tanto el Servicio Nacional de Salud Animal, como el Servicio Fitosanitario del Estado involucrados técnica y científicamente en el tema que nos atañe, están realizando un análisis coordinado interinstitucionalmente, para que una vez que se tenga el resultado y conjuntamente se adopten las acciones que correspondan en aras del bienestar de la salud pública veterinaria, se estará informando al petente y a su Despacho.”. (Prueba documental).
 El Servicio Fitosanitario del Estado y el Servicio de Salud Animal forman parte del equipo interinstitucional conformado para la atender la situación del Fipronil. (Informe de la autoridad recurrida).
 Mediante el oficio n.°SENASA-DG-1100-2021/DSFE-0612-2021, de 6 de septiembre de 2021, el director general de SENASA y el director del Servicio Fitosanitario del Estado, indicaron: “Sobre el uso de Fipronil. En el país el fipronil está registrado por el SENASA para el control de ectoparásitos en animales y de plagas en instalaciones para producción pecuaria y por medio del Servicio Fitosanitario se encuentra registrado para el uso agrícola. 1.- Productos de uso veterinario . En cuanto a los hechos y apreciaciones que se relacionan a las formulaciones de medicamentos veterinarios que contengan el ingrediente grado activo Fipronil se debe señalar lo siguiente: Sobre los eventos de mortalidad de abejas que se indican en el recurso, efectivamente en el año 2020 ocurrieron, sin embargo, en el evento que sucedió el 08 de mayo de 2021 se pudo determinar un mal uso del producto, por lo que se impuso las sanciones correspondientes al infractor. Respecto al segundo caso si bien es cierto las muestras tomadas resultaron positivas a Fipronil no se puedo determinar el origen del contacto. El Fipronil es un insecticida de amplio espectro (que sirve para controlar diferentes plagas), autorizado tanto para uso agrícola como para el uso veterinario que pertenece al grupo de los fenilpirazoles, el cual se utiliza en el ámbito veterinario principalmente para el control de pulgas, garrapatas en animales como bovinos, perros y gatos, además, en instalaciones pecuarias para el control de hormigas, cucarachas, moscas, termitas y otros insectos. En la Dirección de Medicamentos Veterinarios del SENASA se tiene aproximadamente 55 productos debidamente registrados conforme a las exigencias técnicas y legales que exige la normativa para el registro de productos veterinarios y productos afines. Dichos productos, se clasifican en el grupo 3 de venta de droguerías y farmacias veterinarias, el origen de los productos es de Francia, Uruguay, Colombia, Brasil, Costa Rica, Perú, Argentina, Guatemala y Chile. La mayoría de productos registrados en el SENASA con el principio activo Fipronil, son de uso tópico, en presentaciones que comercialmente se les denomina tipo “Pour-On”, “pipeta”, “ampolla”, “spot-on”, conteniendo el antiparasitario listo para su uso sin necesidad de ser diluidos y para administración tópica (es decir sobre la piel) para el control de pulgas y garrapatas en mascotas y en un menor número en especies de animales de producción. El uso tópico de estos productos en los animales es una forma segura de aplicación ya que se coloca directo en el dorso del animal, lo que reduce el riesgo de que se extienda en el ambiente, asimismo, no permanece mucho tiempo en la piel del animal, si no (sic) que se absorbe hacia las glándulas sebáceas de los folículos pilosos, donde es “recirculado” y extendido de glándula en glándula, de manera que una aplicación puntual (sea spot-on  o por unción dorsal) logra un efecto generalizado en la piel, lo cual a su vez limita la exposición de animales o insectos que por accidente entren en contacto con el animal tratado. Las abejas son un insecto del filo Artrópoda y del orden Himenóptera, por lo tanto, no son un insecto hematófago, nutricionalmente precisan de un equilibrio entre diferentes azúcares (hidratos de carbono), lípidos, proteínas, minerales y agua. Estos insectos encuentran estos nutrientes en sus principales fuentes de alimento, que son la miel y el polen, por lo que la posibilidad de que se contaminen con Fipronil aplicado en el dorso de un animal es poco probable. (…) Existen registrados dos productos de uso veterinario autorizados exclusivamente para el control de plagas, cuya forma de uso es en aspersión o a través de pulverizadores por contacto en las zonas en donde se ubican las plagas y son para uso exclusivo en instalaciones pecuarias, las cuales no son un hábitat común de los insectos polinizadores, siendo baja la probabilidad de exposición de éstos  al Fipronil mediante este uso. El fipronil es un antiparasitario externo que se utiliza en animales para el tratamiento y control de infestaciones de ectoparásitos como el piojo (pediculosis), la pulga (pulicosis, tungiasis), la mosca (miasis), los ácaros (sarna o acarosis) y las garrapatas. La infectación (sic) de estos ectoparásitos no solo es un problema para la salud animal, sino también para la salud pública, ya que estos parásitos pueden actuar como vectores de enfermedades tanto para humanos como animales. Estos ectoparásitos producen cuantiosas pérdidas económicas en los diferentes sistemas de producción animal y además actúan como vectores de enfermedades tanto para humanos como animales, convirtiéndose en un problema de salud pública ya que producen zoonosis, esto es, enfermedades que los animales transmiten al hombre. Ejemplo de ello son,  las garrapatas que tienen importancia, médica, veterinaria, sanitaria y económica, debido al daño directo que causan por ser ectoparásitos hematófagos (se alimentan de la sangre del animal parasitado) y transmisoras de microorganismos patógenos entre animales, o de animales a personas, de protozoarios, bacterias, rickettsias y virus, así como, por la inoculación de sustancias tóxicas que pueden producir enfermedades en animales y en humanos, tales como, lyme, erliquia, anaplasmosis, entre otras, que pueden afectar la salud de las personas e incluso su muerte. Asimismo, las garrapatas y los ácaros al succionar también permiten el intercambio de algunas sustancias que por su composición el cuerpo las reconoce como extrañas y generan procesos alérgicos donde ocurren reacciones de tipo inmune afectando la piel produciendo inflamación, dolor, prurito, laceraciones en la piel, úlceras, pérdida de pelo, entre otras, que a toda vista causarían perdida de salud o la caída del bienestar en animales y personas. Lo anterior, reviste suma importancia teniendo en consideración que la mayoría de los productos registrados en el SENASA, se utiliza en mascotas que conviven con adultos mayores, adultos y niños, por lo que de no brindarse un adecuado tratamiento a dichos animales, aumentan las posibilidades de que por ejemplo la garrapata se convierta una plaga en el hogar y de transmisiones de enfermedades a un porcentaje significativo de la población, máxime teniendo en consideración que conforme al Estudio Nacional  sobre tenencia de perros en Costa Rica del 2016, World animal protection, el 50,5% de los hogares encuestados manifestaron tener perros, y de los datos obtenidos muestran que la media de perros por hogar es de 1.8 perros. Asimismo, en el estudio se indicó que según la estimación censal del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, al 2015 habría 1462.000 hogares en el país, en consecuencia, un aproximado de 738.310 hogares tienen perros. Como ha quedado evidenciado los productos que contienen Fipronil son necesarios para el control de ectoparásitos y principalmente de las garrapatas, a efectos de que no se desarrollen de manera exponencial y se produzcan daños a la salud pública y patrimonio pecuario del país. El SENASA ha estado consciente que el mal uso de los productos con Fipronil pueden afectar a las abejas por lo que por lo que para el registro de dicho producto se obliga a que en las etiquetas y material de empaque para productos veterinarios que contengan Fipronil aparezca la siguiente leyenda: “El fipronil puede afectar adversamente a los organismos acuáticos y a las abejas. No deberá verter el medicamento o los envases vacíos en cursos de agua puesto que podrían resultar peligrosos a los peces y otros organismos acuáticos”. Los dueños de los animales deben leer y seguir cuidadosamente todas las indicaciones de las etiquetas antes de utilizar el producto. Asimismo, se ha detectado la necesidad de reforzar las buenas prácticas de uso de esta sustancia y para ciertos usos como el agrícola o en instalaciones pecuarias, establecer mayor control por parte de las Autoridades Sanitarias competentes, por lo que se está en un proceso de actualización de la normativa. 2.- Productos de uso agrícola . En el Servicio Fitosanitario del Estado se encuentran registrados ocho productos que contienen FIPRONIL, como ingrediente activo. Tres presentaciones de Ingrediente Activo Grado Técnico (IAGT) y cinco productos formulados para uso en el territorio nacional, de los cuales dos productos se registraron amparados bajo el Decreto Ejecutivo 24337 MAG-Salud denominado “Reglamento Registro Uso Control Plaguicidas Agrícolas y Coadyuvantes” y seis productos bajo la Ley N° 8702 del 14 de enero del 2009 denominada “Trámites de las Solicitudes de Registro.” Con respecto a la vigencia de dichos plaguicidas, en el caso de los registrados bajo el Decreto Ejecutivo N° 24337-MAG-S del 27 de abril de 1995 no tenían un plazo definido, posterior a ello, el Decreto Ejecutivo N° 33495-MAG-S-MINAE-MEIC del 3 de octubre del 2006, otorgo el plazo a los registros por un periodo de 10 años de vigencia; paralelamente entró en vigencia la Ley N° 8702 del 14 de enero del 2009, el cual, no se indicaba la vigencia de dichos registros, pero el Tribunal Contencioso Administrativo, otorgó un plazo de 10 años vigencia amparado a lo que indicaba sobre Registro de Plaguicidas. La mayoría de los registros basados en la Ley N° 8702 del 14 de enero del 2009 tenían su vigencia hasta el año 2019, sin embargo, todos estos registros indistintamente de la normativa que los sustentó, tenían hasta finales de enero del año 2012 para presentar toda la información para una nueva revisión de la información conocida como reválida señalada en el artículo 14 de dicha Ley, aquellos que no presentaron la información se les canceló el registro. Posterior al decreto ejecutivo y ley antes señaladas, entró en vigencia el Decreto Ejecutivo N° 39995-MAG “Reglamento para la actualización de la información de los expedientes de registro de ingrediente activo grado técnico y plaguicidas formulados”, así como su reforma N° 41481-MAGMINAE- S, ambos se encuentran impugnados ante la Sala Constitucional, pero no pierde su validez, por lo cual, la administración se encuentra en un proceso de revisión de cada uno de los requisitos de dicha actualización en espera de un pronunciamiento sobre la impugnación, por lo cual se le permite a las empresas continuar con su comercialización. Entre los usos autorizados del Fipronil, se encuentran, plantas ornamentales, chile dulce, café, cítricos y piña. El fipronil desde el punto de vista agronómico juega un papel determinante en la producción agrícola, caso específico Chile Dulce mismo que es azotado por una plaga conocida como el picudo (Anthonomus eugenii) que se ha convertido en la principal amenaza de este cultivo en toda la región latinoamericana, debido a la resistencia que ha desarrollado a diferentes grupos de insecticidas que normalmente lo mantenían bajo control esto hace que su manejo se complique dado que ataca los frutos desde la floración hasta el final de la cosecha , esto causa una caída prematura de los frutos, pérdidas de rendimiento y acorta el ciclo de vida productivo del cultivo. Esta situación antes descrita es la que están viviendo los productores de estas hortalizas en todo el territorio nacional, en el país se siembran alrededor de 1086 hectáreas (fuente INEC 2017) distribuidos en Guanacaste, Upala, Heredia Alajuela, Cartago, San José (Santa Ana- Escazú), Pérez Zeledón, todo esto cultivado en su mayoría por pequeños productores, los cuales ven amenazados sus cultivos, economía y el sustento a sus familias, así como el empleo que genera esta actividad agrícola. En este momento el único plaguicida que puede ayudar a controlar este insecto es el fipronil. El Servicio Fitosanitario del Estado, tiene registrado un producto que contienen clorantraniliprole, como ingrediente activo para el control de esta plaga en chile dulce, pero el mismo no está a disposición mercado para le productor y no se cuenta con una fecha cierta que el comercio vaya a ponerlo en venta. Agronómicamente ante la situación que enfrenta el productor con la plaga “el picudo (Anthonomus eugenii)”, no se recomienda tener solo una molécula para el combate de una plaga tan agresiva pues rápidamente puede causar resistencia, por lo cual es recomendable que el productor tenga diversidad de opciones para combatir dichas plagas, siempre teniendo buenas prácticas agrícolas en el uso de plaguicidas. El Servicio Fitosanitario del Estado, ante la situación de chile dulce, en colaboración de profesionales de la UCR, EARTH, INTA y empresa privada ha preparado la capacitación titulada “Eco Chile Hacia una Producción Sostenible”, con una duración de 25,5 horas, en la cual se desarrolla el uso de Buenas prácticas Agrícolas, en las cuales se analiza el uso del plaguicida Fipronil, dicha capacitación tiene una matrícula de 140 productores, técnicos y profesionales que dan asistencia a los cultivos, el cual iniciará el próximo 8 de septiembre y concluye el miércoles 27 de octubre. 3.- Confirmación de la Comisión Equipo Técnico Fipronil. Mediante los oficios DM-MAG-411-2021, DM-MAG-569-2021, DM-MAG-643-221 y DM-MAG-837- 2021 el Despacho del Ministro de Agricultura y Ganadería, en respuesta al oficio RDHC-DR-065- 2021, nombró un equipo de trabajo técnico y legal del Servicio Fitosanitario del Estado, Servicio de Salud Animal y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (para la conformación del grupo de trabajo técnico de Fipronil, para atender los eventos de mortalidad masiva de abejas por aparente uso del plaguicida Fipronil, en conjunto con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente, el cual está teniendo reuniones periódicas para analizar los estudios e insumos técnicos sobre el plaguicida y emitir recomendaciones. 4.- Normativa sobre el Fipronil. Si bien es cierto, el fipronil se encuentra prohibido su uso agrícola en Europa, no así en animales, por un asunto de protección a las abejas, también es cierto que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) por sus siglas en inglés (tiene autorizado su uso en los Estados Unidos. Como se señaló líneas arriba, en el país el fipronil está registrado por el SENASA y por el Servicio Fitosanitario, el cual se utiliza tanto en uso veterinario como en uso agrícola. Al ser un tema de vital importancia tanto con el tema de las abejas, como en el tema agrícola, en el seno del grupo de trabajo técnico de Fipronil, se presentó como propuesta ministerial un borrador de Decreto Ejecutivo para regular la venta y establecer medidas sanitarias y fitosanitarias para la importación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempacado, reenvasado, manipulación, mezcla, compra, venta, y uso del ingrediente grado activo técnico Fipronil, sea como materia prima o en formulaciones agrícolas o de medicamentos veterinarios que las contengan, registrados en el Servicio Nacional de Salud Animal y el Servicio Fitosanitario del Estado. La propuesta indicada, cuyo borrador se adjunta como anexo al presente informe, se encuentra en proceso de análisis y discusión en el seno del referido grupo de trabajo técnico. Resulta relevante informar que el Programa Nacional de Salud Apícola del SENASA, junto con el Servicio Fitosanitario del Estado y la Cámara de Insumos Agropecuarios participan en un proyecto conjunto que tiene como fin capacitar en torno a la aplicación de las buenas prácticas de uso de los plaguicidas con la finalidad de fomentar el correcto uso de éstos y evitar afectaciones a agentes polinizadores…”. (Informe de las autoridades recurridas y prueba documental).
 El director general de SENASA informa que, dentro del grupo técnico de trabajo, se planteó un borrador de Decreto Ejecutivo, para regular la venta y establecer medidas sanitarias y fitosanitarias para la importación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempacado, reenvasado, manipulación, mezcla, compra, venta, y uso del ingrediente grado activo técnico Fipronil. (Informe de la autoridad recurrida).
El jefe de la Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación del SFE, mediante la certificación n.° AE-REG-C-0021-2021, indicó: “CERTIFICO: que se encuentran registrados 5 plaguicidas formulados con el ingrediente activo Fipronil, los cuales se indican en el cuadro 1, donde se detalla los cultivos autorizados y las plagas a controlar.  Cuadro 1. Lista de plaguicidas formulados con el ingrediente activo Fipronil con los cultivos autorizados y plagas a controlar.”.
N° Registro
	
Ingrediente Activo (IAGT)
	
Marca Comercial
	
Registrante
	
Cultivo Autorizado
	
Plagas a controlar


3799
	
Fipronil
	
Regent 20 SC
	
Bayer S.A.
	ORNAMENTALES
 
 
Algodón
 
 
Chile dulce
	Escolitido (Xyleborus sp.)
Afido Verde (Aphis gossypii)
Picudo del Chile (Anthonomus eugenii)


4172
	
Fipronil
	
Blitz 0,003 GB
	
Bayer S.A.
	PALMA ACEITERA
Café
Cítricos
Frutales
Ornamentales
	
Hormigas Cortadoras (Atta sp) Hormiga (Acromyrmex sp.)


8702210
	
Fipronil
	
SOFION 20 SC // ZETANIL 20 SC
	
INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA INICA S.A.
	
ORNAMENTALES
	
Escolitido (Xyleborus sp.)


8702287
	
Fipronil
	
BIOQUIM FIPRONIL 20 SC
	
INDUSTRIAS BIOQUIM CENTROAMERICANA S.A.
	
Chile Dulce
	
Picudo Del Chile (Anthonomus eugenii) Escolitido (Xyleborus sp.)


8702314
	
Firponil
	
TRIPZELL 20 SC // Fulminante 20 SC // Picudo 20 SC
	
ZELL CHEMIE S.R.L
	Chile Dulce
 
 
Naranja
Dracaena
 
Piña
	Picudo Del Chile (Anthonomus eugenii)
Afidos (Aphis sp)
Escolitido (Xyleborus sp.)
 
Picudo de la Piña Metamasius dimidiatipennis
  
 En octubre de 2021, el Servicio Fitosanitario del Estado elaboró el “Informe Técnico de la Molécula Fipronil”, en el que se indicaron las siguientes recomendaciones: “5. RECOMENDACIONES 5.1. Este equipo técnico recomienda restringir el uso del fipronil, regulando la venta bajo receta profesional, reforzando la fiscalización del producto, aumentando la frecuencia de muestreo y manteniendo las buenas prácticas agrícolas (capacitación a productores a través de los programas de la Unidad de Control de Residuos de Agroquímicos) para minimizar los impactos en la salud humana y el ambiente.  5.2. Alternar las moléculas fipronil y clorantraniliprole en el manejo del cultivo de Chile dulce. 5.3. Valorar la inclusión de medidas de protección a abejas e insectos polinizadores en los panfletos las cuales han sido propuestas por FAO7. 5.3.1. No aplicar este producto durante la floración del cultivo. 5.3.2. No aplicar cuando las abejas se encuentran forrajeando activamente. 5.3.3. Remover o cubrir las colmenas durante y después de la aplicación de este producto. 5.3.4. No aplicar este producto cuando haya presencia de arvenses en floración. 5.3.5. Remover las arvenses antes de la floración. 5.3.6. Aplicar el producto en las primeras horas de la mañana o altas horas de la tarde cuando disminuye la actividad de forrajeo de los polinizadores. 5.3.7. Comunicar con 48 horas de anticipación como mínimo al apicultor que tenga un apiario registrado, el día, hora y lugar en donde se va a realizar la aspersión a efecto de que éste proceda a proteger sus colmenas. 5.4. Se considera necesario que se generen las evaluaciones correspondientes de acuerdo a (sic) sus condiciones de uso en el país para contar con mayor información para su posible prohibición.  5.5. Adicionalmente se recomienda revisar la redacción del artículo 7 del borrador del decreto de restricción de fipronil. Esto debido a que se incluyen los metabolitos del fipronil; al no estar proponiendo una prohibición en el Decreto, no es factible técnicamente restringir los metabolitos per se, ya que estos son productos de degradación del ingrediente activo y por lo tanto no se encontrarán como tal en su forma libre sin la presencia del ingrediente activo fipronil, por lo que con la regulación del Fipronil directamente se estarían regulando los mismos.”. (Prueba documental).
IV.- SOBRE EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha subrayado que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentra reconocido tanto a nivel constitucional como convencional. Asimismo, se ha indicado que la protección efectiva a ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, contexto en que el Estado y la ciudadanía en general deben actuar según los principios que rigen la materia ambiental. En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos. Así, el Estado costarricense se encuentra obligado a adoptar las medidas que garanticen la defensa y preservación efectiva del ambiente conforme a tales principios. Ahora, tal obligación objetiva no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los órganos jurisdiccionales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades, o bien, de personas físicas y jurídicas, conforme la reconocida teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales (Drittwirkung der Menschenrechte), entre cuyas manifestaciones procesales se encuentra el amparo contra sujetos de derecho privado.
Interesa también resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, desarrolló lo atinente a las obligaciones estatales en relación con el medio ambiente, en aras de la salvaguardia a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En esa opinión, la Corte reconoció la interrelación entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos, en tanto la degradación ambiental afecta el goce y desarrollo efectivo de los derechos humanos. En tal sentido, señaló:
“47. Esta Corte ha reconocido la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos. Asimismo, el preámbulo del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante “Protocolo de San Salvador”), resalta la estrecha relación entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales -que incluye el derecho a un medio ambiente sano - y la de los derechos civiles y políticos, e indica que las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros (…)
49. Por su parte, la Comisión Interamericana ha resaltado que varios derechos de rango fundamental requieren, como una precondición necesaria para su ejercicio, una calidad medioambiental mínima, y se ven afectados en forma profunda por la degradación de los recursos naturales. En el mismo sentido, la Asamblea General de la OEA ha reconocido la estrecha relación entre la protección al medio ambiente y los derechos humanos (supra párr. 22) y destacado que el cambio climático produce efectos adversos en el disfrute de los derechos humanos. 50. En el ámbito europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que la degradación severa del medio ambiente puede afectar el bienestar del individuo y, como consecuencia, generar violaciones a los derechos de las personas, tales como los derechos a la vida, al respeto a la vida privada y familiar68 y a la propiedad privada. De manera similar, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha indicado que el derecho a un “medio ambiente general satisfactorio, favorable al desarrollo” está estrechamente relacionado con los derechos económicos y sociales en la medida en que el medio ambiente afecta la calidad de vida y la seguridad del individuo (…) 52. Por otra parte, existe un amplio reconocimiento en el derecho internacional sobre la relación interdependiente entre la protección al medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Dicha interrelación se ha afirmado desde la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (en adelante “Declaración de Estocolmo”), donde se estableció que “[e]l desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al hombre un ambiente de vida y trabajo favorable y crear en la Tierra las condiciones necesarias para mejorar la calidad de la vida”, afirmándose la necesidad de balancear el desarrollo con la protección del medio humano. Posteriormente, en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (en adelante “Declaración de Río”), los Estados reconocieron que “[l]os seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible” y, a la vez, destacaron que “a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo”. En seguimiento de lo anterior, en la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible se establecieron los tres pilares del desarrollo sostenible: el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección ambiental. Asimismo, en el correspondiente Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, los Estados reconocieron la consideración que se debe prestar a la posible relación entre el medio ambiente y los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo. 53. Además, al adoptar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que el alcance de los derechos humanos de todas las personas depende de la consecución de las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, social y ambiental. En el mismo sentido, varios instrumentos del ámbito interamericano se han referido a la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, tales como la Carta Democrática Interamericana la cual prevé que “[e]l ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente”, por lo cual “es esencial que los Estados del Hemisferio implementen políticas y estrategias de protección del medio ambiente, respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras generaciones” (…) 55. Como consecuencia de la estrecha conexión entre la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos (supra párrs. 47 a 55), actualmente (i) múltiples sistemas de protección de derechos humanos reconocen el derecho al medio ambiente sano como un derecho en sí mismo, particularmente el sistema interamericano de derechos humanos, a la vez que no hay duda que (ii) otros múltiples derechos humanos son vulnerables a la degradación del medio ambiente, todo lo cual conlleva una serie de obligaciones ambientales de los Estados a efectos del cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía de estos derechos. Precisamente, otra consecuencia de la interdependencia e indivisibilidad entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente es que, en la determinación de estas obligaciones estatales, la Corte puede hacer uso de los principios, derechos y obligaciones del derecho ambiental internacional, los cuales como parte del corpus iuris internacional contribuyen en forma decisiva a fijar el alcance de las obligaciones derivadas de la Convención Americana en esta materia (supra párrs. 43 a 45) (…) 59. El derecho humano a un medio ambiente sano se ha entendido como un derecho con connotaciones tanto individuales como colectivas. En su dimensión colectiva, el derecho a un medio ambiente sano constituye un interés universal, que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras. Ahora bien, el derecho al medio ambiente sano también tiene una dimensión individual, en la medida en que su vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a su conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros. La degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables en los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad.”.
Esta interrelación entre el medio ambiente y el disfrute de otros derechos humanos también ha sido reconocida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien en la resolución A/HRC/RES/46/7, adoptada el 23 de marzo de 2021 en el 46° periodo de sesiones, sostuvo:
“Reconociendo también que el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, incluidos los ecosistemas, contribuyen al bienestar humano y al disfrute de los derechos humanos, en particular los derechos a la vida, al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a un nivel de vida adecuado, a una alimentación adecuada, al agua potable y el saneamiento y a la vivienda, y los derechos culturales.”.
También, recientemente, en la resolución A/HRC/RES/48/13, adoptada el 8 de octubre de 2021, ese Consejo señaló:
 “(…) Reconociendo que el desarrollo sostenible, en sus tres dimensiones (social, económica y ambiental), y la protección del medio ambiente, incluidos los ecosistemas, contribuyen al bienestar humano y al disfrute de los derechos humanos y promueven ambos, incluido el disfrute de los derechos a la vida, al más alto nivel posible de salud física y mental, a un nivel de vida adecuado, a una alimentación adecuada, a la vivienda, al agua potable y el saneamiento y a la participación en la vida cultural, para las generaciones presentes y futuras (…)
Reconociendo además que la degradación del medio ambiente, el cambio climático y el desarrollo insostenible son algunas de las amenazas más acuciantes y graves a la capacidad de las generaciones presentes y futuras de disfrutar de los derechos humanos, incluido el derecho a la vida (…)
Reconociendo la importancia de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como algo fundamental para el disfrute de todos los derechos humanos (…)
1. Reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano importante para el disfrute de los derechos humanos;
2. Observa que el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible está relacionado con otros derechos y el derecho internacional vigente (…)”. (El resaltado no corresponde al original).

De este modo, se refleja la particular relevancia del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, cuya defensa trasciende la protección de este bien constitucional en sí, toda vez que su preservación constituye un factor esencial para el resguardo efectivo de otros bienes primordiales del ser humano (como la vida, la salud, la propiedad, la igualdad), de modo que si en lo primero se falla, el resguardo efectivo de lo segundo no se alcanza.

Allende de lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión supra aludida, reconoció el derecho a un ambiente sano como uno autónomo, susceptible de protección con independencia de algún riesgo de afectación a personas individuales. En tal sentido, dispuso:
“62. Esta Corte considera importante resaltar que el derecho al medio ambiente sano como derecho autónomo, a diferencia de otros derechos, protege los componentes del medio ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos. En este sentido, la Corte advierte una tendencia a reconocer personería jurídica y, por ende, derechos a la naturaleza no solo en sentencias judiciales sino incluso en ordenamientos constitucionales. 63. De esta manera, el derecho a un medio ambiente sano como derecho autónomo es distinto al contenido ambiental que surge de la protección de otros derechos, tales como el derecho a la vida o el derecho a la integridad personal.”. (El resaltado no corresponde al original).
Esta tesitura fue adoptada en la sentencia de 6 de febrero de 2020 relativa al caso “Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina”, en la que, superando un enfoque antropocéntrico, la CorteIDH afirma que el derecho al ambiente sano, amén de ser fundamental para la propia existencia del ser humano, constituye un derecho autónomo y universal, de manera que la protección a diversos componentes del ambiente (como bosques, mares, ríos y otros) configura un interés jurídico por sí mismo. En palabras de la CorteIDH: “Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta.” Dada la trascendencia de esta afirmación, resulta oportuno transcribir este apartado de la referida resolución:
“203. La Corte ya se ha referido al contenido y alcance de este derecho, considerando diversas normas relevantes, en su Opinión Consultiva OC-23/17, por lo que se remite a dicho pronunciamiento. Afirmó en esa oportunidad que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal ” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo […] protege los componentes del […] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos , aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales.”. (El resaltado no corresponde al original).
Con base en lo expuesto, esta Sala, como garante de los derechos fundamentales, debe velar por el respeto a las obligaciones convencionales y constitucionales, que constriñen al Estado no solo a reconocer los derechos ahí consagrados, sino también a imponer las medidas jurídicas requeridas para su resguardo.
V.- SOBRE LA REGULACIÓN EN MATERIA DE PLAGUICIDAS. Al respecto, recientemente, en la sentencia n.° 2021019096 de las 9:15 horas de 27 de agosto de 2021, este Tribunal estableció:
“VI.- SOBRE LA REGULACIÓN DEL USO DE LOS PESTICIDAS. Como se indicó líneas atrás, el derecho a la vida, a la salud y a un ambiente sano, son derechos fundamentales regulados en los artículos 21 y 50, de la Constitución Política y su protección es de interés público. Precisamente, es por esa razón que el Estado tiene la obligación, en aras de proteger la salud de la población, y el principio precautorio ambiental de regular el uso de las sustancias químicas o afines para uso agrícola, de forma que sean manejadas correcta, razonablemente y que no generen riesgos para la salud humana y el ambiente. Además, que también tiene la responsabilidad de garantizar el bienestar de los ciudadanos y un ambiente ecológicamente equilibrado. En torno a esto, la Sala ha establecido que el Estado debe tener un papel de garante con respecto al uso adecuado de plaguicidas y la evitación de sus efectos nocivos sobre la salud y el ambiente. En este sentido, en Sentencia N° 2004-13968 de las 11:35 horas del 3 de diciembre de 2014, indicó:
“III.- Ese informe [FOE-AM-19/2004 del 20 de octubre del 2004, efectuado por el Área de servicios agropecuarios y de medio ambiente de la División de fiscalización operativa y evaluativa de la Contraloría General de la República, sobre la evaluación de la gestión del Estado en relación con el control de plaguicidas agrícolas se originó por la necesidad de fiscalizar el proceso administrativo relacionado con uno de los problemas ambientales más apremiantes que debe resolver el país, que es el empleo de sustancias químicas, biológicas o afines en las actividades agrícolas, y ante la necesidad de que el Estado intervenga ejerciendo una función reguladora sobre el uso de agroquímicos, que garantice a los agricultores la disponibilidad en el mercado de productos eficaces para el combate de las plagas y, a la vez, la protección de la salud de la ciudadanía en general y el derecho de ésta a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Se indicó en el informe que ese control lo ejerce principalmente el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por medio del Servicio Fitosanitario del Estado, quien debe trabajar en coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente y Energía, en cuanto al control sobre los impactos en la salud y el ambiente, así como con el Ministerio de Hacienda respecto a la importación y exoneración de tales productos. Su objetivo general fue evaluar la gestión del Estado en relación con el control de plaguicidas utilizados en actividades agrícolas y su efecto sobre el ambiente y la salud humana, principalmente el accionar del Servicio Fitosanitario del estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); y los objetivos específicos del estudio fueron: a) evaluar las políticas nacionales y la rectoría en el campo del control sobre el uso de plaguicidas, identificando las instituciones participantes y sus competencias, b) evaluar el proceso de registro de plaguicidas en el país y la normativa asociada, c) evaluar el proceso de exoneración e importación de plaguicidas en el país y, d) evaluar la fiscalización y monitoreo sobre el uso de plaguicidas.
IV.- En ese informe concluyó la Contraloría que el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) no cumple sus objetivos de creación con eficiencia y apego al principio de legalidad, que lo llaman a regular, ejecutar y fiscalizar el registro y uso de agroquímicos, en el marco de una actividad agrícola en armonía con la naturaleza y con fiel cumplimiento de los principios constitucionales de derecho a la vida, a la salud y a un ambiente sano. Determinó que, por el contrario, el accionar de dicho órgano se orienta a facilitar el registro y comercialización de tales sustancias, justificado en un supuesto interés de mejorar la competitividad de los productores agrícolas, pero más bien, esos objetivos parecen dirigirse a fomentar la competencia en el mercado de los plaguicidas, por encima de los derechos constitucionales de los mismos agricultores y de los principios ambientales y de salud de las personas. Concluyó que las empresas más beneficiadas con la función facilitadora del SFE, han sido las empresas que se dedican a la venta de agroquímicos, especialmente a los denominados genéricos, en detrimento de los productores y consumidores de bienes agrícolas. Aclaró que ello no significa que no puedan registrarse en el país, plaguicidas de este tipo, sino más bien que su registro se debe hacer respetando la normativa y asegurando a la población costarricense la protección de su salud y el derecho fundamental que tiene a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y protegerle al agricultor nacional su derecho a contar con insumos de buena calidad; sin perjuicio de las necesarias acciones que el Estado debe ejecutar para buscar la paulatina reducción del uso de plaguicidas y el fomento de mecanismos alternativos. Estas consideraciones motivaron a la Contraloría General de la República a dictar una serie de disposiciones finales dirigidas al Presidente de la República y a los Ministros de Planificación Nacional y Política Económica, Agricultura y Ganadería, Salud, Ambiente y Energía, y Economía, Industria y Comercio, así como al Auditor Interno del Ministerio de Agricultura y Ganadería”.
De igual modo, en la Sentencia N° 2006-09565, de las 16:08 horas del 5 de julio de 2006, este Tribunal consideró:
“(…) es evidente que el Estado costarricense está en el deber de actuar en forma eficaz y anticipada, para evitar la ocurrencia de eventos que degraden el medio ambiente y comprometan su sostenibilidad".
Y, en la N° 2011-016937 de las 14:36 horas del 7 de diciembre de 2011, dispuso:
“(…) VIII.- SOBRE LA REGULACIÓN EN MATERIA DE REGISTRO DE LOS PLAGUICIDAS. El uso adecuado de los plaguicidas puede resultar útil para el control y eliminación de las plagas, en beneficio de la seguridad alimentaria de la población y de la actividad económica sustentada en la producción agrícola. Sin embargo, debe reconocerse el riesgo potencial que puede implicar para la salud humana y el ambiente el uso de tales sustancias. Lo que incluso ha motivado la adopción de instrumentos internacionales con el objetivo expreso de proteger la salud humana -incluida la salud de los consumidores y de los trabajadores- y el medio ambiente frente a los posibles efectos perjudiciales de los plaguicidas, como es el caso del Convenio de Rotterdam para la Aplicación del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto del Comercio Internacional, que fue aprobado por Costa Rica, por medio de Ley No. 8705 del 13 de febrero del 2009.
(…) este Tribunal ha reconocido el riesgo que puede entrañar el uso de los plaguicidas y la trascendencia de adoptar medidas idóneas para regular su empleo. En el ordenamiento jurídico costarricense existe diversa normativa legal y reglamentaria de la que se deriva que la actividad de importación, fabricación, comercialización y empleo de los plaguicidas está fuertemente sometida a la potestad de policía del Estado, en aras de garantizar el derecho a la salud y al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.
VII.- SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, según lo indicado por las autoridades recurridas el herbicida bajo el nombre comercial “Paraquat” ha sido clasificado por la Organización Mundial para la Salud como un plaguicida moderadamente peligroso ( Clase II), razón por la cual desde el año 2017, se formó una comisión interinstitucional conformada por representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente y Energía, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quienes realizaron un informe en el que se advierte, acerca de los riesgos que produce dicho químico a la salud pública, salud laboral y al ambiente. En razón de ello, elaboraron un borrador de un decreto ejecutivo denominado “Prohibición del registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan el ingrediente activo 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridilio (paraquat) y sus sales”. Al respecto, es menester indicar que pese a que desde el año de 2018, el proyecto fue sometido a consulta pública y a conocimiento por parte de los señores Ministros de las carteras de Agricultura y Ganadería, Ambiente y Energía, Trabajo y Seguridad Social y Salud, posterior a ello, su tramitación fue abandonada, sin que le conste a la Sala un motivo que justifique tal inactividad o el dictado de algún acto administrativo mediante el cual se haya concluido dicho trámite por las razones que sean. A su vez, llama la atención a la Sala, que es mediante los informes rendidos con ocasión del presente amparo, que las dependencias del Ministerio de Ambiente y Energía y de Trabajo y Seguridad Social abogan por su aprobación y publicación, en aras de la protección al ambiente y la salud pública. En su defensa, el Ministro de Salud reitera lo ya externado a la recurrente, en el sentido de que “…La propuesta de reglamento que menciona no se concretó debido a que, desde finales del año pasado y hasta la fecha, los ministerios de Agricultura y Ganadería, Salud, así como Ambiente y Energía han venido realizando un arduo trabajo referente a la normativa sobre agroquímicos en nuestro país, priorizando el tema referente a renovación de registros existentes, así como la inscripción de nuevas moléculas, lo cual, una vez concretado, permitirá que normativa de interés, como lo es el caso del decreto que consulta, pueda ser analizada y promulgada, sin generar contradicciones con el trabajo de revisión y actualización en el tema, que se ha venido realizando y espera culminarse pronto”. De modo, que lo anterior viene a confirmar el hecho que desde el año 2018 al 2020, el trámite de aprobación de dicho reglamento quedó en el limbo, pese a que en el año 2019, la Defensoría de los Habitantes le pidió al ministro de Salud informar sobre el trámite dado a los documentos y propuestas del decreto ejecutivo elaborados por la comisión interinstitucional, en relación con el glifosato y el paraquat. Siguiendo dicha línea, es claro que la Sala no es un órgano técnico que pueda dilucidar si dicho producto debe ser prohibido o no, y tampoco puede reemplazar a la administración activa en la gestión de sus competencias, ya que no le corresponde usurpar las atribuciones legalmente conferidas a otras dependencias u órganos. Así las cosas, Sala carece de competencia para revisar los criterios técnicos que sirven de base para el borrador del decreto ejecutivo en cuestión, así como para determinar, entre distintos criterios divergentes, cuál es el que debe aplicarse o prevalecer, ya que como puede observarse con meridiana claridad, las autoridades estatales recurridas poseen criterios absolutamente contrapuestos con respecto a los efectos que produce el uso del plaguicida conocido como paraquat en la salud de los seres humanos y en el ambiente en general. No puede esta Sala, en este caso particular y, por tratarse de un tema estrictamente técnico, respaldar el criterio de una autoridad pública en detrimento de otra, cuando las recurridas son especialistas en la materia bajo estudio y sostienen sus criterios con fundamento en estudios científicos emitidos al efecto. Mucho menos, se podría entrar a analizar cada uno de los estudios técnicos aportados a los autos por las partes, así como por el coadyuvante pasivo, para finalmente determinar cuál de todos es el que debe privar ante las circunstancias descritas en este proceso y por ende, obligar a la aprobación y publicación de la norma. Sin embargo, en aras de protección al derecho a la salud y al ambiente, y de conformidad al principio precautorio, consta que el Estado ya dictó el Decreto Ejecutivo N° 34139-S-MAG-TSS-MINAE, del 9 de abril de 2007, en el que norma el registro, la fabricación, la formulación, el reempaque, el almacenamiento, la venta, la mezcla, la comercialización y uso, de materia prima o producto formulado, de los productos que contengan el plaguicida agrícola dicloruro de paraquat, con la finalidad de que sean manejados correcta y razonablemente, y no generen riesgos inaceptables a la salud humana y el ambiente. Así las cosas, pese a que se desconoce el resultado que tendrá en el ordenamiento jurídico la aprobación o no del borrador del decreto ejecutivo, se estima que a la fecha, la población y el ambiente no se encuentran totalmente desprotegidos.
VIII.- En ese orden de ideas, es importante mencionar que el principio precautorio pro natura implica anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos naturales. Consecuentemente, este principio o el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. En este marco, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que en caso que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto- se debe adoptar las medidas de precaución e inclusive posponer la actividad que se trate. Lo anterior, debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente o a la salud. Es así, como hoy en día la acción precautoria del Estado debe ir encaminada a la tutela del ambiente a pesar que no existan pruebas concluyentes que reflejen una relación causa-efecto entre la actividad que se ejerce y las posibles consecuencias nocivas como resultado de la misma, utilizándose las mejores técnicas disponibles para reducir al mínimo los posibles daños y peligros para la naturaleza y el ambiente. Por este motivo, es que el propio ordenamiento costarricense ha impuesto a nivel legal la exigencia de efectuar estudios previos antes de ejecutar una actividad que, eventualmente, podría tener efectos nocivos sobre el ambiente, y que, a partir de lo expuesto, se constituyen en deberes constitucionalmente impuestos para garantizar el derecho de todos a gozar de la salud y un ambiente sano y equilibrado (en similar sentido ver la Sentencia N° 2010-007292, de las 19:08 horas del 20 de abril de 2010). En ese aspecto, la Sala estima que en caso bajo análisis, se ha lesionado el derecho a una justicia pronta y cumplida en (sic) relación al principio precautorio, el cual no permite una actuación pasiva del Estado en cuanto a la tutela de la salud de los habitantes y el ambiente. Nótese, que han transcurrido cuatro años desde que la comisión interinstitucional integrada por funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente y Energía, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social elaboró el informe: “Paraquat: riesgos a la salud pública, salud laboral y al medio ambiente” y el borrador de decreto “Prohibición del registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan el ingrediente activo 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridilio (paraquat) y sus sales”; y, a la fecha, se desconoce la posición del ministro de salud al respecto. Se advierte, que tanto el Ministro de Ambiente y Energía y el de Trabajo de Seguridad Social de ese entonces, manifestaron estar de acuerdo con promulgar dicha reglamentación, no así el de Agricultura y Ganadería. En su defensa el Ministro de Salud alegó, que “…La propuesta de reglamento que menciona no se concretó debido a que, desde finales del año pasado y hasta la fecha, los ministerios de Agricultura y Ganadería, Salud, así como Ambiente y Energía han venido realizando un arduo trabajo referente a la normativa sobre agroquímicos en nuestro país, priorizando el tema referente a renovación de registros existentes, así como la inscripción de nuevas moléculas, lo cual, una vez concretado, permitirá que normativa de interés, como lo es el caso del decreto que consulta, pueda ser analizada y promulgada, sin generar contradicciones con el trabajo de revisión y actualización en el tema, que se ha venido realizando y espera culminarse pronto (…)”. No obstante, no es excusa que desde el año pasado, las autoridades sanitarias están trabajando en una normativa de agroquímicos, dado que dicho borrador fue puesto en conocimiento a dicha autoridad en el año 2018, es decir dos años antes que empezaran con el estudio del tema. De modo, que dicho retraso ha generado una incertidumbre acerca la prohibición o no de un producto agroquímico, y por ende existe una mora administrativa que eventualmente puede constituirse en una amenaza a la salud y al ambiente. A su vez, dicha situación ha generado que, los criterios técnicos que se utilizaron para rendir el informe que dio origen al proyecto alegado por la recurrente, deban ser revisados y actualizados, motivo por el que las autoridades recurridas deberán de verificar la existencia de nuevos avances científicos y tecnológicos que podrían aportar nuevos elementos para demostrar si efectivamente el plaguicida paraquat daña o no, la salud y el ambiente.
IX.- CONCLUSIÓN. En concreto, la Sala no cuenta con elementos claros y contundentes para determinar, a través de un proceso amparo, si el plaguicida debe ser prohibido porque es dañino o no y, por consiguiente, si se debe prohibir su comercialización y uso en el país, dado que, toda propuesta tendente a restringir o prohibir el uso agrícola de un plaguicida en el país debe observar los procedimientos previamente establecidos al efecto por el ordenamiento jurídico, mismos que deben ser llevados a cabo en plazos razonables, siendo que la Sala, no puede obligar la promulgación o no de un decreto ejecutivo dentro de un plazo razonable, sin demostrar, mediante estudios técnicos y científicos actualizados, que el producto daña la salud o el ambiente. Aun así, en el sub lite, lo que se comprueba es que ha existo un atraso injustificado en la resolución acerca de la aprobación o no de la propuesta de proyecto por parte del Ministerio de Salud, lo que ha provocado que a la fecha, el informe que dio origen al proyecto en cuestión, se encuentra desactualizado, mismo que es necesario para justificar al día de hoy, el proyecto del Reglamento. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso, con las consecuencias que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia.”.
VI.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la recurrente, en su condición de defensora de los Habitantes, estima lesionado el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Aduce que el 21 de abril de 2021 recibió una denuncia suscrita por el presidente de la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura, en la que él señalaba que se había gestionado ante el MAG, el Ministerio de Salud y el MINAE la prohibición total de los productos que contengan como ingrediente activo Fipronil, insecticida de uso agrícola y veterinario, pues ha sido el responsable de la muerte masiva de abejas en Costa Rica. Expresa que por la afectación ambiental y el riesgo para la salud humana que provoca el Fipronil debe prohibirse su importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso; además, solicita la cancelación de todos los registros de los productos que contengan ese ingrediente activo, tanto para uso agrícola como veterinario.
Del estudio de los autos se tiene por demostrado, que, el 7 de abril del 2021, mediante el oficio n.° CNFA-JD-009-2021, el señor Juan Bautista Alvarado Barrantes, presidente de la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura, presentó una gestión ante los ministerios de Salud, Ambiente y Energía, y, Ganadería y Agricultura, en la que requirió: “Prohibir el registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan el ingrediente activo FIPRONIL (…) Cancelar el registro, de todos los productos formulados que contengan como ingrediente activo Fipronil y que dentro de los usos aprobados estén la aplicación en cultivos agrícolas o en animales domésticos, semovientes.”. Lo anterior, debido a la afectación generada a las abejas. El 9 de abril de 2021, el Ministerio de Salud dio traslado al oficio n.° CNFA-JD-009-2021, suscrito por el señor Juan Bautista Alvarado Barrantes, al ingeniero Eugenio Androvetto Villalobos, para la atención de la denuncia interpuesta.  El 12 de abril de 2021, mediante el oficio n° MS-DPRSA-0240-2021, el ingeniero Eugenio Androvetto Villalobos solicitó a la Dirección de Productos de Interés Sanitario, el criterio correspondiente sobre la solicitud del señor Juan Bautista Alvarado Barrantes, a fin de elaborar una recomendación al Despacho del ministro de Salud. El 10 de mayo de 2021, la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud emitió el informe técnico n.°DRPIS-VU-036-2021, en el que se consignó: “El Fipronil (fórmula química: C12H4Cl2F6N4OS, Nº CAS: 120068-37-3. Nombres comerciales: A.S. Myl, Albatros, Bemol, Blitz, Chipco Choice, Cosmos, Fulminante, Goliath Gel, Klap, Maxforce, Regent, Sofion, Termidor, Thunder, Tim-Bor, Tripzell, Weedcop, Zetanil), es un insecticida de amplio espectro y una sustancia de uso veterinario que pertenece al grupo de los fenilpirazoles, el cual se utiliza para el control de hormigas, cucarachas, pulgas, garrapatas, termitas y otros insectos. El Fipronil puede ser comercializado en productos de forma granulada, tratamiento para semillas, productos tópicos para cuidado de mascotas, cebos de gel, termiticidas líquidos y en la agricultura. Según la información consultada en la página web del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), en Costa Rica se ha aprobado su utilización en formulaciones líquidas y sólidas para uso agrícola, conteniendo un 20.0 % m/v y 0.003% m/m del ingrediente activo, respectivamente y su uso está autorizado en los cultivos de chile dulce, naranja, piña, plantas ornamentales, café y palma aceitera (…) En Costa Rica se ha aprobado 3 registros del IAGT Fipronil, todos amparados en la ley N° 8702; dicha ley contempla que el registrante solo debe aportar un resumen de los ensayos que establecen las características toxicológicas de la sustancia, razón por la cual este IAGT no fue evaluado de forma minuciosa por el Ministerio de Salud. A nivel de productos formulados, se tiene 14 registros, 7 de los cuales son exclusivos para exportación. Según datos aportados por la Unidad de Control de Residuos del Departamento de Agroquímicos del SFE, durante el 2019, el Fipronil se detectó por encima del Límite Máximo de Residuos (LMR) con una frecuencia de 44 veces en chile y 8 en culantro. En el caso de matrices de origen animal para consumo humano (carne, huevos o leche), según consulta realizada al Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), por el momento dicho laboratorio no tiene disponible información sobre posibles incumplimientos del LMR, debido a que no cuentan con el estándar analítico de Fipronil-sulfona necesario para su evaluación (por definición, los residuos de Fipronil se expresan como la sumatoria de Fipronil y Fipronil sulfona) por lo que ambos deben poder ser detectados. A nivel mundial, actualmente, se encuentra aprobado el uso de Fipronil en Bélgica y Países Bajos bajo la normativa N° 1107/2009, además se utiliza en Australia y en Estados Unidos donde fue aprobado desde 1996. En el caso de la Unión Europea, el Fipronil se incluyó en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE el 1 de octubre de 2007 así como mediante la Directiva 2007/52/CE. Se consideró aprobado con arreglo al Reglamento (CE) N° 1107/2009 y de conformidad con el Reglamento de ejecución de la Comisión (UE) N° 540/2011, modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) No 541/2011 de la Comisión. A pesar de lo anterior, conforme al reglamento CE 1107/2009, no se autorizó su uso en productos para protección de plantas y está prohibido su uso en animales destinados para consumo humano, aunque de acuerdo con la Directiva 2010/21/UE de la Comisión, hay disposiciones específicas para permitir su uso como tratamiento para semillas y solamente donde el recubrimiento de las semillas sea realizado en instalaciones de tratamiento profesional, el cual aplique las mejores técnicas para garantizar que la liberación de polvos o nieblas durante la aplicación, almacenaje y transporte puedan ser minimizados. Cabe destacar que estas medidas fueron principalmente adoptadas para la protección de las abejas y no se han expuesto criterios de salud humana para las subsecuentes modificaciones realizadas después de su aprobación en la Unión Europea. La UE estableció un LMR en productos de origen vegetal y animal de 0.005 mg/kg según regulación Reg. (EU) 2019/1792, modificando los antiguos LMR que eran mayores en algunas matrices; esto tomando en consideración el potencial de bioacumulación, la afinidad por tejidos adiposos del ingrediente activo y la ADI. Por lo anterior, debe prestarse especial importancia al potencial carcinogénico por exposición crónica, en caso de que se determinen nuevos datos técnicos que evidencien un riesgo real, y sea necesario restringir o prohibir el uso agrícola en Costa Rica. 5. Conclusión Considerando la información suministrada por las principales autoridades internacionales, así como las encargadas de monitorear residuos de plaguicidas en Costa Rica, es necesario destacar que: a. En el caso de SENASA, sería muy valioso poder contar con información sobre la presencia de este IAGT en matrices animales de consumo humano, para determinar si existe un riesgo asociado por esa vía, sin embargo, por las razones expuestas anteriormente esa información no está disponible. b. De acuerdo con el SFE, sí existen excedencias del LMR en productos de origen agrícola. c. Es necesario el criterio de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, para saber si han llevado a cabo acciones de control o fiscalización relacionados al Fipronil adicionales a las mencionadas en fuentes para consumo de agua, considerando que de acuerdo con el SFE sí se han reportado casos anómalos y que los procedimientos de vigilancia y fiscalización de sustancias de uso agrícola están fuera de las competencias de la Unidad de Registro. Por lo tanto, y de acuerdo con los datos disponibles, esta Unidad considera que el IAGT Fipronil no representa un riesgo inaceptable a la salud humana, siempre y cuando sea utilizado bajo las buenas prácticas agrícolas, cumpliendo con las indicaciones de la etiqueta, y respetando los límites máximos de residuos en los cultivos aprobados; y adicionalmente, aboga a la importancia de la fiscalización de los residuos en alimentos y efectos a la salud pública, por parte de las entidades responsables.”. El 26 de mayo de 2021, el director de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud suscribió el oficio n.° n.°MS-DPRSA-417-2021, dirigido al ministro de Salud, en el que señaló: “En conclusión, la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental con base en la información consultada y los datos disponibles no considera que el Fipronil represente un riesgo inaceptable para la salud humana, como sí se evidencia que lo es para los organismos invertebrados y otras especies. No obstante, sí es de interés de esta Dirección participar en la conformación de un equipo técnico con las autoridades correspondientes para trabajar en la regulación específica de esta sustancia.”. El 4 de junio de 2021, mediante el oficio n.° MS-DM-4603-2021, dirigido al señor Juan Bautista Alvarado Barrantes, el ministro de Salud indicó: “ Sobre el particular, le informo que la situación de afectación en la salud por el fipronil, se encuentra en análisis, así también la señora Andrea Meza Murillo, Ministra del MINAE través del DM-0374-2021 (adjunto) solicita “se conforme de forma urgente un grupo de trabajo técnico que pueda levantar el expediente que se requiere para la regulación normativa de esta sustancia al más corto plazo”. En razón de lo anterior estamos trabajando en los estudios correspondientes, estaremos informándole de los avances en el momento que ustedes así lo requieran.”. El 8 de junio de 2021, el ministro de Salud emitió el oficio n.° MS-DM-4665-2021, mediante el cual se le comunicó al señor Juan Bautista Alvarado Barrantes las conclusiones de los oficios MS-DPRSA-417-2021 y DRPIS-VU-036-2021; además, se le indicó que se continuaría con las gestiones de investigación, como parte de las acciones del equipo técnico interinstitucional, para la regulación específica de esta sustancia Fipronil. Por medio del oficio n.° MS-DM-4668-2021 de 9 de junio de 2021, dirigido a la defensora de los Habitantes, el ministro de Salud señaló: “En atención a su oficio N°05444-2021-DHR-(CV) , me permito describir a continuación las acciones que hemos llevado a cabo con respecto al tema denunciado por el señor Juan Bautista Alvarado Barrantes, en torno al uso del plaguicida Fipronil: a) El día 7 de abril se recibe oficio CNFA-JD-009-2021 , donde el señor Alvarado Barrantes “solicita la prohibición total y definida de la importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, reempaque, reenvasado, anuncio, manipulación, mezcla, venta, empleo y la cancelación del registro, de todos los productos formulados que contengan como ingrediente activo Fipronil y que dentro de los usos aprobados estén la aplicación en cultivos agrícolas o en animales domésticos, semovientes”. b) Dicho oficio fue traslado para la atención pertinente, al Ing. Eugenio Androvetto Villalobos, Director de Protección Radiológica y Salud Ambiental, (documento N° HT-843-2021), quien a su vez hizo la consulta del caso a la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario. c) Se recibe oficio de señora Andrea Meza Murillo, Ministra del MINAE través del DM-0374-2021 (adjunto) solicita “se conforme de forma urgente un grupo de trabajo técnico que pueda levantar el expediente que se requiere para la regulación normativa de esta sustancia al más corto plazo” d) Con oficio MS-DM-4603-2021 (adjunto) se da respuesta a la nota CNFA-JD-009-2021 del señor Juan Bautista Alvarado. e) Con respecto al criterio técnico solicitado, se reciben los oficios MS-DPRSA-417-2021 y DRPIS-VU-036-2021, que además adjunto copia, los cuales contienen criterio técnico preliminar sobre el plaguicida en cuestión, como insumo para la comisión interinstitucional a instaurar solicitada mediante oficio de la Andrea Meza Murillo, Ministra del MINAE. f) Como adendum del oficio anterior, con nota MS-DM-4665-2021 (adjunta) dirigida al señor Bautista Alvarado, se le hace traslado de los criterios citados en el punto b). Valga indicar que la situación de afectación en la salud por el Fipronil, se encuentra en análisis, así también la señora Andrea Meza Murillo, Ministra del MINAE través del DM-0374-2021 (adjunto) solicita “se conforme de forma urgente un grupo de trabajo técnico que pueda levantar el expediente que se requiere para la regulación normativa de esta sustancia al más corto plazo”. Finalmente reiterar que a lo interno se avanzó en la solicitud de criterios a los equipos técnicos correspondientes a la afectación en salud que compete a este ministerio de cara a la conformación de la comisión mencionada en el oficio del MINAE (DM-0374-2021), en la cual la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental tendrá una participación activa y designó un representante.”. El 17 de junio de 2021, se emitió el oficio n.°MS-DPRSA-547-2021, suscrito por el ingeniero Eugenio Androvetto Villalobos, dirigido al ministro Daniel Salas Peraza, mediante el cual se designó a la señora Dorell Rojas Fonseca de la Unidad de Protección Radiológica para conformar el grupo de trabajo para la regulación del Fipronil. Asimismo, el 17 de junio se le comunicó a la ministra de Ambiente y Energía que la funcionaria mencionada sería la integrante del equipo de trabajo. El 22 de junio de 2021, por medio del oficio n.° MS-DM-4888-2021, el ministro de Salud le comunicó a la ministra de Ambiente y Energía, la inclusión de los funcionarios Andrés Araya Brenes y Karol Masís Díaz, ambos de la Dirección de Productos de Interés Sanitario, para conformar el equipo de trabajo. El 14 de julio de 2021 se llevó a cabo la primera reunión del equipo técnico, en la que participaron funcionarios de MINAE, Ministerio de Salud, SENASA y Servicio Fitosanitario del Estado, y en la minuta se consignaron los siguientes acuerdos: “ Acuerdo 1: El equipo va a empezar tratar únicamente la mortalidad de las abejas con respecto al tema de la sustancia del fipronil (…) Acuerdo 2: Buscar la forma de tener una plataforma donde todos puedan tener acceso a la información (…) Acuerdo 3: Andrés Araya de Ministerio de Salud enviara por correo informe que se realizó desde registro y Esaú Miranda enviara propuesta de regulación que se ha trabajo en el Servicio Fitosanitario del Estado a Inti Acedo (…) Acuerdo 4: Se seguirá trabajando con los que no cuentan con un impedimento por directriz. Acuerdo 5: La próxima reunión será llevada a cabo el día cuatro del mes de agosto del 2021 de 1:30pm a 3:00pm (…)  Acuerdo 6: El cuadro será incluido en una carpeta a la que todos tendrán acceso para irla alimentando. Acuerdo 7: Inti Acedo estará comunicando cuando el problema de la carpeta compartida este resulto.”. El 4 de agosto de 2021 se realizó la segunda reunión del equipo técnico, y en la minuta se anotó: “Acuerdo 1: En la carpeta del Equipo técnico para regular el fipronil se encontrará la carpeta principal del Fipronil y también otros temas relacionados a las demás sustancias en subcarpetas (…) Acuerdo 2: Ir levantando las diferentes observaciones de cada documento y en base a (sic) esa información ver que plantamiento (sic) adicional pueden hacer para recopilar información e ir avanzando. Acuerdo 3: Valorar la regulación del uso de fipronil en lugar de su prohibición (…) Acuerdo 4: Las compañeras participantes de parte de Ministerio de Ambiente y Energía van a consultar en que (sic) estado se encuentra la directriz (…) Acuerdo 5: SENASA enviará el informe técnico dirigido a Inti Acedo (…) Acuerdo 6: Cada uno alimentará el cuadro con aportes o comentarios para cada documento y así hacer recomendaciones sobre los documentos una vez ya se revisen con detalle (…) Acuerdo 7: Para la próxima reunión se va a contar con una lista de observaciones e información adicional para los documentos que se van a revisar (…) Acuerdo 8: La próxima reunión será llevada a cabo el día 1 de septiembre a la 1:00pm.”. El 23 de agosto de 2021, la funcionaria Dorell Rojas Fonseca, de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, solicitó vía correo electrónico al Centro Nacional de Control de Intoxicaciones, información sobre intoxicaciones de personas, ya sea por uso inadecuado o por exposición laboral, que se hayan reportado durante el último periodo de cinco años.  Mediante el oficio n.° MS-DPRSA-692-2021 de 23 de agosto de 2021, el director de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud le solicitó a la directora general de Salud, información sobre la atención de denuncias de intoxicación de seres humanos con productos cuyo ingrediente activo sea Fipronil. El 25 de agosto de 2021, la funcionaria Dorell Rojas Fonseca, de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, consultó, vía correo electrónico, al jefe de la Unidad de epidemiología de la Dirección de Vigilancia de la Salud información documentada durante el periodo comprendido entre 2016 y 2021 de reportes de casos de personas intoxicadas con plaguicidas cuyo ingrediente activo sea Fipronil, ya sea por un uso inadecuado o por exposición laboral, entre otros factores que pudieran ocasionar esta situación. Mediante el oficio n.°MS-DGS-3607-2021 de 27 de agosto de 2021, la directora general de Salud solicitó a los directores regionales información sobre la atención de denuncias de intoxicación de seres humanos con productos cuyo ingrediente activo sea Fipronil. El ministro a.i. de ambiente y Energía informa que el Fipronil es un insecticida de contacto y estomacal de amplio espectro, y existen productos de uso doméstico, veterinario y agrícola con este ingrediente activo. Asimismo, asevera que se encuentra autorizado para los cultivos de algodón, caña india, café, chile dulce, cítricos, palma aceitera, piña, plantas ornamentales y frutales. En fecha indeterminada de 2021, la Unidad de Evaluación Ambiental de Agroinsumos de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental de MINAE emitió el “ Informe de Mortalidad de Abejas 2021”, en el que se consignó: “ (…) A nivel nacional, durante el año 2020, se ha generado preocupación debido a dos eventos de mortalidad de abejas que fueron reportados. Uno fue el 8 de mayo en Esparza3 de Puntarenas y el otro fue el 12 de agosto en Orotina de Alajuela4, donde la Unidad de Residuos y Contaminantes en alimentos de Origen Terrestre del Servicio Nacional de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), reportó que las muestras analizadas (abeja proveniente de la colmena) de ambos sitios, presentaban presencia del plaguicida Fipronil. Adicionalmente, en la muestra proveniente de Orotina, se detectó otro plaguicida Trifloxistrobina. Como consecuencia de los eventos antes citados, los apicultores de Costa Rica hicieron una llamada a las autoridades del MAG para que se proceda a restringir y prohibir el uso fipronil y trifloxistrobina. Además instaron a que se inicie un programa de capacitación dirigido a las personas agricultoras sobre el uso y correcto manejo de todas las sustancias químicas potencialmente nocivas para las abejas5 (…) Con base en la información recabada de los eventos de mortalidad de abejas previamente citados, se elaboró el presente informe con el objetivo de determinar el riesgo para las abejas asociado al uso agrícola autorizado en Costa Rica para los productos formulados a base de fipronil y trifloxistrobina (…) Generalidades sobre el Fipronil. El Fipronil es un insecticida de amplio espectro que ya no está aprobado para su uso en la UE en cultivos, sin embargo, puede usarse como tratamiento veterinario, para el control de parásitos en animales no destinados a la cadena alimentaria. 7 El fipronil, número CAS 120068-37-3, tiene baja solubilidad en agua, baja volatilidad y no es muy móvil en el medio ambiente. Puede ser bastante persistente en los sistemas de suelo, pero lo es menos en los sistemas acuáticos y de sedimentos. Es muy tóxico para los humanos y puede bioacumularse. Se considera un neurotóxico e irritante tanto para los ojos como para la piel. El fipronil es muy tóxico para los mamíferos, aves y abejas, pero un poco menos para los peces, invertebrados acuáticos, plantas acuáticas y lombrices de tierra7 (…) CONCLUSION GENERAL Los resultados de la evaluación de riesgo ambiental para los IAGTs detectados en muestras de abejas colectadas en dos eventos de mortalidad de estos insectos, fipronil y trifloxistrobina, demostró que únicamente para el caso de fipronil los usos agronómicos actualmente autorizados representan riesgos inaceptables para las abejas, tanto para la dosis más alta aprobada como para la más baja. Las abejas son la especie que se toma como representativo de los insectos polinizadores, por lo que no solo supone un riesgo para sus poblaciones sino también para la biodiversidad de los ecosistemas y la propia estabilidad del ser humano, quien depende del trabajo de polinización que realizan las abejas. Así mismo, los datos ecotoxicológicos de fipronil generan preocupación hacia otros organismos del ecosistema por cuanto se considera altamente tóxico para aves, peces, invertebrados acuáticos y muy altamente tóxico para algas. Además, es moderadamente persistente en suelo y en sistemas de agua/sedimento, y cuando se degrada produce otros metabolitos que sí son persistentes. Estos resultados sugieren que los productos actualmente registrados que contienen fipronil pueden estar causando un daño ambiental, y que el daño ambiental no solo está asociado al uso indiscriminado o intencional de estos productos. Por lo tanto, basado en los resultados de riesgo ambiental para las abejas, así como las alertas de peligrosidad del fipronil y que los productos registrados a base de este IAGT no cuentan con el aval ambiental de esta cartera, consideramos que, en pro de salvaguardar el ambiente, resulta fundamental que se cancelen los registros vigentes a base de este plaguicida. Lo anterior en apego a lo estipulado en el numeral 13 del DE 33495 o en el numeral 14.1.3.1 y 14.2.1.2 del DE 40059 y en el artículo 29 y 30 de la Ley 7664 Ley de Protección Fitosanitaria, referente a suspensiones y cancelaciones de registro. Así también, se deben tomar las acciones pertinentes para la prohibición del uso de este IAGT a nivel nacional, no solo en la agricultura. Con respecto al trifloxistrobina, si bien no se demostró un riesgo para las abejas asociado a su uso agronómico, es importante resaltar que es muy altamente tóxico para organismos acuáticos (peces, invertebrados y algas) (…) 4. PETITORIA De acuerdo con la información recabada y analizada en este informe, se puede concluir un riesgo inaceptable para los polinizadores por efectos del uso del insecticida fipronil y por ende, un riesgo inaceptable para la biodiversidad de los ecosistemas y la propia estabilidad del ser humano, quien depende del trabajo de polinización que realizan las abejas, así como una alta peligrosidad para aves y organismos acuáticos. El uso de insecticidas como el fipronil es una situación controlable, a diferencia de los otros factores que también amenazan la estabilidad de las poblaciones de invertebrados benéficos, por lo tanto, es asequible en este caso, el realizar un cambio de alto impacto y a corto plazo en favor del ambiente. Por lo tanto, se solicita a las autoridades nacionales con competencia tomar las medidas urgentes y necesarias para resguardar los siguientes bienes constitucionales: la salud humana, la biodiversidad y el ambiente en Costa Rica del uso de agroquímicos que contengan fipronil. Ya que, como se indicó supra, hay datos que muestran riesgos inaceptables sobre las abejas, sin embargo, no solo se deben ejercer las acciones de protección de estos organismos per se (conservación de la biodiversidad), sino porque al estar en riesgo ellas, también se ponen concomitantemente en riesgo la estabilidad de los ecosistemas y la propia supervivencia humana. Para esto se recomienda la cancelación de los registros de productos que contienen fipronil y la prohibición del uso a nivel nacional.”. Mediante el oficio n.° DM- 0374-2021 de 29 de abril de 2021, dirigido al ministro de Salud y al ministro de Agricultura y Ganadería, la ministra de Ambiente y Energía señaló: “Desde el MINAE ponemos en su conocimiento la preocupación ambiental que tiene este Ministerio debido a los eventos de mortalidad masiva de abejas que han sido reportados desde el año 2020. La Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), realizó el análisis de la información disponible para los eventos ocurridos el 8 de mayo en Esparza de Puntarenas y el 12 de agosto en Orotina de Alajuela, donde la Unidad de Residuos y Contaminantes en alimentos de Origen Terrestre del Servicio Nacional de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), reportó que las muestras analizadas (abeja proveniente de la colmena) de ambos sitios, presentaban presencia del plaguicida Fipronil. Con base en la información recabada en el informe de DIGECA, el cual nos permitimos adjuntar, se demostró que el fipronil representa riesgos inaceptables para las abejas, tanto para la dosis más alta aprobada como para la más baja para uso agrícola. Así mismo, los datos ecotoxicológicos de fipronil generan preocupación hacia otros organismos del ecosistema por cuanto se considera altamente tóxico para aves, peces, invertebrados acuáticos y muy altamente tóxico para algas. Adicionalmente, de acuerdo con el sistema de información de DIGECA, no consta que el MINAE haya emitido ningún respaldo técnico que avale los registros de productos a base de fipronil. Existe información también de que esta molécula no solo se encuentra registrada para uso agrícola sino también para uso veterinario y para uso doméstico, siendo todos estos registros otorgados por los Ministerios a su cargo. Por lo tanto, desde MINAE requerimos que se tomen medidas urgentes y necesarias según las competencias de cada Ministerio, para resguardar los derechos constitucionales de la salud humana, la biodiversidad y el ambiente en Costa Rica por el uso de agroquímicos que contengan fipronil. Ya que, como se indicó supra, hay datos que muestran riesgos inaceptables sobre las abejas según los usos aprobados para el fipronil e incluso para las dosis más bajas; consecuentemente, las muertes masivas vinculadas con este plaguicida, evidencian los graves efectos que está generando en el ambiente. Las abejas de producción de miel, son un organismo indicador cuyos efectos observados son extrapolados sobre los invertebrados terrestres no objetivo, por lo tanto, a partir de los datos recabados para este grupo taxonómico, cabe esperar severos e irreversibles efectos en los demás grupos de invertebrados terrestres que componen los ecosistemas naturales, siendo estos organismos fundamentales para la vida, en particular aquellos que cumplen con la función de polinización. Aunado a esto, aumenta nuestra preocupación al sopesar también los efectos esperados en otras taxas, como son los peces, aves y algas, esperando entonces un impacto mucho mayor en el ambiente. Por esto, no solo se deben ejercer las acciones de protección de estos organismos per se (importancia para lo humanos de la producción de miel y polinización de las plantas), sino porque al estar en riesgo ellas, también se ponen concomitantemente en riesgo la estabilidad de los ecosistemas y la propia supervivencia humana. Además, de los daños vinculados con el uso del fipronil al ambiente y a sector de producción apícola (muchos campesinos dependen de esta actividad). También cabe señalar que es de preocupación la presencia de este plaguicida en los alimentos de consumo humano, esto por cuanto mediante una búsqueda rápida de información sobre el fipronil, se logra constatar que este plaguicida está vinculado con daños en los órganos por exposiciones repetidas1, entre otros efectos. Preocupa también que esta sustancia no está registrada en la Unión Europea2. Por lo tanto, solicitamos que se conforme de forma urgente un grupo de trabajo técnico que pueda levantar el expediente que se requiere para la regulación normativa de esta sustancia al más corto plazo. En caso de considerarlo oportuno, nosotros podemos convocar al grupo con los funcionarios que ustedes nos designen para tal fin. De nuestra institución estarán participando las señoras Inti Acedo como titular y Manuela Mata como suplente.”. A la fecha, el MINAE no ha emitido respaldo técnico alguno que avale los productos registrados que contienen Fipronil. A la fecha, se han celebradop tres reuniones de trabajo, en las que se ha planteado la necesidad de que todos los miembros revisen los documentos disponibles y emitan sus comentarios para identificar otro tipo de información necesaria para hacer el análisis integral sobre los diferentes usos del Fipronil. La última reunión se efectuó el 1° de septiembre del año en curso; en ella, los representantes de SENASA presentaron una propuesta de decreto para la regulación de los usos de Fipronil. Por medio del oficio n.° DM-MAG-411-2021 de 6 de mayo de 2021, dirigido a la ministra de Ambiente y Energía, el ministro de Agricultura y Ganadería afirmó: “(…) en atención al oficio DM-0374-2021 me permito informarle que las personas designadas para la conformación del grupo de trabajo técnico para atender la serie de eventos de mortalidad masiva de abejas debido al plaguicida Fipronil son las siguientes: • Servicio Fitosanitario del Estado Ing. Esaú Miranda Vargas, Jefe de la Unidad de Residuos de Agroquímicos, Correo electrónico: [email protected] • Servicio Nacional de Salud Animal Dra. Miriam Jiménez Mata-Dirección de Medicamentos Veterinarios- Correo Electrónico: [email protected] y Lic. Kattia Murillo Murillo-Asesoría Jurídica- Correo Electrónico: [email protected] .” . Mediante el oficio n.° 05599-2021-DHR de 27 de mayo de 2021, dirigido al ministro de Agricultura y Ganadería, la recurrente consignó: “(…) Para iniciar el trámite correspondiente, la Defensoría de los Habitantes, le solicita a la institución que en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente de recibida esta comunicación, de conformidad con el artículo 20 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes N° 7319, se sirva remitir a esta institución un INFORME en el que indique lo siguiente: 1. Las acciones que se hayan realizado o se hayan programado para la atención de la solicitud presentada por el interesado ante su despacho el pasado 7 de abril de 2021, acerca de la prohibición de registro, importación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, re envase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan el ingrediente activo Fipronil, así como la cancelación de los registros vigentes de estos productos. 2. Informar si se ha realizado alguna valoración o estudio sobre el impacto que el uso del plaguicida Fipronil tiene sobre las abejas y, de ser así, las medidas que se hayan implementado con base en dicha información. 3. Remitir copia de la respuesta que se haya dado al señor Alvarado Barrantes, en relación con la solicitud presentada el pasado 7 de abril de 2021. Además de referirse a lo solicitado anteriormente, deberá adjuntar las pruebas que correspondan. De igual forma se le solicita comunicar a la Defensoría de los Habitantes sobre cualquier trámite, gestión o información adicional que se relacione con el presente asunto. En el eventual caso de que la presente solicitud sea remitida a otro/a funcionario/a, mucho se le agradecerá informar el nombre, cargo que desempeña, número de teléfono y de fax, así como el propósito de dicho traslado (…)”. Mediante el oficio n.° DM-MAG-553-2021 de 7 de junio de 2021, dirigido a la defensora de los Habitantes, el ministro de Ambiente y Energía aseguró: “Primero: El Fipronil es un plaguicida químico para uso agrícola registrado en el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), que se utiliza como un insecticida de amplio espectro, perteneciente al grupo Fenilpirazol, número CAS 120068-37-3 clasificado en la Categoría de Producto Moderadamente Peligroso (Clase II), según el criterio adoptado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con baja solubilidad en agua, baja volatilidad y poca movilidad en el medio ambiente, tóxico para los humanos al ser neurotóxico e irritante tanto para los ojos como para la piel e igualmente tóxico para los mamíferos, las aves y las abejas, aunque un poco menos para los peces, los invertebrados acuáticos, las plantas acuáticas y las lombrices de tierra. Como bien se indica el señor Alvarado Barrantes presentó en fecha 7 de abril del 2021, ante la Presidencia de la República, Ministerios de Salud y Ambiente y Energía y este Despacho, escrito bajo el número CNFA- JD- 009-2021 el cual contiene las mismas pretensiones que se establecen en el escrito presentado ante su representada y que en resumen tiene por fin la prohibición del registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan el ingrediente activo FIPRONIL e igualmente la cancelación del registro de todos los productos formulados que contengan como ingrediente activo Fipronil y que dentro de los usos aprobados estén la aplicación en cultivos agrícolas o en animales domésticos y semovientes, dicha solicitud de prohibición está en estudios y análisis técnicos para verificar el grado de impacto de dicha petición. La mayoría de esos productos veterinarios vienen en presentaciones que comercialmente se les denomina tipo “Pour-On”, “pipeta”, “ampolla” “spot-on”, conteniendo el antiparasitario listo para su uso sin necesidad de diluirlo y para ser administrados de forma tópica, es decir sobre la piel del animal, para el control de pulgas y garrapatas en mascotas y en un menor número para especies de animales productivas. Adicionalmente existen productos que contienen en su formulación el principio activo Fipronil, registrados en la Dirección de Medicamentos Veterinarios del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) y que se comercializan en Costa Rica, para uso médico veterinario como antiparasitario externo de amplio espectro. Segundo: En (sic) relación a la consulta sobre si se ha realizado alguna valoración o estudio sobre el impacto que el uso del plaguicida Fipronil tiene sobre las abejas y, de ser así, las medidas que se hayan implementado con base en dicha información, es importante señalar que tanto el Servicio de Salud Animal como el Servicio Fitosanitario del Estado, trabajan técnica y científicamente elaborando un estudio interinstitucional conjunto sobre este tema, una vez que se tenga el resultado de dicho estudio será comunicado al interesado y a ésta Defensoría de los Habitantes. Tercero: Sobre lo solicitado por el señor Alvarado Barrantes en su oficio CNFA-JD-009-2021, este Despacho brindó respuesta mediante oficio DM-MAG-534-2021, notificado el día 03 de junio de 2021, donde se le informó que “actualmente se están estudiando y realizando los análisis necesarios para elaborar las recomendaciones correspondientes al Despacho Ministerial, acciones que se estarán comunicando posterior al cumplimiento de dicho proceso de valoración”. Como señalé líneas arriba, tanto el Servicio Nacional de Salud Animal, como el Servicio Fitosanitario del Estado involucrados técnica y científicamente en el tema que nos atañe, están realizando un análisis coordinado interinstitucionalmente, para que una vez que se tenga el resultado y conjuntamente se adopten las acciones que correspondan en aras del bienestar de la salud pública veterinaria, se estará informando al petente y a su Despacho.”. El Servicio Fitosanitario del Estado y el Servicio de Salud Animal forman parte del equipo interinstitucional conformado para atender la situación del Fipronil. Mediante el oficio n.°SENASA-DG-1100-2021/DSFE-0612-2021 de 6 de septiembre de 2021, el director general de SENASA y el director del Servicio Fitosanitario del Estado indicaron: “ Sobre el uso de Fipronil. En el país el fipronil está registrado por el SENASA para el control de ectoparásitos en animales y de plagas en instalaciones para producción pecuaria y por medio del Servicio Fitosanitario se encuentra registrado para el uso agrícola. 1.- Productos de uso veterinario . En cuanto a los hechos y apreciaciones que se relacionan a las formulaciones de medicamentos veterinarios que contengan el ingrediente grado activo Fipronil se debe señalar lo siguiente: Sobre los eventos de mortalidad de abejas que se indican en el recurso, efectivamente en el año 2020 ocurrieron, sin embargo, en el evento que sucedió el 08 de mayo de 2021 se pudo determinar un mal uso del producto, por lo que se impuso las sanciones correspondientes al infractor. Respecto al segundo caso si bien es cierto las muestras tomadas resultaron positivas a Fipronil no se puedo determinar el origen del contacto. El Fipronil es un insecticida de amplio espectro (que sirve para controlar diferentes plagas), autorizado tanto para uso agrícola como para el uso veterinario que pertenece al grupo de los fenilpirazoles, el cual se utiliza en el ámbito veterinario principalmente para el control de pulgas, garrapatas en animales como bovinos, perros y gatos, además, en instalaciones pecuarias para el control de hormigas, cucarachas, moscas, termitas y otros insectos. En la Dirección de Medicamentos Veterinarios del SENASA se tiene aproximadamente 55 productos debidamente registrados conforme a las exigencias técnicas y legales que exige la normativa para el registro de productos veterinarios y productos afines. Dichos productos, se clasifican en el grupo 3 de venta de droguerías y farmacias veterinarias, el origen de los productos es de Francia, Uruguay, Colombia, Brasil, Costa Rica, Perú, Argentina, Guatemala y Chile. La mayoría de productos registrados en el SENASA con el principio activo Fipronil, son de uso tópico, en presentaciones que comercialmente se les denomina tipo “Pour-On”, “pipeta”, “ampolla”, “spot-on” , conteniendo el antiparasitario listo para su uso sin necesidad de ser diluidos y para administración tópica (es decir sobre la piel) para el control de pulgas y garrapatas en mascotas y en un menor número en especies de animales de producción. El uso tópico de estos productos en los animales es una forma segura de aplicación ya que se coloca directo en el dorso del animal, lo que reduce el riesgo de que se extienda en el ambiente, asimismo, no permanece mucho tiempo en la piel del animal, si no (sic) que se absorbe hacia las glándulas sebáceas de los folículos pilosos, donde es “recirculado” y extendido de glándula en glándula, de manera que una aplicación puntual (sea spot-on   o por unción dorsal) logra un efecto generalizado en la piel, lo cual a su vez limita la exposición de animales o insectos que por accidente entren en contacto con el animal tratado. Las abejas son un insecto del filo Artrópoda y del orden Himenóptera, por lo tanto, no son un insecto hematófago, nutricionalmente precisan de un equilibrio entre diferentes azúcares (hidratos de carbono), lípidos, proteínas, minerales y agua. Estos insectos encuentran estos nutrientes en sus principales fuentes de alimento, que son la miel y el polen, por lo que la posibilidad de que se contaminen con Fipronil aplicado en el dorso de un animal es poco probable. (…) Existen registrados dos productos de uso veterinario autorizados exclusivamente para el control de plagas, cuya forma de uso es en aspersión o a través de pulverizadores por contacto en las zonas en donde se ubican las plagas y son para uso exclusivo en instalaciones pecuarias, las cuales no son un hábitat común de los insectos polinizadores, siendo baja la probabilidad de exposición de éstos   al Fipronil mediante este uso. El fipronil es un antiparasitario externo que se utiliza en animales para el tratamiento y control de infestaciones de ectoparásitos como el piojo (pediculosis), la pulga (pulicosis, tungiasis), la mosca (miasis), los ácaros (sarna o acarosis) y las garrapatas. La infectación (sic) de estos ectoparásitos no solo es un problema para la salud animal, sino también para la salud pública, ya que estos parásitos pueden actuar como vectores de enfermedades tanto para humanos como animales. Estos ectoparásitos producen cuantiosas pérdidas económicas en los diferentes sistemas de producción animal y además actúan como vectores de enfermedades tanto para humanos como animales, convirtiéndose en un problema de salud pública ya que producen zoonosis, esto es, enfermedades que los animales transmiten al hombre. Ejemplo de ello son,  las garrapatas que tienen importancia, médica, veterinaria, sanitaria y económica, debido al daño directo que causan por ser ectoparásitos hematófagos (se alimentan de la sangre del animal parasitado) y transmisoras de microorganismos patógenos entre animales, o de animales a personas, de protozoarios, bacterias, rickettsias y virus, así como, por la inoculación de sustancias tóxicas que pueden producir enfermedades en animales y en humanos, tales como, lyme, erliquia, anaplasmosis, entre otras, que pueden afectar la salud de las personas e incluso su muerte. Asimismo, las garrapatas y los ácaros al succionar también permiten el intercambio de algunas sustancias que por su composición el cuerpo las reconoce como extrañas y generan procesos alérgicos donde ocurren reacciones de tipo inmune afectando la piel produciendo inflamación, dolor, prurito, laceraciones en la piel, úlceras, pérdida de pelo, entre otras, que a toda vista causarían perdida de salud o la caída del bienestar en animales y personas. Lo anterior, reviste suma importancia teniendo en consideración que la mayoría de los productos registrados en el SENASA, se utiliza en mascotas que conviven con adultos mayores, adultos y niños, por lo que de no brindarse un adecuado tratamiento a dichos animales, aumentan las posibilidades de que por ejemplo la garrapata se convierta una plaga en el hogar y de transmisiones de enfermedades a un porcentaje significativo de la población, máxime teniendo en consideración que conforme al Estudio Nacional  sobre tenencia de perros en Costa Rica del 2016, World animal protection, el 50,5% de los hogares encuestados manifestaron tener perros, y de los datos obtenidos muestran que la media de perros por hogar es de 1.8 perros. Asimismo, en el estudio se indicó que según la estimación censal del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, al 2015 habría 1462.000 hogares en el país, en consecuencia, un aproximado de 738.310 hogares tienen perros. Como ha quedado evidenciado los productos que contienen Fipronil son necesarios para el control de ectoparásitos y principalmente de las garrapatas, a efectos de que no se desarrollen de manera exponencial y se produzcan daños a la salud pública y patrimonio pecuario del país. El SENASA ha estado consciente que el mal uso de los productos con Fipronil pueden afectar a las abejas por lo que por lo que para el registro de dicho producto se obliga a que en las etiquetas y material de empaque para productos veterinarios que contengan Fipronil aparezca la siguiente leyenda: “El fipronil puede afectar adversamente a los organismos acuáticos y a las abejas. No deberá verter el medicamento o los envases vacíos en cursos de agua puesto que podrían resultar peligrosos a los peces y otros organismos acuáticos”. Los dueños de los animales deben leer y seguir cuidadosamente todas las indicaciones de las etiquetas antes de utilizar el producto. Asimismo, se ha detectado la necesidad de reforzar las buenas prácticas de uso de esta sustancia y para ciertos usos como el agrícola o en instalaciones pecuarias, establecer mayor control por parte de las Autoridades Sanitarias competentes, por lo que se está en un proceso de actualización de la normativa. 2.- Productos de uso agrícola . En el Servicio Fitosanitario del Estado se encuentran registrados ocho productos que contienen FIPRONIL, como ingrediente activo. Tres presentaciones de Ingrediente Activo Grado Técnico (IAGT) y cinco productos formulados para uso en el territorio nacional, de los cuales dos productos se registraron amparados bajo el Decreto Ejecutivo 24337 MAG-Salud denominado “Reglamento Registro Uso Control Plaguicidas Agrícolas y Coadyuvantes” y seis productos bajo la Ley N° 8702 del 14 de enero del 2009 denominada “Trámites de las Solicitudes de Registro.” Con respecto a la vigencia de dichos plaguicidas, en el caso de los registrados bajo el Decreto Ejecutivo N° 24337-MAG-S del 27 de abril de 1995 no tenían un plazo definido, posterior a ello, el Decreto Ejecutivo N° 33495-MAG-S-MINAE-MEIC del 3 de octubre del 2006, otorgo el plazo a los registros por un periodo de 10 años de vigencia; paralelamente entró en vigencia la Ley N° 8702 del 14 de enero del 2009, el cual, no se indicaba la vigencia de dichos registros, pero el Tribunal Contencioso Administrativo, otorgó un plazo de 10 años vigencia amparado a lo que indicaba sobre Registro de Plaguicidas. La mayoría de los registros basados en la Ley N° 8702 del 14 de enero del 2009 tenían su vigencia hasta el año 2019, sin embargo, todos estos registros indistintamente de la normativa que los sustentó, tenían hasta finales de enero del año 2012 para presentar toda la información para una nueva revisión de la información conocida como reválida señalada en el artículo 14 de dicha Ley, aquellos que no presentaron la información se les canceló el registro. Posterior al decreto ejecutivo y ley antes señaladas, entró en vigencia el Decreto Ejecutivo N° 39995-MAG “Reglamento para la actualización de la información de los expedientes de registro de ingrediente activo grado técnico y plaguicidas formulados”, así como su reforma N° 41481-MAGMINAE- S, ambos se encuentran impugnados ante la Sala Constitucional, pero no pierde su validez, por lo cual, la administración se encuentra en un proceso de revisión de cada uno de los requisitos de dicha actualización en espera de un pronunciamiento sobre la impugnación, por lo cual se le permite a las empresas continuar con su comercialización. Entre los usos autorizados del Fipronil, se encuentran, plantas ornamentales, chile dulce, café, cítricos y piña. El fipronil desde el punto de vista agronómico juega un papel determinante en la producción agrícola, caso específico Chile Dulce mismo que es azotado por una plaga conocida como el picudo (Anthonomus eugenii) que se ha convertido en la principal amenaza de este cultivo en toda la región latinoamericana, debido a la resistencia que ha desarrollado a diferentes grupos de insecticidas que normalmente lo mantenían bajo control esto hace que su manejo se complique dado que ataca los frutos desde la floración hasta el final de la cosecha , esto causa una caída prematura de los frutos, pérdidas de rendimiento y acorta el ciclo de vida productivo del cultivo. Esta situación antes descrita es la que están viviendo los productores de estas hortalizas en todo el territorio nacional, en el país se siembran alrededor de 1086 hectáreas (fuente INEC 2017) distribuidos en Guanacaste, Upala, Heredia Alajuela, Cartago, San José (Santa Ana- Escazú), Pérez Zeledón, todo esto cultivado en su mayoría por pequeños productores, los cuales ven amenazados sus cultivos, economía y el sustento a sus familias, así como el empleo que genera esta actividad agrícola. En este momento el único plaguicida que puede ayudar a controlar este insecto es el fipronil. El Servicio Fitosanitario del Estado, tiene registrado un producto que contienen clorantraniliprole, como ingrediente activo para el control de esta plaga en chile dulce, pero el mismo no está a disposición mercado para le productor y no se cuenta con una fecha cierta que el comercio vaya a ponerlo en venta. Agronómicamente ante la situación que enfrenta el productor con la plaga “el picudo (Anthonomus eugenii)”, no se recomienda tener solo una molécula para el combate de una plaga tan agresiva pues rápidamente puede causar resistencia, por lo cual es recomendable que el productor tenga diversidad de opciones para combatir dichas plagas, siempre teniendo buenas prácticas agrícolas en el uso de plaguicidas. El Servicio Fitosanitario del Estado, ante la situación de chile dulce, en colaboración de profesionales de la UCR, EARTH, INTA y empresa privada ha preparado la capacitación titulada “Eco Chile Hacia una Producción Sostenible”, con una duración de 25,5 horas, en la cual se desarrolla el uso de Buenas prácticas Agrícolas, en las cuales se analiza el uso del plaguicida Fipronil, dicha capacitación tiene una matrícula de 140 productores, técnicos y profesionales que dan asistencia a los cultivos, el cual iniciará el próximo 8 de septiembre y concluye el miércoles 27 de octubre. 3.- Confirmación de la Comisión Equipo Técnico Fipronil. Mediante los oficios DM-MAG-411-2021, DM-MAG-569-2021, DM-MAG-643-221 y DM-MAG-837- 2021 el Despacho del Ministro de Agricultura y Ganadería, en respuesta al oficio RDHC-DR-065- 2021, nombró un equipo de trabajo técnico y legal del Servicio Fitosanitario del Estado, Servicio de Salud Animal y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (para la conformación del grupo de trabajo técnico de Fipronil, para atender los eventos de mortalidad masiva de abejas por aparente uso del plaguicida Fipronil, en conjunto con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente, el cual está teniendo reuniones periódicas para analizar los estudios e insumos técnicos sobre el plaguicida y emitir recomendaciones. 4.- Normativa sobre el Fipronil . Si bien es cierto, el fipronil se encuentra prohibido su uso agrícola en Europa, no así en animales, por un asunto de protección a las abejas, también es cierto que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) por sus siglas en inglés (tiene autorizado su uso en los Estados Unidos. Como se señaló líneas arriba, en el país el fipronil está registrado por el SENASA y por el Servicio Fitosanitario, el cual se utiliza tanto en uso veterinario como en uso agrícola. Al ser un tema de vital importancia tanto con el tema de las abejas, como en el tema agrícola, en el seno del grupo de trabajo técnico de Fipronil, se presentó como propuesta ministerial un borrador de Decreto Ejecutivo para regular la venta y establecer medidas sanitarias y fitosanitarias para la importación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempacado, reenvasado, manipulación, mezcla, compra, venta, y uso del ingrediente grado activo técnico Fipronil, sea como materia prima o en formulaciones agrícolas o de medicamentos veterinarios que las contengan, registrados en el Servicio Nacional de Salud Animal y el Servicio Fitosanitario del Estado. La propuesta indicada, cuyo borrador se adjunta como anexo al presente informe, se encuentra en proceso de análisis y discusión en el seno del referido grupo de trabajo técnico. Resulta relevante informar que el Programa Nacional de Salud Apícola del SENASA, junto con el Servicio Fitosanitario del Estado y la Cámara de Insumos Agropecuarios participan en un proyecto conjunto que tiene como fin capacitar en torno a la aplicación de las buenas prácticas de uso de los plaguicidas con la finalidad de fomentar el correcto uso de éstos y evitar afectaciones a agentes polinizadores… ”. (Informe de las autoridades recurridas y prueba documental). El director general de SENASA informa que, dentro del grupo técnico de trabajo, se planteó un borrador de Decreto Ejecutivo con el propósito de regular la venta y establecer medidas sanitarias y fitosanitarias para la importación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempacado, reenvasado, manipulación, mezcla, compra, venta, y uso del ingrediente grado activo técnico Fipronil. (Informe de la autoridad recurrida). El jefe de la Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación del SFE, mediante la certificación n.° AE-REG-C-0021-2021, indicó: “CERTIFICO: que se encuentran registrados 5 plaguicidas formulados con el ingrediente activo Fipronil, los cuales se indican en el cuadro 1, donde se detalla los cultivos autorizados y las plagas a controlar.  Cuadro 1. Lista de plaguicidas formulados con el ingrediente activo Fipronil con los cultivos autorizados y plagas a controlar.”.
N° Registro
	
Ingrediente Activo (IAGT)
	
Marca Comercial
	
Registrante
	
Cultivo Autorizado
	
Plagas a controlar


3799
	
Fipronil
	
Regent 20 SC
	
Bayer S.A.
	ORNAMENTALES
 
 
Algodón
 
 
Chile dulce
	Escolitido (Xyleborus sp.)
Afido Verde (Aphis gossypii)
Picudo del Chile (Anthonomus eugenii)


4172
	
Fipronil
	
Blitz 0,003 GB
	
Bayer S.A.
	PALMA ACEITERA
Café
Cítricos
Frutales
Ornamentales
	
Hormigas Cortadoras (Atta sp) Hormiga (Acromyrmex sp.)


8702210
	
Fipronil
	
SOFION 20 SC // ZETANIL 20 SC
	
INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA INICA S.A.
	
ORNAMENTALES
	
Escolitido (Xyleborus sp.)


8702287
	
Fipronil
	
BIOQUIM FIPRONIL 20 SC
	
INDUSTRIAS BIOQUIM CENTROAMERICANA S.A.
	
Chile Dulce
	
Picudo Del Chile (Anthonomus eugenii) Escolitido (Xyleborus sp.)


8702314
	
Firponil
	
TRIPZELL 20 SC // Fulminante 20 SC // Picudo 20 SC
	
ZELL CHEMIE S.R.L
	Chile Dulce
 
 
Naranja
Dracaena
 
Piña
	Picudo Del Chile (Anthonomus eugenii)
Afidos (Aphis sp)
Escolitido (Xyleborus sp.)
 
Picudo de la Piña Metamasius dimidiatipennis
En octubre de 2021, el Servicio Fitosanitario del Estado elaboró el “Informe Técnico de la Molécula Fipronil”, en el que se indicaron las siguientes recomendaciones: “5. RECOMENDACIONES 5.1. Este equipo técnico recomienda restringir el uso del fipronil, regulando la venta bajo receta profesional, reforzando la fiscalización del producto, aumentando la frecuencia de muestreo y manteniendo las buenas prácticas agrícolas (capacitación a productores a través de los programas de la Unidad de Control de Residuos de Agroquímicos) para minimizar los impactos en la salud humana y el ambiente.  5.2. Alternar las moléculas fipronil y clorantraniliprole en el manejo del cultivo de Chile dulce. 5.3. Valorar la inclusión de medidas de protección a abejas e insectos polinizadores en los panfletos las cuales han sido propuestas por FAO7. 5.3.1. No aplicar este producto durante la floración del cultivo. 5.3.2. No aplicar cuando las abejas se encuentran forrajeando activamente. 5.3.3. Remover o cubrir las colmenas durante y después de la aplicación de este producto. 5.3.4. No aplicar este producto cuando haya presencia de arvenses en floración. 5.3.5. Remover las arvenses antes de la floración. 5.3.6. Aplicar el producto en las primeras horas de la mañana o altas horas de la tarde cuando disminuye la actividad de forrajeo de los polinizadores. 5.3.7. Comunicar con 48 horas de anticipación como mínimo al apicultor que tenga un apiario registrado, el día, hora y lugar en donde se va a realizar la aspersión a efecto de que éste proceda a proteger sus colmenas. 5.4. Se considera necesario que se generen las evaluaciones correspondientes de acuerdo a (sic) sus condiciones de uso en el país para contar con mayor información para su posible prohibición.  5.5. Adicionalmente se recomienda revisar la redacción del artículo 7 del borrador del decreto de restricción de fipronil. Esto debido a que se incluyen los metabolitos del fipronil; al no estar proponiendo una prohibición en el Decreto, no es factible técnicamente restringir los metabolitos per se, ya que estos son productos de degradación del ingrediente activo y por lo tanto no se encontrarán como tal en su forma libre sin la presencia del ingrediente activo fipronil, por lo que con la regulación del Fipronil directamente se estarían regulando los mismos.”.
Sobre el particular, de acuerdo con los elementos que constan en los autos, la Sala aplica control de constitucionalidad de esta forma.
Primeramente, se desprende que desde abril de 2021 se denunció ante los ministerios recurridos que los productos que contienen Fipronil como ingrediente activo estaban generando una afectación ambiental importante, asociada a la muerte masiva de abejas. En tal sentido, véase que la Unidad de Evaluación Ambiental de Agroinsumos de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental de MINAE emitió el “ Informe de Mortalidad de Abejas 2021”, según el cual se reportaron dos eventos de mortalidad de abejas asociados al uso de Fipronil en el años 2020, y concluyó que este insecticida ocasiona un riesgo inaceptable para los polinizadores, y, además, “un riesgo inaceptable para la biodiversidad de los ecosistemas y la propia estabilidad del ser humano, quien depende del trabajo de polinización que realizan las abejas, así como una alta peligrosidad para aves y organismos acuáticos.”; asimismo, esta dependencia del MINAE recomendó la cancelación de los registros de productos que contengan Fipronil y la prohibición general de uso en el país.
Ahora bien, ante este escenario, y con el propósito de emitir una regulación relativa al uso de Fipronil, se constata que, desde finales de abril de 2021, la ministra de Ambiente y Energía instó al Ministerio de Salud y al Ministerio de Agricultura y Ganadería a que conformaran un equipo técnico de trabajo, el cual inició sus reuniones el 14 de julio del año en curso, con la participación de funcionarios de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental de MINAE, del Ministerio de Salud, así como de SENASA y del Servicio Fitosanitario del Estado.
En tal sentido, se aprecia que los recurridos han debido implementar coordinaciones para abordar la situación del plaguicida aludido en relación con la afectación ambiental acusada. Así, consta que se han llevado a cabo distintas reuniones, se han elaborado informes técnicos, e, incluso, se ha discutido una propuesta de regulación normativa (Decreto Ejecutivo) para el uso de Fipronil.
En ese contexto, si bien los accionados han coincidido en la necesidad de intervenir a los efectos de regular la situación del plaguicida en cuestión, y para ello han conformado el equipo interinstitucional aludido, no menos cierto es que no se verifica que, a la fecha, se haya alcanzado una determinación definitiva en cuanto a la regulación que debe implementarse en atención al impacto ambiental que puede ocasionar el Fipronil. De este modo, interesa resaltar que aún se aprecian criterios divergentes. Así, la ministra de Ambiente y Energía, en el informe rendido en este proceso, asevera que, en apego al criterio técnico de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental de ese ministerio, deben prohibirse los productos de uso agrícola que contengan Fipronil y desarrollarse más estudios en lo concerniente al uso doméstico y veterinario de aquel. Por su parte, el Servicio Fitosanitario del Estado, en un informe técnico rendido en octubre de 2021, si bien advierte que el Fipronil representa un riesgo inaceptable para las aves y los insectos polinizadores -por lo que recomendó valorar su sustitución por productos formulados a base de clorantraniliprole-, no menos cierto es que dentro de las recomendaciones efectuadas no se advierte su prohibición, sino la restricción de uso regulando la venta bajo receta profesional y reforzando la fiscalización; además, señaló las siguientes recomendaciones puntuales: “Valorar la inclusión de medidas de protección a abejas e insectos polinizadores en los panfletos las cuales han sido propuestas por FAO7. No aplicar este producto durante la floración del cultivo. No aplicar cuando las abejas se encuentran forrajeando activamente. Remover o cubrir las colmenas durante y después de la aplicación de este producto. No aplicar este producto cuando haya presencia de arvenses en floración. Remover las arvenses antes de la floración. Aplicar el producto en las primeras horas de la mañana o altas horas de la tarde cuando disminuye la actividad de forrajeo de los polinizadores. Comunicar con 48 horas de anticipación como mínimo al apicultor que tenga un apiario registrado, el día, hora y lugar en donde se va a realizar la aspersión a efecto de que éste proceda a proteger sus colmenas. Se considera necesario que se generen las evaluaciones correspondientes de acuerdo a (sic) sus condiciones de uso en el país para contar con mayor información para su posible prohibición (…)”. Finalmente, SENASA sostiene que la probabilidad de afectación a polinizadores por el uso veterinario de Fipronil es baja, y que no hay estudios técnicos que señalen que deban prohibirse los productos de uso veterinario que contengan este ingrediente activo.
Así las cosas, si bien se aprecia que los recurridos se han esforzado por abordar la situación denunciada, no menos cierto es que no consta que a la fecha se haya alcanzado una determinación definitiva en cuanto a la regulación del Fipronil. A lo anterior, se debe sumar la existencia de criterios técnicos que advierten que el uso de este plaguicida causa un riesgo serio e inaceptable para las abejas y otros insectos polinizadores, lo que genera una duda razonable acerca de la procedencia de su uso frente a una adecuación protección al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. De ahí que resulte necesario la intervención de este Tribunal, en atención a los principios ambientales explicados en los considerandos anteriores.
Ahora, en este punto interesar traer a colación nuevamente el antecedente citado en el considerando V de esta sentencia, en el que se indicó:
“(…) es claro que la Sala no es un órgano técnico que pueda dilucidar si dicho producto debe ser prohibido o no, y tampoco puede reemplazar a la administración activa en la gestión de sus competencias, ya que no le corresponde usurpar las atribuciones legalmente conferidas a otras dependencias u órganos. Así las cosas, Sala carece de competencia para revisar los criterios técnicos que sirven de base para el borrador del decreto ejecutivo en cuestión, así como para determinar, entre distintos criterios divergentes, cuál es el que debe aplicarse o prevalecer, ya que como puede observarse con meridiana claridad, las autoridades estatales recurridas poseen criterios absolutamente contrapuestos con respecto a los efectos que produce el uso del plaguicida conocido como paraquat en la salud de los seres humanos y en el ambiente en general. No puede esta Sala, en este caso particular y, por tratarse de un tema estrictamente técnico, respaldar el criterio de una autoridad pública en detrimento de otra, cuando las recurridas son especialistas en la materia bajo estudio y sostienen sus criterios con fundamento en estudios científicos emitidos al efecto. Mucho menos, se podría entrar a analizar cada uno de los estudios técnicos aportados a los autos por las partes, así como por el coadyuvante pasivo, para finalmente determinar cuál de todos es el que debe privar ante las circunstancias descritas en este proceso y por ende, obligar a la aprobación y publicación de la norma (…)”. (Sentencia n.° 2021019096 de las 9:15 horas de 26 de agosto de 2021).
Así pues, en principio no le compete a esta Sala determinar si el plaguicida bajo examen debe prohibirse o no en el país, o qué tipo de regulación técnica en particular debe adoptarse, pues, precisamente, son las autoridades accionadas las instancias técnicas que, dentro de sus competencias, deben dilucidar tales aspectos. No obstante, este Tribunal sí puede intervenir a los efectos de que, en un plazo razonable, los recurridos realicen los estudios técnicos y científicos necesarios para finalmente determinar la regulación que debe implementarse a fin de garantizar que el uso del plaguicida Fipronil (ya sea agrícola o veterinario) no cause una afectación inaceptable al ambiente, particularmente a las abejas y otros insectos polinizadores.
De este modo, en consideración a que desde hace varios meses la situación de la afectación ambiental producida por el Fipronil fue denunciada ante las instancias recurridas, a que existen criterios que advierten que su actual uso genera un riesgo inaceptable para las abejas y otros insectos polinizadores, y a que el Estado está obligado a la implementación de las medidas precautorias y preventivas necesarias para la tutela efectiva del ambiente, este Tribunal estima que corresponde declarar con lugar el recurso, a los efectos de que en el plazo máximo de TRES MESES , contado a partir de la notificación de esta sentencia, el equipo de trabajo interinstitucional conformado para determinar la afectación del Fipronil en abejas y otros insectos polinizadores culmine todos los estudios técnicos requeridos y rinda el informe final correspondiente; en caso de que se determinare que el uso agrícola o veterinario de ese plaguicida causa daños graves a estos seres vivos y perjudica su función polinizadora, el informe respectivo deberá incluir las medidas adecuadas para resolver la situación y su plazo de ejecución.
VII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa que las autoridades recurridas, han omitido cumplir con su deber de proteger la salud y el ambiente, pues aún  no han procedido a determinar la mejor manera de regular, o si es del caso, prohibir el uso de este insecticida en el país, lo que amenaza lesionar el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
VIII.- NOTA DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Comparto en un todo la orden brindada por este Tribunal en la resolución de este recurso de amparo. Resulta indudable que en aras de hacer efectivo el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, las autoridades competentes deben definir los usos autorizados para la sustancia denominada Fipronil y las medidas precautorias que correspondan tanto en su utilización en productos veterinarios como agrícolas. Sin embargo, deseo consignar esta nota para aclarar que, desde mi perspectiva, nuestra Constitución Política, la jurisprudencia vinculante de este Tribunal que ha desarrollado los principios constitucionales de protección al medio ambiente y la propia normativa interna es suficiente sustento para resolver por el fondo este recurso de amparo. 
IX.-DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

 

Por tanto:

 

 
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Luis Renato Alvarado Rivera, Pedro González Morera, Rolando Alberto Castro Córdoba, German Rojas Hidalgo y Nelson Morera Paniagua, por su orden ministro de Agricultura y Ganadería, ministro a.i. de Salud, ministro a.i. de Ambiente y Energía, director general del Servicio Nacional de Salud Animal y director del Servicio Fitosanitario del Estado, o a quienes ocupen tales cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que en el plazo máximo de TRES MESES , contado a partir de la notificación de esta sentencia, el equipo de trabajo interinstitucional conformado para determinar la afectación del Fipronil en abejas y otros insectos polinizadores culmine todos los estudios técnicos requeridos y rinda el informe final correspondiente; si se determinare que el uso agrícola o veterinario de ese plaguicida causa daños graves a estos seres vivos y perjudica su función polinizadora, el informe respectivo deberá incluir las medidas adecuadas para resolver la situación y su plazo de ejecución. Lo anterior se dicta con la advertencia de que, según lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado, al Servicio Nacional de Salud Animal y al Servicio Fitosanitario del Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. La magistrada Garro Vargas consigna nota. Notifíquese.
 

 

 

 
	
Fernando Castillo V.
Presidente
	
 


Paul Rueda L.
	
 
	
Nancy Hernández L.


Luis Fdo. Salazar A.
	
 
	
Jorge Araya G.


Anamari Garro V.
	
 
	
Alicia Salas T.

 

 

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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 23-02-2026 15:15:58.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

PRESS RELEASE 24807-21. SEVERAL PUBLIC INSTITUTIONS ARE ORDERED TO ENSURE THAT, WITHIN THREE MONTHS, THE INTERINSTITUTIONAL WORKING GROUP FORMED TO DETERMINE THE IMPACT OF FIPRONIL ON BEES AND OTHER POLLINATING INSECTS COMPLETES ALL REQUIRED TECHNICAL STUDIES AND ISSUES THE CORRESPONDING FINAL REPORT; IF IT IS DETERMINED THAT THE AGRICULTURAL OR VETERINARY USE OF THIS PESTICIDE CAUSES SERIOUS HARM TO THESE LIVING BEINGS AND IMPAIRS THEIR POLLINATING FUNCTION, THE RESPECTIVE REPORT MUST INCLUDE THE APPROPRIATE MEASURES TO RESOLVE THE SITUATION AND THEIR IMPLEMENTATION PERIOD.

"On repeated occasions, the jurisprudence of this Chamber has emphasized that the right to a healthy and ecologically balanced environment is recognized both at the constitutional and conventional levels. Likewise, it has been indicated that the effective protection of this right requires that resources be used rationally, a context in which the State and the general citizenry must act according to the principles governing environmental matters. In this vein, specialized doctrine has pointed out that the preventive principle (principio preventivo) demands that, when there is certainty of possible damage to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned upon compliance with certain requirements."

LBH12/22

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Content of Interest:

Type of content: Majority vote
Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE
Topic: 050- Environment
Subtopics:

NOT APPLICABLE.

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"On repeated occasions, the jurisprudence of this Chamber has emphasized that the right to a healthy and ecologically balanced environment is recognized both at the constitutional and conventional levels. Likewise, it has been indicated that the effective protection of this right requires that resources be used rationally, a context in which the State and the general citizenry must act according to the principles governing environmental matters. In this vein, specialized doctrine has pointed out that the preventive principle demands that, when there is certainty of possible damage to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned upon compliance with certain requirements."

LBH12/22

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Content of Interest:

Type of content: Majority vote
Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE
Topic: 021- Human life
Subtopics:

NOT APPLICABLE.

24807-21. SEVERAL PUBLIC INSTITUTIONS ARE ORDERED TO ENSURE THAT, WITHIN THREE MONTHS, THE INTERINSTITUTIONAL WORKING GROUP FORMED TO DETERMINE THE IMPACT OF FIPRONIL ON BEES AND OTHER POLLINATING INSECTS COMPLETES ALL REQUIRED TECHNICAL STUDIES AND ISSUES THE CORRESPONDING FINAL REPORT; IF IT IS DETERMINED THAT THE AGRICULTURAL OR VETERINARY USE OF THIS PESTICIDE CAUSES SERIOUS HARM TO THESE LIVING BEINGS AND IMPAIRS THEIR POLLINATING FUNCTION, THE RESPECTIVE REPORT MUST INCLUDE THE APPROPRIATE MEASURES TO RESOLVE THE SITUATION AND THEIR IMPLEMENTATION PERIOD.

“VI.- ON THE REGULATION OF PESTICIDE USE. As indicated above, the right to life, to health, and to a healthy environment are fundamental rights regulated in articles 21 and 50 of the Political Constitution, and their protection is of public interest. Precisely for this reason, the State has the obligation, in order to protect the health of the population and the environmental precautionary principle (principio precautorio ambiental), to regulate the use of chemical or related substances for agricultural use, so that they are handled correctly, reasonably, and do not generate risks to human health and the environment. Furthermore, it also has the responsibility to guarantee the well-being of citizens and an ecologically balanced environment. In this regard, the Chamber has established that the State must act as a guarantor regarding the proper use of pesticides and the avoidance of their harmful effects on health and the environment."

LBH12/22

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Content of Interest:

Type of content: Majority vote
Branch of Law: 2. PRINCIPLES WITH JURISPRUDENCE
Topic: Precautionary
Subtopics:

NOT APPLICABLE.

24807-21. SEVERAL PUBLIC INSTITUTIONS ARE ORDERED TO ENSURE THAT, WITHIN THREE MONTHS, THE INTERINSTITUTIONAL WORKING GROUP FORMED TO DETERMINE THE IMPACT OF FIPRONIL ON BEES AND OTHER POLLINATING INSECTS COMPLETES ALL REQUIRED TECHNICAL STUDIES AND ISSUES THE CORRESPONDING FINAL REPORT; IF IT IS DETERMINED THAT THE AGRICULTURAL OR VETERINARY USE OF THIS PESTICIDE CAUSES SERIOUS HARM TO THESE LIVING BEINGS AND IMPAIRS THEIR POLLINATING FUNCTION, THE RESPECTIVE REPORT MUST INCLUDE THE APPROPRIATE MEASURES TO RESOLVE THE SITUATION AND THEIR IMPLEMENTATION PERIOD.

"In this vein, it is important to mention that the pro natura precautionary principle (principio precautorio pro natura) implies anticipating negative effects and ensuring the protection, conservation, and adequate management of natural resources. Consequently, this principle or the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or the health of people. Within this framework, constitutional jurisprudence has established that in cases where there is a risk of serious or irreversible damage—or a doubt in this regard—precautionary measures must be adopted and even the activity in question postponed."

LBH12/22

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Content of Interest:

Type of content: Majority vote
Branch of Law: 8. IACHR JURISPRUDENCE
Topic: CONSTITUTIONAL CHAMBER JUDGMENTS - I/A COURT H.R.
Subtopics:

Advisory Opinion.

“…It is also of interest to highlight that the Inter-American Court of Human Rights, in Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 2017, developed matters related to State obligations concerning the environment, in the interest of safeguarding the human rights enshrined in the American Convention on Human Rights. It is also of interest to highlight that the Inter-American Court of Human Rights, in Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 2017, developed matters related to State obligations concerning the environment, in the interest of safeguarding the human rights enshrined in the American Convention on Human Rights…” 24807-21

CO11/22

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Text of the Resolution

*210165780007CO*

Exp: 21-016578-0007-CO

Res. Nº 2021024807

 

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the fifth of November two thousand twenty-one.

                

                Amparo action (Recurso de amparo) filed by CATALINA CRESPO SANCHO, identity card no. 0108780086, in her capacity as Defender of the Inhabitants (Defensora de los Habitantes), against the MINISTRY OF AGRICULTURE AND LIVESTOCK (MAG), the MINISTRY OF HEALTH, and the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY (MINAE).

 

Whereas:

 
1.- By brief added to the digital case file at 8:32 a.m. on August 24, 2021, the petitioner, in her capacity as Defender of the Inhabitants, filed an amparo action against the Ministry of Agriculture and Livestock, the Ministry of Health, and the Ministry of Environment and Energy. She states that on April 21, 2021, her office received a complaint from Juan Bautista Alvarado Barrantes, president of the National Chamber for the Promotion of Apiculture (Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura), filed before MAG, the Ministry of Health, and MINAE. That management refers to a request for the total and definitive prohibition of the import, export, manufacture, formulation, storage, distribution, transport, repackaging, refilling, advertising, handling, mixing, sale, and use of products containing Fipronil as an active ingredient, as well as the cancellation of the registrations of these products. She points out that this complaint argued that the use of Fipronil, an insecticide authorized for agricultural use, has caused the massive death of bees in the country, whose function as pollinators is essential, both in natural ecosystems and in agricultural activity. In this regard, she refers that the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) has indicated that the global decline in bee populations implies a serious threat to a wide variety of plants critical to human beings and livelihoods. Likewise, bees ensure pollination and, thus, the reproduction of many wild and cultivated plants, which is crucial for food production, human livelihoods, and biodiversity. Furthermore, pollination benefits human nutrition, as it not only enables the production of a quantity of fruits, nuts, and seeds but also contributes to their greater variety and better quality. She highlights that the Office of the Defender of the Inhabitants requested the ministries of Agriculture, Environment and Energy, and Health, as the competent entities for the registration and authorization of use of agrochemicals, to each issue a report on the actions undertaken to address the complaint and management filed by the interested party. She adds that, upon analyzing the reports provided, the Office of the Defender of the Inhabitants filed this amparo based on the following: 1. Zoollination (zoopolinización) plays a vital role as a regulating ecosystem service (servicio ecosistémico regulador) of nature. Worldwide, almost 90% of wild floral plant species depend, at least partially, on the transfer of pollen by animals. These plants are fundamental for the proper functioning of ecosystems because they produce food, form habitats, and provide resources to many other species. 2. More than three-quarters of the main types of global food crops depend to some extent on zoollination for yield or quality. Pollinator-dependent crops represent up to 35% of global agricultural production. 3. Pollinator-dependent food products contribute greatly to a healthy diet and good nutrition. Pollinator-dependent species encompass many fruit, vegetable, seed, nut, and oil crops, which provide numerous micronutrients, vitamins, and minerals to the human diet. 4. Both wild and managed pollinators play important roles globally in crop pollination, although their relative contribution varies according to the crop and location. Crop yield and quality depend on both the abundance and diversity of pollinators. A diverse pollinator community generally provides more effective and stable pollination than a single species. Pollinator diversity contributes to crop pollination, even when managed species (for example, honeybees) are present in great abundance. The contribution of wild pollinators to agricultural production is undervalued. 5. Pollinators are a source of multiple benefits for people, since, in addition to food products, they contribute directly to the production of medicines, biofuels, fibers, construction materials, musical instruments, arts, and crafts. Pollinators are very important spiritual symbols in many cultures. 6. The abundance, diversity, and health of pollinators and the provision of pollination are threatened by direct drivers of change that entail risks for societies and ecosystems. Threats include land-use change (cambio en el uso de la tierra), intensive agricultural management and pesticide use, environmental pollution, invasive alien species, pathogens, and climate change. The insufficiency or complexity of data makes it difficult to establish an explicit link between the decline of pollinators and any of the different direct drivers or a combination thereof; however, numerous specific studies conducted worldwide suggest that these direct drivers tend to negatively affect pollinators. 7. The risk posed by pesticides to pollinators results from a combination of toxicity and level of exposure that varies geographically according to the compounds used, the scale of land management, and the dimension of the habitat in the landscape. Pesticides, especially insecticides, have been shown to have many lethal and sublethal effects on pollinators under controlled experimental conditions. 8. Pollinator exposure to pesticides can be reduced by decreasing their use, seeking other forms of pest control, and adopting a series of specific application practices, especially techniques aimed at reducing pesticide drift. Measures to reduce pesticide use include the promotion of integrated pest management, complemented by farmer education, organic agriculture, and the implementation of policies aimed at reducing pesticide use globally. Risk assessment, which must consider the different levels of risk for wild and managed pollinator species based on their biological characteristics, can be an effective tool for defining the use of pesticides safe for pollinators. 9. Apiculture was declared of public interest as an activity of importance for the environmental, social, and economic development of Costa Rica and declaration of the national day of bees and other pollinators, according to Law No. 9929. 10. In Costa Rica, during the year 2020, two events of massive bee mortality were reported; the first occurred on May 8 in Esparza, Puntarenas, while the second occurred on August 12 in Orotina, Alajuela. 11. The Unit of Residues and Contaminants in Food of Terrestrial Origin of the National Animal Health Service (Servicio Nacional de Salud Animal) of MAG reported that in the analyzed samples (bees from the hive) from both sites, the pesticide Fipronil was present. 12. Fipronil is a broad-spectrum insecticide, whose use on crops is no longer approved in the European Union; however, it can be used as a veterinary treatment for the control of parasites in animals not destined for the food chain. 13. Fipronil, CAS number 120068-37-3, has low water solubility, low volatility, and is not very mobile in the environment. It can be quite persistent in soil systems, but less so in aquatic and sediment systems; it is very toxic to humans and can bioaccumulate; it is considered a neurotoxic and irritant to both eyes and skin; it is very toxic to mammals, birds, and bees, but somewhat less so to fish, aquatic invertebrates, aquatic plants, and earthworms. 14. The Environmental Assessment Unit for Agricultural Inputs (Unidad de Evaluación Ambiental de Agroinsumos, UEAA) of the Directorate of Environmental Quality Management (Dirección de Gestión de Calidad Ambiental, DIGECA), the technical unit responsible for the evaluation of agricultural inputs by MINAE, prepared the bee mortality report 2021, in which an environmental risk assessment was conducted for the technical grade active ingredient (TGA) Fipronil. 15. The environmental risk assessment determined that Fipronil represents unacceptable risks to bees, both at the highest and lowest doses. 16. Bees are the species taken as representative of pollinating insects, so Fipronil not only poses a risk to their populations but also to the biodiversity of ecosystems and the stability of human beings themselves, who depend on the pollination work of bees. 17. Fipronil is considered highly toxic to birds, fish, aquatic invertebrates, and very highly toxic to algae. It is moderately persistent in soil and in water/sediment systems, and when it degrades it produces other metabolites that are persistent. 18. In Costa Rica, there are 6 registrations of technical grade active ingredients (TGA) and formulated products of Fipronil, as well as 3 registrations for export and 3 registrations for national use, whose expiration date has lapsed. Likewise, there are 12 registrations of formulated products, 7 for export and 5 for national use. 19. According to the information system of DIGECA, there is no record that MINAE has issued any technical endorsement supporting the registrations of TGAs and formulated products of Fipronil. 20. The Fipronil molecule is registered not only for agricultural use but also for the control of fleas and ticks on pets and, to a lesser extent, for productive animal species. Likewise, there are products containing the active substance Fipronil in their formulation, registered in the Directorate of Veterinary Medicines of the National Animal Health Service (SENASA) and marketed in Costa Rica, for veterinary medical use as a broad-spectrum external antiparasitic. 21. The DIGECA report concludes by requesting the competent national authorities to take the urgent and necessary measures to safeguard the following constitutional goods: human health, biodiversity, and the environment in Costa Rica, from the use of agrochemicals containing Fipronil, and recommends the cancellation of the registrations of products containing Fipronil and the prohibition of their use nationwide. 22. Given the aforementioned complaint and request from Juan Bautista Alvarado Barrantes, Andrea Meza Murillo, Minister of Environment and Energy, by official letter no. DM-0374-2021 of April 29, 2021, addressed to the Ministers of Health, Daniel Salas, and of Agriculture and Livestock, Renato Alvarado, stated that it is necessary to take urgent and necessary measures, according to the competencies of each ministry, to safeguard the constitutional rights of human health, biodiversity, and the environment in Costa Rica regarding the use of agrochemicals containing Fipronil. 23. The Minister of Environment and Energy requested the Ministers of Health and Agriculture and Livestock to urgently form a technical working group to proceed with the regulatory regulation of Fipronil as soon as possible. 24. Within MINAE, and with the contribution of the National Environmental Council (Consejo Nacional Ambiental), an interinstitutional working group was formed for the preparation of technical documents and guidelines aimed at technically supporting decisions on the regulation of the use of agrochemicals containing Fipronil. 25. The Minister of Agriculture and Livestock informed the Office of the Defender of the Inhabitants, by official letter no. DMMAG-553-2021 of June 7, 2021, that the National Animal Health Service and the State Phytosanitary Service (Servicio Fitosanitario del Estado) are carrying out a coordinated analysis so that, once the result is available, the pertinent actions are jointly adopted for the welfare of veterinary public health. 26. The Minister of Health, by official letter no. MS-DM-4668-2021 of June 9, 2021, informed the Office of the Defender of the Inhabitants that the ministry has advanced in the request for criteria from the corresponding technical teams, with a view to forming the commission mentioned in the MINAE official letter (DM-0374-2021), in which the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health (Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental) will have active participation and has already designated a representative. Based on the foregoing, she considers it urgent that the competent ministries prohibit the use of Fipronil and cancel the existing registrations of this product, since it has been demonstrated that Fipronil has been responsible for the massive death of bees in our country, as well as the risk it represents and the effects it has on human health, biodiversity, and the environment; likewise, she believes that actions must be taken as quickly as possible to comply with the urgent recommendation of MINAE for the prohibition of the use of the technical grade active ingredient Fipronil and formulated products containing Fipronil, because otherwise Article 50 of the Political Constitution would continue to be violated, as well as the right to health, which derives from the right to life established in Article 21 of the Constitution. She requests that the registration, import, export, manufacture, formulation, storage, distribution, transport, repackaging, refilling, handling, sale, mixing, and use of technical grade active ingredients and synthetic pesticides containing Fipronil as an active ingredient be prohibited; likewise, she requests the cancellation of the registrations of all products containing this active ingredient that have been approved for agricultural and veterinary use.
2.- By resolution of 8:58 p.m. on August 31, 2021, the amparo was granted leave to proceed and reports were requested from the Minister of Agriculture and Livestock, the Minister of Health, and the Minister of Environment and Energy, regarding the facts alleged by the petitioner.
3.- By brief added to the digital case file at 10:52 a.m. on September 7, 2021, Pedro González Morera, acting Minister of Health, reported the following:  "On April 9, 2021, official letter HT-0843-2021 was issued, addressed to Engineer Eugenio Androvetto Villalobos, forwarding official letter No. CNFA-JD-009-2021 signed by Mr. Juan Bautista Alvarado Barrantes, in which he presents the request for the prohibition of formulated products containing Fipronil as an active ingredient approved for application in agricultural crops or on domestic animals, livestock. On April 12, 2021, official letter No. MS-DPRSA-0240-2021 was issued, signed by Engineer Eugenio Androvetto Villalobos, addressed to Dr. Ileana Herrera Gallegos, Director of the Directorate of Products of Health Interest (Dirección de Productos de Interés Sanitario), requesting the Directorate's opinion to provide a recommendation to the Office of the Minister of Health. On May 6, 2021, official letter DM-0374-2021 was received, proposing a plan to address the events of massive bee mortality due to the pesticide Fipronil. • On May 10, the technical report No. DRPIS-VU-036-2021 was issued (concluding that the technical grade active ingredient Fipronil does not represent an unacceptable risk to human health, provided it is used under good agricultural practices, complying with label instructions, and respecting maximum residue limits on approved crops; and additionally, it advocates for the importance of the monitoring of residues in food and effects on public health by the responsible entities). • On May 26, 2021, official letter No. MS-DPRSA-417-2021 was sent, signed by Engineer Eugenio Androvetto Villalobos, addressed to Dr. Daniel Salas Peraza, concluding that based on the information consulted and the available data, Fipronil is not considered to represent an unacceptable risk to human health, while it is evident that it is for invertebrate organisms and other species. However, it is of interest to this Directorate to participate in the formation of a technical team with the corresponding authorities to work on the specific regulation of this substance, in response to official letter No. DM-0374-2021. • On June 4, 2021, official letter No. MS-DM-4603-2021 was issued, signed by Dr. Daniel Salas Peraza, addressed to Mr. Juan Bautista Alvarado Barrantes, president of the National Chamber of Beekeepers, in which he responds to official letter No. CNFA-JD-009-2021 (sic) (…) in which Dr. Salas informs him that a technical group will be formed to address the request for regulation of the product and that work will be done on the corresponding studies; he will also be informed (sic) of progress when required. • On June 8, 2021, official letter No. MS-DM-4665-2021 (sic) was issued, signed by Dr. Daniel Salas Peraza, addressed to Mr. Juan Bautista Alvarado Barrantes (…) as an addendum to official letter MS-DM-4603-2021, communicating the conclusions of official letters MS-DPRSA-417-2021 and DRPIS-VU-036-2021 and indicating that this Ministry will continue with the research efforts as part of the actions of the interinstitutional technical team for the specific regulation of this substance. • On June 9, 2021, official letter No. MS-DM-4668-2021 (sic) was issued, signed by Dr. Daniel Salas Peraza, addressed to Ph.D. Catalina Crespo Sancho, Defender of the Inhabitants, presenting the chronological actions taken in relation to addressing the complaint of Mr. Alvarado Barrantes, president of the beekeepers' chamber. Additionally, it is communicated that, internally, progress was made in requesting criteria from the corresponding technical teams on the health impact that concerns this ministry, with a view to forming the commission mentioned in the official letter of MINAE (DM-0374-2021), in which the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health will have active participation and has designated a representative. • On June 17, 2021, official letter No. MS-DPRSA-547-2021 (sic) was issued, signed by Engineer Eugenio Androvetto Villalobos, addressed to Dr. Daniel Salas Peraza, designating Ms. Dorell Rojas Fonseca from the Radiological Protection Unit to form part of the working group on the dossier required for the Fipronil regulation. • On June 17, 2021 (sic), Dr. Daniel Salas Peraza informs Ms. Andrea Meza, Minister of Environment and Energy, that Ms. Dorell Rojas Fonseca (sic) will form part of the working team that will prepare the dossier to regulate Fipronil, through official letter MS-DM-4771-2021. • On June 22, 2021, official letter No. MS-DM-4888-2021 was issued, signed by Dr. Daniel Salas, addressed to Ms. Andrea Meza, Minister of Environment and Energy (sic), including officials M.Sc. Andrés Araya Brenes and Eng. Karol Masís Díaz from the Directorate of Products of Health Interest to form part of the working team that will prepare the dossier to regulate Fipronil. • On June 23, 2021, official letter No. DM-0598-2021 was received, signed by Ms. Andrea Meza Murillo, addressed to Dr. Daniel Salas Peraza, Minister of Health, and Mr. Renato Alvarado, Minister of Agriculture and Livestock, listing the officials who will form part of the working group. • On July 14, the first meeting of the technical team took place, where it was agreed that the team will initially address only bee mortality regarding the Fipronil substance issue, and a shared folder was created to begin forming the dossier, according to the meeting minutes. • On August 4, 2021, the second meeting of the technical team took place, where the Directive proposal from MINAE was discussed, in addition to the analysis of the regulation of Fipronil use before considering its prohibition. It was also agreed to review the documentation and technical support in the shared folder to enter observations into a tool developed by DIGECA, according to the meeting minutes. • On August 23, via email, information was requested from Dr. Guiselle Zeledón of the National Poison Control Center (Centro Nacional de Control de Intoxicaciones) about poisonings of people, whether due to improper use or occupational exposure, that have been reported to the National Poison Control Center during the last five-year period. • On August 23, official letter No. MS-DPRSA-692-2021 was issued, signed by Engineer Eugenio Androvetto Villalobos, addressed to Dr. Priscilla Herrera García, Director General of Health, requesting information on the handling of complaints (sic) of human poisoning with products whose active ingredient is Fipronil. • On August 25, via email, a query was made to Dr. Roberto Castro Córdoba, head of the epidemiology unit of the Health Surveillance Directorate, about documented information during the period from 2016 to 2021 of reported cases of people poisoned by pesticides whose active ingredient is Fipronil, whether due to improper use or occupational exposure, among other factors that could cause this situation. • On August 27, official letter No. MS-DGS-3607-2021 was issued, signed by Dr.

Priscilla Herrera García, addressed to the Regional Directors requesting information on the handling of complaints (denucias [sic]) of intoxication of human beings with products whose active ingredient is fipronil, a deadline was given until September 3 to submit the reports. (…) the Ministry of Health, through the Directorate of Regulation of Products of Sanitary Interest, in conjunction with the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health, set out the background of the case and it is shown that it has acted in a timely, legal and administrative manner diligently, all within the framework of the principle of legality, since precisely, as has been carried out, since the issuance of official communication No. MS-DM-4603-2021 dated June 4, 2021, signed by Dr. Daniel Salas Peraza and addressed to Mr. Juan Bautista Alvarado Barrantes, president of the National Chamber of Beekeepers, work has been ongoing with continuity and full commitment to the responsibilities evidenced on the dates described in the convening, coordination and implementation of work plans, as seen in a related report, in constant coordination to achieve the objective of having the ad hoc inter-institutional team, thus achieved on June 23, 2021, by means of official communication No. DM-0598-2021, signed by Licda. Andrea Meza Murillo, Minister of Environment and Energy, addressed to Dr. Daniel Salas Peraza, Minister of Health, and to Mr. Renato Alvarado, Minister of Agriculture and Livestock, which lists the officials who will make up the working group. Holding of the first meeting on July 14, 2021, under the sole and exclusive aim of addressing bee mortality with respect to the issue of the substance fipronil, with subsequent meetings on August 4, 23, and 25, 2021, with the goal of having the pertinent collection of the necessary information regarding poisonings whose active ingredient is fipronil, necessarily requested from various competent authorities, by means of a final official communication No. MS-DGS-3607-2021 on August 27, 2021, with a compliance deadline of September 3, 2021, signed by Dr. Priscilla Herrera García, Director General of Health, addressed to the Regional Directors of the Ministry of Health, requesting information on the handling of complaints of intoxication of human beings with products whose active ingredient is fipronil. Thus demonstrating that the Directorate of Products of Sanitary Interest and the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health carry out, within minimal timeframes, under the Ministerial mandate and within the principle of legality for each of the acts, the necessary tasks for the completion of a serious report with a concise argument on the issue of addressing bee mortality with respect to the substance fipronil…”. Therefore, it requests that the appeal be declared without merit.

4.- By document incorporated into the digital case file at 4:34 p.m. on September 7, 2021, Rolando Castro Córdoba, acting Minister of Environment and Energy, reported that “fipronil is a broad-spectrum contact and stomach insecticide, which means it has an effect on different types of insects, such as ants, beetles, cockroaches, fleas, termites, thrips, and others. For this reason, there are products for domestic, veterinary, and agricultural use whose formulation contains this active ingredient. Regarding agricultural use, according to the information available on the INSUMOSYS site of the SFE1, in Costa Rica the following are registered: six IAGTs [Technical Grade Active Ingredients], of which three are for export and three for national use, whose expiration date is expired, and twelve formulated products, of which seven are for export and five are for national use. Among the crops for which its use is authorized are: cotton, Indian cane, coffee, sweet pepper, citrus, oil palm, pineapple, ornamental plants, and fruit trees. The foregoing can be verified on the official page of the SFE. (…) On behalf of MINAE, the arguments raised by the appellant in the grounds of the appeal are shared. The pollination activity of plants is a vital function for ecosystems, as well as for humanity itself, which is carried out by wild insects and bees from apicultural production. Among the factors that can affect populations of pollinating insects, the use of some pesticides has been identified, as was described in the ‘Report on impacts of neonicotinoids and fipronil on biodiversity and natural resources’ (Informe sobre impactos de los neonicotinoides y el fipronil a la biodiversidad y los recursos naturales [sic]) prepared by SINAC-MINAE as part of the work carried out with the National Environmental Council at the beginning of 2021 and which was delivered to the Minister of Environment and Energy. (…) Bees (Apis mellifera) are used as an indicator species to evaluate the effects of pesticides on the taxonomic group of insects and therefore it is from them that the most information is obtained. The risks associated with the use of pesticides must be analyzed based on an environmental risk assessment as part of the registration process, prior to authorization for use, as indicated by the FAO/WHO in the International Code of Conduct on Pesticide Management: ‘governments should carry out risk assessments and adopt risk management decisions based on all relevant available data and information, as part of the pesticide registration process’ and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), whose motto is ‘Better Policies for Better Lives’. In accordance with multiple recommendations of the OECD, member countries must assess the risk of use of chemical substances, including pesticides. For its part, the Comptroller General of the Republic, in Report No. FOE-AM-19/2004, indicated that ‘It was determined that the pesticide registration process is not carried out by means of a comprehensive evaluation of the effects that these substances may have on the environment and human health, which would be achieved by taking into account the properties of the pesticide’s active substance and its behavior in accordance with the approved agronomic use.’ Also: ‘Another vitally important aspect is that this evaluation does not analyze the environmental effects derived from the use of pesticides. According to what was indicated by the Ministry of Health, as a general rule no investigation is carried out on the environmental impact derived from the use of pesticides. It indicates that the Ministry of Environment and Energy should participate in defining the requirements for the environmental risk assessment for the use of agrochemicals, especially the risks to biodiversity.’ On this topic, the Comptroller General of the Republic ordered the President of the Republic: ‘Immediately appoint an ad hoc inter-ministerial intervention commission to proceed with the review of all currently valid pesticide registration files and the marginal notations made, in order to determine whether such actions were carried out respecting the standards, conditions, and requirements demanded by legislation and technical criteria. Said commission, of which the persons involved in the approval of such registrations and notations may not be part, must take into account the following: i. As registrations that were granted in non-compliance with current regulations are determined, the situation must be restored to legality. To this end, the registrations in that condition must be communicated to the Ministry of Agriculture and Livestock so that the pertinent procedure regarding any absolute nullities that may have arisen can be initiated, either through the lesividad (judicial review of favorable acts) process or through the process provided for in Article 173 of the General Law on Public Administration, when these are evident and manifest. The commission must bear in mind that registrations granted based on information corresponding to another previously registered product, without an equivalence examination having been carried out in accordance with international provisions on the matter, deviate from the legal system. Likewise, registrations in which there was no full compliance with the constitutional, international, and national regulations governing the registration process for these substances, failing to perform or require the technical-scientific analyses, data or information necessary to evaluate their quality and the risks they represent to health and the environment; such as impurity profiles, analyses of impurities of toxicological significance, or compliance with certain technical specifications established by the FAO, the WHO, and the Ministry of Health itself, must be considered outside the legal system.’ However, with respect to registered products containing fipronil and many others (registrations granted under a regulation different from Executive Decree No. 33495 MAG-S-MINAE-MEIC ‘Regulation on the Registration, Use and Control of Formulated Synthetic Pesticides, Technical Grade Active Ingredient, Adjuvants and Related Substances for Agricultural Use’), there is no record that MINAE has issued any technical endorsement supporting said registrations, despite what was stated by the Comptroller General of the Republic in its 2004 report; on the contrary, there is concern about the environmental hazard and therefore the unacceptable environmental effects that may be currently occurring due to the use of products, specifically those based on fipronil, as was indicated in the ‘2021 Bee Mortality Report’ (Informe de Mortalidad de abejas 2021) prepared by DIGECA-MINAE (the document is attached as evidence to this report). In this report, a risk assessment for bees was carried out, due to concern about the mortality events of these organisms evidenced during 2020. This assessment considered the lowest and highest doses authorized in agricultural crops, and it was concluded that the risk is unacceptable for these organisms according to the authorized uses. Likewise, the ecotoxicological data for fipronil raise concern for other organisms in the ecosystem, as it is considered highly toxic to birds, fish, aquatic invertebrates, and very highly toxic to algae. Furthermore, it is moderately persistent in soil and in water/sediment systems, and when it degrades it produces other metabolites that are persistent. (…) the Minister of Environment and Energy, through official communication DM-0374-2021 (provided as evidence), requested the Ministers of Health and of Agriculture and Livestock to urgently form a technical working group to proceed with the regulatory regulation of fipronil as soon as possible. On July 14 of this year, a working group was formed with members from the following institutions: MINAE, Ministry of Health, State Phytosanitary Service (SFE), and National Animal Health Service (SENASA), under the coordination of the Directorate of Environmental Quality Management. The group began the analysis of fipronil based on the documents delivered by the National Environmental Council to the Minister of Environment. To date, three working meetings have been held, the last being on September 1; therefore, only the minutes of the first two meetings are attached, with some signatures still missing. In these meetings, the need for all members to review the available documents and issue their comments to identify other information necessary for the comprehensive analysis of the different uses of fipronil was raised. Based on this, the representatives of the Ministry of Health and the State Phytosanitary Service have delivered the reports they had previously prepared on the matter, prior to forming the working group. Likewise, the representatives of the Ministry of Health, the State Phytosanitary Service (SFE), and the National Animal Health Service (SENASA) have been requested to submit reports supporting the technical criteria according to the legal competencies of each authority. As an agreement from the last meeting, these reports must be delivered between September 10 and 17, 2021. However, it is important to note what was indicated by DIGECA in official communication DIGECA-520-2021, those who attend the indicated meetings, that the position expressed by SENASA representatives is that the Minister of Agriculture and Livestock (MAG) indicated that as the competent national authority for the registration of agrochemicals at the national level, they would independently prepare a decree to regulate Fipronil and would present a more mature and analyzed proposal, so until that occurred, SENASA could begin to state and share a proposal with the colleagues from other ministries. (…) According to the foregoing, in the last meeting (…) the SENASA representatives gave a presentation of a proposed decree to regulate the uses of fipronil authorized by SENASA and SFE. In principle, the text indicates that it would be signed only by the MAG. As an agreement of the meeting, SENASA would deliver the document on September 2, 2021. In this regard, and in agreement with the position of the DIGECA-MINAE representatives, it is stated that it is in MINAE’s interest to know the proposal and make the necessary adjustments so that it is a regulation that groups the criteria of the three ministries within the working group and includes the signatures of the three ministers. Likewise, DIGECA’s concern is seconded regarding the assertion that the effects caused to bees are a consequence of the misuse of fipronil and not due to the authorized uses, when the ‘2021 Bee Mortality Report’ prepared by said directorate of MINAE already demonstrated with a risk assessment that the agricultural uses authorized in the current registrations represent unacceptable risks for bees, both at the highest and lowest doses. It was also highlighted that other wild organisms, different from honey-producing bees, may be exposed to agricultural applications of these products and that sale by professional prescription is an insufficient measure to guarantee their protection. Based on all the foregoing, the technical and scientific position of DIGECA is supported regarding the technical and legal arguments set forth in the report: ‘2021 Bee Mortality Report’ (which is attached) that urgent and necessary measures must be taken to safeguard the following constitutional assets: human health, biodiversity, and the environment in Costa Rica from the use of agrochemicals containing fipronil. For this, a decree prohibiting this substance is recommended, and consequently the cancellation of the registrations of agricultural-use products containing fipronil registered with the SFE. Meanwhile, for products registered for domestic use and veterinary use, it awaits the reports from the Ministry of Health and SENASA to issue a science- and technique-based opinion…”.

5.- By document incorporated into the digital case file at 8:45 a.m. on September 8, 2021, Luis Renato Alvarado Rivera, Minister of Agriculture and Livestock, reported that “Mr. Alvarado Barrantes submitted on April 7, 2021, to the Presidency of the Republic, Ministries of Health and Environment and Energy, and to this Office, a document under number CNFA-JD009-2021 (sic) which contains the same claims as established in the document filed before your represented party and which, in summary, seeks the prohibition of the registration, importation, exportation, manufacturing, formulation, storage, distribution, transportation, repackaging, refilling, handling, sale, mixing, and use of technical grade active ingredients and formulated synthetic pesticides containing the active ingredient FIPRONIL, and likewise the cancellation of the registration of all formulated products containing Fipronil as an active ingredient and that have among their approved uses application in agricultural crops or on domestic animals and livestock; said prohibition request is under technical studies and analyses to verify the degree of impact of said petition. The majority of these veterinary products come in presentations commercially known as ‘Pour-On’, ‘pipette’, ‘ampoule’, ‘spot-on’ types, containing the antiparasitic ready for use without the need for dilution and to be administered topically, that is, on the animal’s skin, for the control of fleas and ticks in pets and, in a smaller number, for productive animal species. Additionally, there are products containing the active ingredient Fipronil in their formulation, registered with the Directorate of Veterinary Medicines of the National Animal Health Service (SENASA) and marketed in Costa Rica for medical-veterinary use as a broad-spectrum external antiparasitic. (…) Regarding the inquiry into whether any assessment or study has been conducted on the impact that the use of the pesticide Fipronil has on bees and, if so, the measures that have been implemented based on such information, it is important to note that both the National Animal Health Service and the State Phytosanitary Service are working technically and scientifically to prepare a joint inter-institutional study on this matter; once the result of said study is available, it will be communicated to the interested party and to this Ombudsman’s Office (Defensoría de los Habitantes). (…) As I noted above, both the National Animal Health Service and the State Phytosanitary Service, technically and scientifically involved in the matter at hand, are conducting a coordinated inter-institutional analysis, so that once the result is available and, jointly, the corresponding actions are adopted for the well-being of public veterinary health, the petitioner and your Office will be informed…”.

6.- By resolution at 4:40 p.m. on October 4, 2021, the parties listed in the appeal were expanded, and a report was requested from the Executive Director of the State Phytosanitary Service, as well as from the Director General of the National Animal Health Service (SENASA).

7.- By document incorporated into the digital case file at 9:29 a.m. on October 13, 2021, Germán Rojas Hidalgo, in his capacity as Director General of the National Animal Health Service, reported that “on the occasion of the filing of this Amparo Appeal (…) the Office of the Minister of Agriculture and Livestock requested this National Animal Health Service (SENASA) and the State Phytosanitary Service (SFE) to provide us with a report on the facts alleged by the Appellant, which was documented by means of Official Communication No. SENASA-DG-1100-2021/DSFE-0612-2021 of September 6, 2021. (…) Regarding the use of Fipronil. In the country, fipronil is registered by SENASA for the control of ectoparasites in animals and of pests in livestock production facilities, and through the State Phytosanitary Service it is registered for agricultural use. 1.- Veterinary use products. Regarding the facts and assessments related to formulations of veterinary medicines containing the active ingredient Fipronil, the following must be noted: Concerning the bee mortality events indicated in the appeal, they did indeed occur in 2020; however, in the event that occurred on May 8, 2021, a misuse of the product was determined, and therefore the corresponding sanctions were imposed on the offender. Regarding the second case, although it is true that the samples taken tested positive for Fipronil, the origin of the contact could not be determined. Fipronil is a broad-spectrum insecticide (useful for controlling different pests), authorized for both agricultural and veterinary use, that belongs to the phenylpyrazole group, and which is used in the veterinary field mainly for the control of fleas and ticks in animals such as cattle, dogs, and cats, as well as in livestock facilities for the control of ants, cockroaches, flies, termites, and other insects. In the Directorate of Veterinary Medicines of SENASA, there are approximately 55 products duly registered in accordance with the technical and legal requirements demanded by the regulations for the registration of veterinary products and related products. Said products are classified in group 3 for sale in veterinary drugstores and pharmacies; the origin of the products is France, Uruguay, Colombia, Brazil, Costa Rica, Peru, Argentina, Guatemala, and Chile. The majority of products registered with SENASA with the active ingredient Fipronil are for topical use, in presentations commercially known as ‘Pour-On’, ‘pipette’, ‘ampoule’, ‘spot-on’ types, containing the antiparasitic ready for use without needing to be diluted and for topical administration (that is, on the skin) for the control of fleas and ticks in pets and, in a smaller number, in productive animal species. The topical use of these products in animals is a safe form of application since it is placed directly on the animal’s back, which reduces the risk of it spreading into the environment; likewise, it does not remain on the animal’s skin for long, but is absorbed into the sebaceous glands of the hair follicles, where it is ‘recirculated’ and spread from gland to gland, so that a single application (whether spot-on or by dorsal pour-on) achieves a generalized effect on the skin, which in turn limits the exposure of animals or insects that accidentally come into contact with the treated animal. Bees are an insect of the phylum Arthropoda and the order Hymenoptera; therefore, they are not a hematophagous insect; nutritionally, they require a balance between different sugars (carbohydrates), lipids, proteins, minerals, and water. These insects find these nutrients in their main food sources, which are honey and pollen, so the possibility of them becoming contaminated with Fipronil applied to an animal’s back is unlikely. (…) There are two registered veterinary products authorized exclusively for pest control, whose method of use is spraying or through contact sprayers in areas where pests are located, and they are for exclusive use in livestock facilities, which are not a common habitat for pollinating insects, making the probability of their exposure to Fipronil through this use low. Fipronil is an external antiparasitic used in animals for the treatment and control of infestations of ectoparasites such as lice (pediculosis), fleas (pulicosis, tungiasis), flies (myiasis), mites (scabies or acariasis), and ticks. The infestation (infectación [sic]) by these ectoparasites is not only a problem for animal health, but also for public health, since these parasites can act as vectors of diseases for both humans and animals. These ectoparasites cause significant economic losses in different animal production systems and also act as vectors of diseases for both humans and animals, becoming a public health problem as they produce zoonoses, that is, diseases that animals transmit to humans. An example of this are ticks, which have medical, veterinary, sanitary, and economic importance, due to the direct damage they cause as hematophagous ectoparasites (they feed on the blood of the parasitized animal) and as transmitters of pathogenic microorganisms between animals, or from animals to people, of protozoa, bacteria, rickettsiae, and viruses, as well as through the inoculation of toxic substances that can produce diseases in animals and in humans, such as Lyme disease, ehrlichiosis, anaplasmosis, among others, which can affect people’s health and even cause death. Likewise, when ticks and mites suck blood, they also allow the exchange of some substances that, due to their composition, the body recognizes as foreign and generate allergic processes where immune-type reactions occur, affecting the skin, producing inflammation, pain, pruritus, skin lacerations, ulcers, hair loss, among others, which evidently would cause loss of health or a decline in well-being in animals and people. The foregoing is of utmost importance considering that the majority of the products registered with SENASA are used on pets that live with older adults, adults, and children; therefore, if adequate treatment is not provided to such animals, the possibilities increase that, for example, ticks become a pest in the home and of disease transmission to a significant percentage of the population, especially considering that according to the 2016 National Study on Dog Ownership in Costa Rica, World Animal Protection, 50.5% of surveyed households reported having dogs, and the data obtained show that the average number of dogs per household is 1.8. Likewise, the study indicated that according to the census estimate of the National Institute of Statistics and Censuses, by 2015 there would be 1,462,000 households in the country; consequently, approximately 738,310 households have dogs. As has been demonstrated, products containing Fipronil are necessary for the control of ectoparasites and mainly ticks, in order to prevent them from developing exponentially and causing damage to public health and the country’s livestock heritage. SENASA has been aware that the misuse of products with Fipronil can affect bees, so for the registration of such product it is required that the following legend appears on the labels and packaging material for veterinary products containing Fipronil: ‘Fipronil may adversely affect aquatic organisms and bees. Do not dispose of the medicine or empty containers in waterways as they could be dangerous to fish and other aquatic organisms.’ Animal owners must carefully read and follow all label instructions before using the product. Likewise, the need to reinforce good practices for the use of this substance has been detected, and for certain uses such as agricultural or in livestock facilities, to establish greater control by the competent Health Authorities, which is why a regulatory update process is underway. (…) 3.- Confirmation of the Fipronil Technical Team Commission. Through official communications DM-MAG-411-2021, DM-MAG-569-2021, DM-MAG-643-221 and DM-MAG-837-2021, the Office of the Minister of Agriculture and Livestock, in response to official communication RDHC-DR-065-2021, appointed a technical and legal working team from the State Phytosanitary Service, the National Animal Health Service, and the Ministry of Agriculture and Livestock for the formation of the Fipronil technical working group, to address the mass mortality events of bees apparently due to the use of the pesticide Fipronil, jointly with the Ministry of Health and the Ministry of Environment, which is holding periodic meetings to analyze the studies and technical inputs on the pesticide and issue recommendations. 4.- Regulations on Fipronil. While it is true that fipronil is prohibited for agricultural use in Europe, but not in animals, for a matter of protecting bees, it is also true that the Environmental Protection Agency (EPA) has authorized its use in the United States. As noted above, in the country fipronil is registered by SENASA and by the State Phytosanitary Service, and it is used for both veterinary and agricultural use. As this is an issue of vital importance, both regarding bees and the agricultural sector, within the Fipronil technical working group, a draft Executive Decree was presented as a ministerial proposal to regulate the sale and establish sanitary and phytosanitary measures for the importation, manufacturing, formulation, storage, distribution, transportation, repackaging, refilling, handling, mixing, purchase, sale, and use of the technical grade active ingredient Fipronil, whether as raw material or in agricultural or veterinary medicine formulations containing it, registered with the National Animal Health Service and the State Phytosanitary Service. The indicated proposal, whose draft is attached as an annex to this report, is in the process of analysis and discussion within the aforementioned technical working group. It is relevant to inform that the National Apicultural Health Program of SENASA, together with the State Phytosanitary Service and the Chamber of Agricultural Inputs, are participating in a joint project aimed at providing training on the application of good-use practices for pesticides, with the purpose of promoting their correct use and avoiding effects on pollinating agents…”. (…) In 2006, the General Law of the National Animal Health Service, No. 8495, was enacted and the National Animal Health Service (SENASA) was created as a deconcentrated body of the Ministry of Agriculture and Livestock, with instrumental legal personality to carry out the competencies provided for in this Law.

That legal body established that the technical organ responsible for veterinary public health and animal health is SENASA, an organ that must pursue the following objectives: "Article 2—Objectives of the Law. This Law has the following objectives: a) To preserve, promote, protect, and restore animal health, in order to afford them greater welfare and productivity, in harmony with the environment. For the purposes of this Law, Senasa shall be considered a health authority; therefore, every person, natural or legal, is subject to the mandates of this Law, its Regulations, and the general and specific orders, both ordinary and emergency, that this authority issues in the exercise of its powers." However, any prohibitions or restrictions that are established must be reasonable, proportional, and supported by technical, scientific, or professional criteria that back their issuance (Articles 37 and 90 of Law No. 8495 in relation to the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, Law No. 7475 - D of 12/20/1994). While it is true that the Defensoría de los Habitantes de la República is filing this Amparo Action on the occasion of a complaint lodged by Mr. Juan Bautista Alvarado Barrantes, President of the Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura, and the various responses or documents sent to him, it must be specified that these are based on bibliographic references and not on field studies, and likewise do not address veterinary-use products; consequently, they do not refer to the analysis of technical, scientific, or professional studies demonstrating that a prohibition on the use of veterinary-use products is required—a prohibition that, as stated above, would trigger multiple health problems for animals and people, potentially even leading to death, since the country would lack the necessary medicines and products for the control of ectoparasites in animals and pests in livestock production facilities. It is important to emphasize that the registration of veterinary-use products began to be regulated many years ago and has not been found to be devoid of regulation or control, and for a product to be registered and marketed in the country, it undergoes an evaluation process of technical and scientific aspects for approval. See in this regard, for example, Executive Decree No. 28861 of 12/08/2000, Executive Decree No. 42965 of 04/15/2021 publishing Resolution No. 436-2020 (COMIECO-XCIII) dated December 10, 2020, and its Annex: "Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 65.05.51:18 Veterinary Medicines, Related Products, and Their Establishments. Sanitary Registration and Control Requirements." Regarding the bee mortality events indicated in the action, they did indeed occur in 2020; however, in the event that occurred on May 8, 2021, it was possible to determine that a property owner knowingly used a product containing the molecule Fipronil in an inadequate manner, contrary to good agricultural practices (buenas prácticas agropecuarias), in order to eliminate bees, for which the corresponding administrative sanction was imposed on the offender and the corresponding criminal judicial process was initiated, following a complaint that the bee owners filed with the relevant Prosecutor's Office. Regarding the second case, although it is true that the samples taken and analyzed at the Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios (LANASEVE) of this Servicio Nacional tested positive for Fipronil, the origin of the contact could not be determined; therefore, there is no evidence to assert that the correct use of veterinary products registered with SENASA caused the reported bee mortality. With respect to the Ministerio de Agricultura y Ganadería and what affects the powers held by SENASA in the area of veterinary public health, it is of enormous concern that the Defensoría de los Habitantes is requesting that this Constitutional Chamber declare the action with merit and order the Ministerio de Agricultura y Ganadería to: "1. PROHIBIT the registration, importation, exportation, manufacture, formulation, storage, distribution, transport, repackaging, refilling, handling, sale, mixing, and use of technical-grade active ingredients and formulated synthetic pesticides containing the active ingredient FIPRONIL. / 2. CANCEL the registration of all formulated products containing the active ingredient FIPRONIL that have been approved for agricultural or veterinary use." The foregoing request is made without providing technical, scientific, and professional evidence justifying that the use of veterinary-use products containing Fipronil in their formulation must be prohibited. In addition to the above, the case turns out to be a matter of mere legality, since, besides seeking to have the Administration be ordered, via the amparo action, to regulate veterinary-use products and how it must do so, it has not demonstrated a violation of a fundamental right, given that, as already indicated, it provides no technical, scientific, and professional documentation justifying the cancellation and prohibition of veterinary-use products. As has been demonstrated, SENASA has been carrying out the necessary actions to regulate the matter, and currently, within the Fipronil technical working group, a draft Executive Decree was submitted as a ministerial proposal to regulate the sale and establish sanitary and phytosanitary measures for the importation, manufacture, formulation, storage, distribution, transport, repackaging, refilling, handling, mixing, purchase, sale, and use of the technical-grade active ingredient Fipronil. In said decree proposal, in its Chapter II titled "On the formulations of veterinary medicines containing the active ingredient Fipronil," it is being proposed to establish a series of marketing and use restrictions and to impose the obligation that these products carry the following statement on their label: “...Fipronil may adversely affect aquatic organisms and bees. Do not pour the medicine or empty containers into watercourses, as they could be dangerous for fish and other aquatic organisms.” Additionally, the promotion of good practices by consumers of this type of product containing the referred molecule is specifically reinforced through specific actions by natural or legal persons who register, manufacture, formulate, market, and handle raw material or formulated products of the aforementioned type. As can be seen, this Servicio Nacional has been exercising its functions and has arranged control and regulatory actions for this type of product, and has not impaired fundamental rights protected in the Constitución Política."

8.- By document incorporated into the digital case file at 3:25 p.m. on October 13, 2021, Nelson Morera Paniagua, director of the Servicio Fitosanitario del Estado, reported the following: "on September 7, 2021, in response to the resolution issued at eight fifty-eight p.m. on August thirty-first, two thousand twenty-one, by the Constitutional Chamber, judicial file No. 21-016578-0007-CO, the office of the Minister of Agriculture and Livestock requested that the Servicio Nacional de Salud Animal and the Servicio Fitosanitario del Estado report on the allegations raised in the action in question, which was answered by means of report SENASA-DG-1100-2021 and DSFE-0612-2021 of September 6, 2021; said report was forwarded as technical input in the response provided by the Minister of Agriculture. (…) As to the merits of the matter challenged by the Defensoría de los Habitantes, we concur in all respects with the response issued by the Minister of Agriculture. (…) It is important to state that, for this issue concerning the technical analysis of the molecule Fipronil, in order to determine a regulation or prohibition thereof, an Interinstitutional Commission has been created for the technical aspects of what the merits of this amparo action entail. Said commission has been composed of officials from the Ministry of Agriculture since May 6, 2021, a commission formed through official communication DM-0598-2021 of June 23, 2021, signed by the Ministry of Environment, which is attached. Having analyzed the arguments and facts set forth by the Defensoría de los Habitantes in the present action, it appears that what the petitioner seeks to discuss are aspects of legality, which must first be discussed at the institutional level and subsequently, in the event that no decision is made by the competent institutions, such matters would need to be discussed before the Administrative Litigation jurisdiction, and not seek, through the constitutional avenue, to resolve technical and merely legal issues."

9.- By document incorporated into the digital case file at 10:15 a.m. on October 15, 2021, Ronny Guevara Mora files a joinder and states: "it is considered necessary to make visible some small insects that have a nervous system, exoskeleton, head, legs, and abdomen. With them, and many others whose populations are going extinct, we share the planet, and if we recall Charles Darwin's 1859 work, which established one of the most important modern paradigms of biology, holding that through natural selection on genetic variants the evolution of living beings occurs, we can understand, roughly, that bees have undergone a process of transformation through their interaction with the environment to carry out their natural function within the planet, in a process of evolutionary dialogue together with flowers, which have also evolved in response to the vision and smell of their pollinators, being able to develop the capacity to perceive the buzzing of bees and, as a result, secreting a greater amount of sugar in their nectar in order to attract them to carry out pollination. In turn, bees have also evolved by modifying their physiognomy, mainly their legs, to transport larger amounts of pollen to their nests and other flowers. "Scientists refer to this parallel evolution of pollinators and flowers as an example of coevolution (a process where changes in one group of organisms are accompanied by modifications in another group, and vice versa), which possibly began 120 million years ago, in the period of Earth's life called the Cretaceous. With this we can appreciate that pollination is an evolutionary process born with the history of the Earth itself, the function of bees being to ensure the reproduction of plants, which occurs indirectly since they visit flowers to collect both nectar and pollen, on which they feed and which they carry to their nests, so that in these visits from flower to flower they transport pollen aerially, which is the male gamete of the flower, to the female part of other flowers, with which it initiates the germination cycle, fertilizes the plant, and in that manner seeds are generated. Without pollinators like bees, plant reproduction would be objectively and scientifically compromised, because flowers and bees developed a true symbiosis, on which the food security of the planet depends, since a large part of the food chain is made up of these plants. This fundamental role was recognized in 2019 by the Earthwatch Institute, which declared bees to be the most important living being on the planet; and now we shall illustrate the direct importance that their pollinating function has for human beings. "According to the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), among the 100 plant species that make up the foods most consumed by humans and that provide 90% of the world's food, 71% are pollinated by insects. In Costa Rica, there are approximately 700 species of bees, belonging to five bee families out of a total of seven families present worldwide, integrated as a whole by approximately 20,000 species in total. The contribution that agriculture receives, and with it our food supply, from the pollinating function of bees is abundant. (…) If we hypothetically imagine the elimination of bees from our country, the global damage to the environment and to our food security would be of incalculable proportions that we can only outline through a domino effect, since "The importance of bees can be appreciated with a single fact: of the 115 crops that provide 90 percent of food in 146 countries, 71 are pollinated by bees. In other words, we depend on bees for a large part of our food. But, more importantly, bees may be responsible for the pollination of approximately 70 percent of wild plant species in the tropics. If one recalls that plants are the basis of wildlife's food supply and are essential for the balance of the planet's natural cycles, one can conclude that bees are a fundamental support of terrestrial ecosystems. Based on the foregoing, we have established the importance, from an anthropocentric point of view, for human beings, their environment, their economy, and their food supply, of bees and other pollinators. But this joinder cannot approach the crux of the matter without raising the interest of pollinators in carrying out their natural behavior without dying as a result of contact with insecticides introduced by the human species; thus, we also cannot overlook that we share this planet with other distinct but no less important forms of life, and to a large extent this is possible because of the work of bees and other pollinators. The benefit we receive from them could not be matched even by technological advances we might dream of in the future. However, the effective legal protection and guardianship they deserve are practically null, which is why we offer arguments to reverse that situation. Evolution has determined that bees must overcome four life stages, which are: egg, larva, pupa, and adult. That process, known as metamorphosis, can take from several weeks to several months, and once the adult stage is reached, the life of a bee can last from fifteen days to a month, and the number of eggs it manages to lay depends on its species. The process of the first three stages occurs inside the nest or hive, depending on the type of bee involved; however, even though pollen is of extreme importance for plant reproduction, it is also the protein source on which larvae feed, which is why bees collect it from flowers and transport it to their nests, indirectly pollinating vegetation. Although we do not see them, their nests are everywhere and run the risk of being fumigated directly or indirectly by Fipronil, killing larvae and entire colonies. "The construction and final architecture of the nest has evolved to maximize the survival capacity of the offspring, and its structure is specific to each species. Bee nests are highly varied in their location, shape, and size: they may be found in the ground (…) on earthen walls (…) on branches (…) or hollow trunks, or they may be exposed structures built entirely with material collected or produced by the bees." "To remember the location of her nest, the female makes several orientation flights to learn the prominent features of the neighborhood. In Costa Rica, most bees seek pollen and nectar during sunny mornings, and during the afternoon they often carry out activities within the nest, for example, expanding cavities and excavating new tunnels and cells. The distance a female travels from her nest to gather food depends on the type of bee; it usually corresponds to a few hundred meters in small solitary bees, from 1 to 6 kilometers in the honey bee, and perhaps up to 20 kilometers in orchid bees." The language with which they communicate to other bees the source of a food supply is truly a jewel of evolution, since they manage to give coordinates so that the others can manage to arrive and likewise take advantage of the nutrients necessary for the cycle of life. To produce a kilo of honey, bees must fly between 40,000 and 50,000 kilometers; therefore, being unable to always return to their hive, they rest inside the flowers from which they collect pollen to carry to their descendants in the nests they have founded to shelter them. However, if they come into contact with Fipronil that has been previously fumigated, they may die and never return with the food that awaits their hive. Bees, like the rest of the pollinators, have the right to continue their natural function within their ecosystem, to fly freely from flower to flower attracted by the nectar emanating from them, to carry pollen on their bodies to feed their offspring, to found their nests wherever their evolutionary instinct best indicates, and thus to develop the life cycle of their own species and of the other species of living beings on the planet, without suffering death at the hand of agro-toxins that human beings use carelessly and despite scientific evidence recommending their prohibition. Fipronil is an insecticide commonly used in agriculture, where pollinators are called upon to contribute to the aerial transport of pollen. This agro-toxin is fumigated onto crops and affects the nervous system of bees and other pollinators when they come into contact with the residues deposited on the pollen of flowers, causing them disorientation and leaving them unable to return to their hive in some cases, so that the larvae are left without food and die before reaching adult life without managing to lay more eggs; in other cases, they manage to return but contaminate the entire hive, thus causing the mass deaths that are known nationally and regarding which there are multiple requests to cancel the registrations of products containing this chemical, as well as its prohibition for use in national territory. It is also necessary to weigh that there are factors threatening the life of the insects we defend in this action, considering then the expansion of agriculture and increasing deforestation, as a consequence of population growth; likewise, bees and other pollinators have natural predators, as well as pathogens specific to their species, to which must be added the effects of climate change as factors they must overcome to achieve their life cycle. However, the use of insecticides with Fipronil represents a threat introduced exclusively by human beings, against which neither bees nor other pollinators can develop any defense mechanism, which represents a disproportionate impact against the life of bees as well as against the pollinating and life cycle of which they are a part, endangering the survival of the planet. With the use of this agro-toxin, human beings are interrupting the vital and evolutionary cycles of nature, and by harming others, they also harm themselves. Bees, as well as other pollinators, whose collective we defend through this action, are deserving of respect, and our obligation as dignified beings entails giving them dignified treatment equally; therefore, the right of bees and other pollinators to carry out their natural evolutionary behavior without suffering death at the hands of human beings must be recognized, which materializes with the prohibition in national territory of the use of any product containing Fipronil. Our legal system finds its main source in Roman law, for which animals, within an eminently agricultural society, were highly valued, having had, since then, legal considerations within the category of property. As Dr. Marita Giménez-Candela, professor at the Autonomous University of Barcelona, rightly points out in her recent research Bees and Covid-19: a Necessary Legal Regulation: "The central question dealt with by Roman legal texts in relation to bees is the preservation of ownership of the migrating swarm—which relates to the legal nature of the swarm and, therefore, of bees—and with the mode of acquisition of said ownership, which relates to two other central principles of the legal regulation of animals, namely: the legal status of animals, considered until now as things in property, and, in close relation to property, the debated question of the natural freedom of animals, which relates to the affirmation in the texts of the wild nature of bees. (…) The category of things within which animals are found in our civil code has been incorporating into the normative fabric scientific arguments from the field of biology that demonstrate that animals are not things, but sentient beings who, according to the Kantian postulate, deserve to be considered within the social contract of human beings. In this regard, the law of the national animal health service considers that animal health is a matter of public interest, and given that the use of Fipronil is directly related to mass deaths of hives, it becomes necessary to highlight the impact on the environment and thereby require constitutional protection. (…) Based on all the foregoing, the use of Fipronil is harmful to human beings, pollinators, and the environment; therefore, bees and other pollinators, as well as living beings affected by Fipronil, must promptly be recognized as entities subject to rights and holders of protection, conservation, maintenance, and restoration to be provided by the State and the territorial entities that comprise it. Based on the considerations set forth above, legal citations, and related jurisprudence, in defense of the environment with superlative respect and admiration, I request that the Constitutional Chamber declare this action with merit and that, in accordance with their respective powers, it order the Ministerio de Agricultura y Ganadería, the Ministerio de Salud, and the Ministerio de Ambiente y Energía: 1. PROHIBIT the registration, importation, exportation, manufacture, formulation, storage, distribution, transport, repackaging, refilling, handling, sale, mixing, and use of technical-grade active ingredients and formulated synthetic pesticides containing the active ingredient FIPRONIL. 2. CANCEL the registration of all formulated products containing the active ingredient FIPRONIL that have been approved for agricultural or veterinary use. 3. Declare bees and other pollinators, as well as living beings affected by Fipronil, to be entities subject to rights and holders of protection, conservation, maintenance, and restoration to be provided by the State and the territorial entities that comprise it."

10.- By document incorporated into the digital case file at 11:51 a.m. on October 22, 2021, Mario Peña Chacón files a joinder and states: "on October 8, 2021, the United Nations Human Rights Council, through Resolution A/HRC/48/L.23, recognized the right to a clean, healthy, and sustainable environment as an important human right for the enjoyment of human rights. In said Resolution, the Council noted that the right to a clean, healthy, and sustainable environment is related to other rights and to existing international law, and that 'the effects of climate change, the unsustainable management and use of natural resources, the pollution of air, land, and water, the unsound management of chemicals and waste, the resulting loss of biodiversity, and the decline in services provided by ecosystems' obstruct and negatively interfere with the enjoyment of a clean, healthy, and sustainable environment. It also recognized that the rights to seek, receive, and impart information and to participate effectively in the direction of governmental and public affairs and in the adoption of decisions relating to the environment, as well as the right to an effective remedy, are essential to achieving the enjoyment of the right to a clean, healthy, and sustainable environment. Finally, in the historic resolution, the Human Rights Council calls on States to build the necessary capacities to enable them to fulfill their human rights obligations and commitments; likewise, they are urged to improve interstate cooperation, share best practices in fulfilling human rights obligations related to the enjoyment of a clean, healthy, and sustainable environment, and to adopt policies to achieve the enjoyment of this right with respect for biodiversity and ecosystems, seeking to advance in the follow-up of the Sustainable Development Goals. (…) In Advisory Opinion 23-17 of November 15, 2017, the Inter-American Court of Human Rights ruled on the effect of obligations derived from environmental law in relation to the obligations of respect for and guarantee of the human rights established in the American Convention on Human Rights. Among the most relevant aspects developed by the Inter-American Court in OC-23-17, strictly related to the human right to a healthy environment, the following stand out: • The human right to a healthy environment has both individual and collective connotations. In its collective dimension, it constitutes a universal interest, owed both to present and future generations, while in its individual dimension, its violation can have direct or indirect repercussions on individuals due to its connection with other rights, such as the right to health, personal integrity, or life, among others, insofar as environmental degradation can cause irreparable harm to human beings, for which reason a healthy environment is a fundamental right for the existence of humanity. (Paragraph 59) • The right to a healthy environment is an autonomous right that, unlike other rights, protects the components of the environment, such as forests, rivers, seas, and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence regarding the risk to individual persons. It is a right included among the economic, social, and cultural rights (ESC rights), protected by Article 26 of the Convention, a right that protects nature and the environment not only because of their usefulness for humans or because of the effects that their degradation could cause on other human rights, but also because of their importance for the other living organisms with whom we share the planet, which are also deserving of protection in themselves. To this effect, the Court noted the global trend of recognizing legal personhood and, therefore, rights to nature, not only in judicial rulings but even in constitutional orders. (Paragraph 62) • The rights especially linked to the environment are classified into two groups: a) substantive rights, such as the rights to life, personal integrity, health, or property; and b) procedural rights, including freedom of expression and association, access to information, participation in decision-making, and an effective remedy. (Paragraph 64) • The right to a healthy environment as an autonomous right is different from the environmental content arising from the protection of other rights that are particularly vulnerable to environmental impacts, among which are the rights to life, personal integrity, private life, health, water, food, housing, participation in cultural life, the right to property, the right to peace, and the right not to be forcibly displaced due to environmental deterioration. (Paragraphs 63 and 66) • The impact on rights strictly linked to the environment may occur with greater intensity in certain groups in vulnerable situations, such as indigenous peoples, children, persons living in extreme poverty, minorities, persons with disabilities, women, communities that depend economically or for their survival fundamentally on environmental resources, or who, due to their geographic location, are at special risk of impact in cases of environmental damage, such as coastal communities and those on small islands.

(Paragraph 67) For its part, in relation to State obligations derived from the effective fulfillment of the right to a healthy environment, in the Advisory Opinion the Inter-American Court developed the following: • States must ensure that their territory is not used in such a way as to cause significant damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of their territory. Therefore, States have the obligation to avoid causing transboundary harm. (Paragraphs 127 to 174) • States have the obligation to prevent significant environmental damage, within or outside their territory. (Paragraphs 127 to 174) • For the purpose of fulfilling the obligation of prevention, States must regulate, supervise, and monitor activities under their jurisdiction that may cause significant damage to the environment; carry out environmental impact studies (estudios de impacto ambiental) when there is a risk of significant damage to the environment; establish a contingency plan, in order to have safety measures and procedures to minimize the possibility of major environmental accidents; and mitigate the significant environmental damage that has occurred, even when it occurred despite the State's preventive actions. (Paragraphs 141 to 174) • States must act in accordance with the precautionary principle (principio de precaución), for the purposes of protecting the right to life and to personal integrity, in the face of possible serious or irreversible damage to the environment, even in the absence of scientific certainty. (Paragraph 180) • States have the obligation to cooperate, in good faith, for protection against damage to the environment. (Paragraphs 181 to 210) • For the purpose of fulfilling the obligation of cooperation, States must notify other potentially affected States when they are aware that a planned activity under their jurisdiction could generate a risk of significant transboundary harm and in cases of environmental emergencies, as well as consult and negotiate, in good faith, with States potentially affected by significant transboundary harm. (Paragraphs 187 to 210) • States have the obligation to guarantee the right of access to information related to possible impacts on the environment, enshrined in Article 13 of the American Convention. (Paragraphs 213 to 225) • States have the obligation to guarantee the right to public participation of persons under their jurisdiction, enshrined in Article 23.1.a of the American Convention, in the making of decisions and policies that may affect the environment. (Paragraphs 226 to 232) • States have the obligation to guarantee access to justice, in relation to State obligations for the protection of the environment. (Paragraphs 233 to 240) In this way, and just as the United Nations Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a clean, healthy and sustainable environment has been doing globally in his reports to the United Nations General Assembly; the Inter-American Court of Human Rights, at the regional level, through OC-23-17, gave content and support to the human right to a healthy environment of Article 26 of the American Convention, which presents a series of specific characteristics that allow it to be described as an atypical human right. According to OC-23-17, unlike other human rights, the human right to a healthy environment protects nature, even in the absence of certainty or evidence about the risk to individual persons, and not only for its utility to human beings or for the effects that its degradation can cause on other human rights, but also for its importance to other living organisms, which are also deserving of protection in themselves. This position of the Inter-American Court was reinforced in the judgment of the case Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat Association (Our Land) vs. Argentina of February 6, 2020 (paragraph 203), in which it found violated the rights to a healthy environment, to adequate food, to water, and to cultural identity, which were defined as autonomous and justiciable within the framework of Article 26 of the American Convention on Human Rights. As a result of the above, the Inter-American Court jointly, synergistically, and without hierarchies expanded the list of beneficiaries of protection of the human right to a healthy environment, in order to include present and future generations, as well as all those species with which the human being shares the planet, deserving of protection for their intrinsic importance independent of their human valuation. This is, then, a human right that has as its protection beneficiary both the human and the non-human. Applying a biocentric approach, the Inter-American Court broke with the paradigm that human rights are exclusive to, by, and for human beings. It is possible to affirm that the Inter-American Court, in its Advisory Opinion 23-17, "ecologized" the human right to a healthy environment in three different dimensions. The first of them, a spatial dimension, establishing State obligations at the national, transboundary, and planetary levels; a second dimension of a temporal nature, in relation to the protection of the environmental rights of present and future generations; and a final biocentric/geocentric dimension, through which it broadens its scope of protection over other species and ecosystems. The constitutional and conventional protection of threatened species, species in danger of extinction, or species of special relevance to guarantee ecological balance and food supply, as well as the ecological systems on which they depend to exist, thrive, and evolve, by this Chamber, dates back several decades, as set forth below: In vote 1999-12501 of February 19, 1999, this Chamber declared the unconstitutionality of an executive decree (decreto ejecutivo) that permitted the capture of the green turtle (Chelonia mydas) in the Caribbean Sea for commercial purposes. With this, it began a jurisprudential line of protection for threatened or endangered species for their intrinsic value, as well as the right of future generations to "know them and enjoy the same ecosystem that we currently enjoy," integrating the rights enshrined in Articles 7, 50, and 89 of the Constitution with the obligations undertaken by Costa Rica through the signing of international environmental instruments that revolve around the protection of the ecological balance on which these species depend. (…) The Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), with public order status, which also serves as a framework for the interpretation of the rest of the norms regulating environmental matters, in its Article 9, establishes as general principles: respect for life in all its forms, clearly, directly, and expressly recognizing the right of all living beings to life, independent of their actual or potential economic value; the meritorious character of the components of biodiversity, also recognizing their decisive and strategic importance for the country's development and their indispensable nature for the domestic, economic, social, cultural, and aesthetic use of its inhabitants; respect for cultural diversity, especially in the case of peasant communities, indigenous peoples, and other cultural groups, as well as intra- and intergenerational equity. Since 1998, and as a general principle of environmental legal order, the Biodiversity Law grants rights to forms of life other than human and grants them an intrinsic value, thereby recognizing them as subjects of rights and direct beneficiaries of protection by the legal system. This recognition is consistent with and finds support in recent international instruments that incorporate a biocentric/ecocentric rationality. In this sense, one can turn to Principle 2 of the World Declaration of the International Union for Conservation of Nature (IUCN) on the Rule of Law in Environmental Matters of 2016, which for this purpose provides: Right to Nature and Rights of Nature. Every human being and other living beings have the right to the conservation, protection, and restoration of the health and integrity of ecosystems. Nature possesses an intrinsic right to exist, thrive, and evolve. It also finds foundation in Advisory Opinion 23-17 on the environment and human rights (paragraphs 56 to 68), as well as in the judgment Case of the Communities Members of the Lhaka Honhat Association (Our Land) vs. Argentina (paragraph 203), both from the Inter-American Court of Human Rights, in which, when developing the content of the human right to a healthy environment through Article 26 of the American Convention on Human Rights, the Court considered the components of the environment, such as forests, rivers, seas, and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence about the risk to individual persons, providing that nature and the environment find inter-American protection not only for their connection to their utility for human beings or for the effects that their degradation could cause to other rights of persons, but for their importance to the other living organisms with whom we share the planet, also deserving of protection in themselves, noting a tendency to recognize legal personhood, and therefore rights, to nature not only in judicial rulings but even in constitutional orders. At the same time, it obtains support from the document called Environmental Legal Principles for Ecologically Sustainable Development, which identifies and systematizes the international principles of environmental protection recognized by international instruments and by national and comparative case law on the matter, and which was approved by the Full Court in 2020, especially from the following principles: Principle 38: Obligation to protect nature; Principle 39: Right to nature and rights of nature; Principle 42: Ecological sustainability and resilience (sic); and Principle 48: Ecological interdependence. (…) In accordance with the facts set forth in the brief filing the amparo action, as well as the substantive considerations developed through this active joinder (coadyuvancia activa), and since there is full scientific certainty regarding the devastating effects on the human rights to health, food security, biodiversity, and environment generated by the use of agrochemicals containing fipronil (report issued by the Dirección General de Calidad Ambiental of the Ministerio de Ambiente y Energía), I request this Constitutional Court to declare the amparo action admissible, ordering the prohibition of its use at the national level.".
11.-In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Rueda Leal; and,

Considering:

I.- ON THE JOINDERS (COADYUVANCIAS) FILED. The joinder (coadyuvancia) is a form of adhesive intervention that occurs when a person acts in a proceeding, adhering to the claims of one of the principal parties. Consequently, anyone who has a direct interest in the outcome of the appeal is legitimized to act as a coadjuvant (coadyuvante); however, not being the principal actor, the coadjuvant will not be directly affected by the judgment, meaning that its efficacy cannot reach them directly and immediately, nor does the res judicata status of the ruling affect them (see, inter alia, judgment No. 2010-000254, of 11:28 a.m. on January 8, 2010, and No. 2018019952 of 9:30 a.m. on November 30, 2018). In this case, the Chamber proceeds to admit the joinders filed because the applicants do have an interest in the outcome of this process.
II.- SUBJECT OF THE APPEAL. The appellant, in her capacity as defender of the Inhabitants, considers the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment injured. She alleges that on April 21, 2021, she received a complaint signed by the president of the Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura, in which he pointed out that a total ban on products containing the active ingredient Fipronil, an insecticide for agricultural and veterinary use, had been requested before the MAG, the Ministry of Health, and MINAE, as it has been responsible for the massive death of bees in Costa Rica. She states that due to the environmental impact and the risk to human health caused by Fipronil, its importation, exportation, manufacture, formulation, storage, distribution, transport, repackaging, refilling, handling, sale, mixing, and use must be prohibited; additionally, she requests the cancellation of all registrations for products containing this active ingredient, for both agricultural and veterinary use.
III. PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated:
On April 7, 2021, through official letter No. CNFA-JD-009-2021, Mr. Juan Bautista Alvarado Barrantes, president of the Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura, filed a request before the Ministries of Health, Environment and Energy, and Livestock and Agriculture, in which he required: "Prohibit the registration, importation, exportation, manufacture, formulation, storage, distribution, transport, repackaging, refilling, handling, sale, mixing, and use of technical-grade active ingredients and formulated synthetic pesticides containing the active ingredient FIPRONIL (...) Cancel the registration of all formulated products containing the active ingredient Fipronil and whose approved uses include application on agricultural crops or on domestic animals and livestock." This was due to the impact caused to bees. (Documentary evidence).
Regarding the Ministry of Health:
On April 9, 2021, the Ministry of Health forwarded official letter No. CNFA-JD-009-2021, signed by Mr. Juan Bautista Alvarado Barrantes, to Engineer Eugenio Androvetto Villalobos, for the attention of the complaint filed. (See report rendered under oath and evidence provided to the digital file).
On April 12, 2021, through official letter No. MS-DPRSA-0240-2021, Engineer Eugenio Androvetto Villalobos requested from the Dirección de Productos de Interés Sanitario the corresponding opinion on Mr. Juan Bautista Alvarado Barrantes' request, in order to prepare a recommendation to the Office of the Minister of Health. (See report rendered under oath and evidence provided to the digital file).
On May 10, 2021, the Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario of the Ministry of Health issued technical report No. DRPIS-VU-036-2021, in which it was stated: "Fipronil (chemical formula: C12H4Cl2F6N4OS, CAS No.: 120068-37-3. Trade names: A.S. Myl, Albatros, Bemol, Blitz, Chipco Choice, Cosmos, Fulminante, Goliath Gel, Klap, Maxforce, Regent, Sofion, Termidor, Thunder, Tim-Bor, Tripzell, Weedcop, Zetanil), is a broad-spectrum insecticide and a veterinary use substance belonging to the phenylpyrazole group, which is used for the control of ants, cockroaches, fleas, ticks, termites, and other insects. Fipronil can be marketed in granular products, seed treatment, topical pet care products, gel baits, liquid termiticides, and in agriculture. According to information consulted on the website of the Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), its use has been approved in Costa Rica in liquid and solid formulations for agricultural use, containing 20.0% m/v and 0.003% m/m of the active ingredient, respectively, and its use is authorized in crops of sweet pepper, orange, pineapple, ornamental plants, coffee, and oil palm (…) In Costa Rica, 3 registrations of the TGAI Fipronil have been approved, all under Law No. 8702; said law provides that the registrant only needs to provide a summary of the tests establishing the toxicological characteristics of the substance, which is why this TGAI was not thoroughly evaluated by the Ministry of Health. Regarding formulated products, there are 14 registrations, 7 of which are exclusively for export. According to data provided by the Unidad de Control de Residuos of the Department of Agrochemicals of the SFE, during 2019, Fipronil was detected above the Maximum Residue Limit (LMR) with a frequency of 44 times in sweet pepper and 8 times in culantro. In the case of matrices of animal origin for human consumption (meat, eggs, or milk), according to a query made to the Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), at the moment said laboratory does not have available information on possible LMR non-compliances, because they do not have the analytical standard of Fipronil-sulfone necessary for its evaluation (by definition, Fipronil residues are expressed as the sum of Fipronil and Fipronil sulfone), so both must be detectable. Worldwide, the use of Fipronil is currently approved in Belgium and the Netherlands under Regulation No. 1107/2009; it is also used in Australia and the United States, where it was approved in 1996. In the case of the European Union, Fipronil was included in Annex I of Directive 91/414/EEC on October 1, 2007, as well as through Directive 2007/52/EC. It was considered approved under Regulation (EC) No. 1107/2009 and in accordance with Commission Implementing Regulation (EU) No. 540/2011, as amended by Commission Implementing Regulation (EU) No. 541/2011. Despite the above, under EC Regulation 1107/2009, its use in plant protection products was not authorized, and its use in animals intended for human consumption is prohibited, although according to Commission Directive 2010/21/EU, there are specific provisions to allow its use as a seed treatment, and only where the coating of the seeds is performed in professional treatment facilities, which apply the best techniques to ensure that the release of dust or mist during application, storage, and transport can be minimized. It should be noted that these measures were mainly adopted for the protection of bees, and no human health criteria have been presented for the subsequent modifications made after its approval in the European Union. The EU established an LMR in products of plant and animal origin of 0.005 mg/kg according to Reg. (EU) 2019/1792, amending the former LMRs which were higher in some matrices; this taking into consideration the potential for bioaccumulation, the affinity for adipose tissues of the active ingredient, and the ADI. Therefore, special importance should be given to the carcinogenic potential from chronic exposure, in case new technical data demonstrating a real risk are determined, and it becomes necessary to restrict or prohibit agricultural use in Costa Rica. 5. Conclusion Considering the information provided by the main international authorities, as well as those responsible for monitoring pesticide residues in Costa Rica, it is necessary to highlight that: a. In the case of SENASA, it would be very valuable to be able to count on information on the presence of this TGAI in animal matrices for human consumption, to determine if there is an associated risk via that route; however, for the reasons stated above, that information is not available. b. According to the SFE, there are exceedances of the LMR in products of agricultural origin. c. The opinion of the Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental of the Ministry of Health is necessary, to know if they have carried out control or supervision actions related to Fipronil in addition to those mentioned in sources for water consumption, considering that according to the SFE, anomalous cases have been reported and that the surveillance and supervision procedures for agricultural use substances are outside the competencies of the Registration Unit. Therefore, and according to the available data, this Unit considers that the TGAI Fipronil does not represent an unacceptable risk to human health, as long as it is used under good agricultural practices, complying with the label instructions, and respecting the maximum residue limits in approved crops; and additionally, it advocates for the importance of the supervision of residues in food and public health effects, by the responsible entities." (Report from the appealed authority and documentary evidence).
On May 26, 2021, the director of the Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental of the Ministry of Health signed official letter No. MS-DPRSA-417-2021, addressed to the Minister of Health, in which he indicated: "In conclusion, the Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental, based on the information consulted and the available data, does not consider that Fipronil represents an unacceptable risk to human health, as it is evidenced to be for invertebrate organisms and other species. However, it is of interest to this Directorate to participate in the formation of a technical team with the corresponding authorities to work on the specific regulation of this substance." (Report from the appealed authority and documentary evidence).
On June 4, 2021, through official letter No. MS-DM-4603-2021, addressed to Mr. Juan Bautista Alvarado Barrantes, the Minister of Health indicated: "Regarding this matter, I inform you that the situation of health effects from fipronil is under analysis; also, Mrs. Andrea Meza Murillo, Minister of MINAE, through DM-0374-2021 (attached), requests 'the urgent formation of a technical working group that can assemble the file required for the normative regulation of this substance as soon as possible.' Due to the above, we are working on the corresponding studies, and we will be informing you of the progress when you so require." (Report from the appealed authority and documentary evidence).
On June 8, 2021, the Minister of Health issued official letter No. MS-DM-4665-2021, by which the conclusions of official letters MS-DPRSA-417-2021 and DRPIS-VU-036-2021 were communicated to Mr. Juan Bautista Alvarado Barrantes; additionally, it was indicated that research efforts would continue, as part of the actions of the inter-institutional technical team, for the specific regulation of this substance Fipronil. (See report rendered under oath and evidence provided to the digital file).
Through official letter No. MS-DM-4668-2021 of June 9, 2021, addressed to the defender of the Inhabitants, the Minister of Health indicated: "In response to your official letter No. 05444-2021-DHR-(CV), I will proceed to describe below the actions we have carried out regarding the issue denounced by Mr. Juan Bautista Alvarado Barrantes, concerning the use of the pesticide Fipronil: a) On April 7, official letter CNFA-JD-009-2021 was received, wherein Mr. Alvarado Barrantes 'requests the total and defined prohibition of the importation, exportation, manufacture, formulation, storage, distribution, repackaging, refilling, advertisement, handling, mixing, sale, use, and the cancellation of registration, of all formulated products containing the active ingredient Fipronil and whose approved uses include application on agricultural crops or on domestic animals and livestock.' b) Said official letter was forwarded for pertinent attention to Engineer Eugenio Androvetto Villalobos, Director of Radiological Protection and Environmental Health, (document No. HT-843-2021), who in turn made the corresponding query to the Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario. c) An official letter was received from Mrs. Andrea Meza Murillo, Minister of MINAE, through DM-0374-2021 (attached) requesting 'the urgent formation of a technical working group that can assemble the file required for the normative regulation of this substance as soon as possible.' d) With official letter MS-DM-4603-2021 (attached), a response was given to note CNFA-JD-009-2021 from Mr. Juan Bautista Alvarado. e) Regarding the requested technical opinion, official letters MS-DPRSA-417-2021 and DRPIS-VU-036-2021 were received, copies of which I also attach, which contain a preliminary technical opinion on the pesticide in question, as input for the inter-institutional commission to be established requested through the official letter from Andrea Meza Murillo, Minister of MINAE. f) As an addendum to the previous official letter, with note MS-DM-4665-2021 (attached) addressed to Mr. Bautista Alvarado, the opinions cited in point b) were forwarded to him. It is worth noting that the situation of health impacts from Fipronil is under analysis, and also Mrs. Andrea Meza Murillo, Minister of MINAE, through DM-0374-2021 (attached) requests 'the urgent formation of a technical working group that can assemble the file required for the normative regulation of this substance as soon as possible.' Finally, I reiterate that internally progress was made in requesting opinions from the corresponding technical teams on the health impact that falls to this ministry, with a view to forming the commission mentioned in the official letter from MINAE (DM-0374-2021), in which the Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental will have an active participation and designated a representative." (Report from the appealed authority and documentary evidence).
On June 17, 2021, official letter No. MS-DPRSA-547-2021 was issued, signed by Engineer Eugenio Androvetto Villalobos, addressed to Minister Daniel Salas Peraza, by which Mrs. Dorell Rojas Fonseca from the Unidad de Protección Radiológica was designated to form the working group for the regulation of Fipronil. Likewise, on June 17, the Minister of Environment and Energy was informed that the aforementioned official would be the member of the working team. (See report rendered under oath and evidence provided to the digital file).
On June 22, 2021, through official letter No. MS-DM-4888-2021, the Minister of Health informed the Minister of Environment and Energy of the inclusion of officials Andrés Araya Brenes and Karol Masís Díaz, both from the Dirección de Productos de Interés Sanitario, to form the working team. (See report rendered under oath and evidence provided to the digital file).
On July 14, 2021, the first meeting of the technical team was held, in which officials from MINAE, the Ministry of Health, SENASA, and the Servicio Fitosanitario del Estado participated, and in the minutes the following agreements were recorded: "Agreement 1: The team will begin to address solely the mortality of bees regarding the issue of the substance fipronil (…) Agreement 2: Find a way to have a platform where everyone can have access to information (…) Agreement 3: Andrés Araya from the Ministry of Health will send by email the report that was prepared from the registry, and Esaú Miranda will send the regulation proposal that has been worked on at the Servicio Fitosanitario del Estado to Inti Acedo (…) Agreement 4: Work will continue with those who do not have an impediment due to a directive. Agreement 5: The next meeting will be held on August 4, 2021, from 1:30 p.m. to 3:00 p.m. (…) Agreement 6: The table will be included in a folder to which everyone will have access to populate it. Agreement 7: Inti Acedo will communicate when the shared folder problem is resolved." (Report from the appealed authority and documentary evidence).
On August 4, 2021, the second meeting of the technical team was held, and in the minutes it was noted: "Agreement 1: In the folder of the technical team to regulate fipronil, the main folder for Fipronil will be found, as well as other topics related to other substances in subfolders (…) Agreement 2: Compile the different observations for each document and based on (sic) that information see what additional approaches they can make to gather information and make progress. Agreement 3: Assess the regulation of the use of fipronil instead of its prohibition (…) Agreement 4: The participating colleagues from the Ministerio de Ambiente y Energía will consult on the status of the directive (…) Agreement 5: SENASA will send the technical report addressed to Inti Acedo (…) Agreement 6: Each person will populate the table with contributions or comments for each document and thus make recommendations on the documents once they are reviewed in detail (…) Agreement 7: For the next meeting, there will be a list of observations and additional information for the documents to be reviewed (…) Agreement 8: The next meeting will be held on September 1 at 1:00 p.m." (Report from the appealed authority and documentary evidence).
On August 23, 2021, official Dorell Rojas Fonseca, from the Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental of the Ministry of Health, requested via email from the Centro Nacional de Control de Intoxicaciones, information on human poisonings, whether due to inappropriate use or occupational exposure, that have been reported during the last five-year period.

(Report of the respondent authority and documentary evidence).
By means of official letter no. MS-DPRSA-692-2021 of August 23, 2021, the Director of Radiological Protection and Environmental Health of the Ministry of Health requested from the Director General of Health information on the handling of complaints of human poisoning with products whose active ingredient is Fipronil. (Report of the respondent authority and documentary evidence).
On August 25, 2021, official Dorell Rojas Fonseca, from the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health of the Ministry of Health, consulted, via email, the head of the Epidemiology Unit of the Directorate of Health Surveillance for documented information during the period between 2016 and 2021 of case reports of people poisoned by pesticides whose active ingredient is Fipronil, whether due to improper use or occupational exposure, among other factors that could cause this situation. (Report of the respondent authority and documentary evidence).
By means of official letter no. MS-DGS-3607-2021 of August 27, 2021, the Director General of Health requested from the regional directors information on the handling of complaints of human poisoning with products whose active ingredient is Fipronil. (Report of the respondent authority and documentary evidence).
Regarding the Ministry of Environment and Energy:
The acting minister of Environment and Energy reports that Fipronil is a broad-spectrum contact and stomach insecticide, and there are products for domestic, veterinary, and agricultural use with this active ingredient. Likewise, he points out that it is authorized for the crops of cotton, ornamental ginger, coffee, sweet pepper, citrus, oil palm, pineapple, ornamental plants, and fruit trees. (Report of the respondent authority).
On an undetermined date in 2021, the Environmental Assessment Unit for Agricultural Inputs of the Directorate of Environmental Quality Management of MINAE issued the “Bee Mortality Report 2021,” in which it was stated: “(…) At the national level, during the year 2020, concern has been generated due to two bee mortality events that were reported. One was on May 8 in Esparza3 of Puntarenas and the other was on August 12 in Orotina of Alajuela4, where the Unit of Residues and Contaminants in Food of Terrestrial Origin of the National Animal Health Service of the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG), reported that the analyzed samples (bees from the hive) from both sites, showed the presence of the pesticide Fipronil. Additionally, in the sample from Orotina, another pesticide, Trifloxystrobin, was detected. As a consequence of the aforementioned events, the beekeepers of Costa Rica made a call to the authorities of the MAG to proceed to restrict and prohibit the use of fipronil and trifloxystrobin. They also urged that a training program be initiated aimed at farmers on the use and correct management of all chemical substances potentially harmful to bees5 (…) Based on the information gathered from the previously cited bee mortality events, this report was prepared with the objective of determining the risk to bees associated with the authorized agricultural use in Costa Rica for products formulated based on fipronil and trifloxystrobin (…) General information on Fipronil. Fipronil is a broad-spectrum insecticide that is no longer approved for use in the EU on crops, however, it can be used as a veterinary treatment, for the control of parasites in animals not intended for the food chain.7 Fipronil, CAS number 120068-37-3, has low water solubility, low volatility, and is not very mobile in the environment. It can be quite persistent in soil systems, but it is less so in aquatic and sediment systems. It is very toxic to humans and can bioaccumulate. It is considered a neurotoxic and irritant to both eyes and skin. Fipronil is very toxic to mammals, birds, and bees, but somewhat less so to fish, aquatic invertebrates, aquatic plants, and earthworms7 (…) GENERAL CONCLUSION The results of the environmental risk assessment for the Technical Grade Active Ingredients (IAGTs) detected in bee samples collected in two mortality events of these insects, fipronil and trifloxystrobin, demonstrated that only in the case of fipronil do the currently authorized agronomic uses represent unacceptable risks to bees, both for the highest approved dose and for the lowest. Bees are the species taken as representative of pollinating insects, so it not only poses a risk to their populations but also to the biodiversity of ecosystems and the very stability of the human being, who depends on the pollination work carried out by bees. Likewise, the ecotoxicological data of fipronil raise concern for other organisms in the ecosystem as it is considered highly toxic to birds, fish, aquatic invertebrates, and very highly toxic to algae. Furthermore, it is moderately persistent in soil and in water/sediment systems, and when it degrades it produces other metabolites that are persistent. These results suggest that the currently registered products containing fipronil may be causing environmental damage, and that the environmental damage is not only associated with the indiscriminate or intentional use of these products. Therefore, based on the environmental risk results for bees, as well as the hazard alerts of fipronil and that the registered products based on this IAGT do not have the environmental endorsement of this ministry, we consider that, in order to safeguard the environment, it is essential to cancel the current registrations based on this pesticide. The foregoing in accordance with the provisions of numeral 13 of Executive Decree 33495 or in numeral 14.1.3.1 and 14.2.1.2 of Executive Decree 40059 and in articles 29 and 30 of Law 7664 Plant Protection Law, regarding suspensions and cancellations of registration. Likewise, pertinent actions must be taken for the prohibition of the use of this IAGT at the national level, not only in agriculture. With respect to trifloxystrobin, although a risk to bees associated with its agronomic use was not demonstrated, it is important to highlight that it is very highly toxic to aquatic organisms (fish, invertebrates, and algae) (…) 4. PETITION According to the information gathered and analyzed in this report, one can conclude an unacceptable risk to pollinators from the effects of the use of the insecticide fipronil and therefore, an unacceptable risk to the biodiversity of ecosystems and the very stability of the human being, who depends on the pollination work carried out by bees, as well as a high hazard to birds and aquatic organisms. The use of insecticides such as fipronil is a controllable situation, unlike other factors that also threaten the stability of beneficial invertebrate populations; therefore, it is achievable in this case, to make a high-impact and short-term change in favor of the environment. Therefore, the competent national authorities are requested to take the urgent and necessary measures to safeguard the following constitutional assets: human health, biodiversity, and the environment in Costa Rica from the use of agrochemicals containing fipronil. Since, as indicated supra, there are data showing unacceptable risks to bees, however, protection actions should not only be exercised for these organisms per se (biodiversity conservation), but because by being at risk, the stability of the ecosystems and human survival itself are concomitantly put at risk. For this, the cancellation of the registrations of products containing fipronil and the prohibition of use at the national level is recommended.” (Documentary evidence).
By means of official letter no. DM- 0374-2021 of April 29, 2021, addressed to the Minister of Health and the Minister of Agriculture and Livestock, the Minister of Environment and Energy stated: “From MINAE we bring to your attention the environmental concern that this Ministry has due to the mass bee mortality events that have been reported since 2020. The Directorate of Environmental Quality Management (DIGECA), carried out the analysis of the available information for the events that occurred on May 8 in Esparza de Puntarenas and on August 12 in Orotina de Alajuela, where the Unit of Residues and Contaminants in Food of Terrestrial Origin of the National Animal Health Service of the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG), reported that the analyzed samples (bees from the hive) from both sites, showed the presence of the pesticide Fipronil. Based on the information gathered in the DIGECA report, which we are attaching, it was demonstrated that fipronil represents unacceptable risks to bees, both for the highest approved dose and for the lowest for agricultural use. Likewise, the ecotoxicological data of fipronil raise concern for other organisms in the ecosystem as it is considered highly toxic to birds, fish, aquatic invertebrates, and very highly toxic to algae. Additionally, according to DIGECA's information system, there is no record that MINAE has issued any technical endorsement to support the registrations of products based on fipronil. There is also information that this molecule is not only registered for agricultural use but also for veterinary use and for domestic use, all these registrations being granted by the Ministries under your charge. Therefore, from MINAE we require that urgent and necessary measures be taken according to the competencies of each Ministry, to safeguard the constitutional rights of human health, biodiversity, and the environment in Costa Rica from the use of agrochemicals containing fipronil. Since, as indicated supra, there are data showing unacceptable risks to bees according to the approved uses for fipronil and even for the lowest doses; consequently, the mass deaths linked to this pesticide evidence the serious effects it is generating on the environment. Honey production bees are an indicator organism whose observed effects are extrapolated to non-target terrestrial invertebrates; therefore, based on the data gathered for this taxonomic group, severe and irreversible effects can be expected in the other groups of terrestrial invertebrates that make up natural ecosystems, these organisms being fundamental for life, in particular those that fulfill the pollination function. Added to this, our concern increases when also weighing the expected effects on other taxa, such as fish, birds, and algae, thus expecting a much greater impact on the environment. For this reason, protection actions should not only be exercised for these organisms per se (importance for humans of honey production and plant pollination), but because by being at risk, the stability of the ecosystems and human survival itself are concomitantly put at risk. In addition to the damages linked to the use of fipronil to the environment and the beekeeping production sector (many farmers depend on this activity). It is also worth noting that the presence of this pesticide in food for human consumption is of concern, because through a quick search for information on fipronil, it can be verified that this pesticide is linked to organ damage from repeated exposures1, among other effects. It is also concerning that this substance is not registered in the European Union2. Therefore, we request the urgent formation of a technical working group that can build the file required for the regulatory rulemaking of this substance in the shortest possible time. If you consider it appropriate, we can convene the group with the officials you designate for this purpose. From our institution, Mrs. Inti Acedo will participate as principal and Mrs. Manuela Mata as alternate.” (Report of the respondent authority and documentary evidence).
To date, MINAE has not issued any technical endorsement to support the registered products containing Fipronil. (Report of the respondent authority).
To date, three working meetings have been held, in which the need has been raised for all members to review the available documents and issue their comments to identify other types of information necessary to carry out the comprehensive analysis of the different uses of Fipronil. The last meeting was held on September 1 of this year, and in it, the representatives of SENASA presented a draft decree for the regulation of the uses of Fipronil. (Report of the respondent authority).
Regarding the Ministry of Agriculture and Livestock (SENASA, SFE):
By means of official letter no. DM-MAG-411-2021 of May 6, 2021, addressed to the Minister of Environment and Energy, the Minister of Agriculture and Livestock indicated: “(…) in response to official letter DM-0374-2021, I am pleased to inform you that the persons designated to form the technical working group to address the series of mass bee mortality events due to the pesticide Fipronil are the following: • State Phytosanitary Service Eng. Esaú Miranda Vargas, Head of the Agrochemical Residues Unit, Email: [email protected] • National Animal Health Service Dr. Miriam Jiménez Mata-Directorate of Veterinary Medicines- Email: [email protected] and Lic. Kattia Murillo Murillo-Legal Advisory- Email: [email protected].” (Documentary evidence).
The State Phytosanitary Service and the Animal Health Service are part of the inter-institutional team formed to address the Fipronil situation. (Report of the respondent authority).
By means of official letter no. 05599-2021-DHR of May 27, 2021, addressed to the Minister of Agriculture and Livestock, the petitioner stated: “(…) To initiate the corresponding procedure, the Office of the Ombudsman (Defensoría de los Habitantes), requests that the institution, within a period of FIVE WORKING DAYS counted from the day following receipt of this communication, in accordance with article 20 of the Law of the Office of the Ombudsman No. 7319, kindly send to this institution a REPORT indicating the following: 1. The actions that have been carried out or have been programmed to address the request presented by the interested party before your office on April 7, 2021, regarding the prohibition of registration, importation, manufacturing, formulation, storage, distribution, transportation, repackaging, refilling, handling, sale, mixing, and use of technical grade active ingredients and formulated synthetic pesticides containing the active ingredient Fipronil, as well as the cancellation of the current registrations of these products. 2. Report if any assessment or study has been carried out on the impact that the use of the pesticide Fipronil has on bees and, if so, the measures that have been implemented based on such information. 3. Send a copy of the response that has been given to Mr. Alvarado Barrantes, in relation to the request submitted on April 7, 2021. In addition to addressing the foregoing, you must attach the corresponding evidence. Likewise, you are requested to inform the Office of the Ombudsman of any procedure, management, or additional information related to this matter. In the event that this request is forwarded to another official, we would greatly appreciate it if you would inform us of the name, position held, telephone and fax number, as well as the purpose of said forwarding (…).” (Documentary evidence).
By means of official letter no. DM-MAG-553-2021 of June 7, 2021, addressed to the Ombudsperson (defensora de los Habitantes), the Minister of Agriculture and Livestock stated: “First: Fipronil is a chemical pesticide for agricultural use registered with the State Phytosanitary Service (SFE), which is used as a broad-spectrum insecticide, belonging to the Phenylpyrazole group, CAS number 120068-37-3 classified in the Moderately Hazardous Product Category (Class II), according to the criterion adopted by the World Health Organization (WHO) and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), with low water solubility, low volatility, and low mobility in the environment, toxic to humans being neurotoxic and an irritant to both eyes and skin, and equally toxic to mammals, birds, and bees, although somewhat less so to fish, aquatic invertebrates, aquatic plants, and earthworms. As Mr. Alvarado Barrantes rightly indicates, he submitted on April 7, 2021, before the Presidency of the Republic, the Ministries of Health and Environment and Energy and this Office, a document under number CNFA- JD- 009-2021 which contains the same claims established in the document presented before your represented office and which, in summary, aims at the prohibition of the registration, importation, exportation, manufacturing, formulation, storage, distribution, transportation, repackaging, refilling, handling, sale, mixing, and use of technical grade active ingredients and formulated synthetic pesticides containing the active ingredient FIPRONIL and likewise the cancellation of the registration of all formulated products containing Fipronil as an active ingredient and that among the approved uses are application on agricultural crops or on domestic animals and livestock, said prohibition request is under study and technical analysis to verify the degree of impact of said petition. The majority of these veterinary products come in presentations commercially called “Pour-On” type, “pipette,” “ampoule,” “spot-on,” containing the antiparasitic ready for use without needing to be diluted and to be administered topically, that is, on the animal's skin, for the control of fleas and ticks in pets and in a smaller number for productive animal species. Additionally, there are products containing in their formulation the active ingredient Fipronil, registered with the Directorate of Veterinary Medicines of the National Animal Health Service (SENASA) and marketed in Costa Rica, for veterinary medical use as a broad-spectrum external antiparasitic. Second: In relation to the query on whether any assessment or study has been carried out on the impact that the use of the pesticide Fipronil has on bees and, if so, the measures that have been implemented based on such information, it is important to note that both the Animal Health Service and the State Phytosanitary Service are working technically and scientifically by preparing a joint inter-institutional study on this topic; once the result of said study is available, it will be communicated to the interested party and to this Office of the Ombudsman. Third: Regarding what was requested by Mr. Alvarado Barrantes in his official letter CNFA-JD-009-2021, this Office provided a response by means of official letter DM-MAG-534-2021, notified on June 3, 2021, where he was informed that “the necessary analyses are currently being studied and carried out to prepare the corresponding recommendations for the Ministerial Office, actions that will be communicated after the completion of said assessment process.” As I indicated above, both the National Animal Health Service and the State Phytosanitary Service, technically and scientifically involved in the matter at hand, are carrying out a coordinated inter-institutional analysis, so that once the result is available and the appropriate actions are jointly adopted for the well-being of public veterinary health, the petitioner and your Office will be informed.” (Documentary evidence).
The State Phytosanitary Service and the Animal Health Service are part of the inter-institutional team formed to address the Fipronil situation. (Report of the respondent authority).
By means of official letter no. SENASA-DG-1100-2021/DSFE-0612-2021, of September 6, 2021, the Director General of SENASA and the Director of the State Phytosanitary Service, indicated: “Regarding the use of Fipronil. In the country, fipronil is registered by SENASA for the control of ectoparasites in animals and pests in livestock production facilities, and through the Phytosanitary Service it is registered for agricultural use. 1.- Products for veterinary use. Regarding the facts and observations related to the formulations of veterinary medicinal products containing the active ingredient Fipronil, the following must be pointed out: Regarding the bee mortality events indicated in the appeal, they indeed occurred in 2020; however, in the event that occurred on May 8, 2021, it was possible to determine a misuse of the product, for which the corresponding sanctions were imposed on the offender. Regarding the second case, although the samples taken tested positive for Fipronil, the origin of the contact could not be determined. Fipronil is a broad-spectrum insecticide (which is used to control different pests), authorized for both agricultural and veterinary use, belonging to the phenylpyrazole group, which is used in the veterinary field mainly for the control of fleas, ticks in animals such as cattle, dogs, and cats, in addition, in livestock facilities for the control of ants, cockroaches, flies, termites, and other insects. In the Directorate of Veterinary Medicines of SENASA, there are approximately 55 products duly registered in accordance with the technical and legal requirements demanded by the regulations for the registration of veterinary products and related products. These products are classified in group 3 for sale in veterinary drugstores and pharmacies; the origin of the products is from France, Uruguay, Colombia, Brazil, Costa Rica, Peru, Argentina, Guatemala, and Chile. The majority of products registered with SENASA with the active ingredient Fipronil are for topical use, in presentations commercially called “Pour-On” type, “pipette,” “ampoule,” “spot-on,” containing the antiparasitic ready for use without needing to be diluted and for topical administration (that is, on the skin) for the control of fleas and ticks in pets and in a smaller number in production animal species. The topical use of these products on animals is a safe form of application since it is placed directly on the animal's back, which reduces the risk of it spreading into the environment; likewise, it does not remain long on the animal's skin, but is absorbed into the sebaceous glands of the hair follicles, where it is "recirculated" and spread from gland to gland, so that a specific application (be it spot-on or by dorsal application) achieves a generalized effect on the skin, which in turn limits the exposure of animals or insects that accidentally come into contact with the treated animal. Bees are an insect of the phylum Arthropoda and of the order Hymenoptera; therefore, they are not a hematophagous insect; nutritionally they require a balance between different sugars (carbohydrates), lipids, proteins, minerals, and water. These insects find these nutrients in their main food sources, which are honey and pollen, so the possibility of them being contaminated with Fipronil applied to the back of an animal is unlikely. (…) There are two registered products for veterinary use authorized exclusively for pest control, whose method of use is by spraying or through contact sprayers in the areas where the pests are located and are for exclusive use in livestock facilities, which are not a common habitat for pollinating insects, the probability of exposure of these to Fipronil through this use being low. Fipronil is an external antiparasitic used on animals for the treatment and control of infestations of ectoparasites such as louse (pediculosis), flea (pulicosis, tungiasis), fly (myiasis), mites (mange or acariasis), and ticks. The infestation of these ectoparasites is not only a problem for animal health but also for public health, since these parasites can act as vectors of diseases for both humans and animals. These ectoparasites cause significant economic losses in the different animal production systems and also act as vectors of diseases for both humans and animals, becoming a public health problem since they produce zoonoses, that is, diseases that animals transmit to humans. An example of this are ticks, which have medical, veterinary, sanitary, and economic importance, due to the direct damage they cause for being hematophagous ectoparasites (they feed on the blood of the parasitized animal) and transmitters of pathogenic microorganisms between animals, or from animals to people, of protozoa, bacteria, rickettsiae, and viruses, as well as, for the inoculation of toxic substances that can produce diseases in animals and humans, such as, Lyme disease, ehrlichiosis, anaplasmosis, among others, which can affect people's health and even their death. Likewise, ticks and mites, when sucking, also allow the exchange of some substances that, due to their composition, the body recognizes as foreign and generate allergic processes where immune-type reactions occur affecting the skin producing inflammation, pain, itching, skin lacerations, ulcers, hair loss, among others, which clearly would cause loss of health or a decline in the well-being of animals and people. The foregoing is of utmost importance considering that the majority of the products registered with SENASA are used on pets that live with older adults, adults, and children, so if adequate treatment is not provided to these animals, the chances increase that, for example, ticks become a household pest and that diseases are transmitted to a significant percentage of the population, especially considering that according to the National Study on dog ownership in Costa Rica of 2016, World Animal Protection, 50.5% of surveyed households stated they had dogs, and the data obtained show that the average number of dogs per household is 1.8 dogs. Likewise, the study indicated that according to the census estimate of the National Institute of Statistics and Censuses, by 2015 there would be 1,462,000 households in the country, consequently, an approximate 738,310 households have dogs. As has been evidenced, products containing Fipronil are necessary for the control of ectoparasites and mainly ticks, so that they do not develop exponentially and cause damage to public health and the country's livestock assets. SENASA has been aware that the misuse of products with Fipronil can affect bees, so for the registration of said product, it is required that the following legend appear on the labels and packaging material for veterinary products containing Fipronil: “Fipronil can adversely affect aquatic organisms and bees. Do not pour the medicine or empty containers into watercourses as they could be dangerous to fish and other aquatic organisms.” Animal owners must read and carefully follow all label instructions before using the product. Likewise, the need to reinforce the good practices of use of this substance has been detected and for certain uses such as agricultural use or in livestock facilities, to establish greater control by the competent Sanitary Authorities, which is why a regulatory update process is underway. 2.- Products for agricultural use. In the State Phytosanitary Service, eight products containing FIPRONIL as an active ingredient are registered. Three presentations of Technical Grade Active Ingredient (IAGT) and five formulated products for use in the national territory, of which two products were registered under Executive Decree 24337 MAG-Salud called “Regulation for the Registration, Use, Control of Agricultural Pesticides and Adjuvants” and six products under Law No. 8702 of January 14, 2009, called “Procedures for Registration Applications.” Regarding the validity of these pesticides, in the case of those registered under Executive Decree No. 24337-MAG-S of April 27, 1995, they did not have a defined term; subsequently, Executive Decree No. 33495-MAG-S-MINAE-MEIC of October 3, 2006, granted the registrations a term of 10 years of validity; simultaneously, Law No. 8702 of January 14, 2009, came into effect, which did not indicate the validity of these registrations, but the Administrative Litigation Court granted a 10-year validity term based on what was indicated regarding Pesticide Registration.

Most registrations based on Law No. 8702 of January 14, 2009, were valid until the year 2019; however, all these registrations, regardless of the regulation that supported them, had until the end of January 2012 to submit all information for a new review of the information known as revalidation (reválida) indicated in Article 14 of said Law; those that did not submit the information had their registration canceled. After the aforementioned executive decree and law, Executive Decree No. 39995-MAG “Reglamento para la actualización de la información de los expedientes de registro de ingrediente activo grado técnico y plaguicidas formulados” and its amendment No. 41481-MAGMINAE-S entered into force; both are challenged before the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), but their validity is not lost, and therefore the administration is in the process of reviewing each of the requirements of said update pending a ruling on the challenge, thus companies are permitted to continue their commercialization. Among the authorized uses of Fipronil are ornamental plants, sweet pepper (chile dulce), coffee, citrus, and pineapple. From an agronomic perspective, fipronil plays a decisive role in agricultural production, specifically in the case of sweet pepper, which is ravaged by a pest known as the pepper weevil (picudo) (Anthonomus eugenii), which has become the main threat to this crop throughout the Latin American region due to the resistance it has developed to different groups of insecticides that normally kept it under control. This makes its management more complicated since it attacks the fruits from flowering until the end of the harvest, causing premature fruit drop, yield losses, and shortening the productive life cycle of the crop. This situation described above is what producers of these vegetables are experiencing throughout the national territory; approximately 1086 hectares are planted in the country (source INEC 2017), distributed in Guanacaste, Upala, Heredia, Alajuela, Cartago, San José (Santa Ana-Escazú), Pérez Zeledón, all cultivated mostly by small producers, who see their crops, economy, and family sustenance threatened, as well as the employment generated by this agricultural activity. At this moment, the only pesticide that can help control this insect is fipronil. The State Phytosanitary Service (Servicio Fitosanitario del Estado) has a registered product containing chlorantraniliprole as an active ingredient (ingrediente activo) for the control of this pest in sweet pepper, but it is not available on the market for the producer, and there is no certain date when the trade will put it on sale. Agronomically, given the situation the producer faces with the pest "pepper weevil (Anthonomus eugenii)", it is not recommended to have only one molecule for combating such an aggressive pest because resistance can quickly develop; therefore, it is advisable for the producer to have a diversity of options to combat such pests, always employing good agricultural practices in the use of pesticides. The State Phytosanitary Service, given the sweet pepper situation, in collaboration with professionals from UCR, EARTH, INTA, and private enterprise, has prepared a training course titled "Eco Chile Hacia una Producción Sostenible" lasting 25.5 hours, which develops the use of Good Agricultural Practices and analyzes the use of the pesticide Fipronil. This training course has an enrollment of 140 producers, technicians, and professionals who provide assistance to crops, and it will begin on September 8 and conclude on Wednesday, October 27. 3.- Confirmation of the Fipronil Technical Team Commission (Comisión Equipo Técnico Fipronil). Through official letters DM-MAG-411-2021, DM-MAG-569-2021, DM-MAG-643-221, and DM-MAG-837-2021, the Office of the Minister of Agriculture and Livestock (Despacho del Ministro de Agricultura y Ganadería), in response to official letter RDHC-DR-065-2021, appointed a technical and legal working team from the State Phytosanitary Service, the Animal Health Service (Servicio de Salud Animal), and the Ministry of Agriculture and Livestock (Ministerio de Agricultura y Ganadería) to form the Fipronil technical working group to address the incidents of mass bee mortality due to apparent use of the pesticide Fipronil, jointly with the Ministry of Health (Ministerio de Salud) and the Ministry of the Environment (Ministerio del Ambiente), which is holding periodic meetings to analyze the studies and technical inputs about the pesticide and issue recommendations. 4.- Regulations on Fipronil. While it is true that agricultural use of fipronil is prohibited in Europe, but not for animals, for reasons of bee protection, it is also true that the Environmental Protection Agency (EPA) has authorized its use in the United States. As noted above, fipronil is registered in the country by SENASA and by the State Phytosanitary Service, and it is used both in veterinary and agricultural uses. As this is a matter of vital importance for both the bee issue and the agricultural issue, within the Fipronil technical working group, a ministerial proposal draft Executive Decree was presented to regulate the sale and establish sanitary and phytosanitary measures for the import, manufacture, formulation, storage, distribution, transport, repackaging (reempacado), refilling (reenvasado), handling, mixing, purchase, sale, and use of the Fipronil technical grade active ingredient (ingrediente grado activo técnico), whether as raw material or in agricultural formulations or veterinary medicines containing it, registered with the National Animal Health Service (Servicio Nacional de Salud Animal) and the State Phytosanitary Service. The indicated proposal, the draft of which is attached as an annex to this report, is in the process of analysis and discussion within the aforementioned technical working group. It is relevant to report that the National Apicultural Health Program (Programa Nacional de Salud Apícola) of SENASA, together with the State Phytosanitary Service and the Chamber of Agricultural Inputs (Cámara de Insumos Agropecuarios), are participating in a joint project aimed at training on the application of good practices for the use of pesticides, in order to promote their correct use and prevent harm to pollinating agents…" (Report from the respondent authorities and documentary evidence).

The General Director of SENASA reports that within the technical working group, a draft Executive Decree was proposed to regulate the sale and establish sanitary and phytosanitary measures for the import, manufacture, formulation, storage, distribution, transport, repackaging, refilling, handling, mixing, purchase, sale, and use of the technical grade active ingredient Fipronil. (Report from the respondent authority).

The head of the Registration Unit for Agrochemicals and Application Equipment (Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación) of the SFE, through certification no. AE-REG-C-0021-2021, stated: "I CERTIFY: that 5 formulated pesticides with the active ingredient Fipronil are registered, which are indicated in table 1, detailing the authorized crops and the pests to be controlled. Table 1. List of formulated pesticides with the active ingredient Fipronil with authorized crops and pests to be controlled.".
Registration No.
	
Active Ingredient (IAGT)
	
Commercial Brand
	
Registrant
	
Authorized Crop
	
Pests to control


3799
	
Fipronil
	
Regent 20 SC
	
Bayer S.A.
	ORNAMENTALS
 
 
Cotton
 
 
Sweet pepper
	Ambrosia beetle (Escolitido) (Xyleborus sp.)
Green Aphid (Afido Verde) (Aphis gossypii)
Pepper Weevil (Picudo del Chile) (Anthonomus eugenii)


4172
	
Fipronil
	
Blitz 0,003 GB
	
Bayer S.A.
	OIL PALM
Coffee
Citrus
Fruit trees
Ornamentals
	
Leaf-cutting Ants (Hormigas Cortadoras) (Atta sp) Ant (Acromyrmex sp.)


8702210
	
Fipronil
	
SOFION 20 SC // ZETANIL 20 SC
	
INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA INICA S.A.
	
ORNAMENTALS
	
Ambrosia beetle (Xyleborus sp.)


8702287
	
Fipronil
	
BIOQUIM FIPRONIL 20 SC
	
INDUSTRIAS BIOQUIM CENTROAMERICANA S.A.
	
Sweet Pepper
	
Pepper Weevil (Anthonomus eugenii) Ambrosia beetle (Xyleborus sp.)


8702314
	
Firponil
	
TRIPZELL 20 SC // Fulminante 20 SC // Picudo 20 SC
	
ZELL CHEMIE S.R.L
	Sweet Pepper
 
Orange
Dracaena
 
Pineapple
	Pepper Weevil (Anthonomus eugenii)
Aphids (Aphis sp)
Ambrosia beetle (Xyleborus sp.)
 
Pineapple Weevil (Picudo de la Piña) Metamasius dimidiatipennis
  

In October 2021, the State Phytosanitary Service prepared the "Technical Report on the Fipronil Molecule (Informe Técnico de la Molécula Fipronil)", which issued the following recommendations: "5. RECOMMENDATIONS 5.1. This technical team recommends restricting the use of fipronil, regulating its sale by professional prescription, strengthening the product's oversight, increasing the frequency of sampling, and maintaining good agricultural practices (training for producers through the programs of the Agrochemical Residue Control Unit (Unidad de Control de Residuos de Agroquímicos)) to minimize impacts on human health and the environment. 5.2. Alternate the molecules fipronil and chlorantraniliprole in the management of sweet pepper crops. 5.3. Assess the inclusion of protection measures for bees and pollinating insects on the leaflets, which have been proposed by FAO7. 5.3.1. Do not apply this product during crop flowering. 5.3.2. Do not apply when bees are actively foraging. 5.3.3. Remove or cover beehives during and after the application of this product. 5.3.4. Do not apply this product when there is the presence of flowering weeds (arvenses). 5.3.5. Remove weeds before flowering. 5.3.6. Apply the product in the early hours of the morning or late hours of the afternoon when pollinator foraging activity decreases. 5.3.7. Notify the beekeeper who has a registered apiary at least 48 hours in advance of the day, time, and place where spraying will be carried out so that the beekeeper can proceed to protect their beehives. 5.4. It is considered necessary to generate the corresponding evaluations according to its conditions of use in the country to have more information for its possible prohibition. 5.5. Additionally, it is recommended to review the wording of Article 7 of the draft decree restricting fipronil. This is because fipronil metabolites are included; since a prohibition is not being proposed in the Decree, it is not technically feasible to restrict metabolites per se, as these are degradation products of the active ingredient and therefore will not be found as such in their free form without the presence of the active ingredient fipronil, so by regulating Fipronil directly, the same would be regulated." (Documentary evidence).

IV.- ON THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. On repeated occasions, the jurisprudence of this Chamber has stressed that the right to a healthy and ecologically balanced environment is recognized at both the constitutional and conventional levels. Likewise, it has been indicated that effective protection of this right requires that resources be used rationally, a context in which the State and the general citizenry must act according to the principles governing environmental matters. In this vein, specialized doctrine has pointed out that the preventive principle demands that, when there is certainty of possible environmental damage, the affecting activity should be prohibited, limited, or conditioned upon compliance with certain requirements. In general, this principle applies when there are clearly defined risks identified at least as probable; likewise, this principle is useful when there are no technical reports or administrative permits guaranteeing the sustainability of an activity, but there are sufficient elements to foresee eventual negative impacts. On the other hand, the precautionary principle states that, where there is a threat of serious and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty shall not be used as a reason for postponing the adoption of cost-effective measures to prevent environmental degradation. From the foregoing, it is noted that the principle is based on reasonable scientific uncertainty together with the threat of serious and irreversible environmental damage. In general terms, a relevant difference between the preventive principle and the precautionary principle lies in the level of knowledge and certainty regarding the risks that an activity or work may cause. While in the former such certainty exists, in the latter what is perceived is a state of doubt resulting from scientific information or technical studies. Thus, the Costa Rican State is obliged to adopt measures that guarantee the effective defense and preservation of the environment in accordance with these principles. Now, this objective obligation does not inevitably entail a subjective right of individuals to demand, through jurisdictional bodies, that a specific measure be taken, but it does entail the right for measures that are suitable for safeguarding that right to be adopted, in the face of openly negligent attitudes by authorities, or by natural and legal persons, in accordance with the recognized theory of the horizontal effect of fundamental rights (Drittwirkung der Menschenrechte), among whose procedural manifestations is protection (amparo) against subjects of private law.

It is also of interest to highlight that the Inter-American Court of Human Rights, in Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 2017, developed matters related to state obligations regarding the environment, in the interest of safeguarding the human rights enshrined in the American Convention on Human Rights.

In that opinion, the Court recognized the interrelationship between environmental protection and the realization of other rights, insofar as environmental degradation affects the effective enjoyment and development of human rights. In this regard, it stated:

"47. This Court has recognized the existence of an undeniable relationship between environmental protection and the realization of other human rights, as environmental degradation and the adverse effects of climate change affect the effective enjoyment of human rights. Likewise, the preamble of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (hereinafter "Protocol of San Salvador"), highlights the close relationship between the exercise of economic, social and cultural rights - which includes the right to a healthy environment - and civil and political rights, and indicates that the different categories of rights constitute an indissoluble whole that finds its basis in the recognition of the dignity of the human person, for which they require permanent protection and promotion in order to achieve their full exercise, without the violation of some ever being justified for the sake of the realization of others (…)

49. For its part, the Inter-American Commission has emphasized that several fundamental rights require, as a necessary precondition for their exercise, a minimum environmental quality, and are profoundly affected by the degradation of natural resources. In the same sense, the General Assembly of the OAS has recognized the close relationship between environmental protection and human rights (supra para. 22) and highlighted that climate change produces adverse effects on the enjoyment of human rights. 50. In the European sphere, the European Court of Human Rights has recognized that severe environmental degradation can affect the well-being of the individual and, consequently, generate violations of persons' rights, such as the rights to life, to respect for private and family life68, and to private property. Similarly, the African Commission on Human and Peoples' Rights has indicated that the right to a 'general satisfactory environment, favorable to development' is closely related to economic and social rights to the extent that the environment affects the quality of life and security of the individual (…) 52. On the other hand, there is broad recognition in international law of the interdependent relationship between environmental protection, sustainable development, and human rights. This interrelationship has been affirmed since the Stockholm Declaration on the Human Environment (hereinafter "Stockholm Declaration"), where it was established that '[e]conomic and social development is essential for ensuring a favorable living and working environment for man and for creating conditions on earth that are necessary for the improvement of the quality of life,' affirming the need to balance development with the protection of the human environment. Subsequently, in the Rio Declaration on Environment and Development (hereinafter "Rio Declaration"), States recognized that '[h]uman beings are at the center of concerns for sustainable development' and, at the same time, stressed that 'in order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process.' In follow-up to the foregoing, the Johannesburg Declaration on Sustainable Development established the three pillars of sustainable development: economic development, social development, and environmental protection. Likewise, in the corresponding Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development, States recognized the consideration that must be given to the possible relationship between the environment and human rights, including the right to development. 53. Furthermore, upon adopting the 2030 Agenda for Sustainable Development, the United Nations General Assembly recognized that the scope of human rights for all people depends on the achievement of the three dimensions of sustainable development: economic, social, and environmental. In the same sense, several instruments within the inter-American sphere have referred to environmental protection and sustainable development, such as the Inter-American Democratic Charter, which provides that '[t]he exercise of democracy facilitates the preservation and proper management of the environment,' for which reason 'it is essential that the states of the Hemisphere implement policies and strategies to protect the environment, respecting the various treaties and conventions, to achieve sustainable development for the benefit of future generations' (…) 55. As a consequence of the close connection between environmental protection, sustainable development, and human rights (supra paras. 47 to 55), currently (i) multiple systems of human rights protection recognize the right to a healthy environment as a right in itself, particularly the inter-American human rights system, while there is no doubt that (ii) multiple other human rights are vulnerable to environmental degradation, all of which entails a series of environmental obligations for States for the purpose of fulfilling their obligations to respect and guarantee these rights. Precisely, another consequence of the interdependence and indivisibility between human rights and environmental protection is that, in determining these state obligations, the Court may make use of the principles, rights, and obligations of international environmental law, which, as part of the international corpus iuris, contribute decisively to establishing the scope of the obligations derived from the American Convention on this matter (supra paras. 43 to 45) (…) 59. The human right to a healthy environment has been understood as a right with both individual and collective connotations. In its collective dimension, the right to a healthy environment constitutes a universal interest, owed to both present and future generations. Now, the right to a healthy environment also has an individual dimension, to the extent that its violation can have direct or indirect repercussions on persons due to its connection with other rights, such as the right to health, personal integrity, or life, among others. Environmental degradation can cause irreparable harm to human beings, for which a healthy environment is a fundamental right for the existence of humanity."

This interrelationship between the environment and the enjoyment of other human rights has also been recognized by the United Nations Human Rights Council, which, in resolution A/HRC/RES/46/7, adopted on March 23, 2021, at the 46th session, held:

"Recognizing also that sustainable development and environmental protection, including ecosystems, contribute to human well-being and to the enjoyment of human rights, in particular the rights to life, the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, an adequate standard of living, adequate food, safe drinking water and sanitation, and housing, and cultural rights."

Also, recently, in resolution A/HRC/RES/48/13, adopted on October 8, 2021, that Council stated:

"(…) Recognizing that sustainable development, in its three dimensions (social, economic and environmental), and the protection of the environment, including ecosystems, contribute to and promote human well-being and the enjoyment of human rights, including the enjoyment of the rights to life, the highest attainable standard of physical and mental health, an adequate standard of living, adequate food, housing, safe drinking water and sanitation, and participation in cultural life, for present and future generations (…)

Recognizing further that environmental degradation, climate change and unsustainable development constitute some of the most pressing and serious threats to the ability of present and future generations to enjoy human rights, including the right to life (…)

Recognizing the importance of a clean, healthy and sustainable environment as fundamental to the enjoyment of all human rights (…)

1. Recognizes the right to a clean, healthy and sustainable environment as a human right important for the enjoyment of human rights;

2. Notes that the right to a clean, healthy and sustainable environment is related to other rights and existing international law (…)". (Highlighting does not correspond to the original).


In this way, the particular relevance of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment is reflected, whose defense transcends the protection of this constitutional good in itself, since its preservation constitutes an essential factor for the effective safeguarding of other primordial goods of the human being (such as life, health, property, equality), so that if the former fails, the effective safeguarding of the latter is not achieved.

Beyond the foregoing, the Inter-American Court of Human Rights, in the aforementioned advisory opinion, recognized the right to a healthy environment as an autonomous right, susceptible to protection independently of any risk of harm to individual persons. In this regard, it stated:

"62. This Court considers it important to emphasize that the right to a healthy environment as an autonomous right, unlike other rights, protects the components of the environment, such as forests, rivers, seas, and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence regarding the risk to individual persons. It is about protecting nature and the environment not only because of their connection to a utility for human beings or because of the effects that their degradation could cause on other rights of individuals, such as health, life, or personal integrity, but because of their importance for the other living organisms with whom the planet is shared, also deserving of protection in themselves. In this sense, the Court notes a trend toward recognizing legal personhood and, therefore, rights to nature not only in judicial rulings but even in constitutional orders. 63. Thus, the right to a healthy environment as an autonomous right is distinct from the environmental content that arises from the protection of other rights, such as the right to life or the right to personal integrity." (Highlighting does not correspond to the original).

This stance was adopted in the judgment of February 6, 2020, regarding the case "Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat Association (Our Land) v. Argentina", in which, overcoming an anthropocentric approach, the IACHR affirms that the right to a healthy environment, besides being fundamental for the very existence of the human being, constitutes an autonomous and universal right, so that the protection of various components of the environment (such as forests, seas, rivers, and others) constitutes a legal interest in itself. In the words of the IACHR: "It is about protecting nature," not only for its "utility" or "effects" regarding human beings, "but because of its importance for the other living organisms with whom the planet is shared." Given the transcendence of this affirmation, it is appropriate to transcribe this section of the aforementioned resolution:

"203. The Court has already referred to the content and scope of this right, considering various relevant norms, in its Advisory Opinion OC-23/17, so it refers to that pronouncement. It affirmed on that occasion that the right to a healthy environment 'constitutes a universal interest' and 'is a fundamental right for the existence of humanity,' and that 'as an autonomous right […] it protects the components of the […] environment, such as forests, seas, rivers and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence about the risk to individual persons. It is about protecting nature,' not only for its 'utility' or 'effects' regarding human beings, 'but because of its importance for the other living organisms with whom the planet is shared.' The foregoing does not, of course, preclude other human rights from being violated as a consequence of environmental damage." (Highlighting does not correspond to the original).

Based on the foregoing, this Chamber, as guarantor of fundamental rights, must ensure respect for conventional and constitutional obligations, which constrain the State not only to recognize the rights enshrined therein but also to impose the legal measures required for their safeguarding.

V.- ON THE REGULATION OF PESTICIDES. In this regard, recently, in judgment no. 2021019096 of 9:15 a.m. on August 27, 2021, this Court established:

"VI.- ON THE REGULATION OF PESTICIDE USE. As indicated above, the rights to life, health, and a healthy environment are fundamental rights regulated in Articles 21 and 50 of the Political Constitution, and their protection is of public interest. Precisely for this reason, the State has the obligation, in order to protect the health of the population and the environmental precautionary principle, to regulate the use of chemical or related substances for agricultural use, so that they are handled correctly, reasonably, and do not generate risks to human health and the environment. Furthermore, it also has the responsibility to guarantee the well-being of citizens and an ecologically balanced environment. Regarding this, the Chamber has established that the State must play a guarantor role with respect to the proper use of pesticides and the avoidance of their harmful effects on health and the environment. In this sense, in Judgment No. 2004-13968 of 11:35 a.m. on December 3, 2014, it stated:

'III.- That report [FOE-AM-19/2004 of October 20, 2004, conducted by the Area of Agricultural and Environmental Services of the Division of Operational and Evaluative Oversight of the Office of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República), on the evaluation of the State's management regarding the control of agricultural pesticides, originated from the need to oversee the administrative process related to one of the most pressing environmental problems that the country must resolve, which is the use of chemical, biological, or related substances in agricultural activities, and given the need for the State to intervene by exercising a regulatory function over the use of agrochemicals, which guarantees farmers the availability on the market of effective products for fighting pests and, at the same time, the protection of the health of the general citizenry and their right to a healthy and ecologically balanced environment. It was indicated in the report that this control is mainly exercised by the Ministry of Agriculture and Livestock, through the State Phytosanitary Service, which must work in coordination with the Ministry of Health and the Ministry of Environment and Energy, regarding the control of impacts on health and the environment, as well as with the Ministry of Finance regarding the import and exoneration of such products.

Its general objective was to evaluate the State's management regarding the control of pesticides used in agricultural activities and their effect on the environment and human health, mainly the actions of the State Phytosanitary Service of the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG); and the specific objectives of the study were: a) to evaluate national policies and stewardship in the field of pesticide use control, identifying the participating institutions and their competencies, b) to evaluate the pesticide registration process in the country and associated regulations, c) to evaluate the exoneration and import process for pesticides in the country, and d) to evaluate the oversight and monitoring of pesticide use.
IV.- In that report, the Comptroller General concluded that the State Phytosanitary Service (SFE) does not fulfill its creation objectives with efficiency and adherence to the principle of legality, which call upon it to regulate, execute, and oversee the registration and use of agrochemicals, within the framework of agricultural activity in harmony with nature and with faithful compliance with the constitutional principles of the right to life, health, and a healthy environment. It determined that, on the contrary, the actions of said body are oriented toward facilitating the registration and commercialization of such substances, justified by a supposed interest in improving the competitiveness of agricultural producers, but rather, those objectives seem directed at promoting competition in the pesticide market, above the constitutional rights of the farmers themselves and the environmental and human health principles. It concluded that the companies most benefited by the SFE's facilitating function have been companies dedicated to the sale of agrochemicals, especially so-called generics, to the detriment of producers and consumers of agricultural goods. It clarified that this does not mean that pesticides of this type cannot be registered in the country, but rather that their registration must be done respecting the regulations and ensuring the Costa Rican population the protection of their health and the fundamental right they have to a healthy and ecologically balanced environment, and protecting the national farmer's right to have good quality inputs; without prejudice to the necessary actions that the State must execute to seek the gradual reduction of pesticide use and the promotion of alternative mechanisms. These considerations motivated the Comptroller General of the Republic to issue a series of final provisions directed to the President of the Republic and the Ministers of National Planning and Economic Policy, Agriculture and Livestock, Health, Environment and Energy, and Economy, Industry and Commerce, as well as to the Internal Auditor of the Ministry of Agriculture and Livestock."
Similarly, in Judgment No. 2006-09565, of 4:08 p.m. on July 5, 2006, this Court considered:
"(…) it is evident that the Costa Rican State has the duty to act effectively and in advance, to prevent the occurrence of events that degrade the environment and compromise its sustainability."
And, in No. 2011-016937 of 2:36 p.m. on December 7, 2011, it ordered:
"(…) VIII.- ON THE REGULATION REGARDING PESTICIDE REGISTRATION. The adequate use of pesticides can be useful for the control and elimination of pests, benefiting the food security of the population and the economic activity based on agricultural production. However, the potential risk that the use of such substances may pose to human health and the environment must be recognized. This has even motivated the adoption of international instruments with the express objective of protecting human health—including the health of consumers and workers—and the environment from the possible harmful effects of pesticides, as is the case of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade, which was approved by Costa Rica, through Law No. 8705 of February 13, 2009.
(…) this Court has recognized the risk that the use of pesticides may entail and the importance of adopting suitable measures to regulate their use. In the Costa Rican legal system, there is diverse legal and regulatory legislation from which it is derived that the activity of importing, manufacturing, commercializing, and using pesticides is heavily subjected to the State's police power, in order to guarantee the right to health and to a healthy and ecologically balanced environment."
VII.- ON THE MERITS. In the case under study, as indicated by the respondent authorities, the herbicide under the trade name "Paraquat" has been classified by the World Health Organization as a moderately hazardous pesticide (Class II), reason for which, since 2017, an inter-institutional commission was formed, composed of representatives from the Ministry of Agriculture and Livestock, the Ministry of Health, the Ministry of Environment and Energy, and the Ministry of Labor and Social Security, who produced a report warning about the risks that said chemical produces to public health, occupational health, and the environment. Because of this, they drafted a proposed executive decree (decreto ejecutivo) called "Prohibition of the registration, import, export, manufacture, formulation, storage, distribution, transport, repackaging, refilling, handling, sale, mixing, and use of technical-grade active ingredients and formulated synthetic pesticides containing the active ingredient 1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridylium (paraquat) and its salts." In this regard, it is necessary to indicate that despite the fact that since 2018, the project was submitted for public consultation and for consideration by the Ministers of the portfolios of Agriculture and Livestock, Environment and Energy, Labor and Social Security, and Health, subsequently, its processing was abandoned, without this Chamber being aware of a reason justifying such inactivity or the issuance of any administrative act concluding said procedure for whatever reasons. At the same time, the Chamber notes with interest that it is through the reports rendered on the occasion of this amparo that the departments of the Ministry of Environment and Energy and of Labor and Social Security advocate for its approval and publication, in the interest of protecting the environment and public health. In his defense, the Minister of Health reiterates what was already expressed to the petitioner, in the sense that "…The proposed regulation you mention did not materialize because, from the end of last year until now, the ministries of Agriculture and Livestock, Health, and Environment and Energy have been carrying out arduous work regarding the regulations on agrochemicals in our country, prioritizing the issue of renewing existing registrations, as well as the registration of new molecules, which, once finalized, will allow the regulation of interest, such as the decree you are inquiring about, to be analyzed and enacted, without generating contradictions with the review and updating work on the subject that has been carried out and is expected to be completed soon." Thus, the foregoing confirms the fact that from 2018 to 2020, the approval procedure for said regulation was left in limbo, despite the fact that in 2019, the Office of the Ombudsman asked the Minister of Health to report on the procedure given to the documents and proposals for the executive decree (decreto ejecutivo) prepared by the inter-institutional commission, in relation to glyphosate and paraquat. Following this line, it is clear that this Chamber is not a technical body that can determine whether said product should be prohibited or not, nor can it replace the active administration in the management of its competencies, since it is not its place to usurp the powers legally conferred on other departments or bodies. Therefore, this Chamber lacks jurisdiction to review the technical criteria that serve as the basis for the draft of the executive decree (decreto ejecutivo) in question, as well as to determine, among different divergent criteria, which one should be applied or prevail, since, as can be observed with crystal clarity, the respondent state authorities hold absolutely opposing criteria regarding the effects produced by the use of the pesticide known as paraquat on human health and the environment in general. This Chamber cannot, in this particular case and, because it is a strictly technical matter, endorse the criterion of one public authority to the detriment of another, when the respondents are specialists in the matter under study and base their criteria on scientific studies issued for this purpose. Much less could it proceed to analyze each of the technical studies submitted to the case file by the parties, as well as by the passive coadjuvant, to finally determine which of them all should prevail given the circumstances described in this process and, consequently, compel the approval and publication of the regulation. However, in the interest of protecting the right to health and the environment, and in accordance with the precautionary principle, it is on record that the State has already issued Executive Decree No. 34139-S-MAG-TSS-MINAE, of April 9, 2007, which regulates the registration, manufacture, formulation, repackaging, storage, sale, mixing, commercialization, and use, of raw material or formulated product, of products containing the agricultural pesticide paraquat dichloride, with the aim that they are handled correctly and reasonably, and do not generate unacceptable risks to human health and the environment. Thus, despite the fact that the result that the approval or rejection of the draft executive decree (decreto ejecutivo) will have in the legal system is unknown, it is considered that, as of today, the population and the environment are not completely unprotected.
VIII.- Along those lines, it is important to mention that the pro natura precautionary principle implies anticipating negative effects and ensuring the protection, conservation, and adequate management of natural resources. Consequently, this principle, or the guiding principle of prevention, is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or people's health. Within this framework, constitutional jurisprudence has provided that in the event that there is a risk of serious or irreversible damage—or a doubt in this regard—precautionary measures must be adopted and even the activity in question postponed. The foregoing is because, in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, given that if the biologically and socially harmful consequences have already occurred, repression may have moral significance, but it will hardly compensate for the damages caused to the environment or health. It is thus that, nowadays, the precautionary action of the State must be directed toward environmental protection even though there is no conclusive evidence reflecting a cause-effect relationship between the activity being carried out and the possible harmful consequences resulting from it, using the best available techniques to minimize possible damages and dangers to nature and the environment. For this reason, the Costa Rican legal system itself has imposed, at the legal level, the requirement to carry out prior studies before executing an activity that could eventually have harmful effects on the environment, and which, based on the foregoing, constitute constitutionally imposed duties to guarantee the right of all to enjoy health and a healthy and balanced environment (in a similar sense, see Judgment No. 2010-007292, of 7:08 p.m. on April 20, 2010). In this regard, the Chamber considers that in the case under analysis, the right to prompt and complete justice has been violated in relation to the precautionary principle, which does not allow passive action by the State regarding the protection of the inhabitants' health and the environment. Note that four years have passed since the inter-institutional commission composed of officials from the Ministry of Agriculture and Livestock, the Ministry of Health, the Ministry of Environment and Energy, and the Ministry of Labor and Social Security prepared the report: "Paraquat: risks to public health, occupational health, and the environment" and the draft decree "Prohibition of the registration, import, export, manufacture, formulation, storage, distribution, transport, repackaging, refilling, handling, sale, mixing, and use of technical-grade active ingredients and formulated synthetic pesticides containing the active ingredient 1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridylium (paraquat) and its salts"; and, to date, the position of the Minister of Health on the matter is unknown. It is noted that both the Minister of Environment and Energy and the Minister of Labor and Social Security at that time stated they were in agreement with enacting said regulation, but the Minister of Agriculture and Livestock was not. In his defense, the Minister of Health alleged that "…The proposed regulation you mention did not materialize because, from the end of last year until now, the ministries of Agriculture and Livestock, Health, and Environment and Energy have been carrying out arduous work regarding the regulations on agrochemicals in our country, prioritizing the issue of renewing existing registrations, as well as the registration of new molecules, which, once finalized, will allow the regulation of interest, such as the decree you are inquiring about, to be analyzed and enacted, without generating contradictions with the review and updating work on the subject that has been carried out and is expected to be completed soon (…)". However, it is no excuse that since last year, the health authorities have been working on agrochemical regulations, given that said draft was brought to the attention of said authority in 2018, that is, two years before they began studying the matter. Thus, this delay has generated uncertainty about the prohibition or not of an agrochemical product, and therefore there is an administrative delay (mora administrativa) that could eventually constitute a threat to health and the environment. At the same time, this situation has meant that the technical criteria used to issue the report that gave rise to the project alleged by the petitioner must be reviewed and updated, which is why the respondent authorities must verify the existence of new scientific and technological advances that could provide new elements to demonstrate whether or not the pesticide paraquat effectively damages health and the environment.
IX.- CONCLUSION. Specifically, the Chamber does not have clear and compelling elements to determine, through an amparo proceeding, whether the pesticide must be prohibited because it is harmful or not, and, consequently, whether its commercialization and use in the country must be prohibited, given that any proposal tending to restrict or prohibit the agricultural use of a pesticide in the country must observe the procedures previously established for that purpose by the legal system, which must be carried out within reasonable timeframes, and the Chamber cannot compel the enactment or not of an executive decree (decreto ejecutivo) within a reasonable time, without demonstrating, through updated technical and scientific studies, that the product damages health or the environment. Even so, in the sub lite case, what is verified is that there has been an unjustified delay in the resolution regarding the approval or rejection of the project proposal by the Ministry of Health, which has caused that, to date, the report that gave rise to the project in question is outdated, which is necessary to justify, as of today, the draft Regulation. Consequently, the appropriate course is to declare the recourse with merit, with the consequences indicated in the operative part of this judgment."
VI.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite case, the petitioner, in her capacity as Ombudsman, considers the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment injured. She alleges that on April 21, 2021, she received a complaint signed by the president of the National Chamber for the Promotion of Apiculture, in which he pointed out that the total prohibition of products containing Fipronil as an active ingredient, an insecticide for agricultural and veterinary use, had been requested before the MAG, the Ministry of Health, and MINAE, because it has been responsible for the massive death of bees in Costa Rica. She states that due to the environmental impact and the risk to human health caused by Fipronil, its import, export, manufacture, formulation, storage, distribution, transport, repackaging, refilling, handling, sale, mixing, and use must be prohibited; in addition, she requests the cancellation of all registrations for products containing that active ingredient, both for agricultural and veterinary use.
From the study of the case file, it is demonstrated that, on April 7, 2021, through official letter No. CNFA-JD-009-2021, Mr. Juan Bautista Alvarado Barrantes, president of the National Chamber for the Promotion of Apiculture, filed a request before the ministries of Health, Environment and Energy, and Livestock and Agriculture, in which he requested: "Prohibit the registration, import, export, manufacture, formulation, storage, distribution, transport, repackaging, refilling, handling, sale, mixing, and use of technical-grade active ingredients and formulated synthetic pesticides containing the active ingredient FIPRONIL (…) Cancel the registration of all formulated products that contain Fipronil as an active ingredient and whose approved uses include application on agricultural crops or on domestic animals, livestock." The foregoing, due to the impact generated on bees. On April 9, 2021, the Ministry of Health forwarded official letter No. CNFA-JD-009-2021, signed by Mr. Juan Bautista Alvarado Barrantes, to engineer Eugenio Androvetto Villalobos, for attention to the filed complaint. On April 12, 2021, through official letter No. MS-DPRSA-0240-2021, engineer Eugenio Androvetto Villalobos requested from the Directorate of Products of Sanitary Interest the corresponding criterion regarding the request of Mr. Juan Bautista Alvarado Barrantes, in order to prepare a recommendation for the Office of the Minister of Health. On May 10, 2021, the Directorate of Regulation of Products of Sanitary Interest of the Ministry of Health issued technical report No. DRPIS-VU-036-2021, in which it was stated: "Fipronil (chemical formula: C12H4Cl2F6N4OS, CAS No.: 120068-37-3. Trade names: A.S. Myl, Albatros, Bemol, Blitz, Chipco Choice, Cosmos, Fulminante, Goliath Gel, Klap, Maxforce, Regent, Sofion, Termidor, Thunder, Tim-Bor, Tripzell, Weedcop, Zetanil), is a broad-spectrum insecticide and a veterinary use substance belonging to the phenylpyrazole group, which is used for the control of ants, cockroaches, fleas, ticks, termites, and other insects. Fipronil can be marketed in granular form products, seed treatment, topical products for pet care, gel baits, liquid termiticides, and in agriculture. According to information consulted on the website of the State Phytosanitary Service (SFE), in Costa Rica its use has been approved in liquid and solid formulations for agricultural use, containing 20.0% m/v and 0.003% m/m of the active ingredient, respectively, and its use is authorized in crops of sweet pepper, orange, pineapple, ornamental plants, coffee, and oil palm (…) In Costa Rica, 3 registrations for the Technical Grade Active Ingredient (IAGT) Fipronil have been approved, all under Law No. 8702; said law provides that the registrant only needs to provide a summary of the tests establishing the toxicological characteristics of the substance, which is why this IAGT was not evaluated meticulously by the Ministry of Health. At the level of formulated products, there are 14 registrations, 7 of which are exclusively for export. According to data provided by the Residue Control Unit of the SFE's Agrochemicals Department, during 2019, Fipronil was detected above the Maximum Residue Limit (MRL) with a frequency of 44 times in chili pepper and 8 in coriander. In the case of matrices of animal origin for human consumption (meat, eggs, or milk), according to a consultation made to the National Animal Health Service (SENASA), at the moment said laboratory does not have available information on possible non-compliances with the MRL, because they do not have the analytical standard for Fipronil-sulfone necessary for its evaluation (by definition, Fipronil residues are expressed as the sum of Fipronil and Fipronil sulfone) so both must be detectable. Globally, currently, the use of Fipronil is approved in Belgium and the Netherlands under Regulation No. 1107/2009; it is also used in Australia and in the United States where it was approved in 1996. In the case of the European Union, Fipronil was included in Annex I of Directive 91/414/EEC on October 1, 2007, and also through Directive 2007/52/EC. It was considered approved under Regulation (EC) No. 1107/2009 and in accordance with Commission Implementing Regulation (EU) No. 540/2011, amended by Commission Implementing Regulation (EU) No. 541/2011. Despite the foregoing, according to Regulation (EC) 1107/2009, its use in plant protection products was not authorized and its use in animals intended for human consumption is prohibited, although according to Commission Directive 2010/21/EU, there are specific provisions to allow its use as a seed treatment and only where seed coating is carried out in professional treatment facilities applying the best techniques to ensure that the release of dusts or mists during application, storage, and transport can be minimized. It should be noted that these measures were mainly adopted for the protection of bees and no human health criteria have been set forth for the subsequent modifications made after its approval in the European Union. The EU established an MRL in products of plant and animal origin of 0.005 mg/kg according to Reg. (EU) 2019/1792, modifying the old MRLs that were higher in some matrices; this taking into consideration the bioaccumulation potential, the affinity for fatty tissues of the active ingredient, and the ADI. Therefore, special importance must be given to the carcinogenic potential from chronic exposure, in case new technical data are determined that evidence a real risk, and it is necessary to restrict or prohibit agricultural use in Costa Rica. 5. Conclusion Considering the information provided by the main international authorities, as well as those responsible for monitoring pesticide residues in Costa Rica, it is necessary to highlight that: a. In the case of SENASA, it would be very valuable to have information on the presence of this IAGT in animal matrices for human consumption, to determine if there is an associated risk by that route; however, for the reasons stated above, that information is not available. b. According to the SFE, there are exceedances of the MRL in products of agricultural origin. c. The criterion of the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health of the Ministry of Health is necessary to know if they have carried out control or oversight actions related to Fipronil in addition to those mentioned in sources for water consumption, considering that according to the SFE anomalous cases have been reported and that the surveillance and oversight procedures for agricultural use substances are outside the competencies of the Registration Unit. Therefore, and according to the available data, this Unit considers that the IAGT Fipronil does not represent an unacceptable risk to human health, as long as it is used under good agricultural practices, complying with label instructions, and respecting the maximum residue limits in approved crops; and additionally, it advocates for the importance of oversight of residues in food and effects on public health, by the responsible entities." On May 26, 2021, the Director of the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health of the Ministry of Health signed official letter No. MS-DPRSA-417-2021, addressed to the Minister of Health, in which he stated: "In conclusion, the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health, based on the information consulted and available data, does not consider that Fipronil represents an unacceptable risk to human health, as it is evidenced to be for invertebrate organisms and other species. However, it is of interest to this Directorate to participate in the formation of a technical team with the corresponding authorities to work on the specific regulation of this substance." On June 4, 2021, through official letter No. MS-DM-4603-2021, addressed to Mr. Juan Bautista Alvarado Barrantes, the Minister of Health indicated: "Regarding this matter, I inform you that the situation of health effects by fipronil is under analysis, and also Mrs. Andrea Meza Murillo, Minister of MINAE through DM-0374-2021 (attached) requests 'that a technical working group be formed urgently to compile the file required for the normative regulation of this substance as soon as possible.' Due to the foregoing, we are working on the corresponding studies, and we will inform you of the progress at the time you so require." On June 8, 2021, the Minister of Health issued official letter No. MS-DM-4665-2021, by which the conclusions of official letters MS-DPRSA-417-2021 and DRPIS-VU-036-2021 were communicated to Mr. Juan Bautista Alvarado Barrantes; in addition, he was informed that investigative efforts would continue, as part of the actions of the inter-institutional technical team, for the specific regulation of this substance Fipronil. Through official letter No. MS-DM-4668-2021 of June 9, 2021, addressed to the Ombudsman, the Minister of Health stated: "In response to your official letter No. 05444-2021-DHR-(CV), I hereby describe below the actions we have taken regarding the matter denounced by Mr. Juan Bautista Alvarado Barrantes, concerning the use of the pesticide Fipronil: a) On April 7, official letter CNFA-JD-009-2021 was received, where Mr. Alvarado Barrantes 'requests the total and definitive prohibition of the import, export, manufacture, formulation, storage, distribution, repackaging, refilling, advertisement, handling, mixing, sale, use, and the cancellation of the registration of all formulated products that contain Fipronil as an active ingredient and whose approved uses include application on agricultural crops or on domestic animals, livestock.' b) Said official letter was forwarded for pertinent attention to Eng. Eugenio Androvetto Villalobos, Director of Radiological Protection and Environmental Health, (document No. HT-843-2021), who in turn made the corresponding consultation to the Directorate of Regulation of Products of Sanitary Interest. c) Official letter is received from Mrs. Andrea Meza Murillo, Minister of MINAE through DM-0374-2021 (attached) requesting 'that a technical working group be formed urgently to compile the file required for the normative regulation of this substance as soon as possible.' d) With official letter MS-DM-4603-2021 (attached), a response is given to note CNFA-JD-009-2021 from Mr. Juan Bautista Alvarado. e) Regarding the requested technical criterion, official letters MS-DPRSA-417-2021 and DRPIS-VU-036-2021 are received, copies of which I also attach, which contain the preliminary technical criterion on the pesticide in question, as input for the inter-institutional commission to be established, requested through official letter from Andrea Meza Murillo, Minister of MINAE. f) As an addendum to the previous official letter, with note MS-DM-4665-2021 (attached) addressed to Mr. Bautista Alvarado, the criteria cited in point b) are forwarded to him. It is worth noting that the situation of health effects by Fipronil is under analysis, and also Mrs. Andrea Meza Murillo, Minister of MINAE through DM-0374-2021 (attached) requests 'that a technical working group be formed urgently to compile the file required for the normative regulation of this substance as soon as possible.' Finally, to reiterate that internally, progress was made in requesting criteria from the corresponding technical teams on the health effects that fall within the purview of this ministry, with a view to forming the commission mentioned in the official letter from MINAE (DM-0374-2021), in which the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health will have an active participation and designated a representative."

On June 17, 2021, official communication no. MS-DPRSA-547-2021 was issued, signed by engineer Eugenio Androvetto Villalobos, addressed to Minister Daniel Salas Peraza, by which Ms. Dorell Rojas Fonseca of the Radiological Protection Unit was designated to form the working group for the regulation of Fipronil. Likewise, on June 17, the Minister of Environment and Energy was informed that the aforementioned official would be the member of the working team. On June 22, 2021, through official communication no. MS-DM-4888-2021, the Minister of Health informed the Minister of Environment and Energy of the inclusion of officials Andrés Araya Brenes and Karol Masís Díaz, both from the Directorate of Products of Sanitary Interest, to form the working team. On July 14, 2021, the first meeting of the technical team was held, in which officials from MINAE, the Ministry of Health, SENASA, and the State Phytosanitary Service participated, and the following agreements were recorded in the minutes: “Agreement 1: The team will begin to deal solely with the mortality of bees regarding the issue of the substance fipronil (…) Agreement 2: Seek a way to have a platform where everyone can have access to the information (…) Agreement 3: Andrés Araya from the Ministry of Health will send by email the report that was prepared from the registry and Esaú Miranda will send the regulatory proposal that has been worked on in the State Phytosanitary Service to Inti Acedo (…) Agreement 4: Work will continue with those who do not have an impediment due to a directive. Agreement 5: The next meeting will be held on August 4, 2021, from 1:30 p.m. to 3:00 p.m. (…) Agreement 6: The table will be included in a folder to which everyone will have access to populate it. Agreement 7: Inti Acedo will communicate when the shared folder problem is resolved.” On August 4, 2021, the second meeting of the technical team was held, and the minutes recorded: “Agreement 1: In the Technical Team for regulating fipronil folder, the main Fipronil folder will be found, as well as other topics related to other substances in subfolders (…) Agreement 2: Begin compiling the different observations on each document and, based on that information, see what additional approaches they can make to gather information and make progress. Agreement 3: Evaluate the regulation of the use of fipronil instead of its prohibition (…) Agreement 4: The participating colleagues from the Ministry of Environment and Energy will inquire about the status of the directive (…) Agreement 5: SENASA will send the technical report addressed to Inti Acedo (…) Agreement 6: Each person will populate the table with contributions or comments for each document and thus make recommendations on the documents once they are reviewed in detail (…) Agreement 7: For the next meeting, there will be a list of observations and additional information for the documents to be reviewed (…) Agreement 8: The next meeting will be held on September 1 at 1:00 p.m.” On August 23, 2021, official Dorell Rojas Fonseca, from the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health of the Ministry of Health, requested via email from the National Poison Control Center information on human poisonings, whether due to improper use or occupational exposure, reported during the last five-year period. Through official communication no. MS-DPRSA-692-2021 of August 23, 2021, the Director of Radiological Protection and Environmental Health of the Ministry of Health requested from the Director General of Health information on the handling of complaints of human poisoning with products whose active ingredient is Fipronil. On August 25, 2021, official Dorell Rojas Fonseca, from the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health of the Ministry of Health, consulted, via email, the head of the Epidemiology Unit of the Health Surveillance Directorate for documented information during the period between 2016 and 2021 regarding reports of cases of people poisoned by pesticides whose active ingredient is Fipronil, whether due to improper use or occupational exposure, among other factors that could cause this situation. Through official communication no. MS-DGS-3607-2021 of August 27, 2021, the Director General of Health requested from the regional directors information on the handling of complaints of human poisoning with products whose active ingredient is Fipronil. The acting minister of Environment and Energy reports that Fipronil is a broad-spectrum contact and stomach insecticide, and there are products for domestic, veterinary, and agricultural use with this active ingredient. Likewise, he asserts that it is authorized for cotton, sugarcane, coffee, sweet pepper, citrus, oil palm, pineapple, ornamental plants, and fruit trees. On an undetermined date in 2021, the Environmental Assessment Unit for Agricultural Inputs of the Directorate of Environmental Quality Management of MINAE issued the “Bee Mortality Report 2021,” which stated: “(…) At the national level, during 2020, concern has arisen due to two bee mortality events that were reported. One was on May 8 in Esparza, Puntarenas, and the other was on August 12 in Orotina, Alajuela, where the Unit of Residues and Contaminants in Food of Terrestrial Origin of the National Animal Health Service of the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG) reported that the analyzed samples (bee from the hive) from both sites showed the presence of the pesticide Fipronil. Additionally, in the sample from Orotina, another pesticide, Trifloxystrobin, was detected. As a consequence of the aforementioned events, the beekeepers of Costa Rica called upon the MAG authorities to restrict and prohibit the use of fipronil and trifloxystrobin. They also urged the initiation of a training program for farmers on the use and proper handling of all chemical substances potentially harmful to bees (…) Based on the information gathered from the previously cited bee mortality events, this report was prepared with the objective of determining the risk to bees associated with the agricultural use authorized in Costa Rica for products formulated with fipronil and trifloxystrobin (…) General Information on Fipronil. Fipronil is a broad-spectrum insecticide that is no longer approved for use on crops in the EU; however, it can be used as a veterinary treatment for the control of parasites in animals not intended for the food chain. Fipronil, CAS number 120068-37-3, has low water solubility, low volatility, and is not very mobile in the environment. It can be quite persistent in soil systems but less so in aquatic and sediment systems. It is very toxic to humans and can bioaccumulate. It is considered a neurotoxicant and irritant to both eyes and skin. Fipronil is very toxic to mammals, birds, and bees, but somewhat less so to fish, aquatic invertebrates, aquatic plants, and earthworms (…) GENERAL CONCLUSION The results of the environmental risk assessment for the Active Grade Technical Ingredients (IAGTs) detected in bee samples collected in two mortality events of these insects, fipronil and trifloxystrobin, demonstrated that only for fipronil do the currently authorized agronomic uses represent unacceptable risks to bees, both at the highest approved dose and at the lowest. Bees are the species taken as representative of pollinating insects, so this poses a risk not only to their populations but also to the biodiversity of ecosystems and the very stability of human beings, who depend on the pollination work carried out by bees. Furthermore, the ecotoxicological data for fipronil raise concern for other organisms in the ecosystem, as it is considered highly toxic to birds, fish, and aquatic invertebrates, and very highly toxic to algae. Additionally, it is moderately persistent in soil and in water/sediment systems, and when it degrades, it produces other metabolites that are persistent. These results suggest that the currently registered products containing fipronil may be causing environmental damage, and that the environmental damage is not only associated with the indiscriminate or intentional use of these products. Therefore, based on the results of the environmental risk to bees, as well as the hazard alerts for fipronil, and the fact that the products registered with this IAGT do not have the environmental endorsement of this ministry, we consider that, in order to safeguard the environment, it is essential that the current registrations for this pesticide be canceled. The foregoing in accordance with the provisions of numeral 13 of DE 33495 or numerals 14.1.3.1 and 14.2.1.2 of DE 40059 and Articles 29 and 30 of Law 7664, the Phytosanitary Protection Law, regarding suspensions and cancellations of registration. Likewise, pertinent actions must be taken for the prohibition of the use of this IAGT at the national level, not only in agriculture. Regarding trifloxystrobin, although a risk to bees associated with its agronomic use was not demonstrated, it is important to highlight that it is very highly toxic to aquatic organisms (fish, invertebrates, and algae) (…) 4. PETITION According to the information gathered and analyzed in this report, an unacceptable risk to pollinators can be concluded from the effects of the use of the insecticide fipronil, and therefore, an unacceptable risk to the biodiversity of ecosystems and the very stability of human beings, who depend on the pollination work carried out by bees, as well as a high hazard to birds and aquatic organisms. The use of insecticides such as fipronil is a controllable situation, unlike other factors that also threaten the stability of beneficial invertebrate populations; therefore, it is feasible in this case to make a high-impact, short-term change in favor of the environment. Therefore, the competent national authorities are requested to take the urgent and necessary measures to protect the following constitutional rights: human health, biodiversity, and the environment in Costa Rica from the use of agrochemicals containing fipronil. Since, as indicated above, there are data showing unacceptable risks to bees; however, protection actions must not only be exercised for these organisms per se (conservation of biodiversity), but because by being at risk, they concomitantly put at risk the stability of ecosystems and human survival itself. For this, the cancellation of registrations for products containing fipronil and the prohibition of its use at the national level is recommended.” Through official communication no. DM-0374-2021 of April 29, 2021, addressed to the Minister of Health and the Minister of Agriculture and Livestock, the Minister of Environment and Energy stated: “From MINAE, we bring to your attention the environmental concern that this Ministry has due to the mass bee mortality events that have been reported since 2020. The Directorate of Environmental Quality Management (DIGECA) conducted an analysis of the available information for the events that occurred on May 8 in Esparza, Puntarenas, and on August 12 in Orotina, Alajuela, where the Unit of Residues and Contaminants in Food of Terrestrial Origin of the National Animal Health Service of the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG) reported that the analyzed samples (bee from the hive) from both sites showed the presence of the pesticide Fipronil. Based on the information gathered in the DIGECA report, which we are attaching, it was demonstrated that fipronil represents unacceptable risks to bees, both at the highest approved dose and at the lowest for agricultural use. Furthermore, the ecotoxicological data for fipronil raise concern for other organisms in the ecosystem, as it is considered highly toxic to birds, fish, and aquatic invertebrates, and very highly toxic to algae. Additionally, according to DIGECA's information system, there is no record that MINAE has issued any technical endorsement supporting the registrations of products based on fipronil. There is also information that this molecule is registered not only for agricultural use but also for veterinary use and domestic use, with all these registrations granted by the Ministries under your charge. Therefore, from MINAE, we require that urgent and necessary measures be taken, according to the competencies of each Ministry, to protect the constitutional rights of human health, biodiversity, and the environment in Costa Rica from the use of agrochemicals containing fipronil. Since, as indicated above, there are data showing unacceptable risks to bees according to the approved uses for fipronil, even at the lowest doses; consequently, the mass deaths linked to this pesticide evidence the serious effects it is generating on the environment. Honey production bees are an indicator organism whose observed effects are extrapolated to non-target terrestrial invertebrates; therefore, based on the data collected for this taxonomic group, severe and irreversible effects are to be expected on the other groups of terrestrial invertebrates that make up natural ecosystems, these organisms being fundamental for life, particularly those that fulfill the pollination function. Added to this, our concern increases when also weighing the expected effects on other taxa, such as fish, birds, and algae, thus expecting a much greater impact on the environment. For this reason, protection actions must not only be exercised for these organisms per se (importance for humans of honey production and plant pollination), but because by being at risk, they concomitantly put at risk the stability of ecosystems and human survival itself. In addition, there are the damages linked to the use of fipronil to the environment and the beekeeping production sector (many farmers depend on this activity). It should also be noted that the presence of this pesticide in food for human consumption is of concern, as through a quick search for information on fipronil, it can be confirmed that this pesticide is linked to organ damage from repeated exposures, among other effects. It is also concerning that this substance is not registered in the European Union. Therefore, we request that a technical working group be formed urgently to compile the file required for the regulatory management of this substance as soon as possible. If you deem it appropriate, we can convene the group with the officials you designate for that purpose. From our institution, Ms. Inti Acedo will participate as the principal and Ms. Manuela Mata as the alternate.” To date, MINAE has not issued any technical endorsement supporting the registered products containing Fipronil. To date, three working meetings have been held, in which the need for all members to review the available documents and provide their comments has been raised, in order to identify other types of information necessary for a comprehensive analysis of the different uses of Fipronil. The last meeting was held on September 1 of this year; there, the representatives of SENASA presented a draft decree for the regulation of the uses of Fipronil. By means of official communication no. DM-MAG-411-2021 of May 6, 2021, addressed to the Minister of Environment and Energy, the Minister of Agriculture and Livestock affirmed: “(…) in response to official communication DM-0374-2021, I am pleased to inform you that the persons designated to form the technical working group to address the series of mass bee mortality events due to the pesticide fipronil are the following: • State Phytosanitary Service: Eng. Esaú Miranda Vargas, Head of the Agrochemical Residues Unit, Email: [email protected] • National Animal Health Service: Dr. Miriam Jiménez Mata, Directorate of Veterinary Medicines, Email: [email protected] and Lic. Kattia Murillo Murillo, Legal Advisory, Email: [email protected].” Through official communication no. 05599-2021-DHR of May 27, 2021, addressed to the Minister of Agriculture and Livestock, the appellant recorded: “(…) To initiate the corresponding procedure, the Office of the Ombudsman requests that the institution, within a period of FIVE WORKING DAYS counted from the day following receipt of this communication, in accordance with Article 20 of the Law of the Office of the Ombudsman No. 7319, kindly send to this institution a REPORT indicating the following: 1. The actions that have been taken or scheduled to address the request filed by the interested party before your office on April 7, 2021, regarding the prohibition of the registration, importation, manufacturing, formulation, storage, distribution, transportation, repackaging, refilling, handling, sale, mixing, and use of technical grade active ingredients and formulated synthetic pesticides containing the active ingredient Fipronil, as well as the cancellation of the current registrations of these products. 2. Report whether any assessment or study has been conducted on the impact that the use of the pesticide Fipronil has on bees, and if so, the measures that have been implemented based on said information. 3. Send a copy of the response given to Mr. Alvarado Barrantes in relation to the request filed on April 7, 2021. In addition to addressing the above, you must attach the corresponding evidence. Likewise, you are requested to inform the Office of the Ombudsman of any processing, action, or additional information related to this matter. Should this request be referred to another official, you are kindly requested to inform us of the name, position held, telephone and fax number, and the purpose of said transfer (…).” Through official communication no. DM-MAG-553-2021 of June 7, 2021, addressed to the Ombudsperson, the Minister of Agriculture and Livestock assured: “First: Fipronil is a chemical pesticide for agricultural use registered with the State Phytosanitary Service (SFE), used as a broad-spectrum insecticide, belonging to the phenylpyrazole group, CAS number 120068-37-3, classified in the Moderately Hazardous Product Category (Class II), according to the criteria adopted by the World Health Organization (WHO) and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), with low water solubility, low volatility, and low mobility in the environment, toxic to humans as a neurotoxicant and irritant to both eyes and skin, and equally toxic to mammals, birds, and bees, although somewhat less so to fish, aquatic invertebrates, aquatic plants, and earthworms. As indicated, Mr. Alvarado Barrantes filed on April 7, 2021, before the Presidency of the Republic, the Ministries of Health and Environment and Energy, and this Office, a document under number CNFA-JD-009-2021 containing the same claims as those established in the document filed before your represented body, which in summary seeks the prohibition of the registration, importation, exportation, manufacturing, formulation, storage, distribution, transportation, repackaging, refilling, handling, sale, mixing, and use of technical grade active ingredients and formulated synthetic pesticides containing the active ingredient FIPRONIL, and likewise the cancellation of the registration of all formulated products containing Fipronil as an active ingredient and whose approved uses include application on agricultural crops or on domestic animals and livestock; said prohibition request is under study and technical analysis to verify the degree of impact of said petition. Most of these veterinary products come in presentations commercially known as 'Pour-On', 'pipette', 'ampoule', 'spot-on', containing the antiparasitic ready-to-use without dilution and to be administered topically, i.e., on the animal's skin, for the control of fleas and ticks in pets, and in a smaller number for productive animal species. Additionally, there are products containing the active ingredient Fipronil in their formulation, registered with the Directorate of Veterinary Medicines of the National Animal Health Service (SENASA) and marketed in Costa Rica, for veterinary medical use as a broad-spectrum external antiparasitic. Second: Regarding the inquiry as to whether any assessment or study has been conducted on the impact that the use of the pesticide Fipronil has on bees, and if so, the measures that have been implemented based on said information, it is important to note that both the Animal Health Service and the State Phytosanitary Service are working technically and scientifically on a joint inter-institutional study on this matter; once the result of said study is available, it will be communicated to the interested party and this Office of the Ombudsman. Third: Regarding the request made by Mr. Alvarado Barrantes in his official communication CNFA-JD-009-2021, this Office responded via official communication DM-MAG-534-2021, notified on June 3, 2021, where he was informed that 'the necessary analyses are currently being studied and carried out to prepare the corresponding recommendations for the Ministerial Office, actions that will be communicated following the completion of said assessment process.' As I noted above, both the National Animal Health Service and the State Phytosanitary Service, involved technically and scientifically in the matter at hand, are conducting a coordinated inter-institutional analysis, so that once the result is available and the corresponding actions are jointly adopted for the welfare of public veterinary health, the petitioner and your Office will be informed.” The State Phytosanitary Service and the Animal Health Service are part of the inter-institutional team formed to address the Fipronil situation. Through official communication no. SENASA-DG-1100-2021/DSFE-0612-2021 of September 6, 2021, the Director General of SENASA and the Director of the State Phytosanitary Service indicated: “Regarding the use of Fipronil. In the country, fipronil is registered by SENASA for the control of ectoparasites in animals and pests in livestock production facilities, and through the Phytosanitary Service, it is registered for agricultural use. 1.- Veterinary Use Products. Regarding the facts and assessments related to veterinary medicine formulations containing the active ingredient Fipronil, the following must be noted: Regarding the bee mortality events mentioned in the appeal, they indeed occurred in 2020; however, in the event that took place on May 8, 2020, a misuse of the product was determined, and the corresponding sanctions were imposed on the offender. Regarding the second case, although the samples taken did test positive for Fipronil, the origin of the contact could not be determined. Fipronil is a broad-spectrum insecticide (which serves to control different pests), authorized for both agricultural and veterinary use, belonging to the phenylpyrazole group, which is used in the veterinary field mainly for the control of fleas and ticks in animals such as cattle, dogs, and cats, as well as in livestock facilities for the control of ants, cockroaches, flies, termites, and other insects. In the Directorate of Veterinary Medicines of SENASA, there are approximately 55 products duly registered in accordance with the technical and legal requirements demanded by the regulations for the registration of veterinary products and related products. These products are classified in group 3 for sale in veterinary drugstores and pharmacies; the origin of the products is from France, Uruguay, Colombia, Brazil, Costa Rica, Peru, Argentina, Guatemala, and Chile. The majority of products registered with SENASA containing the active ingredient Fipronil are for topical use, in presentations commercially known as 'Pour-On', 'pipette', 'ampoule', 'spot-on', containing the ready-to-use antiparasitic without dilution and for topical administration (i.e., on the skin) for the control of fleas and ticks in pets, and in a smaller number in production animal species. The topical use of these products on animals is a safe form of application as it is placed directly on the animal's back, which reduces the risk of spreading into the environment; likewise, it does not remain on the animal's skin for long but is absorbed into the sebaceous glands of the hair follicles, where it is 'recirculated' and spread from gland to gland, so that a localized application (be it spot-on or by dorsal unction) achieves a generalized effect on the skin, which in turn limits the exposure of animals or insects that accidentally come into contact with the treated animal. Bees are an insect of the phylum Arthropoda and order Hymenoptera; therefore, they are not a hematophagous insect; nutritionally they require a balance between different sugars (carbohydrates), lipids, proteins, minerals, and water. These insects find these nutrients in their main food sources, which are honey and pollen, so the possibility of them being contaminated with Fipronil applied to the back of an animal is unlikely. (…) There are two registered veterinary-use products authorized exclusively for pest control, whose method of use is spraying or through contact sprayers in the areas where the pests are located, and they are for exclusive use in livestock facilities, which are not a common habitat for pollinating insects, making the probability of their exposure to Fipronil through this use low. Fipronil is an external antiparasitic used in animals for the treatment and control of infestations by ectoparasites such as lice (pediculosis), fleas (pulicosis, tungiasis), flies (myiasis), mites (mange or acariasis), and ticks. Infestation by these ectoparasites is not only a problem for animal health but also for public health, as these parasites can act as vectors of diseases for both humans and animals. These ectoparasites cause substantial economic losses in different animal production systems and also act as disease vectors for both humans and animals, becoming a public health problem as they produce zoonoses, that is, diseases that animals transmit to humans. An example of this are ticks, which have medical, veterinary, sanitary, and economic importance due to the direct damage they cause as hematophagous ectoparasites (they feed on the blood of the parasitized animal) and as transmitters of pathogenic microorganisms between animals, or from animals to people, of protozoa, bacteria, rickettsiae, and viruses, as well as through the inoculation of toxic substances that can produce diseases in animals and humans, such as Lyme disease, ehrlichiosis, anaplasmosis, among others, which can affect people's health and even cause their death. Likewise, ticks and mites, upon sucking, also allow the exchange of some substances that, due to their composition, the body recognizes as foreign and generates allergic processes where immune-type reactions occur affecting the skin, producing inflammation, pain, pruritus, skin lacerations, ulcers, hair loss, among others, which would clearly cause loss of health or a decline in well-being in animals and people. The foregoing is of utmost importance considering that the majority of products registered with SENASA are used on pets that live with older adults, adults, and children, so if adequate treatment is not provided to these animals, the chances increase that, for example, ticks become a household pest and disease transmissions occur to a significant percentage of the population, especially considering that according to the 2016 National Study on Dog Ownership in Costa Rica by World Animal Protection, 50.5% of surveyed households reported having dogs, and the data obtained show that the average number of dogs per household is 1.8.

Likewise, the study indicated that according to the census estimate of the National Institute of Statistics and Census, as of 2015 there would be 1,462,000 households in the country, and consequently, approximately 738,310 households have dogs. As has been demonstrated, products containing Fipronil are necessary for controlling ectoparasites and especially ticks, in order to prevent their exponential growth and resulting harm to public health and the country's livestock assets. SENASA has been aware that improper use of Fipronil products can affect bees, and therefore, for the registration of such products, it is mandatory that the following legend appear on the labels and packaging material for veterinary products containing Fipronil: “Fipronil may adversely affect aquatic organisms and bees. Do not dispose of the medication or empty containers in watercourses as they could be hazardous to fish and other aquatic organisms.” Animal owners must carefully read and follow all label instructions before using the product. Furthermore, the need to reinforce good-use practices for this substance has been identified, and for certain uses, such as agricultural or in livestock facilities, greater control by the competent Sanitary Authorities is required; consequently, a regulatory update process is underway. 2.- Agricultural-use products. The State Phytosanitary Service has eight registered products containing FIPRONIL as an active ingredient. Three presentations of Technical Grade Active Ingredient (IAGT) and five formulated products for use within the national territory, of which two products were registered under Executive Decree 24337 MAG-Salud called “Reglamento Registro Uso Control Plaguicidas Agrícolas y Coadyuvantes” and six products under Law No. 8702 of January 14, 2009, called “Trámites de las Solicitudes de Registro.” Regarding the validity of these pesticides, those registered under Executive Decree No. 24337-MAG-S of April 27, 1995, did not have a defined term; subsequently, Executive Decree No. 33495-MAG-S-MINAE-MEIC of October 3, 2006, granted registrations a validity period of 10 years; in parallel, Law No. 8702 of January 14, 2009, came into force, which did not specify the validity of such registrations, but the Administrative Litigation Court granted a 10-year validity period based on what it indicated regarding Pesticide Registration. Most registrations based on Law No. 8702 of January 14, 2009, were valid until 2019; however, all these registrations, regardless of the regulation that supported them, had until the end of January 2012 to submit all information for a new review of the information known as renewal (reválida), as stipulated in Article 14 of said Law; those that did not submit the information had their registration cancelled. Subsequent to the aforementioned executive decree and law, Executive Decree No. 39995-MAG “Reglamento para la actualización de la información de los expedientes de registro de ingrediente activo grado técnico y plaguicidas formulados,” as well as its amendment No. 41481-MAGMINAE-S, entered into force; both are challenged before the Constitutional Chamber but remain valid, meaning the administration is in the process of reviewing each of the requirements of said update, pending a ruling on the challenge, thus allowing companies to continue their commercialization. Among the authorized uses of Fipronil are ornamental plants, sweet pepper (chile dulce), coffee, citrus, and pineapple. From an agronomic standpoint, Fipronil plays a decisive role in agricultural production, specifically for sweet pepper (Chile Dulce), which is ravaged by a pest known as the pepper weevil (picudo, Anthonomus eugenii) that has become the main threat to this crop throughout the Latin American region, due to the resistance it has developed to different groups of insecticides that normally kept it under control. This makes its management difficult since it attacks the fruits from flowering until the end of harvest, causing premature fruit drop, yield losses, and shortening the productive life cycle of the crop. This situation described above is what producers of these vegetables are experiencing throughout the national territory; in the country, approximately 1086 hectares are planted (source INEC 2017) distributed across Guanacaste, Upala, Heredia, Alajuela, Cartago, San José (Santa Ana-Escazú), Pérez Zeledón, all of which is cultivated mostly by small producers, whose crops, economy, and family livelihoods, as well as the employment generated by this agricultural activity, are threatened. At this moment, the only pesticide that can help control this insect is Fipronil. The State Phytosanitary Service has a registered product containing chlorantraniliprole as an active ingredient for controlling this pest in sweet pepper (chile dulce), but it is not available on the market for the producer, and there is no certain date when the trade will offer it for sale. Agronomically, given the situation the producer faces with the pest “the pepper weevil (picudo, Anthonomus eugenii),” it is not recommended to have only one molecule to combat such an aggressive pest, as it can rapidly cause resistance; therefore, it is advisable for the producer to have a diversity of options to combat such pests, always employing good agricultural practices in the use of pesticides. The State Phytosanitary Service, in response to the sweet pepper (chile dulce) situation, in collaboration with professionals from the UCR, EARTH, INTA, and private enterprise, has prepared training entitled “Eco Chile Hacia una Producción Sostenible,” with a duration of 25.5 hours, which develops the use of Good Agricultural Practices and analyzes the use of the pesticide Fipronil; said training has an enrollment of 140 producers, technicians, and professionals who provide crop assistance, which will begin on September 8 and conclude on Wednesday, October 27. 3.- Confirmation of the Fipronil Technical Team Commission. Through official letters DM-MAG-411-2021, DM-MAG-569-2021, DM-MAG-643-221, and DM-MAG-837-2021, the Office of the Minister of Agriculture and Livestock, in response to official letter RDHC-DR-065-2021, appointed a technical and legal working group from the State Phytosanitary Service, the Animal Health Service, and the Ministry of Agriculture and Livestock (for the formation of the Fipronil technical working group, to address events of mass bee mortality due to apparent use of the pesticide Fipronil, jointly with the Ministry of Health and the Ministry of Environment, which is holding periodic meetings to analyze studies and technical inputs on the pesticide and issue recommendations. 4.- Regulations on Fipronil. While it is true that Fipronil is banned for agricultural use in Europe—but not in animals—due to bee protection concerns, it is also true that the United States Environmental Protection Agency (EPA) has authorized its use in the United States. As noted above, in the country, Fipronil is registered by SENASA and by the Phytosanitary Service, and is used both for veterinary and agricultural purposes. Given the vital importance of the issue regarding both bees and agriculture, within the Fipronil technical working group, a ministerial draft of an Executive Decree was presented to regulate the sale and establish sanitary and phytosanitary measures for the importation, manufacture, formulation, storage, distribution, transportation, repackaging, refilling, handling, mixing, purchase, sale, and use of the technical grade active ingredient Fipronil, whether as raw material or in agricultural formulations or veterinary medications containing it, registered with the National Animal Health Service and the State Phytosanitary Service. The indicated proposal, whose draft is attached as an annex to this report, is in the process of analysis and discussion within the aforementioned technical working group. It is relevant to report that the National Apicultural Health Program of SENASA, together with the State Phytosanitary Service and the Chamber of Agricultural Inputs, are participating in a joint project aimed at training on the application of good-use practices for pesticides to promote their correct use and prevent negative effects on pollinating agents…” (Report of the respondent authorities and documentary evidence). The Director General of SENASA reports that, within the technical working group, a draft Executive Decree was proposed for the purpose of regulating the sale and establishing sanitary and phytosanitary measures for the importation, manufacture, formulation, storage, distribution, transportation, repackaging, refilling, handling, mixing, purchase, sale, and use of the technical grade active ingredient Fipronil. (Report of the respondent authority). The head of the Agrochemical and Application Equipment Registration Unit of the SFE, through certification No. AE-REG-C-0021-2021, stated: “I CERTIFY: that 5 formulated pesticides with the active ingredient Fipronil are registered, as indicated in Table 1, which details the authorized crops and the pests to be controlled. Table 1. List of formulated pesticides with the active ingredient Fipronil with authorized crops and pests to be controlled.”.
Registration No.
	
Active Ingredient (IAGT)
	
Trade Name
	
Registrant
	
Authorized Crop
	
Pests to Control


3799
	
Fipronil
	
Regent 20 SC
	
Bayer S.A.
	ORNAMENTALS
 
 
Cotton
 
 
Sweet pepper (Chile dulce)
	Shot-hole borer (Xyleborus sp.)
Green Aphid (Aphis gossypii)
Pepper Weevil (Picudo del Chile, Anthonomus eugenii)


4172
	
Fipronil
	
Blitz 0.003 GB
	
Bayer S.A.
	OIL PALM
Coffee
Citrus
Fruit trees
Ornamentals
	
Leaf-cutter Ants (Atta sp) Ant (Acromyrmex sp.)


8702210
	
Fipronil
	
SOFION 20 SC // ZETANIL 20 SC
	
INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA INICA S.A.
	
ORNAMENTALS
	
Shot-hole borer (Xyleborus sp.)


8702287
	
Fipronil
	
BIOQUIM FIPRONIL 20 SC
	
INDUSTRIAS BIOQUIM CENTROAMERICANA S.A.
	
Sweet Pepper (Chile Dulce)
	
Pepper Weevil (Picudo Del Chile, Anthonomus eugenii) Shot-hole borer (Xyleborus sp.)


8702314
	
Fipronil
	
TRIPZELL 20 SC // Fulminante 20 SC // Picudo 20 SC
	
ZELL CHEMIE S.R.L
	Sweet Pepper (Chile Dulce)
 
 
Orange
Dracaena
 
Pineapple
	Pepper Weevil (Picudo Del Chile, Anthonomus eugenii)
Aphids (Aphis sp)
Shot-hole borer (Xyleborus sp.)
 
Pineapple Weevil (Metamasius dimidiatipennis)
In October 2021, the State Phytosanitary Service prepared the “Technical Report on the Molecule Fipronil,” which included the following recommendations: “5. RECOMMENDATIONS 5.1. This technical team recommends restricting the use of Fipronil, regulating its sale by professional prescription, strengthening product oversight, increasing sampling frequency, and maintaining good agricultural practices (training for producers through the programs of the Agrochemical Residue Control Unit) to minimize impacts on human health and the environment. 5.2. Alternate the molecules Fipronil and chlorantraniliprole in the management of the sweet pepper (Chile dulce) crop. 5.3. Assess the inclusion of measures to protect bees and pollinating insects in the pamphlets, as proposed by FAO7. 5.3.1. Do not apply this product during crop flowering. 5.3.2. Do not apply when bees are actively foraging. 5.3.3. Remove or cover hives during and after application of this product. 5.3.4. Do not apply this product when flowering weeds (arvenses) are present. 5.3.5. Remove weeds (arvenses) before flowering. 5.3.6. Apply the product in the early morning hours or late evening hours when pollinator foraging activity decreases. 5.3.7. Notify the beekeeper who has a registered apiary at least 48 hours in advance of the day, time, and place where spraying will be carried out, so that they may proceed to protect their hives. 5.4. It is deemed necessary that corresponding evaluations be generated according to (sic) their conditions of use in the country to have more information for a possible prohibition. 5.5. Additionally, it is recommended to review the wording of Article 7 of the draft decree restricting Fipronil. This is because the metabolites of Fipronil are included; since a prohibition is not being proposed in the Decree, it is not technically feasible to restrict metabolites per se, as these are degradation products of the active ingredient and therefore will not be found as such in their free form without the presence of the active ingredient Fipronil; thus, by regulating Fipronil directly, the same metabolites would be regulated.”
On this matter, according to the elements in the case file, the Chamber applies constitutional review in this manner.
First, it is evident that since April 2021, complaints were made to the respondent ministries that products containing Fipronil as an active ingredient were generating significant environmental harm, associated with the mass death of bees. In this regard, note that the Environmental Assessment Unit for Agricultural Inputs of the Directorate of Environmental Quality Management of MINAE issued the “2021 Bee Mortality Report,” according to which two bee mortality events associated with the use of Fipronil were reported in 2020, and concluded that this insecticide poses an unacceptable risk to pollinators, and furthermore, “an unacceptable risk to the biodiversity of ecosystems and the very stability of humankind, which depends on the pollination work carried out by bees, as well as high danger to birds and aquatic organisms.”; additionally, this MINAE unit recommended the cancellation of registrations for products containing Fipronil and a general ban on its use in the country.
However, given this scenario, and for the purpose of issuing regulations regarding the use of Fipronil, it is confirmed that, since late April 2021, the Minister of Environment and Energy urged the Ministry of Health and the Ministry of Agriculture and Livestock to form a technical working team, which began its meetings on July 14 of the current year, with the participation of officials from the Directorate of Environmental Quality Management of MINAE, the Ministry of Health, as well as SENASA and the State Phytosanitary Service.
In this sense, it appears that the respondents have had to implement coordination efforts to address the situation of the aforementioned pesticide in relation to the alleged environmental harm. Thus, it is recorded that various meetings have been held, technical reports have been prepared, and a proposed regulatory framework (Executive Decree) for the use of Fipronil has even been discussed.
In this context, although the respondents have agreed on the need to intervene to regulate the situation of the pesticide in question, and to that end have formed the aforementioned inter-institutional team, it is no less true that it is not verified that, to date, a definitive determination has been reached regarding the regulation that must be implemented in response to the environmental impact that Fipronil may cause. Thus, it is important to highlight that differing criteria are still observed. For instance, the Minister of Environment and Energy, in the report submitted in this proceeding, asserts that, in accordance with the technical criterion of the Directorate of Environmental Quality Management of that ministry, agricultural-use products containing Fipronil must be banned, and more studies should be developed concerning domestic and veterinary use thereof. For its part, the State Phytosanitary Service, in a technical report issued in October 2021, while noting that Fipronil represents an unacceptable risk to birds and pollinating insects—for which reason it recommended evaluating its substitution with products formulated based on chlorantraniliprole—it is no less true that among the recommendations made, its prohibition is not suggested, but rather the restriction of use by regulating sale under professional prescription and strengthening oversight; furthermore, it indicated the following specific recommendations: “Assess the inclusion of measures to protect bees and pollinating insects in the pamphlets, as proposed by FAO7. Do not apply this product during crop flowering. Do not apply when bees are actively foraging. Remove or cover hives during and after application of this product. Do not apply this product when flowering weeds (arvenses) are present. Remove weeds (arvenses) before flowering. Apply the product in the early morning hours or late evening hours when pollinator foraging activity decreases. Notify the beekeeper who has a registered apiary at least 48 hours in advance of the day, time, and place where spraying will be carried out, so that they may proceed to protect their hives. It is deemed necessary that corresponding evaluations be generated according to (sic) their conditions of use in the country to have more information for a possible prohibition (…)”. Finally, SENASA maintains that the probability of affecting pollinators through the veterinary use of Fipronil is low, and that there are no technical studies indicating that veterinary-use products containing this active ingredient should be banned.
Thus, while it appears that the respondents have made efforts to address the reported situation, it is no less true that there is no evidence that a definitive determination has been reached to date regarding the regulation of Fipronil. To the above must be added the existence of technical criteria warning that the use of this pesticide causes a serious and unacceptable risk to bees and other pollinating insects, which generates reasonable doubt regarding the appropriateness of its use given an adequate protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Hence, the intervention of this Court is necessary, in consideration of the environmental principles explained in the preceding recitals.
Now, at this point it is pertinent to bring up again the precedent cited in Recital V of this judgment, which stated:
“(…) it is clear that the Chamber is not a technical body that can elucidate whether said product should be banned or not, nor can it replace the active administration in the management of its competencies, since it is not its place to usurp the powers legally conferred upon other agencies or bodies. Thus, the Chamber lacks competence to review the technical criteria serving as the basis for the draft executive decree in question, as well as to determine, among differing criteria, which one should be applied or prevail, since as can be observed with absolute clarity, the respondent state authorities hold completely opposing criteria regarding the effects produced by the use of the pesticide known as paraquat on human health and the environment in general. This Chamber cannot, in this particular case and because it is a strictly technical matter, endorse the criterion of one public authority to the detriment of another, when the respondents are specialists in the subject under study and base their criteria on scientific studies issued for such purpose. Much less could it proceed to analyze each of the technical studies provided to the case file by the parties, as well as by the passive coadjuvant, to finally determine which of all should prevail given the circumstances described in this proceeding and therefore, compel the approval and publication of the regulation (…)” (Judgment No. 2021019096 of 9:15 a.m. on August 26, 2021).
Therefore, in principle, it is not for this Chamber to determine whether the pesticide under examination should be banned or not in the country, or what specific type of technical regulation should be adopted, since, precisely, the respondent authorities are the technical bodies that, within their competencies, must elucidate such aspects. However, this Court can intervene to ensure that, within a reasonable period, the respondents carry out the necessary technical and scientific studies to ultimately determine the regulation that must be implemented to guarantee that the use of the pesticide Fipronil (whether agricultural or veterinary) does not cause unacceptable harm to the environment, particularly to bees and other pollinating insects.
Thus, considering that the situation of environmental harm caused by Fipronil was reported to the respondent authorities several months ago, that there are criteria warning that its current use generates an unacceptable risk for bees and other pollinating insects, and that the State is obligated to implement the necessary precautionary and preventive measures for the effective protection of the environment, this Court deems it appropriate to grant the appeal (recurso), in order that within a maximum period of THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, the inter-institutional working team formed to determine the impact of Fipronil on bees and other pollinating insects complete all required technical studies and issue the corresponding final report; should it be determined that the agricultural or veterinary use of this pesticide causes serious harm to these living beings and impairs their pollinating function, the respective report must include the appropriate measures to resolve the situation and their implementation timeline.
VII.- NOTE BY JUDGE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the criterion of the undersigned that if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution correspond to the administrative jurisdiction. However, I do address the merits of the case when other rights of the persons affected by the pollution source are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, where it is alleged that the respondent authorities have failed to fulfill their duty to protect health and the environment, as they have not yet proceeded to determine the best way to regulate, or if appropriate, ban the use of this insecticide in the country, which threatens to violate the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified quality of life.
VIII.- NOTE BY JUDGE GARRO VARGAS. I fully agree with the order issued by this Court in the resolution of this amparo appeal (recurso de amparo). It is undeniable that in order to give effect to the right to a healthy and ecologically balanced environment, the competent authorities must define the authorized uses for the substance called Fipronil and the corresponding precautionary measures, both for its use in veterinary and agricultural products. However, I wish to note this to clarify that, from my perspective, our Political Constitution, the binding jurisprudence of this Court that has developed the constitutional principles of environmental protection, and the internal regulations themselves are sufficient grounds to resolve this amparo appeal on the merits.
IX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, according to the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.


Por tanto:


The appeal (recurso) is granted. It is ordered that Luis Renato Alvarado Rivera, Pedro González Morera, Rolando Alberto Castro Córdoba, German Rojas Hidalgo, and Nelson Morera Paniagua, in their order as Minister of Agriculture and Livestock, a.i. Minister of Health, a.i. Minister of Environment and Energy, Director General of the National Animal Health Service, and Director of the State Phytosanitary Service, or whoever holds such positions, issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their competencies so that within a maximum period of THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, the inter-institutional working team formed to determine the impact of Fipronil on bees and other pollinating insects completes all required technical studies and issues the corresponding final report; should it be determined that the agricultural or veterinary use of this pesticide causes serious harm to these living beings and impairs their pollinating function, the respective report must include the appropriate measures to resolve the situation and their implementation timeline. The above is issued with the warning that, according to the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment from three months to two years or a fine of twenty to sixty days will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and does not comply with it or have it complied with, provided the offense is not more severely punished. The State, the National Animal Health Service, and the State Phytosanitary Service are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment by the administrative litigation court. Judge Salazar Alvarado adds a note. Judge Garro Vargas records a note. Notifíquese.


		
	
Fernando Castillo V.
Presidente
	
	


Paul Rueda L.
	
	
	Nancy Hernández L.


Luis Fdo. Salazar A.
	
	
	Jorge Araya G.


Anamari Garro V.
	
	
	Alicia Salas T.



Digitally Signed Document

-- Verification code --

*NRHT6OYVWAG61*

NRHT6OYVWAG61
EXPEDIENTE N° 21-016578-0007-CO


Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters for vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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