Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)I.- OBJETO DEL RECURSO E INCOMPETENCIA DE LA SALA PARA CONOCER EL RECLAMO. [...] el artículo 30 inciso a), en relación con el 48 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece la posibilidad de admitir un amparo contra normas cuando se alegue su inconstitucionalidad, a partir de un acto de aplicación individual de aquella, que lesione los derechos fundamentales de quien recurre. En este caso, el petente no indica cuál es el acto de aplicación individual que lesiona su derecho, y tampoco señala que acto alguno que se le haya aplicado se funde en la norma cuestionada, por lo que no sería la vía del amparo la habilitada para conocer y tramitar la discusión sobre constitucionalidad de las normas que cuestiona.
English (translation)I.- PURPOSE OF THE APPEAL AND THE CHAMBER'S LACK OF JURISDICTION TO HEAR THE CLAIM. [...] Article 30(a), in relation to Article 48 of the Constitutional Jurisdiction Law, establishes the possibility of admitting an amparo against regulations when their unconstitutionality is alleged based on an individual act of application thereof that infringes the fundamental rights of the petitioner. In this case, the petitioner does not indicate which individual act of application violates his right, nor does he point out any act that has been applied to him and is based on the challenged regulation; therefore, the amparo route is not the appropriate one to hear and process the discussion on the constitutionality of the regulations he challenges.
Inadmissible
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 00364 - 2022 Fecha de la Resolución: 04 de Enero del 2022 a las 09:10 Expediente: 21-026479-0007-CO Redactado por: Ana María Picado Brenes Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 21-026479-0007-CO Res. Nº 2022000364 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas diez minutos del cuatro de enero de dos mil veintidos . Recurso de amparo que se tramita en expediente número 21-026479-0007-CO interpuesto por RAFAEL ÁNGEL PANIAGUA SÁENZ, cédula de identidad 0401420895, contra EL PODER EJECUTIVO, MINISTERIO DE SALUD Y MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA. RESULTANDO: 1.- Por escrito incorporado al expediente electrónico a las 10:12 horas de 31 de diciembre de 2021, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Salud. Manifiesta que la Presidencia de la República en forma conjunta con el Ministerio de Salud emitió el Decreto Ejecutivo No. 27502-S, mediante el cual se dicta el Reglamento sobre Uso y Fabricación de Materiales Pirotécnicos. Refiere que con tal reglamento se regula el uso y venta de explosivos y pólvora (productos pirotécnicos) en Costa Rica. Lo anterior, en contra del derecho constitucional de resguardar la integridad física, bienestar y seguridad de las personas y a mantener un ambiente sano e equilibrado. Comenta que es tan evidente el daño que produce en las personas el uso de la pólvora y juegos pirotécnicos por medio de las autorizaciones y permisos que emite el Estado, que el propio Ministerio de Salud, de forma contradictoria, emite avisos de seguridad por el uso de pólvora que el mismo autoriza. Explica que el derecho a un ambiente sano cobija no solo al ser humano sino a toda criatura animal en su ámbito natural (hábitat) o artificial como sería el caso de los animales domésticos, para efecto de que se mantenga el equilibrio con la naturaleza y el derecho a la salud animal. Además, comenta que la quema de pólvora masiva afecta considerablemente a la fauna doméstica y silvestre y puede provocar muerte súbita, trastornos de hipertensión, problemas cardiacos, colapsos nerviosos y otras dificultades de salud y ni que decir de los niños que cada año ingresan al hospital Nacional de Niños como producto de quemaduras producidas por la pólvora. Estima que es evidente que las autorizaciones de importación, uso y venta de explosivos y pólvora (juegos pirotécnicos ) que emite el Estado de Costa Rica por medio de los Ministerios de Seguridad Pública y de Salud, con fundamento en la Ley de Armas y Explosivos ley 7530 y el Decreto Ejecutivo No 27502-S, Reglamento sobre uso y fabricación de materiales, son contrarias a lo establecido en el artículo 50 de nuestra Carta Magna, siendo inconstitucionales los artículos de tales normas que autorizan la importación, exportación, el uso y venta de pólvora (juegos pirotécnicos), por perjudicar el derecho de la salud de las personas, el derecho a un ambiente ecológicamente sano y la protección que debe brindar el Estado en relación con la salud de los animales domésticos y la fauna, además del daño ambiental que produce el uso de la pólvora. Por lo anterior, solicita la intervención de la Sala. 2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta la Magistrada Picado Brenes; y, CONSIDERANDO: I.- OBJETO DEL RECURSO E INCOMPETENCIA DE LA SALA PARA CONOCER EL RECLAMO. El recurrente cuestiona el Decreto Ejecutivo No. 27502-S, mediante el cual se dicta el Reglamento sobre Uso y Fabricación de Materiales Pirotécnicos (uso de pólvora). Al respecto se impone advertir que el artículo 30 inciso a), en relación con el 48 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece la posibilidad de admitir un amparo contra normas cuando se alegue su inconstitucionalidad, a partir de un acto de aplicación individual de aquella, que lesione los derechos fundamentales de quien recurre. En este caso, el petente no indica cuál es el acto de aplicación individual que lesiona su derecho, y tampoco señala que acto alguno que se le haya aplicado se funde en la norma cuestionada, por lo que no sería la vía del amparo la habilitada para conocer y tramitar la discusión sobre constitucionalidad de las normas que cuestiona. Empero, si aún estima que existe algún vicio de inconstitucionalidad en el Decreto impugnado, bien puede, si a bien lo tiene, interponer la correspondiente acción de inconstitucionalidad, previo cumplimiento de los requisitos establecidos al efecto en los artículos 73 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pues sería ese el proceso adecuado al tipo de reclamo que plantea el petente en este caso particular. Por lo expuesto, el recurso resulta inadmisible y así debe declararse.- II.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. POR TANTO: Se rechaza de plano el recurso. Fernando Castillo V. Presidente Paul Rueda L. Jorge Araya G. Ana María Picado B. Ileana Sánchez N. Aracelly Pacheco S. Jorge Isaac Solano A. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- NSKDWOUABCC61 EXPEDIENTE N° 210264790007CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:54:47. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Constitutional Chamber Resolution No. 00364 - 2022 Date of Resolution: January 4, 2022 at 09:10 Expediente: 21-026479-0007-CO Drafted by: Ana María Picado Brenes Type of matter: Amparo action Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Text of the resolution Exp: 21-026479-0007-CO Res. No. 2022000364 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours ten minutes on January fourth, two thousand twenty-two. Amparo action processed in expediente number 21-026479-0007-CO filed by RAFAEL ÁNGEL PANIAGUA SÁENZ, identification number 0401420895, against THE EXECUTIVE BRANCH, MINISTRY OF HEALTH AND MINISTRY OF PUBLIC SECURITY. WHEREAS: 1.- By brief incorporated into the electronic expediente at 10:12 hours on December 31, 2021, the petitioner files an amparo action against the Executive Branch, the Ministry of Public Security, and the Ministry of Health. He states that the Presidency of the Republic jointly with the Ministry of Health issued Executive Decree No. 27502-S, by means of which the Regulation on the Use and Manufacture of Pyrotechnic Materials is enacted. He refers that said regulation governs the use and sale of explosives and gunpowder (pyrotechnic products) in Costa Rica. The foregoing, in violation of the constitutional right to safeguard the physical integrity, well-being, and security of persons and to maintain a healthy and balanced environment. He comments that the harm caused to people by the use of gunpowder and pyrotechnic devices through the authorizations and permits issued by the State is so evident that the Ministry of Health itself, contradictorily, issues safety warnings regarding the use of gunpowder that it itself authorizes. He explains that the right to a healthy environment protects not only the human being but every animal creature in its natural environment (habitat) or artificial one, as would be the case of domestic animals, for the purpose of maintaining balance with nature and the right to animal health. Furthermore, he comments that the massive burning of gunpowder considerably affects domestic and wild fauna and can cause sudden death, hypertension disorders, heart problems, nervous breakdowns, and other health difficulties, not to mention the children who are admitted every year to the National Children's Hospital as a result of burns caused by gunpowder. He considers it evident that the authorizations for the import, use, and sale of explosives and gunpowder (pyrotechnic devices) issued by the State of Costa Rica through the Ministries of Public Security and Health, based on the Weapons and Explosives Law, Law 7530, and Executive Decree No 27502-S, Regulation on the use and manufacture of materials, are contrary to the provisions of Article 50 of our Magna Carta, the articles of such regulations that authorize the import, export, use, and sale of gunpowder (pyrotechnic devices) being unconstitutional, for harming the right to human health, the right to an ecologically healthy environment, and the protection that the State must provide in relation to the health of domestic animals and fauna, in addition to the environmental damage caused by the use of gunpowder. Therefore, he requests the intervention of the Chamber. 2.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its filing, any action submitted to its consideration that proves to be manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is the simple reiteration or reproduction of a prior equal or similar rejected action. Drafted by Magistrate Picado Brenes; and, WHEREAS: I.- PURPOSE OF THE ACTION AND LACK OF JURISDICTION OF THE CHAMBER TO HEAR THE CLAIM. The petitioner challenges Executive Decree No. 27502-S, by means of which the Regulation on the Use and Manufacture of Pyrotechnic Materials (use of gunpowder) is enacted. In this regard, it is necessary to note that Article 30, subsection a), in relation to Article 48 of the Law of Constitutional Jurisdiction, establishes the possibility of admitting an amparo against regulations when their unconstitutionality is alleged, based on an act of individual application of said regulation that injures the fundamental rights of the petitioner. In this case, the petitioner does not indicate which is the individual act of application that injures his right, nor does he indicate that any act applied to him is based on the challenged regulation, so the amparo procedure is not the proper avenue to hear and process the discussion regarding the constitutionality of the regulations he challenges. However, if he still believes there is some defect of unconstitutionality in the challenged Decree, he may, if he deems it appropriate, file the corresponding action of unconstitutionality, upon prior fulfillment of the requirements established for that purpose in Articles 73 and following of the Law of Constitutional Jurisdiction, as that would be the appropriate process for the type of claim raised by the petitioner in this particular case. For the reasons stated, the action is inadmissible and must be declared so.- II.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE EXPEDIENTE. This Chamber must caution the petitioner that if any paper documents have been submitted, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or those produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment, otherwise all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the "Regulation on the Electronic Expediente before the Judiciary", approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI. THEREFORE: The action is rejected outright. Fernando Castillo V. President Paul Rueda L. Jorge Araya G. Ana María Picado B. Ileana Sánchez N. Aracelly Pacheco S. Jorge Isaac Solano A. Document Digitally Signed -- Verification code -- NSKDWOUABCC61 EXPEDIENTE No. 210264790007CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 16:54:47. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República