Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)En mérito de lo expuesto, la Sala acredita la vulneración a los derechos fundamentales de la tutelada, toda vez que no fue sino con ocasión de la interposición de este recurso que la autoridad accionada le proporcionó la información solicitada. En consecuencia, se acoge el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios.
English (translation)Based on the foregoing, the Chamber finds a violation of the petitioner's fundamental rights, given that it was only upon the filing of this appeal that the respondent authority provided the requested information. Consequently, the appeal is granted, without special award of costs, damages or losses.
Granted without award
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 00567 - 2022 Fecha de la Resolución: 07 de Enero del 2022 a las 09:15 Expediente: 21-024612-0007-CO Redactado por: Jorge Isaac De Jesus Solano Aguilar Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 21-024612-0007-CO Res. Nº 2022000567 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del siete de enero de dos mil veintidos . Recurso de amparo interpuesto por MARIANA LUCÍA PORRAS ROZAS, cédula de identidad n.°0111460917, contra el MINISTERIO DE SALUD. Resultando: 1.-Mediante escrito recibido el 1° de diciembre de 2021, la recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Salud. Manifiesta que es ingeniera forestal y presidenta de la Red de Coordinación en Biodiversidad. Indica que el 16 de setiembre de 2021 interpuso una denuncia ante el Ministerio de Salud, contra la Municipalidad de Santa Bárbara, por desatender la alerta sanitaria sobre uso de herbicidas en espacios de convivencia humana. Menciona que el 16 de setiembre de 2021, por medio del oficio n.°HT-2844-2021, el ministro trasladó la denuncia con carácter urgente a la Dirección General de Salud; la cual, a su vez, el 20 de setiembre de 2021, mediante el oficio n.°MS-DGS-3855-2021, trasladó la denuncia, con carácter de “prioridad” a la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Norte. Detalla que, ese mismo día, el director del Área Rectora de Salud Santa Bárbara hizo acuse de recibo e informó que se procedería conforme. Posteriormente, el 6 de octubre de 2021, por medio del oficio n.°MS-DRRSCN-DARSSB-2678-2021, el Área Rectora de Salud informó que: “se notificó la orden sanitaria N° MS-DRRSCN-DARSSB-2596-2021.”. Debido a ello, el 8 de octubre de 2021, solicitó al área de Salud accionada “el envío del Informe Técnico de Inspección, así como de la Orden Sanitaria entregada a la municipalidad de Santa Bárbara.”. No obstante, reclama que han transcurrido más de dos meses, sin que se le haya brindado respuesta a su gestión. Por lo expuesto, estima vulnerados sus derechos fundamentales y solicita la intervención de la Sala. 2.- Por resolución de las 20:21 horas de 2 de diciembre de 2021, se dio curso al proceso y se confirió audiencia al director del Área Rectora de Salud de Santa Bárbara, del Ministerio de Salud, sobre los hechos alegados por la recurrente. 3.- Mediante escrito recibido el 13 de diciembre de 2021, informa bajo juramento David Cortés Sánchez, en su condición de director del Área Rectora de Salud de Santa Bárbara, que el “21 de setiembre de 2021 se recibió el oficio MS-DRRSCN-3287-2021 suscrito por la Dra. Marianela Ramírez Chaves, en la cual traslada denuncia interpuesta por Mariana Porras Rozas en contra de la Municipalidad de Santa Bárbara, por incumplimiento a la alerta sanitaria sobre uso de herbicidas en ambientes no agrícolas como Rodeo 35,6 SL, Round up. • La denuncia se tramitó bajo la sumaria 106-2021. • El 5 de octubre de 2021, se procedió con la emisión de la Orden Sanitaria MS-DRRSCN-DARSSB-2596-2021, al representante legal de la Municipalidad de Santa Bárbara, para que de forma inmediata procediera a suspender la aplicación de herbicidas tipo RODEO 35,06 SL y Round up en sitios públicos y adquirir herbicidas aprobados para espacios de convivencia Humana de forma inmediata. • El 6 de octubre de 2021 se envió al correo electrónico [email protected] el oficio MS-DRRSCN-DARSB-2678-2021, en el cual se le informó a la Sra. Porras la actuación del Área Rectora de Salud con respecto a la denuncia 106-2021. • El 29 de octubre, se recibió el oficio OAMSB-618-2021 suscrito por el Alcalde Municipal, Víctor Hidalgo Solís, indicando que se habían girado instrucciones a las Unidades de Proveeduría, Bodega Municipal y Servicios Generales, para que se adquiera y aplique únicamente el producto BULLGRASS 30.4 SL, para control de malezas; además, que se eliminó el uso de los productos rodeo y round up. • El 11 de noviembre del 2021, se recibió el oficio SOMSB-075-2021 por parte de la Vice Alcaldesa, la Sra. Eleana Víquez Salas, indicando que se había impartido una capacitación al personal de limpieza de vías, cementerios y parques, sobre usos adecuado de los herbicidas en espacios de convivencia humana. • El 08-12-2021, la funcionaria Karen Bermúdez Fallas, Gestora Ambiental, del ARS-Santa Barbara, realizó inspección a la Municipalidad de Santa Bárbara, para verificar el cumplimiento de la Orden Sanitaria MS-DRRSCN-DARSSB2596-2021, la encargada de la bodega indicó que, se tenía suspendido la aplicación de los herbicidas y la compra. Los herbicidas en desuso, se encontraban en la bodega, por lo que se procedió con el decomiso de los herbicidas prohibidos, con un total de 6 recipientes de 3.5 litros de Rodeo 35,6 SL., lo cual se indicó en el informe MS-DRRSCN-DARSSB-3276-2021. • El 9 de diciembre de 2021 se envió al correo electrónico [email protected], la orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSSB2596-2021 y el informe MS-DRRSCN-DARSSB-3276-2021, para conocimiento de la Sra. Mariana Porras Rozas aquí recurrente.”. Por lo expuesto, solicita se declare con lugar el recurso. 4.-En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. Redacta el Magistrado Solano Aguilar; y, Considerando: I.- Objeto del recurso. La recurrente alega que, en virtud de una denuncia ambiental interpuesta ante el Ministerio de Salud, el 8 de octubre de 2021 solicitó al Área de Salud de Santa Bárbara “el envío del Informe Técnico de Inspección, así como de la Orden Sanitaria entregada a la municipalidad de Santa Bárbara.”. No obstante, a la fecha no se le ha brindado la información requerida. II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: El 8 de octubre de 2021, la recurrente solicitó al Área de Salud de Santa Bárbara, específicamente a la dirección de correo electrónico [email protected], lo siguiente: “el envío del Informe Técnico de Inspección, así como de la Orden Sanitaria entregada a la municipalidad de Santa Bárbara.”; lo anterior, en el marco de la denuncia ambiental que interpuso ante esa autoridad (ver prueba aportada al expediente digital). La dirección de correo electrónico [email protected], es un medio oficial de comunicación del Ministerio de Salud (hecho incontrovertido). El 11 de octubre de 2021, la autoridad recurrida hizo acuse de recibo de la gestión planteada por la amparada (ver prueba aportada al expediente digital). A la fecha de interposición del recurso, la autoridad accionada no había dado respuesta a la gestión planteada por la tutelada (hecho incontrovertido). El 8 de diciembre de 2021, se notificó la resolución de curso de este proceso a la autoridad recurrida (ver acta de notificación agregada al expediente digital). En el informe rendido, la autoridad recurrida manifestó que el “9 de diciembre de 2021 se envió al correo electrónico [email protected], la orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSSB-2596-2021 y el informe MS-DRRSCN-DARSSB-3276-2021, para conocimiento de la Sra. Mariana Porras Rozas...” (ver informe rendido bajo juramento). III.- Sobre el caso en concreto. En la especie, se colige que, en el marco de una denuncia ambiental interpuesta por la amparada ante el Ministerio de Salud, el 8 de octubre de 2021, la recurrente solicitó al Área de Salud de Santa Bárbara, lo siguiente: “el envío del Informe Técnico de Inspección, así como de la Orden Sanitaria entregada a la municipalidad de Santa Bárbara.”. En adición, consta que esa información fue requerida a dirección de correo electrónico [email protected], la cual es una medio oficial de comunicación del Ministerio de Salud; tal hecho no fue controvertido por la autoridad recurrida. Aunado a ello, se acreditó que, en fecha posterior a la notificación de este proceso, Área de Salud de Santa Bárbara remitió a la tutelada, vía correo electrónico, la “orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSSB-2596-2021 y el informe MS-DRRSCN-DARSSB-3276-2021”. En mérito de lo expuesto, la Sala acredita la vulneración a los derechos fundamentales de la tutelada, toda vez que no fue sino con ocasión de la interposición de este recurso que la autoridad accionada le proporcionó la información solicitada. En consecuencia, se acoge el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. IV.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la ley de la jurisdicción constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios. V.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" , aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Notifíquese. Fernando Castillo V. Presidente Jorge Araya G. Ana María Picado B. Ileana Sánchez N. Aracelly Pacheco S. Ana Cristina Fernandez A. Jorge Isaac Solano A. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- T8CLPHZULSO61 EXPEDIENTE N° 21-024612-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:57:01. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Large Normal Small Constitutional Chamber Resolution No. 00567 – 2022 Date of Resolution: 07 January 2022 at 09:15 Case File: 21-024612-0007-CO Drafted by: Jorge Isaac De Jesus Solano Aguilar Type of matter: Amparo remedy Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Text of the resolution Exp: 21-024612-0007-CO Res. No. 2022000567 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and fifteen minutes on the seventh of January, two thousand twenty-two. Amparo remedy filed by MARIANA LUCÍA PORRAS ROZAS, identity card no. 0111460917, against the MINISTRY OF HEALTH. Whereas: 1.- By means of a brief received on 1 December 2021, the petitioner files an amparo remedy against the Ministry of Health. She states that she is a forestry engineer and president of the Biodiversity Coordination Network. She indicates that on 16 September 2021, she filed a complaint before the Ministry of Health against the Municipality of Santa Bárbara for ignoring the health alert on the use of herbicides in human coexistence spaces. She mentions that on 16 September 2021, through official letter no. HT-2844-2021, the minister forwarded the complaint on an urgent basis to the General Directorate of Health; which, in turn, on 20 September 2021, through official letter no. MS-DGS-3855-2021, forwarded the complaint on a "priority" basis to the Central North Regional Directorate of Health Governance. She details that, on that same day, the director of the Santa Bárbara Health Governance Area acknowledged receipt and reported that action would be taken accordingly. Subsequently, on 6 October 2021, through official letter no. MS-DRRSCN-DARSSB-2678-2021, the Health Governance Area reported that: “health order No. MS-DRRSCN-DARSSB-2596-2021 was notified.”. Due to this, on 8 October 2021, she requested the respondent Health Area to send “the Technical Inspection Report, as well as the Health Order delivered to the municipality of Santa Bárbara.”. However, she claims that more than two months have passed without a response being provided to her request. Based on the foregoing, she considers her fundamental rights violated and requests the intervention of the Chamber. 2.- By resolution at 20:21 hours on 2 December 2021, the process was granted leave to proceed and a hearing was granted to the director of the Santa Bárbara Health Governance Area of the Ministry of Health regarding the facts alleged by the petitioner. 3.- By means of a brief received on 13 December 2021, David Cortés Sánchez, in his capacity as director of the Santa Bárbara Health Governance Area, reports under oath that on “21 September 2021, official letter MS-DRRSCN-3287-2021 was received, signed by Dr. Marianela Ramírez Chaves, in which she forwards the complaint filed by Mariana Porras Rozas against the Municipality of Santa Bárbara for non-compliance with the health alert on the use of herbicides in non-agricultural environments such as Rodeo 35,6 SL, Round up. • The complaint was processed under summary file 106-2021. • On 5 October 2021, Health Order MS-DRRSCN-DARSSB-2596-2021 was issued to the legal representative of the Municipality of Santa Bárbara, so that they would immediately proceed to suspend the application of RODEO 35,06 SL and Round up type herbicides in public places and immediately acquire herbicides approved for Human Coexistence spaces. • On 6 October 2021, official letter MS-DRRSCN-DARSB-2678-2021 was sent to the email address [email protected], in which Ms. Porras was informed of the action taken by the Health Governance Area regarding complaint 106-2021. • On 29 October, official letter OAMSB-618-2021 signed by the Municipal Mayor, Víctor Hidalgo Solís, was received, indicating that instructions had been given to the Procurement, Municipal Warehouse, and General Services Units to acquire and apply only the product BULLGRASS 30.4 SL for weed control; furthermore, that the use of rodeo and round up products had been eliminated. • On 11 November 2021, official letter SOMSB-075-2021 was received from the Deputy Mayor, Ms. Eleana Víquez Salas, indicating that training had been provided to road, cemetery, and park cleaning personnel on the proper use of herbicides in human coexistence spaces. • On 08-12-2021, official Karen Bermúdez Fallas, Environmental Manager of the ARS-Santa Barbara, conducted an inspection at the Municipality of Santa Bárbara to verify compliance with Health Order MS-DRRSCN-DARSSB2596-2021; the warehouse manager indicated that the application and purchase of herbicides had been suspended. The unused herbicides were in the warehouse, so the prohibited herbicides were seized, totaling 6 containers of 3.5 liters of Rodeo 35,6 SL., which was indicated in report MS-DRRSCN-DARSSB-3276-2021. • On 9 December 2021, health order MS-DRRSCN-DARSSB2596-2021 and report MS-DRRSCN-DARSSB-3276-2021 were sent to the email address [email protected] for the information of Ms. Mariana Porras Rozas, the petitioner herein.”. Based on the foregoing, he requests that the remedy be granted. 4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed. Drafted by Magistrate Solano Aguilar; and, Considering: I.- Object of the remedy. The petitioner alleges that, by virtue of an environmental complaint filed before the Ministry of Health, on 8 October 2021, she requested the Santa Bárbara Health Area to send “the Technical Inspection Report, as well as the Health Order delivered to the municipality of Santa Bárbara.”. However, to date, the required information has not been provided. II.- Proven facts. Of importance for the decision on this matter, the following facts are deemed duly proven: On 8 October 2021, the petitioner requested the Santa Bárbara Health Area, specifically the email address [email protected], the following: “the sending of the Technical Inspection Report, as well as the Health Order delivered to the municipality of Santa Bárbara.”; the foregoing, within the framework of the environmental complaint she filed with that authority (see evidence provided to the digital case file). The email address [email protected] is an official means of communication of the Ministry of Health (unchallenged fact). On 11 October 2021, the respondent authority acknowledged receipt of the request made by the amparo petitioner (see evidence provided to the digital case file). As of the date of filing the remedy, the respondent authority had not responded to the request made by the protected party (unchallenged fact). On 8 December 2021, the resolution granting leave to proceed with this process was notified to the respondent authority (see notification record added to the digital case file). In the report submitted, the respondent authority stated that on “9 December 2021, health order MS-DRRSCN-DARSSB-2596-2021 and report MS-DRRSCN-DARSSB-3276-2021 were sent to the email address [email protected] for the information of Ms. Mariana Porras Rozas...” (see report submitted under oath). III.- On the specific case. In the present case, it is inferred that, within the framework of an environmental complaint filed by the petitioner before the Ministry of Health, on 8 October 2021, the petitioner requested the following from the Santa Bárbara Health Area: “the sending of the Technical Inspection Report, as well as the Health Order delivered to the municipality of Santa Bárbara.”. Additionally, it is recorded that this information was requested from the email address [email protected], which is an official means of communication of the Ministry of Health; this fact was not challenged by the respondent authority. In addition to this, it was proven that, on a date subsequent to the notification of this process, the Santa Bárbara Health Area sent to the protected party, via email, the “health order MS-DRRSCN-DARSSB-2596-2021 and report MS-DRRSCN-DARSSB-3276-2021”. By virtue of the foregoing, the Chamber certifies the violation of the fundamental rights of the protected party, since it was only upon the filing of this remedy that the respondent authority provided the requested information. Consequently, the remedy is granted, without special award of costs, damages, and losses. IV.- On the award of costs, damages, and losses in accordance with Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (“If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the remedy shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are appropriate”), the granting must be without a special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. Although there is an express text in the law requiring that the operative part of the ruling indicate that the remedy is granted when the grievance is resolved while the amparo is underway, it is no less true that the same paragraph in fine refers to the fact that the granting is dictated “solely for the purposes of compensation and costs, if they are appropriate”. It is emphasized that the Law states “if they are appropriate”, which means that the appropriateness or inappropriateness of the compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases such as this, the content of the claim of the amparo petitioner and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged detriments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evident patrimonial nature (as would occur, for example, with an impact on the right to a salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it provides that: “any resolution that grants the remedy shall condemn in abstract to the compensation of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the remedy, and its liquidation shall be reserved for the execution of the sentence”, where the possibility of assessing whether or not compensation and costs are appropriate is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, where appropriate, those of International or Community Law and, furthermore, in their order, the General Law of Public Administration and the Contentious-Administrative Procedural Code and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the rules of the Law of Constitutional Jurisdiction -cfr. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, which responds to the procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite retains the possibility of resorting, if they deem it appropriate, to a plenary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of detriment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this remedy without awarding costs, damages, and losses. V.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that any documents provided on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period shall be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Full Court in session No. 27-11 of 22 August 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of 26 January 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI. Therefore: The remedy is granted, without special award of costs, damages, and losses. Notify. Fernando Castillo V. President Jorge Araya G. Ana María Picado B. Ileana Sánchez N. Aracelly Pacheco S. Ana Cristina Fernandez A. Jorge Isaac Solano A. Digitally Signed Document -- Verification code -- T8CLPHZULSO61 CASE FILE No. 21-024612-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters for vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Catedral District, González Lahmann neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6 Is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 16:57:01. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República