Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Así las cosas, dado que fue con ocasión del presente proceso, luego de 1 mes y 22 días de planteado el requerimiento, que se llevaron a cabo las actuaciones necesarias con el fin de responder lo pertinente, el recurso de amparo debe ser declarado con lugar, en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con las consecuencias que se explican más adelante.
Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (...), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. (...) En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario).
En mérito de lo expuesto, se impone declarar con lugar el recurso, en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pero sin especial condenatoria al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados.
English (translation)Thus, given that it was on the occasion of this proceeding, after 1 month and 22 days from the filing of the request, that the necessary actions were taken to provide the appropriate response, the amparo must be granted pursuant to Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law, with the consequences explained below.
After better consideration, the majority of the Chamber finds that, in the instant case, in accordance with the first paragraph of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (...), the grant must be without a special award of costs, damages, or losses, based on the following considerations. (...) In cases such as this, the nature of the petitioner's claim and the respondent authority's conduct in acknowledging it suggest that the alleged harm, injuries, or alterations are not directly related to an impact on a constitutional right of a clearly patrimonial nature (as would occur, for example, with an infringement of the right to salary).
In view of the foregoing, it is necessary to grant the amparo under Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law, but without a special order to pay costs, damages, or losses incurred.
Granted without award
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 00580 - 2022 Fecha de la Resolución: 07 de Enero del 2022 a las 09:15 Expediente: 21-024727-0007-CO Redactado por: Jorge Araya Garcia Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 21-024727-0007-CO Res. Nº 2022000580 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del siete de enero de dos mil veintidos . Recurso de amparo interpuesto por MARIANA LUCÍA PORRAS ROZAS, cédula de identidad 0111460917, Presidenta de la Red de Coordinación en Biodiversidad, contra el MINISTERIO DE SALUD. Resultando: 1.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 22:49 horas de 2 de diciembre de 2021, Mariana Lucía Porras Rozas, Presidenta de la Red de Coordinación en Biodiversidad, presentó un recurso de amparo en contra del Ministerio de Salud. Explicó que el 20 de setiembre de 2021 remitió vía correo electrónico a las direcciones [email protected] y [email protected], una gestión dirigida al ministro de Salud en contra de la Municipalidad de Puriscal por el incumplimiento de la “ALERTA SANITARIA SOBRE EL USO DE HERBICIDAS EN ESPACIOS DE CONVIVENCIA HUMANA”. Por oficio No. MS-DGS-4097-2021 de 29 de setiembre de 2021 la Dirección General de Salud trasladó a la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Sur del Ministerio de Salud sus denuncias con carácter de prioridad para su atención. Mencionó que el 30 de setiembre del año en curso, por oficio No. MS-DRRSCS-2903-21 el director Regional de Rectoría de la Salud Central Sur remitió la denuncia a la Municipalidad recurrida. Acotó que por oficio de 18 de octubre de 2021 el gestor Ambiental del Área Rectora de Salud Puriscal-Turrubares le remitió el resultado de la denuncia planteada contra el ente municipal. Agregó que el 18 de octubre del año en curso remitió vía correo electrónico a las direcciones [email protected], [email protected] y [email protected], una gestión a través de la cual se solicitó la orden sanitaria entregada a la Municipalidad de Puriscal y la respuesta que le dieron a la solicitud de información de recomendación técnica planteada por el vicealcalde municipal por medio del oficio MP-AM-VA-0383, con fecha 12 de octubre de 2021. Explicó que el 19 de octubre de 2021 el director del Área Rectora de Salud de Puriscal-Turrubares remitió su gestión a la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Sur para su atención. Reclamó que al día de interposición de este recurso, no ha recibido una respuesta. Solicitó que se declare con lugar el recurso. 2.- Mediante el auto de las 16:40 horas de 3 de diciembre de 2021, se admitió el recurso de amparo y se le dio traslado a la Directora General de Salud, al Director Regional de Rectoría de la Salud Central Sur, así como al Director del Área Rectora de la Salud Puriscal – Turrubares, todos del Ministerio de Salud. 3.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 13:07 horas de 14 de diciembre de 2021, Priscilla Herrera García, Guillermo Flores Galindo y Juan Miguel Cerdas Chacón, Directora General de Salud, Director Regional de la Rectoría de la Salud Central Sur y, Director del Área Rectora de Salud Puriscal – Turrubares, todos del Ministerio de Salud, informaron: “(…) Que mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre del 2021 por parte del funcionario Alexander Arroyo Espinoza, con autorización del Dr. Juan Miguel Cerdas Chacón, Director del Área Rectora de Puriscal – Turrubares procede a dar respuesta a la Señora Porras Rozas sobre lo denunciado, explicándole detalladamente el proceso seguido a la denuncia en el caso de marras (…) En relación con los correos; [email protected] (utilizado para despacho de correspondencia en la Dirección Ministerial) y [email protected] (utilizado para recibir correspondencia en la Dirección Ministerial) los mismos están habilitados y fueron medios válidos y atendidos oportunamente como se detalla en Informe de marras, por parte de este Ministerio (…)” (el énfasis no pertenece al original) 4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. Redacta el Magistrado Araya García; y, Considerando: I.- Objeto del recurso. La recurrente, Presidenta de la Red de Coordinación en Biodiversidad, reclamó que el Área Rectora de Salud Puriscal – Turrubares, no ha respondido una solicitud de información que envió, mediante correo electrónico, desde el 18 de octubre de 2021. II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: El 20 de setiembre de 2021, la Red de Coordinación en Biodiversidad presentó ante el Ministerio de Salud, una denuncia en contra de la Municipalidad de Puriscal, por la supuesta violación de la alerta sanitaria sobre el uso de herbicidas en espacios de convivencia humana (ver la prueba aportada por la recurrente, agregada al expediente digital). El 18 de octubre de 2021, el Gestor Ambiental del Área Rectora de Salud Puriscal – Turrubares, remitió a la Red de Coordinación en Biodiversidad, el resultado de la denuncia presentada (ver la prueba aportada por la recurrente, agregada al expediente digital). El 18 de octubre de 2021, mediante un correo electrónico enviado a las cuentas [email protected], [email protected] y [email protected], desde la cuenta [email protected], la Red de Coordinación en Biodiversidad solicitó al Área Rectora de Salud Puriscal – Turrubares, lo siguiente: “(…) le agradeceré el envío de: a) La Orden Sanitaria entregada a la Municipalidad de Puriscal. b) La respuesta que dieron ustedes a la solicitud de información de recomendación técnica planteada por el señor vicealcalde municipal por medio del oficio MP-AM-VA-0383, con fecha de 12 de octubre pasado (…)” (ver la prueba aportada por la recurrente, agregada al expediente digital). El 19 de octubre de 2021, mediante un correo electrónico enviado desde al cuenta [email protected], a la dirección [email protected], el Gestor Ambiental del Área Rectora de Salud Puriscal – Turrubares del Ministerio de Salud, contestó: “(…) Trasladare (sic) sus inquietudes a mi jefatura para lo correspondiente (…)” (ver la prueba aportada por la recurrente, agregada al expediente digital). El 8 de diciembre de 2021, se notificó a la Dirección del Área Rectora de Salud Puriscal – Turrubares del Ministerio de Salud, el auto inicial del recurso de amparo (ver el acta de notificación, agregada al expediente digital). El 9 de diciembre de 2021, se notificó al Director Regional de Rectoría de Salud Central Sur del Ministerio de Salud, el auto inicial del recurso de amparo (ver el acta de notificación agregada al expediente digital). El 10 de diciembre de 2021, mediante un correo electrónico enviado desde la cuenta [email protected], a la dirección [email protected], el Gestor Ambiental del Área Rectora de Puriscal – Turrubares del Ministerio de Salud, contestó: “(…) Con instrucciones del Dr. Cerdas informarle lo siguiente respecto al caso de la Municipalidad de Puriscal y el tema de la alerta sanitaria por uso del herbicida SERACSA Modelo 2.4 D 60 s. 1. Desde la primera vez que ingreso al proceso de regulación la denuncia fue atendida de forma inmediata con las autoridades de la Municipalidad de Puriscal tal como se indicó en el acta 0410- 1-AAE-2021. 2. Producto de esa gestión la alcaldía de Puriscal genero el oficio MP-AM-VA-0383-2021 del 13 de octubre mediante lo cual este municipio se comprometió a no utilizar no adquirir más el químico al cual hacemos referencia. 3. Dicha información le fue enviada a través de correo electrónico del 18 de octubre de 2021 adjuntándole los verificadores de gestión correspondientes. Dado lo anterior quisiera en el ámbito de mis gestiones como gestor ambiental y en el proceso de seguimiento del caso informarle el estatus actualizado de su denuncia. 1. Se reitera que no fue necesario girar acto administrativo a la Municipalidad de Puriscal por cuanto la misma de forma inmediata procedió a reparar el producto químico y se comprometió a no volver a utilizarlo ni tampoco a comprarlo. 2. Respecto a la consulta técnica de la Municipalidad nuestra área rectora ha realizado varias consultas al nivel central del Ministerio de Salud quien fueron los encargados de la emisión de la alerta sanitaria; estas consultas no han sido aún resueltas de forma concreta por estos niveles de gestión. 3. Desde mi proceso hemos estado pendientes monitoreando el trabajo de la Municipalidad en este rubro (aplicación del herbicida), siendo que a la fecha no hemos constado incumplimiento de por parte de la Municipalidad. 4. Igualmente nos comprometemos a insistir con el nivel central y entes correspondientes para que nos resuelvan las consultas realizadas, de lo cual le estaré informando y compartiendo para su conocimiento. Quedo a sus órdenes a través de este medio en primera instancia para ampliar la información sobre este caso. Agradezco a todos dar acuse de este correo (…)” (ver la prueba aportada por la autoridad recurrida, agregada al expediente digital). Las cuentas de correo electrónico [email protected], [email protected] y [email protected], son medios oficiales de la Administración, para relacionarse con los administrados (hecho incontrovertido). III.- Sobre el ejercicio del derecho de petición y pronta respuesta, así como el derecho de acceso a la información administrativa, a través de medios electrónicos. Esta Sala Constitucional, en la sentencia No. 2008-009670 de las 09:55 horas de 13 de junio de 2008, al referirse al derecho de petición y el empleo de medios electrónicos (aplicable mutatis mutandis al derecho de acceso a la información administrativa), explicó: “(…) En el marco de la sociedad de la información y el conocimiento, los derechos fundamentales pueden ser ejercidos a través de las nuevas tecnologías de la información. En lo que al derecho de petición y pronta respuesta se refiere, la utilización de los medios electrónicos le da nuevos matices, los cuales, deben ser ponderados. Siempre teniendo en consideración su eficacia progresiva y expansiva, pero también, tomando en cuenta el carácter no absoluto de los derechos fundamentales, es posible concluir que, para el ejercicio del derecho de petición y pronta respuesta, empleando los medios que las nuevas tecnologías facilitan, es importante, que el requerimiento sea canalizado a través de una página web de libre acceso del ente o el órgano público. Adicionalmente, ese dominio electrónico debe contar con un hipervínculo direccionado hacia un correo electrónico dispuesto, específicamente, para recibir solicitudes, sea sobre un tema particular o bien que sirva como buzón para todo tipo gestiones (…)” (el énfasis no pertenece al original). Paralelamente, en cuanto a solicitudes que son remitidas a correos no oficiales, pero su recibido se acusa o se inicia la tramitación de su respuesta, este Tribunal, en la sentencia No. 2019-2204 de las 09:15 horas de 8 de febrero de 2019, señaló: “(…) Ahora bien, en vista de lo expuesto y luego de analizar los elementos aportados a los autos, la Sala considera que el reclamo del recurrente en este sentido, resulta procedente, toda vez, que si bien el correo electrónico al que el interesado remitió su petición, no constituye un medio oficial para la recepción de tales gestiones, lo cierto es que la parte recurrida admitió que ha procedido a tramitar dicha solicitud, siendo que al momento que la recibió, tuvo conocimiento de ella (…) Así las cosas, la administración recurrida se dio por conocedora de la gestión, y proveyó lo correspondiente para brindar la respuesta requerida (…)” (el énfasis no pertenece al original). IV.- Sobre el caso concreto. De la relación de hechos probados se desprende que el 18 de octubre de 2021, mediante un correo electrónico enviado a las cuentas [email protected], [email protected] y [email protected], desde la cuenta [email protected], la Red de Coordinación en Biodiversidad solicitó al Área Rectora de Salud Puriscal – Turrubares, lo siguiente: “(…) le agradeceré el envío de: a) La Orden Sanitaria entregada a la Municipalidad de Puriscal. b) La respuesta que dieron ustedes a la solicitud de información de recomendación técnica planteada por el señor vicealcalde municipal por medio del oficio MP-AM-VA-0383, con fecha de 12 de octubre pasado (…)”. Lo anterior, relacionado con una denuncia que se había formulado el 20 de setiembre de 2021. Ante esto, el 19 de octubre de 2021, mediante un correo electrónico enviado desde al cuenta [email protected], a la dirección [email protected], el Gestor Ambiental del Área Rectora de Salud Puriscal – Turrubares del Ministerio de Salud, contestó: “(…) Trasladare (sic) sus inquietudes a mi jefatura para lo correspondiente (…)”. No obstante, fue hasta el 10 de diciembre de 2021, luego de notificado el auto inicial, que el propio Gestor Ambiental del Área Rectora de Salud Puriscal – Turrubares del Ministerio de Salud, respondió: “(…) Con instrucciones del Dr. Cerdas informarle lo siguiente respecto al caso de la Municipalidad de Puriscal y el tema de la alerta sanitaria por uso del herbicida SERACSA Modelo 2.4 D 60 s. 1. Desde la primera vez que ingreso al proceso de regulación la denuncia fue atendida de forma inmediata con las autoridades de la Municipalidad de Puriscal tal como se indicó en el acta 0410- 1-AAE-2021. 2. Producto de esa gestión la alcaldía de Puriscal genero el oficio MP-AM-VA-0383-2021 del 13 de octubre mediante lo cual este municipio se comprometió a no utilizar no adquirir más el químico al cual hacemos referencia. 3. Dicha información le fue enviada a través de correo electrónico del 18 de octubre de 2021 adjuntándole los verificadores de gestión correspondientes. Dado lo anterior quisiera en el ámbito de mis gestiones como gestor ambiental y en el proceso de seguimiento del caso informarle el estatus actualizado de su denuncia. 1. Se reitera que no fue necesario girar acto administrativo a la Municipalidad de Puriscal por cuanto la misma de forma inmediata procedió a reparar el producto químico y se comprometió a no volver a utilizarlo ni tampoco a comprarlo. 2. Respecto a la consulta técnica de la Municipalidad nuestra área rectora ha realizado varias consultas al nivel central del Ministerio de Salud quien fueron los encargados de la emisión de la alerta sanitaria; estas consultas no han sido aún resueltas de forma concreta por estos niveles de gestión. 3. Desde mi proceso hemos estado pendientes monitoreando el trabajo de la Municipalidad en este rubro (aplicación del herbicida), siendo que a la fecha no hemos constado incumplimiento de por parte de la Municipalidad. 4. Igualmente nos comprometemos a insistir con el nivel central y entes correspondientes para que nos resuelvan las consultas realizadas, de lo cual le estaré informando y compartiendo para su conocimiento. Quedo a sus órdenes a través de este medio en primera instancia para ampliar la información sobre este caso. Agradezco a todos dar acuse de este correo (…)”. Así las cosas, dado que fue con ocasión del presente proceso, luego de 1 mes y 22 días de planteado el requerimiento, que se llevaron a cabo las actuaciones necesarias con el fin de responder lo pertinente, el recurso de amparo debe ser declarado con lugar, en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con las consecuencias que se explican más adelante. V.- Es importante destacar que, en aplicación del artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, las cuentas de correo electrónico [email protected], [email protected] y [email protected], se tuvieron como medios oficiales de la Administración para relacionarse con los administrados, debido a que las autoridades recurridas omitieron en su informe hacer referencia específica a las mismas, en cuanto a este detalle, pese a que así se les previno en el auto inicial. VI.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“ Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes” ), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia” , donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional - cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios. VII.- Conclusión. En mérito de lo expuesto, se impone declarar con lugar el recurso, en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pero sin especial condenatoria al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados. VIII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se declara con lugar el recurso, con base en lo dispuesto por el artículo 52, párrafo 1º, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Notifíquese. Fernando Castillo V. Presidente Jorge Araya G. Ana María Picado B. Ileana Sánchez N. Aracelly Pacheco S. Ana Cristina Fernandez A. Jorge Isaac Solano A. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- QK7MRZ5J5UG61 1 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:56:48. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Constitutional Chamber Resolution No. 00580 - 2022 Date of Resolution: January 7, 2022 at 09:15 Expediente: 21-024727-0007-CO Drafted by: Jorge Araya Garcia Type of matter: Amparo appeal Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Text of the resolution Exp: 21-024727-0007-CO Res. No. 2022000580 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on January seven, two thousand twenty-two. Amparo appeal filed by MARIANA LUCÍA PORRAS ROZAS, identification card number 0111460917, President of the Biodiversity Coordination Network (Red de Coordinación en Biodiversidad), against the MINISTRY OF HEALTH. Resultando: 1.- By means of the document added to the digital expediente at 22:49 hours on December 2, 2021, Mariana Lucía Porras Rozas, President of the Biodiversity Coordination Network (Red de Coordinación en Biodiversidad), filed an amparo appeal against the Ministry of Health. She explained that on September 20, 2021, she sent via email to the addresses [email protected] and [email protected], a communication addressed to the Minister of Health against the Municipality of Puriscal for non-compliance with the "HEALTH ALERT ON THE USE OF HERBICIDES IN HUMAN COEXISTENCE SPACES" (“ALERTA SANITARIA SOBRE EL USO DE HERBICIDAS EN ESPACIOS DE CONVIVENCIA HUMANA”). By official letter No. MS-DGS-4097-2021 of September 29, 2021, the General Directorate of Health forwarded her complaints to the Central South Health Governance Regional Directorate of the Ministry of Health with priority status for their attention. She mentioned that on September 30 of the current year, by official letter No. MS-DRRSCS-2903-21, the Regional Director of the Central South Health Governance forwarded the complaint to the respondent Municipality. She noted that by official letter of October 18, 2021, the Environmental Manager of the Puriscal-Turrubares Health Governance Area sent her the result of the complaint filed against the municipal entity. She added that on October 18 of the current year, she sent via email to the addresses [email protected], [email protected] and [email protected], a communication requesting the sanitary order (orden sanitaria) delivered to the Municipality of Puriscal and the response they gave to the request for technical recommendation information raised by the municipal vice-mayor through official letter MP-AM-VA-0383, dated October 12, 2021. She explained that on October 19, 2021, the director of the Puriscal-Turrubares Health Governance Area forwarded her communication to the Central South Health Governance Regional Directorate for its attention. She claimed that as of the date of filing this appeal, she has not received a response. She requested that the appeal be granted. 2.- By means of the order issued at 16:40 hours on December 3, 2021, the amparo appeal was admitted and it was transferred to the General Director of Health, the Regional Director of the Central South Health Governance, as well as the Director of the Puriscal – Turrubares Health Governance Area, all from the Ministry of Health. 3.- By means of the document added to the digital expediente at 13:07 hours on December 14, 2021, Priscilla Herrera García, Guillermo Flores Galindo and Juan Miguel Cerdas Chacón, General Director of Health, Regional Director of the Central South Health Governance, and Director of the Puriscal – Turrubares Health Governance Area, all from the Ministry of Health, reported: “(…) That via email dated December 10, 2021, by the official Alexander Arroyo Espinoza, with authorization from Dr. Juan Miguel Cerdas Chacón, Director of the Puriscal – Turrubares Health Governance Area, they proceed to respond to Ms. Porras Rozas regarding what was reported, explaining in detail the process followed for the complaint in the case at hand (…) Regarding the emails; [email protected] (used for dispatching correspondence in the Ministerial Directorate) and [email protected] (used to receive correspondence in the Ministerial Directorate), they are enabled and were valid means attended to in a timely manner as detailed in the report in question, by this Ministry (…)” (emphasis not in original) 4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed. Drafted by Judge Araya García; and, Considerando: I.- Purpose of the appeal. The appellant, President of the Biodiversity Coordination Network (Red de Coordinación en Biodiversidad), claimed that the Puriscal – Turrubares Health Governance Area has not responded to a request for information she sent, via email, since October 18, 2021. II.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven: On September 20, 2021, the Biodiversity Coordination Network (Red de Coordinación en Biodiversidad) filed before the Ministry of Health a complaint against the Municipality of Puriscal, for the alleged violation of the health alert on the use of herbicides in human coexistence spaces (see the evidence provided by the appellant, added to the digital expediente). On October 18, 2021, the Environmental Manager of the Puriscal – Turrubares Health Governance Area sent the Biodiversity Coordination Network (Red de Coordinación en Biodiversidad) the result of the filed complaint (see the evidence provided by the appellant, added to the digital expediente). On October 18, 2021, via an email sent to the accounts [email protected], [email protected] and [email protected], from the account [email protected], the Biodiversity Coordination Network (Red de Coordinación en Biodiversidad) requested the following from the Puriscal – Turrubares Health Governance Area: “(…) I would appreciate the sending of: a) The Sanitary Order (Orden Sanitaria) delivered to the Municipality of Puriscal. b) The response you gave to the request for technical recommendation information raised by the municipal vice-mayor through official letter MP-AM-VA-0383, dated last October 12 (…)” (see the evidence provided by the appellant, added to the digital expediente). On October 19, 2021, via an email sent from the account [email protected], to the address [email protected], the Environmental Manager of the Puriscal – Turrubares Health Governance Area of the Ministry of Health replied: “(…) I will forward (sic) your concerns to my superior office for appropriate action (…)” (see the evidence provided by the appellant, added to the digital expediente). On December 8, 2021, the Directorate of the Puriscal – Turrubares Health Governance Area of the Ministry of Health was notified of the initial order of the amparo appeal (see the notification record, added to the digital expediente). On December 9, 2021, the Regional Director of the Central South Health Governance of the Ministry of Health was notified of the initial order of the amparo appeal (see the notification record added to the digital expediente). On December 10, 2021, via an email sent from the account [email protected], to the address [email protected], the Environmental Manager of the Puriscal – Turrubares Health Governance Area of the Ministry of Health replied: “(…) With instructions from Dr. Cerdas, to inform you of the following regarding the case of the Municipality of Puriscal and the issue of the health alert for use of the herbicide SERACSA Modelo 2.4 D 60 s. 1. From the first time it entered the regulatory process, the complaint was attended to immediately with the authorities of the Municipality of Puriscal, as indicated in record 0410- 1-AAE-2021. 2. As a result of that action, the mayor's office of Puriscal generated official letter MP-AM-VA-0383-2021 of October 13, by which this municipality committed to not use and not acquire more of the chemical we are referring to. 3. Said information was sent to you via email on October 18, 2021, attaching the corresponding verification records of the action. Given the above, I would like, within the scope of my duties as environmental manager (gestor ambiental) and in the case follow-up process, to inform you of the updated status of your complaint. 1. It is reiterated that it was not necessary to issue an administrative act (acto administrativo) to the Municipality of Puriscal because it immediately proceeded to repair the chemical product and committed to not use it again or purchase it. 2. Regarding the Municipality's technical consultation, our governance area (área rectora) has made several inquiries to the central level of the Ministry of Health, which was responsible for issuing the health alert; these inquiries have not yet been resolved concretely by these levels of management. 3. During my process, we have been following up, monitoring the work of the Municipality in this area (application of the herbicide), and to date we have not verified non-compliance on the part of the Municipality. 4. We also commit to insisting with the central level and corresponding entities so that they resolve the inquiries made, about which I will be informing and sharing for your knowledge. I remain at your disposal through this means in the first instance to expand on the information regarding this case. I thank everyone for acknowledging receipt of this email (…)” (see the evidence provided by the respondent authority, added to the digital expediente). The email accounts [email protected], [email protected] and [email protected] are official means of the Administration for interacting with those administered (incontrovertible fact). III.- On the exercise of the right of petition and prompt response, as well as the right of access to administrative information, through electronic means. This Constitutional Chamber, in judgment No. 2008-009670 of 09:55 hours on June 13, 2008, when referring to the right of petition and the use of electronic means (applicable mutatis mutandis to the right of access to administrative information), explained: “(…) Within the framework of the information and knowledge society, fundamental rights can be exercised through new information technologies. As far as the right of petition and prompt response is concerned, the use of electronic means gives it new nuances, which must be weighed. Always taking into consideration its progressive and expansive effectiveness, but also considering the non-absolute nature of fundamental rights, it is possible to conclude that, for the exercise of the right of petition and prompt response, using the means that new technologies facilitate, it is important that the requirement be channeled through a freely accessible web page of the public entity or body. Additionally, that electronic domain must have a hyperlink directed to an email address arranged specifically to receive requests, either on a particular topic or serving as an inbox for all types of communications (…)” (emphasis not in original). In parallel, regarding requests that are sent to non-official emails, but whose receipt is acknowledged or the processing of their response is initiated, this Court, in judgment No. 2019-2204 of 09:15 hours on February 8, 2019, stated: “(…) Now then, in view of the foregoing and after analyzing the elements provided to the record, the Chamber considers that the appellant's claim in this regard is proper, since, although the email address to which the interested party sent his petition does not constitute an official means for the reception of such communications, the truth is that the respondent party admitted that it proceeded to process said request, and at the time it received it, it had knowledge of it (…) Accordingly, the respondent administration considered itself aware of the communication, and provided what was necessary to give the required response (…)” (emphasis not in original). IV.- On the specific case. From the statement of proven facts, it emerges that on October 18, 2021, via an email sent to the accounts [email protected], [email protected] and [email protected], from the account [email protected], the Biodiversity Coordination Network (Red de Coordinación en Biodiversidad) requested the following from the Puriscal – Turrubares Health Governance Area: “(…) I would appreciate the sending of: a) The Sanitary Order (Orden Sanitaria) delivered to the Municipality of Puriscal. b) The response you gave to the request for technical recommendation information raised by the municipal vice-mayor through official letter MP-AM-VA-0383, dated last October 12 (…)”. The foregoing, related to a complaint that had been filed on September 20, 2021. In response to this, on October 19, 2021, via an email sent from the account [email protected], to the address [email protected], the Environmental Manager of the Puriscal – Turrubares Health Governance Area of the Ministry of Health replied: “(…) I will forward (sic) your concerns to my superior office for appropriate action (…)”. However, it was not until December 10, 2021, after notification of the initial order, that the Environmental Manager of the Puriscal – Turrubares Health Governance Area of the Ministry of Health himself responded: “(…) With instructions from Dr. Cerdas, to inform you of the following regarding the case of the Municipality of Puriscal and the issue of the health alert for use of the herbicide SERACSA Modelo 2.4 D 60 s. 1. From the first time it entered the regulatory process, the complaint was attended to immediately with the authorities of the Municipality of Puriscal, as indicated in record 0410- 1-AAE-2021. 2. As a result of that action, the mayor's office of Puriscal generated official letter MP-AM-VA-0383-2021 of October 13, by which this municipality committed to not use and not acquire more of the chemical we are referring to. 3. Said information was sent to you via email on October 18, 2021, attaching the corresponding verification records of the action. Given the above, I would like, within the scope of my duties as environmental manager (gestor ambiental) and in the case follow-up process, to inform you of the updated status of your complaint. 1. It is reiterated that it was not necessary to issue an administrative act (acto administrativo) to the Municipality of Puriscal because it immediately proceeded to repair the chemical product and committed to not use it again or purchase it. 2. Regarding the Municipality's technical consultation, our governance area (área rectora) has made several inquiries to the central level of the Ministry of Health, which was responsible for issuing the health alert; these inquiries have not yet been resolved concretely by these levels of management. 3. During my process, we have been following up, monitoring the work of the Municipality in this area (application of the herbicide), and to date we have not verified non-compliance on the part of the Municipality. 4. We also commit to insisting with the central level and corresponding entities so that they resolve the inquiries made, about which I will be informing and sharing for your knowledge. I remain at your disposal through this means in the first instance to expand on the information regarding this case. I thank everyone for acknowledging receipt of this email (…)”. Thus, given that it was on the occasion of this present proceeding, after 1 month and 22 days from the filing of the requirement, that the necessary actions were carried out in order to respond appropriately, the amparo appeal must be granted, in application of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, with the consequences explained below. V.- It is important to note that, in application of Article 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the email accounts [email protected], [email protected] and [email protected] were considered official means of the Administration for interacting with those administered, because the respondent authorities omitted in their report to make specific reference to them, regarding this detail, despite being warned to do so in the initial order. VI.- On the award of costs, damages, and losses in accordance with Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (“If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable”), the granting must be without a special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law that requires the operative part of the ruling to indicate that the appeal is granted when the grievance is resolved while the amparo is underway, it is no less true that this same paragraph in fine refers to the granting being dictated “solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable”. It is emphasized that the Law states “if they are applicable”, which means that the applicability or non-applicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases such as this, the content of the claim of the protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an impact on the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it provides that: “any resolution that upholds the appeal shall condemn in the abstract to the compensation of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment”, where the possibility of assessing whether or not compensation and costs are applicable is not provided for. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, where appropriate, those of International or Community Law and, furthermore, in order, the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) and the Contentious Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional - cf. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), which responds to procedural logic in any matter. In any case, the affected party of the sub lite preserves the possibility of resorting, if they deem it appropriate, to a declaratory proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this appeal without a condemnation in costs, damages, and losses. VII.- Conclusion. By virtue of the foregoing, it is imperative to grant the appeal, in application of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, but without a special condemnation to the payment of the costs, damages, and losses caused. VIII.- Documentation provided to the expediente. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, as provided in the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI. Por tanto: The appeal is granted, based on the provisions of Article 52, paragraph 1, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, without a special condemnation in costs, damages, and losses. Notify. Fernando Castillo V. President Jorge Araya G. Ana María Picado B. Ileana Sánchez N. Aracelly Pacheco S. Ana Cristina Fernandez A. Jorge Isaac Solano A. Digitally Signed Document -- Verification code -- QK7MRZ5J5UG61 1 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 16:56:48. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República