Res. 00792-2022 Sala Constitucional — Administrative response deadlines for zoo permitsPlazos de respuesta administrativa en permisos de zoológico

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Sala Constitucional

Resolución Nº 00792 - 2022

Fecha de la Resolución: 07 de Enero del 2022 a las 09:15

Expediente: 22-000160-0007-CO

Redactado por: Anamari Garro Vargas

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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EXPEDIENTE N° 22-000160-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

RESOLUCIÓN Nº 2022000792

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del siete de enero de dos mil veintidos .

  Recurso de amparo interpuesto por JENNIFER BARNETT RICE RICE, cédula de residencia 184000175208, a favor de la ASOCIACIÓN LA GALERÍA DEL ARTE INCREIBLE NIÑOS SALVANDO EL BOSQUE, cédula jurídica 3002258073, contra el ÁREA DE CONSERVACIÓN PACIFICO CENTRAL-SINAC, MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. 

Resultando:

   1.- Por escrito recibido a las 17:53 horas del 4 de enero de 2022, la recurrente interpone recurso de amparo contra el ÁREA DE CONSERVACIÓN PACIFICO CENTRAL-SINAC, MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, a favor de la ASOCIACIÓN LA GALERÍA DEL ARTE INCREIBLE NIÑOS SALVANDO EL BOSQUE, y manifiesta lo siguiente: que en agosto de 2019 se presentó en la Oficina Subregional de Quepos de la recurrida el plan de manejo del Zoológico de Kids Saving the Rainforest, así como la demás documentación para optar por el debido permiso para el zoológico de KIDS SAVING THE RAINFOREST, ubicado en Concepción de Naranjito de Quepos. El 13 de setiembre de 2019 mediante correo electrónico se le remite a Ingrid Campos lo siguiente: “Le escribo para saber cómo va el trámite de los documentos presentados el 1 de agosto para la aprobación del plan de manejo del zoológico y centro de rescate Kids Saving the Rainforest”. Como respuesta, el día 17 de agosto de 2019 recibió, vía correo electrónico, lo siguiente: “Con relación al trámite presentado, el mismo esta para ser revisado en los próximos días, ya que tengo varios trámites de vida silvestre adelante del presentado por ustedes. Debo indicarle, que no cuento con una persona encargada de vida silvestre, por lo que toda la revisión de todos los procesos me corresponde realizarlos, por ello estoy un poco atrasada, usted conoce la cantidad de trámite de que lleva la oficina. 31 de octubre del 2019 la licenciada Ingrid Campos mediante correo electrónico me indica lo siguiente: Estoy en proceso de lectura y análisis del documento, luego debo realizar la visita al sitio, para emitir el informe correspondiente y elaborar la resolución correspondiente, espero que a finales de noviembre esté listo, ya que en total tengo 8 tramites con plan de manejo que revisar y es un poco lento la lectura. Como usted conoce se debe analizar el plan de manejo, realizar visita de campo, solicitar ajustes y luego se elabora la resolución”. El pasado el 14 de mayo de 2020, mediante el oficio SINAC-ACOPAC-OSRAP-291-2020 le solicitaron a la parte amparada algunos ajustes, mismos que fueron entregados el 3 de julio de ese mismo año, con todo lo solicitado. Asimismo, el 3 de julio de 2020, presentó nuevamente el plan de manejo con algunas correcciones solicitadas; esto, conforme le fue requerido mediante el oficio SINAC-ACOPAC-OSRAP- 291-2020 con fecha del 12 de mayo de 2020 y recibido el 14 de mayo. Al no obtener respuesta, se solicitó una reunión, la cual se llevó a cabo el 07 de enero del siguiente año con la asistencia de la bióloga regente y veterinaria, mismas que sostuvieron la reunión en la Oficina Subregional de Quepos, con personal del Área de Conservación, a fin de poder conversar las razones del porqué, a más de un año de haber presentado la documentación para los permisos de funcionamiento del zoológico Kids Saving the Rainforest, no se había obtenido una respuesta. Al finalizar la actividad, se acordó que se realizaría la consulta a la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), sobre si se necesitaba o no la viabilidad ambiental para podernos otorgar el debido permiso, esto pese a que KSTR existe en el mismo sitio desde hace 10 años. La licenciada Ingrid Campos realizó la consulta a la SETENA, tal y como se acordó, y le remitió el oficio de la SETENA indicándole a la parte recurrente que no le quedaba muy clara la respuesta y manifestándole que podrían hacer una sesión de análisis virtual para determinar el paso a seguir. El 8 de junio de 2021, mediante el oficio SINAC-ACOPAC-OSRAP-387-2021, se le indicó a la parte accionante que la consulta que ya se había hecho a SETENA debía ser presentada ahora por ella directamente. Así, pese a ya tener una respuesta, la parte amparada procedió a realizarla inmediatamente y el pasado 7 de julio del presente año, mediante correo electrónico, le remitió a la señora Ingrid Campos la respuesta dada por la SETENA, según la cual, claramente, se indicaba que no se necesitaba la viabilidad ambiental. El 04 de agosto de 2021, mediante un documento con firma digital, se le remitió al señor Adrián Arce, vía correo electrónico —y en vista de la falta de respuesta de la señora Ingrid Campos y Gil Donaldo Ruiz—, una comunicación haciéndole ver la necesidad de recibir una respuesta a la menor brevedad posible, ya que como organización, la parte amparada quería estar al día con sus obligaciones, de manera que realmente en ese momento existe frustración de su parte ya que sus tramites y consultas no eran respondidos con la seriedad del caso. El día 16 de setiembre de 2021, mediante correo electrónico, se recibió el oficio ACOPAC-DT- 074-2021, indicando lo siguiente: “Por este medio le informo que en seguimiento a la solicitud de información realizada vía correo electrónico y fechada 4 de agosto del presente mes, le informo que desde el año 2019 el Programa Nacional de Vida Silvestre del SINAC, recibió una serie de observaciones Legales por parte de la Fiscalía General de la República, estas acciones han traído varios inconvenientes que propician la revisión exhaustiva de los procedimientos y resoluciones de operación de varios Centros de Manejo a nivel nacional y el Área de Conservación Pacífico Central ha tenido que corregir y cerrar varios de estos Centros de Manejo esto ha requerido presupuesto, personal y equipo el cual esta muy debilitado por la disminución de nuestro presupuesto por la emergencia Nacional por el Covid 19. Afortunadamente el tema de su consulta ya ha pasado por varios profesionales y la Comisión de Vida Silvestre del Área y según informa la Gerencia de Manejo Forestal y Vida Silvestre el expediente fue trasladado a la Asesoría Legal de ACOPAC junto con la resolución en versión borrador, se espera tener revisado este caso a inicios del mes de octubre por lo que le pido disculpas por los inconvenientes que se que le hemos generado y no es habitual que se dure tanto tiempo, no obstante estamos ordenando el tema de Vida Silvestre en toda el Área y esto beneficiará a la biodiversidad que protegemos y que tanto queremos conservar”. El día 19 de octubre de 2021, mediante correo electrónico se le remite lo siguiente al señor Gil Ruiz: “En vista de que la señora Ingrid Campos se encuentra de vacaciones, quisiera saber si usted me puede dar respuesta acerca del trámite del permiso del Zoológico de Kids Saving the Rainforest, del cual hemos conversado y usted tiene conocimiento de todos los antecedentes, esto por medio de nuestra regente Yeimy Gamboa Pérez. Recibiendo como respuesta el día 21 de octubre del 2021 lo siguiente: El caso ya se está revisando por la Asesoría Legal de ACOPAC, esperamos tener respuesta a más tardar la próxima semana”. Al día de hoy, 2 años y 4 meses después de haber presentado la documentación correspondiente al trámite en la Oficina Subregional de Quepos y Parrita y todo lo referido en los hechos anteriores, esa oficina no se ha pronunciado al respecto sobrepasando por mucho los plazos de repuesta establecidos por la legislación costarricense. Solicita la recurrente que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley. 

  2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

 Redacta la Magistrada Pacheco Salazar; y,

Considerando:

 I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte accionante acusa que, en agosto de 2019 se presentó en la Oficina Subregional de Quepos el plan de manejo del Zoológico de Kids Saving the Rainforest, así como la demás documentación para optar por el debido permiso para el zoológico de KIDS SAVING THE RAINFOREST. Sin embargo, a la fecha, todavía no se ha recibido contestación al respecto. En relación con lo señalado por la parte recurrente, se resuelve como se dirá en los siguientes considerandos.

 II.- NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o “amparo de legalidad”, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.

 III.- VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS POR LEY PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: CUESTIÓN EVIDENTE DE LEGALIDAD ORDINARIA. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para la parte recurrente. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle a la gestionante que si a bien lo tiene puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. 

 IV.- EL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ PONE NOTA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia, pues las controversias jurídico-constitucionales que atañen a menores de edad, al ambiente, pago de salario, al pago de las prestaciones cuando la persona se jubila, a las pensiones del régimen no contributivo y los casos de parálisis cerebral profunda, discapacitados, extranjeros que se encuentran fuera del país, servicio de agua potable, adultos mayores cuando no se refiere a cuestiones de su pensión, denuncias de corrupción, derecho de los indígenas, reclamos por la falta de aseguramiento ante la Caja Costarricense de Seguro Social y de licencias de maternidad son de conocimiento de esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo. En los demás casos, y por las razones que se dan en esta sentencia, los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

 V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:  

  Se rechaza de plano el recurso. El magistrado Castillo Víquez pone nota. 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Jorge Araya G.

	

 

	

Ana María Picado B.




Ileana Sánchez N.

	

 

	

Aracelly Pacheco S.




Ana Cristina Fernandez A.

	

 

	

Jorge Isaac Solano A.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 4MCKAB4NB5461

EXPEDIENTE N° 22-000160-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:58:02.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

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Sala Constitucional

Resolution No. 00792 - 2022

Date of Resolution: January 7, 2022 at 09:15

Case File: 22-000160-0007-CO

Drafted by: Anamari Garro Vargas

Type of matter: Recurso de amparo

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL

Text of the resolution

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EXPEDIENTE N° 22-000160-0007-CO

PROCEEDING: RECURSO DE AMPARO

RESOLUTION Nº 2022000792

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours and fifteen minutes on January seven, two thousand twenty-two.

Recurso de amparo filed by JENNIFER BARNETT RICE RICE, residence ID 184000175208, on behalf of ASOCIACIÓN LA GALERÍA DEL ARTE INCREIBLE NIÑOS SALVANDO EL BOSQUE, legal ID 3002258073, against the ÁREA DE CONSERVACIÓN PACIFICO CENTRAL-SINAC, MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.

Resultando:

1.- By filing received at 5:53 p.m. on January 4, 2022, the petitioner files a recurso de amparo against the ÁREA DE CONSERVACIÓN PACIFICO CENTRAL-SINAC, MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, on behalf of ASOCIACIÓN LA GALERÍA DEL ARTE INCREIBLE NIÑOS SALVANDO EL BOSQUE, and states the following: that in August 2019, the management plan for the Kids Saving the Rainforest Zoo was submitted to the respondent’s Quepos Subregional Office, along with the other documentation to apply for the proper permit for the KIDS SAVING THE RAINFOREST zoo, located in Concepción de Naranjito de Quepos. On September 13, 2019, the following was sent to Ingrid Campos via email: "I am writing to find out how the processing of the documents submitted on August 1 for the approval of the management plan for the Kids Saving the Rainforest zoo and rescue center is going." In response, on August 17, 2019, she received, via email, the following: "Regarding the submitted application, it is due to be reviewed in the coming days, as I have several wildlife applications ahead of the one you submitted. I must inform you that I do not have a person in charge of wildlife, so I am responsible for carrying out all the review of all processes, which is why I am a bit behind, you know the volume of applications the office handles. On October 31, 2019, Ms. Ingrid Campos indicated the following to me via email: I am in the process of reading and analyzing the document, I must then conduct a site visit, to issue the corresponding report and prepare the corresponding resolution; I expect it to be ready by the end of November, since I have a total of 8 applications with management plans to review and the reading is somewhat slow. As you know, the management plan must be analyzed, a field visit conducted, adjustments requested, and then the resolution is prepared." On May 14, 2020, through official letter SINAC-ACOPAC-OSRAP-291-2020, the protected party was asked for some adjustments, which were delivered on July 3 of that same year, with everything requested. Likewise, on July 3, 2020, she resubmitted the management plan with some requested corrections; this, as was required of her through official letter SINAC-ACOPAC-OSRAP- 291-2020 dated May 12, 2020, and received on May 14. Having received no response, a meeting was requested, which took place on January 7 of the following year with the attendance of the managing biologist and veterinarian, who held the meeting at the Quepos Subregional Office with personnel from the Conservation Area, in order to discuss the reasons why, more than a year after having submitted the documentation for the operating permits for the Kids Saving the Rainforest zoo, a response had not been obtained. At the end of the activity, it was agreed that a consultation would be made to the Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), regarding whether or not environmental feasibility (viabilidad ambiental) was needed to be able to grant us the proper permit, despite the fact that KSTR has existed on the same site for 10 years. Ms. Ingrid Campos made the query to SETENA, as agreed, and forwarded the official letter from SETENA to the petitioner, indicating that the response was not very clear to her and stating that they could hold a virtual analysis session to determine the next step. On June 8, 2021, through official letter SINAC-ACOPAC-OSRAP-387-2021, the plaintiff was informed that the consultation already made to SETENA must now be submitted by her directly. Thus, despite already having a response, the protected party proceeded to carry it out immediately, and on July 7 of this year, via email, she forwarded to Ms. Ingrid Campos the response given by SETENA, which clearly stated that environmental feasibility (viabilidad ambiental) was not needed. On August 4, 2021, through a digitally signed document, a communication was sent to Mr. Adrián Arce, via email—and in view of the lack of response from Ms. Ingrid Campos and Gil Donaldo Ruiz—pointing out the need to receive a response as soon as possible, since as an organization, the protected party wanted to be up to date with its obligations, such that at that moment there was frustration on its part since its applications and consultations were not being answered with the seriousness the case warranted. On September 16, 2021, via email, official letter ACOPAC-DT- 074-2021 was received, stating the following: "Through this medium, I inform you that in follow-up to the request for information made via email and dated August 4 of this month, I inform you that since 2019, the Programa Nacional de Vida Silvestre of SINAC received a series of legal observations from the Fiscalía General de la República; these actions have brought several inconveniences that necessitate the exhaustive review of the procedures and operating resolutions of several Management Centers nationwide, and the Área de Conservación Pacífico Central has had to correct and close several of these Management Centers; this has required budget, personnel, and equipment which is greatly weakened by the decrease in our budget due to the National Emergency for Covid 19. Fortunately, the subject of your consultation has already passed through several professionals and the Area's Wildlife Commission, and as reported by the Gerencia de Manejo Forestal y Vida Silvestre, the file was transferred to the Legal Advisory Office of ACOPAC along with the draft version of the resolution; it is expected that this case will be reviewed by the beginning of October, so I apologize for the inconveniences that we have caused you, and it is not usual to take so long; however, we are organizing the Wildlife matter in the entire Area, and this will benefit the biodiversity we protect and that we so wish to conserve." On October 19, 2021, the following was sent via email to Mr. Gil Ruiz: "Given that Ms. Ingrid Campos is on vacation, I wanted to know if you can give me a response regarding the processing of the permit for the Kids Saving the Rainforest Zoo, about which we have spoken and you are aware of all the background, this through our managing professional Yeimy Gamboa Pérez. Receiving the following response on October 21, 2021: The case is already being reviewed by the Legal Advisory Office of ACOPAC, we expect to have a response by next week at the latest." As of today, 2 years and 4 months after having submitted the documentation corresponding to the application in the Quepos and Parrita Subregional Office and everything referred to in the preceding facts, that office has not issued a ruling on the matter, far exceeding the response deadlines established by Costa Rican legislation. The petitioner requests that the recurso be granted, with the legal consequences.

2.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its filing, any petition brought to its attention that turns out to be manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is a simple reiteration or reproduction of a previous equal or similar rejected petition.

Drafted by Judge Pacheco Salazar; and,

Considerando:

I.- PURPOSE OF THE RECURSO. The plaintiff alleges that, in August 2019, the management plan for the Kids Saving the Rainforest Zoo was submitted to the Quepos Subregional Office, along with the other documentation to apply for the proper permit for the KIDS SAVING THE RAINFOREST zoo. However, to date, no reply has yet been received in that regard. In relation to what was stated by the petitioner, it is resolved as will be said in the following considerandos.

II.- THE NEW ADMINISTRATIVE JUSTICE A CELERITOUS AND FULL MECHANISM FOR THE PROTECTION OF SUBSTANTIAL LEGAL SITUATIONS OF ADMINISTERED PERSONS. The Sala Constitucional, since its founding, has used broad admissibility criteria in view of the absence of expeditious and swift procedural channels for the protection of substantial legal situations that are grounded in the infra-constitutional legal system or legality parameter, which have an indirect connection with fundamental rights and the Law of the Constitution. In this regard, one must not lose perspective that the Constitution, due to its supremacy, super-legality, and direct and immediate efficacy, provides an indirect foundation for any imaginable substantial legal situation of persons. However, under better consideration and given the promulgation of the Código Procesal Contencioso-Administrativo (Law No. 8508 of April 24, 2006) and its entry into force as of January 1, 2008, it has become evident that litigants now have a plenary and universal contencioso-administrativo jurisdiction, extremely expeditious and swift due to the various procedural mechanisms that this legislation incorporates into the legal system, such as the shortening of deadlines for carrying out various procedural acts, the broadening of standing, precautionary measures, the numerus apertus of admissible claims, orality—and its sub-principles of concentration, immediacy, and celerity—, the single instance with appeal in expressly limited situations, intra-procedural conciliation, the unified process, the preferential processing procedure or "amparo de legalidad," pure legal processes, new enforcement measures (coercive fines, substitute or commissarial execution, seizure of property from the fiscal domain and some from the public domain), the broad powers of the body of enforcement judges, the extension and adaptation of the effects of jurisprudence to third parties, and the flexibility of the cassation appeal. All these novel procedural institutes have the manifest purpose and objective of achieving procedural economy, celerity, promptness, and the effective or full protection of the substantial legal situations of administered persons, all with the guarantee of basic fundamental rights such as due process, defense, and adversarial proceedings. In sum, the new contencioso-administrativo jurisdiction is a suitable channel, due to its new characteristics of simplicity, celerity, and promptness for the amparo and effective protection of the substantial legal situations of administered persons in which it is necessary to gather evidence or define some questions of ordinary legality.

III.- VERIFICATION OF THE DEADLINES SET BY LAW TO RESOLVE ADMINISTRATIVE PROCEDURES: AN EVIDENT QUESTION OF ORDINARY LEGALITY. It is evident that determining whether the public administration complies or not with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear admissible administrative remedies, is an evident question of ordinary legality that, henceforth, can be discussed and resolved before the contencioso-administrativo jurisdiction with the application of the principles that nourish the constitutional jurisdiction, such as those of vicarious standing, the possibility of material defense—that is, of appearing without legal representation—and of gratuity for the petitioner. Consequently, the outright rejection is warranted, and the petitioner is instructed that if she deems it appropriate, she may resort to the contencioso-administrativo jurisdiction.

IV.- JUDGE CASTILLO VÍQUEZ NOTES A DISSENT. I have supported the thesis of this Court, that when a litigant alleges a violation of the right to prompt and full justice in administrative proceedings, those who must hear the legal controversy are the Contencioso-Administrativo Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is subject to judicial protection by means of the recurso de amparo established by article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to article 27 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, in those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting his or her fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is responsible for exclusively defining its own competence, since the legal-constitutional controversies concerning minors, the environment, payment of salary, the payment of benefits when a person retires, pensions from the non-contributory regime and cases of profound cerebral palsy, disabled persons, foreigners who are outside the country, drinking water service, older adults when it does not refer to issues of their pension, corruption complaints, the rights of indigenous people, claims for lack of coverage by the Caja Costarricense de Seguro Social, and maternity leave are cognizable by this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo. In all other cases, and for the reasons given in this judgment, the competent judges are those of the contencioso-administrativo jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

V.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The recurso is rejected outright. Judge Castillo Víquez notes a dissent.

Fernando Castillo V.
President

Jorge Araya G.

Ana María Picado B.

Ileana Sánchez N.

Aracelly Pacheco S.

Ana Cristina Fernandez A.

Jorge Isaac Solano A.

Digitally Signed Document
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4MCKAB4NB5461
EXPEDIENTE N° 22-000160-0007-CO

Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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