Res. 01714-2022 Sala Constitucional — Delayed response to environmental information request via emailRespuesta tardía a solicitud ambiental por correo electrónico

Grande
Normal
Pequeña
Sala Constitucional

Resolución Nº 01714 - 2022

Fecha de la Resolución: 21 de Enero del 2022 a las 09:15

Expediente: 21-025872-0007-CO

Redactado por: Ronald Salazar Murillo

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución



Exp: 21-025872-0007-CO

Res. Nº 2022001714

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintiuno de enero de dos mil veintidos .

  

 Recurso de amparo que se tramita en expediente número 21-025872-0007-CO, interpuesto por MARIANA LUCÍA PORRAS ROZAS, cédula de identidad 0111460917, a favor de la ASOCIACIÓN RED DE COORDINACIÓN EN BIODIVERSIDAD, cédula jurídica 3002611847, contra  el MINISTERIO DE SALUD.

Resultando:

  1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 21:12 horas del 16 de diciembre de 2021, la recurrente interpone recurso de amparo contra  el Ministerio de Salud. Manifiesta en resumen, que mediante correo electrónico enviado el 23 de noviembre de 2021 a la dirección: [email protected] solicitó al Encargado de Proceso de Regulación del Área Rectora de Salaud Alajuela 2, la siguiente información: "(…) le agradeceré el envío de la constancia del proceso de destrucción del herbicida entregado por la empresa a su autoridad, a la que se hace referencia en el acta citada. De igual manera, le agradeceré indicarme: a) La cantidad del herbicida que está aún por destruirse por parte de la empresa, o que ustedes llegaron a determinar durante la visita de inspección técnica. b) Si ustedes van a inspeccionar el proceso de destrucción de este herbicida por parte de la empresa. (…)" (documento aportado como prueba). Sin embargo, alega que a la fecha que acude en amparo no ha recibido respuesta, razón por la cual estima lesionados sus derechos fundamentales.

  2.- Mediante resolución de las 09:14 horas del 20 de diciembre de 2021,  se dio curso al presente recurso y se otorgó audiencia al Encargado del proceso de regulación del Área Rectora de Salud Alajuela 2, sobre los hechos alegados por el recurrente.

  3.- Informa bajo juramento Carlos Arguedas Chaverri, en calidad de Director a.i. del Área Rectora de Salud Alajuela 2, que el 15 de noviembre del 2021, se realizó inspección a la empresa RATECSA S.A., en atención a denuncia presentada por la aquí recurrente, en que refirió un aparente incumplimiento de la “Alerta Sanitaria uso de Herbicidas Industriales en Espacios de Convivencia Humana”, emitida por el Ministerio de Salud; sin embargo, en sitio no se logró evidenciar el incumplimiento. Señala, que la compañía RATECSA es una empresa de venta de productos para control de plagas y desinfectantes; por lo cual, no realiza la aplicación de productos, situación que no se incluye en la alerta sanitaria, misma que indica que hacer un “llamado a las instituciones públicas y entes privados a leer la etiqueta de los herbicidas y solo utilizar aquellos que indiquen que son de USO DOMÉSTICO ya que los de uso profesional o agrícola, solamente pueden ser aplicados por personas y empresas que cuentan con una autorización que asegura un manejo especializado a estos productos.” Indica, que en virtud de ello, se procedió a archivar la denuncia confidencial 440-2021. Agrega, que en cuanto al herbicida Arsenal® 24 SL, no se encuentra prohibido su comercialización y está autorizado para USO PROFESIONAL y USO AGRICOLA y durante la visita según consta en el informe técnico MS-DRRSCN-DARSA2-IT-3834-2021, la empresa indicó que actualmente la comercialización de este producto se ha descontinuado debido a que el mismo ya no es demandado en el mercado de los herbicidas. Además, indicaron que contaban con unidades en bodega (mismos que se observaron) que serían destruidas por la empresa Wastech S.A., la cual cuenta con todos los permisos correspondientes para realizar dicho tratamiento final; sin embargo, cabe resaltar que la destrucción del producto Arsenal® 24 SL no fue ordenada por el Ministerio de Salud, debido a que la organización no estaba incumpliendo la Alerta Sanitaria mencionada anteriormente, sino a motivos operativos de la empresa. Acota, que el 17 de noviembre del 2021 mediante el correo electrónico [email protected] (correo electrónico institucional del gestor ambiental asignado para la denuncia 440-2021), se notificó al denunciante el oficio MS-DRRSCN-DARSA2-3839-2021, sobre la resolución de la denuncia 440-2021. Menciona, que debido a ello, la denunciante solicitó mediante correo electrónico la copia del acta de inspección ocular MSDRRSCN-DARSA2-3830-2021, correspondiente a la inspección realizada el 15 de noviembre del 2021, mismo documento que fue suministrado el 19 de noviembre del 2021. Refiere, que el 23 de noviembre del 2021, mediante correo electrónico el denunciante solicito una copia del certificado de destrucción del herbicida Arsenal® 24 SL que se encontraba en la empresa. Aclara, que como se mencionó anteriormente, el Ministerio de Salud no ordenó a la empresa en cuestión la destrucción del producto herbicida Arsenal® 24 SL (no está prohibido en el país), pero debido al interés del denunciante y como cortesía, se coordinó vía telefónica con la empresa RATECSA S.A., para que, una vez realizada la entrega y destrucción de este producto, se facilitara una copia del certificado de entrega y destrucción. Menciona, que el certificado señalado, fue suministrado por la organización hasta el 15 de diciembre del 2021, mediante trámite 5231-2021, y para el 3 de enero del 2022, mediante el correo electrónico [email protected]

(correo electrónico institucional del gestor ambiental asignado para la denuncia 440-2021), se realizó la entrega una copia del certificado al denunciante. Alude, que el correo oficial para solicitud de información por los usuarios en el Área Rectora de Salud Alajuela 2, según consta en los oficios emitidos por esta instancia es [email protected]. Solicita se declare sin lugar el recurso.

  4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Salazar Murillo; y,

 Considerando:

     I.- Objeto del recurso. La recurrente alega que mediante correo electrónico enviado el 23 de noviembre de 2021 a la dirección: [email protected] solicitó al Encargado de Proceso de Regulación del Área Rectora de Salud Alajuela 2, se le entregara copia de un certificado y otra información; sin embargo, a la fecha no se le ha entregado dicho documento ni la respuesta solicitada.

  II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a)    El 11 de octubre de 2020, la recurrente presentó una denuncia ante el Área de Salud de Alajuela 2, por un aparente incumplimiento de la “Alerta Sanitaria uso de Herbicidas Industriales en Espacios de Convivencia Humana”, emitida por el Ministerio de Salud por parte de la compañía RATECSA  (ver informe de la autoridad recurrida).

b)    Mediante oficio S-DRRSCN-DARSA2-3839-2021, del 15 de noviembre de 2021, la autoridad recurrida le indicó a la recurrente, que al momento de la visita no se logró comprobar lo denunciado, por lo cual se procede a archivar la denuncia confidencial 440-2021 contra de la empresa RATECSA por incumplimiento de la “Alerta Sanitaria uso de Herbicidas Industriales en Espacios de Convivencia Humana” (ver informe de la autoridad recurrida y copia del oficio).

c)     El 17 de noviembre del 2021 mediante el correo electrónico [email protected], que es el correo electrónico institucional del gestor ambiental asignado para la denuncia 440-2021, se notificó al denunciante el oficio MS-DRRSCN-DARSA2-3839-2021 (ver informe de la autoridad recurrida).

d)    El 23 de noviembre de 2021, la recurrente envió un correo electrónico a la dirección: [email protected] mediante el cual le solicitó al Encargado de Proceso de Regulación del Área Rectora de Salud Alajuela 2, la siguiente información: "(…) le agradeceré el envío de la constancia del proceso de destrucción del herbicida entregado por la empresa a su autoridad, a la que se hace referencia en el acta citada. De igual manera, le agradeceré indicarme: a) La cantidad del herbicida que está aún por destruirse por parte de la empresa, o que ustedes llegaron a determinar durante la visita de inspección técnica. b) Si ustedes van a inspeccionar el proceso de destrucción de este herbicida por parte de la empresa. (…)” (ver informe de la autoridad recurrida, copia de la gestión y correo electrónico)..

e)     El Ministerio de Salud no ordenó a la empresa denunciada la destrucción del producto herbicida Arsenal® 24 SL,  pero debido al interés de la denunciante,  se coordinó vía telefónica con la empresa RATECSA S.A., para que, una vez realizada la entrega y destrucción de este producto, se facilitara una copia del certificado de entrega y destrucción (ver informe de la autoridad recurrida).

f)      El 15 de diciembre del 2021, la empresa citada suministró el certificado de destrucción del herbicida de maleza Arsenal emitido por la empresa Wastech, en el cual se indican los siguientes datos: descripción del residuo, hora de ruta, tarimas, toneladas y vía de disposición y la fecha de la gestión de los residuos (ver informe de la autoridad recurrida y copia del certificado).

g)    A las 08:54 horas del 3 de enero del 2022, mediante el correo electrónico [email protected] se le brindó el certificado solicitado a la recurrente (ver informe de la autoridad recurrida y copia del certificado).

h)    El 05 de enero de 2022, dio acuse del supra indicado correo y solicitó aclaración del contenido del certificado y reiteró: “(…)  3.- Si usted, o alguna otra autoridad del Ministerio de Salud, estuvo presente durante el proceso de coprocesamiento dado a este producto”. (ver copia del correo electrónico).

i)      A las 09:10 horas del 06 de enero de 2022, la autoridad recurrida fue notificada de la resolución que dio curso al presente recurso (ver acta de notificación).

j)      A las 10:09 horas del 06 de enero de 2022, la autoridad recurrida le contestó a la recurrente al correo [email protected]  lo siguiente: “Con respecto al punto 3, la empresa Wastech se encuentra registrada como un gestor autorizado ante el Ministerio de Salud con registro DPAH-UASSAH-RGA-028-2015, por lo cual no se requiere la presencia de un funcionario para verificar un proceso de gestión de residuos rutinario y autorizado, además le recuerdo que dicho producto Arsenal® 24 SL no se encuentra prohibido, lo que está prohibido es la aplicación de este en espacios como viviendas, edificios, instalaciones públicas y privadas, comercios, vehículos públicos y privados, jardines interiores y exteriores, líneas férreas, etc; pero su uso para otras aplicaciones (uso profesional) se encuentra totalmente autorizado. Con respecto a la cantidad anotada, el certificado indica que es peso en toneladas(…)” (ver copia del correo electrónico).

k)    El correo oficial para solicitud de información por los usuarios en el Área Rectora de Salud Alajuela 2, es [email protected] (ver informe de la autoridad recurrida).

l)      El correo electrónico institucional del gestor ambiental asignado para la denuncia interpuesta por la recurrente es [email protected] (ver informe de la autoridad recurrida).

  III.-  Sobre el ejercicio del derecho de petición y pronta respuesta, así como el derecho de acceso a la información administrativa, a través de medios electrónicos. Esta Sala Constitucional, en la sentencia No. 2008-009670 de las 09:55 horas de 13 de junio de 2008, al referirse al derecho de petición y el empleo de medios electrónicos (aplicable mutatis mutandis al derecho de acceso a la información administrativa), explicó:

"(…) En el marco de la sociedad de la información y el conocimiento, los derechos fundamentales pueden ser ejercidos a través de las nuevas tecnologías de la información. En lo que al derecho de petición y pronta respuesta se refiere, la utilización de los medios electrónicos le da nuevos matices, los cuales, deben ser ponderados. Siempre teniendo en consideración su eficacia progresiva y expansiva, pero también, tomando en cuenta el carácter no absoluto de los derechos fundamentales, es posible concluir que, para el ejercicio del derecho de petición y pronta respuesta, empleando los medios que las nuevas tecnologías facilitan, es importante, que el requerimiento sea canalizado a través de una página web de libre acceso del ente o el órgano público. Adicionalmente, ese dominio electrónico debe contar con un hipervínculo direccionado hacia un correo electrónico dispuesto, específicamente, para recibir solicitudes, sea sobre un tema particular o bien que sirva como buzón para todo tipo gestiones (…)" (el énfasis no pertenece al original). 

 

 IV.- Sobre el fondo. De la relación de hechos probados se desprende que, el 23 de noviembre de 2021, la recurrente envió al Encargado de Proceso de Regulación del Área Rectora de Salud Alajuela 2, un correo electrónico a la dirección: [email protected] mediante el cual solicitó la constancia del proceso de destrucción del herbicida entregado por la empresa; y además, preguntó, si un funcionario inspeccionaría el proceso de destrucción del herbicida, entre otros. Al respecto, la autoridad recurrida manifestó bajo juramento, que el Ministerio de Salud no era el responsable de la destrucción del producto herbicida Arsenal® 24 SL,  pero debido al interés de la denunciante, se coordinó vía telefónica con la empresa RATECSA S.A., para que, una vez realizada la entrega y destrucción de este producto, se facilitara una copia del certificado. A su vez, si bien el correo oficial de la autoridad recurrida es [email protected], lo cierto es que el correo electrónico institucional del gestor ambiental asignado para la denuncia interpuesta por la recurrente es [email protected], por lo que la gestión que echa de menos la recurrente fue debidamente canalizada al medio oficial dispuesto para su caso.  En el sublite, si bien el 03 de enero de 2021, la autoridad recurrida le entregó la copia del certificado solicitado, en ese sentido no se lesionó el derecho a la información; sin embargo, se echa de menos  la respuesta a las interrogantes planteadas. En ese aspecto, se advierte a los recurridos que, ha sido criterio reiterado por esta Sala, que cuando la petición formulada, por su naturaleza, requiere de mayor tiempo para recabar la información y elaborar su respuesta, la Administración tiene la obligación de informar a la parte solicitante, por escrito, las razones del retraso y la fecha en la que se entregará lo solicitado; situación que no se observa en el particular. Así las cosas, al haber transcurrido más de un mes sin brindar respuesta alguna a lo solicitado por la recurrente, se tiene por acreditada la violación al derecho de petición. Ahora bien, dado que con ocasión de la notificación del presente recurso, la autoridad recurrida remitió la respuesta a lo pedido por la recurrente al correo electrónico señalado, el día 06 de enero de 2022, lo procedente es disponer la estimatoria del recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios.

V.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala es del criterio que la estimatoria que opera ex lege, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), el cual dispone: “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso (…)”, debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, también cierto es que el mismo párrafo primero del artículo 52 de la ley de cita, refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual quiere decir que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas dependen de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este en que opera una terminación anormal del proceso, asimilable al desistimiento por satisfacción extraprocesal, es criterio de mayoría que no cabe condenar en costas, como tampoco en daños y perjuicios, porque las consecuencias económicas de la sentencia son similares a las de un archivo del expediente. Además, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que tales menoscabos, lesiones o alteraciones patrimoniales, no han tenido lugar; al menos en este amparo no hay elementos de juicio que sugieran otra cosa. Nada obsta para que, en casos de excepción, la Sala pueda considerar la procedencia de la indemnización. Cuando las leyes presentan omisiones o minusvalías, corresponde a los jueces enderezar esas carencias; si las leyes carecen de inteligencia en ciertos aspectos, no queda otro remedio que interpretarlas y aplicarlas conforme a las exigencias de la lógica procesal. Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, se refiere a una forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de hechos que han vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora en el proceso. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás Códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. A lo anterior se añaden razones de hecho, las cuales la Sala no puede soslayar, como lo demuestran casi tres décadas de la Jurisdicción Constitucional creada en 1989, en las cuales se ha generado un ejercicio abusivo de la acción vicaria en el recurso de amparo, con fines de riqueza en la indemnización, en la medida que no participa directamente las presuntas víctimas. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños o perjuicios.

VI.- Nota del Magistrado Rueda Leal. Debo advertir que, desde la sentencia n.⸰ 2019-2355 de las 9:30 de 12 de febrero de 2019, mi postura ha sido la siguiente en relación con los recursos de amparo cuando estos han sido planteados a favor de una persona jurídica:

“…en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Granier y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas. En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado)(OC. 22/16)”.

Sobre el particular, el recurso de amparo fue formulado por la presidenta de la Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad y se cursó a favor de esta persona jurídica. Al respecto, la parte accionante solicitó a la autoridad recurrida información de carácter ambiental, por lo que estimo que sí existe una relación esencial entre la persona jurídica y la persona física, lo cual amerita entrar a conocer por el fondo la transgresión acusada.

VII.- Voto salvado de la Magistrada Garro Vargas respecto a la parte dispositiva de esta sentencia. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

VIII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:   

Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios causados. El Magistrado Rueda Leal pone nota. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.-

  

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Paul Rueda L.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ana María Picado B.




Ronald Salazar Murillo

	

 

	

Jorge Isaac Solano A.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 WLEUCUV43DC461

EXPEDIENTE N° 21-025872-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 17:00:23.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes of January twenty-first, two thousand twenty-two.

Amparo action (recurso de amparo) processed in expediente number 21-025872-0007-CO, filed by MARIANA LUCÍA PORRAS ROZAS, identity card 0111460917, on behalf of the ASOCIACIÓN RED DE COORDINACIÓN EN BIODIVERSIDAD, legal identification number 3002611847, against the MINISTRY OF HEALTH.

Whereas:

1.- By written submission received in the Secretariat of the Chamber at 21:12 hours on December 16, 2021, the petitioner files an amparo action against the Ministry of Health. She states, in summary, that via an email sent on November 23, 2021, to the address: [email protected], she requested from the Head of the Regulation Process of the Alajuela 2 Health Governing Area (Área Rectora de Salud Alajuela 2), the following information: "(…) I would appreciate the sending of the certificate (constancia) of the destruction process of the herbicide delivered by the company to your authority, to which reference is made in the cited record (acta). Likewise, I would appreciate you indicating to me: a) The quantity of the herbicide that is still to be destroyed by the company, or that you determined during the technical inspection visit. b) If you are going to inspect the destruction process of this herbicide by the company. (…)" (document provided as evidence). However, she alleges that as of the date she files this amparo action, she has not received a response, which is why she considers her fundamental rights violated.

2.- By resolution of 09:14 hours on December 20, 2021, this action was admitted (se dio curso) and a hearing was granted to the Head of the Regulation Process of the Alajuela 2 Health Governing Area, regarding the facts alleged by the petitioner.

3.- Carlos Arguedas Chaverri, in his capacity as Acting Director (Director a.i.) of the Alajuela 2 Health Governing Area, reports under oath that on November 15, 2021, an inspection was carried out at the company RATECSA S.A., in response to a complaint (denuncia) filed by the petitioner herein, in which she referred to an apparent non-compliance with the “Sanitary Alert for the Use of Industrial Herbicides in Human Coexistence Spaces” (“Alerta Sanitaria uso de Herbicidas Industriales en Espacios de Convivencia Humana”), issued by the Ministry of Health; however, on site, the non-compliance could not be evidenced. He points out that the company RATECSA is a company selling pest control products and disinfectants; therefore, it does not apply products, a situation that is not included in the sanitary alert, which indicates making a “call to public institutions and private entities to read the label of herbicides and only use those that indicate they are for DOMESTIC USE since those for professional or agricultural use can only be applied by persons and companies that have an authorization that ensures specialized handling of these products.” He indicates that, by virtue of this, confidential complaint 440-2021 was filed (archivar). He adds that as for the herbicide Arsenal® 24 SL, its commercialization is not prohibited and it is authorized for PROFESSIONAL USE and AGRICULTURAL USE, and during the visit, as recorded in the technical report MS-DRRSCN-DARSA2-IT-3834-2021, the company indicated that the commercialization of this product has currently been discontinued because it is no longer demanded in the herbicide market. Furthermore, they indicated that they had units in the warehouse (which were observed) that would be destroyed by the company Wastech S.A., which has all the corresponding permits to carry out said final treatment; however, it should be noted that the destruction of the product Arsenal® 24 SL was not ordered by the Ministry of Health, because the organization was not in breach of the aforementioned Sanitary Alert, but for operational reasons of the company. He notes that on November 17, 2021, through the email [email protected] (the institutional email of the environmental manager assigned to complaint 440-2021), the complainant (denunciante) was notified of official letter (oficio) MS-DRRSCN-DARSA2-3839-2021, regarding the resolution of complaint 440-2021. He mentions that, due to this, the complainant requested via email a copy of the ocular inspection record (acta de inspección ocular) MSDRRSCN-DARSA2-3830-2021, corresponding to the inspection carried out on November 15, 2021, the same document that was provided on November 19, 2021. He states that on November 23, 2021, the complainant requested via email a copy of the destruction certificate for the herbicide Arsenal® 24 SL that was at the company. He clarifies that, as mentioned previously, the Ministry of Health did not order the company in question to destroy the herbicide product Arsenal® 24 SL (it is not prohibited in the country), but due to the complainant’s interest and as a courtesy, it was coordinated by telephone with the company RATECSA S.A., so that, once the delivery and destruction of this product was completed, a copy of the delivery and destruction certificate would be provided. He mentions that the indicated certificate was supplied by the organization only on December 15, 2021, through procedure (trámite) 5231-2021, and by January 3, 2022, through the email [email protected] (the institutional email of the environmental manager assigned to complaint 440-2021), a copy of the certificate was delivered to the complainant. He alludes that the official email for requests for information by users in the Alajuela 2 Health Governing Area, as stated in the official letters issued by this instance, is [email protected]. He requests that the action be declared without merit (sin lugar).

4.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Salazar Murillo; and,

Considering:

I.- Object of the action. The petitioner alleges that via an email sent on November 23, 2021, to the address: [email protected], she requested the Head of the Regulation Process of the Alajuela 2 Health Governing Area to provide her with a copy of a certificate and other information; however, as of that date, neither said document nor the requested response has been provided to her.

II.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been credited as such or because the respondent (recurrido) has omitted to refer to them as provided in the initial order (auto inicial):

a) On October 11, 2020, the petitioner filed a complaint before the Alajuela 2 Health Area for an apparent non-compliance with the “Sanitary Alert for the Use of Industrial Herbicides in Human Coexistence Spaces,” issued by the Ministry of Health, on the part of the company RATECSA (see report of the respondent authority).

b) Through official letter S-DRRSCN-DARSA2-3839-2021, of November 15, 2021, the respondent authority informed the petitioner that at the time of the visit, the matter reported could not be verified, and therefore, confidential complaint 440-2021 against the company RATECSA for non-compliance with the “Sanitary Alert for the Use of Industrial Herbicides in Human Coexistence Spaces” was filed (see report of the respondent authority and a copy of the official letter).

c) On November 17, 2021, through the email [email protected], which is the institutional email of the environmental manager assigned to complaint 440-2021, the complainant was notified of official letter MS-DRRSCN-DARSA2-3839-2021 (see report of the respondent authority).

d) On November 23, 2021, the petitioner sent an email to the address: [email protected] through which she requested from the Head of the Regulation Process of the Alajuela 2 Health Governing Area, the following information: "(…) I would appreciate the sending of the certificate of the destruction process of the herbicide delivered by the company to your authority, to which reference is made in the cited record. Likewise, I would appreciate you indicating to me: a) The quantity of the herbicide that is still to be destroyed by the company, or that you determined during the technical inspection visit. b) If you are going to inspect the destruction process of this herbicide by the company. (…)” (see report of the respondent authority, copy of the procedure, and email).

e) The Ministry of Health did not order the denounced company to destroy the herbicide product Arsenal® 24 SL, but due to the complainant’s interest, it was coordinated by telephone with the company RATECSA S.A., so that, once the delivery and destruction of this product was completed, a copy of the delivery and destruction certificate would be provided (see report of the respondent authority).

f) On December 15, 2021, the cited company supplied the destruction certificate for the weed herbicide Arsenal issued by the company Wastech, which indicates the following data: description of the waste, route time, pallets (tarimas), tons (toneladas), and disposal method, and the date of the waste management (gestión de los residuos) (see report of the respondent authority and a copy of the certificate).

g) At 08:54 hours on January 3, 2022, through the email [email protected], the requested certificate was provided to the petitioner (see report of the respondent authority and a copy of the certificate).

h) On January 5, 2022, she acknowledged receipt of the above-indicated email and requested clarification of the certificate’s content and reiterated: “(…) 3.- If you, or any other authority of the Ministry of Health, were present during the co-processing (coprocesamiento) process given to this product.” (see copy of the email).

i) At 09:10 hours on January 6, 2022, the respondent authority was notified of the resolution that admitted the present action (see notification record - acta de notificación).

j) At 10:09 hours on January 6, 2022, the respondent authority replied to the petitioner at the email [email protected] as follows: “Regarding point 3, the company Wastech is registered as an authorized manager (gestor autorizado) before the Ministry of Health with registration DPAH-UASSAH-RGA-028-2015, therefore the presence of an official is not required to verify a routine and authorized waste management process, also I remind you that said product Arsenal® 24 SL is not prohibited, what is prohibited is its application in spaces such as homes, buildings, public and private facilities, businesses, public and private vehicles, interior and exterior gardens, railway lines, etc.; but its use for other applications (professional use) is fully authorized. Regarding the noted quantity, the certificate indicates it is weight in tons (…)” (see copy of the email).

k) The official email for requests for information by users in the Alajuela 2 Health Governing Area is [email protected] (see report of the respondent authority).

l) The institutional email of the environmental manager assigned to the complaint filed by the petitioner is [email protected] (see report of the respondent authority).

III.- On the exercise of the right of petition (derecho de petición) and prompt response (pronta respuesta), as well as the right of access to administrative information (derecho de acceso a la información administrativa), through electronic means. This Constitutional Chamber, in judgment No. 2008-009670 of 09:55 hours of June 13, 2008, when referring to the right of petition and the use of electronic means (applicable mutatis mutandis to the right of access to administrative information), explained:

"(…) Within the framework of the information and knowledge society, fundamental rights can be exercised through new information technologies. As far as the right of petition and prompt response is concerned, the use of electronic means gives it new nuances, which must be weighed. Always taking into consideration its progressive and expansive efficacy, but also taking into account the non-absolute nature of fundamental rights, it is possible to conclude that, for the exercise of the right of petition and prompt response, using the means that new technologies facilitate, it is important that the request be channeled through a freely accessible web page of the public entity or body. Additionally, that electronic domain must have a hyperlink directed toward an email address specifically arranged for receiving requests, either on a particular topic or one that serves as a mailbox for all types of procedures (…)" (emphasis is not from the original).

IV.- On the merits (fondo). From the relation of proven facts, it is evident that on November 23, 2021, the petitioner sent an email to the Head of the Regulation Process of the Alajuela 2 Health Governing Area at the address: [email protected], through which she requested the certificate of the herbicide destruction process delivered by the company; and also, asked whether an official would inspect the herbicide destruction process, among other things. In this regard, the respondent authority stated under oath that the Ministry of Health was not responsible for the destruction of the herbicide product Arsenal® 24 SL, but due to the complainant’s interest, it was coordinated by telephone with the company RATECSA S.A., so that, once the delivery and destruction of this product was completed, a copy of the certificate would be provided. In turn, while the official email of the respondent authority is [email protected], the truth is that the institutional email of the environmental manager assigned to the complaint filed by the petitioner is [email protected], so the procedure that the petitioner misses was duly channeled to the official means arranged for her case. In the case at bar (sublite), although on January 3, 2021, the respondent authority provided her with the copy of the requested certificate, in that sense the right to information was not violated; however, the response to the questions posed is missed. In that regard, the respondents are warned that it has been reiterated criteria of this Chamber that, when the petition formulated, by its nature, requires more time to gather the information and prepare its response, the Administration has the obligation to inform the requesting party, in writing, of the reasons for the delay and the date on which what was requested will be delivered; a situation not observed in this particular case. Thus, since more than a month has passed without providing any response to what the petitioner requested, the violation of the right of petition is deemed proven. Now, given that on the occasion of the notification of this action, the respondent authority sent the response to what the petitioner requested to the indicated email on January 6, 2022, the appropriate course is to grant (estimar) the action without special award of costs (costas), damages and prejudices (daños y perjuicios).

V.- On the award of costs, damages, and prejudices in accordance with Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional). Under a better weighting, the majority of the Chamber is of the view that the granting that operates ex lege, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC), which provides: “If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be declared well-founded (con lugar) (…)”, must be without a special award of costs, damages, and prejudices, based on the following considerations. While there is an express text in the law that requires that the operative part (parte dispositiva) of the ruling indicate that the action is declared well-founded, it is also true that the same first paragraph of Article 52 of the cited law states that the granting is issued “solely for the purposes of compensation (indemnización) and costs, if they are appropriate (si fueren procedentes)”. It is underlined that the Law indicates “if they are appropriate”, which means that the appropriateness or inappropriateness of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighting by the Court. In cases like this, where an abnormal termination of the process occurs, comparable to a withdrawal due to extraprocedural satisfaction (desistimiento por satisfacción extraprocesal), it is the majority view that it is not appropriate to award costs, nor damages and prejudices, because the economic consequences of the judgment are similar to those of an archiving (archivo) of the case file. Furthermore, the content of the petitioner’s claim (pretensión) and the conduct of the respondent authority in acknowledging it, suggest that such impairments, injuries, or patrimonial alterations have not taken place; at least in this amparo, there are no elements of judgment to suggest otherwise. Nothing prevents, in exceptional cases, the Chamber from considering the appropriateness of compensation. When laws present omissions or deficiencies (minusvalías), it is up to judges to rectify those shortcomings; if laws lack intelligence in certain aspects, there is no other remedy but to interpret and apply them according to the demands of procedural logic. To dispel any doubt about it, it is important to highlight the provision in Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it provides that: “any resolution that upholds the action shall condemn in abstract (condenará en abstracto) the compensation for the damages and prejudices caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment (ejecución de sentencia)”, it refers to a natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a decision on the merits (fondo) of the matter and acknowledgment of facts that have violated the fundamental rights of the plaintiff (parte actora) in the proceeding. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law, or, where appropriate, those of International or Community Law, and also, in order, the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) and the Code of Contentious-Administrative Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo) and the other procedural Codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction -cfr. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction (jurisdicción contencioso-administrativa), the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Code of Contentious-Administrative Procedure, which responds to procedural logic in any matter. Added to the above are factual reasons, which the Chamber cannot ignore, as demonstrated by almost three decades of the Constitutional Jurisdiction created in 1989, in which an abusive exercise of the vicarious action (acción vicaria) in the amparo action has been generated, with purposes of wealth from compensation, insofar as the presumed victims do not participate directly. Based on the foregoing, it is the majority view to resolve this action without an award of costs, damages, or prejudices.

VI.- Note from Magistrate Rueda Leal. I must warn that, since judgment n.⸰ 2019-2355 of 9:30 a.m. on February 12, 2019, my position has been the following in relation to amparo actions when they have been filed on behalf of a legal entity (persona jurídica):

“…in Advisory Opinion 22-16 of February 26, 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that although some States recognize the right of petition to legal entities under special conditions, such as unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the truth is that “Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of natural persons (personas físicas), so legal entities are not holders of the rights enshrined in said treaty.” On the other hand, in the same advisory opinion, the Inter-American Court ruled that, in certain particular contexts, natural persons can exercise their rights through legal entities (verbigracia, through a media outlet, as occurred in the case of Granier et al. v. Venezuela); however, for this to be protectable before the inter-American system, “the exercise of the right through a legal entity must involve an essential and direct relationship between the natural person requiring protection from the inter-American system and the legal entity through which the violation occurred, as a simple link between both persons is not sufficient to conclude that the rights of natural persons and not of legal entities are being effectively protected. Indeed, it must be proven beyond the simple participation of the natural person in the activities inherent to the legal entity, such that said participation relates substantially to the rights alleged as violated.” (emphasis added)(OC. 22/16)”.

On this matter, the amparo action was filed by the president of the Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad and was processed on behalf of this legal entity. In this regard, the plaintiff (parte accionante) requested environmental information from the respondent authority, so I consider that an essential relationship does exist between the legal entity and the natural person, which merits hearing the merits of the alleged transgression.

VII.- Dissenting vote (voto salvado) of Magistrate Garro Vargas regarding the operative part of this judgment. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: “If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be declared well-founded solely for the purposes of compensation and costs, if they are appropriate.”

My interpretation of this norm is the following: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right (derecho conculcado). The phrase “if they are appropriate” refers to costs. Indeed, Article 197 of the Code of Contentious-Administrative Procedure, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: costs.

Certainly, under the terms of Article 48 of the Political Constitution (Constitución Política, CP), the essential content of the right to the amparo action is not compensatory (indemnizatorio) but restitutory (restitutorio); however, Article 51 of the LJC states: “Any resolution that upholds the action shall condemn in abstract the compensation for the damages and prejudices caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment.”

If the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event that it has been restored, damages and prejudices could have arisen. For this reason, it is appropriate to issue an in-abstracto award of these. If this were not done, if such award were not given, in the event that they had occurred, there would be no title –derived from this proceeding– to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If despite an in-abstracto award, no damages and prejudices have occurred, the judge in the ordinary proceeding (vía ordinaria) will so declare, since only to that judge corresponds to take as proven the actual existence and the magnitude thereof.

With the thesis defended by the majority, I consider that, contrary to what is sought, the Administration would be incentivized to respect rights only in the face of an amparo action. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.

By reason of the foregoing, I partially dissent regarding the operative part and order the award of damages and prejudices, but not the award of costs.

VIII.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that, if any document on paper has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the “Regulation on Electronic Case File before the Judicial Branch” (“Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”), approved by the Full Court (Corte Plena) in Session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin (Boletín Judicial) N° 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch (Consejo Superior del Poder Judicial), in Session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Therefore:

The action is declared well-founded, without a special award of costs, damages, and prejudices caused. Magistrate Rueda Leal adds a note. Magistrate Garro Vargas issues a partial dissenting vote and orders the award of damages and prejudices, but not costs. Notify.-

Fernando Castillo V.
President

Paul Rueda L.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ana María Picado B.

Ronald Salazar Murillo

Jorge Isaac Solano A.

Digitally Signed Document
-- Verification code --
*WLEUCUV43DC461*
EXPEDIENTE N° 21-025872-0007-CO

Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro Church). Reception of matters from vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, 19th and 21st streets, 8th and 6th avenues.

Is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 17:00:23.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República