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Español (source)Se constata que a la fecha de planteado este amparo, la autoridad recurrida se encuentran aún en plazo para resolver y comunicar el resultado de la gestión al interesado, en atención a lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública, que dispone -en términos generales- dos meses para tales efectos (obsérvese que la denuncia se presentó el 20 de diciembre de 2021, en tanto el amparo el 20 de enero de 2022). En consecuencia, este recurso resulta prematuro y, por ende, se declara inadmisible.
English (translation)It is verified that as of the date this amparo was filed, the respondent authority is still within the period to resolve and notify the interested party of the outcome, in accordance with Article 261 of the General Public Administration Act, which generally provides two months for such purposes (note that the complaint was filed on December 20, 2021, and the amparo on January 20, 2022). Consequently, this appeal is premature and is therefore declared inadmissible.
Inadmissible
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 02222 - 2022 Fecha de la Resolución: 25 de Enero del 2022 a las 09:30 Expediente: 22-001312-0007-CO Redactado por: Jorge Araya Garcia Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución EXPEDIENTE N° 22-001312-0007-CO PROCESO: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN Nº 2022002222 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veinticinco de enero de dos mil veintidos . Recurso de amparo interpuesto por LUIS DIEGO MARÍN SCHUMACHER, cédula de identidad No. 107530303, en su condición de Apoderado General de la Asociación Preserve Planet, cédula jurídica No. 3-002-519830, contra la SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA). Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 20 de enero de 2022, el recurrente interpuso recurso de amparo contra la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Manifiesta que el 20 de diciembre de 2021, presentó ante el SETENA una solicitud de intervención inmediata sobre la Mina Bella Vista, ubicada en Miramar de Puntarenas, por presuntamente encontrarse operando y realizando actividades de explotación minera, aún cuando se tiene conocimiento que la concesión emitida por la Dirección de Geología y Minas, identificada como No. 21-A, se encuentra suspendida. Indica que se planteó una inspección de los sitios de trabajo a efectos de determinar si existieron -o existen- movimientos de tierra, procesado de material, descarte en lagunas de oxidación, revisión de laboratorios, entrevistas a personal de las instalaciones y/o UNCADA (Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Abangares), siendo esta la última entidad por medio de la cual se podría comercializar el producto obtenido de la actividad extractiva. Expone que ya se han superado los 10 días establecidos en los artículos 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 6 de la Ley de Regulación del Derecho de Petición, sin recibir respuesta por parte de SETENA. Solicita la intervención de la Sala y se le ordene a la autoridad recurrida brindar un informe puntual de labores realizadas. 2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta el Magistrado Araya García; y, Considerando: I.- Objeto del recurso. El recurrente reclama que el 20 de diciembre de 2021 presentó denuncia ante el SETENA, contra la Mina Bella Vista, ubicada en Miramar de Puntarenas, por realizar actividades de explotación minera. Reclama que a la fecha de interpuesto el amparo no ha recibido respuesta alguna. II.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, de la prueba aportada al expediente se verifica que el 20 de diciembre de 2021, la parte recurrente interpuso denuncia ante el SETENA, debido a que la Mina Bella Vista, ubicada en Miramar de Puntarenas, está realizando actividades de explotación minera. Siendo que la eventual falta de resolución de la denuncia planteada constituiría, de ser el caso, una posible vulneración del derecho a una justicia pronta y cumplida (artículo 41 de la Constitución Política) y en razón de obedecer a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, podría ser del conocimiento de esta Sala. Sin embargo, se constata que a la fecha de planteado este amparo, la autoridad recurrida se encuentran aún en plazo para resolver y comunicar el resultado de la gestión al interesado, en atención a lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública, que dispone -en términos generales- dos meses para tales efectos (obsérvese que la denuncia se presentó el 20 de diciembre de 2021, en tanto el amparo el 20 de enero de 2022). En consecuencia, este recurso resulta prematuro y, por ende, se declara inadmisible. III.- EL MAGISTRADO RUEDA LEAL SALVA EL VOTO Y ORDENA DAR CURSO AL AMPARO. En el sub lite, considero que, dada la particular envergadura del objeto de la denuncia, cuya falta de respuesta se acusa -aparente explotación minera de forma irregular-, se requiere de mayores elementos de conocimiento para acreditar o descartar la eventual lesión a los artículos 41 y 50 constitucionales. Así las cosas, salvo el voto y curso el amparo. IV.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Rueda Leal salva el voto y cursa el amparo.- Fernando Castillo V. Presidente Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ana María Picado B. Jorge Isaac Solano A. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- P1LOH0XGDEQ61 EXPEDIENTE N° 22-001312-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 17:00:23. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
EXPEDIENTE N° 22-001312-0007-CO PROCEEDING: AMPARO ACTION RESOLUCIÓN Nº 2022002222 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on January twenty-fifth, two thousand twenty-two. Amparo action filed by LUIS DIEGO MARÍN SCHUMACHER, identity card No. 107530303, in his capacity as General Attorney-in-Fact of the Association Preserve Planet, legal entity ID No. 3-002-519830, against the NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARIAT (SETENA). Whereas: 1.- By brief received in the Secretariat of the Chamber on January 20, 2022, the petitioner filed an amparo action against the National Environmental Technical Secretariat. He states that on December 20, 2021, he filed before SETENA a request for immediate intervention regarding the Bella Vista Mine, located in Miramar de Puntarenas, for allegedly operating and carrying out mining exploitation activities, even though it is known that the concession issued by the Directorate of Geology and Mines, identified as No. 21-A, is suspended. He indicates that an inspection of the work sites was proposed in order to determine whether there were —or are— earthworks (movimientos de tierra), material processing, discarding in oxidation ponds, review of laboratories, interviews with facility personnel and/or UNCADA (Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Abangares), the latter being the last entity through which the product obtained from the extractive activity could be marketed. He explains that the 10 days established in articles 32 of the Law of the Constitutional Jurisdiction and 6 of the Law Regulating the Right of Petition have already been exceeded, without receiving a response from SETENA. He requests the intervention of the Chamber and that the respondent authority be ordered to provide a detailed report of the tasks carried out. 2.- Article 9 of the Law of the Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject, outright or on the merits, at any time, even from its filing, any petition brought to its attention that proves to be manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is a mere reiteration or reproduction of a previous, equal or similar petition that was rejected. Drafted by Magistrate Araya García; and, Considering: I.- Object of the action. The petitioner complains that on December 20, 2021, he filed a complaint before SETENA against the Bella Vista Mine, located in Miramar de Puntarenas, for carrying out mining exploitation activities. He complains that as of the date the amparo was filed, he has not received any response. II.- Regarding the specific case. In the case sub lite, from the evidence provided to the file, it is verified that on December 20, 2021, the petitioner filed a complaint before SETENA because the Bella Vista Mine, located in Miramar de Puntarenas, is carrying out mining exploitation activities. Given that the eventual lack of resolution of the complaint filed would constitute, should it be the case, a possible violation of the right to prompt and complete justice (article 41 of the Political Constitution) and because it pertains to a healthy and ecologically balanced environment, it could fall under the cognizance of this Chamber. However, it is confirmed that as of the date this amparo was filed, the respondent authority is still within the time limit to resolve and communicate the result of the proceeding to the interested party, pursuant to the provisions of article 261 of the General Law of the Public Administration, which establishes —in general terms— two months for such purposes (note that the complaint was filed on December 20, 2021, while the amparo was filed on January 20, 2022). Consequently, this action is premature and, therefore, is declared inadmissible. III.- MAGISTRATE RUEDA LEAL DISSENTS AND ORDERS THE AMPARO TO BE GRANTED LEAVE TO PROCEED. In the case sub lite, I consider that, given the particular magnitude of the subject matter of the complaint, for which lack of response is alleged —apparent irregular mining exploitation—, greater elements of knowledge are required to substantiate or rule out the eventual infringement of constitutional articles 41 and 50. That being the case, I dissent and grant the amparo leave to proceed. IV.- Documentation provided to the file. The parties are warned that, if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Electronic Case File Regulations before the Judiciary" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in Session No. 27-11, of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, article LXXXI. Therefore: The action is rejected outright. Magistrate Rueda Leal dissents and grants the amparo leave to proceed.- Fernando Castillo V. President Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ana María Picado B. Jorge Isaac Solano A. Digitally Signed Document -- Verification code -- P1LOH0XGDEQ61 EXPEDIENTE N° 22-001312-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 17:00:23.