Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Tras las acciones descritas, este Tribunal considera que no existe la desobediencia acusada. De los autos se evidencia que las autoridades recurridas sí han “previsto una solución definitiva a la problemática de aguas residuales en la propiedad del recurrente”, y -efectivamente- comunicaron al tutelado el cronograma para resolver la problemática de una forma integral y acorde a derecho. Así las cosas, a pesar de que no existe una desobediencia sobre lo ordenado, la parte recurrente debe de entender que -bajo un principio de progresividad- solventar un problema como el que tiene por objeto el presente recurso requiere de cambios, coordinaciones y ejecuciones administrativas importantes y complejas; y es que, si no se utilizara esta lógica, esta Sala simplemente hubiera ordenado a la autoridad condenada que resolviera lo que procediera de la denuncia de forma inmediata, orden que a todas luces hubiese sido ilusoria por la envergadura logística y económica del problema.
English (translation)After the described actions, this Court considers that the alleged disobedience does not exist. It is evident from the record that the respondent authorities have indeed 'provided for a definitive solution to the sewage problem on the petitioner's property,' and—effectively—communicated to the protected party the timeline to resolve the problem in an integral and lawful manner. Thus, even though there is no disobedience regarding what was ordered, the petitioner must understand that—under the principle of progressiveness—solving a problem such as the one at issue in this appeal requires significant and complex administrative changes, coordination, and implementation; indeed, if this logic were not applied, this Chamber would have simply ordered the condemned authority to immediately resolve whatever was appropriate regarding the complaint, an order that would have been clearly illusory given the logistical and economic magnitude of the problem.
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Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 02292 - 2022 Fecha de la Resolución: 28 de Enero del 2022 a las 09:15 Expediente: 21-011444-0007-CO Redactado por: Anamari Garro Vargas Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 21-011444-0007-CO Res. Nº 2022002292 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintiocho de enero de dos mil veintidos . Gestión posterior presentada en el recurso de amparo que se tramita en expediente n.° 21-11444-0007-CO, interpuesto por AHMED RODOLFO HASBUN MONTERO, cédula de identidad 0106800823, a favor de EMPRESA LIMÓN LUMBER COMPANY LIMITADA, contra LA MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ, EL MINISTERIO DE SALUD Y EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA). Resultando 1. Mediante sentencia n.° 2021-21905 de las 09:25 horas del 1° de octubre de 2021, esta Sala declaró con lugar el recurso de amparo promovido por el recurrente contra las autoridades recurridas en los siguientes términos: “Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena a: 1) a Manuel Hernández Rivera, en su condición de Alcalde de Pococí, o a quien en su lugar ocupe el cargo, gire las órdenes e instrucciones que estén dentro del ámbito de su competencia, para que al recurrente se le comunique por escrito lo resuelto respecto de la denuncia sobre la problemática de aguas pluviales, en el plazo de cinco días, contados a partir de la notificación de esta sentencia; 2) a Manuel Hernández Rivera, en su condición de Alcalde y Juan Luis Gómez Gómez, en su condición de Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Pococí; a Karen Mayorga Quirós, en su condición de Directora del Área Rectora de Salud de Pococí y a Eric Alonso Bogantes Cabezas, en su condición de Gerente General y Miguel Antonio Badilla Ugalde, en su condición de Jefe Cantonal de la Oficina de Pococí, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes ocupen esos cargos, para que dentro del plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, en coordinación con las autoridades y entes que correspondan, prevean una solución definitiva a la problemática de aguas residuales denunciados por el recurrente en su propiedad. Para lo anterior, deberá fijar un cronograma de avance, la delimitación de competencias, las medidas administrativas o técnicas para cumplir con las metas del proyecto, responsables de ejecución y seguimiento y mecanismos de verificación. Posterior al establecimiento de los plazos para el cumplimiento, deberán iniciar con la ejecución del mismo y también, deberán tomar medidas provisionales para mitigar la contaminación con aguas residuales en la propiedad de la parte recurrente. Para esto, deberán notificarle a la parte recurrente, lo acordado, sea, la decisión de la solución definitiva y, el cronograma de avance. Se advierte a la parte recurrida que de, no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado, a la Municipalidad de Pococí y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado consigna nota. La Magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de la segunda orden de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se lleve a cabo ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese”. 2. Mediante resolución de agréguese de las 17:14 horas del 04 de enero de 2022, se indicó que “Visto el memorial suscrito por el alcalde de la Municipalidad de Pococí donde aporta documentos y manifiesta haber comunicado por escrito lo resuelto respecto de la denuncia sobre la problemática de aguas pluviales, esto en relación con lo ordenado por esta Sala en la sentencia n.° 2021-21905 de las nueve horas veinticinco minutos del uno de octubre de dos mil veintiuno, se resuelve: agregar a sus antecedentes”. 3. Por escritos agregados al expediente digital a las 08:33 horas y 15:25 horas del 14 de enero de 2022, la directora del Área Rectora de Salud de Pococí y el alcalde de la Municipalidad de Pococí agregan un “Cronograma de Actividades Interinstitucional” que delimita las competencias, las medidas administrativas y técnicas, los responsables de ejecutar las acciones en el campo, seguimiento y verificación con los mecanismos que a lo interno les corresponde. Agregan que “en el cronograma de actividades se establecen los mecanismos idóneos para ir resolviendo la problemática ambiental, considerando aspectos logísticos, materiales humanos, y la ejecución de otras tareas dispuestas en nuestra responsabilidad laboral”. Lo anterior, indican, en aras de cumplir con la sentencia n.° 2021-21905 de las 09:25 horas del 1° de octubre de 2021. 4. Por escrito agregado al expediente digital a las 17:13 horas del 14 de enero de 2022 la parte recurrente alegó desobediencia a lo ordenado en la sentencia n.° 2021-21905 de las 09:25 horas del 1° de octubre de 2021. Acusó que, a la fecha, las autoridades no habían fijado el “cronograma de actividades ordenado, metas de proyectos y análisis técnicos”. 5. Informa bajo juramento Karen Mayorga Quirós, en su condición de directora del Área Rectora de Salud de Pococí, que el 18 de enero 2022, a través del oficio MS-DRRSHC-ARSP-0295-2022, se le envió al amparado el documento MS-DRRSHC-ARSP-0177-2022, el cual contiene el “Cronograma de Actividades”. 6. Informa bajo juramento Manuel Hernández Rivera, en su condición de alcalde de Pococí, que ya se remitió “el cronograma de actividades así como las medidas administrativas, responsables de la ejecución y seguimiento, y los mecanismos de verificación del cumplimiento”, todo esto en acatamiento a lo ordenado. Agrega que el cronograma se encuentra inserto en el Oficio PCA-014-2022, emitido por el Proceso de Control Ambiental del municipio. 7. En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. Redacta la Magistrada Garro Vargas; y, Considerando Único. Sobre la desobediencia alegada. Mediante sentencia n.° 2021-21905 de las 09:25 horas del 1° de octubre de 2021, esta Sala declaró con lugar el recurso de amparo promovido por el recurrente contra las autoridades recurridas en los siguientes términos: “Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena a: 1) a Manuel Hernández Rivera, en su condición de Alcalde de Pococí, o a quien en su lugar ocupe el cargo, gire las órdenes e instrucciones que estén dentro del ámbito de su competencia, para que al recurrente se le comunique por escrito lo resuelto respecto de la denuncia sobre la problemática de aguas pluviales, en el plazo de cinco días, contados a partir de la notificación de esta sentencia; 2) a Manuel Hernández Rivera, en su condición de Alcalde y Juan Luis Gómez Gómez, en su condición de Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Pococí; a Karen Mayorga Quirós, en su condición de Directora del Área Rectora de Salud de Pococí y a Eric Alonso Bogantes Cabezas, en su condición de Gerente General y Miguel Antonio Badilla Ugalde, en su condición de Jefe Cantonal de la Oficina de Pococí, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes ocupen esos cargos, para que dentro del plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, en coordinación con las autoridades y entes que correspondan, prevean una solución definitiva a la problemática de aguas residuales denunciados por el recurrente en su propiedad. Para lo anterior, deberá fijar un cronograma de avance, la delimitación de competencias, las medidas administrativas o técnicas para cumplir con las metas del proyecto, responsables de ejecución y seguimiento y mecanismos de verificación. Posterior al establecimiento de los plazos para el cumplimiento, deberán iniciar con la ejecución del mismo y también, deberán tomar medidas provisionales para mitigar la contaminación con aguas residuales en la propiedad de la parte recurrente. Para esto, deberán notificarle a la parte recurrente, lo acordado, sea, la decisión de la solución definitiva y, el cronograma de avance. Se advierte a la parte recurrida que de, no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado, a la Municipalidad de Pococí y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado consigna nota. La Magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de la segunda orden de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se lleve a cabo ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese” (el resaltado no es del original). Ahora bien, tras lo resuelto, la parte recurrente acusó desobediencia al punto segundo de la orden, en específico indicó que las autoridades no habían fijado el “cronograma de actividades ordenado, metas de proyectos y análisis técnicos”. Al respecto, el 14 de enero de 2022 (misma fecha en que el recurrente acusó la desobediencia) autoridades de la municipalidad y del Área Rectora de Salud de Pococí presentaron ante esta Sala un “Cronograma de Actividades Interinstitucional” que delimita las competencias, las medidas administrativas y técnicas, los responsables de ejecutar las acciones en el campo, seguimiento y verificación con los mecanismos que a lo interno les corresponde. Por otra parte, se agregó que “en el cronograma de actividades se establecen los mecanismos idóneos para ir resolviendo la problemática ambiental, considerando aspectos logísticos, materiales humanos, y la ejecución de otras tareas dispuestas en nuestra responsabilidad laboral”. Asimismo, informó la directora del Área Rectora de Salud de Pococí que el 18 de enero 2022, a través del oficio MS-DRRSHC-ARSP-0295-2022, se le envió al amparado el documento MS-DRRSHC-ARSP-0177-2022, el cual contiene dicho “Cronograma de Actividades”. Tras las acciones descritas, este Tribunal considera que no existe la desobediencia acusada. De los autos se evidencia que las autoridades recurridas sí han “previsto una solución definitiva a la problemática de aguas residuales en la propiedad del recurrente”, y -efectivamente- comunicaron al tutelado el cronograma para resolver la problemática de una forma integral y acorde a derecho. Así las cosas, a pesar de que no existe una desobediencia sobre lo ordenado, la parte recurrente debe de entender que -bajo un principio de progresividad- solventar un problema como el que tiene por objeto el presente recurso requiere de cambios, coordinaciones y ejecuciones administrativas importantes y complejas; y es que, si no se utilizara esta lógica, esta Sala simplemente hubiera ordenado a la autoridad condenada que resolviera lo que procediera de la denuncia de forma inmediata, orden que a todas luces hubiese sido ilusoria por la envergadura logística y económica del problema. Como consecuencia de dicho razonamiento, también se le hace ver al accionante que esta jurisdicción -por su naturaleza sumarísima- no es una instancia técnica para determinar cuáles son las acciones que deben coordinar y ejecutar las autoridades condenadas para atender lo que corresponda sobre la problemática de aguas residuales (verbigracia, la orden es que se prevean “las medidas administrativas o técnicas para cumplir con las metas del proyecto, responsables de ejecución y seguimiento y mecanismos de verificación”, mas dichas medidas -se entiende- deben de determinarse según las características que configuran el problema, es decir, según los estudios y planificaciones que se realicen para la ejecución de las respectivas acciones revulsivas). En consecuencia, al ya haberse cumplido lo acusado en desobediencia, se desestima la presente gestión. Por tanto No ha lugar a la gestión formulada. Fernando Castillo V. Presidente Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ana María Picado B. Aracelly Pacheco S. Ana Cristina Fernandez A. Jorge Isaac Solano A. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- JKOERLZHX7461 EXPEDIENTE N° 21-011444-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 17:00:42. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Large Normal Small Constitutional Chamber Resolution No. 02292 - 2022 Resolution Date: January 28, 2022 at 09:15 Case File: 21-011444-0007-CO Drafted by: Anamari Garro Vargas Type of Matter: Amparo appeal Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Text of the resolution Exp: 21-011444-0007-CO Res. No. 2022002292 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on the twenty-eighth of January of two thousand twenty-two. Subsequent proceeding filed in the amparo appeal processed in case file no. 21-11444-0007-CO, filed by AHMED RODOLFO HASBUN MONTERO, identity card 0106800823, on behalf of EMPRESA LIMÓN LUMBER COMPANY LIMITADA, against THE MUNICIPALITY OF POCOCÍ, THE MINISTRY OF HEALTH AND THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (ICAA). Whereas 1. By judgment no. 2021-21905 of 09:25 hours on October 1, 2021, this Chamber granted the amparo appeal filed by the appellant against the respondent authorities in the following terms: “The appeal is granted. Consequently, it is ordered that: 1) Manuel Hernández Rivera, in his capacity as Mayor of Pococí, or whoever holds that office in his place, issue the orders and instructions within the scope of his competence, so that the appellant is notified in writing of the decision regarding the complaint about the stormwater problem, within a period of five days, counted from the notification of this judgment; 2) Manuel Hernández Rivera, in his capacity as Mayor and Juan Luis Gómez Gómez, in his capacity as President of the Council, both of the Municipality of Pococí; Karen Mayorga Quirós, in her capacity as Director of the Governing Health Area of Pococí and Eric Alonso Bogantes Cabezas, in his capacity as General Manager and Miguel Antonio Badilla Ugalde, in his capacity as Cantonal Head of the Pococí Office, both of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, or whoever holds those positions, so that within a period of ONE MONTH, counted from the notification of this judgment, in coordination with the corresponding authorities and entities, provide a definitive solution to the wastewater problem reported by the appellant on his property. To do so, they must establish a progress schedule (cronograma de avance), a delimitation of competencies, the administrative or technical measures to meet the project goals, those responsible for execution and follow-up, and verification mechanisms. After establishing the deadlines for compliance, they must begin its execution and also must take provisional measures to mitigate the wastewater contamination on the appellant's property. For this purpose, they must notify the appellant of what has been agreed, that is, the decision on the definitive solution and the progress schedule. The respondent party is warned that, if they fail to comply with said order, they will incur the crime of disobedience and that, in accordance with article 71 of the Law of this jurisdiction, a prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The State, the Municipality of Pococí, and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative court. Magistrate Salazar Alvarado records a note. Magistrate Garro Vargas issues a dissenting vote regarding the execution of the second order of this judgment and, in accordance with article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, that it be carried out before the Execution Area of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court, under the execution rules established in articles 155 and following of the Contentious-Administrative Procedure Code. Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent to her so that the execution proceedings for this ruling can be initiated. Notify.” 2. By resolution of “add to the record” at 17:14 hours on January 4, 2022, it was indicated that “Having seen the brief signed by the mayor of the Municipality of Pococí, where he provides documents and states having communicated in writing the decision regarding the complaint about the stormwater problem, in relation to what was ordered by this Chamber in judgment no. 2021-21905 of nine hours twenty-five minutes on the first of October of two thousand twenty-one, it is resolved: add to its background.” 3. By briefs added to the digital case file at 08:33 hours and 15:25 hours on January 14, 2022, the director of the Governing Health Area of Pococí and the mayor of the Municipality of Pococí add an “Inter-institutional Activity Schedule” (Cronograma de Actividades Interinstitucional) that delimits competencies, administrative and technical measures, those responsible for executing the actions in the field, follow-up, and verification with the mechanisms that internally correspond to them. They add that “the activity schedule establishes the suitable mechanisms for gradually resolving the environmental problem, considering logistical aspects, human materials, and the execution of other tasks assigned under our work responsibility.” The foregoing, they indicate, in order to comply with judgment no. 2021-21905 of 09:25 hours on October 1, 2021. 4. By a brief added to the digital case file at 17:13 hours on January 14, 2022, the appellant alleged disobedience to what was ordered in judgment no. 2021-21905 of 09:25 hours on October 1, 2021. He accused that, to date, the authorities had not established the “ordered activity schedule, project goals, and technical analyses.” 5. Karen Mayorga Quirós, in her capacity as director of the Governing Health Area of Pococí, reports under oath that on January 18, 2022, through official letter MS-DRRSHC-ARSP-0295-2022, document MS-DRRSHC-ARSP-0177-2022 was sent to the amparo-protected party, which contains the “Activity Schedule” (Cronograma de Actividades). 6. Manuel Hernández Rivera, in his capacity as mayor of Pococí, reports under oath that the “activity schedule as well as the administrative measures, those responsible for execution and follow-up, and the compliance verification mechanisms” have already been sent, all in compliance with what was ordered. He adds that the schedule is included in Official Letter PCA-014-2022, issued by the municipality’s Environmental Control Process. 7. The legal requirements have been observed in the proceedings followed. Drafted by Magistrate Garro Vargas; and, Considering Single. Regarding the alleged disobedience. By judgment no. 2021-21905 of 09:25 hours on October 1, 2021, this Chamber granted the amparo appeal filed by the appellant against the respondent authorities in the following terms: “The appeal is granted. Consequently, it is ordered that: 1) Manuel Hernández Rivera, in his capacity as Mayor of Pococí, or whoever holds that office in his place, issue the orders and instructions within the scope of his competence, so that the appellant is notified in writing of the decision regarding the complaint about the stormwater problem, within a period of five days, counted from the notification of this judgment; 2) Manuel Hernández Rivera, in his capacity as Mayor and Juan Luis Gómez Gómez, in his capacity as President of the Council, both of the Municipality of Pococí; Karen Mayorga Quirós, in her capacity as Director of the Governing Health Area of Pococí and Eric Alonso Bogantes Cabezas, in his capacity as General Manager and Miguel Antonio Badilla Ugalde, in his capacity as Cantonal Head of the Pococí Office, both of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, or whoever holds those positions, so that within a period of ONE MONTH, counted from the notification of this judgment, in coordination with the corresponding authorities and entities, provide a definitive solution to the wastewater problem reported by the appellant on his property. To do so, they must establish a progress schedule (cronograma de avance), a delimitation of competencies, the administrative or technical measures to meet the project goals, those responsible for execution and follow-up, and verification mechanisms. After establishing the deadlines for compliance, they must begin its execution and also must take provisional measures to mitigate the wastewater contamination on the appellant's property. For this purpose, they must notify the appellant of what has been agreed, that is, the decision on the definitive solution and the progress schedule. The respondent party is warned that, if they fail to comply with said order, they will incur the crime of disobedience and that, in accordance with article 71 of the Law of this jurisdiction, a prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The State, the Municipality of Pococí, and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative court. Magistrate Salazar Alvarado records a note. Magistrate Garro Vargas issues a dissenting vote regarding the execution of the second order of this judgment and, in accordance with article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, that it be carried out before the Execution Area of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court, under the execution rules established in articles 155 and following of the Contentious-Administrative Procedure Code. Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent to her so that the execution proceedings for this ruling can be initiated. Notify” (the highlighting is not from the original). Now then, after the ruling, the appellant accused disobedience to the second point of the order, specifically indicating that the authorities had not established the “ordered activity schedule, project goals, and technical analyses.” In this regard, on January 14, 2022 (the same date the appellant accused disobedience), authorities from the municipality and the Governing Health Area of Pococí submitted to this Chamber an “Inter-institutional Activity Schedule” (Cronograma de Actividades Interinstitucional) that delimits the competencies, the administrative and technical measures, those responsible for executing the actions in the field, follow-up, and verification with the mechanisms that internally correspond to them. On the other hand, it was added that “the activity schedule establishes the suitable mechanisms for gradually resolving the environmental problem, considering logistical aspects, human materials, and the execution of other tasks assigned under our work responsibility.” Likewise, the director of the Governing Health Area of Pococí reported that on January 18, 2022, through official letter MS-DRRSHC-ARSP-0295-2022, document MS-DRRSHC-ARSP-0177-2022 was sent to the amparo-protected party, which contains said “Activity Schedule” (Cronograma de Actividades). Following the described actions, this Court considers that the alleged disobedience does not exist. It is evident from the case file that the respondent authorities have indeed “provided a definitive solution to the wastewater problem on the appellant's property,” and—effectively—notified the protected party of the schedule to resolve the problem in an integral manner and in accordance with the law. This being the case, even though there is no disobedience regarding what was ordered, the appellant must understand that—under a principle of progressivity—solving a problem like the one that is the subject of this appeal requires significant and complex administrative changes, coordination, and executions; and indeed, if this logic were not used, this Chamber would have simply ordered the condemned authority to immediately resolve what was appropriate regarding the complaint, an order that would have clearly been illusory due to the logistical and economic scale of the problem. As a consequence of this reasoning, the claimant is also made aware that this jurisdiction—due to its summary nature—is not a technical instance for determining which actions the condemned authorities must coordinate and execute to address what corresponds regarding the wastewater problem (for example, the order is to provide “the administrative or technical measures to meet the project goals, those responsible for execution and follow-up, and verification mechanisms,” but said measures—it is understood—must be determined according to the characteristics that constitute the problem, that is, according to the studies and planning carried out for the execution of the respective remedial actions). Consequently, since the accusation of disobedience has already been complied with, this proceeding is dismissed. Therefore The proceeding filed is denied. Fernando Castillo V. Presidente Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ana María Picado B. Aracelly Pacheco S. Ana Cristina Fernandez A. Jorge Isaac Solano A. Digitally Signed Document -- Verification code -- JKOERLZHX7461 EXPEDIENTE N° 21-011444-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, Barrio González Lahmann, streets 19 and 21, avenues 8 and 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 17:00:42. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República