Res. 02454-2022 Sala Constitucional — Request for Information on Recycling at FairgroundSolicitud de información sobre reciclaje en campo ferial

Grande
Normal
Pequeña
Sala Constitucional

Resolución Nº 02454 - 2022

Fecha de la Resolución: 28 de Enero del 2022 a las 09:15

Expediente: 22-000453-0007-CO

Redactado por: Anamari Garro Vargas

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

*220004530007CO*

Exp: 22-000453-0007-CO

Res. Nº 2022002454

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintiocho de enero de dos mil veintidos .

 
  Recurso de amparo que se tramita en expediente número 22-000453-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], pasaporte [Valor 001], contra la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA.

Resultando

1. Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 09 de enero de 2022, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, y manifiesta que el 19 de octubre de 2021 planteó una gestión en la que solicitó información administrativa sobre los programas de reciclaje del Campo Ferial La Perla, por cuanto existe una gran contaminación ambiental en el parqueo y en el campo ferial, por lo que considera se ha afectado el ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que se pone en riesgo su integridad humana en calidad de ciudadano. En lo que interesa, en esa gestión dirigida al alcalde de Heredia, solicitó: “Se proceda a realizar mejoras en el parqueo del campo Ferial La Perla, situada en mercedes norte, por cuanto existe una gran problemática por cuanto la salida de vehículos hacia el costado de la UNED, debe mejorarse existen enormes huecos y debe demarcarse por cuanto no hay campo para estacionar vehículos para personas con discapacidad y compromete la integridad de los clientes, y el asunto se agrava en época de invierno (…) Asimismo ruego remitir la información administrativa de los programas de reciclaje que actualmente se implementan en dicho campo ferial a efectos de mantener el ambiente sano y ecológicamente equilibrado y se realice un estudio para que se reubiquen las paradas situadas frente el mercado central de Heredia dada la gran cantidad de contaminación y aglomeración de usuarios y clientes dada la propagación del covid-19”. Reclama que a la fecha de interposición del recurso no se le ha brindado respuesta alguna ni se ha brindado una solución a la problemática denunciada. Estima lesionados sus derechos fundamentales.

2. Informa bajo juramento José Manuel Ulate Avendaño, en su condición de alcalde de Heredia, que por oficio DST-008-2022 del 17 de enero del 2022 el director de Servicios y Gestión Tributaria brindó respuesta a lo solicitado por el amparado. Detalla que la contestación se realizó al correo electrónico proporcionado por el interesado en el escrito del 19 de octubre de 2021 ([...]); no obstante, el servidor reportó que no identificaba la dirección de correo electrónico. Agrega que se aprecia del escrito del recurso de amparo una dirección ligeramente distinta a la anterior ([...]), por lo que se denota que la dirección de correo electrónico proporcionada por el administrado en su escrito de octubre del 2021 estaba errónea. Alega que, por lo anterior, aun y cuando se hubiese contestado antes de la interposición del presente recurso, la comunicación no se hubiese dado y por lo tanto no hubiere sido efectivo el acto por el error generado por el interesado.

3. Mediante escrito agregado al expediente digital el 27 de enero de 2022, el recurrente manifiesta que la respuesta y notificación a su solicitud de acceso a la información fue realizada posterior al presente recurso de amparo. Agrega que por ser extranjero pertenece a un grupo vulnerable. Asimismo, acusa que no se le remitió los programas de reciclaje.

  4. En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 

  Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

 

  Considerando:

I. Objeto del recurso. El recurrente manifiesta que el 19 de octubre de 2021 planteó una gestión en la que solicitó información administrativa a la Municipalidad de Heredia sobre los programas de reciclaje del Campo Ferial La Perla, por cuanto existe una gran contaminación ambiental en el parqueo y en el campo ferial, por lo que considera se ha afectado el ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Asimismo, en esa gestión dirigida al alcalde de Heredia solicitó: “Se proceda a realizar mejoras en el parqueo del campo Ferial La Perla, situada en mercedes norte, por cuanto existe una gran problemática por cuanto la salida de vehículos hacia el costado de la UNED, debe mejorarse existen enormes huecos y debe demarcarse por cuanto no hay campo para estacionar vehículos para personas con discapacidad y compromete la integridad de los clientes, y el asunto se agrava en época de invierno (…) Asimismo ruego remitir la información administrativa de los programas de reciclaje que actualmente se implementan en dicho campo ferial a efectos de mantener el ambiente sano y ecológicamente equilibrado y se realice un estudio para que se reubiquen las paradas situadas frente el mercado central de Heredia dada la gran cantidad de contaminación y aglomeración de usuarios y clientes dada la propagación del covid-19”. Reclama que a la fecha de interposición del recurso no se le ha brindado respuesta alguna ni se ha brindado una solución a la problemática denunciada.

II. Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la parte recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a) El 19 de octubre de 2021 el amparado planteó ante la Municipalidad de Heredia lo siguiente: “Se proceda a realizar mejoras en el parqueo del campo Ferial La Perla, situada en mercedes norte, por cuanto existe una gran problemática por cuanto la salida de vehículos hacia el costado de la UNED, debe mejorarse existen enormes huecos y debe demarcarse por cuanto no hay campo para estacionar vehículos para personas con discapacidad y compromete la integridad de los clientes, y el asunto se agrava en época de invierno (…) Asimismo ruego remitir la información administrativa de los programas de reciclaje que actualmente se implementan en dicho campo ferial a efectos de mantener el ambiente sano y ecológicamente equilibrado y se realice un estudio para que se reubiquen las paradas situadas frente el mercado central de Heredia dada la gran cantidad de contaminación y aglomeración de usuarios y clientes dada la propagación del covid-19 ” (hecho no controvertido).
b) El presente recurso de amparo se notificó a la autoridad recurrida el 14 de enero de 2022 (véase expediente electrónico).
c) Mediante oficio DST-008-2022 del 17 de enero del 2022 se dio contestación a lo solicitado por el amparado (véase informe de la autoridad recurrida y folios 25-26 del expediente electrónico).
 

III. De previo: sobre las quejas y la solicitud presentada ante la Municipalidad de Heredia. Se desprende del caso que el 19 de octubre de 2021 el amparado planteó ante la Municipalidad de Heredia las siguientes quejas: “Se proceda a realizar mejoras en el parqueo del campo Ferial La Perla, situada en mercedes norte, por cuanto existe una gran problemática por cuanto la salida de vehículos hacia el costado de la UNED, debe mejorarse existen enormes huecos y debe demarcarse por cuanto no hay campo para estacionar vehículos para personas con discapacidad y compromete la integridad de los clientes, y el asunto se agrava en época de invierno (…) se realiza un cobro excesivo de ochocientos colones y no hay seguridad”. Asimismo, en dicho documento solicitó “ se realice un estudio para que se reubiquen las paradas situadas frente el mercado central de Heredia dada la gran cantidad de contaminación y aglomeración de usuarios y clientes dada la propagación del covid-19”. Por otra parte, el recurrente alegó ante esta Sala que por su condición de extranjero debía de conocerse por el fondo lo que gestionó ante la municipalidad.

Al respecto, de previo debe de indicársele al tutelado que -aunque se está conociendo el fondo por otra circunstancia- la simple condición de extranjero no supone, per se , una excepción válida para conocer mediante la jurisdicción constitucional los reclamos o denuncias que dicho sujeto interpone ante la Administración, sino que dichas gestiones acusadas deben, plausiblemente, versar o tener una incidencia directa y determinada en la condición que -justamente- configura la excepción del amparado (sea adulto mayor, discapacitados, por denuncia ambiental, por Régimen No Contributivo, etcétera).

En consecuencia, respecto a la falta de respuesta cuando no se está ante ningún supuesto de excepción, esta Sala se ha manifestado a partir de la sentencia n.º 2008-2545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, en el sentido que el conocimiento de tal tipo de agravio es inadmisible en esta jurisdicción, pues ello compete a las vías de la legalidad ordinaria -administrativas o jurisdiccionales-, en las cuales la parte amparada puede, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. Lo anterior, conforme se expone en los siguientes considerandos.

“III.- NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o “amparo de legalidad”, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.
IV.- VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS POR LEY PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: CUESTIÓN EVIDENTE DE LEGALIDAD ORDINARIA.  Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para los recurrentes. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarles a las partes gestionantes que si a bien lo tienen pueden acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa ”.
 
 

Por consiguiente, respecto a la supuesta falta de respuesta de estos puntos de la gestión presentada se desestima el recurso, pues no son propios de ser conocidos por esta Sala. No obstante, sin demérito de lo anterior, esta Sala observa que con ocasión del presente recurso de amparo, mediante el oficio DST-008-2022 del 17 de enero del 2022, la Municipalidad de Heredia dio una contestación al amparado. En detalle, sobre los espacios de parqueo para las personas con discapacidad se le indicó que “ estos se encuentran ubicados y debidamente demarcados en el parqueo principal, ubicado al costado este del campo ferial, parqueo que es totalmente accesible”.  Por otra parte, sobre el estudio de reubicación de las “paradas” de autobuses, se le informó que dicha solicitud “ debe remitirla al Consejo de Transporte Publico, quien es el ente responsable de realizar este tipo de estudios y autorizar las paradas de autobuses”.

IV. Sobre la información solicitada con respecto a los programas de reciclaje que se llevan a cabo en el campo ferial. Del documento presentado ante la Municipalidad de Heredia el 19 de octubre de 2021 se constata que el administrado también solicitó lo siguiente: “Asimismo ruego remitir la información administrativa de los programas de reciclaje que actualmente se implementan en dicho campo ferial a efectos de mantener el ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.

En este punto, nótese que en la gestión presentada por el tutelado ante la municipalidad no se denunció -como si lo hace en amparo- que existiera contaminación ambiental en el campo ferial (por lo que tampoco se considera una excepción en los términos citados en el considerando III), sino que simplemente le solicitó a la municipalidad acceso a la información administrativa de los programas de reciclaje que se implementaban en dicho campo. Al respecto, ante la ausencia de dicha denuncia previa, esta Sala Constitucional ha señalado reiteradamente lo siguiente: “este Tribunal no debe sustituir a la Administración activa en sus competencias ni es una instancia tramitadora de denuncias. En consecuencia, en situaciones como esta, lo procedente es que el recurrente acuda ante las autoridades recurridas a efectos de plantear -por escrito- el reclamo aludido, a fin de que ellas tomen las medidas pertinentes para solucionar el problema denunciado o, en su defecto, interponga su reclamo en la vía de legalidad ordinaria” (voto n.º 2019–20994 de las 09:30 horas de 29 de octubre de 2019).

Ahora bien, lo anterior no excluye a esta Sala de conocer el recurso por la información solicitada en este extremo. Así las cosas, como se mencionó supra, con ocasión del presente recurso de amparo, mediante el oficio DST-008-2022 del 17 de enero del 2022, la Municipalidad de Heredia le dio contestación a lo solicitado por el amparado. En detalle, en la respuesta dada por la autoridad recurrida se le explicó al solicitante que “el municipio lo que hace es arrendar el espacio del Campo Ferial la Perla a la Junta Nacional de Ferial, quien es el responsable de toda la organización y logística en el desarrollo de la Feria del Agricultor, entre ellas el manejo de los residuos, pero como parte de las gestiones que se realizan desde la administración municipal, con el fin de colaborar con el manejo de residuos, se procedió a realizar la licitación abreviada N° SICOP 2021LA-000038-0021700001Compra e instalación de Maquinaria Industrial de Compostaje para la Municipalidad de Heredia, la cual fue adjudicada a la empresa Trescientos Sesenta grados soluciones, con la que se le dará tratamiento a aproximadamente a dos toneladas de desechos orgánicos por semana generados en la feria y convertirlos en abono orgánico, esto se desarrolla como parte de los programas de gestión integral de residuos que realiza el Municipio”.

Tras lo expuesto, lo que corresponde sobre este extremo es declarar con lugar el recurso al tenor del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, ya que dicha respuesta se dio con posterioridad a la notificación del recurso de amparo. Por otra parte, cualquier disconformidad que tenga el recurrente con lo resuelto deberá ser acusado, si a bien lo tiene, ante la propia autoridad administrativa o en la vía judicial ordinaria. Así las cosas, se declara con lugar el presente recurso por este extremo, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios.

V. Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala es del criterio que la estimatoria que opera ex lege, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), el cual dispone: "Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso (…)", debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, también cierto es que el mismo párrafo primero del artículo 52 de la ley de cita, refiere que la estimatoria se dicta "únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes" . Se subraya que la Ley indica "si fueren procedentes", lo cual quiere decir que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas dependen de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este en que opera una terminación anormal del proceso, asimilable al desistimiento por satisfacción extraprocesal, es criterio de mayoría que no cabe condenar en costas, como tampoco en daños y perjuicios, porque las consecuencias económicas de la sentencia son similares a las de un archivo del expediente. Además, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que tales menoscabos, lesiones o alteraciones patrimoniales, no han tenido lugar; al menos en este amparo no hay elementos de juicio que sugieran otra cosa. Nada obsta para que, en casos de excepción, la Sala pueda considerar la procedencia de la indemnización. Cuando las leyes presentan omisiones o minusvalías, corresponde a los jueces enderezar esas carencias; si las leyes carecen de inteligencia en ciertos aspectos, no queda otro remedio que interpretarlas y aplicarlas conforme a las exigencias de la lógica procesal. Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: "toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia", se refiere a una forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de hechos que han vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora en el proceso. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás Códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. A lo anterior se añaden razones de hecho, las cuales la Sala no puede soslayar, como lo demuestran casi tres décadas de la Jurisdicción Constitucional creada en 1989, en las cuales se ha generado un ejercicio abusivo de la acción vicaria en el recurso de amparo, con fines de riqueza en la indemnización, en la medida que no participa directamente las presuntas víctimas. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños o perjuicios.

VI. Voto salvado de la Magistrada Garro Vargas respecto a la parte dispositiva de esta sentencia. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “ si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.
En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.
VII. Documentación aportada al expediente. Debe prevenir esta Sala a las partes que, de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo de 30 días hábiles después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión n.° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial n.° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión n.° 43-12 celebrada el 03 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto

  Se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, únicamente por la falta de respuesta a la solicitud que se realizó de los programas de reciclaje que se implementan en el campo ferial. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. Sobre los demás extremos se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.

 

 

 

 
	
Fernando Castillo V.
Presidente
	
 


Jorge Araya G.
	
 
	
Anamari Garro V.


Ana María Picado B.
	
 
	
Aracelly Pacheco S.


Ana Cristina Fernandez A.
	
 
	
Jorge Isaac Solano A.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

*Y7XYCXRHAWE61*

 Y7XYCXRHAWE61

EXPEDIENTE N° 22-000453-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 17:02:20.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Large
Normal
Small
Sala Constitucional

Resolution No. 02454 - 2022

Resolution Date: January 28, 2022 at 09:15

Expediente: 22-000453-0007-CO

Drafted by: Anamari Garro Vargas

Type of matter: Recurso de amparo

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL



Judgment with protected data, in accordance with current regulations


Text of the resolution

*220004530007CO*

Exp: 22-000453-0007-CO

Res. No. 2022002454

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours fifteen minutes on the twenty-eighth of January, two thousand twenty-two.

Recurso de amparo processed in expediente number 22-000453-0007-CO, filed by [Name 001], passport [Value 001], against the MUNICIPALIDAD DE HEREDIA.

Resultando

1. By a document received at the Secretariat of the Sala on January 9, 2022, the petitioner files a recurso de amparo against the MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, and states that on October 19, 2021, he submitted a request seeking administrative information about the recycling programs of the Campo Ferial La Perla, because there is significant environmental contamination in the parking lot and at the fairgrounds, for which he considers the right to a healthy and ecologically balanced environment has been affected, and that his human integrity as a citizen is put at risk. Of relevance, in that request addressed to the mayor of Heredia, he requested: “That improvements be made to the parking lot of the Campo Ferial La Perla, located in Mercedes Norte, as there is a major problem because the vehicle exit toward the side of the UNED must be improved; there are enormous potholes and it must be marked because there is no designated parking for people with disabilities, compromising the integrity of clients, and the matter worsens in the winter season (…) Likewise, I beg you to send the administrative information on the recycling programs currently implemented at said fairgrounds for the purpose of maintaining a healthy and ecologically balanced environment, and that a study be conducted to relocate the stops located in front of the Heredia central market given the large amount of contamination and overcrowding of users and clients due to the spread of covid-19”. He complains that as of the date of filing this recurso, no response whatsoever has been provided, nor has any solution been given to the denounced problem. He considers his fundamental rights to be injured.

2. José Manuel Ulate Avendaño, in his capacity as mayor of Heredia, reports under oath that by official letter DST-008-2022 of January 17, 2022, the Director of Servicios y Gestión Tributaria provided a response to what was requested by the amparo petitioner. He details that the reply was sent to the email address provided by the interested party in the document of October 19, 2021 ([...]); however, the server reported that it could not identify the email address. He adds that a slightly different address ([...]) is observed in the document of the recurso de amparo, which shows that the email address provided by the administered party in his October 2021 document was erroneous. He alleges that, due to the foregoing, even if a response had been given before the filing of this recurso, communication would not have been achieved and, therefore, the act would not have been effective due to the error generated by the interested party.

3. By a document added to the digital expediente on January 27, 2022, the petitioner states that the response and notification to his request for access to information was made after this recurso de amparo. He adds that because he is a foreigner, he belongs to a vulnerable group. Likewise, he claims that the recycling programs were not sent to him.

4. In the proceedings undertaken, legal provisions have been observed.

Drafted by Judge Castillo Víquez; and,

Considering:

I. Object of the recurso. The petitioner states that on October 19, 2021, he submitted a request seeking administrative information from the Municipalidad de Heredia about the recycling programs of the Campo Ferial La Perla, because there is significant environmental contamination in the parking lot and at the fairgrounds, for which he considers the right to a healthy and ecologically balanced environment has been affected. Likewise, in that request addressed to the mayor of Heredia, he requested: “That improvements be made to the parking lot of the Campo Ferial La Perla, located in Mercedes Norte, as there is a major problem because the vehicle exit toward the side of the UNED must be improved; there are enormous potholes and it must be marked because there is no designated parking for people with disabilities, compromising the integrity of clients, and the matter worsens in the winter season (…) Likewise, I beg you to send the administrative information on the recycling programs currently implemented at said fairgrounds for the purpose of maintaining a healthy and ecologically balanced environment, and that a study be conducted to relocate the stops located in front of the Heredia central market given the large amount of contamination and overcrowding of users and clients due to the spread of covid-19”. He complains that as of the date of filing this recurso, no response whatsoever has been provided, nor has any solution been given to the denounced problem.

II. Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited as such or because the respondent party has omitted to refer to them as provided for in the initial decree:

a) On October 19, 2021, the amparo petitioner raised the following before the Municipalidad de Heredia: “That improvements be made to the parking lot of the Campo Ferial La Perla, located in Mercedes Norte, as there is a major problem because the vehicle exit toward the side of the UNED must be improved; there are enormous potholes and it must be marked because there is no designated parking for people with disabilities, compromising the integrity of clients, and the matter worsens in the winter season (…) Likewise, I beg you to send the administrative information on the recycling programs currently implemented at said fairgrounds for the purpose of maintaining a healthy and ecologically balanced environment, and that a study be conducted to relocate the stops located in front of the Heredia central market given the large amount of contamination and overcrowding of users and clients due to the spread of covid-19” (uncontroverted fact).
b) This recurso de amparo was notified to the respondent authority on January 14, 2022 (see electronic expediente).
c) By official letter DST-008-2022 of January 17, 2022, a response was given to what was requested by the amparo petitioner (see report of the respondent authority and folios 25-26 of the electronic expediente).

III. Preliminarily: on the complaints and the request filed before the Municipalidad de Heredia. It is clear from the case that on October 19, 2021, the amparo petitioner raised the following complaints before the Municipalidad de Heredia: “That improvements be made to the parking lot of the Campo Ferial La Perla, located in Mercedes Norte, as there is a major problem because the vehicle exit toward the side of the UNED must be improved; there are enormous potholes and it must be marked because there is no designated parking for people with disabilities, compromising the integrity of clients, and the matter worsens in the winter season (…) an excessive charge of eight hundred colones is made and there is no security.” Likewise, in said document, he requested “that a study be conducted to relocate the stops located in front of the Heredia central market given the large amount of contamination and overcrowding of users and clients due to the spread of covid-19”. On the other hand, the petitioner alleged before this Sala that due to his status as a foreigner, what he requested from the municipality should be heard on its merits.

In this regard, it must be preliminarily indicated to the protected party that—although the merits are being heard for another circumstance—the mere condition of being a foreigner does not, per se, constitute a valid exception for hearing through the constitutional jurisdiction the claims or complaints that said subject files before the Administration; rather, those accused requests must, plausibly, concern or have a direct and specific incidence on the condition that—precisely—constitutes the amparo petitioner's exception (be it senior citizen, disabled persons, for an environmental complaint, for the Non-Contributory Regime, etc.).

Consequently, regarding the lack of response when not facing any grounds for exception, this Sala has expressed, since judgment No. 2008-2545 of 08:55 hours on February 22, 2008, that the hearing of such type of grievance is inadmissible in this jurisdiction, since that falls to the ordinary legality channels—administrative or jurisdictional—in which the amparo party can broadly discuss the merits of the matter and assert their claims. The foregoing, as set forth in the following considerations.

“III.- NEW ADMINISTRATIVE JUSTICE AS A SWIFT AND EFFECTIVE MECHANISM FOR THE PROTECTION OF SUBSTANTIAL LEGAL SITUATIONS OF ADMINISTERED PERSONS. The Sala Constitucional, since its foundation, has used broad admissibility criteria in view of the absence of expeditious and swift procedural channels for the protection of substantial legal situations grounded in the infra-constitutional legal system or legality parameter, which are indirectly connected to fundamental rights and Constitutional Law. On this point, it must not be lost from perspective that the Constitution, by its supremacy, super-legality, and direct and immediate efficacy, indirectly grounds any imaginable substantial legal situation of persons. However, upon better consideration and given the enactment of the Código Procesal Contencioso-Administrativo (Law No. 8508 of April 24, 2006) and its entry into force as of January 1, 2008, it has become evident that litigants now have a full and universal contencioso-administrativa jurisdiction, which is highly expeditious and swift due to the various procedural mechanisms that this legislation incorporates into the legal system, such as the shortening of deadlines for carrying out various procedural acts, the breadth of standing, precautionary measures, the numerus apertus of admissible claims, orality—and its sub-principles of concentration, immediacy, and speed—, single instance with appeal only in expressly limited situations, intra-procedural conciliation, the unified process, the preferential processing procedure or “amparo de legalidad”, processes of pure law, new enforcement measures (coercive fines, substitute or commissarial enforcement, seizure of fiscal domain assets and some public domain assets), the broad powers of the enforcement judge panel, the extension and adaptation of the effects of jurisprudence to third parties, and the flexibility of the cassation appeal. All these novel procedural institutes have the manifest aim and purpose of achieving procedural economy, speed, promptness, and effective or complete protection of the substantial legal situations of administered persons, all with the guarantee of basic fundamental rights such as due process, defense, and the adversarial principle. In sum, the new contencioso-administrativa jurisdiction is a suitable channel, due to its new characteristics of simplicity, speed, and promptness, for the amparo and effective protection of substantial legal situations of administered persons in which it is necessary to gather evidence or define some questions of ordinary legality.
IV.- VERIFICATION OF DEADLINES SET BY LAW FOR RESOLVING ADMINISTRATIVE PROCEDURES: A CLEAR MATTER OF ORDINARY LEGALITY. It is evident that determining whether the public administration complies or not with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the applicable administrative remedies, is a clear matter of ordinary legality that, henceforth, can be discussed and resolved before the contencioso-administrativa jurisdiction with the application of the principles that nourish the constitutional jurisdiction, such as those of vicarious standing, the possibility of material defense—that is, to appear without legal representation—and gratuity for the petitioners. Consequently, dismissal on its face is imposed, and the managing parties must be indicated that, if they so wish, they may resort to the contencioso-administrativa jurisdiction.”

Therefore, regarding the alleged lack of response to these points of the submitted request, the recurso is dismissed, as they are not proper to be heard by this Sala. However, without prejudice to the foregoing, this Sala observes that on the occasion of this recurso de amparo, through official letter DST-008-2022 of January 17, 2022, the Municipalidad de Heredia gave a response to the amparo petitioner. In detail, regarding the parking spaces for people with disabilities, he was advised that “these are located and duly marked in the main parking lot, located on the east side of the fairgrounds, a parking lot that is fully accessible.” On the other hand, regarding the study for the relocation of the bus “stops”, he was informed that said request “must be submitted to the Consejo de Transporte Público, which is the entity responsible for conducting this type of studies and authorizing bus stops”.

IV. On the information requested regarding the recycling programs carried out at the fairgrounds. From the document filed before the Municipalidad de Heredia on October 19, 2021, it is verified that the administered person also requested the following: “Likewise, I beg you to send the administrative information on the recycling programs currently implemented at said fairgrounds for the purpose of maintaining a healthy and ecologically balanced environment”.

On this point, note that in the request filed by the protected party before the municipality, he did not denounce—as he does in this amparo—that there was environmental contamination at the fairgrounds (for which reason it is also not considered an exception under the terms cited in Consideration III), but rather he simply requested the municipality provide access to administrative information on the recycling programs being implemented at said fairgrounds. In this regard, given the absence of such a prior complaint, this Sala Constitucional has repeatedly indicated the following: “this Tribunal must not substitute the active Administration in its competencies, nor is it a processing body for complaints. Consequently, in situations such as this, the appropriate course is for the petitioner to approach the respondent authorities to raise—in writing—the aforementioned claim, so that they may take the pertinent measures to resolve the denounced problem or, failing that, to file their claim through the ordinary legality channel” (Voto No. 2019–20994 of 09:30 hours on October 29, 2019).

Now, the foregoing does not preclude this Sala from hearing the recurso concerning the information requested on this point. Thus, as mentioned supra, on the occasion of this recurso de amparo, through official letter DST-008-2022 of January 17, 2022, the Municipalidad de Heredia provided a response to what was requested by the amparo petitioner. In detail, in the response given by the respondent authority, the applicant was informed that “what the municipality does is lease the space of Campo Ferial la Perla to the Junta Nacional de Ferial, which is responsible for all organization and logistics in the development of the Feria del Agricultor, including waste management, but as part of the actions carried out by the municipal administration, in order to collaborate with waste management, an abbreviated tendering process was conducted, No. SICOP 2021LA-000038-0021700001, for the Purchase and installation of Industrial Composting Machinery for the Municipalidad de Heredia, which was awarded to the company Trescientos Sesenta grados soluciones, with which approximately two tons of organic waste generated per week at the fair will be treated and converted into organic fertilizer; this is developed as part of the integrated waste management programs carried out by the Municipality”.

After what has been set forth, the appropriate action on this point is to declare the recurso with merit pursuant to Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, since said response was given after the notification of the recurso de amparo. On the other hand, any disagreement the petitioner may have with the resolution must be challenged, if he so wishes, before the administrative authority itself or through the ordinary judicial channel. Thus, the present recurso is declared with merit on this point, without special award of costs, damages, and losses.

V. On the award of costs, damages, and losses in accordance with Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Under better consideration, the majority of the Sala holds the criterion that the granting that operates ex lege, in accordance with the provisions of the 1st paragraph of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), which states: "If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the recurso shall be declared with merit (…)", must be without a special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law that obliges the operative part of the ruling to state that the recurso is declared with merit, it is also true that the same first paragraph of Article 52 of the cited law refers that the granting is dictated "solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable". It is stressed that the Law indicates "if they are applicable", which means that the applicability or inapplicability of the compensation and costs depend on an assessment, appreciation, or consideration by the Tribunal. In cases like this, where an abnormal termination of the process occurs, akin to a withdrawal through extra-procedural satisfaction, it is the majority's criterion that there is no grounds to award costs, or damages and losses, because the economic consequences of the judgment are similar to those of an archiving of the expediente. Furthermore, the content of the amparo petitioner's claim and the respondent authority's conduct in acknowledging it, suggest that such detriments, injuries, or patrimonial alterations have not taken place; at least in this amparo, there are no elements of judgment to suggest otherwise. Nothing prevents the Sala, in exceptional cases, from considering the applicability of compensation. When laws present omissions or deficiencies, it falls to the judges to correct those shortcomings; if laws lack intelligence in certain aspects, there is no remedy other than to interpret and apply them according to the demands of procedural logic. To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provision in Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, which states that: "every resolution that upholds the recurso shall award in abstracto compensation for the damages and losses caused and payment of the costs of the recurso, and shall reserve its liquidation for the execution of the judgment", refers to a natural or normal form of termination of the process, where there is a ruling on the merits of the matter and recognition of facts that have violated the fundamental rights of the plaintiff in the process. The principles of Constitutional Law, Public and General Procedural Law, or, where applicable, International or Community Law, and, additionally, in their order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and the other procedural Codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. Article 14-. For the contencioso-administrativa jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to the procedural logic in any matter. To the foregoing, factual reasons are added, which the Sala cannot ignore, as demonstrated by almost three decades of the Jurisdicción Constitucional created in 1989, in which an abusive exercise of the vicarious action in the recurso de amparo has been generated, for purposes of wealth through compensation, to the extent that the alleged victims do not directly participate. Based on the foregoing, it is the majority's criterion to resolve this recurso without an award of costs, damages, or losses.

VI. Dissenting vote of Judge Garro Vargas regarding the operative part of this judgment. Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: “If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the recurso shall be declared with merit solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable”.
My interpretation of that norm is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are applicable” refers to costs. Moreover, Article 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: costs.
Certainly, pursuant to Article 48 of the Constitución Política (CP), the essential content of the right to the recurso de amparo is not of a compensatory but rather a restitutive nature; however, Article 51 of the LJC states: “Every resolution that upholds the recurso shall award in abstracto compensation for the damages and losses caused and payment of the costs of the recurso, and shall reserve its liquidation for the execution of the judgment”.
If the right has been violated and the Sala so verifies it, even in the event that it has been restored, damages and losses may have occurred. For that reason, the awarding in abstracto of these is appropriate. If this were not done, if such an award were not given, in the case that they had indeed occurred, there would be no title—derived from this process—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite the award in abstracto having been made, damages and losses have not been caused, the judge in the ordinary channel shall so declare, as only that judge is responsible for considering the real existence and magnitude of the same as proven.
With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only upon the existence of a recurso de amparo. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides the possibility that, if it is deemed just, the Sala may award costs, even when the right has been restored.
By reason of the foregoing, I partially dissent from the operative part and order the award of damages and losses, but not the award of costs.

VII. Documentation contributed to the expediente. This Sala must warn the parties that, if any paper documents have been contributed, as well as objects or evidence supported through any additional device, or through electronic, computer, magnetic, optical, telematic support or produced by new technologies, they must be withdrawn from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto

The recurso is declared with merit without a special award of costs, damages, and losses, solely for the lack of response to the request made regarding the recycling programs implemented at the fairgrounds. Judge Garro Vargas partially dissents and orders the award of damages and losses, but not the award of costs. On the remaining points, the recurso is declared without merit. Notify.

Fernando Castillo V.
President

Jorge Araya G.
Anamari Garro V.

Ana María Picado B.
Aracelly Pacheco S.

Ana Cristina Fernandez A.
Jorge Isaac Solano A.

Digitally Signed Document

-- Verification Code --

*Y7XYCXRHAWE61*

Y7XYCXRHAWE61

EXPEDIENTE No. 22-000453-0007-CO

Phones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters for vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, streets 19 and 21, avenues 8 and 6

This is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 17:02:20.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República