Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)“V.- Sobre el caso concreto. En el caso bajo estudio, del informe rendido por la autoridad recurrida y a partir del cuadro de hechos probados, se constata que, desde el 1° de diciembre de 2021, el recurrente dirigió, mediante correo electrónico, una solicitud de información a la autoridad recurrida; sin embargo, al momento de interposición del recurso de amparo, no había recibido respuesta a dicha gestión, situación que considera violatoria de sus derechos fundamentales. (…) se constata que efectivamente, a la fecha de interposición del presente recurso, la petición formulada por el recurrente no había sido respondida por la autoridad recurrida, pese a que ya habían transcurrido casi tres semanas, acreditándose que el tiempo transcurrido excedió el plazo de diez días hábiles que establece el artículo 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. (…) En consecuencia, se acredita la violación a los derechos fundamentales del amparado, quien desde diciembre de 2021, se encontraba a la espera de la respuesta; sin embargo, dado que fue con ocasión del presente recurso de amparo, que la autoridad recurrida contestó la solicitud de información, lo procedente es declarar con lugar el recurso, pero sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, como se indica a continuación.”
English (translation)“V.- On the specific case. In the case under study, from the report provided by the respondent authority and the proven facts, it is established that, since December 1, 2021, the petitioner sent, by electronic mail, a request for information to the respondent authority; however, at the time of filing the amparo action, he had not received a response to that request, a situation he considers violative of his fundamental rights. (…) it is confirmed that, indeed, at the date of filing this action, the request made by the petitioner had not been answered by the respondent authority, even though almost three weeks had elapsed, proving that the time exceeded the ten-business-day period set forth in Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law. (…) Consequently, the violation of the fundamental rights of the protected party is proven, who since December 2021 had been awaiting a response; however, given that it was on the occasion of this amparo action that the respondent authority answered the request for information, it is appropriate to declare the action granted, but without an award of costs, damages and losses, as indicated below.”
Granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 02370 - 2022 Fecha de la Resolución: 28 de Enero del 2022 a las 09:15 Expediente: 21-025976-0007-CO Redactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 21-025976-0007-CO Res. Nº 2022002370 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintiocho de enero de dos mil veintidos . Recurso de amparo que se tramita en expediente número 21-025976-0007-CO, interpuesto por LUIS ALBERTO BONILLA RÍMOLO, cédula de identidad número 1-1059-0054, contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, Resultando: 1.- Por escrito incorporado al Sistema de Gestión en Línea a las 20:57 horas del 17 de diciembre de 2021, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Ambiente y Energía. Manifiesta que mediante oficio No. CRLV-52-2021, con fecha de envío 1° de diciembre de 2021, le solicitó a la Ministra de Ambiente y Energía, a través del correo electrónico de su despacho, información de su interés, requiriendo expresamente: "(…) He leído en la página web de la FUNDACIÓN ROCKEFELLER que el Gobierno de Costa Rica esta (sic) trabajando con IEG (INTRINSIC EXCHAGE GROUP) para desarrollar el primer NAC (Compañía de Activos Naturales) privado. Al parecer, según leo, se basa en acuerdos que se han realizado por el Presidente Carlos Alvardo (sic) en el congreso COP26 realizado en Glasgow los días pasados (…) 1. Solicito me explique de forma extensa y entendible qué significa una Compañía de Activos Naturales y qué repercusiones tiene ante la propiedad privada de los ciudadanos de Costa Rica, soberanos de la nación. 2. Entrégueme una copia de TODOS los acuerdos y pactos firmados a los que se hayan llegado con la Fundación Rockefeller, con IEG, o con cualquier otra entidad o gobierno en el marco del COP26 de Glasgow o sobre el NAC, ya sean los firmados en Glasgow, como cualquier otro que se haya firmado con anterioridad. Entrégueme los documentos con firma, por favor. 3. Explíqueme como (sic) se desarrolla ese proyecto piloto NAC que otorga a la naturaleza ese valor económico. 4. Indíqueme en qué leyes o autorizaciones se basan para poder realizar estas actividades económicas privadas con un bien público. 5. ¿Es cierto que los NAC cotizarían en Bolsa de Valores? 6. Existe algún otro acuerdo al respecto de NAC con el FMI, si es así, entrégueme una copia firmada por favor. 7. Explíqueme detalladamente, la relación entre la especulación económica y la conservación de la naturaleza. 8. Explíqueme cuales (sic) son los objetivos de realizar este proyecto con empresas, organizaciones y entidades privadas y extranjeras, sobre todo en el marco de utilizar como medio económico la naturaleza de Costa Rica que es patrimonio exclusivo del estado (sic) y los ciudadanos soberanos (…)". Reclama que a la fecha de interposición de este recurso no se le ha brindado respuesta ni se le ha proporcionado lo requerido. Por lo expuesto, acude a la Sala en protección de sus derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar el recurso 2.- Mediante resolución de las 15:19 horas del 20 de diciembre de 2021, se le dio curso al presente recurso. 3.- Por escrito incorporado al Sistema de Gestión en Línea a las 08:59 horas del 5 de enero de 2022, el recurrente reitera su petición del escrito de interposición. 4.- Informa bajo juramento Andrea Meza Murillo en su condición de Ministra de Ambiente y Energía, que el 7 de enero de 2022, a las 15:17 y mediante la cuenta institucional del Viceministro de Ambiente [email protected], se le notificó al recurrente al correo [email protected] el oficio número DM-009-2022 MINAE de fecha 07 de enero de 2022, mediante el cual se brinda una respuesta detallada a las ocho interrogantes consultadas. Añade que se solicitó al Viceministerio de Ambiente un informe sobre el caso; y es así como, mediante el oficio DM-009-2022 del 07 de enero del mismo año, se contestó lo siguiente: “1. Solicito me explique de forma extensa y entendible que significa una Compañía de Activos Naturales y que repercusiones tiene ante la propiedad privada de los ciudadanos de Costa Rica, soberanos de la nación. R/ Una NAC o compañía de activos naturales es una compañía que cotiza en bolsa cuyo valor está basado en la naturaleza y la producción vital de sus servicios ecosistémicos. Estas empresas se valoran principalmente por su desempeño ecológico que se mide por medio de un Marco Contable desarrollado para informar a los inversionistas del valor de los activos naturales y la producción de servicios ecosistémicos. Como tal, una NAC no tiene repercusiones sobre la propiedad privada de los costarricenses ni sobre la propiedad pública estatal pues nunca, las propiedades conforman la NAC, sino solo los servicios ecosistémicos que ellas puedan producir. 2. Entrégueme una copia de TODOS los acuerdos y pactos firmados a los que se hayan llegado con la Fundación Rockefeller, con IEG, o con cualquier otra entidad o gobierno en el marco del COP26 de Glasgow o sobre el NAC, ya sean los firmados en Glasgow, como cualquier otro que se haya firmado con anterioridad. Entrégueme los documentos con firma, por favor. R/ El único documento que ha firmado el MINAE, corresponde al Convenio de Cooperación entre MINAE y la empresa Intrinsic Exchange Group, Inc. para el estudio de la viabilidad del desarrollo de compañías de activos naturales, firmado el 6 de octubre del 2021. Adjunto copia del documento. 3. Explíqueme cómo se desarrolla ese proyecto piloto NAC que otorga a la naturaleza ese valor económico. R/ Se ha integrado un grupo de trabajo en el SINAC con el fin de valorar la viabilidad técnica y legal del proyecto. Actualmente estamos en una etapa muy temprana. De concluirse que el proyecto es viable, se continuará con otras fases que incluyen la elaboración del proyecto y su socialización, entre otras. Como es de conocimiento público, el MINAE y el SINAC necesitan ampliar sus presupuestos para realizar las actividades de protección y conservación establecidas en la Ley. Anteriormente se han desarrollado mecanismos financieros que han ayudado a promover la protección de la naturaleza y la biodiversidad en las Áreas Silvestres Protegidas. El MINAE ha venido identificando necesidades para la operación óptima del patrimonio natural del estado y para eso requiere acudir a nuevos mecanismos que permitan cumplir y ejecutar las estrategias y programas de compromiso nacional e internacional. El proyecto parte de que nuestras Áreas Silvestres Protegidas generan una serie de servicios de los cuales, no solo se benefician los costarricenses, sino el planeta entero. Sin embargo, solo algunos de estos han sido valorados económicamente y la compensación que recibimos por estos esfuerzos no se correlaciona con el beneficio que la humanidad está percibiendo. El vehículo financiero llamado Compañía de Activo Natural otorga a los activos naturales y al flujo de servicios ambientales producidos en un área terrestre o marina, la posibilidad de convertir su riqueza natural en capital financiero, a través de un título de valor como la acción. Solamente cuando logramos realizar esta conversión, es que la naturaleza logra ser reconocida y obtener valor para así generar recursos necesarios y suficientes a grande escala y de manera autosostenible. De esta manera, los propietarios de las tierras pueden reinvertir en la protección, restauración o ampliación de áreas naturales, protegidas o bajo otra categoría como también realizar una transición de una agro-ganadería convencional a una regenerativa. 4. Indíqueme en que leyes o autorizaciones se basan para poder realizar estas actividades económicas privadas con un bien público. R/ El MINAE y el SINAC tienen la obligación legal de buscar nuevos instrumentos económicos que permitan apoyar los proyectos, programas y actividades de conservación. El fundamento jurídico para intentar el establecimiento y desarrollo de las NAC se encuentra en la normativa sobre la valoración y desarrollo de instrumentos económicos para el pago de los servicios ambientales que generan las Áreas Silvestres Protegidas. Existen tratados Internacionales que respaldan las iniciativas del Ministerio para generar recursos que permitan el fortalecimiento de las Áreas Silvestres Protegidas. Entre otras, la Ley 7572 Convención Regional sobre Conservación de Ecosistemas y Plantaciones Forestales establece la obligación de Costa Rica de propiciar la creación de fondos específicos nacionales. En similar sentido, el Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas, Silvestres Prioritarias de América Central del 5 de junio de 1992, Ley 7433, establece que los Estados miembros deben incorporar el valor socioeconómico de la conservación de los recursos biológicos, así como de implementar medidas económicas y legales para favorecer el uso sustentable y el desarrollo de los componentes de la diversidad biológica. Los artículos 10, 35, 36 y 38 de la Ley de Biodiversidad habilitaron al SINAC para “diseñar mecanismos de financiamiento que le permitan ejercer sus mandatos con agilidad y eficiencia” y así lograr que la gestión de las Áreas Silvestres Protegidas sea financieramente autosostenible. Entre los mecanismos señalados por el artículo 35 y 36 de la Ley de Biodiversidad está el desarrollo de modelos que permitan el pago por los servicios ambientales que brindan nuestras Áreas Silvestres Protegidas. El artículo 10.12 de la Ley de Biodiversidad establece como obligación del SINAC “Promover la adopción de incentivos y la retribución de servicios ambientales para la conservación, el uso sostenible y los elementos de la biodiversidad.” En este caso, se trata de los servicios ambientales que prestan las ASPs. Para esos efectos, la Ley le permite al SINAC crear mecanismos que permitan el autofinanciamiento de las actividades de cada Área de Conservación. Es requisito sine que non que los fondos que se generen deben ser destinados “exclusivamente para su protección y desarrollo”. Desde hace varios años se han venido ejecutando otros programas que comparten los mismos fundamentos conceptuales que las NAC, como es el caso del exitoso Programa Pago de Servicios Ambientales, los Certificados de Reducción de Emisiones entre otros. 5. ¿Es cierto que los NAC cotizarían en Bolsa de Valores? R/ Si es cierto. El análisis de la viabilidad legal y técnica que hemos iniciado del modelo en Costa Rica, parte de la base que el dominio público del Estado sigue intacto sobre sus bienes y podemos entender, más bien, que, con la generación de fondos por medio de esta iniciativa, se fortalecerán los servicios ecosistémicos que genera. Las NAC que se conforman como entidades corporativas, utilizarían la plataforma de intercambio de la Bolsa de Valores de Nueva York para poder cotizar sus acciones provenientes de la valoración de los servicios ecosistémicos (no del capital ni sus activos) y subsiguiente conversión a capital financiero. La Compañía de Activo Natural recibiría los ingresos netos de la oferta pública inicial o la venta de acciones en el mercado secundario para financiar las necesidades de manejo y operación de las Áreas Silvestres Protegidas que prestan el servicio ambiental. La NAC, por lo tanto, lo que hace es facilitar el flujo de dinero ofreciendo las acciones, recolectando el dinero y destinándolo para los esfuerzos de conservación del MINAE y del SINAC. Bajo una designación especial y un estándar de cotización exclusivo de las NAC que sería diferente a la plataforma de intercambio de las empresas tradicionales, estas Compañías de Activo Natural tendrían la oportunidad de acceder a nivel mundial, a un grupo amplio de inversionistas interesados en invertir en proyectos y oportunidades de protección de la naturaleza que se encuentran cotizando en la Bolsa de Valores más grande del mundo. Con este nuevo vehículo, se ofrecen en los portafolios de acciones, proyectos que promueven la conservación o el uso sostenible de la tierra. Las NAC brindan la posibilidad de incentivar a los inversionistas a dirigir sus inversiones a la preservación del entorno natural y detención de la pérdida de la biodiversidad, alejándose así de actividades extractivas. 6. Existe algún otro acuerdo al respecto de NAC con el FMI, si es así, entrégueme una copia firmada por favor. R/ No existe ningún otro acuerdo referente a las NAC y su conformación en el país. 7. Explíqueme detalladamente, la relación entre la especulación económica y la conservación de la naturaleza. R/ En la actualidad, los programas de conservación existentes tienen un alcance limitado y no logran llegar a un público mucho más amplio y sofisticado como quienes invierten en la bolsa. Las Compañías de Activos Naturales, NACs tendrán una nueva sección de cotización integrada en la Bolsa de Valores de Nueva York con una nueva clase de activo basado en la naturaleza y en los servicios ecosistémicos. Esta valoración estará reflejada en un título de valor como la acción, transformando el valor de los activos naturales en capital financiero a grande escala, dentro de un mercado activo que brinda la liquidez financiera el cual genera ingresos adicionales y necesarios para proteger la naturaleza y la biodiversidad. El inversionista que estamos atrayendo es uno particular y sensible a buscar el impacto positivo sostenible de la naturaleza a largo plazo y sabría que el propósito de una NAC es maximizar el desempeño ecológico lo cual jamás podrá alterarse por actividades contrarias. A diferencia de utilizar la escasez de recursos naturales como otros mecanismos lo hacen, el precio de la acción de las Compañías de Activo Natural reflejaría año tras año la estabilidad o las mejoras en la protección y restauración de los servicios ecosistémicos que se adicionarían al patrimonio y reflejaría el valor de la acción. De igual manera en caso de incendios forestales habría una baja de activos y flujo de los servicios. Sin embargo, la administración tomaría las medidas correctivas para continuar trabajando por maximizar el desempeño ecológico del área. 8. Explíqueme cuales son los objetivos de realizar este proyecto con empresas, organizaciones y entidades privadas y extranjeras, sobre todo en el marco de utilizar como medio económico la naturaleza de Costa Rica que es patrimonio exclusivo del estado y los ciudadanos soberanos. R/ El Estado de Costa Rica ha sido líder mundial en desarrollar e implementar mecanismos novedosos en pro de la protección de sus activos naturales y su patrimonio natural. No solamente se han visto beneficiados los ciudadanos sino el mundo entero de alguna manera ha aprovechado de la riqueza ambiental que caracteriza a Costa Rica. Sin embargo, para seguir protegiendo su activo natural, el Estado tiene como objetivo velar por el Patrimonio Natural y buscar mecanismos y fuentes financieras alternas al presupuesto central de la nación para poder sostener a largo plazo las actividades operativas, administrativas, investigación científica, educación y control y vigilancia de las Áreas Protegidas Silvestres, ASP. En esta ocasión, con la exploración de un nuevo mecanismo como el que propone IEG y las Compañías de Activo Natural, se brinda una nueva oportunidad como lo fue el Programa de Pagos por Servicios Ambientales a principios de los años 90s. Al compensar a los dueños de las tierras se ofreció un vehículo de compensación a los dueños de tierras por proteger la naturaleza y el país obtuvo un crecimiento en su cobertura forestal. Hoy Costa Rica también, como muchos países, ha entrado en una crisis causada por la Pandemia generando dificultades presupuestarias y en donde el modelo innovador de IEG, respetando el marco legal del país sobre el Patrimonio Natural, tiene como objetivo generar una oportunidad de ingreso adicional para conservar, mantener y desarrollar de manera sostenible las ASP bajo dominio público. Así mismo, tiene como objetivo crear una vía de apoyo al Plan de Descarbonización, a la transición a una economía más limpia y a la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Los componentes del Modelo de IEG, su marco contable y base de estudios de valoración económica ambiental son un avance en el pago por servicios ambientales que va más allá de compensar el carbono y ecoturismo. El Estado y los ciudadanos soberanos mantendrán siempre la exclusividad sobre los derechos del patrimonio natural ya que son bienes inalienables e imprescriptibles por disposición de ley. Las Compañías de Activo Natural en caso de ser en tierras públicas administradas por el gobierno, serán otorgadas solamente sobre el derecho de los servicios ecosistémicos como se manejan las licencias sobre uso del agua para poder convertirlos en capital financiero y acceder al mercado global financiero. Aquí, la naturaleza podrá ser incluida y valorada a nivel de la economía mundial obteniendo reconocimiento en la toma de decisiones de los gobiernos, instituciones y empresas privadas y evitar su degradación irreparable”. Manifiesta que el Gobierno de la República mediante la directriz Nº 127-MIDEPLAN-MTS concedió como vacaciones para las personas servidoras públicas los días 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2021, así como los días 3 y 4 de enero de 2022, por lo que las instituciones del Gobierno Central y órganos adscritos a los Ministerios, así como instituciones autónomas, semiautónomas y empresas públicas del estado laboraron hasta el día miércoles 22 de diciembre de 2021, y abrieron nuevamente el miércoles 5 de enero de 2022, razón por la cual, hasta el 7 de enero de 2022, se le notificó la respuesta al petente. Solicita a la Sala que declare sin lugar el recurso. 5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. Redacta la Magistrada Fernandez Acuña; y, Considerando: I.- Objeto del recurso. El recurrente manifiesta que mediante oficio N° CRLV-52-2021, con fecha de envío 1° de diciembre de 2021, le solicitó a la Ministra de Ambiente y Energía, a través del correo electrónico de su despacho, información de su interés. No obstante, reclama que a la fecha de interposición de este recurso no se le ha brindado respuesta alguna. Estima que la omisión descrita conculca sus derechos constitucionales. Solicita que se declare con lugar el recurso. II.- Cuestión previa. En vista de que los representantes del Ministerio de Ambiente y Energía, omitieron indicar en el informe rendido, si la cuenta de correo electrónico a la que se remitió la solicitud de información del recurrente, se encuentra prevista como mecanismo oficial de comunicación con el despacho recurrido, se tiene por cierto este hecho y se procede a analizar la constitucionalidad de este asunto de conformidad con lo regulado en el artículo 45, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: El 1 de diciembre de 2021 mediante oficio N° CRLV-52-2021, el recurrente le solicitó a la Ministra de Ambiente y Energía, a través del correo electrónico de su despacho, la siguiente información: "(…) He leído en la página web de la FUNDACIÓN ROCKEFELLER que el Gobierno de Costa Rica esta (sic) trabajando con IEG (INTRINSIC EXCHAGE GROUP) para desarrollar el primer NAC (Compañía de Activos Naturales) privado. Al parecer, según leo, se basa en acuerdos que se han realizado por el Presidente Carlos Alvardo (sic) en el congreso COP26 realizado en Glasgow los días pasados (…) 1. Solicito me explique de forma extensa y entendible qué significa una Compañía de Activos Naturales y qué repercusiones tiene ante la propiedad privada de los ciudadanos de Costa Rica, soberanos de la nación. 2. Entrégueme una copia de TODOS los acuerdos y pactos firmados a los que se hayan llegado con la Fundación Rockefeller, con IEG, o con cualquier otra entidad o gobierno en el marco del COP26 de Glasgow o sobre el NAC, ya sean los firmados en Glasgow, como cualquier otro que se haya firmado con anterioridad. Entrégueme los documentos con firma, por favor. 3. Explíqueme como (sic) se desarrolla ese proyecto piloto NAC que otorga a la naturaleza ese valor económico. 4. Indíqueme en qué leyes o autorizaciones se basan para poder realizar estas actividades económicas privadas con un bien público. 5. ¿Es cierto que los NAC cotizarían en Bolsa de Valores? 6. Existe algún otro acuerdo al respecto de NAC con el FMI, si es así, entrégueme una copia firmada por favor. 7. Explíqueme detalladamente, la relación entre la especulación económica y la conservación de la naturaleza. 8. Explíqueme cuales (sic) son los objetivos de realizar este proyecto con empresas, organizaciones y entidades privadas y extranjeras, sobre todo en el marco de utilizar como medio económico la naturaleza de Costa Rica que es patrimonio exclusivo del estado (sic) y los ciudadanos soberanos (…)" (hecho incontrovertido). El 23 de diciembre de 2021, la autoridad recurrida fue notificada de la resolución que dio curso al presente recurso (ver acta de notificación). Que las personas servidoras públicas los días 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2021, así como los días 3 y 4 de enero de 2022, se encontraban de vacaciones, por lo que las instituciones del Gobierno Central y órganos adscritos a los Ministerios, así como instituciones autónomas, semiautónomas y empresas públicas del estado laboraron hasta el día miércoles 22 de diciembre de 2021, y abrieron nuevamente el miércoles 5 de enero de 2022 (véase informe rendido bajo juramento y prueba aportada). El 7 de enero de 2022, a las 15:17 y mediante la cuenta institucional del Viceministro de Ambiente [email protected], se le notificó al recurrente al correo [email protected], el oficio número DM-009-2022 MINAE de fecha 07 de enero de 2022, mediante el cual se brinda una respuesta detallada a las ocho interrogantes consultadas, mediante oficio No. CRLV-52-2021 del 1° de diciembre de 2021 (véase informe rendido bajo juramento y prueba aportada). IV.- Sobre el ejercicio del derecho de petición y pronta respuesta, así como el derecho de acceso a la información administrativa, a través de medios electrónicos. Esta Sala Constitucional, en la sentencia No. 2008-009670 de las 09:55 horas de 13 de junio de 2008, al referirse al derecho de petición y el empleo de medios electrónicos (aplicable mutatis mutandis al derecho de acceso a la información administrativa), explicó: "(…) En el marco de la sociedad de la información y el conocimiento, los derechos fundamentales pueden ser ejercidos a través de las nuevas tecnologías de la información. En lo que al derecho de petición y pronta respuesta se refiere, la utilización de los medios electrónicos le da nuevos matices, los cuales, deben ser ponderados. Siempre teniendo en consideración su eficacia progresiva y expansiva, pero también, tomando en cuenta el carácter no absoluto de los derechos fundamentales, es posible concluir que, para el ejercicio del derecho de petición y pronta respuesta, empleando los medios que las nuevas tecnologías facilitan, es importante, que el requerimiento sea canalizado a través de una página web de libre acceso del ente o el órgano público. Adicionalmente, ese dominio electrónico debe contar con un hipervínculo direccionado hacia un correo electrónico dispuesto, específicamente, para recibir solicitudes, sea sobre un tema particular o bien que sirva como buzón para todo tipo gestiones (…)" (el énfasis no pertenece al original). V.- Sobre el caso concreto. En el caso bajo estudio, del informe rendido por la autoridad recurrida y a partir del cuadro de hechos probados, se constata que, desde el 1° de diciembre de 2021, el recurrente dirigió, mediante correo electrónico, una solicitud de información a la autoridad recurrida; sin embargo, al momento de interposición del recurso de amparo, no había recibido respuesta a dicha gestión, situación que considera violatoria de sus derechos fundamentales. Al respecto, la autoridad recurrida no niega los hechos, y manifiesta que la solicitud fue contestada el 7 de enero de 2022, a las 15:17 horas, y mediante la cuenta institucional del Viceministro de Ambiente [email protected], se le notificó al recurrente al correo [email protected], el oficio número DM-009-2022 MINAE. Ahora bien, se constata que efectivamente, a la fecha de interposición del presente recurso, la petición formulada por el recurrente no había sido respondida por la autoridad recurrida, pese a que ya habían transcurrido casi tres semanas, acreditándose que el tiempo transcurrido excedió el plazo de diez días hábiles que establece el artículo 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El recurrido en su descargo, pretendió justificar el retraso en la respuesta argumentando, que no se le había respondido al recurrente su gestión, debido a que desde el 22 de diciembre el personal del Ministerio accionado se encontraba de vacaciones; sin embargo, la gestión del petente fue solicitada cuando aún no se encontraban en vacaciones, razón por la cual ni siquiera así se justifica el retraso apuntado. Además, tampoco se acredita que la información solicitada fuera una petición compleja, motivo por el cual si fuera el caso, la Administración tiene la obligación de informar al recurrente, por escrito, las razones del retraso y la fecha en la que se entregará la información; situación que no se observa en el caso particular. En consecuencia, se acredita la violación a los derechos fundamentales del amparado, quien desde diciembre de 2021, se encontraba a la espera de la respuesta; sin embargo, dado que fue con ocasión del presente recurso de amparo, que la autoridad recurrida contestó la solicitud de información, lo procedente es declarar con lugar el recurso, pero sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, como se indica a continuación. VI.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la ley de la jurisdicción constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recursoúnicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios. VII.- Voto salvado parcial de la Magistrada Garro Vargas. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): "Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes". Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa "resolución" es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase "si fueren procedentes" se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas. Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: "Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia". Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título -derivado de este proceso- para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos. Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido. En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.- Fernando Castillo V. Presidente Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ana María Picado B. Aracelly Pacheco S. Ana Cristina Fernandez A. Jorge Isaac Solano A. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- DUUAXMPTOG061 EXPEDIENTE N° 21-025976-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 17:03:23. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Constitutional Chamber Resolution No. 02370 - 2022 Date of Resolution: 09:15 a.m. on January 28, 2022 Expediente: 21-025976-0007-CO Drafted by: Luis Fdo. Salazar Alvarado Type of matter: Amparo remedy Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Text of the resolution Exp: 21-025976-0007-CO Res. No. 2022002370 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on the twenty-eighth of January, two thousand twenty-two. Amparo remedy processed in expediente number 21-025976-0007-CO, filed by LUIS ALBERTO BONILLA RÍMOLO, identity card number 1-1059-0054, against the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY, Whereas: 1.- Through a document uploaded to the Online Management System at 8:57 p.m. on December 17, 2021, the petitioner files an amparo remedy against the Ministry of Environment and Energy. He states that by official letter No. CRLV-52-2021, sent on December 1, 2021, he requested from the Minister of Environment and Energy, through her office's email, information of his interest, expressly requesting: "(...) I have read on the ROCKEFELLER FOUNDATION webpage that the Government of Costa Rica is (sic) working with IEG (INTRINSIC EXCHANGE GROUP) to develop the first private NAC (Natural Asset Company). Apparently, according to what I read, it is based on agreements made by President Carlos Alvardo (sic) at the COP26 congress held in Glasgow in recent days (...) 1. I request that you explain to me extensively and understandably what a Natural Asset Company means and what repercussions it has on the private property of the citizens of Costa Rica, sovereigns of the nation. 2. Provide me with a copy of ALL the signed agreements and pacts reached with the Rockefeller Foundation, with IEG, or with any other entity or government within the framework of COP26 in Glasgow or regarding the NAC, whether those signed in Glasgow, or any other signed previously. Provide me with the signed documents, please. 3. Explain to me how (sic) that NAC pilot project that grants that economic value to nature is developed. 4. Indicate to me on which laws or authorizations you rely to be able to carry out these private economic activities with a public good. 5. Is it true that the NACs would be listed on the Stock Exchange? 6. Is there any other agreement regarding NACs with the IMF; if so, provide me with a signed copy please. 7. Explain to me in detail the relationship between economic speculation and nature conservation. 8. Explain to me which (sic) are the objectives of carrying out this project with private and foreign companies, organizations, and entities, especially within the framework of using as an economic means the nature of Costa Rica, which is the exclusive patrimony of the state (sic) and the sovereign citizens (...)". He complains that as of the filing date of this remedy, he has been provided with neither a response nor the requested information. Based on the foregoing, he comes before the Chamber in protection of his fundamental rights and requests that the remedy be granted. 2.- By resolution issued at 3:19 p.m. on December 20, 2021, this remedy was admitted for processing. 3.- Through a document uploaded to the Online Management System at 8:59 a.m. on January 5, 2022, the petitioner reiterates his request from the filing document. 4.- Andrea Meza Murillo, in her capacity as Minister of Environment and Energy, reports under oath that on January 7, 2022, at 3:17 p.m. and through the institutional account of the Vice Minister of Environment [email protected], official letter number DM-009-2022 MINAE dated January 7, 2022, was notified to the petitioner at the email [email protected], through which a detailed response is provided to the eight questions consulted. She adds that a report on the case was requested from the Vice Ministry of Environment; and it is thus, through official letter DM-009-2022 of January 7 of the same year, that the following was answered: "1. I request that you explain to me extensively and understandably what a Natural Asset Company means and what repercussions it has on the private property of the citizens of Costa Rica, sovereigns of the nation. A/ An NAC or natural asset company is a publicly traded company whose value is based on nature and the vital production of its ecosystem services. These companies are valued primarily by their ecological performance, which is measured through an Accounting Framework developed to inform investors of the value of natural assets and the production of ecosystem services. As such, an NAC has no repercussions on the private property of Costa Ricans or on state public property, since the properties never form part of the NAC, but only the ecosystem services they may produce. 2. Provide me with a copy of ALL the signed agreements and pacts reached with the Rockefeller Foundation, with IEG, or with any other entity or government within the framework of COP26 in Glasgow or regarding the NAC, whether those signed in Glasgow, or any other signed previously. Provide me with the signed documents, please. A/ The only document that MINAE has signed corresponds to the Cooperation Agreement between MINAE and the company Intrinsic Exchange Group, Inc. for the study of the feasibility of developing natural asset companies, signed on October 6, 2021. Attached is a copy of the document. 3. Explain to me how that NAC pilot project that grants that economic value to nature is developed. A/ A working group has been formed within SINAC to assess the technical and legal feasibility of the project. We are currently at a very early stage. If it is concluded that the project is viable, it will continue with other phases that include the elaboration of the project and its socialization, among others. As is public knowledge, MINAE and SINAC need to expand their budgets to carry out the protection and conservation activities established by Law. Previously, financial mechanisms have been developed that have helped promote the protection of nature and biodiversity in the Wild Protected Areas. MINAE has been identifying needs for the optimal operation of the state's natural patrimony and for this requires resorting to new mechanisms that allow fulfilling and executing national and international commitment strategies and programs. The project is based on the fact that our Wild Protected Areas generate a series of services from which not only Costa Ricans benefit, but the entire planet. However, only some of these have been economically valued, and the compensation we receive for these efforts does not correlate with the benefit that humanity is perceiving. The financial vehicle called a Natural Asset Company grants natural assets and the flow of environmental services produced in a terrestrial or marine area the possibility of converting their natural wealth into financial capital, through a security such as a share. Only when we manage to make this conversion is nature recognized and obtains value, thus generating necessary and sufficient resources on a large scale and in a self-sustainable manner. In this way, landowners can reinvest in the protection, restoration, or expansion of natural areas, protected or under another category, as well as make a transition from conventional agriculture and livestock farming to a regenerative one. 4. Indicate to me on which laws or authorizations you rely to be able to carry out these private economic activities with a public good. A/ MINAE and SINAC have the legal obligation to seek new economic instruments to support conservation projects, programs, and activities. The legal basis for attempting the establishment and development of NACs is found in the regulations on the valuation and development of economic instruments for the payment of environmental services (pago de los servicios ambientales) generated by Wild Protected Areas. There are international treaties that support the Ministry's initiatives to generate resources for strengthening Wild Protected Areas. Among others, Law 7572, the Regional Convention on the Conservation of Forest Ecosystems and Plantations, establishes Costa Rica's obligation to promote the creation of specific national funds. In a similar sense, the Convention for the Conservation of Biodiversity and Protection of Priority Wild Areas of Central America of June 5, 1992, Law 7433, establishes that Member States must incorporate the socioeconomic value of the conservation of biological resources, as well as implement economic and legal measures to favor the sustainable use and development of biodiversity components. Articles 10, 35, 36, and 38 of the Biodiversity Law enabled SINAC to "design financing mechanisms that allow it to exercise its mandates with agility and efficiency" and thus ensure that the management of Wild Protected Areas is financially self-sustainable. Among the mechanisms indicated by Articles 35 and 36 of the Biodiversity Law is the development of models that allow payment for the environmental services (pago por los servicios ambientales) provided by our Wild Protected Areas. Article 10.12 of the Biodiversity Law establishes as an obligation of SINAC to 'Promote the adoption of incentives and the remuneration of environmental services for the conservation, sustainable use, and elements of biodiversity.' In this case, it concerns the environmental services provided by the ASPs. For these purposes, the Law allows SINAC to create mechanisms for the self-financing of the activities of each Conservation Area. It is a sine qua non requirement that the funds generated must be allocated 'exclusively for its protection and development.' For several years, other programs have been executed that share the same conceptual foundations as NACs, such as the successful Payment for Environmental Services Program (Pago de Servicios Ambientales, PSA), the Emission Reduction Certificates, among others. 5. Is it true that NACs would be listed on the Stock Exchange? A/ Yes, it is true. The analysis of the legal and technical feasibility of the model in Costa Rica that we have begun is based on the premise that the public domain of the State remains intact over its assets, and we can understand, rather, that with the generation of funds through this initiative, the ecosystem services it generates will be strengthened. NACs, which are formed as corporate entities, would use the New York Stock Exchange trading platform to list their shares derived from the valuation of ecosystem services (not the capital or its assets) and subsequent conversion to financial capital. The Natural Asset Company would receive the net proceeds from the initial public offering or the sale of shares in the secondary market to finance the management and operation needs of the Wild Protected Areas that provide the environmental service. The NAC, therefore, facilitates the flow of money by offering shares, collecting the money, and allocating it to the conservation efforts of MINAE and SINAC. Under a special designation and an exclusive listing standard for NACs, which would be different from the traditional companies' trading platform, these Natural Asset Companies would have the opportunity to access, globally, a broad group of investors interested in investing in nature protection projects and opportunities listed on the world's largest Stock Exchange. With this new vehicle, projects that promote conservation or sustainable land use are offered in stock portfolios. NACs offer the possibility of incentivizing investors to direct their investments toward the preservation of the natural environment and halting biodiversity loss, thus moving away from extractive activities. 6. Is there any other agreement regarding NACs with the IMF; if so, provide me with a signed copy please. A/ There is no other agreement regarding NACs and their formation in the country. 7. Explain to me in detail, the relationship between economic speculation and nature conservation. A/ Currently, existing conservation programs have a limited scope and fail to reach a much broader and more sophisticated audience, such as those who invest in the stock market. Natural Asset Companies, NACs, will have a new integrated listing section on the New York Stock Exchange with a new asset class based on nature and ecosystem services. This valuation will be reflected in a security such as a share, transforming the value of natural assets into financial capital on a large scale, within an active market that provides financial liquidity, which generates additional and necessary income to protect nature and biodiversity. The investor we are attracting is a particular one, sensitive to seeking positive, sustainable long-term impact on nature, and would know that the purpose of an NAC is to maximize ecological performance, which can never be altered by contrary activities. Unlike using the scarcity of natural resources as other mechanisms do, the share price of Natural Asset Companies would reflect, year after year, the stability or improvements in the protection and restoration of ecosystem services that would be added to the patrimony and would reflect the value of the share. Similarly, in the event of forest fires, there would be a decrease in assets and flow of services. However, the administration would take corrective measures to continue working to maximize the ecological performance of the area. 8. Explain to me what the objectives are of carrying out this project with private and foreign companies, organizations, and entities, especially within the framework of using as an economic means the nature of Costa Rica, which is the exclusive patrimony of the state and the sovereign citizens. A/ The State of Costa Rica has been a world leader in developing and implementing novel mechanisms for the protection of its natural assets and its natural patrimony. Not only have the citizens benefited, but the entire world has, in some way, taken advantage of the environmental wealth that characterizes Costa Rica. However, to continue protecting its natural assets, the State aims to safeguard the Natural Patrimony and seek mechanisms and financial sources alternative to the nation's central budget to sustainably support, in the long term, the operational, administrative, scientific research, education, and control and surveillance activities of the Protected Wild Areas, ASP. On this occasion, with the exploration of a new mechanism like the one proposed by IEG and the Natural Asset Companies, a new opportunity is provided, as was the Payment for Environmental Services Program (Programa de Pagos por Servicios Ambientales) in the early 1990s. By compensating landowners, a compensation vehicle was offered to landowners for protecting nature, and the country achieved growth in its forest cover (cobertura forestal). Today, Costa Rica, like many countries, has entered a crisis caused by the Pandemic, generating budgetary difficulties, and where IEG's innovative model, respecting the country's legal framework on the Natural Patrimony, aims to generate an additional income opportunity to conserve, maintain, and sustainably develop the ASPs under public domain. Likewise, it aims to create a support pathway for the Decarbonization Plan, the transition to a cleaner economy, and the National Biodiversity Strategy. The components of the IEG Model, its accounting framework, and the basis of environmental economic valuation studies are an advance in payment for environmental services (pago por servicios ambientales) that goes beyond compensating for carbon and ecotourism. The State and sovereign citizens will always maintain exclusivity over the rights of the natural patrimony, since they are inalienable and imprescriptible assets by provision of law. Natural Asset Companies, in the case of public lands administered by the government, will be granted only over the right to ecosystem services, similar to how licenses for water use are managed, in order to convert them into financial capital and access the global financial market. Here, nature can be included and valued at the level of the world economy, gaining recognition in the decision-making of governments, institutions, and private companies, and preventing its irreparable degradation." She states that the Government of the Republic, through directive No. 127-MIDEPLAN-MTS, granted public servants vacation days on December 23, 24, 27, 28, 29, 30, and 31, 2021, as well as on January 3 and 4, 2022, therefore, Central Government institutions and bodies attached to the Ministries, as well as autonomous institutions, semi-autonomous institutions, and state public companies, worked until Wednesday, December 22, 2021, and reopened on Wednesday, January 5, 2022, which is why the response was not notified to the petitioner until January 7, 2022. She requests the Chamber to declare the remedy without merit. 5.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed. Drafted by Magistrate Fernandez Acuña; and, Considering: I.- Object of the remedy. The petitioner states that by official letter No. CRLV-52-2021, sent on December 1, 2021, he requested information of his interest from the Minister of Environment and Energy through her office's email. However, he complains that as of the filing date of this remedy, no response has been provided. He considers that the described omission violates his constitutional rights. He requests that the remedy be granted. II.- Preliminary issue. Given that the representatives of the Ministry of Environment and Energy omitted to indicate in the report rendered whether the email account to which the petitioner's information request was sent is provided as an official communication mechanism with the respondent office, this fact is taken as true, and we proceed to analyze the constitutionality of this matter in accordance with the provisions of Article 45 of the Constitutional Jurisdiction Law. III.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated: On December 1, 2021, through official letter No. CRLV-52-2021, the petitioner requested the following information from the Minister of Environment and Energy, through her office's email: "(...) I have read on the ROCKEFELLER FOUNDATION webpage that the Government of Costa Rica is (sic) working with IEG (INTRINSIC EXCHANGE GROUP) to develop the first private NAC (Natural Asset Company). Apparently, according to what I read, it is based on agreements made by President Carlos Alvardo (sic) at the COP26 congress held in Glasgow in recent days (...) 1. I request that you explain to me extensively and understandably what a Natural Asset Company means and what repercussions it has on the private property of the citizens of Costa Rica, sovereigns of the nation. 2. Provide me with a copy of ALL the signed agreements and pacts reached with the Rockefeller Foundation, with IEG, or with any other entity or government within the framework of COP26 in Glasgow or regarding the NAC, whether those signed in Glasgow, or any other signed previously. Provide me with the signed documents, please. 3. Explain to me how (sic) that NAC pilot project that grants that economic value to nature is developed. 4. Indicate to me on which laws or authorizations you rely to be able to carry out these private economic activities with a public good. 5. Is it true that the NACs would be listed on the Stock Exchange? 6. Is there any other agreement regarding NACs with the IMF; if so, provide me with a signed copy please. 7. Explain to me in detail the relationship between economic speculation and nature conservation. 8. Explain to me which (sic) are the objectives of carrying out this project with private and foreign companies, organizations, and entities, especially within the framework of using as an economic means the nature of Costa Rica, which is the exclusive patrimony of the state (sic) and the sovereign citizens (...)" (undisputed fact). On December 23, 2021, the respondent authority was notified of the resolution that admitted this remedy for processing (see notification record). That public servants were on vacation on December 23, 24, 27, 28, 29, 30, and 31, 2021, as well as on January 3 and 4, 2022, therefore, Central Government institutions and bodies attached to the Ministries, as well as autonomous institutions, semi-autonomous institutions, and state public companies, worked until Wednesday, December 22, 2021, and reopened on Wednesday, January 5, 2022 (see report rendered under oath and evidence provided). On January 7, 2022, at 3:17 p.m., and through the institutional account of the Vice Minister of Environment [email protected], official letter number DM-009-2022 MINAE dated January 7, 2022, was notified to the petitioner at the email [email protected], through which a detailed response is provided to the eight questions consulted, through official letter No. CRLV-52-2021 of December 1, 2021 (see report rendered under oath and evidence provided). IV.- On the exercise of the right to petition and prompt response, as well as the right of access to administrative information, through electronic means. This Constitutional Chamber, in judgment No. 2008-009670 at 09:55 a.m. on June 13, 2008, when referring to the right to petition and the use of electronic means (applicable mutatis mutandis to the right of access to administrative information), explained: "(...) Within the framework of the information and knowledge society, fundamental rights can be exercised through new information technologies. As far as the right to petition and prompt response is concerned, the use of electronic means gives it new nuances, which must be weighed. Always considering their progressive and expansive effectiveness, but also, taking into account the non-absolute nature of fundamental rights, it is possible to conclude that, for the exercise of the right to petition and prompt response, using the means that new technologies facilitate, it is important that the requirement be channeled through a freely accessible web page of the public entity or body. Additionally, that electronic domain must have a hyperlink directed to an email account specifically set up to receive requests, whether on a particular topic or serving as a mailbox for all types of procedures (...)" (emphasis does not belong to the original). V.- On the specific case. In the case under study, from the report rendered by the respondent authority and based on the list of proven facts, it is verified that, since December 1, 2021, the petitioner addressed, via email, an information request to the respondent authority; however, at the time of filing the amparo remedy, he had not received a response to said procedure, a situation he considers violative of his fundamental rights. In this regard, the respondent authority does not deny the facts and states that the request was answered on January 7, 2022, at 3:17 p.m., and through the institutional account of the Vice Minister of Environment [email protected], official letter number DM-009-2022 MINAE was notified to the petitioner at the email [email protected]. Now, it is verified that indeed, on the filing date of this remedy, the request made by the petitioner had not been answered by the respondent authority, even though almost three weeks had elapsed, confirming that the time elapsed exceeded the ten-business-day period established by Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law. The respondent, in its defense, attempted to justify the delay in the response by arguing that the petitioner's procedure had not been answered because, since December 22, the staff of the respondent Ministry was on vacation; however, the petitioner's procedure was requested when they were not yet on vacation, which is why even this does not justify the noted delay. Furthermore, it is not proven that the requested information was a complex request, a reason for which, if it were the case, the Administration has the obligation to inform the petitioner, in writing, of the reasons for the delay and the date on which the information will be delivered; a situation not observed in this particular case. Consequently, the violation of the fundamental rights of the protected party is proven, who, since December 2021, was awaiting the response; however, given that it was on the occasion of this amparo remedy that the respondent authority answered the information request, the appropriate course is to declare the remedy granted, but without an award of costs, damages, or losses, as indicated below. VI.- On the award of costs, damages, and losses in accordance with Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law ("If, during the course of the amparo, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged act, the remedy shall be declared granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are appropriate"), the granting must be without a special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. Although there is an express text in the law that requires the operative part of the ruling to indicate that the remedy is declared granted when, during the course of the amparo, the grievance is resolved, it is no less true that the same paragraph in fine refers that the granting is ordered "solely for the purposes of compensation and costs, if they are appropriate." It is emphasized that the Law indicates "if they are appropriate," which means that the appropriateness or inappropriateness of the compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases like this, the content of the protected person's claim and the respondent authority's conduct in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evident patrimonial nature (as would occur, for example, with an affectation of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Constitutional Jurisdiction Law, which states: "every resolution that upholds the remedy shall abstractly award compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the remedy, reserving their liquidation for the execution of the judgment," which does not foresee the possibility of assessing whether or not what concerns compensation and costs is appropriate. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law, or, as applicable, those of International or Community Law, and, furthermore, in order, the General Public Administration Law and the Contentious-Administrative Procedural Code and other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Constitutional Jurisdiction Law -cfr. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, which responds to procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite retains the possibility of resorting, if they see fit, to a plenary proceeding to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority's criterion to resolve this remedy without an award of costs, damages, and losses. VII.- Partial dissenting vote of Magistrate Garro Vargas. Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: "If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable." My interpretation of that provision is as follows: That "resolution" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase "if they are applicable" refers to costs. Moreover, Article 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, refers precisely only to these: costs. Certainly, according to Article 48 of the Constitución Política (CP), the essential content of the right to the amparo appeal is not compensatory but restitutory; however, Article 51 of the LJC states: "Any resolution that grants the appeal shall condemn in the abstract to compensation for damages caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment." If the right has been violated and the Chamber so finds, even if it has been restored, damages may have arisen. For this reason, an abstract condemnation for these is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not issued, in the event that damages had indeed occurred, there would be no legal basis—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite an abstract condemnation, no damages have occurred, the judge in the ordinary proceeding shall so declare, since only that judge has the authority to determine the actual existence and extent of those damages as proven. With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, it incentivizes the Administration to respect rights only when an amparo appeal exists. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if deemed just, the Chamber may condemn in costs, even when the right has been restored. Based on the foregoing, I partially dissent from the operative part and order the condemnation in damages, but not the condemnation in costs. VIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. This Chamber must warn the appellant that if any paper documents have been provided, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means, or produced by new technologies, these must be retrieved from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all such items will be destroyed in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI. Therefore: In accordance with the provisions of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the appeal is granted without special condemnation in costs, damages. Judge Garro Vargas partially dissents and orders condemnation in damages, but not in costs. Notify.- Fernando Castillo V. President Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ana María Picado B. Aracelly Pacheco S. Ana Cristina Fernandez A. Jorge Isaac Solano A. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- DUUAXMPTOG061 EXPEDIENTE N° 21-025976-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 17:03:23. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República